Así sí

   Fray Bentos suma energía solar, inversión y empleo

El Gobierno presentó el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Fray Bentos, que se instalará en M’Bopicuá, Río Negro. Tendrá una potencia de 30 MW, contará con unos 48.300 paneles solares distribuidos en 60 hectáreas y demandará una inversión cercana a los US$ 20 millones. 

La construcción generará entre 80 y 100 puestos de trabajo y se espera que también impulse proveedores, comercios y pequeñas y medianas empresas de la zona. Diez empresas se presentaron a la licitación y la adjudicación está prevista para fines de este año.

El proyecto tiene además una dimensión estratégica ya que forma parte del plan de UTE para incorporar 500 MW de energía solar fotovoltaica durante este quinquenio. La planta de Fray Bentos tendrá capacidad suficiente para cubrir la demanda máxima de Río Negro —estimada en unos 20 MW— y volcar el excedente a la red nacional.

Autoridades del Poder Ejecutivo, destacaron que la infraestructura energética es necesaria para atraer nuevos proyectos productivos e industriales, enfatizando en la descentralización y la equidad territorial que supone llevar estas inversiones al interior.

  Apostar por energías renovables y hacerlo con una mirada territorial permite unir inversión, empleo, desarrollo productivo y sostenibilidad. El parque de Fray Bentos no será solamente una nueva fuente de generación eléctrica, puede convertirse en una pieza para atraer actividad económica y generar oportunidades en el litoral. La transición energética también puede ser una política de desarrollo del interior.

   De fábrica abandonada a viviendas

La antigua fábrica de jabones BAO, ubicada en La Teja y durante décadas vinculada a la historia laboral del barrio, será transformada en un complejo de 150 viviendas cooperativas, destinadas a unas 500 personas. El proyecto ocupará prácticamente toda la manzana y combinará la recuperación de parte de la estructura industrial existente con nuevas construcciones. 

La iniciativa comprende tres cooperativas del Programa de Vivienda Sindical, bajo la modalidad de ayuda mutua. Una de ellas aprovechará y reciclará aproximadamente 1.600 metros cuadrados de la antigua fábrica, mientras que para las otras dos se levantarán edificios nuevos. Las viviendas tendrán dos, tres y cuatro dormitorios.

Las familias participarán directamente en la construcción mediante la ayuda mutua, cuyo trabajo representa aproximadamente el 15% del costo de la vivienda. El resto será financiado a través de préstamos del Ministerio de Vivienda. 

El proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial para que luego de la reserva del terreno se elabore el anteproyecto y el proyecto definitivo antes de avanzar hacia el préstamo. Una vez cumplidas esas etapas, se estima que la construcción demandará alrededor de dos años.

  Recuperar un espacio que formó parte de la identidad productiva de La Teja y convertirlo en viviendas significa mucho más que construir casas. Es aprovechar infraestructura existente, revitalizar un sector del barrio y ofrecer una solución habitacional mediante el esfuerzo colectivo. Donde antes hubo trabajo y producción, ahora puede comenzar una nueva historia para 150 familias.

Así no

  Cuando la droga viaja en un camión del propio sistema penitenciario

Un camión perteneciente al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ingresó la semana pasada a la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez, exComcar, transportando electrodomésticos y materiales provenientes de la antigua cárcel de mujeres de Colón. Durante el control mediante escáner, personal de la Guardia Republicana detectó anomalías dentro de un termotanque de 100 litros. 

Al desarmarlo fueron encontrados 10 paquetes con más de cinco kilos de droga: 4,261 kilos de pasta base y 1,097 kilos de una sustancia blanca. También había 29 teléfonos celulares. El Ministerio del Interior informó, además, de un segundo procedimiento que llevó el total de celulares incautados en ambos operativos a 35.

Hay un elemento especialmente delicado, que es el vehículo que transportaba el cargamento pertenecía al propio INR. 

Según informó el organismo a Caras y Caretas, las tareas vinculadas al traslado fueron realizadas por funcionarios del INR y personas privadas de libertad. El caso fue denunciado ante Fiscalía y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario inició una investigación administrativa para establecer responsabilidades.

El episodio, además, se produce pocos días después de que otro procedimiento en el exComcar permitiera incautar 17,567 kilos de drogas, 38 celulares, 10 TV Box y 13 routers, tras una investigación sobre una presunta maniobra para abastecer a personas privadas de libertad.

  El hallazgo demuestra que el control penitenciario no termina en los muros de una cárcel: también debe alcanzar a sus vehículos, traslados, funcionarios y circuitos internos. Que más de cinco kilos de droga y decenas de celulares hayan llegado hasta la puerta del exComcar ocultos en un vehículo oficial obliga a determinar cómo se armó el cargamento, quiénes participaron y qué controles fallaron antes de llegar al escáner. Detectarlo evitó el ingreso; ahora el desafío es establecer responsabilidades y cerrar el mecanismo que permitió que llegara hasta allí.

  Marconi: cuando las balaceras desafían incluso la presencia policial

Equipos periodísticos de los canales 4, 10 y 12 quedaron en medio de una balacera mientras cubrían un operativo policial en el barrio Marconi. Los trabajadores debieron tirarse al piso por indicación de los propios efectivos cuando comenzaron a escucharse nuevas ráfagas. 

La Policía había llegado a la zona de Rambla Costanera y Wellington después de un episodio anterior, en donde se detectó que desde una moto se habían efectuado al menos 13 disparos y uno de los proyectiles había impactado contra un vehículo. 

Mientras se preservaba la escena y se aguardaba a Policía Científica, se produjeron nuevas ráfagas. Según la información primaria este segundo ataque habría buscado amedrentar a los policías e impedir el levantamiento de los casquillos, evidencia relevante para la investigación.

El episodio adquiere especial gravedad porque no se trató solamente de otro enfrentamiento armado en una zona conflictiva: los disparos continuaron aun con efectivos policiales desplegados en el lugar. 

El Marconi atraviesa desde hace tiempo disputas entre grupos criminales con importante poder de fuego y registra reiterados episodios de violencia armada.

  Cuando quienes disparan están dispuestos a hacerlo incluso ante la presencia de la Policía, el problema supera la sucesión de balaceras y plantea un desafío directo a la capacidad del Estado para ejercer autoridad y garantizar seguridad en el territorio. Lo ocurrido en el Marconi vuelve a mostrar que recuperar esos espacios exige no solo responder después de cada episodio, sino evitar que la violencia armada termine imponiendo sus propias reglas.