Correo de los Viernes - Asti, el inquisidor de la JUTEP

Asti, el inquisidor de la JUTEP

Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 5'

La actuación de Alfredo Asti al frente de la JUTEP acumula controversias que comprometen la credibilidad de un organismo esencial para la República. El interrogatorio dirigido al senador Pedro Bordaberry, en un asunto de competencia electoral, ha provocado el anuncio de una denuncia penal por abuso de funciones. Lejos de ser un episodio aislado, se suma a una sucesión de decisiones cuestionadas por su falta de imparcialidad.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) fue creada para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, bajo la conducción de su mayoría frenteamplista, integrada por Ana Ferraris y Alfredo Asti, corre el riesgo de transformarse en exactamente lo contrario: un instrumento de hostigamiento político, más preocupado por vigilar a los adversarios que por preservar la ética de la función pública.

El último episodio resulta particularmente grave. Alfredo Asti, vicepresidente de la JUTEP, firmó un oficio dirigido al senador Pedro Bordaberry para interrogarlo acerca de la participación de Robert Bouvier, director de AFE por la oposición, en una reunión realizada el 1.º de agosto en Florida. El encuentro tenía como motivo celebrar la recuperación del diputado Walter Cervini, quien había atravesado una enfermedad de extrema gravedad. La denuncia que originó el expediente sostiene que allí hubo actividad político-partidaria, extremo controvertido por sus participantes.

La Constitución es inequívoca al atribuir a la Corte Electoral la competencia para conocer y aplicar sanciones por los delitos electorales previstos en su artículo 77. La JUTEP podrá recibir denuncias y examinar cuestiones comprendidas en sus atribuciones legales, pero eso no la habilita a sustituir al órgano constitucional competente ni a extender discrecionalmente su jurisdicción.

Bordaberry lo expresó con precisión: “Un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar ser controlado”. Y agregó, en su respuesta escrita: “Responder su oficio, sería convalidar, con mi firma de Senador de la República, una actuación que la Constitución no autoriza”.

La reacción del legislador fue durísima, incluso con expresiones personales que no compartimos como método de debate. Pero el fondo de su planteo no admite ser despachado como un exabrupto, fruto del enojo entendible: ¿con qué fundamento jurídico pretende la JUTEP investigar una eventual infracción de naturaleza electoral e interrogar sobre ella a un senador de la República?

La explicación ofrecida desde el oficialismo constituye casi una agravante política. Según trasladó la senadora Bettiana Díaz, Asti sostuvo que el oficio no representaba una intimación personal y que esos documentos los firma el director que se encuentre presente. Es decir, se pretende reducir la responsabilidad del firmante a una cuestión de trámite.

Si Asti firmó sin leer suficientemente lo que suscribía, como sugiere esa defensa, estaríamos ante una irresponsabilidad inadmisible. Si conocía su contenido, debe asumir enteramente sus consecuencias. En cualquiera de las dos hipótesis, la explicación resulta descalificante para quien ocupa la vicepresidencia de un organismo encargado de velar por la conducta de los funcionarios públicos. La firma de un jerarca no es una formalidad administrativa vacía.

Tampoco estamos ante un hecho aislado. La mayoría integrada por Ferraris y Asti decidió mantener abiertas las actuaciones contra el senador Andrés Ojeda, pese a la recomendación de archivo formulada por la Asesoría Letrada de la propia JUTEP. Otro tanto ocurrió con la denuncia del exsenador Charles Carrera contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. El director Luis Calabria cuestionó expresamente el apartamiento de los informes técnicos y la inconsistencia de los criterios aplicados.

La reiteración resulta inquietante. Cuando el asesoramiento jurídico recomienda prudencia, la mayoría política insiste en avanzar. Cuando se cuestionan sus competencias, responde con interpretaciones expansivas. Y cuando debe explicar una actuación controvertida, pretende diluir las responsabilidades entre procedimientos burocráticos.

Andrés Ojeda denunció que varios legisladores habían sido “objeto de persecuciones por parte del señor Asti” y calificó la conducta de la JUTEP con una expresión deliberadamente extrema: “Gestapo persecutoria”. El senador Javier García, por su parte, describió al organismo como un “comité de base”. Son juicios políticos muy severos, pero revelan la magnitud de la desconfianza que la actuación de su mayoría ha generado entre los representantes de la oposición.

También Sergio Botana fue particularmente contundente al comparar la conducta de Asti con la mesura institucional del presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. Sostuvo que Asti actúa como un delegado deportivo que procura defender su camiseta y conseguir una sanción para el adversario. Y reclamó al Frente Amplio: “¡sáquenlo ya!”, advirtiendo que su conducta perjudica al sistema político, a la institucionalidad republicana y al propio partido de gobierno.

Asti, entretanto, respondió a El País: “El senador tiene fueros y yo inhibiciones políticas que respeto”. La afirmación, por sí sola, no esclarece el fundamento legal del oficio ni disipa los cuestionamientos acumulados. La imparcialidad no se proclama: se demuestra mediante decisiones fundadas, criterios uniformes y estricto respeto por los límites de la competencia propia.

La Coalición Republicana anunció que llevará estos hechos a Fiscalía para que se determine si existió abuso de funciones. Corresponderá a la Justicia establecer si se configura algún delito. Pero la responsabilidad política e institucional no depende de una eventual condena penal.

El Frente Amplio tiene, por tanto, un problema que no puede seguir ignorando. La permanencia de Asti en la vicepresidencia de la JUTEP, después de tantas controversias, compromete la autoridad moral de una institución que debería permanecer por encima de las disputas partidarias.

La ética pública comienza por quienes tienen el cometido de custodiarla. Y cuando un órgano creado para controlar los abusos del poder comienza a ser cuestionado por sus propios excesos, son sus autoridades las que deben rendir cuentas.