Así sí

   Tierras públicas que se transforman en oportunidades

MEVIR y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmaron un acuerdo para aprovechar inmuebles ferroviarios en desuso y destinarlos al desarrollo de viviendas de interés social e infraestructura en distintos puntos del país. La iniciativa permite recuperar patrimonio estatal que actualmente no tiene utilización y ponerlo al servicio de políticas de vivienda y del arraigo de las familias, especialmente en el medio rural. 

El convenio tiene además un efecto concreto para familias que ya viven en complejos de MEVIR. Existen planes construidos sobre terrenos cuya situación documental todavía no está regularizada, lo que ha impedido completar la entrega de los títulos de propiedad.

La cooperación entre ambos organismos permitirá, de esta manera, atender dos problemas a la vez que va desde aprovechar bienes públicos que permanecían ociosos hasta en avanzar en soluciones habitacionales y de regularización para familias que esperan obtener definitivamente la propiedad de sus viviendas.

  Cuando organismos del Estado coordinan sus recursos para resolver problemas concretos, el patrimonio público adquiere un verdadero sentido social. Recuperar terrenos sin uso, destinarlos a nuevas viviendas y, al mismo tiempo, permitir que familias que llevan años esperando puedan finalmente acceder al título de propiedad es una forma concreta de transformar bienes del Estado en derechos y oportunidades.

   La energía también es igualdad territorial

Más de veinte familias del paraje Molles de Aiguá, en Lavalleja, accedieron por primera vez a un servicio de energía eléctrica seguro y de calidad, tras la inauguración de las obras de electrificación realizadas por UTE. Se trata de una zona rural donde llevar la red implicó superar dificultades topográficas, estructurales, reglamentarias y económicas.

La solución fue posible mediante la coordinación entre UTE, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los propios vecinos. Las familias debieron aportar un monto cercano al 15% del valor de la obra, lo que permitió hacer viable el proyecto.

El avance adquiere una dimensión especial en un país donde el 99,8% de la población ya cuenta con electricidad. Precisamente por tratarse de un porcentaje tan pequeño el que todavía permanece sin el servicio, llegar a esas familias supone enfrentar mayores distancias y costos.

  La electrificación rural puede parecer una obra pequeña cuando se mide por la cantidad de hogares beneficiados, pero para cada una de esas familias significa un cambio profundo en su vida cotidiana. Llevar un servicio esencial hasta los lugares donde la rentabilidad no necesariamente justifica la inversión es también una forma de reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad. Las políticas públicas consiguen que el hecho de vivir lejos no significa tener menos derechos.

Así no

  La protesta no puede estar por encima de las responsabilidades públicas

Una movilización de la Coordinación por Palestina intentó impedir la salida desde el puerto de Montevideo de un buque que transportaba unas 3.000 cabezas de ganado con destino a Israel. La protesta, realizada en el Acceso Norte, provocó dificultades en el ingreso de camiones y llevó a las autoridades portuarias a comunicarse con el Ministerio del Interior para aplicar el protocolo previsto ante bloqueos de la libre circulación. 

El episodio sumó además una situación que deberá ser esclarecida. Entre los participantes se encontraba Jorge Vignolo, funcionario de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y dirigente del sindicato portuario Supra. Según la información publicada, los registros indicarían que se encontraba dentro de su horario de trabajo y en imágenes aparece utilizando una campera identificatoria de la ANP.

  El derecho a manifestarse y expresar solidaridad con cualquier causa internacional forma parte de una sociedad democrática. Pero ese derecho no habilita a impedir el normal funcionamiento de una infraestructura estratégica para el país ni puede confundirse con el ejercicio de una función pública. Cuando ambas dimensiones se superponen, corresponde que las instituciones actúen, esclarezcan responsabilidades y garanticen que las convicciones personales no interfieran con las obligaciones del cargo.

  La función pública exige límites claros

La diputada del Frente Amplio Ana Laura Melo, arquitecta de profesión, realizó 17 trámites ante la Dirección Nacional de Catastro desde que asumió su banca en febrero de 2025, según información obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública realizado por el exdirector de Catastro Augusto Alcalde. Las gestiones estuvieron vinculadas a la presentación de declaraciones juradas de caracterización urbana correspondientes a su actividad profesional.

El caso abre una discusión que va más allá de si existió o no un beneficio económico directo. La Constitución establece restricciones específicas para los legisladores y les prohíbe dirigir asuntos de terceros ante la administración central.

La cuestión resulta especialmente sensible porque las incompatibilidades parlamentarias no buscan únicamente impedir ventajas económicas indebidas. También procuran preservar una separación nítida entre los intereses profesionales o particulares de un legislador y las posibilidades de actuación que le proporciona su condición de representante nacional.

  Ejercer una banca implica asumir límites que no existen para cualquier ciudadano o profesional. Cuando una actividad privada de un legislador se relaciona directamente con organismos de la administración pública, la transparencia y el estricto cumplimiento de las incompatibilidades constitucionales deben estar fuera de toda duda. Las responsabilidades públicas exigen evitar no sólo las irregularidades, sino también situaciones que puedan generar dudas sobre la separación entre la función legislativa y los intereses profesionales.