Biotecnología y competitividad: una omisión en la ley de referencia
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 6'
Por Tomás Laguna
Debemos celebrar que este mes se convocó al Gabinete Nacional de Bioseguridad para considerar nuevas aprobaciones de eventos genéticamente modificados para soja y maíz. Desde el cese del anterior gobierno no se atendía esta estratégica demanda. Aun así, los tiempos requeridos para cada aprobación son inapropiadamente extensos, cosa que debió ser considerada en la ley de competitividad, dada la preocupación por la generación de tecnología agropecuaria.
Resulta ya fuera de toda discusión que la producción agrícola moderna ha progresado a partir del conocimiento biotecnológico en aras del superior objetivo de crear o modificar productos o procesos en la producción. (Ref: Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992). Los organismos genéticamente modificados han permitido un menor uso de agroquímicos, racionalizar el uso del suelo además de otorgar características deseables para el consumo del producto obtenido. Es impensable hoy imaginar el agronegocio de la agricultura comercial sin los avances que años tras año ofrece la biotecnología. Paréntesis, seguramente para algunas concepciones ideológicas lo que esté en cuestión sea el agronegocio, en cuyo caso no merece la pena seguir la discusión...
Nuestro país despertó a los organismos genéticamente modificados, producto estrella de la biotecnología, en las postrimerías del siglo pasado, con la introducción de la soja RR (Roundup Ready) de la empresa Monsanto (octubre de 1996). El siguiente evento GM recién fue autorizado en junio de 2003, esta vez en maíz (MON 810, incorporación de un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis para resistencia al ataque de larvas de lepidópteros). Para este último medió la evaluación de riesgo de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) creada por el Poder Ejecutivo de la época mediante el decreto 249/000. La CERV, de carácter eminentemente científico, estaba presidida por un delegado de Ganadería y Agricultura (MGAP), un delegado de Medio Ambiente (MVOTMA) como vicepresidente, y delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP), del INIA y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El mismo decreto obligaba a la difusión y participación del público mediando convocatoria a audiencia pública. La decisión final le correspondía al Poder Ejecutivo, para la cual mediaban consideraciones de orden político y económico.
Aquella segunda aprobación motivó la interpelación del por entonces ministro de Ganadería, Ing. Agr. Martín Aguirrezabala, por parte de los diputados del FA, Guarino y Agazzi. Por cierto, con estruendo político y mediático de por medio, donde la izquierda se rasgó las vestiduras en todos los ámbitos posibles negándose a los organismos genéticamente modificados en la producción nacional. En distintas oportunidades hemos escrito profusamente sobre aquellos hechos.
Desde entonces y en lo que va del siglo, gracias a los eventos genéticamente modificados, los cultivos de soja y maíz crecieron en extensión y productividad. En el primer caso multiplicando por 70 la superficie y aumentando dos veces y media la productividad. En el maíz aumentando seis veces el área y cinco veces la productividad. No obstante, los tiempos transcurridos tuvieron sus complicaciones.
En el 2005, apenas asumido el gobierno del conglomerado de izquierda, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria a la aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados, esgrimiendo el muy discutible argumento del “Uruguay Natural”. Posteriormente, en el 2008 se reestructuró el marco regulatorio mediante el decreto 353/008 que creó el Sistema Nacional de Bioseguridad (SNB), vigente hasta la fecha. Se instauró el Gabinete Nacional de Bioseguridad, agregando los ministerios de relaciones exteriores y de industria a los que ya integraban la CERV. Además de otras múltiples instancias de intervención.
Bajo este nuevo esquema, en los años 2011 y 2012 hubo una suerte de “primavera de Praga” con 17 aprobaciones. Luego, otros cuatro en 2017 mediando para tal fin la insistencia del entonces ministro de ganadería Ing. Agr. Tabaré Aguerre. A partir del cambio de gobierno, se incrementó el ritmo de aprobaciones. Durante la administración de la coalición republicana hubo 29 aprobaciones para uso comercial, de ellas 7 durante la gestión del Ing. Agr. Fernando Mattos al frente del MGAP.
Llegamos a los tiempos que corren. Asumido el nuevo gobierno de la coalición de izquierda se fue postergando la constitución del Gabinete Nacional de Bioseguridad. Finalmente volvió a sesionar en este mes. Como resultado 11 nuevos eventos genéticamente modificados estarían siendo aprobados para maíz y soja. Aún no se conoce su nómina.
La buena noticia es que hay voluntad política para que, de aquí en más, este gabinete sea convocado dos veces al año (marzo y setiembre). No obstante, ni aun así se soluciona el problema de fondo.
El tiempo requerido para que una solicitud sea aprobada en Uruguay es mínimo dos años, mediando para tal fin un sistema de aceptación (que supera el término “evaluación” …) complejo tanto en lo técnico como en lo político. También requiere larga espera la autorización para la investigación de nuevos eventos, necesario paso previo antes de la solicitud para la venta comercial. En la región, Brasil (aún bajo el gobierno del PT) procesa las aprobaciones en seis meses, Argentina entre cuatro y seis meses, en tanto que para Paraguay basta que el evento haya sido aprobado previamente en países de referencia. En lo institucional Brasil otorga la responsabilidad al Ministerio de Agricultura y Pecuaria, en Argentina a la Secretaría de Ganadería y Agricultura, dependiente de Economía. En nuestro país ya no hay quien no opine…
Otro dato sintomático, en la región existen unos 80 eventos genéticamente modificados aprobados, en nuestro país no pasan de 50. En uso unos 10 en soja y 20 en maíz.
Nuestro país es neto importador de semillas de cultivares GM, y ante la falta de predictibilidad en las aprobaciones ha ido quedando relegado en el interés de las empresas proveedoras toda vez que hacen lanzamientos de nuevos productos a nivel regional. Uruguay mantiene en uso eventos que están llegando a su caducidad técnica cuando hay nuevas propuestas para sustituirlos y con beneficios agregados. Para peor, estas variedades en uso que ingresan en el terreno de la obsolescencia pierden el interés de las empresas proveedoras para multiplicarlas con destino a un mercado pequeño.
En un tema de alta sensibilidad ideológica, y también de tontos preconceptos ignorantes, el mayor desafío está en adecuar en tiempos y forma estos procesos de análisis en beneficio de nuestra economía agroexportadora. ¿Cómo independizar de la voluntad política de turno decisiones que son técnicas? ¿Por qué no aceptar por buenos los antecedentes de aprobaciones en la región cuando los sistemas agroecológicos son similares a los nuestros?
Ya de por sí nuestra agricultura sufre los muy altos costos de producción propios de cualquier actividad que se desarrolle en nuestro país. A lo que debe agregar los crecientes riesgos climáticos que condicionan cada cosecha. Ocurre que por consideraciones políticas y de prejuicios también limitamos y condicionamos a nuestra agricultura en el acceso a biotecnología de punta.
Valga lo del título...
|
|
 |
La catástrofe educativa que seguimos ignorando
|
El Frente es el problema
Julio María Sanguinetti
|
La Semana
|
Dos homenajes a Jorge Batlle a diez años de su partida
|
El Partido Colorado reclama elecciones libres y garantías democráticas para Venezuela
|
Una invitación que agravia al Parlamento
|
El optimismo de Cardona y las cuentas pendientes
|
312 homicidios: el fracaso de un gobierno que pierde la batalla contra el crimen
|
Cuando la ley no alcanza
|
El Frente Amplio vuelve a dinamitar un acuerdo
|
Jorge Batlle y el valor de las ideas
Luis Hierro López
|
Octubre de 1972: las advertencias que Bordaberry no quiso escuchar
Santiago Torres
|
La trasparencia no puede generar castas
Elena Grauert
|
Biotecnología y competitividad: una omisión en la ley de referencia
Tomás Laguna
|
La transición energética también se decide en el Parlamento
Fitzgerald Cantero Piali
|
El peligro de empobrecer el lenguaje
Juan Carlos Nogueira
|
El gobierno del relato
Gonzalo Durañona
|
Una vida no tiene precio
Angelina Rios
|
¡Somos franceses, papá!
Eduardo Irigoyen García
|
Aprobado de antemano
Alicia Quagliata Rienzi
|
Héroes del anonimato
Susana Toricez
|
Brasil, entre las promesas y los escándalos
|
Las garantías también valen para los adversarios
|
Irán amenaza con una guerra larga y el mundo vuelve a temblar
|
De París a Milán: violencia, saqueos y toques de queda
|
La ofensiva migratoria de Trump también mata estadounidenses
|
Cataluña sigue pagando el precio del "procés"
|
Frases Célebres 1103
|
Así si, Así no
|
ENTRE DICHOS
|
|
