El jueves pasado, quedará marcado en el calendario como el día de la desvergüenza. Con el apoyo y la anuencia del PIT-CNT, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) convocó un paro de 24 horas para protestar por la pérdida de un privilegio que no tienen el resto de los trabajadores del Uruguay. El sindicato pretende que las faltas por licencia médica sean ilimitadas y pagas por el Estado.

El argumento del gobierno es sólido: durante años se ha buscado negociar con los sindicatos, y la nueva normativa busca acercar el régimen de licencias de los funcionarios públicos al de los trabajadores privados. Después de todo, ¿por qué habría de existir un trato diferenciado entre trabajadores, especialmente cuando se trata de un beneficio tan crucial como la licencia por enfermedad?

La Ley Nº 20.075, del 20 de octubre de 2022, es clara al establecer que los funcionarios tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad. A partir del décimo día, tendrán derecho al subsidio, que va del 75% al 100% de su remuneración. Estos días podrán ser alternados o consecutivos y se generarán el 1º de enero de cada año y se podrán hacer uso de ellos hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Ante el descarado uso que muchos funcionarios hacen del privilegio de no contar con descuentos, se plantea un límite razonable, como el que tiene cualquier trabajador privado, que, de hecho, no goza ni la mitad de los beneficios que de por sí tiene un empleado del Estado.

Podrá molestar, pero es un paso en la dirección correcta. No se trata de un "ataque a los trabajadores", como algunos intentan retratar la medida, sino un esfuerzo por garantizar la sostenibilidad y equidad.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno ha enfatizado en la importancia de administrar con responsabilidad los recursos del Estado; la revisión de políticas como la de las licencias médicas es parte de este compromiso...