Correo de los Viernes - A tapa cerrada

A tapa cerrada

Viernes 25 de setiembre de 2026. Lectura: 6'

Por Marcela Pérez Pascual

Para no arriesgarse a volver a Diputados, el Frente Amplio aprobó la Rendición de Cuentas en el Senado sin cambiar una coma. Más de 50 propuestas de la oposición ni siquiera se consideraron. El resultado: una ley con errores conocidos, que pudo ser mejor y no lo fue porque no se quiso.

El martes 22 de setiembre, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Rendición de Cuentas. Lo hizo con los votos del Frente Amplio y sin modificar una sola coma del texto que había llegado de Diputados. Según se informó, es la primera vez desde 1985 que una Rendición de Cuentas se aprueba en el Senado sin ningún tipo de cambio. No es una curiosidad estadística. Es la radiografía de una manera de gobernar.

Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí. En Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia, el proyecto solo salió adelante después de que el gobierno aceptara una serie de pedidos de Cabildo Abierto. En el Senado, en cambio, el Frente Amplio reúne 17 de los 31 votos. Y decidió usarlos no para mejorar la ley, sino para blindarla.

El anuncio lo hizo el senador Daniel Caggiani, y no en un intercambio con sus colegas, sino mientras la comisión recibía a dirigentes de COFE: la bancada oficialista votaría la Rendición tal como vino de Diputados y, en sus palabras, “no vamos a ingresar en ninguna consideración de modificación”. La razón principal, explicó, es que no tenían la seguridad de que los cambios fueran luego votados en la Cámara baja. Para el lector no familiarizado con el trámite: cuando el Senado modifica un proyecto, este debe volver a la cámara de origen —lo que se conoce como “tercera cámara”— para que acepte o rechace las modificaciones. En esa instancia la Rendición no puede tratarse por partes: se aprueba o cae entera. Allí el gobierno volvería a depender de Cabildo Abierto. Prefirió no correr el riesgo.

¿Qué revela esta decisión? Al menos tres cosas.

Primero, desconfianza en sus propios acuerdos. Si el gobierno estuviera seguro de lo pactado con Cabildo Abierto, no le temería a Diputados. El senador nacionalista Rodrigo Blás lo planteó sin rodeos, al preguntarse qué parte de ese acuerdo el oficialismo no cumplió o no piensa cumplir como para tenerle tanto miedo a la tercera cámara.

Segundo, el vaciamiento del Senado como ámbito de deliberación. La senadora Graciela Bianchi lo resumió al decir que la Cámara había sido convertida en una “escribanía del gobierno”. Ministros y jerarcas siguieron compareciendo ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda —incluido el ministro de Economía— cuando la suerte del texto ya estaba echada. Se escuchó, sí. Pero sin ninguna intención de cambiar nada.

Tercero, el desprecio por los aportes de la oposición. El senador colorado Tabaré Viera cuestionó que el oficialismo no diera la posibilidad de “considerar siquiera nuestras propuestas” y señaló que no recuerda “que haya existido en el Parlamento una actitud similar”.

Y no se trataba de propuestas menores. Blancos y colorados presentaron más de 50 aditivos y sustitutivos. Entre ellos, recursos para los juzgados especializados en violencia de género, cuando la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia había señalado que la única vía para obtener más fondos eran, precisamente, los aditivos; financiamiento para el Instituto Nacional de la Leche; y respuestas a los problemas de competitividad del comercio de frontera.

Pedro Bordaberry, por su parte, insistió en mantener las condicionalidades de las transferencias a la infancia —que los niños concurran a la escuela y a los controles de salud—, en que ninguna parte de esas prestaciones se pague en efectivo, en duplicar algunos montos y en sincerar los números de la economía. Sobre esto último: el gobierno mantiene su proyección de crecimiento de 1,6%, mientras el Banco Central informó que el PIB del segundo trimestre de 2026 cayó 0,5% respecto al mismo período del año anterior. “A todas esas cosas nos dijeron que no”, resumió Bordaberry.

Lo más grave, sin embargo, es otra cosa. Bordaberry advirtió que varios ministros reconocieron que hay artículos con errores o problemas de constitucionalidad, y que aun así no se corrigieron para no tocar el texto. Señaló, por ejemplo, la norma que habilita al Poder Ejecutivo a cesar discrecionalmente a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando —según sostuvo— la Constitución sólo lo admite por omisión, delito o con intervención del Senado. O el artículo sobre conflictos de interés entre médicos y laboratorios, que calificó de “bien intencionado pero mal redactado”, porque obliga a declarar los pagos pero no prevé sanción alguna. Corregir un artículo mal redactado no cuesta un peso. Solo requiere voluntad.

El oficialismo tiene su explicación. Sostiene que la oposición anunció desde el comienzo que no votaría el proyecto en general, y que buena parte de los aditivos implicaba más gasto sin financiamiento; el senador Sebastián Sabini llegó a calificarlos como “la carta de los Reyes Magos”. Pero el argumento no resiste el análisis. No votar en general es una definición política legítima sobre el conjunto —sobre los números, la gestión y las prioridades—, y tiene larga tradición en nuestro Parlamento. Como han recordado legisladores de la coalición, desde la restauración democrática el propio Frente Amplio, cada vez que fue oposición, se negó a votar en general las rendiciones de cuentas, aunque acompañó los artículos con los que coincidía. Es exactamente lo que hicieron ahora blancos y colorados, que votaron más de dos tercios del articulado. Se puede discrepar con el todo y aportar en las partes. Eso es el trabajo parlamentario. Y si algún aditivo carecía de financiamiento, lo razonable era discutirlo, ajustarlo o rechazarlo por sus méritos; no cerrarles la puerta a todos, incluidos los que no costaban nada.

La consecuencia está a la vista. Uruguay tiene una Rendición de Cuentas que pudo ser mejor y no lo fue porque no se quiso: una ley con errores que, según denunció la oposición, los propios ministros admitieron y que, aun así, se aprobó. Cuando un gobierno prefiere una ley defectuosa antes que arriesgar su estrategia parlamentaria, está diciendo con claridad cuál es su prioridad: primero, su agenda; después, los uruguayos.

Queda, además, un precedente que preocupa. Varios legisladores advirtieron que este criterio podría repetirse en futuras rendiciones y en otros proyectos de ley. ¡Sería un pésimo camino! Un gobierno sin mayorías necesita construir acuerdos, no esquivarlos. Confío en que el Partido Colorado seguirá haciendo lo que hizo en esta instancia: estudiar, proponer, señalar los errores y ofrecer soluciones. A los uruguayos nos toca tomar nota de quién estuvo dispuesto a escuchar y quién decidió no hacerlo.

Sin disposición real a escuchar, no hay deliberación. Solo hay aritmética. Y a tapa cerrada se sellan cajas; no se gobierna un país.