Campeón de la tozudez, la negación y el engaño

Resistido por la enorme mayoría de la población, Eduardo Bonomi pasará a la historia no sólo como el peor ministro de Interior que el país haya conocido, sino además como un jerarca tozudo, incapaz de reconocer un error y dispuesto siempre a engañar a la opinión pública con sus inverosímiles explicaciones.

Con más de nueve años de ministro —lo que en sí mismo ya es un récord— y administrando un enorme presupuesto de U$S 850 millones anuales, Bonomi es el jerarca que más tiempo se ha dedicado a los temas de seguridad en la historia uruguaya.

Solamente el interés sectorial mutuo del presidente Vázquez y el expresidente Mujica explica que Bonomi se haya sostenido tantos años en el poder. En cualquier otra circunstancia habría caído ante los embates de la opinión pública, cansada de los fracasos y los engaños.

En la campaña electoral de 2014, Vázquez se comprometió a bajar las rapiñas un 30% y eso determinó la gestión de Bonomi, dedicado a demostrar que los delitos iban a bajar. Como eso no ocurrió, verificándose un incesante y estrepitoso aumento, el ministro adulteró las cifras, intervino el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio en noviembre de 2010, cesando a su director —pese a ser un connotado dirigente frenteamplista— y, desde entonces, manejó las cifras a su antojo, anunciando frecuentemente disminuciones de las tasas del delito que, luego, nunca se confirmaron.

La verdad pudo comprobarse hace casi un año, cuando cobró vigencia el nuevo Código  del Proceso Penal que le quitó el monopolio de las estadísticas al Ministerio del Interior, encomendándole también a la Fiscalía de la Nación la registración y divulgación de las cifras del delito. En esa medida, el Ministerio se vio obligado a maquillar su maniobra de ocultamiento, informando que en ese año 2018 hubo una abrupta subida de los delitos, cuando en realidad lo único que pasó fue el reconocimiento a los guarismos que venían de los años recientes.

A esa conducta inmoral, Bonomi ha agregado una sistemática exculpación de sus responsabilidades, echándole siempre la culpa al otro, a veces a los vecinos que cometieron actos irresponsables, a veces a policías que habrían actuado ingenuamente, a veces a la oposición que exagera sus críticas. En nueve años de gestión, el señor Bonomi nunca reconoció un error por cuenta propia o de sus principales asesores.

Su más reciente obsesión apunta a demostrar que la droga ingresó a Uruguay en 1997, y no ahora, contestando en forma específica al Dr. Sanguinetti, quien ha insistido con la evidencia de que los ajustes de cuentas, el dominio del territorio y el narcotráfico en gran escala son fenómenos recientes, ante los que el Estado se encuentra francamente omiso, si no derrotado. La fuga de Rocco Morabito, los contenedores con toneladas de droga o los embarques de aviones enteros, ante la pasividad de las autoridades, son expresiones irrefutables de esa lastimosa situación.

Es posible que en 1997 haya ingresado droga para el consumo, pero es evidente que es en este tiempo del Frente Amplio que se ha consagrado el narcotráfico, con todas sus nefastas consecuencias. La blandura con que el oficialismo ha encarado la lucha contra el delito tiene que ver con ese enorme retroceso que vive el país.

Así lo advirtió el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz —de quien el señor Bonomi no podrá decir que integra los cuadros opositores—, quien aseguró que desde 2009 no hay un plan de combate al narcotráfico ya que “quedó en el debe la articulación entre los diferentes organismos para combatir el narcotráfico cuando se puso el foco en las bocas de venta de droga. Pretendemos que haya un cambio en la metodología de trabajo, donde nos tendremos que sentar todas las instituciones involucradas y definir”.

Tras esas declaraciones del Fiscal de Corte, terminantes e incontestadas, el señor Bonomi siguió hablando, sin advertir que ha sido desautorizado en forma definitiva y que su actuación provoca no sólo indignación, sino hasta lástima: Bonomi es el único ciudadano que habla bien de su propia gestión, negando la realidad. Para un país con récords de crímenes y rapiñas y, como hemos visto últimamente, sometido al narcotráfico, una actitud de ese tipo significa una vergüenza.



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