Correo de los Viernes - Antimilitarismo

Antimilitarismo

Por Julio María Sanguinetti

Se ha reabierto el ya viejo debate sobre la (mal) llamada Caja Militar, lo que está bien. Pero se ha hecho en clave de rencor anacrónico, lo que está muy mal.

Más de una vez hemos pensado que en el presupuesto de Defensa Nacional simplemente debía haber una planilla de funcionarios en activo y otras en pasividad. Así ,lisa y llanamente. Porque es difícil hablar de una “caja”, en el sentido habitual del término, en una profesión tan particular, con un sistema de retiros obligatorios impuesto por sus propias características y un personal cotizante cuyo numero depende estrictamente del “empleador” exclusivo. Hoy cotizan solo 27 mil personas y están en pasividad 53 mil, una proporción que es simplemente el resultado de que el Estado resolvió reducir el número de militares y, naturalmente, hace impensable cualquier forma de equilibrio.

Esa situación hace incomparable la situación con la de la Caja Bancaria, mencionada habitualmente, porque a ella se le han añadido otros sectores de la actividad financiera, o parafinanciera, que han compensado la pérdida de puestos de trabajo en la banca tradicional. Sin contar con otras especificidades que alejan también la comparación, como —por ejemplo— los retiros obligatorios impuestos al personal subalterno a los 40 años, por la sencilla razón de que las tareas de un soldado o un marino exigen una condición física que les obliga a una vida laboral restringida, imposible de encuadrar en los términos normales de una pasividad.

Suele no entenderse el nivel de exigencia de las Fuerzas Armadas, en tareas prácticamente de dedicación exclusiva, que se llevan a cabo, además, en forma excluyente porque en cualquier momento se impone que, sin límite ni horario, se salga a enfrentar una situación de emergencia. Como tampoco se comprende lo que son las tareas habituales y permanentes de instrucción y entrenamiento, sin las cuales no hay la posibilidad de cumplir las exigentes misiones que se puedan requerir. Si tiene que salir un helicóptero a rescatar un accidentado, tiene que haber una tripulación entrenada y a la orden las 24 horas del día. Si hay que cerrar la frontera por una epidemia, no se pueden movilizar disciplinadamente unidades militares si éstas no están preparadas, entradas y no cuentan con un adecuado conocimiento del terreno. Si no están quienes tienen que estar, en el momento justo, no hay el efecto disuasivo imprescindible que preserve nuestro orden público de unos “sin tierra” brasileños o unos radicalizados “ecologistas” entrerrianos.

Por supuesto, no ha sido fácil adaptar la institución a los tiempos. Hay reformas que parecen lógicas, como son las edades. Retirar un coronel a los 55 años o un general a los 60, no parece adecuado a las expectativas de vida útil que hoy existen. Es evidente que esto hay que retocarlo, como habría que hacerlo, además, en general, en todo el sistema pensionario del país, que ha mejorado su estructura demográfica luego de la última ley, pero que exige periódicas actualizaciones.

Lo malo del debate es que se ha planteado en términos políticamente degradantes, como si esto fuera una puja entre los privilegios militares y la igualdad civil. La realidad es que los militares hoy están ganando muy mal, los soldados conviven con la pobreza como ningún otro sector de servidores del Estado y tampoco las jubilaciones son una canonjía: el promedio es de 23 mil pesos y solo 15 mil el de las pensionistas. Tampoco hay jubilaciones elevadas a raudales, porque la más elevada es de 209 mil pesos y son solo 15 las que superan los 200 mil. Que el sistema no se financie solo con las contribuciones del personal remunerado es tan verdad como que el sistema general se lleva más de la mitad del IVA para sostenerse: el Estado contribuyó con 2.500 millones de dólares al BPS, mientras fueron 320 millones al servicio de retiros y pensiones de las FFAA.

El golpe de Estado fue hace 45 años. La irrupción de la guerrilla, que le precedió, ocurrió hace más de medio siglo. El restablecimiento constitucional del país ha pasado los 30 años, con cinco gobiernos de tres partidos políticos. ¿Tiene sentido seguir con el prejuicio de ver la dictadura detrás de una institución imprescindible para el Estado? Desgraciadamente, en el Frente Amplio lo dicen a voz en cuello algunos y solapadamente otros. Por eso han mantenido una situación psicológica de acoso que ha debilitado el prestigio de la profesión militar como tal. De ahí que se hace difícil el reclutamiento, tanto en cantidad como en calidad. Si a ese clima le damos el golpe de gracia de que ni siquiera sobreviva la mínima garantía de un retiro digno, nos ponemos en un camino suicida para la República.