312 homicidios: el fracaso de un gobierno que pierde la batalla contra el crimen
Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 5'
 Las cifras del propio Ministerio del Interior son demoledoras: Uruguay registró el tercer trimestre más sangriento desde que existen estadísticas comparables, los asesinatos aumentaron 13% en los primeros nueve meses del año y la violencia armada sigue avanzando. El gobierno de Yamandú Orsi ya no puede disimular con discursos y promesas una realidad que lo desmiente todos los días.
Hay cifras que no admiten maquillaje. Entre enero y setiembre de 2026, Uruguay registró 312 homicidios, frente a 275 en igual período de 2025. Son 37 vidas más, un incremento del 13%, según los datos preliminares del propio Ministerio del Interior. Y lo más alarmante es que la situación, lejos de mejorar, se está agravando.
El tercer trimestre, con 111 asesinatos, fue el más violento para ese período desde que comienza la serie estadística, en 2013. Fueron 19 homicidios más que entre julio y setiembre del año pasado, un incremento superior al 20%. En otras palabras, durante esos tres meses fue asesinada una persona cada menos de 20 horas.
No son números de la oposición ni interpretaciones interesadas. Son las estadísticas oficiales del gobierno frenteamplista.
La situación de Montevideo es particularmente dramática. En los primeros nueve meses del año se registraron 193 homicidios, contra 155 en igual período de 2025. El aumento ronda el 25%. En la jurisdicción de la seccional 18, que comprende barrios como Manga, Villa García y Punta de Rieles, los asesinatos llegaron a 34, una cifra sin precedentes para los primeros tres trimestres de un año en esa zona.
Pero hay otro dato todavía más inquietante: el 73,4% de los homicidios se cometió con armas de fuego, la mayor proporción registrada desde 2013. Y casi el 54% fue clasificado preliminarmente como consecuencia de ajustes de cuentas o conflictos entre delincuentes.
Esto último no puede servir de excusa, como tantas veces se ha pretendido. Que los criminales se maten entre ellos no convierte los homicidios en un problema menor. Por el contrario, demuestra que las organizaciones delictivas han adquirido una capacidad de violencia que desafía abiertamente el monopolio legítimo de la fuerza del Estado.
Cuando las bandas se disputan territorios a balazos, cuando las armas circulan con semejante facilidad y cuando determinados barrios se convierten en escenarios habituales de asesinatos, lo que está en cuestión es la autoridad efectiva del Estado.
Un gobierno que no consigue impedir esa escalada está incumpliendo una de sus responsabilidades más elementales: proteger la vida de las personas.
Las estadísticas que el ministro prefiere destacar
El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció el incremento de los homicidios, pero se apresuró a destacar que los demás delitos mantienen una tendencia descendente.
Es el recurso discursivo al que el gobierno parece aferrarse: ante las malas noticias sobre asesinatos, responder con las buenas noticias sobre hurtos y rapiñas.
Naturalmente, que disminuyan otros delitos constituye un resultado positivo. Nadie sensato lo desconoce. Pero pretender que esas reducciones compensen el aumento de los homicidios es una inadmisible distorsión de las prioridades.
No se puede presentar como satisfactoria una política de seguridad mientras crece la cantidad de uruguayos asesinados.
El propio secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, terminó reconociendo la gravedad de la situación. “Tenemos que reprimir con mucha más dureza el delito”, afirmó el pasado 16 de octubre.
La declaración es tan contundente como reveladora. ¿Recién ahora el gobierno descubre que debe actuar con mayor firmeza? ¿Cuántos homicidios son necesarios para comprender que la expansión de la violencia criminal no se revierte con declaraciones de buenas intenciones?
Incluso Diego Sanjurjo, responsable del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, reconoció que “seguramente haya más homicidios que el año pasado”. Una perspectiva particularmente grave si se recuerda que 2025 terminó con 369 asesinatos.
Un plan que todavía no demuestra resultados
En marzo, el presidente Orsi y el ministro Negro presentaron el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, con 79 acciones, más de 130 medidas y diez reformas normativas.
Sobre el papel, una iniciativa ambiciosa. En la realidad, los indicadores de violencia letal van en la dirección contraria a la prometida.
Es evidente que la crisis de seguridad no comenzó con esta administración. Pero también es evidente que el Frente Amplio lleva más de un año y medio en el gobierno y que ya no puede seguir utilizando los problemas heredados como explicación suficiente de sus propios resultados.
Gobernar significa asumir responsabilidades, corregir políticas cuando fracasan y demostrar capacidad de reacción frente a hechos nuevos.
Uruguay necesita recuperar el control territorial allí donde el crimen organizado impone sus reglas; fortalecer la investigación criminal, perseguir el tráfico de armas, desarticular las estructuras del narcotráfico y coordinar eficazmente la actuación policial, judicial y penitenciaria.
No alcanza con anunciar planes para 2035 cuando el problema está desangrando al país en 2026. Las estrategias de largo plazo son necesarias, pero deben acompañarse de medidas inmediatas, objetivos verificables y resultados concretos.
La seguridad pública no puede quedar subordinada a los tiempos políticos del oficialismo ni convertirse en otro terreno de experimentación ideológica.
El presidente Orsi y su ministro del Interior deben comprender que no se los juzgará por la cantidad de documentos que presenten, las reuniones que convoquen o las explicaciones estadísticas que ensayen. Se los juzgará por su capacidad para reducir el delito y proteger a los ciudadanos.
312 homicidios en nueve meses constituyen un balance estremecedor. Y el trimestre más sangriento de la serie histórica es una señal de alarma que ningún gobierno responsable puede relativizar.
Ante semejante realidad, el país no necesita más complacencia, más justificaciones ni más promesas.
Necesita autoridad, decisión política y resultados.
Porque mientras el gobierno explica sus estadísticas, los uruguayos siguen poniendo los muertos.
|
|
 |
La catástrofe educativa que seguimos ignorando
|
El Frente es el problema
Julio María Sanguinetti
|
La Semana
|
Dos homenajes a Jorge Batlle a diez años de su partida
|
El Partido Colorado reclama elecciones libres y garantías democráticas para Venezuela
|
Una invitación que agravia al Parlamento
|
El optimismo de Cardona y las cuentas pendientes
|
312 homicidios: el fracaso de un gobierno que pierde la batalla contra el crimen
|
Cuando la ley no alcanza
|
El Frente Amplio vuelve a dinamitar un acuerdo
|
Jorge Batlle y el valor de las ideas
Luis Hierro López
|
Octubre de 1972: las advertencias que Bordaberry no quiso escuchar
Santiago Torres
|
La trasparencia no puede generar castas
Elena Grauert
|
Biotecnología y competitividad: una omisión en la ley de referencia
Tomás Laguna
|
La transición energética también se decide en el Parlamento
Fitzgerald Cantero Piali
|
El peligro de empobrecer el lenguaje
Juan Carlos Nogueira
|
El gobierno del relato
Gonzalo Durañona
|
Una vida no tiene precio
Angelina Rios
|
¡Somos franceses, papá!
Eduardo Irigoyen García
|
Aprobado de antemano
Alicia Quagliata Rienzi
|
Héroes del anonimato
Susana Toricez
|
Brasil, entre las promesas y los escándalos
|
Las garantías también valen para los adversarios
|
Irán amenaza con una guerra larga y el mundo vuelve a temblar
|
De París a Milán: violencia, saqueos y toques de queda
|
La ofensiva migratoria de Trump también mata estadounidenses
|
Cataluña sigue pagando el precio del "procés"
|
Frases Célebres 1103
|
Así si, Así no
|
ENTRE DICHOS
|
|
