Correo de los Viernes - Casupá: represa sin presa

Casupá: represa sin presa

Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

Con las reservas en descenso y la sequía instalada como amenaza estructural, insistir en Casupá no parece una política de Estado sino una apuesta política costosa, que posterga la diversificación real y expone al país a repetir los errores del pasado.

Es asombrosa la tozudez del gobierno. Hace unos días se publicó en El País que “Paso Severino perdió millones de reserva”. Según dicha nota, se perdió un 10% de la capacidad hídrica y hay un escenario de incertidumbre sobre las futuras lluvias.

Claramente no se quiere ver la realidad: mientras las reservas de la represa de Paso Severino descienden, el gobierno insiste con Casupá, que es la misma fuente de agua, el río Santa Lucía, que la utilizada en 2023, con los daños ambientales, sociales y económicos ya conocidos por las malas decisiones.

Es evidente que el proyecto de Casupá no ofrece garantías ni soluciones inmediatas frente a un mismo escenario de déficit hídrico, dado que las obras, con mucha suerte, podrán iniciarse en 2027 y su ejecución, así como represar el agua necesaria, llevará mucho más tiempo, agravado por la sequía, que a esta altura es endémica.

Como se ha expresado, quizás entre los graves problemas que presenta está el desperdicio que implica inundar tierras productivas, unas 3.900 hectáreas, afectando establecimientos rurales y alterando el ecosistema. Se pierden bosques nativos, pudiendo utilizar una fuente inagotable y con menor impacto como el Río de la Plata.

Como se explicó, Casupá no diversifica realmente la matriz de abastecimiento; sólo amplía la capacidad de almacenamiento en la misma cuenca del río Santa Lucía. Es más de lo mismo: más volumen en el mismo esquema vulnerable a sequías prolongadas.

¿Qué sentido tiene, contando con un espejo de agua enorme como el Río de la Plata?

Apostar a una mega reserva, duplicando el volumen actual, parte del supuesto de una demanda estable de agua en la población y delluvias con un comportamiento que, claramente, como advirtió el INIA, presenta “gran incertidumbre”, lo cual posiblemente termine siendo una inversión que no cubra la demanda y que el país deba, a la larga, recurrir igual al Río de la Plata.

Lo que claramente duplicará los costos innecesariamente, siendo absolutamente ineficiente el aumento del gasto fiscal, pero además ineficaz, ya que muy posiblemente no logre el fin perseguido. A esto se suman otros problemas que tienen este tipo de represas, como las algas, las cianobacterias y zonas en las cuales quedan vedadas para la producción agrícola y la agricultura intensiva, etc.

Este tipo de megaobras, como las represas, generan mucha resistencia de vecinos y productores. Les cambian el hábitat a las personas. No es solamente una cuestión del costo de la tierra al expropiar; es mucho más que eso: es erradicar personas de su suelo, destruir casas, y generar daño moral al entorno social. Por lo que llevará, sin duda, a generar varios juicios y acciones de amparo, que van a aumentar los costos y generar mayores retrasos, aumentando cada vez más el riesgo de déficit hídrico.

La crisis del año 2023 no se explicó únicamente por la escasez de agua almacenada, sino por la falta de planificación e inversión, la dependencia exclusiva de Paso Severino y la ausencia de diversificación real. Por lo que es clarísimo que la supuesta solución es más una política revisionista de revancha partidaria que una política pública con conciencia de futuro. Vaya a saber qué promesa trasnochada de campaña política se hizo para arremeter contra un proyecto que no era del último gobierno, sino que se venía considerando desde hacía muchos años.

Lo cierto es que, si se hubiera construido el proyecto Neptuno e iniciado las obras el año pasado, se habría terminado entre 24 y 30 meses, por lo que estaríamos muy cerca de haber cumplido con los plazos y se tendría la solución al déficit hídrico, con diversificación real de la fuente.

A esto se suma un tema de relevancia sustancial, que es el menor impacto social, ya que solo se afectarían 450 hectáreas, el monte natural se preservaría y no se afectaría la vida de tantas familias, a las que se les arrasa, sin respetar muchos de los derechos básicos relacionados con la tierra y la pertenencia a un lugar.

Lamentablemente, Casupá no es una solución; es un capricho de un gobierno que, desde el comienzo, en vez de ayudar y mejorar, se ha encargado de frenar las políticas de Estado, con ánimo refundacional, que poco contribuyen al crecimiento.

¿Qué sentido tendría si la coalición no apoyara el tratado con la Unión Europea o el Acuerdo Transpacífico, o pidiera el desafuero del ministro por viajar a China? ¿O si el primer gobierno de Tabaré Vázquez hubiera dejado sin efecto UPM?

Eso es lo que muestra el gobierno frenteamplista: falta de proyectos y destrucción de los existentes. Desde la educación hasta la infraestructura, todo se pretende revisar por la única razón de que lo hizo el gobierno anterior.

Así están las cosas. Pero el mundo sigue andando; a la larga, todo vuelve a su lugar, aunque siempre el que paga es Juan Pueblo.