Carrasco perdió una oportunidad
Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 4'
 La cancelación, por parte de ANCAP, del operativo especial de abastecimiento de combustible para vuelos afectados por las obras en Ezeiza privó a Uruguay de una oportunidad estratégica y dejó en evidencia el costo internacional de un sindicalismo sin límites.
Uruguay acaba de desperdiciar una oportunidad estratégica por un conflicto que nunca debió llegar a este extremo. Mientras el Aeropuerto Internacional de Ezeiza reducirá su operativa entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre debido a obras en su pista principal, el Aeropuerto de Carrasco estaba en condiciones de transformarse en un centro regional de abastecimiento de combustible para aviación. Era una posibilidad para generar ingresos, fortalecer la imagen logística del país y demostrar capacidad de respuesta ante una contingencia regional.
Nada de eso ocurrirá.
ANCAP anunció que canceló el operativo extraordinario luego de no alcanzar un acuerdo con FANCAP para garantizar las condiciones laborales necesarias durante ese período excepcional. Según explicó la empresa, el plan había sido preparado durante meses y requería una ampliación transitoria de horarios, personal y controles operativos. Sin embargo, durante la negociación el sindicato incorporó reivindicaciones de carácter general que excedían el alcance del operativo específico, haciendo inviable el acuerdo.
El resultado trasciende ampliamente una diferencia entre empresa y sindicato. Lo que queda comprometido es la credibilidad internacional de Uruguay.
Las compañías aéreas, los operadores aeroportuarios y los actores de la logística regional observan que un país que tenía la infraestructura, la planificación y la oportunidad comercial terminó renunciando a ella porque no pudo resolver un conflicto sindical interno. Esa señal tiene consecuencias que van mucho más allá de las dos semanas en que Ezeiza estará parcialmente inoperativo.
No se trata solamente del combustible que no se venderá. Se trata de la confianza que se pierde.
La reputación internacional se construye sobre la previsibilidad. Cuando un país pretende posicionarse como plataforma logística, las empresas necesitan saber que los servicios comprometidos efectivamente estarán disponibles. Si una negociación sindical puede hacer caer una operación planificada con meses de anticipación, la incertidumbre pasa a formar parte de la evaluación de cualquier inversor o cliente internacional.
El episodio también vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno que se repite con frecuencia creciente: sindicatos que parecen haber perdido toda noción de proporcionalidad entre sus reclamos y el interés general.
El propio FANCAP sostiene que el operativo era una oportunidad importante para ANCAP y para el país, pero al mismo tiempo condicionó el acuerdo a la negociación de otros asuntos estructurales vinculados a la carrera funcional, ingresos de personal y reivindicaciones generales que excedían completamente el operativo extraordinario.
El resultado está a la vista: nadie ganó.
No ganó ANCAP.
No ganaron los trabajadores.
No ganó el Aeropuerto de Carrasco.
No ganó Uruguay.
Este episodio vuelve además a instalar una discusión política ineludible: el papel del Ministerio de Trabajo.
Desde que asumió el ministerio, Juan Castillo ha transmitido un mensaje inequívoco: el gobierno está dispuesto a tolerar que los sindicatos más radicalizados lleven los conflictos hasta las últimas consecuencias, aun cuando el perjudicado sea el país entero.
Castillo no llegó al Ministerio de Trabajo como un técnico independiente. Llegó como uno de los principales dirigentes históricos del Partido Comunista y del PIT-CNT. Nunca marcó una línea divisoria clara entre su pasado sindical y la responsabilidad institucional que hoy ejerce. Por el contrario, su actuación pública ha reforzado la percepción de que el ministerio dejó de ser un árbitro para convertirse en un aliado político de los gremios más intransigentes.
Cuando un conflicto sindical hace perder al Uruguay una oportunidad internacional de negocios, el Ministerio de Trabajo no puede esconderse detrás de la autonomía de las partes. Su obligación es impedir que los intereses corporativos terminen prevaleciendo sobre el interés nacional.
No ocurrió.
Y no ocurrió porque el gobierno parece haber naturalizado que determinados sindicatos —en particular aquellos bajo la influencia del Partido Comunista— actúen sin medir las consecuencias económicas, diplomáticas o institucionales de sus decisiones.
FANCAP no solamente dejó sin efecto una operación comercial. Dejó expuesto al Aeropuerto de Carrasco ante las aerolíneas internacionales, frustró una oportunidad para ANCAP y transmitió la imagen de un país incapaz de garantizar un servicio estratégico por un conflicto gremial.
Lo más grave es que ya no parece tratarse de un hecho aislado.
Cada vez con mayor frecuencia, el interés general queda subordinado a la lógica de sindicatos convencidos de que pueden imponer cualquier condición sin costo político alguno. Y esa sensación de impunidad tiene un responsable político: un Ministerio de Trabajo que renunció a ejercer la autoridad que la ley le confiere para transformarse, en los hechos, en un espectador complaciente.
Cuando el ministro comparte la misma matriz ideológica que los sectores sindicales más duros y nunca logra tomar distancia de ellos, el resultado es exactamente el que acaba de sufrir Uruguay: el Estado pierde autoridad, los sindicatos pierden límites y el país pierde oportunidades.
Porque mientras FANCAP defendía su conflicto, nadie defendía el prestigio internacional de Uruguay.
Y ésa era, precisamente, la obligación del ministro Juan Castillo.
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