Así sí

   El diálogo que construye acuerdos

Tras más de cuatro meses de conflicto, las cámaras empresariales de la construcción y el SUNCA alcanzaron un acuerdo que pone fin a las medidas gremiales y abre una nueva etapa para el sector.

El entendimiento contempla una reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas semanales sin pérdida salarial, además de otros avances en materia de condiciones de trabajo, luego de un extenso proceso de negociación y mediación.

El acuerdo permite retomar con normalidad la actividad en una de las industrias más importantes del país y demuestra que, aun en los conflictos más complejos, el diálogo puede prevalecer sobre la confrontación. Asimismo el convenio deberá ser ratificado por la asamblea general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos para firmar un acuerdo definitivo.

  Los acuerdos no implican que una de las partes gane y la otra pierda. Su mayor valor radica en demostrar que es posible conciliar intereses distintos mediante la negociación. En un contexto de tensiones laborales, alcanzar consensos fortalece la confianza entre trabajadores, empresas y Estado, y envía una señal positiva para la estabilidad, la inversión y el empleo.

   Prevenir antes que reaccionar

Uruguay comenzó un programa de capacitación especializada para fortalecer los controles frente al crecimiento del tráfico de drogas sintéticas.

La iniciativa, impulsada por la Dirección Nacional de Aduanas con el apoyo del gobierno de Japón y de Naciones Unidas, busca mejorar la detección de estas sustancias y de sus precursores químicos en puntos estratégicos como el Puerto de Montevideo y el Aeropuerto de Carrasco.

El objetivo es anticiparse a una amenaza que ya afecta a numerosos países y evitar que el territorio nacional se convierta en una ruta de tránsito para el crimen organizado.  El programa, contempla un inversión de 3 millones de dólares dentro del primer proyecto de este tipo en el que incursiona el gobierno japonés en territorio latinoamericano.

  Prepararse antes de que el problema se instale es una de las mejores políticas públicas en materia de seguridad. Invertir en capacitación, tecnología y cooperación internacional permite fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar nuevas modalidades del narcotráfico sin esperar a que las consecuencias sean irreversibles. La prevención también es una forma de proteger al país. 

Así no

  La educación no puede vivir en conflicto

La ocupación del Instituto de Formación Docente de Maldonado, en rechazo al plan de ANEP para titular a docentes con años de ejercicio, vuelve a poner de manifiesto la dificultad para construir acuerdos en un tema tan sensible como la formación de quienes estarán al frente de las aulas.

Los estudiantes cuestionan que la resolución haya sido adoptada sin una instancia de diálogo y sostienen que la experiencia laboral no puede sustituir la formación académica y pedagógica completa.

El conflicto, que ya alcanza a varios centros del país, refleja una creciente tensión entre las autoridades educativas y los distintos actores de la enseñanza.

Las autoridades de la ANEP descartaron dar marcha atrás con la resolución, que fue votada por unanimidad en el Codicen.

  La educación necesita transformaciones, pero también legitimidad. Cuando las reformas se implementan sin generar consensos mínimos con estudiantes y docentes, el riesgo es que el debate se traslade de las aulas a los conflictos. Las diferencias son legítimas, pero la prioridad debe ser preservar la calidad de la formación y fortalecer los espacios de diálogo antes de que la confrontación sustituya a la construcción de soluciones.

  Cuando fallan todas las barreras
Una joven de 24 años denunció haber sido víctima de un intento de violación en Quebracho (Paysandú), en un caso que derivó además en un femicidio y que también expone presuntas fallas en la respuesta institucional.

La denunciante aseguró haber sufrido una brutal agresión y cuestionó el accionar posterior tanto de la Policía como de los servicios de salud, planteando que no recibió la asistencia adecuada en un momento crítico.

A través de redes sociales, allegados a la mujer solicitaron que los vecinos que cuenten con cámaras de videovigilancia orientadas hacia la vía pública revisen las grabaciones y en caso de encontrar imágenes que puedan resultar de utilidad, las aporten a la investigación policial. Sin lugar a dudas el caso generó conmoción en el departamento y reavivó el debate sobre los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género y delitos sexuales. 

  Un intento de violación y un femicidio ya representan un fracaso inaceptable del sistema de protección. Pero cuando, además, la víctima denuncia respuestas deficientes por parte de las instituciones que debían asistirla, el problema deja de ser únicamente del agresor y pasa a interpelar al Estado. La prevención, la atención inmediata y el acompañamiento efectivo no pueden depender del lugar donde ocurra el hecho ni de la capacidad de insistir de quien denuncia. Cada falla institucional es una oportunidad perdida para proteger una vida.