Correo de los Viernes - 35 años demoliendo la historia

35 años demoliendo la historia

Edición Nº 1044 - Viernes 18 de julio de 2025. Lectura: 2'

Durante tres décadas y media, el Frente Amplio ha gobernado Montevideo como si su pasado le pesara, como si el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad fuese un estorbo antes que un tesoro. La demolición de fincas históricas, la omisión deliberada en la protección del inventario patrimonial, el maltrato sistemático al valor urbano, todo forma parte de una misma matriz: una izquierda que jamás comprendió que construir futuro no exige dinamitar el pasado.

La última decisión de la Intendencia —recurrida ahora ante la Cámara de Representantes por casi 1.500 ciudadanos— no es una novedad, es apenas un paso más en una larga cadena de atropellos. Bajo la excusa de “revertir procesos de degradación” y “optimizar capacidades”, la comuna aprobó un decreto que deja a decenas de inmuebles históricos sin protección efectiva. Con eso habilita, en los hechos, su demolición. La Casa Shaw, el Club Naval, joyas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, han caído una tras otra, arrasadas por el hormigón sin alma de una gestión que prefiere la especulación inmobiliaria a la memoria colectiva.

El Frente Amplio parece tener una obsesión: hacer de Montevideo una ciudad sin raíces. Nada escapa a su pulsión destructiva. Ni las fachadas art déco de Cordón, ni los tramos centenarios de la Avenida 18 de Julio, ni las obras de Rafael Ruano o Humberto Pittamiglio, ni siquiera los barrios que alguna vez fueron símbolo de identidad barrial, como Palermo o Parque Rodó. A todo le llega la piqueta cuando lo que gobierna es la ignorancia histórica aliada al apetito inmobiliario.

Los gobiernos frenteamplistas han confundido gestión urbana con promoción del negocio inmobiliario, y peor aún, han camuflado esa entrega del patrimonio bajo un manto ideológico: el “progreso”, lo “nuevo”, lo “verde”, lo “inclusivo”. Palabras vacías cuando se usan para justificar que se tiren abajo casas centenarias para levantar torres impersonales. ¿De qué inclusión hablan quienes borran del mapa lo que le da carácter y pertenencia a los barrios?

La responsabilidad institucional es doble. Por un lado, la Intendencia, que actúa como agente de demolición encubierto. Por otro, la Junta Departamental, que avala decretos sin discusión pública real, sin escuchar a colectivos ciudadanos que vienen alertando desde hace años sobre este ecocidio cultural. Ni siquiera el artículo 34 de la Constitución, que establece que “toda la riqueza artística o histórica del país […] estará bajo la salvaguardia del Estado”, ha servido para frenar el afán destructor del frentismo.

Montevideo no necesita más normativas que la despojen de su identidad. Necesita decisiones valientes que detengan esta sangría. La defensa del patrimonio no es un lujo de estetas ni una nostalgia de conservadores: es una política de ciudad, una obligación legal, un mandato ético con las generaciones futuras.

¿Lo logrará entender el recién estrenado Intendente? Esperemos que sí, aunque no nos hacemos ilusiones...