En un hecho que pasó prácticamente inadvertido, a mediados de este mes, el Parlamento convirtió en ley una modificación de la Ley de Negociación Colectiva que da respuesta a las observaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había presentado sobre nuestra normativa laboral cuando gobernaba el Frente Amplio. Como era de esperarse, desde el PIT-CNT se denunció recorte de "derechos y beneficios" por parte del gobierno. Son amigos de la OIT y sus reglas, siempre y cuando los beneficien.

En 2009, durante el último año del primer gobierno de Vázquez, fue promulgada la Ley 18.566, sobre negociación colectiva para el sector privado. Ese mismo año, desde las cámaras de comercio e industria, se elevó una queja ante la OIT denunciando que la normativa aprobada por Uruguay incumplía varios convenios sobre negociación colectiva firmados por el país.

Una década después, durante el último año del segundo gobierno de Vázquez, la OIT colocó a Uruguay en la llamada "lista negra" de países con incumplimientos graves en derechos laborales. Así, nuestro país fue incluido en el octavo lugar de una lista de 24 países acusados de violar el derecho laboral. Únicamente Turquía, Etiopía, Irak, Libia, Myanmar, Nicaragua y Bolivia, estaban en peores condiciones que nuestro país.

Tras la noticia, varios expertos recomendaron al gobierno frentista atender rápidamente la situación, revirtiendo la inédita "mancha" sobre las relaciones laborales en el país. Aunque el Ministro de Trabajo de entonces, Ernesto Murro, responsabilizó a los empresarios de un "ataque" en contra del gobierno, en 2019 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley modificativo, que no llegó a ser tratado antes de la finalización del ciclo frentista.

Desde la pasada campaña electoral, la coalición se comprometió a levantar las observaciones de la OIT, incluyendo el asunto en el "Compromiso por el país". Así, luego de resolver aspectos pendientes como la ocupación de los lugares de trabajo y la personería jurídica gremial, se aprobó semanas atrás el proyecto de ley que tiene como objetivo corregir los aspectos reclamados a nuestro país por la OIT. Es un "calco" al que presentó el gobierno frenteamplista en 2019, reconoció en múltiples oportunidades el ministro Mieres.

Con los antecedentes a la vista, resulta gracioso que legisladores del Frente Amplio se escandalicen y -por supuesto- no voten el proyecto que había sido propuesto por su propio partido en 2019. Lo mismo sucede con el PIT-CNT, que acusa al gobierno de recortar "derechos y beneficios", cuando lo que se está haciendo es cumplir con las observaciones de la OIT, tan citada -cuando les conviene- por el PIT-CNT.

Si será importante tener presente la historia detrás de los escándalos que monta la izquierda cuando no gobierna.