Aprobado de antemano
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 3'
Por Alicia Quagliata Rienzi
La hoja de ruta del acuerdo con Solaria ya tiene fecha para aprobar los permisos. Los estudios que deberían sustentarlos, todavía no.
La semana pasada el gobierno anunció la mayor inversión extranjera de la historia del país: un parque de centros de datos de la empresa española Solaria, con generación solar propia, por 5.700 millones de dólares. Lo que se firmó es un memorándum de entendimiento. En su comunicación a la Bolsa de Madrid, Solaria se presenta como desarrolladora de la zona franca, que proveerá suelo e infraestructura a grandes operadores de centros de datos, y no indica cuánto de esa cifra aportará ni quiénes serán esos operadores. El memorándum, sin embargo, ya tiene calendario.
Según se conoció esta semana, la hoja de ruta prevé que en mayo de 2027 estén aprobadas la categorización de los padrones en las intendencias de Florida y Canelones y las habilitaciones del Ministerio de Ambiente. Ese mismo mes, la empresa tomaría su decisión final de inversión. Antes, en enero de 2027, UTE deberá iniciar licitaciones y adelantar un año las obras en las subestaciones de Cardal y Chamberlain. Para el conjunto de sus inversiones en el proyecto, prevé un refuerzo presupuestal de 120 millones de dólares que tendrá que autorizar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Para un proyecto de esta escala, ordenar los pasos es razonable. Lo que llama la atención es otra cosa: la hoja de ruta que se conoce fija cuándo deberían estar aprobados los permisos y no precisa cuándo se presentarán los estudios que deben sustentarlos.
La diferencia es de fondo. Cambiar la categoría de un suelo rural exige un instrumento de ordenamiento territorial, con instancias de participación pública y el voto de la Junta Departamental. La autorización ambiental existe para medir el impacto de una obra y exigir los cambios que la hagan viable. Ambos procesos tienen sentido porque pueden terminar en un sí, en un sí con condiciones o en un no.
Quienes trabajamos con permisos lo sabemos: un calendario puede prever cuándo entra un expediente. Cuándo sale aprobado depende de lo que el expediente muestre, de las observaciones que reciba y del tiempo que lleve analizarlas.
Y lo que está en juego es mucho territorio. Son unas 700 hectáreas de terrenos de UTE para los paneles solares y suelo en Canelones para el primer centro de datos, con su propia zona franca. La categorización define qué se puede hacer en un territorio durante décadas. El contrato de energía con UTE, además, podría extenderse hasta cuarenta años.
La inversión puede ser una gran oportunidad para el país. Justamente por su tamaño, los controles tienen que poder modificarla. Las intendencias, las juntas y el Ministerio de Ambiente deberían recibir expedientes completos, no una fecha para dar el visto bueno.
Corregirlo es sencillo. Alcanza con que el memorándum se conozca completo y que la hoja de ruta fije cuándo se presentan los estudios, dejando el resultado a quienes tienen la competencia para decidirlo.
Los controles valen por su capacidad de cambiar un proyecto. Si llegan con la respuesta escrita, solo lo acompañan.
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