Cerrar filas con Ferrero
Viernes 22 de mayo de 2026. Lectura: 5'
 Mientras el oficialismo recrudece sus ataques contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, la advertencia más grave permanece intacta: reformar el Código del Proceso Penal sin recursos suficientes puede abrirle la puerta a la impunidad. Escuchar y respaldar a la Fiscalía de Corte ya no es apenas una discusión técnica, sino una obligación republicana frente a los constantes ataques políticos de que viene siendo objeto.
En tiempos de deterioro institucional, la tentación más peligrosa de la política consiste en desacreditar a quienes todavía se atreven a advertir sobre los riesgos que enfrenta la República. Eso es, precisamente, lo que comienza a ocurrir con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
La discusión sobre la reforma del Código del Proceso Penal no puede convertirse en una batalla ideológica ni en una vendetta partidaria. Mucho menos cuando quien comparece ante el Parlamento para advertir sobre sus consecuencias no es una dirigente política, sino la máxima jerarca del Ministerio Público. Y cuando lo hace, además, con argumentos técnicos, experiencia práctica y una preocupación explícita por el avance del crimen organizado.
Ferrero fue contundente ante el Senado. “Hay que tener cuidado porque me están llevando a la impunidad”, afirmó al analizar la reducción de plazos procesales prevista en el nuevo proyecto de reforma del CPP. No fue una frase improvisada ni efectista. Fue una advertencia institucional.
La fiscal explicó que pretender investigaciones más rápidas, especialmente en materia de narcotráfico y crimen organizado, sin un incremento paralelo de recursos humanos, tecnológicos y presupuestales, equivale a debilitar deliberadamente la persecución penal. “Todo tiene un costo”, recordó Ferrero ante los legisladores, reclamando que el sistema no puede soportar nuevas exigencias sin financiamiento adecuado.
Y tiene razón.
Uruguay ya enfrenta una mutación criminal de enorme gravedad. Las bandas narco operan con estructuras transnacionales, sofisticación tecnológica y creciente capacidad de infiltración. La propia Ferrero alertó que los “daños colaterales” de la violencia criminal ya alcanzan a personas ajenas al conflicto entre bandas. Pretender combatir ese fenómeno reduciendo tiempos de investigación y manteniendo una Fiscalía desfinanciada no constituye una política de seguridad: constituye una renuncia anticipada.
El problema es que, en Uruguay, toda voz institucional que incomoda al poder termina rápidamente sometida a sospecha política.
Desde hace meses, sectores del oficialismo —y particularmente medios y operadores vinculados a la izquierda— vienen desarrollando una ofensiva persistente contra Ferrero. Cada decisión administrativa, cada traslado de fiscales, cada resolución vinculada a causas sensibles, es presentada bajo insinuaciones de parcialidad política o supuestos alineamientos opositores. La discusión jurídica es sustituida por la sospecha militante.
El caso del traslado del fiscal Alejandro Machado terminó elevando esa tensión a niveles particularmente delicados. Legisladores frenteamplistas cuestionaron públicamente a Ferrero y sugirieron motivaciones políticas detrás de los cambios internos en Fiscalía. Incluso el exsenador Charles Carrera —tan luego quién— habló de movimientos para “blindar” al expresidente Lacalle Pou, mientras otros dirigentes oficialistas insinuaron interferencias políticas en investigaciones sensibles.
En ese contexto, el propio presidente Yamandú Orsi terminó involucrándose indirectamente en la polémica. Durante su discurso en Las Piedras, aludió a la necesidad de evitar que “los intereses político-partidarios interfieran en la saludable independencia de la administración de justicia”. Según fuentes del Ejecutivo citadas por la prensa, el mensaje estuvo dirigido a la Dra. Ferrero.
Ese episodio resulta particularmente preocupante.
Porque el presidente de la República debe ser extremadamente cuidadoso cuando se refiere —aunque sea indirectamente— a la titular de la acción penal pública. Más aún en un clima donde parte del oficialismo ya hostiga sistemáticamente a la Fiscalía cada vez que determinadas investigaciones afectan intereses políticos propios.
La independencia judicial y fiscal no se protege únicamente evitando presiones explícitas. También se erosiona mediante campañas de desgaste, operaciones de sospecha permanente y cuestionamientos políticos reiterados contra quienes ejercen funciones técnicas incómodas para el poder.
En ese escenario, la Coalición Republicana tiene una responsabilidad histórica.
No alcanza con coincidir técnicamente con Ferrero respecto a la reforma del CPP. No alcanza con admitir que la Fiscalía necesita más presupuesto o más herramientas. La oposición democrática debe comprender que hoy está en juego algo más profundo: la preservación de la autonomía institucional del Ministerio Público frente a crecientes intentos de disciplinamiento político.
Respaldar a Ferrero no implica compartir cada una de sus resoluciones. Implica defender el principio republicano de que los fiscales no pueden ser intimidados políticamente cuando investigan, opinan técnicamente o ejercen sus potestades legales.
La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde el deterioro institucional comenzó exactamente así: desacreditando fiscales, erosionando autoridades de control y transformando organismos técnicos en trincheras partidarias.
Ferrero, guste o no a sus detractores, ha terminado convirtiéndose en uno de los pocos contrapesos institucionales firmes en un contexto de creciente tensión entre política y justicia. Y lo hace desde una trayectoria funcional en la que exhibió rigurosidad indiscutible y un coraje superlativo, lo cual explica, precisamente, la virulencia de los ataques que recibe. Buscar demoler ese perfil inmaculado.
Su advertencia sobre el CPP merece ser escuchada con seriedad, no descalificada con consignas. Cuando la fiscal de Corte afirma que determinadas reformas pueden conducir a la impunidad, el sistema político tiene la obligación republicana de detenerse y escuchar.
Porque la impunidad no empieza cuando un delincuente queda libre.
Empieza mucho antes: cuando la política deja de escuchar a quienes todavía defienden las instituciones.
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