Correo de los Viernes - Brasil: el Supremo se desordena y la elección se cierra

Brasil: el Supremo se desordena y la elección se cierra

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 15'

La crisis desatada por las relaciones entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro ya no compromete solamente a un ministro: enfrenta a magistrados, alcanza a la Procuraduría General, sacude a la Policía Federal y obligó al presidente del Supremo a intervenir. Mientras tanto, Lula y Flávio Bolsonaro llegan prácticamente empatados al tramo decisivo de una elección en la que Augusto Cury procura convertir el hartazgo con ambos bloques en una alternativa política.

Brasil ha ingresado en el último mes de la campaña electoral bajo dos tensiones que se alimentan mutuamente. Por un lado, la competencia entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se ha estrechado hasta borrar cualquier certeza sobre el resultado. Por otro, el Supremo Tribunal Federal —STF— atraviesa una crisis interna sin precedentes recientes, desencadenada por el caso Banco Master, pero agravada por la guerra abierta entre sus propios integrantes.

La situación ha cambiado sustancialmente en pocos días. Lo que comenzó como un escándalo sobre los vínculos de Alexandre de Moraes con el banquero Daniel Vorcaro terminó provocando decisiones contradictorias de tres ministros del Supremo, el fugaz apartamiento de la cúpula de la Policía Federal, la intervención de Edson Fachin y la convocatoria a una sesión extraordinaria del tribunal para el próximo 15 de setiembre.

Ya no se discute solamente si Moraes actuó indebidamente. También se discute quién puede investigarlo, si André Mendonça utilizó sus potestades con finalidad política, si la Policía Federal produjo informes de inteligencia contra magistrados y si el propio Supremo conserva capacidad para investigar a sus miembros sin protegerlos ni ajustar cuentas entre ellos.

Las explicaciones que Moraes todavía debe dar

El núcleo original del escándalo permanece intacto. La Policía Federal encontró en el teléfono de Daniel Vorcaro mensajes, documentos y metadatos que revelan una relación estrecha entre el expropietario del Banco Master y Alexandre de Moraes.

El estudio jurídico dirigido por Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro, suscribió con el banco un contrato que preveía pagos mensuales por un total cercano a los 131 millones de reales. Los metadatos indican que el propio Moraes introdujo modificaciones en una de las versiones del documento. El estudio explicó que el magistrado fue consultado únicamente para determinar si existía algún impedimento legal, dado que su esposa era una de las partes contratantes.

Sin embargo, los documentos remitidos a la investigación indican que el estudio habría recibido más de 80 millones de reales entre 2024 y 2025. Las comunicaciones internas del banco también muestran que Vorcaro consideraba esos pagos especialmente importantes y ordenaba que no se retrasaran, incluso cuando no estuviera disponible la correspondiente documentación fiscal.

A ello se suman por lo menos seis encuentros entre Vorcaro y Moraes, invitaciones especiales para los hijos del ministro y una segunda propuesta contractual por otros 50 millones de reales. Esta última contemplaba que 40 millones fueran pagados mediante participaciones en un avión y un helicóptero. El estudio sostiene que esa propuesta fue rechazada y que nunca se firmó un segundo contrato.

Lo más grave son los mensajes enviados por Vorcaro cuando la Policía Federal se disponía a detenerlo. El banquero preguntó a Moraes si debía abandonar Brasil, procuró saber cuándo se adoptarían las medidas en su contra y le pidió que intercediera ante el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y ante el procurador general de la República, Paulo Gonet.

Las respuestas de Moraes no pudieron ser recuperadas, porque ambos utilizaban capturas de pantalla enviadas mediante el sistema de visualización única. Tampoco existe hasta ahora constancia de que el ministro haya realizado las gestiones solicitadas o recibido personalmente dinero del Banco Master.

Esas precisiones son indispensables: no está probado que Moraes haya cometido corrupción ni que facilitara la fuga de información judicial. Pero los indicios son suficientemente graves como para reclamar una investigación independiente. No se trata únicamente del contenido de los mensajes, sino de la familiaridad con la que un banquero investigado recurría a un ministro del Supremo cuya familia recibía pagos millonarios de su empresa.

La apariencia de imparcialidad forma parte de la imparcialidad. Aunque se demostrara que Moraes no atendió ninguno de los pedidos, seguiría pendiente una explicación convincente sobre la participación en el contrato de su esposa, la magnitud de los honorarios, la frecuencia de los encuentros y los beneficios concedidos a integrantes de su familia.

Al cierre de esta nota, Moraes había anunciado un pronunciamiento público para este jueves, después de varios días sin responder detalladamente sobre las nuevas revelaciones.

De la sospecha a la guerra interna

André Mendonça, ministro nombrado por Jair Bolsonaro y relator del caso Master, fue quien ordenó divulgar el informe policial. Moraes respondió incorporando al expediente de las noticias falsas una solicitud para que se investigara a su colega por posibles delitos de abuso de autoridad, improbidad administrativa y favorecimiento político.

La disputa escaló cuando Mendonça ordenó apartar preventivamente al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al director de Inteligencia, Leandro Almada. El ministro sostuvo que existían indicios de que la Policía había elaborado informes de inteligencia dirigidos contra integrantes del Supremo y otras autoridades.

La decisión de Mendonça fue inmediatamente cuestionada por el gobierno de Lula, que la consideró una intromisión judicial en la facultad presidencial de nombrar al jefe de la Policía Federal. Flávio Dino, también integrante del STF y exministro de Justicia de Lula, anuló el apartamiento y restituyó a ambos funcionarios, utilizando para ello un expediente relacionado con la financiación de una película sobre Jair Bolsonaro.

Juristas brasileños han cuestionado las dos decisiones. Mendonça habría avanzado sobre una potestad del Poder Ejecutivo y adoptado una medida de enorme gravedad mediante una resolución individual. Dino, a su vez, habría utilizado un proceso diferente para neutralizar la resolución de su colega y proteger investigaciones que podían afectar electoralmente a Flávio Bolsonaro.

El espectáculo fue devastador para el Supremo: un ministro destituyó al jefe de la Policía Federal, otro lo repuso pocas horas después y una de las salas del tribunal comenzó a pronunciarse mientras otros magistrados buscaban trasladar el asunto al plenario.

Edson Fachin, presidente de la Corte, terminó suspendiendo las decisiones de Mendonça y Dino, mantuvo provisoriamente a Rodrigues en su cargo y concentró bajo la Presidencia todas las actuaciones relacionadas con posibles investigaciones a integrantes del STF. Fachin sostuvo que las resoluciones contradictorias habían provocado una “grave lesión al orden público”.

La intervención más significativa fue otra: Fachin retiró a Alexandre de Moraes la relatoría del llamado expediente de las noticias falsas, abierto en 2019 y mantenido durante más de siete años. Las decisiones ya adoptadas continúan vigentes, pero el presidente del Supremo asumirá la conducción del proceso y ha manifestado su intención de encaminarlo hacia su conclusión.

La medida representa un golpe político para Moraes. El expediente de las noticias falsas fue la herramienta mediante la cual el ministro adquirió facultades extraordinarias para investigar amenazas contra el tribunal, redes de desinformación y grupos vinculados con el bolsonarismo. Que ahora sea apartado de su conducción demuestra que Fachin ya no considera sostenible que continúe concentrando semejante poder mientras existen sospechas sobre su propia conducta.

Una Procuraduría bajo sospecha

La crisis tampoco termina en el Supremo. Paulo Gonet, procurador general de la República, pidió anular el informe policial que reveló las comunicaciones entre Moraes y Vorcaro. Su argumento es jurídicamente atendible: Mendonça no podía ordenar una investigación específica sobre otro ministro sin comunicarlo previamente al presidente del STF y obtener la correspondiente autorización.

Pero Gonet aparece mencionado en los propios mensajes de Vorcaro. El banquero pedía que Moraes intercediera ante él y ante el jefe de la Policía Federal. También existen referencias a gestiones para que un hijo del procurador participara, con los gastos pagos por Vorcaro, en un foro jurídico que finalmente no se realizó.

Por esa razón, la Orden de Abogados de Brasil pidió que Gonet se aparte personalmente del caso y que la Procuraduría sea representada por su sustituto legal. El planteo no equivale a atribuirle un delito, pero señala un conflicto evidente: quien aparece mencionado en los documentos no debería ser la misma persona que decida si esos documentos son válidos o deben ser anulados.

El dilema resume la profundidad del problema. Moraes no puede investigarse a sí mismo; Mendonça no debería investigar a un colega mediante procedimientos excepcionales; Gonet no puede evaluar con plena independencia un informe en el que aparece mencionado; y la Policía Federal está acusada de haber elaborado documentos con orientación política.

El Supremo se reunirá el 15 de setiembre para decidir si corresponde abrir una investigación formal contra Moraes y bajo qué procedimiento debe tramitarse. Hasta entonces, Fachin suspendió nuevas diligencias contra ministros sin autorización de la Presidencia de la Corte.

El caso Master se extiende hacia la política

El Banco Master no construyó sus relaciones dentro de un único sector ideológico. Vorcaro tejió vínculos con dirigentes, funcionarios, magistrados y empresarios pertenecientes a espacios políticos enfrentados.

Esa extensión impide que el bolsonarismo se apropie cómodamente del escándalo. Flávio Bolsonaro aparece involucrado en las gestiones para obtener financiación para Dark Horse, una película sobre la vida de su padre. Según la investigación, Vorcaro habría negociado aportes por 134 millones de reales y desembolsado al menos 63,7 millones.

Mendonça homologó ahora la colaboración premiada de un empresario señalado como operador financiero de Vorcaro. El colaborador admitió haber realizado operaciones sin respaldo y movimientos de dinero en efectivo, y parte de los fondos investigados habría terminado en un fondo estadounidense relacionado con la producción de la película. La homologación permite investigar la información, pero no convierte automáticamente las declaraciones en hechos probados.

Lula procura aprovechar esa derivación. Ha pedido que se levante completamente el secreto de la investigación, “duela a quien le duela”, y acusa a sus adversarios de seleccionar filtraciones para perjudicar al gobierno y proteger a Flávio Bolsonaro.

El candidato del Partido Liberal hace exactamente lo contrario: utiliza el desgaste de Moraes, el enfrentamiento con Mendonça y las sospechas sobre la Policía Federal para sostener que el gobierno controla los órganos de investigación y que el Supremo se convirtió en un actor político aliado al lulismo.

Ambos relatos contienen una parte de la realidad y ocultan otra. Moraes mantuvo durante años una relación de confrontación directa con el bolsonarismo y algunas de sus decisiones excedieron los límites razonables de una justicia constitucional. Pero eso no elimina las conexiones entre Vorcaro y dirigentes bolsonaristas. Del mismo modo, Lula puede reclamar transparencia, pero su gobierno actuó rápidamente para impedir el apartamiento del jefe de la Policía Federal y aislar a Mendonça dentro del Supremo.

Lula y Flávio, cada vez más cerca

Las nuevas encuestas muestran una elección más cerrada que hace una semana.

El estudio Meio/Ideia, divulgado el miércoles, coloca a Lula con 38,4% y a Flávio Bolsonaro con 37,3% en la primera vuelta. En una eventual segunda vuelta aparecen exactamente igualados, con 46% cada uno. En agosto, Lula obtenía 43% y Flávio 35%, por lo que la distancia se redujo sensiblemente.

La encuesta BTG/Nexus ofrece un cuadro parecido: Lula alcanza 39%, Flávio 35% y Augusto Cury 9%. En la segunda vuelta, Flávio aparece numéricamente por delante, con 46% frente a 45%, aunque la diferencia se encuentra dentro del margen de error.

Otro estudio, de Palver, registra 40% para Lula y 39% para Flávio en primera vuelta, y 46% frente a 44% favorable al candidato bolsonarista en el balotaje, también dentro del margen de error.

No todos los institutos coinciden en las cifras, pero sí en la tendencia general: Lula continúa encabezando la mayoría de los escenarios de primera vuelta, mientras la segunda se ha transformado en un empate. Su condición de presidente ya no le proporciona una ventaja suficiente para considerarlo favorito indiscutido.

La propia conducción del PT reconoce el peligro. Convocó reuniones de emergencia con sus aliados y organizaciones sindicales ante la falta de movilización, el desgaste producido por la crisis del Supremo y el crecimiento de Flávio Bolsonaro. Dentro del oficialismo existen críticas a una campaña considerada lenta, excesivamente defensiva y demasiado dependiente de la figura de Lula.

Flávio, en cambio, consiguió unificar progresivamente a la derecha y apropiarse de buena parte del electorado de su padre. El debilitamiento de Moraes le permite presentar la elección como una oportunidad para reformar el Supremo y corregir los presuntos abusos cometidos contra el bolsonarismo. La investigación sobre Dark Horse constituye su principal vulnerabilidad y explica su interés en que la campaña discuta las conductas de Moraes, pero no las relaciones de Vorcaro con su propio sector.

Augusto Cury: menos explosión, más importancia

Augusto Cury sigue siendo la novedad principal de la elección, aunque su crecimiento inicial parece haberse estabilizado. Después de alcanzar 11% en una encuesta anterior de BTG/Nexus, ahora registra 9%. Datafolha lo situó en 8%, Meio/Ideia en 6,6% y Palver apenas en 4%.

La disparidad obliga a evitar conclusiones apresuradas. Cury ha dejado de ser un candidato testimonial, pero todavía no puede considerarse una tercera fuerza consolidada. Su apoyo depende mucho del método utilizado por cada encuesta y del grado de exposición que haya tenido en los días anteriores.

Sin embargo, existe un dato particularmente relevante. En una simulación de segunda vuelta de BTG/Nexus, Cury aparece con 45% frente a 43% de Lula. Se trata de un empate técnico, no de una victoria probable, pero demuestra el beneficio de su baja tasa de rechazo: muchos electores que hoy no lo votan en primera vuelta estarían dispuestos a respaldarlo para impedir la continuidad de Lula.

La dificultad de Cury no reside en el balotaje, sino en llegar a él. Para conseguirlo debería desplazar a Flávio Bolsonaro o a Lula, dos candidatos con electorados fuertemente consolidados y poderosas estructuras partidarias.

La desigualdad material es enorme. Flávio Bolsonaro ya declaró ingresos de campaña por 44,3 millones de reales y Lula por 35,9 millones. Cury apenas ha reunido 317.000 reales, de los cuales 250.000 fueron aportados por él mismo.

Tampoco lo favorece la decisión de Lula y Flávio de evitar algunos debates. Un encuentro previsto para el 14 de setiembre fue cancelado porque ninguno de los dos confirmó su presencia, pese a que Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos y Romeu Zema habían aceptado participar. Los favoritos preservan así su ventaja y privan a sus adversarios de la principal oportunidad para confrontarlos en condiciones relativamente parejas.

Cury procura compensar esa debilidad con una intensa presencia digital y un discurso construido sobre tres elementos: rechazo de la polarización, pacificación institucional y preocupación por la salud emocional de la sociedad. El escándalo del Supremo parece hecho a la medida de su estrategia. Mientras Lula, Flávio, Moraes, Mendonça, Dino, Gonet y la Policía Federal se acusan recíprocamente, el candidato de Avante puede presentarse como el único que no forma parte de la pelea.

Pero esa posición tiene límites. Su programa contiene propuestas institucionales interesantes —mandatos limitados para los ministros del Supremo, eliminación de la reelección y transición hacia un régimen semipresidencial— junto con ideas vagas o difíciles de ejecutar. Cury todavía debe demostrar que su experiencia como escritor, conferencista y empresario puede traducirse en capacidad para gobernar un país de más de 200 millones de habitantes, negociar con un Congreso fragmentado y administrar una situación fiscal compleja.

Una elección sobre la confianza

El mayor problema brasileño ya no es solamente la polarización, sino la destrucción progresiva de la confianza en quienes deberían contenerla.

El Supremo expandió sus poderes para defender el orden constitucional frente a amenazas reales. Pero la concentración de potestades en Moraes, la duración indefinida del expediente de las noticias falsas y la utilización de decisiones individuales terminaron debilitando las garantías que la propia Corte debía preservar.

Mendonça tuvo razón al considerar que las relaciones entre Moraes y Vorcaro debían investigarse. Eso no significa que haya actuado correctamente al ordenar diligencias contra otro ministro sin respetar el procedimiento correspondiente, ni al apartar individualmente a la conducción de la Policía Federal. Dino pudo tener razones para defender la continuidad de las investigaciones, pero las debilitó al recurrir a una maniobra jurídica igualmente cuestionable.

Fachin intenta ahora restaurar la autoridad de la institución mediante el retorno a la colegialidad. Quitar a Moraes la conducción del expediente de las noticias falsas, suspender las decisiones enfrentadas y convocar al plenario son pasos inevitables. Serán insuficientes si el Supremo utiliza el procedimiento como excusa para no esclarecer los hechos.

En el terreno electoral, la crisis favorece de manera inmediata a Flávio Bolsonaro, porque erosiona al magistrado que se convirtió en el principal adversario judicial de su familia. También ofrece una oportunidad a Augusto Cury, porque confirma el agotamiento de una política organizada como enfrentamiento permanente.

Pero el caso Master es demasiado extenso para pertenecer a un solo partido. Sus ramificaciones alcanzan al Supremo, a la Procuraduría, a la Policía Federal, al Banco Central y a dirigentes de distintos sectores. Puede terminar perjudicando al bolsonarismo tanto como al lulismo y demostrar que, por debajo de la guerra ideológica, sobreviven las mismas redes de influencia y privilegio.

Cury ha logrado identificar ese hartazgo. Su desafío es demostrar que posee algo más que un diagnóstico atractivo. Para convertirse en alternativa deberá convencer a millones de brasileños de abandonar uno de los dos bloques antes de la primera vuelta. De lo contrario, su baja tasa de rechazo y su competitividad teórica en el balotaje serán políticamente irrelevantes.

Brasil se encamina así hacia una elección extraordinariamente cerrada, con el Supremo bajo sospecha y los dos candidatos principales procurando beneficiarse de una crisis que también puede alcanzarlos. Más que entre izquierda y derecha, la disputa empieza a librarse entre quienes todavía conservan alguna confianza en las instituciones y quienes creen que todas ellas han sido capturadas por uno u otro bando.