En las relaciones laborales, continuamente se habla de derechos, garantías y mejoras de condiciones de trabajo. También se menciona la reducción de la jornada laboral y la productividad, pero se presta escasa atención a los trabajadores que emprenden un negocio bajo su propio riesgo, a los pequeños y medianos empresarios que luchan contra la concentración de empresas o monopolios, y a las diversas causas que expulsan del mercado a los más pequeños.

Es importante saber que las PYMEs o pequeñas y medianas empresas representan 9 de cada 10 compañías nacionales y generan dos tercios del empleo en Uruguay, según un informe del Director de ANDE, Cdor Martín Ambrosi. El 95 % son microempresas que emplean entre 1 y 10 personas, el 4 % son pequeñas, con entre 11 y 50 personas, el 0.8 % son medianas, con entre 51 y 250 personas, y solo el 0.2 % restante son grandes.

Por tanto, el tema del trabajo, la ocupación y la defensa de la manufactura nacional pasa necesariamente por defender un sistema de libre mercado que castigue los oligopolios o monopolios generados por diversas causas.

Entre las causas más directas de concentración se encuentran los altos costos de producción, los impuestos que desincentivan el riesgo y las trabas parafiscales, tanto a nivel nacional como municipal. Obtener una habilitación de bomberos o municipal puede convertirse en un viacrucis para el empresario, que se ve obligado a recurrir a gestores, escribanos y abogados para realizar dichas gestiones, ya que, de lo contrario, no puede dedicarse a lo que debe: producir, trabajar y cuidar su negocio.

En este país, solo el proceso para vender un auto, que requiere pedir tres certificados, contar con un escribano para inscribirlos y luego volver a inscribirlo para la transferencia municipal, ejemplifica lo que implica el resto de los trámites, incluidos permisos, habilitaciones, inscripciones, etc.

Lo peor es que, cuanto más pequeña es la empresa, más difícil le resulta enfrentar estos desafíos, ya que en muchos casos desconoce las regulaciones y no puede pagar asesoramiento, lo que la lleva a cometer errores costosos que pueden provocar su fracaso.

Existe un paralelismo entre los trabajadores cuya situación económica a menudo los lleva a aceptar condiciones o empleos mal remunerados o precarios, y este tipo de emprendedores, también muy limitados por la economía. Por lo tanto, la defensa de una verdadera equidad implica tratar de manera desigual a situaciones desiguales para lograr verdaderos equilibrios.

Uno de los factores más importantes en cualquier emprendimiento son las relaciones laborales. Por lo tanto, quien desee utilizar mano de obra debe saber que debe pagar y cumplir con la legislación laboral, lo que implica una serie de obligaciones tarifadas (no negociables) que se comparten, ya que es saludable la existencia de trabajos bien remunerados y regulares.

El problema muchas veces surge con los Convenios Colectivos, donde los sindicatos y cámaras empresariales más representativas negocian por rama de actividad. A menudo sucede que las actividades reguladas por convenio incluyen a todas las empresas, sin tener en cuenta sus tamaños ni capacidades. Además, las empresas suelen ser tan diversas que las regulaciones no se adaptan a la especificidad de cada una, lo que provoca desequilibrios. Lamentablemente, no es lo mismo ser trabajador de una empresa grande o multinacional que de una empresa pequeña que recién comienza o que tiene un acceso limitado al mercado.

Además, el sistema de convenios colectivos actual no solo fija salarios mínimos, sino que también lauda sobre salarios y establece otra serie de beneficios, muchas veces de naturaleza salarial (primas, compensaciones, alimentos, etc.) que aumentan significativamente el costo salarial. Esto suele resultar de la negociación entre sindicatos grandes (integrados por trabajadores de grandes empresas) y esas mismas empresas grandes. Las empresas pequeñas y medianas, que no participan en esa negociación, son las primeras en verse sorprendidas y comienzan a incumplir porque no tienen manera de desvincularse sin enfrentar un conflicto grave o un procedimiento de desvinculación muy complicado, ya que no existe un Tribunal Arbitral en estos casos ni nadie que las defienda de las decisiones laudadas en su contra.

En este contexto, no hay equidad y este juego es perjudicial, ya que rompe con el mercado y perjudica normalmente al 95 % de las microempresas mencionadas anteriormente, lo que a menudo conduce a su cierre, recurriendo primero al seguro por desempleo y luego a los despidos.

Es evidente que proteger el empleo implica proteger las diferencias y dar ventajas a los más pequeños. Los Consejos de Salarios deben proteger el salario mínimo y todos los demás beneficios que se negocien deben tener en cuenta la escala o negociarse por empresas. No estamos hablando de derechos fundamentales, sino de beneficios particulares.

Hoy en día, tenemos una industria frigorífica concentrada, una industria farmacéutica concentrada y una industria de la construcción con muchas dificultades y tendencia a los oligopolios, sin generar oportunidades para los más pequeños.

Ajustar no solo el valor del salario o los costos laborales, sino también el resto de los costos asociados, es un deber de los uruguayos. Ni los trabajadores, ni los empresarios, ni los emprendedores pueden seguir siendo víctimas de regulaciones excesivas que benefician a unos pocos sin promover la competencia real.

Tratar las situaciones desiguales de manera desigual, como se aplica en el derecho laboral, también debe aplicarse al mercado y a la competencia. Una buena ley de defensa de la competencia debe proteger la diversidad de empresas y empleos, ya que esto no solo genera más y mejores empleos y ocupaciones, sino que también defiende mejores precios y condiciones, obligando al Estado a promover esa diversidad y no lo contrario.