Correo de los Viernes - Alejandro Betancourt, el personaje que ensombrece todavía más el pacto petrolero

Alejandro Betancourt, el personaje que ensombrece todavía más el pacto petrolero

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

El empresario venezolano amasó su fortuna durante el chavismo, fue investigado por presunto lavado de dinero y colaboró con Washington antes de la captura de Nicolás Maduro. Ahora aparece como intermediario y beneficiario central de un acuerdo que compromete durante un siglo una parte sustancial del petróleo venezolano.

Una investigación publicada por Reuters, firmada por Sarah Kinosian, Marianna Parraga y Gram Slattery, aporta un dato que vuelve todavía más inquietante el ya polémico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez: uno de sus principales arquitectos y beneficiarios es Alejandro Betancourt, un empresario venezolano cuya fortuna nació al amparo del chavismo y que hasta hace poco era investigado por fiscales estadounidenses por presunto lavado de dinero.

Betancourt no es un técnico convocado para aportar conocimientos especializados ni el representante de una gran petrolera internacional seleccionada mediante un procedimiento competitivo. Es uno de los más notorios integrantes de la generación conocida en Venezuela como los “bolichicos”: jóvenes empresarios que acumularon fortunas extraordinarias gracias a sus vínculos y contratos con el Estado durante el gobierno de Hugo Chávez.

Su trayectoria empresarial comenzó a adquirir otra dimensión durante la crisis eléctrica venezolana de 2009 y 2010. Su compañía, Derwick Associates, obtuvo contratos estatales por aproximadamente US$ 2.000 millones para construir centrales termoeléctricas, algunos de ellos sin licitación y pese a que la empresa tenía escasa experiencia en el sector.

Una investigación anterior de Reuters reveló, por ejemplo, que para la central de Picure la empresa estadounidense ProEnergy había presentado a Derwick una propuesta por US$ 32,6 millones. La oferta que posteriormente Derwick trasladó al Estado venezolano ascendió a US$ 79 millones: 2,4 veces el precio original. Los abogados de Betancourt sostuvieron que la diferencia respondía a los riesgos asumidos por operar en Venezuela y negaron que hubiera existido alguna irregularidad.

Los resultados tampoco contribuyeron a disipar las dudas. Según datos oficiales citados por Reuters, varias de las plantas construidas por Derwick funcionaron a una fracción de la capacidad prevista o directamente dejaron de operar, mientras Venezuela continuaba padeciendo apagones. La empresa ha sostenido que cumplió sus contratos y que las fallas posteriores fueron consecuencia de la mala administración estatal.

Del negocio eléctrico al petróleo

El salto hacia el sector petrolero se produjo mediante una asociación con empresas vinculadas a PDVSA para explotar campos maduros en el occidente venezolano. Aquellas operaciones terminarían constituyendo el núcleo de North American Blue Energy Partners -NABEP-, empresa fundada en 2024 por Betancourt y el empresario estadounidense Harry Sargeant. Este último vendió recientemente su participación, dejando a Betancourt al frente de la compañía.

NABEP no es hoy un operador insignificante. Produce cerca de 200.000 barriles diarios y se ha convertido en el segundo mayor operador privado de Venezuela, por detrás de Chevron. Pero su actual relevancia no explica por sí sola las condiciones excepcionales que acaba de recibir.

El acuerdo negociado entre Washington y Caracas concede a la estructura encabezada por NABEP derechos durante cien años sobre 17 campos petroleros que contendrían alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. El Pentágono obtendrá una participación del 35% en la compañía, mientras el Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir al costo el 20% de su producción y acceso preferente al resto.

No se ha divulgado el texto completo del convenio. Tampoco hubo una licitación que permitiera comparar las condiciones ofrecidas por NABEP con las que podrían haber presentado compañías de reconocida trayectoria internacional. Existen, además, importantes interrogantes sobre la aprobación institucional, la seguridad jurídica y la capacidad de un gobierno venezolano interino para comprometer durante un siglo recursos pertenecientes a generaciones futuras.

Ya era, por tanto, un acuerdo extraordinariamente opaco. La aparición de Betancourt en su centro lo torna todavía más turbio.

Investigado ayer, socio privilegiado hoy

Alejandro Betancourt fue investigado en Estados Unidos, España y Suiza, aunque nunca fue formalmente acusado ni condenado. Esa precisión es indispensable: una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad.

Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de procesamiento para ignorar hechos políticamente relevantes.

Fiscales federales de Florida investigaban su posible participación en una operación mediante la cual habrían sido sustraídos más de US$ 1.000 millones de PDVSA y posteriormente lavados mediante propiedades en Miami y cuentas bancarias en Malta y Suiza. Betancourt habría sido identificado como co-conspirador no acusado dentro de un expediente en el que otras diez personas sí fueron imputadas.

La investigación estadounidense fue paralizada este año. Según las fuentes consultadas por Reuters, algunos fiscales recibieron indicaciones de sus superiores para no continuar investigándolo, sin que se les proporcionara una explicación. Posteriormente, funcionarios estadounidenses presionaron a Suiza para que flexibilizara las actuaciones contra el empresario. Suiza retiró el pedido de extradición cursado al Reino Unido, aunque la Fiscalía de Zúrich asegura que el proceso penal continúa.

La defensa de Betancourt sostiene que las acusaciones han sido examinadas durante años en distintas jurisdicciones sin que ninguna haya desembocado en cargos. Delcy Rodríguez, por su parte, afirma que las causas contra sus empresas en Venezuela fueron archivadas hace tiempo.

El problema no consiste en sustituir a los tribunales ni en declarar culpable a quien no ha sido condenado. Consiste en determinar si un personaje con semejantes antecedentes debía ser convertido, mediante una negociación secreta, en socio del gobierno estadounidense y custodio privado de una porción gigantesca de la riqueza petrolera venezolana.

Un intermediario demasiado útil

Betancourt no llegó a esta posición solamente por su producción petrolera. Según Reuters, en los meses anteriores a la captura de Maduro proporcionó información que ayudó a Estados Unidos a aplicar el bloqueo naval contra buques petroleros sancionados. También facilitó negociaciones con integrantes del régimen, incluida Delcy Rodríguez.

Después de la caída de Maduro continuó funcionando como enlace entre Caracas y Washington. Participó en la negociación de contratos petroleros, intervino en las comunicaciones destinadas a mantener en funcionamiento la economía venezolana y ayudó a cerrar un acuerdo comercial que permitió exportar más de 135 millones de barriles de crudo y combustibles desde enero. También estuvo presente en el Palacio de Miraflores durante la reciente visita del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright.

La secuencia es difícil de ignorar: Betancourt colaboró con Estados Unidos; la investigación estadounidense en su contra quedó paralizada; Washington intervino ante las autoridades suizas; las restricciones que le impedían viajar fueron levantadas; y poco después su empresa recibió un lugar privilegiado en uno de los mayores acuerdos petroleros de la historia.

Reuters aclara que no pudo establecer si la paralización de la investigación fue una contraprestación por su cooperación. No corresponde, por tanto, afirmar que existió semejante intercambio. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que la administración estadounidense explique con absoluta transparencia cómo se produjo esa sucesión de acontecimientos.

La vieja Venezuela con nuevos socios

Estados Unidos puede tener razones estratégicas legítimas para procurar que el petróleo venezolano no quede bajo el control de China, Rusia o Irán. También es indudable que Venezuela necesita capital, tecnología y seguridad jurídica para recuperar una industria destruida por décadas de chavismo.

Nada de eso obliga, sin embargo, a confiar semejante operación a un empresario enriquecido durante el propio chavismo, relacionado durante años con altos funcionarios del régimen e investigado por operaciones vinculadas con el saqueo de PDVSA.

La presencia de Betancourt destruye buena parte del relato según el cual el acuerdo inaugura una etapa nueva y transparente. Más bien parece demostrar que, bajo una cobertura geopolítica distinta, sobreviven los mismos intermediarios, las mismas negociaciones reservadas y la misma confusión entre poder político, favores judiciales y negocios privados.

No se está ante un detalle biográfico incómodo. La identidad de quien recibe derechos extraordinarios sobre 17 campos petroleros, mantiene acceso directo a Delcy Rodríguez y se convierte simultáneamente en socio del Pentágono forma parte de la esencia del acuerdo.

Washington y Caracas pretenden presentar el convenio como el comienzo de la reconstrucción venezolana. Pero una reconstrucción auténtica exigiría licitaciones abiertas, control institucional, publicación íntegra de los contratos y beneficiarios libres de cualquier conflicto de interés. Lo anunciado hasta ahora ofrece exactamente lo contrario.

Alejandro Betancourt no es solamente el hombre que conecta a Estados Unidos con el poder chavista superviviente. Es el símbolo de una operación en la que las conveniencias estratégicas parecen haber pesado más que la transparencia, la institucionalidad y el derecho de los venezolanos a conocer quién administrará su principal riqueza. Su participación protagónica no despeja las dudas sobre el pacto petrolero: las multiplica.