Correo de los Viernes - China o la unidad a la fuerza

China o la unidad a la fuerza

Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 4'

La nueva ley de “unidad étnica” aprobada por Pekín refuerza la imposición del mandarín y la asimilación cultural de las minorías. La política, impulsada en nombre de la cohesión nacional, tensiona incluso la propia Constitución china, que reconoce el derecho de los pueblos a preservar su lengua y tradiciones. En contraste con los debates occidentales sobre diversidad, el régimen chino opta por la homogeneización desde el poder del Estado.

La reciente aprobación en China de una ley destinada a reforzar la llamada “unidad étnica” vuelve a poner en evidencia uno de los rasgos centrales del sistema político chino: la primacía absoluta de la cohesión del Estado por sobre la autonomía cultural de sus minorías.

China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos, pero más del 90 % de la población pertenece al grupo han. Durante décadas, el discurso oficial combinó ese dato demográfico con una narrativa de armonía multicultural: las distintas etnias formarían, según la fórmula oficial, una gran familia dentro de una misma civilización.

La nueva legislación aprobada en marzo de 2026 parece ir en otra dirección. Bajo el concepto de “promoción de la unidad y el progreso étnicos”, la norma refuerza políticas que ya venían aplicándose desde hace años: expansión del mandarín como lengua dominante en la educación y en la administración pública, mayor integración social entre grupos étnicos y un énfasis creciente en la construcción de una identidad nacional común.

El objetivo explícito es consolidar lo que el liderazgo chino denomina una “conciencia de la nación china”. Para ello, el Estado moviliza instituciones educativas, medios de comunicación, organizaciones sociales y programas culturales destinados a reforzar una narrativa histórica compartida y a reducir las diferencias culturales que puedan percibirse como fuentes de fragmentación.

En términos políticos, la lógica es clara: en un país continental con regiones históricamente sensibles —como Xinjiang, Tíbet o Mongolia Interior— el gobierno considera que la diversidad cultural puede convertirse en un vector de inestabilidad o de separatismo. La respuesta del sistema político chino ha sido avanzar hacia una integración cada vez más fuerte bajo el paraguas de una identidad nacional dominante.

Sin embargo, esta estrategia plantea una tensión jurídica significativa con el propio marco constitucional del país.

La Constitución de la República Popular China, en su artículo 4, establece que “todas las nacionalidades de la República Popular China son iguales” y que el Estado “protege los derechos legítimos y los intereses de las minorías nacionales”. El mismo artículo agrega que los distintos grupos étnicos tienen libertad para usar y desarrollar sus propias lenguas y preservar o reformar sus costumbres y tradiciones.

En teoría, por tanto, el sistema constitucional chino reconoce un pluralismo cultural dentro del Estado. En la práctica, las políticas impulsadas en los últimos años —y reforzadas ahora por la nueva ley— parecen orientarse hacia un modelo mucho más asimilacionista, donde la diversidad cultural queda subordinada a la construcción de una identidad nacional homogénea centrada en la cultura han y el idioma mandarín.

Diversas organizaciones internacionales han señalado que esta orientación podría debilitar las garantías constitucionales relativas a las minorías. La expansión obligatoria del mandarín en las escuelas, la creciente regulación de las prácticas religiosas y las políticas de integración social impulsadas desde el Estado son vistas por esos críticos como mecanismos de presión cultural más que como simples instrumentos de cohesión nacional.

El fenómeno no carece de antecedentes históricos. A lo largo de la historia, los grandes Estados multiétnicos han recurrido a políticas de integración cultural más o menos intensas para consolidar su unidad. En el Imperio ruso y posteriormente en la Unión Soviética de Stalin, por ejemplo, se aplicaron políticas de “rusificación”, orientadas a reforzar el idioma ruso y la identidad estatal en territorios habitados por múltiples pueblos. La referencia ilustra un patrón conocido: cuando los Estados autoritarios perciben la diversidad cultural como un riesgo político, tienden a promover la homogeneidad a la fuerza.

El contraste con el debate contemporáneo en Europa también resulta ilustrativo. Allí, las discusiones políticas giran más bien en torno a cómo integrar sociedades cada vez más diversas sin erosionar las libertades culturales o religiosas, pero con poblaciones migrantes que rechazar la asimilación y pretenden imponer sus valores. Pero enfoque europeo —con todos sus problemas y tensiones— se inscribe en marcos institucionales pluralistas. El caso chino, en cambio, refleja la lógica de un régimen donde el Estado posee herramientas mucho más amplias para intervenir directamente en la vida cultural de la sociedad.

En última instancia, la política de “unidad étnica” impulsada por Pekín responde a una premisa profundamente arraigada en su sistema político: la estabilidad del Estado y la cohesión nacional constituyen objetivos superiores. Cuando esos objetivos parecen amenazados, la diversidad cultural deja de ser celebrada y pasa a ser gestionada —o limitada— desde el poder central.

La nueva legislación representa, en ese sentido, una vuelta de tuerca más en la larga tensión entre pluralismo cultural y centralización política dentro del gigante asiático. Una tensión que, según señalan cada vez más observadores, coloca al propio texto constitucional chino frente a una realidad política que parece avanzar en dirección contraria.