Los sindicatos pueden y deben discutir aquellas cuestiones que hacen al bienestar de sus representados, negociando en los ámbitos correspondientes, bipartitos o tripartitos. Incluso, si entienden que sus demandas no son atendidas debidamente, pueden recurrir a la huelga, derecho constitucionalmente reconocido.

Lo que no es de recibo es que, en el marco de esa discusión sobre las condiciones de trabajo, un sindicato pretenda participar del proceso de toma de decisiones de una empresa, pretendiendo torcer el rumbo estratégico que sus legítimas autoridades hayan trazado en la medida que éstas representan a quienes invirtieron su capital en ese emprendimiento. Y esto vale tanto para empresas privadas como para empresas públicas.

Ello viene a cuento de la creciente conflictividad que se viene registrando en ANCAP. La empresa ha tomado diversas medidas en relación a negocios en los que participa en diferentes modalidades, procurando reducir cuanto sea posible sus pérdidas. Entre otras cosas, para que el "costo ANCAP" de los combustibles -hoy transparentado- también se reduzca al máximo posible.

Es lógico que los sindicatos de ANCAP (son más que la Federación ANCAP en virtud de los múltiples rubros en que incursiona el ente) pretendan negociar la situación de los trabajadores afectados por esas decisiones. Tan legítimas son las decisiones de la empresa como el interés de los sindicatos en defender a los trabajadores eventualmente afectados por esas decisiones.

El límite de legitimidad se cruza cuando los sindicatos, además de la preocupación por los trabajadores, pretenden discutir el rumbo estratégico decidido por el directorio, cuestionando y buscando revertir medidas que se han tomado en ese sentido.

Vayamos a un par de ejemplos concretos.

Por considerarlo no rentable, ALUR S. A., una de las empresas del grupo ANCAP, decidió dejar de arrendar un predio rural en la localidad de Belén, en Salto. Es en todo punto razonable, entonces, que los sindicatos se preocupen por la situación en que quedan los trabajadores del predio y de hecho ALUR ofreció varias alternativas para ellos. Lo que no es razonable es que los sindicatos pretendan negociar la decisión de dejar de arrendar el predio.

Otro ejemplo: el directorio de ANCAP decidió dejar de arrendar el barco "Malva H" en el marco de un reestructura de su operativa logística. Legítimo es que FANCAP ponga sobre la mesa la suerte de los tripulantes del barco. No es legítimo, en cambio, que pretenda negociar la decisión de terminar con el contrato de arrendamiento del barco.

El cogobierno de las empresas públicas no es aceptable y no es el rol que le compete a los sindicatos en democracia.