Correo de los Viernes - Afganistán, cinco años después: hambre, aislamiento y un régimen que asfixia a su propia sociedad

Afganistán, cinco años después: hambre, aislamiento y un régimen que asfixia a su propia sociedad

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 7'

Cinco años después del regreso de los talibanes al poder, Afganistán vive una crisis en la que se superponen el hambre, la desnutrición infantil, la sequía, el retorno forzado de millones de emigrantes y el progresivo derrumbe de los servicios básicos. La disminución de la ayuda internacional agrava la emergencia, pero una parte sustancial de la tragedia también responde a las políticas de un régimen que excluye a las mujeres, empobrece al país y antepone su dogmatismo a la supervivencia de su propia población.

El sábado 15 de agosto, los talibanes celebraron con desfiles militares el quinto aniversario de su regreso al poder en Afganistán. Frente al edificio que hasta 2021 ocupaba la embajada de Estados Unidos en Kabul, vehículos blindados, banderas blancas y discursos triunfalistas procuraron transmitir la imagen de un régimen consolidado, capaz de garantizar el orden después de décadas de guerra. Sin embargo, detrás de esa escenificación del poder existe un país exhausto, aislado y sometido a una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

La caída de Kabul, el 15 de agosto de 2021, puso fin a veinte años de presencia militar occidental y devolvió el control del país al movimiento fundamentalista que ya lo había gobernado entre 1996 y 2001. Los talibanes prometieron entonces una administración más moderada, pero esa expectativa se desvaneció rápidamente. El poder permanece concentrado en una estructura cerrada, exclusivamente masculina y sin legitimidad electoral. Rusia es, hasta ahora, el único Estado que ha reconocido formalmente al llamado Emirato Islámico de Afganistán, aunque otros países mantienen contactos pragmáticos con sus autoridades.

Es cierto que Afganistán ya no padece una guerra abierta de las dimensiones anteriores a 2021. Pero la ausencia de combates generalizados no equivale a estabilidad. El Estado Islámico de la Provincia de Jorasán continúa realizando atentados y asesinatos selectivos, mientras las relaciones con Pakistán se encuentran severamente deterioradas por las acusaciones de Islamabad de que Kabul tolera la presencia de insurgentes pakistaníes. La aparente pacificación convive, además, con detenciones arbitrarias, persecuciones y la inexistencia de garantías jurídicas.

Las cifras humanitarias muestran la magnitud del desastre. Durante 2026, alrededor de 21,9 millones de personas —aproximadamente el 45% de la población— necesitarán algún tipo de asistencia. Las organizaciones humanitarias se proponen alcanzar a 17,5 millones, pero el plan elaborado por las Naciones Unidas requiere unos US$1.700 millones y, a mediados de agosto, apenas había recibido el 25% de esa suma.

El hambre constituye la expresión más inmediata de la emergencia. El Programa Mundial de Alimentos estima que 13,8 millones de afganos padecen inseguridad alimentaria aguda y que 4,9 millones de mujeres y niños necesitarán tratamiento contra la desnutrición durante 2026. En doce de las 34 provincias del país la desnutrición infantil aguda ha alcanzado niveles críticos, la cifra más alta registrada hasta ahora.

La situación de los niños es especialmente dramática. Cerca de 3,7 millones sufrirán desnutrición aguda este año, mientras 1,2 millones de mujeres embarazadas o en período de lactancia también estarán desnutridas. La combinación del aumento del precio de los alimentos, las enfermedades transmisibles, la falta de agua potable y la reducción de los programas asistenciales está llevando a los centros de salud a niños que, muchas veces, llegan cuando ya es demasiado tarde. El Programa Mundial de Alimentos calcula que necesita US$540 millones para sostener sus operaciones durante los próximos seis meses.

El sistema sanitario se encuentra al borde del colapso. La disminución de los fondos internacionales provocó durante 2025 el cierre de más de 422 establecimientos de salud, dejando a unos tres millones de personas sin acceso a servicios esenciales. Otros centros funcionan con personal insuficiente, escasez de medicamentos y capacidad mínima para atender enfermedades como el sarampión, la malaria, el dengue, la poliomielitis y la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

A esa emergencia se agrega una crisis ambiental de enorme profundidad. Afganistán atraviesa su sexto año consecutivo de sequía meteorológica e hidrológica. Más del 75% de sus niños está expuesto a sequías, más de la mitad a olas de calor cada vez más prolongadas y 1,7 millones al riesgo de inundaciones fluviales. Casi un tercio de la población carece de acceso básico al agua potable, mientras la pérdida de cosechas destruye los ingresos de las comunidades rurales y multiplica los desplazamientos internos.

Como si todo ello fuera insuficiente, Afganistán debe absorber el retorno masivo de sus ciudadanos expulsados de Irán y Pakistán. Más de cinco millones de afganos regresaron desde los países vecinos en los últimos dos años; solo desde Irán volvieron cerca de 1,9 millones durante 2025. Buena parte de ellos llega sin vivienda, empleo, ahorros ni redes familiares capaces de sostenerlos. Se incorporan así a comunidades que ya tienen dificultades para acceder a alimentos, escuelas, agua y atención sanitaria.

La economía ofrece algunos datos aparentemente positivos que, sin embargo, no se traducen en una mejora de la vida cotidiana. El Banco Mundial estima que el producto aumentó 4,8% durante 2025, impulsado en parte por el consumo y la llegada de millones de retornados. Pero, debido al crecimiento extraordinario de la población, el producto por habitante cayó 5,6%. La inflación llegó al 7,6% en marzo de 2026, empujada fundamentalmente por los alimentos, mientras la falta de crédito, la precariedad de la infraestructura, los cortes de las rutas comerciales y la caída de las donaciones limitan cualquier recuperación sostenible.

La tragedia afgana tiene, además, un componente deliberadamente impuesto por el régimen: la virtual expulsión de las mujeres de la vida pública. Desde 2021, los talibanes aprobaron más de cien decretos que restringen su educación, trabajo, movilidad, atención sanitaria y acceso a la Justicia. Afganistán es el único país del mundo donde las niñas y las mujeres tienen formalmente prohibido cursar la enseñanza secundaria y universitaria. Según la UNESCO, unos 2,4 millones de niñas permanecen fuera de las aulas.

Las consecuencias exceden ampliamente la vulneración individual de derechos. Al impedir que las mujeres estudien y trabajen, los talibanes están eliminando futuras generaciones de maestras, médicas, enfermeras y parteras. Como numerosas familias no permiten que una mujer sea atendida por un hombre, la desaparición del personal sanitario femenino se convierte directamente en una sentencia de muerte para madres y niños. UNICEF calcula que el país podría perder más de 25.000 maestras y trabajadoras de la salud hacia 2030 si las restricciones se mantienen.

La reclusión también está produciendo una crisis silenciosa de salud mental. Más de la mitad de las mujeres consultadas por ONU Mujeres sale de su casa apenas una o dos veces al mes, y siete de cada diez califican su estado psicológico como malo o muy malo. Al mismo tiempo, más de la mitad de las organizaciones femeninas todavía activas podría cerrar durante el próximo año por falta de recursos.

La comunidad internacional enfrenta un dilema difícil, pero no insoluble. Reconocer políticamente al régimen sin exigir cambios sustanciales supondría normalizar la persecución de las mujeres, la ausencia de libertades y una concepción medieval del poder. Pero abandonar económicamente al país no castiga a los dirigentes talibanes: castiga a los niños hambrientos, a las madres sin atención médica y a las familias expulsadas de los países vecinos.

La ayuda humanitaria debe continuar y ampliarse mediante mecanismos capaces de impedir su apropiación política por el régimen. Al mismo tiempo, toda relación diplomática, cooperación económica o eventual reconocimiento debe quedar condicionada a pasos verificables: reapertura de las escuelas y universidades para las mujeres, autorización para que trabajen en las organizaciones humanitarias, garantías para las minorías y respeto de derechos elementales.

Afganistán no puede seguir siendo tratado como un problema que desapareció cuando se retiraron las últimas tropas occidentales. La guerra terminó para buena parte del mundo, pero no la tragedia de los afganos. Cinco años después, el país sigue pagando simultáneamente el precio del fanatismo talibán, de décadas de intervenciones fallidas y de una comunidad internacional que parece haberse acostumbrado demasiado pronto a mirar hacia otro lado.