Correo de los Viernes - Casupá: cuando la defensa del Estado de Derecho queda en manos de la oposición

Casupá: cuando la defensa del Estado de Derecho queda en manos de la oposición

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 4'

Mientras el gobierno acelera una obra de enorme impacto ambiental sin haber culminado los procedimientos legales exigidos, el Partido Independiente decidió recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Constitución y de la normativa vigente. La iniciativa merece respaldo, porque lo que está en juego trasciende una represa: es el respeto por las reglas del Estado de Derecho.

El Estado no puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento estricto de la ley mientras se permite a sí mismo ignorarla cuando le resulta conveniente. Esa debería ser una verdad elemental en cualquier democracia seria. Sin embargo, el proyecto de la represa de Casupá parece haber ingresado en una preocupante lógica según la cual el fin justificaría los medios.

Frente a ese escenario, la decisión del Partido Independiente de promover una demanda civil contra OSE y solicitar una medida cautelar que suspenda nuevas actuaciones vinculadas a la obra constituye una saludable señal de defensa institucional.

Si el propio Estado incumple el procedimiento que la legislación ambiental le impone, entonces deja de ser garante de la legalidad para convertirse en su principal infractor.

Ese es precisamente el núcleo del planteo realizado por el Partido Independiente. Según sostiene la colectividad, OSE ya puso en marcha una licitación internacional, avanzó en financiamiento, proyecto ejecutivo, expropiaciones y diversos compromisos administrativos antes de obtener la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente, requisito indispensable para una obra clasificada en la máxima categoría de impacto ambiental.

La gravedad del asunto no reside únicamente en el eventual incumplimiento formal.

Cuando el Estado compromete recursos públicos, celebra contratos internacionales y genera expectativas jurídicas antes de completar el procedimiento ambiental, corre el riesgo de hipotecar las decisiones técnicas futuras. Si posteriormente la evaluación ambiental obliga a modificar el proyecto o incluso a descartarlo, el país puede terminar enfrentando reclamaciones patrimoniales millonarias.

Es decir, la improvisación de hoy puede transformarse en el costo de todos mañana.

Paradójicamente, este es el mismo gobierno que llegó al poder criticando con dureza el proyecto Arazatí precisamente por entender que los procedimientos no habían sido suficientemente sólidos y transparentes.

Durante años, el hoy oficialismo sostuvo que el respeto irrestricto a las normas ambientales era una condición innegociable.

Ahora parece considerar que esas exigencias son prescindibles cuando la obra elegida es la propia.

La contradicción resulta difícil de explicar.

Más difícil aún es comprender el silencio de quienes durante años hicieron de las cuestiones ambientales una bandera política permanente.

Las organizaciones que solían movilizarse con rapidez frente a cualquier infraestructura cuestionada mantienen ahora un llamativo perfil bajo frente a un proyecto que el propio Estado clasifica dentro de la categoría de mayor impacto ambiental posible.

La vara parece haberse desplazado.

La demanda promovida por el Partido Independiente no pretende que la Justicia determine si Casupá debe construirse o no. Busca algo mucho más sencillo: que primero se cumpla la ley y después eventualmente se construya.

Es una diferencia sustancial.

Porque la evaluación ambiental previa no constituye un mero trámite burocrático. Es una garantía creada precisamente para impedir que decisiones de enorme impacto económico, social y ecológico se adopten bajo la lógica de los hechos consumados.

Cuando esa garantía desaparece, también comienza a erosionarse la confianza en las instituciones.

Resulta especialmente preocupante que sea el propio Estado quien envíe el mensaje de que los procedimientos pueden flexibilizarse cuando existen apuros políticos.

La seguridad jurídica no admite excepciones selectivas.

Si las normas ambientales son obligatorias para cualquier productor rural, para cualquier empresa privada o para cualquier ciudadano que pretenda desarrollar un emprendimiento, también deben ser obligatorias para OSE y para el Poder Ejecutivo.

Sin privilegios. Sin atajos. Sin doble estándar.

Por eso la acción judicial anunciada merece reconocimiento.

No porque asegure un determinado resultado, sino porque obliga a que la discusión vuelva al terreno donde siempre debió estar: el del respeto a la Constitución, a la legislación ambiental y al debido procedimiento administrativo.

En una República, ninguna obra pública —por importante que sea— puede construirse sobre el debilitamiento del Estado de Derecho.

Si para levantar una represa primero hay que derribar las garantías legales, entonces el verdadero problema ya no es Casupá.

Es la peligrosa idea de que el gobierno puede colocarse por encima de la ley.