Correo de los Viernes - Cardama: del presunto fraude al escrache político

Cardama: del presunto fraude al escrache político

Viernes 28 de agosto de 2026. Lectura: 6'

La comisión investigadora terminó sin encontrar una conclusión compartida y produjo cuatro informes diferentes. Sin embargo, el Frente Amplio presentó su lectura del caso Cardama como si el Parlamento hubiera dictado un veredicto contra el gobierno anterior y, especialmente, contra Luis Lacalle Pou. Las irregularidades vinculadas a las garantías deben investigarse hasta las últimas consecuencias. Otra cosa muy distinta es utilizarlas para construir responsabilidades que la propia investigación parlamentaria no logró demostrar.

El lunes 24 de agosto, el Frente Amplio reunió a sus principales representantes en la comisión investigadora del caso Cardama y al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para presentar públicamente sus conclusiones. El escenario elegido fue político y el mensaje también: el expresidente Luis Lacalle Pou fue colocado en el centro de las responsabilidades.

Conviene, antes que nada, ordenar los hechos.

La comisión había culminado sus trabajos el viernes 21 de agosto, luego de seis meses y 17 sesiones. Pero no produjo una conclusión común. Fueron elevados a la Asamblea General cuatro informes distintos: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana, otro de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. Por tanto, no existe hasta ahora un “veredicto parlamentario” sobre Cardama sino interpretaciones políticas enfrentadas que deberán discutirse en la Asamblea General, mientras las cuestiones eventualmente penales corresponden a la Justicia.

Sin embargo, el senador frenteamplista Nicolás Viera afirmó en la conferencia que Lacalle Pou era “el primer responsable político” de la situación, debido al respaldo que brindó durante su gobierno al proceso de adquisición de las dos patrulleras oceánicas. Fernando Pereira fue todavía más lejos en la retórica: “Nos quisieron estafar. Que había joda”, afirmó.

La palabra “joda” no es inocente. En el lenguaje político uruguayo sugiere mucho más que una falla administrativa, un error de control o incluso un fraude cometido por un proveedor contra el Estado. Sugiere complicidad, connivencia o corrupción. Y justamente eso es lo que la investigación parlamentaria no consiguió probar respecto de Lacalle Pou, Javier García o los integrantes del gobierno anterior.

El propio diputado Joaquín Garlo, encargado de exponer los elementos que el Frente Amplio considera de “apariencia delictiva”, ubicó como principal responsable al astillero Cardama. El oficialismo señala documentación falsa relacionada con las garantías, prórrogas insuficientemente documentadas y pagos realizados sin determinados recaudos, y pretende que Fiscalía investigue si existieron responsabilidades de funcionarios públicos por acción u omisión. El informe frenteamplista, además, no adjudica delitos ni responsabilidades penales individualizadas: reclama precisamente que sean investigadas.

Esa diferencia es fundamental.

Que Cardama haya presentado una garantía inexistente o falsa —como sostiene el gobierno y como el propio Poder Ejecutivo afirmó públicamente al iniciar las acciones contra la empresa— es gravísimo. El presidente Yamandú Orsi habló inicialmente de “fuertes indicios de fraude o estafa” y posteriormente el gobierno formalizó, el 13 de febrero de 2026, la rescisión del contrato y dispuso acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales.

Pero una eventual estafa de Cardama contra Uruguay no prueba que el gobierno de Lacalle Pou haya participado de ella.

Ese salto es precisamente el centro de la discusión política.

Gerardo Sotelo lo ha planteado en términos particularmente duros. El diputado independiente sostiene que se construyó una “Operación Cardama” destinada a involucrar políticamente a Lacalle Pou y calificó esa forma de proceder como “chavismo de baja intensidad”. Su expresión es deliberadamente áspera, pero apunta a una cuestión que merece ser considerada: después de meses de investigación, no apareció prueba de corrupción atribuible a los integrantes del gobierno anterior.

Sotelo también puso el dedo sobre otra llaga que el discurso oficialista procura dejar en segundo plano: la rescisión.

La Coalición Republicana sostiene que el gobierno no explicó satisfactoriamente cuáles fueron los cálculos económicos, jurídicos y operativos que demostraban que rescindir unilateralmente era preferible a exigir la sustitución de las garantías, intimar el cumplimiento del contrato o explorar alguna solución que permitiera recibir las patrulleras. Sotelo resumió esa crítica señalando que Uruguay sigue sin conocer los fundamentos de una “rescisión a todas luces ruinosa”.

Y el problema dejó de ser teórico.

Uruguay ya había desembolsado 28,79 millones de euros y ahora procura recuperarlos mediante una demanda civil contra Cardama. Al mismo tiempo, el astillero inició un arbitraje internacional ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por la rescisión del contrato. El desenlace económico todavía es incierto.

También quedó documentado que el actual gobierno efectuó pagos mientras el contrato continuaba vigente. El Frente Amplio explica que el denominado Hito C, por 12,34 millones de euros, estaba instrumentado mediante una carta de crédito irrevocable abierta antes del cambio de gobierno y que en aquel momento todavía no se habían detectado las irregularidades que posteriormente motivaron la ruptura contractual. La explicación puede ser atendible, pero demuestra algo importante: la historia es bastante más compleja que la caricatura de un gobierno anterior entregando alegremente dinero público a una empresa fraudulenta.

Javier García introdujo, además, un elemento político imposible de ignorar.

El exministro observó que prácticamente al mismo tiempo que el presidente del Frente Amplio y sus legisladores realizaban un durísimo señalamiento contra Lacalle Pou, el presidente Orsi convocaba a los partidos a mantener un diálogo político de alto nivel. García interpretó esa simultaneidad como confirmación de que Cardama tiene “un solo objetivo”, que calificó de “político electoral: Lacalle Pou”.

Puede discutirse si esa coincidencia alcanza para demostrar semejante intención. Pero la contradicción política existe.

No resulta razonable reclamar diálogo institucional por la tarde y permitir que por la mañana la principal fuerza que sostiene al gobierno acuse al expresidente de haber avalado un fraude sin que exista pronunciamiento judicial alguno que lo vincule penalmente con semejante conducta. El diálogo democrático exige algo más que sentarse alrededor de una mesa: exige también cuidar los límites entre la legítima confrontación política y la imputación irresponsable.

Y eso es precisamente lo que la conferencia del Frente Amplio del 24 de agosto parece haber desdibujado.

Cardama debe ser investigado. Las garantías deben investigarse. Debe establecerse quién elaboró documentos falsos, quién los presentó, quién tenía la obligación de controlarlos y si hubo funcionarios que incumplieron deliberadamente sus deberes. Si aparecen delitos, corresponde que sus responsables —empresarios, funcionarios o jerarcas— respondan ante la Justicia.

Pero eso no habilita a transformar una investigación inconclusa en un mecanismo de escrache.

La comisión investigadora no encontró una trama de corrupción encabezada por Lacalle Pou. Ni siquiera produjo un informe consensuado que sostuviera semejante cosa. Produjo cuatro documentos enfrentados y remitió los antecedentes para que actúen las instituciones competentes.

El Frente Amplio tiene todo el derecho de formular su interpretación política. Lo que no debería hacer es presentar esa interpretación como si fuera una conclusión objetiva del Parlamento.

En ese sentido, la advertencia de Sotelo es de recibo. Cuando una investigación política no produce la prueba buscada y la respuesta consiste en aumentar el volumen de las acusaciones, el problema comienza a dejar de ser Cardama.

Pasa a ser la forma en que se utiliza el poder.

Y allí también tiene razón Javier García: si el gobierno pretende construir ámbitos de diálogo y cooperación con la oposición, debe empezar por comprender que no se puede reclamar confianza mientras simultáneamente se intenta convertir al principal dirigente opositor en culpable de un delito que nadie ha probado.

Cardama puede haber intentado defraudar al Estado uruguayo. Eso deberá determinarlo la Justicia.

Convertir ese eventual fraude en una operación para alcanzar políticamente a Luis Lacalle Pou es otra cosa.

Y, hasta ahora, para esa acusación, faltan las pruebas.