Es evidente que ya no existe una izquierda responsable -como partido político- que ponga límites y bregue pensando en el futuro. Hoy lo que prevalece son las corporaciones sindicales e intereses de grupos, quienes una y otra vez marchan contra la Constitución, los derechos sustanciales de las personas y el futuro de los uruguayos.

La recolección de firmas se realizó entre compañeros de trabajo, con toda la presión que se tiene entre pares, donde se convive gran parte del día y se suma el poder del sindicato que vigila. En esas condiciones: ¿hay libertad de elección?

Pero más allá de eso, es evidente una atropellada carrera de miedo y desinformación, llevándose por delante a los dirigentes sensatos del Frente Amplio, incluido Pepe Mujica, que claramente advirtió contra el desastre de la reforma. Ya no están los Astori, que daban certezas; hoy hay dirigentes que, ante un acto político tan importante como es recolectar firmas para derogar un sistema previsional, hacen un lamentable cálculo político y dicen que no lo decidirán ahora. Una de las precandidatas más importantes del Frente Amplio, la Ing. Cosse, no se pronuncia porque quiere confundir a algún despistado de centro izquierda que pueda votarla, pero todos sabemos quiénes la apoyan y que, en definitiva, son los mismos que recolectaron firmas y hoy festejaron llegar al plebiscito.

La recolección de firmas tiene un móvil político-ideológico, que se llama Partido Comunista; denostar al mercado, atacar la propiedad privada y con ello las libertades fundamentales, trae como consecuencia romper con un sistema previsional que viene desde 1996, que funcionó 28 años, atacando claramente el ahorro privado, a las AFAPs.

Cuando afirmo en todos mis artículos, una y otra vez, que la reforma es inconstitucional, es porque el artículo 79 de la Constitución prevé el recurso de referéndum contra las leyes, donde mediante este mecanismo se intenta derogar normas o ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo; en ese mismo artículo se establece que no se puede utilizar para derogar las "leyes que establezcan tributos".

Por tanto, en octubre no solo se va a estar votando el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social, además de defender el sistema previsional, vamos a defender la Constitución, ya que no se pueden derogar o modificar tributos por plebiscitos, por la sencilla razón de que si se utilizan estos mecanismos demagógicos para gobernar, a la larga lo que se destruye es la seguridad jurídica y con ella los sueños de un país próspero, de futuro con trabajo para los jóvenes se desvanecen.

Es increíble que los llamados progresistas hoy estén defendiendo más al sector que en porcentaje tiene menos riesgo de pobreza. Hoy, quienes porcentualmente son más pobres son los niños, un 12%, no los adultos que son la mitad porcentualmente (6%). Por tanto, la izquierda corporativa y conservadora, como siempre, solo mira a quienes le aportan, no al interés general, no a los jóvenes, constituyendo la propuesta a plebiscitar un pasaporte de emigración de jóvenes del país, dado que la única forma de sostenerla es mediante aumentar impuestos, lo cual va directamente dirigido a matar el empleo.

La destrucción de todo es lo que promueve el PIT-CNT, y no hay prueba fehaciente que los haga cambiar, porque es evidente que su objetivo es la dominación, como pasó en otros países de América Latina. Fue Venezuela, fue Nicaragua, fue Argentina y estas fueron, entre otras, las reformas que hicieron eliminar las AFAPs, concentrando poder y destruyendo la riqueza. Sin duda esos países son los grandes generadores de inmigrantes en América Latina, por las malísimas condiciones en que vive su gente, los expulsan yéndose primero la gente con mejor nivel educativo.

La reforma de la seguridad social aprobada es la posible, no es la mejor ni para un lado ni para el otro. Es una reforma que los partidos que integran el gobierno dudaron mucho en aprobar, habiendo el país pasado por tantos problemas: pandemia, guerra, sequía, pero el deber de dar solución a un tema, de mejorar el grado inversor, de cuidar los ahorros de los uruguayos, de proteger a los jóvenes, fue parte de las razones por las cuales era importante aprobarla, sabiendo que siempre hay costos, porque siempre las reformas previsionales implican cargas.

Uruguay tiene una muy baja tasa de natalidad y un alto índice de envejecimiento, las personas viven más y nacen menos. La seguridad social se sostiene con los activos, con quienes trabajan, por tanto no hay que ser un gran matemático para saber que las jubilaciones de los viejos no se pueden seguir sosteniendo con la baja en la cantidad de aportantes.

Esa ecuación simple lleva a que en todos los países del mundo desarrollado, con seguridad social similar a la nuestra, aumentaron la edad de jubilación a 65 o más y muchos aumentaron además los años de cotización, ya que el sistema se hizo insostenible. Así fue que en Francia la edad se subió primero a 62 para llegar a 65 con 42 años de cotización, en Alemania de 65 para 67, en España de 64 con 37 años y 9 meses de cotización, Inglaterra a 66 años, Canadá 65 años, México 65 años, Argentina y Brasil tienen 65 hombres y 60 mujeres. En Uruguay será progresivo, hasta llegar a 65 pero con 30 años de cotización, lo cual es mucho más leve que cualquiera de los sistemas referidos, muchos de ellos con gobiernos socialistas o socialdemócratas.

Esto demuestra que el mundo, gracias a que las personas son más longevas, vive más y debe cambiar los sistemas previsionales.

El sistema hoy aprobado en Uruguay, que se pretende derogar por el plebiscito, se basa muy sucintamente en los siguientes parámetros:

Primero que nada, se mantiene el sistema de solidaridad intergeneracional y también el sistema de ahorro individual con las AFAPs.

No se bajan las jubilaciones, sino lo contrario: existe una mejora para las jubilaciones más pequeñas o de menor monto, ya que las mismas podrán ser suplementadas por el "suplemento solidario" que garantiza un nivel mínimo de ingreso, incluso en aquellos casos en que no existió contribución como pensiones a la vejez o invalidez.

Los trabajadores no aportan más. Se mantiene el actual sistema de aportes del 15% del salario, que se puede distribuir entre el sistema de solidaridad y la AFAP dependiendo del monto del salario.

Sí, se aumenta la edad de retiro a los 65 años, pero de forma gradual, comenzando a aplicarse a partir de los nacidos en 1973, quienes se jubilarían con 61 años; los nacidos en 1974 con 62 años y así sucesivamente hasta los nacidos a partir de 1977 con 65 años. Se mantiene en todos los casos el requerimiento de 30 años de servicios. También es importante saber que hoy, la gran mayoría de las personas se jubila después de los 63 años.

Se introduce un sistema que flexibiliza los requisitos de edad y años de servicio, se prevén combinaciones que permiten que por cada año más de edad, se reduzca la cantidad de años de servicios requeridos: 66 años de edad y 27 de servicios; 67 años de edad y 24 de servicio; 68 años de edad y 21 años de servicio; 69 años de edad y 18 años de servicio, hasta llegar a 70 años y 15 de servicios.

A la inversa también se prevé: si es más larga la trayectoria laboral, puedes jubilarte antes; si se cuenta con 38 años de trabajo formal, podrán jubilarse con 63 años de edad y con 35 años de servicio podrán jubilarse a los 64 años.

Se puede jubilarse y seguir trabajando. Hasta la aprobación de esta reforma, los jubilados de BPS, industria y comercio, rural y domésticos no podían desarrollar otra actividad si estaban jubilados; a partir del 1º de agosto de 2023, se puede, lo cual además de amparar a las personas en su libertad de trabajo, las ampara en sus derechos, pudiendo tener empleos formales con protección, no como pasaba hasta ahora que trabajaban en negro, sin derecho alguno, sujetos a abusos, ya que no podían denunciar a sus empleadores, porque serían sancionados por BPS.

El sistema de pensiones en caso de fallecimiento de cónyuge, concubino, divorciado con pensión congrua, se mantiene sin límite de tiempo, si la viuda o viudo, concubinas/os o divorciadas/os con pensión alimenticia congrua son mayores de 40 años de edad. También se mantiene indefinidamente para los incapaces. Y en caso de ser mayor hasta 23 años de edad, se mantiene si realiza estudios terciarios.

Este tipo de pensiones toma en cuenta la situación económica de la viuda o viudo o la situación de vulnerabilidad, ya que el sistema de solidaridad debe amparar a los más débiles por definición y por tanto los límites dispuestos son con ese fin.

Básicamente estas son las modificaciones de la ley aprobada de Seguridad Social y queda claro que en muchos casos se mejora lo anterior y en general no cambia demasiado a lo que hacen la mayoría de las personas hoy, que muchas continúan su vida laboral.

Se mantiene el ahorro individual, no se expropian como propone la reforma que se pretende plebiscitar. Hay aumentos de las jubilaciones mínimas, no se disminuyen, ni se aumentan los aportes, como argumentan los detractores de la reforma, de forma falsa. Hay flexibilidad en cuanto a los años, manteniéndose todos los derechos, otorgando seguridad a las personas y, sobre todo, lo más importante, no se hipoteca el futuro de los más jóvenes. Por eso es tan importante decirle un gran No al plebiscito propuesto por el PIT-CNT.