La comparecencia de la ministra Sandra Lazo y su equipo ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el pasado martes, tuvo una particularidad que la propia jerarca se encargó de subrayar reiteradamente: se produjo apenas un día antes de la sesión de la Asamblea General convocada para considerar los informes de la comisión investigadora sobre el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas, cuyo capítulo más controvertido es el contrato con el astillero español Cardama.

 

No es una circunstancia menor. Mientras el Parlamento se disponía a examinar lo sucedido con aquella contratación, la ministra debía explicar qué estaba haciendo el actual gobierno para dotar a la Armada Nacional de los buques que necesita. Y su comparecencia tuvo una virtud involuntaria: permitió establecer con absoluta claridad lo poco que se ha avanzado en ese terreno.

 

Las conclusiones de la investigadora merecen un análisis separado. Pero cualquiera sea el juicio que merezca la actuación del gobierno anterior, ello no exonera al actual de explicar qué ha hecho para sustituir los buques cuya construcción decidió cancelar. Una cosa es determinar las responsabilidades por lo ocurrido con Cardama y otra, muy distinta, resolver cómo ejercerá Uruguay la vigilancia y protección de sus espacios marítimos.

 

 

Ante las preguntas de los diputados Maximiliano Campo, del Partido Colorado, y Gabriel Gianoli, del Partido Nacional, la ministra reconoció que no existe expediente administrativo, resolución de inicio de procedimiento, preselección formal de ofertas ni propuestas formalizadas de los astilleros. Tampoco hay una definición comunicada sobre la cantidad de buques que se pretende adquirir, sus características técnicas, sus costos o los plazos previstos.

 

«Por lo tanto, ni hay preselección de ofertas ni hay actos administrativos», afirmó categóricamente Lazo.

 

La confesión es de una gravedad política considerable. En octubre de 2025, cuando el gobierno anunció su decisión de iniciar acciones para rescindir el contrato con Cardama, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, comunicó que se prepararía una nueva licitación. En febrero de este año se dispuso formalmente la rescisión. Casi un año después de aquel primer anuncio, la promesa de una nueva licitación sigue sin materializarse.

 

No estamos hablando de demoras en la construcción de los buques, de dificultades de financiación ni de problemas surgidos durante un procedimiento de compra. Estamos ante una situación bastante más elemental: el procedimiento ni siquiera ha comenzado formalmente.

 

La ministra procuró justificar esa situación distinguiendo entre las declaraciones efectuadas ante la prensa y los anuncios oficiales respaldados por decisiones administrativas. Es una distinción que puede tener sentido jurídico, pero que resulta insuficiente como explicación política. Cuando los principales jerarcas del Poder Ejecutivo anuncian decisiones sobre asuntos estratégicos, no pueden pretender que sus palabras carezcan de consecuencias simplemente porque todavía no fueron trasladadas a un expediente.

 

 

Lazo también intentó desplazar la discusión desde la cantidad de patrulleras hacia la necesidad de contar con un sistema integral de vigilancia marítima. El concepto es atendible. Nadie discute que la protección de nuestros espacios marítimos requiere combinar buques, radares, medios aéreos y otras tecnologías. Pero una formulación estratégica, por acertada que resulte, no sustituye las decisiones concretas. Y, por lo visto, todavía no sabemos qué sistema se pretende implementar, cuánto costará ni cuándo estará disponible.

 

En este punto, el diputado colorado Maximiliano Campo formuló preguntas particularmente pertinentes sobre las especificaciones técnicas de los buques, su capacidad operativa, la disponibilidad de cubierta y hangar para helicópteros y las características del anunciado sistema de vigilancia. No se trataba de reclamar una compra apresurada, sino de conocer si existe siquiera una definición técnica que oriente las decisiones del gobierno. Las respuestas tampoco permitieron despejar esas interrogantes.

 

 

Particularmente llamativo resultó el capítulo relativo al Reino Unido. El pasado 23 de setiembre, el diario argentino La Nación informó que Uruguay evaluaba adquirir hasta dos patrulleros británicos de la clase River, entre tres unidades ofrecidas: HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn. Se trata de embarcaciones incorporadas a comienzos de este siglo, con más de veinte años de servicio, cuyo retiro está previsto por la Marina Real británica para 2028.

 

La alternativa presenta interrogantes que no son menores. Según informó el periódico argentino, la propia Armada uruguaya había formulado reparos técnicos a los buques británicos, entre ellos la ausencia de hangares para helicópteros. Precisamente, las patrulleras nuevas encargadas originalmente a Cardama contemplaban esa capacidad, considerada relevante para ampliar el alcance operativo de la vigilancia marítima.

 

Pero lo verdaderamente significativo es que esas objeciones encontraron una referencia concreta en la comparecencia parlamentaria. El diputado Gianoli afirmó que existe un informe del Estado Mayor de la Armada del que se desprendería la inconveniencia de adquirir esas patrulleras. Por su parte, Campo también interrogó a la ministra sobre la existencia de ese estudio y la evaluación técnica de los buques.

 

 

Lejos de despejar las dudas, la respuesta ministerial agregó un elemento de opacidad. Lazo afirmó que la eventual incorporación de patrulleras británicas no estaba actualmente sobre la mesa. Sin embargo, el director general de Secretaría, Álvaro Colotta, confirmó que el Ministerio había dictado el 30 de setiembre una resolución declarando reservada información vinculada a esa alternativa.

 

Resulta difícil no advertir la paradoja: no existen resoluciones para poner en marcha la adquisición de patrulleras, aunque sí para mantener reservada información sobre una de las opciones consideradas.

 

La ministra terminó amparándose en esa reserva para no proporcionar mayores explicaciones. Así, mientras públicamente se conocen reparos atribuidos a la Armada y en el Parlamento se invoca un informe técnico presuntamente contrario a la operación, el gobierno mantiene fuera del conocimiento de los legisladores los elementos que permitirían establecer si esa alternativa resulta realmente conveniente para el país. Tampoco se conocieron detalles sobre los contactos mantenidos con representantes militares del Reino Unido.

 

 

Pero hay otro aspecto que tampoco puede soslayarse. La eventual adquisición de buques militares británicos tiene implicancias diplomáticas en el contexto de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas. El exministro de Defensa y actual senador Javier García advirtió, precisamente, sobre la señal política que podría representar esa operación para nuestro vecino, cuyo reclamo de soberanía cuenta con el tradicional respaldo uruguayo.

 

La preocupación no es puramente teórica. La tensión entre Buenos Aires y Londres se ha incrementado por la explotación petrolera en el área de las islas, mientras en setiembre la presencia de un estand británico en la Expo Prado que utilizaba la denominación Falkland Islands motivó una controversia diplomática.

 

Desde luego, Uruguay es soberano para decidir con quién adquiere su equipamiento militar. Pero ejercer esa soberanía también supone ponderar las consecuencias diplomáticas de las decisiones, particularmente cuando involucran a un vecino estratégico. Una compra de esta naturaleza requiere, por tanto, no sólo una evaluación técnica rigurosa, sino también un examen de sus implicancias internacionales.

 

 

Otro aspecto preocupante fue la cuestión de la participación de los partidos políticos. Campo, con buen criterio, planteó la conveniencia de involucrar a las distintas fuerzas políticas en una decisión que, por su naturaleza estratégica, trasciende a cualquier administración. El subsecretario Joel Rodríguez admitió que esa posibilidad no está actualmente sobre la mesa, aunque no se encuentra descartada. Al mismo tiempo, cuestionó la experiencia multipartidaria realizada durante el gobierno anterior, por considerar que se proporcionaba información tardía y se negaba el acceso a documentos.

 

La contradicción es evidente. Quienes reclamaban entonces mayor transparencia consideran ahora suficiente prometer que informarán al Parlamento cuando las decisiones ya estén tomadas. Precisamente en una materia que, por su importancia estratégica y sus consecuencias presupuestales, debería procurar los mayores consensos posibles.

 

Campo sintetizó con precisión la incertidumbre que dejó la comparecencia: «No sabemos si realmente están en un proceso para comprar o son buenas intenciones las que tienen». Una observación que va al corazón del problema y que difícilmente pueda despacharse como simple impaciencia opositora.

 

 

Nada de esto significa desconocer las dificultades de una adquisición de estas características. Tampoco implica reclamar decisiones apresuradas o compras improvisadas. La experiencia reciente debería servir, justamente, para extremar las precauciones técnicas, jurídicas y financieras. Pero la prudencia no puede convertirse en una justificación indefinida de la inacción.

 

Las visitas oficiales a instalaciones navales de Perú y Colombia, detalladas por la ministra, pueden resultar útiles para conocer experiencias industriales y explorar alternativas de cooperación. Sin embargo, los contactos internacionales y las declaraciones de intención no reemplazan los procedimientos que corresponde llevar adelante.

 

El Uruguay continúa necesitando medios adecuados para ejercer la vigilancia y el control de sus espacios marítimos. Se trata de una necesidad reconocida por todas las fuerzas políticas, que trasciende gobiernos y períodos legislativos.

 

Al término de la sesión, Gianoli resumió su frustración con una frase: «Vinimos con cero y nos vamos con cero».

 

La cercanía entre la comparecencia ministerial y la sesión de la Asamblea General termina por poner de relieve una cuestión fundamental. Mientras el debate político sigue concentrado en determinar qué ocurrió con Cardama y quiénes son responsables de aquella contratación, el problema que justificó originalmente la compra permanece sin resolver. Uruguay sigue necesitando las patrulleras que entonces se procuró adquirir y todavía no tiene un camino formalmente definido para obtenerlas.

 

El gobierno tiene derecho a cuestionar la contratación anterior, a rescindirla si entiende que existen fundamentos jurídicos suficientes y a reclamar las responsabilidades correspondientes. Pero también tiene la obligación de proporcionar una solución. Deshacer una contratación no equivale a resolver el problema que la hizo necesaria.

 

La soberanía marítima no se protege con anuncios ni con investigaciones parlamentarias, por necesarias que estas puedan resultar.