Cardama: reserva, dudas fiscales y una disputa que ya es política
Edición Nº 1068 - Viernes 13 de febrero de 2026. Lectura: 3'
 La decisión del gobierno de declarar reservados los informes jurídicos sobre el caso Cardama, sumada a las objeciones iniciales del equipo del fiscal Alejandro Machado sobre la calidad de la evidencia, profundiza las dudas y traslada la disputa al terreno de la transparencia institucional.
El caso del astillero español Cardama sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que trasciende lo contractual y entra de lleno en el terreno institucional: el gobierno declaró como reservada la información vinculada al asesoramiento jurídico en el proceso que derivó en la rescisión del contrato y en la denuncia penal contra la empresa. La oposición anunció que recurrirá a la Justicia. Y, en paralelo, un dato clave vuelve a escena: el equipo del fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Alejandro Machado, había manifestado reparos sobre la calidad de la evidencia presentada por el Poder Ejecutivo.
La investigación periodística de Joaquín Silva en El País reveló que el gobierno resolvió clasificar como reservados los antecedentes jurídicos internos del caso Cardama, una decisión que fue leída por la oposición como un movimiento que restringe el acceso a información de alto interés público. En respuesta, los senadores Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Javier García (Partido Nacional) anunciaron que acudirán a la Justicia para impugnar esa reserva.
El trasfondo del conflicto es conocido. El presidente Yamandú Orsi decidió rescindir el contrato para la construcción de patrullas oceánicas con el astillero español, alegando “fuertes indicios de fraude o estafa” vinculados a la garantía presentada por la empresa. La denuncia fue presentada ante Fiscalía por autoridades del Ejecutivo, dando inicio a una investigación penal.
Sin embargo, según informó también Joaquín Silva en El País, a fines de octubre pasado el equipo del fiscal Alejandro Machado —titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno— había transmitido una postura crítica respecto de la calidad y consistencia de las evidencias aportadas por el gobierno. Las fuentes consignadas en la investigación señalaban que el material presentado no tendría, en esa instancia preliminar, la robustez esperable para sustentar una imputación inmediata.
Ese punto es central.
Porque si el propio equipo fiscal había manifestado reservas técnicas sobre la solidez probatoria del caso, la decisión posterior del Ejecutivo de declarar como reservados los informes jurídicos internos adquiere otra dimensión política. La oposición sostiene que el secretismo, lejos de fortalecer la estrategia judicial, puede alimentar sospechas sobre la consistencia del planteo original.
El fiscal Machado, que enfrenta una carga de trabajo cercana a 1.900 causas en trámite según publicó El País, no ha emitido pronunciamientos públicos concluyentes sobre el fondo del asunto. La investigación sigue abierta y su avance dependerá del análisis de documentación, eventuales pericias y posibles exhortos internacionales. Pero la mención a las observaciones iniciales del equipo fiscal introdujo una variable incómoda para el gobierno.
Desde el oficialismo se argumenta que la reserva responde a la necesidad de proteger la estrategia jurídica del Estado ante eventuales litigios internacionales. En cambio, desde filas blancas y coloradas se replica que, si la denuncia penal es sólida, no debería temerse a la publicidad de los fundamentos técnicos que la respaldan.
Los senadores Ojeda y García adelantaron que recurrirán a la vía judicial para acceder a la documentación clasificada, en lo que promete ser una nueva etapa del conflicto, esta vez en el terreno del acceso a la información pública.
La combinación de factores —denuncia penal, reparos iniciales del equipo fiscal sobre la evidencia, reserva de informes jurídicos y ofensiva opositora— convirtió el caso Cardama en algo más que un diferendo contractual. Hoy es una controversia que pone en tensión tres principios: la transparencia, la estrategia judicial y la credibilidad institucional.
La pregunta que queda flotando no es solo si hubo o no una maniobra fraudulenta por parte del astillero. También es si el manejo político y comunicacional del caso ha sido consistente con el estándar de apertura que el propio gobierno ha reivindicado en otros ámbitos.
El expediente penal seguirá su curso. Pero mientras tanto, la batalla ya se libra en otro plano: el de la confianza pública.
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