Alquileres: la pulsión autoritaria de fijar precios y fabricar escasez
Viernes 20 de marzo de 2026. Lectura: 5'
Por Santiago Torres
El senador socialista Gustavo González (¡vaya sorpresa!) impulsa fijar precios a los alquileres en Uruguay. La propuesta revive apolilladas —e invariablemente fracasadas— recetas de la izquierda ( que se suma a la otra ofensiva regulatoria contra los monoambientes) que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, amenaza con restringirlo aún más para los sectores más vulnerables. Como siempre, el dogma —confesado explícitamente— por encima de cualquier otra consideración.
La iniciativa del senador del Partido Socialista Gustavo González de regular el precio de los alquileres vuelve a instalar en la agenda una discusión conocida, pero no por ello menos problemática. Según explicó el propio legislador, el objetivo es intervenir en un mercado que, a su juicio, “no puede hacer lo que quiera”, planteando la necesidad de establecer límites a los precios para proteger a los inquilinos. Viejo y gastado verso, a esta altura.
En distintas declaraciones públicas, González ha sido explícito en su enfoque: “Les quiero regular el mercado”, afirmó, en una formulación que no deja lugar a ambigüedades sobre el alcance de su propuesta. La premisa es clara: el Estado debe intervenir para contener lo que interpreta como abusos en el precio de los arrendamientos, afirmación sostenida sin evidencia alguna.
Sin embargo, más allá de la retórica, la propuesta no es novedosa. Se trata, en esencia, de una reedición de iniciativas anteriores. Ya en 2016 se impulsó desde el Frente Amplio un proyecto con objetivos similares, que finalmente —y por fortuna— no prosperó.
Un mercado competitivo, no concentrado
El punto de partida de la propuesta sencillamente falsa: los propietarios abusan de los inquilinos (“hacen lo que quieren”). Pero la verdad de la milanesa es que el mercado de alquileres en Uruguay dista de ser un ámbito dominado por pocos actores con capacidad de fijar precios discrecionalmente. Por el contrario, se caracteriza por una alta atomización: miles de propietarios individuales compiten entre sí ofreciendo viviendas en condiciones diversas.
Esa estructura competitiva es clave para entender por qué la regulación de precios no solo resulta innecesaria sino rotundamente dañina. En mercados donde no existe concentración de oferta, los precios tienden a reflejar condiciones reales de oferta y demanda. Intervenirlos artificialmente implica distorsionar ese equilibrio.
La evidencia empírica, en Uruguay y en el mundo, es consistente: los controles de precios en los alquileres —o en cualquier otro bien o servicio— terminan reduciendo la oferta disponible. Los propietarios, enfrentados a rentabilidades forzadamente deprimidas, optan por retirar sus inmuebles del mercado y destinarlos a otros usos. Y quienes tienen capital, directamente no invertirán en nuevas propiedades para alquiler.
El resultado es previsible: menos viviendas disponibles y mayor dificultad para acceder a ellas, muy especialmente para quienes tienen menos recursos. Es la historia viva de los controles de precios pero el dogmático es inmune a toda evidencia.
Supuestos engañosos
Es cierto que los alquileres en pesos corrientes aumentaron más que el IPC en los 12 meses cerrados en 2025 (5,2% contra 3,65%). Pero ese dato aislado es engañoso. Primero, la cantidad de contratos de alquiler vigentes creció 1,94% frente a diciembre de 2024, o sea, el mercado de alquileres se dinamizó. Y en segundo lugar, el propio INE demuestra que aun con aumento real, hay una desaceleración significativa en el precio de los alquileres respecto a períodos anteriores, alineándose más con la evolución de los ingresos —por ende, la capacidad de pago— de los hogares, lo cual es consistente con la mayor cantidad de contratos de alquiler vigentes.
Esto implica que, en términos reales, alquilar hoy no es más caro que antes; antes bien, ha perdido peso relativo en el ingreso de los hogares, aunque haya crecimiento real en los precios. El problema del acceso a la vivienda, por tanto, no puede reducirse a una supuesta escalada descontrolada de precios, todos los analistas sostienen que no existe, sino que responde a factores más complejos: ingresos, crédito, oferta de suelo, costos de construcción.
Regular precios en este contexto no solo es innecesario, sino que ataca un diagnóstico equivocado, sustentado en ideología antes que en realidades.
La ofensiva contra los monoambientes
La propuesta sobre alquileres no es un hecho aislado. Se inscribe en una línea más amplia de intervenciones impulsadas por el senador González, entre ellas la regulación del metraje mínimo de las viviendas, con el objetivo explícito eliminar los monoambientes, a él le parecen “indignos”.
La medida, presentada como una defensa de estándares habitacionales, ignora un aspecto central: los monoambientes cumplen una función clave en el mercado, especialmente para jóvenes, estudiantes y personas de menores ingresos.
Eliminar o restringir este tipo de unidades no eleva la calidad de vida por decreto; simplemente reduce las opciones disponibles. Y, como advierten operadores del sector, una menor oferta de unidades pequeñas —que suelen ser las más accesibles— termina empujando los precios al alza en el conjunto del mercado.
Es decir, la política que pretende proteger a los sectores más vulnerables termina perjudicándolos directamente.
Cuando el dogma se impone a la evidencia
El denominador común de estas iniciativas es un enfoque que prioriza la intervención estatal por sobre el funcionamiento del mercado, incluso cuando la evidencia empírica desaconseja ese camino.
El control de precios en alquileres ha sido ensayado en múltiples países, con resultados reiteradamente negativos: caída de la oferta, deterioro del parque habitacional, mercados informales y mayores barreras de acceso para los sectores más frágiles. El resultado final siempre es el mismo.
Pero nada de eso parece disuadir a quienes, como el senador González, insisten en avanzar sobre regulaciones que ya han demostrado su ineficacia porque es su raison d'être.
“A mí no me va cambiar los principios que con aciertos y errores he defendido durante 50 años de mi vida ningún gobierno”, proclamó con González con orgullo dogmático en el programa “Arriba gente” de canal 10 al preguntársele sobre si no temía que el ministro Oddone objetara su iniciativa. Una pulsión autoritaria que es más fuerte que cualquier dato de la realidad. Un ayatola no lo hubiera hecho mejor.
Pero, como suele ocurrir en estos casos, las consecuencias no las pagan quienes diseñan políticas desde sus pulsiones, sino aquellos a quienes proclaman querer proteger.
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