Correo de los Viernes - Castillo promete jubilar antes, pero elude explicar quién pagará la cuenta

Castillo promete jubilar antes, pero elude explicar quién pagará la cuenta

Viernes 17 de julio de 2026. Lectura: 4'

Hay silencios que pesan más que los discursos. Y en materia previsional, el del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, resulta particularmente preocupante.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Castillo anunció que el Poder Ejecutivo enviará este año un proyecto de ley para habilitar una nueva causal de retiro a los 60 años con 30 de aportes, además de modificar el mecanismo de ajuste del suplemento solidario. Lo presentó como una medida destinada a proteger a los sectores más vulnerables y aseguró que todo se hará “en un marco que preserve también su sostenibilidad financiera”.

La afirmación sonó tranquilizadora. El problema es que, cuando llegó el momento de explicar cómo se compatibiliza una expansión de beneficios con la sostenibilidad del sistema, el ministro no dio ninguna respuesta.

Y esa omisión no fue menor.

Quien puso el dedo en la llaga fue el diputado colorado Conrado Rodríguez, que desmontó uno de los principales argumentos del gobierno. Según señaló, no corresponde hablar de una “causal anticipada”, porque el beneficio propuesto carece de los requisitos especiales que caracterizan ese tipo de excepciones.

“No se trata de una causal anticipada, sino de una causal universal que se aplica para todos los trabajadores sin ningún tipo de distinción”, sostuvo el legislador.

La diferencia conceptual no es un tecnicismo. Si todos los trabajadores pueden jubilarse a los 60 años y con 30 de aportes, entonces la edad efectiva de retiro vuelve, en los hechos, a reducirse de manera generalizada. Se estaría desandando uno de los pilares centrales de la reforma previsional aprobada en 2023.

Rodríguez fue todavía más lejos y formuló la pregunta que cualquier responsable de las finanzas públicas debería hacerse antes de promover una medida de este tipo: “Queremos saber cómo se evalúa el impacto en las cuentas públicas de la posibilidad de ir hacia esa causal”.

Y agregó otra interrogante igualmente incómoda: “¿El gobierno tiene estudios en ese sentido, al margen de los del Banco de Previsión Social, dado que lograr lo que dice el informe del Diálogo Social en cuanto a brindar una jubilación igual o mejor a la de la situación previa a la Ley 20.130 implicaría un esfuerzo en las cuentas públicas?”.

La respuesta nunca llegó.

No porque el ministro la hubiera refutado o porque existieran estudios concluyentes que disiparan las dudas. Simplemente, no hubo tiempo. La delegación oficial respondió apenas algunas preguntas y Castillo se limitó a anunciar que las restantes serán contestadas por escrito la próxima semana.

Es difícil imaginar una imagen más elocuente de la forma en que el gobierno está encarando un asunto decisivo para el futuro del país: primero se anuncian beneficios; después —si queda tiempo— se explicará cómo financiarlos.

La sostenibilidad del sistema previsional no puede reducirse a una frase de ocasión incluida en un discurso. Requiere proyecciones actuariales, estimaciones fiscales, escenarios demográficos y decisiones responsables. Nada de eso apareció durante la comparecencia ministerial.

Casualmente, quien hoy ocupa el Ministerio de Trabajo, Juan Castillo, histórico dirigente del Partido Comunista del Uruguay, es la fuerza política que combatió desde el primer día la reforma previsional de 2023 y que nunca ocultó su objetivo de revertir el aumento de la edad jubilatoria.

Más que un ministro preocupado por el delicado equilibrio financiero del sistema, Castillo pareció actuar como el portavoz de una reivindicación ideológica largamente sostenida por el PCU.

El problema es que las consignas partidarias pueden ganar aplausos; las cuentas públicas no funcionan con aplausos.

Uruguay enfrenta un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, una menor relación entre activos y pasivos y crecientes presiones sobre el gasto previsional. Precisamente por eso la reforma de 2023 procuró corregir desequilibrios que todos los estudios técnicos venían advirtiendo desde hacía años.

Retroceder sobre esas decisiones exige mucho más que buenas intenciones. Exige demostrar que existen recursos suficientes para sostenerlas sin trasladar el costo a las futuras generaciones o comprometer otras políticas públicas.

Hasta ahora, el ministro no ha demostrado nada de eso.

Las preguntas del diputado Conrado Rodríguez siguen esperando respuesta. Habrá que aguardar a que, la próxima semana, el Ministerio remita por escrito las explicaciones prometidas...