COFE y la lógica del reclamo permanente
Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 5'
 Mientras el gobierno intenta contener el gasto en un escenario de desaceleración económica y fragilidad fiscal, COFE y el PIT-CNT denuncian una Rendición de Cuentas de “costo cero” y reclaman más recursos para el sector público. El conflicto reabre una discusión de fondo: hasta qué punto el Estado puede seguir expandiendo partidas presupuestales cuando los sindicatos parecen inmunes a cualquier restricción económica y rara vez se sienten obligados a rendir cuentas por los resultados de las estructuras que defienden.
La discusión por la Rendición de Cuentas abrió uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de Yamandú Orsi y los sindicatos del sector público. En el centro de la controversia se encuentra la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que cuestionó duramente los lineamientos presupuestales definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), denunció una política de “ajuste” y anunció medidas sindicales para presionar por mayores recursos.
El conflicto se produce en un contexto económico particularmente complejo. Las perspectivas de crecimiento fueron corregidas a la baja, el margen fiscal aparece cada vez más estrecho y el propio gobierno ha transmitido señales de cautela respecto de la expansión del gasto público. Sin embargo, la reacción sindical parece responder a una lógica ya conocida en Uruguay: independientemente de la situación económica general, el reclamo siempre es más gasto.
COFE expresó su rechazo a los criterios definidos para la próxima Rendición de Cuentas, sosteniendo que el Poder Ejecutivo impulsa una política de “ajuste y costo cero”. En un comunicado difundido por la organización, se cuestionó que las nuevas iniciativas deban financiarse mediante reasignaciones internas y sin incrementos netos de crédito presupuestal. Según el sindicato, el objetivo del gobierno sería, según José Lorenzo “Joselo” López, que “los números cierren a cualquier costo”.
La organización también reclamó la convocatoria urgente de los ámbitos de negociación colectiva previstos por la Ley 18.508 y comenzó a coordinar acciones junto al PIT-CNT para enfrentar los lineamientos presupuestales del Ejecutivo. Según informó La Diaria, COFE impulsará una convocatoria urgente del Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector público para discutir la orientación de la Rendición de Cuentas.
La preocupación sindical fue reforzada en los últimos días por dirigentes del PIT-CNT, que manifestaron “mucha preocupación” respecto de las pautas transmitidas por el Ministerio de Economía. El tema incluso fue incorporado como uno de los ejes centrales de futuras movilizaciones sindicales.
Más allá de los detalles específicos del conflicto, la discusión vuelve a poner sobre la mesa un problema más profundo: la relación entre el crecimiento del gasto estatal y la ausencia de una reflexión equivalente sobre los resultados obtenidos.
La discusión planteada por COFE resulta ilustrativa en ese sentido. El sindicato cuestiona la inexistencia de incrementos netos del gasto y denuncia restricciones presupuestales, pero prácticamente no existe una reflexión equivalente acerca de la eficiencia del Estado, la calidad de los servicios prestados, la productividad de los organismos o la capacidad real de la administración pública para responder a las demandas ciudadanas.
La lógica parece ser siempre la misma: si existen problemas, faltan recursos; si los recursos aumentan y los problemas persisten, siguen faltando recursos.
Se trata de un fenómeno que trasciende a COFE y que atraviesa a todo el sindicalismo uruguayo. La demanda presupuestal se presenta como un objetivo permanente, relativamente independiente del contexto económico, del nivel de déficit fiscal o de los resultados obtenidos por las estructuras financiadas con esos recursos.
Las propias expresiones utilizadas por la organización sindical reflejan esa lógica. El criterio de “costo cero” es rechazado porque impediría expandir políticas públicas. Pero casi no existe discusión sobre la posibilidad de reasignar recursos desde programas ineficientes, reducir estructuras redundantes o exigir mayores niveles de desempeño a organismos que desde hace años presentan problemas notorios de gestión.
El trasfondo del debate es aún más relevante cuando se observan las condiciones macroeconómicas actuales.
Las proyecciones económicas se han deteriorado progresivamente. Los expertos convocados por el Ministerio de Economía corrigieron a la baja las estimaciones de crecimiento potencial y advirtieron sobre un escenario de expansión más débil para los próximos años. Menor crecimiento implica menores ingresos fiscales, mayores dificultades para financiar gasto permanente y una presión creciente sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Sin embargo, esos elementos parecen tener una incidencia muy limitada sobre las demandas sindicales. Las advertencias fiscales, los informes técnicos o las restricciones presupuestales son percibidos como obstáculos políticos a remover, no como variables objetivas que deban condicionar las reivindicaciones.
El resultado es una dinámica previsible: el Estado enfrenta restricciones, los sindicatos reclaman más gasto, el gobierno intenta moderar expectativas y la presión se traslada a la arena política bajo la amenaza de conflictos, movilizaciones o paros.
Lo llamativo es que esta lógica parece funcionar con independencia de cualquier resultado económico. Si el país crece, se reclama una mayor participación en los beneficios del crecimiento. Si el país se desacelera, se reclama una expansión del gasto para sostener derechos. Si existe déficit, se reclama aumentar recursos. Si el déficit se reduce, se reclama aprovechar el margen fiscal disponible. La conclusión es siempre la misma.
Por eso, el desafío que enfrenta el gobierno de Orsi excede ampliamente la discusión puntual de esta Rendición de Cuentas.
La cuestión de fondo es si el Poder Ejecutivo está dispuesto a sostener algún criterio de disciplina fiscal frente a actores corporativos cuya demanda de recursos es estructuralmente expansiva y cuya disposición a incorporar restricciones económicas en sus planteos parece prácticamente inexistente.
Nadie discute que existan áreas estatales con necesidades reales. Tampoco que puedan requerirse inversiones específicas para mejorar determinados servicios públicos. Pero una administración responsable no puede limitarse a responder automáticamente a cada reclamo sectorial. Debe evaluar prioridades, medir resultados y considerar la situación general del país.
Y cuando esa lógica demandante se vuelve permanente, la discusión deja de ser presupuestal para transformarse en algo mucho más profundo: una disputa sobre si el Estado debe organizarse en función de las posibilidades reales del país o de las demandas infinitas de quienes viven de él.
|
|
 |
El elefante en el bazar
|
Hay para leer
Julio María Sanguinetti
|
“El Pebi”, un técnico, un amigo
|
Carlos Negro en modo “Jorge Vázquez”
|
¿Qué hace Uruguay en el escaparate de Putin?
|
Uruguay de nuevo en la lista negra de la OIT
|
ANEP y el reflejo de una demanda infinita
|
COFE y la lógica del reclamo permanente
|
La policía del pensamiento
Luis Hierro López
|
La “genialidad” comunista
Santiago Torres
|
Dos temas: Congreso de la Federación Rural y el improcedente agradecimiento por “archivo” de la denuncia por dumping lácteo por parte de Brasil.
Tomás Laguna
|
Cuando recaudar importa más que producir
Juan Carlos Nogueira
|
El mejor plan social sigue siendo una oportunidad
Angelina Rios
|
Laicidad: mucho más que la separación entre Iglesia y Estado
Marcela Pérez Pascual
|
La prioridad postergada
Alicia Quagliata
|
Bolivia: cuando la protesta deja de ser protesta
|
Colombia se encamina a una segunda vuelta marcada por la polarización y la crisis de representación
|
Henry Nowak y el caso que sacudió al Reino Unido
|
Brooklyn Rivera: el último acto de crueldad de la dictadura de los Ortega-Murillo
|
Frases Célebres 1083
|
Así si, Así no
|
|
