¿“Capitalismo popular” emepepista?
Edición Nº 1072 - Viernes 13 de marzo de 2026. Lectura: 5'
 La propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, de abrir parte del capital de las empresas del Estado al ahorro de los propios uruguayos desató un debate político inmediato y revelador. Más allá de las reacciones previsibles —entre el entusiasmo pragmático y el reflejo dogmático— la idea obliga a discutir algo más profundo: cómo financiar la expansión de las empresas del Estado, qué cambios institucionales exigiría y hasta qué punto la izquierda uruguaya está dispuesta a revisar viejos tabúes ideológicos frente a los desafíos de la economía real.
La propuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez de permitir que ciudadanos uruguayos puedan comprar acciones de empresas públicas generó una inmediata discusión política. El planteo no sólo reaviva una vieja idea que en su momento había insinuado José Mujica, sino que además abre un debate más profundo sobre el futuro del modelo de empresas del Estado en Uruguay.
Más allá de las reacciones inmediatas —algunas entusiastas y otras abiertamente hostiles—, lo cierto es que el tema toca un nervio sensible del sistema económico uruguayo: la relación entre propiedad estatal, financiamiento de inversiones y participación del capital privado.
Qué propuso exactamente Sánchez
La discusión comenzó cuando Sánchez explicó en una entrevista radial que Uruguay debería analizar mecanismos para que los ciudadanos pudieran invertir en empresas públicas. En diálogo con La Diaria Radio sostuvo que el país necesita “defender a las empresas públicas, pero también darles recursos para que puedan transformarse en empresas trasnacionales”.
En ese marco planteó la posibilidad de abrir parte del capital accionario de algunas empresas estatales al ahorro de los propios uruguayos, lo que permitiría canalizar inversión privada hacia proyectos de expansión sin perder el control estatal. La idea, según explicó, no implicaría privatizar las empresas sino habilitar una participación minoritaria de capital privado.
La propuesta despertó interés incluso en ámbitos financieros, donde algunos analistas señalaron que podría generar nuevas alternativas de ahorro y financiamiento en el mercado de capitales uruguayo.
Una idea más compleja de lo que parece
Sin embargo, el planteo enfrenta un problema evidente: su implementación no sería sencilla.
Abrir el capital de empresas públicas implicaría cambios jurídicos de gran envergadura. En primer lugar, habría que modificar marcos legales que regulan la naturaleza de los entes autónomos y servicios descentralizados. Pero además podrían requerirse reformas constitucionales, dependiendo de la estructura que se adopte.
La historia reciente ofrece una advertencia elocuente. La coexistencia entre un ente autónomo y una sociedad anónima en el caso de Pluna terminó siendo un fracaso institucional y financiero. Aquella experiencia mostró los problemas que surgen cuando se mezclan lógicas empresariales privadas con estructuras jurídicas estatales mal diseñadas.
Por eso, cualquier apertura accionaria exigiría redefinir cuestiones centrales como:
- la gobernanza de las empresas
- el régimen de control estatal
- los derechos de los accionistas privados
- los mecanismos de toma de decisiones
En ese contexto, algunos especialistas advierten que el asunto es mucho más complejo de lo que sugiere la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien ha señalado que la propuesta podría estudiarse como una forma “más inteligente” de financiar proyectos nacionales.
La cuestión de fondo no es sólo financiera, sino institucional.
Y en ese sentido tampoco es cabalmente cierto lo que la ministra señaló en cuanto a de “que la gente ya es accionista [de las empresas públicas] porque son del Estado”. Esa es una mera formalidad. La realidad cotidiana indica otra cosa.
Furia dogmática del Partido Comunista
Las primeras críticas dentro del propio oficialismo provinieron del Partido Comunista del Uruguay (¡vaya sorpresa!), que reaccionó con el reflejo ideológico que lo caracteriza.
Florencia Leymonié, exsecretaria general de Sutel y dirigente del PCU, reaccionó con furia estalinista a la propuesta de Sánchez: “Es evidente que sus preocupaciones son funcionales a la clase que oprime. Aplaudido por la derecha privatizadora, debería darle vergüenza. Que alguien ate al perro burgués”. Y en respuesta a la diputada Julieta Sierra del MPP, que apoyó la propuesta, bramó: “Ahora privatizar se llama innovación. Mamita… Cursos de dogma a la clase trabajadora que somos los que bancamos a los ricos. Polemizar fuera de la caja sería plantear un sistema diferente al capitalismo. No destrozar lo poco que tenemos a favor del pueblo”.
No sorprende. Para el PCU —y otros grupos del Frente Amplio— las empresas estatales siguen siendo un tabú ideológico.
Un debate saludable y una señal de maduración política
Más allá de esas resistencias, la discusión tiene un valor político relevante.
El hecho de que un dirigente del Movimiento de Participación Popular plantee la posibilidad de abrir parcialmente el capital de empresas públicas refleja una evolución conceptual dentro del principal sector del Frente Amplio.
Durante décadas, la izquierda uruguaya trató el tema de las empresas estatales desde una lógica casi doctrinaria. Hoy, sin embargo, comienzan a aparecer voces dentro del propio oficialismo que reconocen la necesidad de pensar nuevos mecanismos de financiamiento y gestión.
En ese sentido, el planteo de Sánchez puede interpretarse como una señal de pragmatismo político frente al dogmatismo de otros sectores de la coalición.
El antecedente del “capitalismo popular”
La idea tampoco es novedosa en términos internacionales.
En la década de 1980, la primera ministra británica Margaret Thatcher impulsó un modelo conocido como “capitalismo popular”. A través de ese sistema se privatizaron empresas públicas, entre otras cosas, permitiendo que millones de ciudadanos adquirieran acciones.
El objetivo era ampliar la propiedad del capital en la sociedad y fortalecer el mercado financiero.
Naturalmente, el contexto uruguayo es distinto y la propuesta actual no apunta a privatizaciones totales. Pero el antecedente demuestra que la participación ciudadana en empresas públicas puede diseñarse de múltiples maneras, sin caer necesariamente en soluciones ideológicas extremas.
Sin dogmas
Por ahora, la propuesta de Sánchez está lejos de convertirse en una política concreta. Incluso fue convocado al Parlamento para explicar con mayor detalle la idea.
Sin embargo, el simple hecho de que el debate exista ya es significativo.
Las empresas públicas uruguayas enfrentan desafíos crecientes en materia de inversión, innovación y expansión internacional. Negarse a discutir alternativas por razones ideológicas sería una forma de inmovilismo.
La clave, como suele ocurrir en economía, no está en los dogmas sino en el diseño institucional. Y esa es precisamente la discusión que recién empieza y ojalá continúe y no se diluya en una mera anécdota de verano.
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