Edición Nº 1088 - Viernes 10 de julio de 2026

Apuesta por el “punitivismo”, incluyendo la pena de muerte

Edición Nº 1088 - Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

Por Cartas de Lectores

Apuesta por el “punitivismo”, incluyendo la pena de muerte

Señor Director:

Abusando de su paciencia; y asumiendo el escozor que seguro generará el título de estas líneas, le ruego me acompañe en mi reflexión, en estos días en que Bagdad está más tranquila que la muy fiel y reconquistadora.

Desde que Rousseau nos mostrara que el orden social es un derecho sagrado y que no viene por naturaleza, mucha agua ha pasado bajo el puente.

Hoy en día todos aceptamos, en cierta medida, la limitación de algunos de nuestros derechos. Como dirían nuestros mayores: “Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás.”

El problema radica en que la formación de nuestros ciudadanos, aparte de que en lo formal deja bastante que desear, se desarrolla en entornos que propician la formación de seres completamente refractarios a cualquier tipo de contrato social o sujeción a las normas.

Déjenme ejemplificar: ya tenemos más de una generación de niñas de 15 años dando a luz a un hijo no deseado, muchas veces consecuencia de un abuso por parte de primos, padrastros o vaya a saber quién. Niño que a veces ya viene con síndrome de abstinencia por madre adicta. Crecerá mal nutrido, afectando su hardware cerebral, y sin ser amamantado, afectando su software emocional; sin conocer al padre. Recordemos, desde Freud, su importancia para la introyección de la ley.

Su salida del fin de semana es visitar algún tío encarcelado.

Pero resulta que apenas adolescente descubre que con un fierro en la cintura tiene un lugar en el mundo, plata fácil y la admiración de sus pares.

Así que, por unos pocos pesos, tenemos a un sicario como los de la tele.

Señor y dador de vida, ejecutor de la pena capital decretada por algún capo.

Sabedor de su impunidad casi segura, nada más que un tironcito de orejas y al barrio, a lucir orgulloso su cocarda.

El crimen, si lo vemos desde la teoría de los juegos, es un negocio; hoy, en Uruguay, el crimen es negocio.

Nuestra sociedad está condenada a padecer cada día más violencia, a emplear cada día más recursos y a crecer por debajo de su potencial, cada día un poquito más infeliz.

Contra este flagelo no nos queda otra que hablarles con un idioma que entienden: el miedo.

Ya sabemos que Uruguay es signatario del Pacto de San José de Costa Rica, ya sabemos que tendremos innúmeras ONG de derechos humanos que van a gritar por estos ciudadanos que no son derechos y no parecen muy humanos.

Así que le sugiero a nuestros legisladores que**,** para delitos como violación, asesinato por encargo y conexos al narcotráfico, provean a nuestros jueces de un menú de treinta años, cincuenta años, perpetua (nada de buena conducta) y, por último, la pena capital.

A ver si con estos números sigue siendo negocio.

Néstor Lioret

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Nota del Editor: La pena máxima en Uruguay es de 30 años de prisión, a la cual se le pueden sumar hasta 15 años de “medidas de seguridad” para casos de extrema gravedad, lo que resulta en un tiempo total de reclusión de hasta 45 años para algunos de los delitos que el lector menciona, casi la pena máxima que el propone (50 años) y casi una cadena perpetua en buena parte de los casos. Sin duda alguna podría ampliarse el abanico de delitos que pueden alcanzar esas penas.

En cuanto a la pena de muerte, la misma está prohibida en la propia Constitución.

El país ha atravesado diversas reformas legales que incrementaron las penas mínimas y máximas, eliminaron beneficios de liberación anticipada y expandieron los delitos con prisión efectiva. Esto ha generado un impacto directo en tres variables principales:
  • Tasa de encarcelamiento récord: Uruguay se convirtió en el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina en proporción a su población (superando los 440 presos por cada 100,000 habitantes). El punitivismo ha demostrado ser altamente eficaz para poblar las cárceles, pero no para disuadir a los criminales.
  • Hacinamiento y crisis humanitaria: El aumento exponencial de reclusos no fue acompañado por una inversión equivalente en infraestructura. Esto provocó condiciones de hacinamiento crítico que la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y organismos de derechos humanos han catalogado repetidamente como “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
  • Tasa de reincidencia del 70%: Los datos del Ministerio del Interior de Uruguay confirman que 7 de cada 10 personas que salen de prisión vuelven a delinquir en un plazo menor a tres años después de salidos de la cárcel. Al no existir condiciones de rehabilitación real debido al colapso del sistema, la cárcel funciona como una “escuela del delito” en lugar de un mecanismo de disuasión o reforma.
El argumento punitivista asume que el delincuente realiza un cálculo racional de “costo-beneficio” antes de actuar (ejmplo: “No voy a robar porque subieron la pena de 4 a 6 años”). Sin embargo, la evidencia demuestra que la mayoría de los delitos violentos se cometen bajo impulsos, consumo de sustancias o la asunción de que no serán capturados. El delincuente teme a la certeza del arresto, no a la cantidad de años en el código penal.

Sin duda, se trata de un debate que no está cerrado. Ni en Uruguay ni en muchos otros países.



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