Calarcá y la sombra sobre el Estado colombiano
Viernes 5 de diciembre de 2025. Lectura: 3'
 La crisis desatada por los archivos Calarcá revela un país donde la frontera entre el poder y la ilegalidad vuelve a desdibujarse.
Las revelaciones contenidas en los conocidos como “archivos Calarcá” han sacudido la estructura del Estado colombiano y plantean dudas graves sobre la integridad institucional del país. Según la investigación periodística difundida por varios medios, los dispositivos incautados a alias Calarcá —uno de los jefes de las disidencias de FARC— contienen comunicaciones, correos, chats, fotografías y documentos que sugieren vínculos directos entre esa organización armada ilegal y altos mandos del Ejército Nacional y de los servicios de inteligencia.
Entre los nombres señalados aparecen el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según los documentos, estos funcionarios habrían facilitado información estratégica, rutas de movilidad, protección logística e incluso la creación de una empresa de seguridad “fachada” para favorecer a la disidencia, además de coordinar supuestamente pactos de no agresión con grupos armados ilegales.
El impacto del escándalo ha sido inmediato. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación penal formal, y la Procuraduría declaró la suspensión provisional del general Huertas y de Mejía a la espera de que se acredite o descarte su eventual responsabilidad. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se ha conformado un equipo especializado para avanzar con la línea de investigación financiera, al encontrar una “gran cantidad de información de carácter financiero” asociada al grupo ilegal que permitiría rastrear flujos de dinero vinculados al financiamiento de operaciones de la disidencia.
El gobierno, por su parte, vive una crisis de credibilidad. En un primer momento, algunos sectores intentaron minimizar la magnitud del escándalo. Pero la presión institucional y mediática forzó al presidente Gustavo Petro a ordenar exámenes forenses a los chats y archivos incautados, reconociendo públicamente “serias dudas” sobre su autenticidad y solicitando una verificación rigurosa.
Para muchos analistas y exautoridades —como el expresidente César Gaviria— lo ocurrido representa un “grave riesgo institucional” que puede socavar las bases mismas de la legalidad y la seguridad estatal. Al mismo tiempo, se alzan voces que denuncian que no es un hecho aislado, sino un episodio más de una historia de infiltración y corrupción que ha cruzado gobiernos y periodos, reforzando la impunidad y el debilitamiento del Estado.
Para Colombia, el escándalo no solo compromete la credibilidad del gobierno en su gestión de la seguridad pública, sino que amenaza su repuesta institucional ante el crimen organizado. Si se comprobara que altos mandos del Ejército y de inteligencia facilitaron operaciones de disidencias armadas, estaríamos ante un quiebre institucional que debilita la legitimidad del Estado, compromete la confianza ciudadana y pone en jaque la estabilidad democrática.
El futuro inmediato dependerá de la transparencia de la investigación, del rigor judicial y de la voluntad política para perseguir los responsables sin sesgos. También será clave afrontar con decisión las reformas estructurales que impidan que este tipo de infiltraciones se repitan: controles efectivos, depuración de instituciones, fortalecimiento de órganos de inteligencia independientes, y supervisión internacional.
El affaire Calarcá es una prueba de fuego para Colombia y institucionalidad.
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