Casupá desnuda las contradicciones del gobierno
Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 4'
La pretensión del Ministerio de Ambiente de incorporar unas 67.000 hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sin contar todavía con el respaldo de todo el gobierno, abre un conflicto que excede ampliamente la construcción de una represa. La protección del agua es indispensable, pero también lo son el respeto a la propiedad, la producción y las garantías jurídicas.
La propuesta de Ambiente de incorporar unas 67.000 hectáreas de la cuenca alta del arroyo Casupá al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ha encendido alarmas. No se trata sólo de construir una represa para abastecer de agua al área metropolitana, sino de someter una extensa región productiva a restricciones todavía no explicadas.
Conviene empezar por lo esencial: nadie sensato puede oponerse a proteger el agua potable. La crisis hídrica de 2023 demostró la vulnerabilidad del sistema metropolitano. Pero eso no justifica automáticamente cualquier intervención territorial. La protección ambiental no autoriza a prescindir de los estudios técnicos, desconocer los derechos de los propietarios ni trasladarles costos que corresponden al conjunto de la sociedad.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, ha planteado objeciones que merecen respuestas concretas. La superficie propuesta comprende aproximadamente 64.000 hectáreas productivas, incluidas unas 10.000 forestadas. Sobre ellas podrían recaer limitaciones a la ganadería, la lechería, el riego, la forestación y otras actividades. Aunque Ambiente asegura que no pretende expulsar productores ni impedir sus principales actividades económicas, las condiciones específicas todavía no están definidas.
Y esto último no es un detalle. La incertidumbre puede comprometer inversiones, depreciar los campos y afectar la viabilidad de numerosos establecimientos. La ARU reclama, con razón, que se cuantifiquen las consecuencias y se establezcan compensaciones cuando corresponda. Su presidente llevó estos planteos al ministro de Economía, Gabriel Oddone, sin obtener compromisos concretos de apoyo adicional.
Hay, además, una cuestión jurídica que el gobierno no debería minimizar. La Ley 17.234 permite establecer restricciones sobre determinadas actividades dentro de las áreas protegidas. Su artículo 9 también contempla un derecho de preferencia del Estado en la compraventa de inmuebles comprendidos en el sistema y sus zonas adyacentes. No significa que todas esas limitaciones se apliquen en Casupá, pero la declaración tendría posibles consecuencias patrimoniales.
Especialmente pertinentes resultan las interrogantes formuladas por el diputado colorado Carlos Rydström, quien presentó un pedido de informes al Ministerio de Ambiente. Su planteo contiene una observación reveladora: en el Plan Estratégico del SNAP 2015-2020, Casupá figuraba en la Clase 5, mientras que el proyecto para 2026-2035 la ubica en la Clase 2, que prioriza su eventual incorporación al sistema. ¿Qué estudios determinaron ese cambio? ¿Qué circunstancias ambientales nuevas lo justifican? El cambio no demuestra una irregularidad, pero exige explicaciones técnicas rigurosas.
Rydström también pregunta por qué se avanza sin haberse completado la evaluación de impacto ambiental de la represa, qué actividades podrían resultar restringidas y qué participación tuvo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hoy sabemos que estas preguntas eran particularmente oportunas. Según informó El País, parte del Poder Ejecutivo ni siquiera estaba enterada de los planes de Ambiente. El ministro Alfredo Fratti reconoció que no dispone de suficiente información y que su cartera recién comenzará a estudiar las consecuencias productivas. Que una iniciativa semejante avance sin coordinación interministerial adecuada revela un problema de gestión gubernamental.
Las discrepancias alcanzan al propio gobierno. La ARU trasladó sus preocupaciones al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y al ministro de Economía, Gabriel Oddone, mientras sectores del Poder Ejecutivo reclaman ahora los informes técnicos que fundamenten la iniciativa. La propuesta del ministro Edgardo Ortuño no cuenta, por tanto, con un respaldo gubernamental unánime. Antes de imponer nuevas condiciones a los productores, el gobierno debe explicar qué pretende, con qué fundamentos y a qué costo.
Las objeciones tampoco provienen exclusivamente de las gremiales rurales o de la oposición. Productores y vecinos afectados han reclamado información, participación y garantías. Incluso sectores ambientalistas favorables a la represa han señalado insuficiencias en los procedimientos de evaluación y consulta. No cabe despachar estas críticas atribuyéndoles indiferencia ante la protección del agua.
Tampoco corresponde ignorar que la posibilidad de proteger esta cuenca figura en antecedentes de administraciones anteriores. Lo que hoy debe examinarse es la propuesta concreta, sus dimensiones, sus fundamentos y sus consecuencias. Esos antecedentes no son un cheque en blanco para el actual gobierno.
Ambiente debe demostrar por qué necesita semejante extensión, cuáles serán las restricciones, qué alternativas estudió y cómo compensará los eventuales perjuicios. Y el gobierno, en su conjunto, debe explicar cómo compatibiliza esta iniciativa con sus reiteradas declaraciones sobre la necesidad de estimular la inversión y la producción.
La consulta pública del nuevo plan estratégico del SNAP vence este viernes 20 de noviembre. Entretanto, el Ministerio de Ambiente postergó para el 7 de diciembre la reunión informativa prevista en Casupá, sin explicar públicamente las razones. Es difícil comprender ese cierre con explicaciones técnicas y diálogos todavía pendientes. Consultar no puede reducirse a comunicar decisiones previamente adoptadas.
Proteger el agua es una responsabilidad del Estado. Respetar a quienes producen también. El gobierno no puede pretender que la primera obligación lo dispense de cumplir la segunda. Y mucho menos que los costos de una política destinada a beneficiar a millones de uruguayos recaigan, sin explicaciones suficientes ni garantías adecuadas, sobre un grupo de productores rurales.
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