Correo de los Viernes - Ceuta: cuando el relato tropieza con los hechos

Ceuta: cuando el relato tropieza con los hechos

Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

El informe remitido por la Policía Nacional a la Audiencia Nacional no demuestra todavía que Mohamed VI o el gobierno marroquí ordenaran la entrada masiva en Ceuta. Pero sí aporta elementos que hacen cada vez más difícil sostener, como hace Pedro Sánchez, que no existe prueba alguna de una intervención marroquí. La diferencia no es semántica: una cosa es no haber establecido todavía la cadena de mando de una operación y otra muy distinta ignorar los indicios de participación de agentes del Estado vecino. La rebelión de decenas de alcaldes socialistas contra la consigna de Ferraz muestra que la crisis ya ha dejado de ser únicamente fronteriza para convertirse también en un problema interno del PSOE.

Pedro Sánchez se ha refugiado en una frase jurídicamente prudente pero políticamente cada vez más incómoda: “no está probado” que Marruecos haya organizado la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La afirmación tiene una parte indiscutible. Hasta ahora no ha aparecido una orden escrita del gobierno de Rabat, una grabación de una reunión del servicio de inteligencia marroquí ni un documento que permita reconstruir una cadena de mando que termine en el palacio real. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) tampoco llega hasta allí. La investigación judicial recién comienza y sería irresponsable presentar como judicialmente probado lo que todavía es una conclusión policial sometida a comprobación.

Pero ese no es exactamente el problema.

El problema es que el informe conocido esta semana dice bastante más que “no sabemos qué ocurrió”.

Describe la entrada como una acción planificada y no espontánea. Habla de una organización cuyo nivel de complejidad excedería el habitualmente atribuido a las mafias de inmigración clandestina. Registra lo que denomina una actitud de “total permisividad” de las fuerzas marroquíes. Y, sobre todo, sostiene que gendarmes y agentes de paisano marroquíes participaron en el terreno, llegando a guiar a personas hacia los lugares por donde podían cruzar a Ceuta a través del agua.

Ese detalle cambia sustancialmente el debate.

Porque ya no estamos discutiendo únicamente si Marruecos fue incapaz de impedir una estampida de decenas de miles de personas. Estamos discutiendo si funcionarios de sus propios aparatos de seguridad cooperaron de alguna manera con ella.

El informe añade elementos igualmente sugestivos. La Policía analizó la movilización previa a través de redes sociales y grupos de mensajería y concluyó que hubo una campaña organizada de enorme intensidad. Según los datos conocidos, el 90,8% de los teléfonos identificados entre los principales dinamizadores de los mensajes tenía prefijo marroquí. El CENIF entiende, además, que la dimensión de la operación exigió conocimientos y herramientas que difícilmente se corresponden con una convocatoria improvisada.

Nada de esto prueba, repetimos, que Mohamed VI se levantara una mañana y ordenara “manden 70.000 personas contra Ceuta”.

Pero tampoco parece compatible con despachar la cuestión afirmando simplemente que “no hay pruebas” de participación marroquí.

Hay una diferencia bastante elemental entre no haber probado todavía la responsabilidad del Estado marroquí como autor intelectual y no disponer de indicios de participación de agentes marroquíes.

Lo primero es cierto. Lo segundo ya no.

La curiosa avería de diez horas

En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez ha admitido incluso que durante aproximadamente diez horas se produjo un colapso de la actuación marroquí en la frontera. Su posición continúa siendo que nadie le ha aportado pruebas concluyentes de que Marruecos planificara u orquestara lo ocurrido y que todavía debe establecerse si durante esas horas existió incapacidad de actuar o voluntad de no hacerlo.

Es una pregunta pertinente.

Pero también es una pregunta formidablemente incómoda.

Marruecos posee un Estado con una enorme capacidad para controlar movimientos de población, vigilar carreteras, estaciones y ciudades y actuar sobre concentraciones muchísimo menores que la formada en torno a Ceuta. De hecho, cuando posteriormente circularon nuevas convocatorias para intentar cruzar la frontera, las propias evaluaciones españolas señalaron que la actuación preventiva marroquí sería determinante.

Que decenas de miles de personas puedan converger prácticamente al mismo tiempo sobre una de las fronteras políticamente más sensibles del reino sin que los servicios de seguridad adviertan, impidan o desarticulen el movimiento exigiría aceptar una incompetencia verdaderamente extraordinaria.

Que, además, haya imágenes que el CENIF interpreta como agentes uniformados y de paisano observando, tolerando e incluso guiando movimientos vuelve todavía más difícil esa explicación.

Y existe un antecedente imposible de ignorar.

En mayo de 2021, alrededor de 9.000 personas entraron en Ceuta después de que la policía marroquí relajara sus controles. Aquella vez ni siquiera fue necesario hacer demasiada arqueología interpretativa. El Parlamento Europeo sostuvo expresamente que las autoridades marroquíes habían reducido los controles fronterizos, abierto accesos y permitido las entradas, en el contexto de la crisis diplomática provocada por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.

Es decir: la utilización de la presión migratoria como instrumento de política exterior contra España no constituye una fantasía conspirativa inventada en 2026.

Ya ocurrió.

Eso tampoco demuestra que el episodio actual haya sido ordenado desde Rabat. Pero convierte la hipótesis en algo bastante menos extravagante de lo que el gobierno español pretende presentar.

Sánchez y la necesidad de que Marruecos sea inocente

Existe además una dificultad política que afecta personalmente a Pedro Sánchez.

Después de la crisis de 2021, España modificó sustancialmente su posición histórica sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022 Sánchez comunicó a Mohamed VI que consideraba el plan marroquí de autonomía “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. A cambio se anunció una nueva etapa bilateral basada —entre otras cosas— en el respeto mutuo y en la “abstención de toda acción unilateral” que pudiera provocar nuevas crisis.

Sánchez defendió entonces el giro precisamente por razones de seguridad, estabilidad y control migratorio.

Por eso admitir ahora que Marruecos pudiera haber utilizado nuevamente la frontera como mecanismo de presión tendría un costo que va mucho más allá de Ceuta.

Significaría reconocer que la gran apuesta estratégica realizada por su gobierno en 2022 no consiguió eliminar uno de los principales instrumentos de coerción de Rabat.

Y probablemente por eso resulta tan llamativo el contraste entre la cautela extrema utilizada respecto de Marruecos y la facilidad con la que Sánchez señaló públicamente a redes vinculadas con Rusia e Israel como participantes en las campañas de desinformación relacionadas con la crisis. Moscú y Jerusalén rechazaron esas acusaciones.

Con Marruecos se exige prácticamente una confesión firmada.

Con otros países parece alcanzar con bastante menos.

El informe tampoco es palabra revelada

Conviene introducir una precaución que fortalece, y no debilita, el análisis.

El documento del CENIF no es una sentencia judicial ni un producto infalible de inteligencia. Buena parte de sus conclusiones procede del análisis de imágenes, vídeos, publicaciones abiertas y testimonios difundidos por medios. El propio gobierno sostiene que el CNI, que dispone de fuentes sobre el terreno, no ha encontrado por ahora elementos que permitan atribuir a Rabat la organización de la operación.

Esa discrepancia deberá aclararse.

Puede perfectamente ocurrir que posteriores investigaciones rebajen algunas de las conclusiones del CENIF.

Pero lo que resulta difícilmente sostenible es el juego verbal desplegado por Interior. El director general de la Policía, Francisco Pardo, aseguró que no existe un informe que “atribuya a Marruecos la planificación o ejecución” de lo sucedido, algo técnicamente compatible con que ese mismo documento describa participación de agentes marroquíes sin identificar quién ordenó sus acciones.

Es una defensa basada en la precisión de las palabras.

Y a veces las palabras son precisas precisamente para evitar hablar de los hechos.

Los alcaldes que pisan la calle

La segunda derivación política del caso se produjo dentro del propio PSOE.

La Federación Española de Municipios y Provincias convocó para el 2 de setiembre, Día de Ceuta, concentraciones delante de los ayuntamientos en apoyo a la ciudad autónoma. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, del PP, sostuvo que se trataba de una demostración institucional de solidaridad, no de una movilización partidista.

Ferraz no lo vio así.

El PSOE envió una circular a sus cargos municipales con una consigna inequívoca, escrita en mayúsculas: “NO PARTICIPAR”. La dirección socialista argumentó que el PP pretendía transformar las concentraciones en manifestaciones contra Sánchez.

Y entonces ocurrió algo políticamente bastante interesante.

Alcaldes socialistas comenzaron a decir que acudirían igual.

León, Chiclana, Moguer, Sagunto, Mérida, Almendralejo, Espartinas y otros municipios se desmarcaron de Ferraz. El alcalde de León, José Antonio Díez, reclamó “altura de Estado”. El socialista Melchor León, desde la propia Ceuta, llegó a exhortar a diputados y senadores a que no tuvieran “miedo de Ferraz”.

Finalmente fueron contabilizados 72 alcaldes socialistas participantes. Conviene no exagerar: representan apenas alrededor del 3% de los más de 2.300 municipios gobernados por el PSOE. No estamos ante una insurrección general del partido.

Pero el dato relevante es otro.

Setenta y dos alcaldes consideraron electoral y políticamente más peligroso obedecer a su partido que aparecer en una concentración que Ferraz había definido como una operación contra Pedro Sánchez.

Los alcaldes poseen una característica que a veces se pierde en los despachos nacionales: conocen personalmente a quienes los votan.

Perciben antes que las direcciones partidarias cuándo una posición empieza a resultar inexplicable fuera de la burbuja política.

Y explicar por qué un alcalde español no debe participar en un acto de solidaridad con una ciudad española que acaba de sufrir la entrada irregular de más de 70.000 personas no es precisamente una tarea sencilla.

El problema ya no es solamente Marruecos

La cuestión de fondo, por tanto, no consiste en afirmar apresuradamente que “Marruecos invadió Ceuta” ni en convertir un informe policial preliminar en verdad revelada.

Consiste en algo bastante más grave.

Hay un informe de una unidad de la Policía Nacional que considera que la entrada fue planificada, identifica una conducta extraordinariamente permisiva de las fuerzas marroquíes y sostiene que agentes de ese país llegaron a guiar los cruces. Existe un antecedente reciente —2021— en que Marruecos utilizó efectivamente la apertura de la frontera para presionar políticamente a España. Y existen inconsistencias que todavía deben ser explicadas entre lo que afirman distintas instituciones españolas.

Ante eso, un gobierno responsable debería querer saber qué ocurrió.

No demostrar a toda costa que Marruecos no tuvo nada que ver.

Porque si finalmente se establece que hubo participación de organismos marroquíes, la pregunta dejará de ser únicamente qué hizo Rabat.

Habrá otra inevitable:

¿por qué Pedro Sánchez parecía tan seguro de la inocencia de Marruecos antes de que hubiera terminado siquiera la investigación?

Y quizá esa sea la razón por la cual algunos alcaldes socialistas, mucho antes que Ferraz, ya entendieron que en Ceuta no estaba en juego solamente una frontera.

También estaba en juego la credibilidad del gobierno.