Bolivia: cuando la protesta deja de ser protesta
Edición Nº 1083 - Viernes 5 de junio de 2026. Lectura: 5'
 Tras más de un mes de bloqueos, desabastecimiento y creciente tensión política, Bolivia enfrenta una crisis que trasciende la disputa entre oficialismo y oposición: está en juego la capacidad del Estado para preservar el orden constitucional frente a sectores que buscan imponer cambios políticos mediante la paralización del país. En ese escenario, la figura de Evo Morales reaparece asociada a una estrategia de confrontación que desafía la institucionalidad democrática y profundiza una situación que amenaza con desbordar los márgenes de la protesta legítima.
La crisis boliviana ha entrado en una fase particularmente delicada. Tras más de un mes de bloqueos, desabastecimiento, enfrentamientos y creciente tensión política, el país enfrenta un desafío que excede ampliamente las diferencias ideológicas entre gobierno y oposición. Lo que está en juego hoy no es simplemente la continuidad de un presidente ni la discusión sobre determinadas políticas económicas. Lo que se encuentra bajo presión es la propia capacidad del Estado boliviano para ejercer autoridad sobre su territorio y garantizar derechos básicos a sus ciudadanos.
Las imágenes provenientes de La Paz y El Alto muestran una situación difícil de ignorar: largas filas para conseguir combustible, problemas de abastecimiento de alimentos y medicamentos, interrupciones del transporte y una creciente paralización de la actividad económica. La capital administrativa del país ha permanecido virtualmente sitiada por semanas debido a decenas de bloqueos carreteros impulsados por organizaciones sindicales, grupos campesinos y sectores alineados con el expresidente Evo Morales.
En cualquier democracia madura existe una diferencia fundamental entre el derecho a protestar y la pretensión de imponer cambios políticos mediante la coerción. Las manifestaciones son legítimas. Los bloqueos permanentes que impiden la circulación de personas, alimentos, combustible y medicamentos constituyen otra cosa. Cuando una protesta busca provocar el colapso del funcionamiento normal del país para forzar la caída de un gobierno electo, deja de ser un instrumento democrático para transformarse en un mecanismo de presión incompatible con el orden constitucional.
Ese es precisamente el punto central del conflicto boliviano.
El presidente Rodrigo Paz fue elegido hace apenas unos meses mediante un proceso electoral que nadie ha cuestionado seriamente. Su legitimidad deriva de las urnas. Quienes hoy exigen su renuncia no han planteado un camino institucional alternativo: no impulsan un juicio político, no promueven una consulta popular prevista por la Constitución ni esperan la próxima instancia electoral. La herramienta elegida ha sido el bloqueo sistemático del país.
Resulta llamativo que sectores que durante años reivindicaron la soberanía popular parezcan dispuestos ahora a desconocer el resultado electoral cuando éste no les resulta favorable.
La sombra de Evo Morales
El papel de Evo Morales merece un análisis especial.
Durante años fue una de las figuras políticas más influyentes de América Latina. Sin embargo, su trayectoria posterior ha estado marcada por una creciente dificultad para aceptar los límites institucionales del poder. La crisis de 2019 ya mostró hasta qué punto el personalismo podía colocarse por encima de las reglas democráticas.
Hoy, lejos de actuar como un factor de moderación, Morales aparece nuevamente vinculado política y organizativamente a sectores que impulsan la desestabilización del gobierno. Diversas fuentes coinciden en señalar la participación activa de grupos “evistas” en las movilizaciones y bloqueos que paralizan el país.
El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante porque el exmandatario enfrenta además procesos judiciales abiertos y una orden de captura emitida por la Justicia boliviana en un caso relacionado con presunta trata de personas. Más allá de la resolución final que adopten los tribunales, resulta evidente que Morales ya no puede presentarse como un simple actor político perseguido por sus adversarios. Existe una actuación formal de la Justicia que debe ser respetada dentro del marco institucional correspondiente.
En una democracia, nadie puede situarse por encima de la ley. Tampoco un expresidente.
El dilema del Estado
La renuncia de varios ministros, incluyendo Defensa y Educación, refleja la magnitud de la crisis que enfrenta el gobierno.
Sin embargo, sería un error interpretar esos movimientos exclusivamente como señales de debilidad. También pueden ser vistos como intentos de reorganización frente a una situación excepcional.
El verdadero desafío para las autoridades consiste en encontrar un equilibrio extremadamente complejo: restaurar el orden sin vulnerar derechos fundamentales.
La propuesta del gobierno de reglamentar los estados de excepción y otorgar mayor seguridad jurídica a las fuerzas encargadas de despejar bloqueos ha generado controversias. Pero conviene recordar un principio elemental: ningún Estado democrático puede renunciar indefinidamente a garantizar la libre circulación, el abastecimiento de alimentos o el funcionamiento de hospitales. La protección de esos derechos también forma parte de sus obligaciones constitucionales.
La alternativa a la acción estatal no es una idílica convivencia pacífica. La alternativa es la consolidación de territorios donde grupos organizados deciden quién circula, quién trabaja y quién accede a bienes esenciales.
Eso tampoco es democracia.
Una advertencia para la región
La experiencia boliviana contiene además una enseñanza para toda América Latina.
Durante décadas, numerosos movimientos políticos de la región desarrollaron una preocupante ambigüedad frente a la violencia política cuando ésta era ejercida por actores ideológicamente afines. Se condenaba la ruptura institucional cuando provenía de adversarios, pero se relativizaban los ataques contra la institucionalidad cuando eran impulsados por sectores propios.
Ese doble estándar termina erosionando las bases mismas de la convivencia democrática.
La legitimidad de un gobierno se discute en las urnas. Las políticas públicas se cuestionan en el Parlamento, en la prensa y en el debate público. Las sentencias judiciales se apelan en los tribunales. Cuando esos mecanismos son sustituidos por bloqueos, coerción y amenazas de paralización nacional, la democracia deja de fortalecerse y comienza a debilitarse.
Bolivia atraviesa hoy una crisis económica, social y política. Pero por encima de todas esas dimensiones existe una cuestión previa: la defensa del orden constitucional.
Eso no implica adhesión incondicional al gobierno de Rodrigo Paz. Significa reconocer algo mucho más importante: que ningún desacuerdo político justifica el intento de derribar a una administración legítimamente elegida mediante la asfixia del país.
Las democracias pueden sobrevivir a malos gobiernos. Lo que difícilmente sobreviven es a la normalización de los métodos insurreccionales como herramienta de disputa política.
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