Asignaciones, un tema ético
Viernes 14 de marzo de 2025. Lectura: 4'
Por Julio María Sanguinetti
En este país la educación es obligatoria. Los responsables legales de un menor responden por ello.
Esto es así desde José Pedro Varela. La escuela es laica, gratuita y obligatoria y así lo hemos dicho y repetido generación tras generación. Según las últimas normas, es a partir de los 4 años de edad, porque con el tiempo se fueron bajando los 6 años originales para adaptarlos con razón a las exigencias pedagógicas y a los hábitos sociales.
En 1943, en el progresista gobierno colorado del Dr. Juan José Amézaga, se dictó una ley que, además de crear los Consejos de Salarios, estableció las asignaciones familiares. La razón predominante en la mayoría colorada, con apoyo socialista, fue estimular la educación, ayudar al cumplimiento de la obligatoriedad de la escuela, fundamento de la República según Varela.
Desde el pensamiento político católico también se las había propuesto pero como un estímulo a la natalidad, cosa que evidentemente no ha ocurrido en este país cada vez más despoblado.
Incluso se discutió si era un complemento del salario. Sus inspiradores sostuvieron que no era así, porque no se prestaba como remuneración al trabajo sino como estímulo para la educación. Se le asume como parte de un principio fundamental de la organización republicana, desde que no hay igualdad de oportunidades cuando ni siquiera se alcanza la educación en el período obligatorio.
Los representantes legales, padres o tutores, son los obligados a usar esa contribución en beneficio de los niños o adolescentes. Hoy por hoy son alrededor de 400 mil estudiantes. Y quienes incumplen la obligación de asegurar la educación y son privados de la asignación entre un 8 y 10% aproximadamente. Hablamos en números gruesos, porque han variado mucho. Dicho de otro modo: el universo beneficiario es muy amplio y los incumplidores una cantidad relevante aunque no definitoria de una actitud generalizada de desinterés o abandono. No se puede decir, como se escucha a veces, que la herramienta fracasó. Que la mayoría de esos niños quizás fueran igual a la escuela sin el beneficio, es posible, pero otros quizás no.
Todo esto viene a cuento de que vuelve a discutirse si se aplica o no la norma de dar de baja a quienes no han acreditado la escolaridad de los menores a cargo.
Realmente no entendemos esa resistencia. El dinero, que es de los niños, se les da los padres o tutores para que lo administren en su nombre y beneficio, con una sola condición, la escolaridad. Si son tan poco responsables frente a ellos, ¿hay que premiarlos dándoles el dinero para que lo malgasten? ¿Hay que estimular su irresponsabilidad? El Estado no puede amparar esa carencia ética, esa falla que puede llevar hasta la pérdida de la patria potestad de quienes mal emplean el dinero que no es de ellos.
Es más: cuando se dan de baja en el BPS ha habido alguna respuesta interesante de chicos reenganchados en el sistema. Ahí sí que hay que aplicar recursos y esfuerzos. En esa suerte de repesca social imprescindible.
Naturalmente, no pensamos que la sola herramienta de las asignaciones familiares resolverá el problema de la inasistencia escolar, tema bien complejo que alude a una situación social que va desde la desintegración familiar hasta la pobreza. Pero es un estímulo válido para reconocer el cumplimiento de una obligación que la sociedad concede como expresión del valor cívico que da a la educación. No se trata de una contraprestación sino de una especie de premio. Resignarse al incumplimiento es hacerse cómplice de una verdadera condena social, porque ese menor, sea niña o niño, está condenado, en una sociedad digitalizada que exige hoy saberes y competencias imprescindibles.
Nuestro amigo el Presidente Orsi ha dicho a modo de explicación que “no le pidas algo que no te puede dar”. ¿Qué quiere decir? En nuestro país la educación pública es gratuita. ¿Cuál es la razón por la que no puede siquiera enviar hijos a la escuela? El dinero le da para la túnica y algo más. Y lo que falta lo puede dar la escuela, como lo hemos hecho siempre, en libros y hasta en botas de lluvia.
El debate es ético. Hace a obligaciones de los padres. Hace a deberes del Estado. Hace a la real lucha contra la pobreza. Hace a formar ciudadanos y no resignarnos a que la marginación crezca.
No nos cabe en la cabeza que desde filas presuntamente progresistas se sostenga algo tan reaccionario.
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