Correo de los Viernes - Casupá: CAF confirma el alto riesgo que el gobierno minimizó

Casupá: CAF confirma el alto riesgo que el gobierno minimizó

Edición Nº 1097 - Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

La propia institución que financia la represa calificó el proyecto como de “alto riesgo” social y ambiental. La decisión no cancela automáticamente el préstamo de US$ 130 millones, pero somete los desembolsos y el comienzo de las obras a severas condiciones cuyo incumplimiento puede llevar a suspender el financiamiento.

Ya no son solamente los vecinos de Casupá, las gremiales rurales, los partidos de oposición o este semanario quienes advierten sobre la magnitud de los daños que puede provocar la represa. Ahora es la propia CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—, financiadora integral del proyecto, la que lo ha catalogado como una operación de “alto riesgo” social y ambiental.

La información fue difundida inicialmente por Informativo Carve y surge de la ficha oficial publicada por el organismo financiero. Allí se activan ocho salvaguardas vinculadas con la evaluación de impactos ambientales y sociales, el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la prevención de la contaminación, la protección del patrimonio cultural, el reasentamiento de población, las condiciones laborales y la igualdad de género.

No se trata de un tecnicismo menor ni de una categoría aplicada rutinariamente a cualquier obra. Según la definición de la propia CAF, se consideran de alto riesgo aquellas operaciones capaces de generar impactos negativos “significativos, diversos, irreversibles, difíciles de evaluar o sin precedentes”, así como las que pueden afectar ecosistemas sensibles, recursos naturales o las relaciones funcionales de las comunidades.

Dicho en términos más directos: la CAF reconoce oficialmente que Casupá puede ocasionar daños graves, complejos y eventualmente irreversibles. Exactamente lo que el gobierno intentó presentar durante meses como una exageración de productores, ambientalistas y opositores.

Qué ocurre con los US$ 130 millones

La calificación no significa que la CAF haya cancelado el préstamo. Tampoco implica que el organismo haya descubierto ahora los riesgos y decidido revisar desde cero su aprobación. El crédito fue aprobado en octubre de 2025, contratado en mayo de 2026 y cuenta con la garantía incondicional e irrevocable de la República. La clasificación forma parte del sistema de evaluación y seguimiento ambiental del banco.

Pero de allí no debe concluirse que los US$ 130 millones constituyen un cheque en blanco.

De acuerdo con la ficha de la operación, la CAF financiará el 100% del costo estimado del proyecto, sin aporte local. Hasta el momento ha desembolsado US$ 4.310.003, de modo que quedan alrededor de US$ 125,7 millones sujetos a las condiciones y controles previstos en el contrato. La obra proyectada comprende una presa de unos 750 metros de longitud y 30 metros de altura, un embalse de aproximadamente 2.127 hectáreas y una capacidad útil cercana a los 100 hectómetros cúbicos.

Antes del inicio físico de las obras, OSE deberá presentar a la CAF, entre otros elementos, la licencia ambiental exigida por la legislación uruguaya, el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan de Gestión de la Biodiversidad, el Plan de Contingencia, los acuerdos para ejecutar las compensaciones ambientales y la constancia de que funciona una supervisión técnica, ambiental y social externa.

Hay una exigencia especialmente significativa: el contrato también reclama “evidencia que avale la implementación del proceso de consulta y la aceptación social del proyecto”. Antes de llenar el embalse deberá acreditarse, además, la liberación efectiva de todas las áreas afectadas, el cumplimiento del plan de reasentamiento y el avance de las acciones previstas para proteger la biodiversidad.

Por tanto, el financiamiento existe, pero está condicionado. Durante toda la vigencia del préstamo, OSE deberá respetar simultáneamente la legislación uruguaya, las salvaguardas de la CAF y los planes ambientales y sociales acordados con el banco.

Si OSE incumple esas obligaciones, la CAF queda facultada para suspender los desembolsos, interrumpir sus demás compromisos, exigir medidas correctivas e incluso declarar vencido el préstamo. No es lo que ha ocurrido hasta ahora, pero es una posibilidad expresamente prevista en el contrato.

La formulación correcta, entonces, es esta: la calificación de alto riesgo no hace caer automáticamente el préstamo, pero convierte el cumplimiento ambiental y social en una condición efectiva para acceder al grueso del financiamiento.

Lo que CORREO viene advirtiendo

Esta conclusión confirma la pertinencia de las críticas que Correo de los Viernes viene realizando desde hace un año.

En setiembre de 2025, bajo el título Casupá: sacrificio social, productivo y ambiental, advertimos sobre el desarraigo de decenas de familias rurales, la pérdida de campos trabajados durante generaciones, la inundación de tierras productivas, la destrucción de monte nativo y la alteración de caminos, escuelas y vínculos comunitarios. No estábamos hablando de un espacio vacío ni de unas pocas hectáreas sin valor, sino de un territorio vivo.

Poco después, el ministro Edgardo Ortuño redujo públicamente el problema al traslado de “alguna familia” y a “algunas cuestiones ambientales”. Correo respondió entonces que 80 familias y un ecosistema entero no podían tratarse como simples “detallecitos” secundarios frente a la grandilocuencia de la obra pública.

La CAF acaba de darle la razón a esa advertencia. Si el reasentamiento de población, la biodiversidad, la contaminación, los recursos naturales y el patrimonio cultural requieren ocho salvaguardas especializadas, evidentemente no se estaba ante “alguna cuestión ambiental”.

El propio estudio de impacto disponible estima que solamente el área del embalse contiene unas 426 hectáreas de bosque nativo, además de praderas naturales, pajonales, tierras cultivadas y otros ambientes. El total del territorio afectado, incluyendo el perímetro de protección, ha sido calculado en unas 3.418 hectáreas y las expropiaciones comprenden más de un centenar de padrones.

Tampoco puede olvidarse el riesgo productivo. Expropiar una fracción de un establecimiento no significa necesariamente reducirlo en igual proporción. Si se pierden las mejores aguadas, los potreros más fértiles, los caminos de acceso o la continuidad territorial necesaria para manejar el ganado, puede quedar comprometida la viabilidad de toda la explotación. Una indemnización paga tierra; no reconstruye una forma de vida ni restablece cinco generaciones de arraigo.

El problema estratégico permanece

La objeción de fondo tampoco ha cambiado. Casupá aumenta el volumen almacenado, pero no diversifica la fuente de abastecimiento del área metropolitana. Continúa dependiendo de la cuenca del río Santa Lucía, la misma cuya vulnerabilidad cuantitativa y cualitativa quedó expuesta durante la crisis de 2023.

El gobierno sostiene que la represa permitirá contar con una reserva para unos 60 días de sequía severa, regular el caudal, reducir las floraciones de cianobacterias y extender la seguridad hídrica hasta 2045. Esos son los objetivos declarados del proyecto, no resultados todavía comprobados.

Frente a ellos subsisten preguntas que el entusiasmo oficial no ha contestado satisfactoriamente. ¿Qué ocurrirá durante una sequía prolongada que afecte simultáneamente a toda la cuenca? ¿Qué calidad tendrá el agua acumulada durante períodos extensos en un embalse alimentado por una cuenca con alta presencia de nutrientes? ¿Cuál será el costo real de las compensaciones, las expropiaciones, las obras conexas y los eventuales litigios? ¿Por qué se abandonó una solución que incorporaba el Río de la Plata como fuente alternativa para volver a concentrar toda la seguridad hídrica en el Santa Lucía?

La propia documentación que respalda la demanda contra el proyecto advierte que el tiempo de retención del agua en Casupá sería muy superior al de Paso Severino, circunstancia que podría favorecer la proliferación de cianobacterias si no se controla adecuadamente la carga de nutrientes. La afirmación oficial de que la represa mejorará la calidad del agua debe ser demostrada mediante estudios actualizados e independientes, no aceptada como artículo de fe.

Una decisión política antes que ambiental

Correo también cuestionó que OSE avanzara con el financiamiento, las expropiaciones y la licitación internacional antes de culminar el procedimiento de Autorización Ambiental Previa. Casupá fue clasificada en Uruguay dentro de la categoría C, correspondiente a los proyectos de mayor impacto potencial. Esa categoría exige un estudio completo, la puesta de manifiesto del informe ambiental, una audiencia pública y una resolución final del Ministerio de Ambiente.

El gobierno argumenta que no adjudicará ni iniciará físicamente la obra sin la autorización. Pero el problema señalado por Correo es anterior: cuando se obtiene el préstamo, se tramitan expropiaciones, se llama a licitación y se generan compromisos económicos y políticos, la evaluación ambiental corre el riesgo de convertirse en la validación posterior de una decisión ya adoptada.

La situación es todavía más delicada porque Ortuño, actual responsable del Ministerio que debe resolver sobre la autorización, fue uno de los principales defensores de Casupá desde su anterior actuación en OSE. No se discute su competencia jurídica, sino la necesidad de que el análisis técnico exhiba una independencia y una transparencia especialmente rigurosas.

Ahora la CAF agrega su propio control. La evaluación nacional deberá determinar si el proyecto puede recibir autorización y bajo qué condiciones. El banco, por su parte, deberá decidir si OSE cumple sus salvaguardas y si corresponde continuar liberando el dinero. Son controles distintos, pero ambos desmienten la pretensión de que la obra ya esté definitivamente resuelta.

La aprobación de un préstamo no equivale a una certificación de inocuidad ambiental. Los bancos de desarrollo financian proyectos de alto riesgo cuando entienden que sus impactos pueden prevenirse, mitigarse o compensarse. La cuestión es si, en este caso, eso resulta realmente posible y si el gobierno estará dispuesto a aceptar todas las modificaciones, demoras y costos que surjan de una evaluación auténtica.

La CAF no ha condenado Casupá, pero tampoco la ha absuelto. Ha dejado constancia de que se trata de una operación capaz de producir consecuencias sociales y ambientales graves y ha reservado instrumentos para condicionar o suspender los desembolsos si OSE no cumple.

Después de esta calificación, nadie puede seguir hablando seriamente de “alguna familia” o de “algunas cuestiones ambientales”. El riesgo ya no es una denuncia opositora ni una advertencia de los vecinos. Está escrito en los documentos del mismo organismo que deberá aportar los US$ 130 millones.

Casupá sigue siendo una obra políticamente decidida antes de haber sido ambientalmente demostrada. Y cuanto más avanza el gobierno por el camino de los hechos consumados, mayor será el costo económico, institucional y humano si los estudios terminan confirmando aquello que la CAF ya ha reconocido: que el riesgo es alto.