Blindaje institucional
Viernes 13 de junio de 2025. Lectura: 3'
 El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fye recientemente acusado nada menos que de obstaculizar investigaciones vinculadas a narcotráfico, corrupción y lavado de activos cuando era fiscal de Corte. Sí, leyó bien: crímenes gravísimos que, según el fiscal Ricardo Perciballe, fueron apartados de su órbita por decisión directa de Díaz, en un movimiento que tuvo consecuencias devastadoras para su salud, su carrera y su familia. ¿Y cuál fue la respuesta del oficialismo frentista ante semejante denuncia? Rechazar su convocatoria al Parlamento. Silencio y protección. Nada nuevo bajo el sol.
La secuencia es de manual. Un fiscal —al que difícilmente se pueda acusar de “operador de la derecha”— denuncia que fue desplazado de su cargo en Crimen Organizado en momentos en que tenía investigaciones sensibles en curso. Denuncia que fue relegado a materias para las que no estaba preparado y, más tarde, rebajado jerárquicamente al área aduanera. Denuncia que todo fue parte de una maniobra para alejarlo de causas que molestaban. Lo dice con dolor, con precisión, con responsabilidad. Y lo dice, además, después de años de silencio, cuando el daño ya está hecho. ¿Qué hace el Frente? Calla. Como siempre.
Porque hay algo peor que una falta: la falta tapada. Lo grave no es solo lo que denuncia Perciballe, sino la reacción automática del Frente Amplio para evitar que se investigue. ¿Qué temen? ¿Qué podría decir el fiscal si se lo escuchara en comisión? ¿A quién podría implicar? ¿Por qué tanta desesperación por silenciar una voz que habla desde adentro del sistema? No se trata aquí de fuegos artificiales ni de una operación de prensa. Se trata de un fiscal que dice, con todas las letras, que fue apartado de investigaciones penales relevantes por motivos que conoce, pero que “es difícil decir”.
Y si es difícil para él, debería ser imposible para el Frente Amplio seguir fingiendo que no pasa nada. Porque los traslados de fiscales no son un trámite menor (como lo ha manifestado el propio frentismo que ya anunció que llamará a la actual Fiscal de Corte para que explique su manejo de fiscales). Son decisiones que inciden directamente en el curso de las investigaciones. Son herramientas de poder institucional. Y si se usaron para desactivar causas delicadas —como dice Perciballe—, estamos ante una bomba.
Lo dijeron bien claro los senadores Ojeda y García: si lo que afirma Perciballe es cierto, estamos ante uno de los casos más graves de la historia reciente. Porque no estamos hablando de una irregularidad administrativa. Estamos hablando de la posible manipulación del sistema para favorecer a terceros. De la eventual utilización del cargo de fiscal de Corte para proteger intereses espurios. Y si eso se confirma, no hay blindaje político que alcance para encubrirlo.
La gravedad institucional de este caso exige respuestas. Y exige, sobre todo, que se escuche al denunciante. Que se lo reciba en comisión, que se le pregunte, que se lo tome en serio. Porque, si lo que dice es falso, tendrá que demostrarlo. Pero si es verdad, hay funcionarios del Estado que deben rendir cuentas. Y esconderse detrás de mayorías circunstanciales no hace más que agravar la sospecha. El mensaje que transmite el Frente Amplio es claro: “de los nuestros, no se habla”.
El blindaje es un síntoma. Uno más. Y el Frente Amplio, lejos de hacer honor a sus promesas de cambio y transparencia, parece cómodo con esa vieja costumbre de proteger a los suyos, cueste lo que cueste...
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