Carlos Negro en modo “Jorge Vázquez”
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 4'
 Atribuir la reciente ola de homicidios a disputas entre bandas criminales no disminuye la gravedad de los hechos ni atenúa la responsabilidad del Estado. Las declaraciones del ministro Carlos Negro, que parecen sugerir lo contrario, contrastan con la advertencia de la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sobre el creciente número de víctimas inocentes alcanzadas por la violencia narco. Un discurso peligroso que recuerda otros intentos de relativizar asesinatos según quiénes sean sus víctimas.
Las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, sobre la ola de homicidios que sacudió Montevideo en los últimos días revelan una preocupante tendencia: la de relativizar la gravedad de los asesinatos bajo el argumento de que responden a disputas entre bandas criminales.
Ante una semana marcada por múltiples homicidios, incluyendo el triple crimen del Cerro, Negro sostuvo que existe un “denominador común” en estos hechos: la “lucha entre bandas criminales”. Según explicó, la desarticulación policial de organizaciones delictivas y el encarcelamiento de sus líderes generan disputas entre quienes buscan ocupar esos espacios de poder.
La observación puede ser correcta como descripción de una dinámica criminal. Lo cuestionable es el tono político que transmite. Porque cuando un ministro insiste en explicar los homicidios a partir de conflictos entre narcotraficantes, corre el riesgo de trasladar a la opinión pública una idea implícita: que esas muertes son menos graves, menos alarmantes o menos relevantes porque las víctimas formarían parte del mundo del delito.
Pero un homicidio sigue siendo un homicidio. La violencia extrema sigue siendo violencia extrema. Y el fracaso del Estado para impedir que organizaciones criminales se disputen territorios a sangre y fuego no se vuelve menos preocupante porque los ejecutores y algunas de las víctimas pertenezcan al narcotráfico.
Más aún cuando la propia realidad desmiente cualquier intento de encerrar la violencia criminal dentro de un supuesto universo marginal que no afectaría al resto de la sociedad.
La Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, advirtió semanas atrás ante el Parlamento que el fenómeno ya no puede interpretarse únicamente como enfrentamientos entre narcotraficantes. “Antes había guerra entre bandas de narcotraficantes, pero hoy se están llevando personas que no tienen nada que ver”, alertó. Ferrero también describió como “impresionante” la cantidad de homicidios que registra actualmente el país.
La observación de la máxima jerarca del Ministerio Público resulta particularmente relevante porque proviene de una funcionaria que ha dedicado años a perseguir organizaciones narco y que incluso fue objeto de amenazas y ataques vinculados al crimen organizado. Su advertencia apunta exactamente al aspecto que las declaraciones ministeriales parecen dejar en segundo plano: las víctimas inocentes.
Porque la expansión del narcotráfico no produce únicamente muertos entre quienes participan directamente en actividades criminales. Produce balaceras en barrios enteros, niños alcanzados por disparos, vecinos aterrorizados, comercios afectados, familias desplazadas y comunidades sometidas al control de grupos armados de facto.
La historia reciente de Uruguay está llena de episodios donde las balas destinadas a un objetivo terminaron alcanzando a personas completamente ajenas a cualquier actividad delictiva. Pretender que el problema central es únicamente una guerra entre bandas equivale a ignorar que esas bandas operan en medio de la sociedad y que sus enfrentamientos terminan afectando a miles de ciudadanos honestos.
Las palabras de Negro evocan inevitablemente una de las frases más desafortunadas pronunciadas por autoridades del Ministerio del Interior en los últimos años. En julio de 2014, el entonces subsecretario Jorge Vázquez afirmó: “Si no están vinculados con la delincuencia, al narcotráfico y no tienen problemas familiares importantes, nadie los va a matar”.
Aquella declaración generó indignación porque parecía establecer una jerarquía implícita entre víctimas aceptables y víctimas preocupantes. Como si la condición de una persona pudiera disminuir la gravedad de su asesinato. Como si ciertas muertes merecieran menos atención pública que otras.
Doce años después, el razonamiento subyacente parece reaparecer bajo una formulación distinta. Ya no se dice que a determinadas personas las matan porque están vinculadas al delito. Ahora se enfatiza que los homicidios responden a disputas entre bandas. El efecto político, sin embargo, puede ser similar: desplazar el foco desde la incapacidad estatal para garantizar la seguridad hacia las características de quienes participan en los conflictos.
La ciudadanía no le exige al Estado que determine qué homicidios son más comprensibles que otros. Le exige que los evite.
Cuando once personas son asesinadas en pocos días, la prioridad debería ser explicar cómo se va a recuperar el control de los territorios dominados por organizaciones criminales. No encontrar argumentos que hagan parecer menos alarmante la magnitud de la tragedia.
Porque cada homicidio representa una derrota del Estado de Derecho. Y porque cuando el narcotráfico impone sus reglas mediante el asesinato, las víctimas nunca son solamente quienes integran las bandas. La víctima termina siendo toda la sociedad.
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