A propósito del Proyecto de Inclusión Asistida
Viernes 29 de noviembre de 2024. Lectura: 4'
 En tiempos donde la seguridad y la justicia son temáticas recurrentes, es fundamental reconocer las iniciativas que están contribuyendo a cambiar la realidad carcelaria de nuestro país. Entre ellas, destaca el Proyecto de Inclusión Asistida, un plan piloto que ha generado resultados alentadores en términos de reincidencia delictiva.
Este programa, lanzado por el gobierno de coalición y coordinado entre los ministerios del Interior y de Desarrollo Social junto a la Universidad de Montevideo, representa una innovación en las políticas públicas de rehabilitación. Más allá de los números, su impacto tiene un valor cualitativo que nos invita a reflexionar sobre el papel del Estado en la reinserción social de los liberados.
El contexto del programa no es menor: el 70% de las personas que pasan por el sistema carcelario en Uruguay reinciden en un plazo de cuatro años. En este sentido, el Proyecto de Inclusión Asistida se propuso como un piloto experimental, buscando acompañar a los liberados en su proceso de reingreso a la sociedad, con la esperanza de romper con ese ciclo de reincidencia. El objetivo era claro: reducir el índice de reincidencia mediante una asistencia focalizada y sostenida.
Los primeros resultados son alentadores. Según la evaluación del impacto realizada por la Universidad de Montevideo, la reincidencia de los participantes del plan piloto fue un 25% menor comparado con aquellos que no recibieron este tipo de acompañamiento. Se trata de un avance significativo que nos deja ver que, con una inversión relativamente baja (apenas $1.600 por mes por persona), es posible ofrecer una verdadera oportunidad de reinserción. El programa no solo generó resultados positivos en términos estadísticos, sino que también puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre distintos organismos del Estado y de la colaboración entre el ámbito público y la academia.
En este punto, es fundamental destacar que la experiencia acumulada y los resultados iniciales del programa dejan un importante legado para el próximo gobierno. Este plan piloto ha abierto el camino hacia una nueva forma de entender el papel del Estado en las políticas de seguridad y reinserción. Lejos de limitarse al ámbito represivo, estas políticas proponen soluciones que atacan la raíz del problema: la falta de oportunidades para quienes salen de la cárcel. Porque, tal como mostró el programa, con un apoyo mínimo, muchos de los liberados están dispuestos a mantenerse alejados del delito.
El Proyecto de Inclusión Asistida también nos deja una importante lección sobre los costos asociados al sistema penitenciario y las ventajas de invertir en la prevención. Mantener a una persona presa cuesta alrededor de $40.000 mensuales, mientras que el costo de este programa es de apenas $1.600. La diferencia es abrumadora, y demuestra que es posible reducir tanto el impacto social del delito como los costos económicos que representa la reincidencia.
La inclusión de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) como una parte esencial del proceso también ha sido un acierto. El acompañamiento personal, el apoyo con boletos y el asesoramiento sobre los servicios disponibles demostraron ser medidas fundamentales para evitar que los liberados vuelvan a delinquir. Estos componentes humanos y de cercanía, sumados a la ayuda financiera, constituyen la base de una estrategia de rehabilitación efectiva.
Es necesario que el próximo gobierno tome esta experiencia y la expanda, incorporando incluso “herramientas más sofisticadas”, como mencionó uno de los responsables del programa, nuestro correligionario Diego Sanjurjo. Herramientas que apuesten por la formación, la educación y el empleo de los liberados, para que no solo puedan evitar reincidir, sino que también encuentren una nueva oportunidad de integrarse plenamente a la sociedad.
Este gobierno deja así un insumo valioso y una invitación clara a seguir profundizando el trabajo en las políticas de rehabilitación e inclusión social de los reclusos. La seguridad es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, y la prevención del delito no puede pasar solo por el aumento de penas o la creación de más cárceles. El camino hacia un Uruguay más seguro pasa también por darle una segunda oportunidad a quienes, con ayuda y acompañamiento, están dispuestos a rehacer sus vidas. Hoy, gracias a este proyecto, tenemos una muestra clara de que eso es posible.
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