Unos 25 cuidacoches registrados en la Intendencia de Montevideo han comenzado a aceptar pagos por la billetera digital Mercado Pago. Se trata de un inaudito "plan piloto" gestionado desde la comuna, a raíz de un reclamo de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay, que destaca la menor disponibilidad de efectivo entre los conductores. Pero, ¿qué subyace realmente tras esta idea aparentemente benigna?

La institucionalización de la figura del cuidacoches por parte de la Intendencia de Montevideo comenzó con su registro formal hace ya varios años. Aunque inicialmente esto podría interpretarse como un intento de organizar y legitimar su labor, la realidad es que al día de hoy sólo un 20% está registrado. Así las cosas: ¿Estamos formalizando realmente un servicio o estamos institucionalizando una forma de mendicidad abusiva? Ni el registro ni la posibilidad de pagos electrónicos abordan el corazón del problema. Por el contrario, lo agravan.

Hablemos con la verdad. En la mayoría de los casos, el pago a los cuidacoches no se percibe como una remuneración por un servicio real, sino más bien como una medida de protección contra posibles daños al vehículo. Es una situación donde el dinero se entrega no por deseo, sino por miedo, configurando una extorsión apenas velada. Este fenómeno se observa con claridad en eventos masivos como partidos de fútbol o funciones en el Teatro de Verano, donde los cuidacoches imponen tarifas exorbitantes por un "servicio" que raramente se traduce en una vigilancia efectiva del vehículo.

La solución real no radica en facilitar la manera en que estos trabajadores informales cobran, sino en redefinir su rol dentro del tejido urbano, y esa es una competencia central de la Intendencia. La reconversión laboral de los cuidacoches debería ser una prioridad, integrándolos en programas como los jornales solidarios o en el tan promocionado "plan ABC", ofreciéndoles verdaderas oportunidades de empleo formal y desarrollo personal.

Es hora de erradicar la figura del cuidacoches en su forma actual y buscar alternativas que ofrezcan dignidad y seguridad.