La exitosa emisión internacional de deuda confirmó una verdad que Uruguay ha aprendido a fuerza de experiencia: la confianza se construye con responsabilidad, previsibilidad y respeto por las reglas de juego. La rectificación del gobierno respecto de las AFAPs no sólo despejó una incertidumbre innecesaria, sino que demostró que, cuando se envían las señales correctas, los mercados responden. La sensatez, al final, siempre paga.

Hay una vieja máxima de la política económica que Uruguay ha aprendido a fuerza de crisis y sacrificios: la confianza cuesta décadas construirla y puede perderse en apenas unos días. Por eso, cuando un gobierno decide rectificar un rumbo que amenazaba con erosionar esa confianza, corresponde decirlo con claridad. No porque implique renunciar a las discrepancias, sino precisamente porque reconocer los aciertos fortalece la credibilidad de quien critica los errores.

La exitosa emisión internacional de deuda concretada esta semana constituye una demostración palmaria de esa realidad. El Estado uruguayo obtuvo US$ 1.250 millones de financiamiento nuevo mediante la reapertura de bonos globales en pesos y dólares, dentro de una operación total de US$ 1.697 millones que, además, permitió recomprar títulos de corto plazo y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. Más significativo aún fue el dato que realmente observan los mercados: la demanda alcanzó el equivalente a US$ 3.353 millones, prácticamente el doble de lo finalmente emitido. Los inversores, locales y extranjeros, hablaron con sus decisiones.

No se trató únicamente de una operación técnicamente exitosa. Fue, sobre todo, una prueba de confianza. Una prueba que el gobierno necesitaba superar luego del innecesario sobresalto provocado por el llamado “Diálogo Social” y las recomendaciones sobre el régimen de AFAPs.

Durante semanas, el país asistió con preocupación a la posibilidad de que se eliminara la relación comercial entre las administradoras y los trabajadores para trasladarla a un organismo estatal. Aunque se procuró presentar la iniciativa con distintos matices, el mercado entendió perfectamente su significado: una alteración profunda de las reglas de juego de uno de los pilares del sistema previsional.

El resultado fue inmediato. Se instaló incertidumbre precisamente donde Uruguay siempre había exhibido una de sus mayores fortalezas: la previsibilidad.

No se trató de una interpretación caprichosa de los analistas. El propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, reconoció posteriormente que el gobierno decidió postergar la emisión internacional prevista para el primer semestre debido al fuerte “ruido” generado alrededor del “Diálogo Social” y del futuro de las AFAPs. Es decir, el Poder Ejecutivo sabía perfectamente que las señales enviadas al mercado estaban afectando las condiciones para acceder al financiamiento.

Ese ruido no era inevitable. Era un daño autoinfligido.

Por eso saludamos la semana pasada la rectificación del gobierno cuando, luego de mantener conversaciones con las administradoras, resolvió abandonar aquella propuesta y sustituirla por un mecanismo competitivo basado en rentabilidad y menores comisiones. Hoy los hechos terminan de confirmar que aquella marcha atrás fue la decisión correcta.

Las opiniones recogidas tras la emisión son particularmente ilustrativas.

Salvador Ferrer, gerente general de Nobilis —empresa de intermediación de valores— y expresidente del BROU, fue contundente al afirmar que la colocación “vuelve a demostrar que Uruguay mantiene un activo fundamental que es la confianza de los mercados internacionales”. Pero fue todavía más lejos al advertir que la reapertura del debate sobre cambios estructurales en las AFAPs había generado “una incertidumbre que, a mi juicio, era innecesaria y suponía un cierto daño autoinfligido para un país cuya principal fortaleza es la estabilidad y la previsibilidad”. Difícil resumir mejor lo ocurrido.

En términos similares se expresó Denisse Toledo, de Puente Uruguay —empresa de servicios financieros. La especialista destacó que la sobredemanda demuestra que tanto inversores nacionales como internacionales continúan confiando en la deuda uruguaya y resaltó que el bono en pesos pudo colocarse a un rendimiento inferior al de su emisión original, reflejando mejores condiciones de financiamiento. Al mismo tiempo, reconoció que existía un menor apetito de algunos inversores extranjeros y que persistían interrogantes vinculados al contexto macroeconómico y a las perspectivas del peso. En otras palabras: Uruguay conservó su reputación, pero el episodio dejó cicatrices que nunca debieron producirse.

También Felipe Herrán, de Balanz Uruguay, interpretó que la operación “despeja” cualquier duda sobre la confianza de los inversores extranjeros, valida el proceso de desinflación y confirma la continuidad profesional de la Unidad de Gestión de Deuda, una de las instituciones técnicas más respetadas del Estado uruguayo.

Todo ello confirma que actuar con responsabilidad paga. Siempre paga.

Paradójicamente, pocos días antes el propio ministro Oddone había reaccionado con dureza frente a algunos comentarios opositores realizados tras una licitación doméstica declarada desierta en unidades previsionales. Recordó entonces que “la credibilidad y la confianza de Uruguay es un logro de todos y está por encima de cualquier interés particular”.

Tiene razón.

Pero precisamente por eso corresponde recordar que quien primero comprometió esa credibilidad fue el propio gobierno.

No fueron los mercados quienes imaginaron un cambio radical en el sistema previsional. Fue el Poder Ejecutivo el que incorporó esa propuesta del “Diálogo Social”. No fueron los analistas quienes inventaron el problema. Fueron las señales contradictorias enviadas desde el propio gobierno las que introdujeron una incertidumbre completamente evitable.

Afortunadamente, terminó prevaleciendo la sensatez.

Naturalmente, esa rectificación provocó la reacción iracunda del PIT-CNT, que anunció un paro para el 11 de agosto.

Marcelo Abdala sostuvo que “los acuerdos están para cumplirse” y lamentó que se hubiera descartado la recomendación de centralizar la gestión comercial de las AFAPs. Sergio Sommaruga fue todavía más lejos al calificar la decisión como “una torpeza política”, acusando al gobierno de modificar acuerdos alcanzados durante el “Diálogo Social” y cuestionando que las AFAP y la oposición fueran quienes celebraran el cambio de rumbo.
Esa postura revela una diferencia profunda de prioridades.

Mientras el movimiento sindical considera que la prioridad consiste en sostener un acuerdo político alcanzado en el “Diálogo Social”, el gobierno terminó comprendiendo que existe un bien superior que proteger: la confianza del país frente a quienes financian su deuda, invierten en su economía y evalúan permanentemente la calidad de sus instituciones. Y de paso, cumplir —nada menos— con la voluntad popular.

Porque hay un aspecto institucional que no debería pasar inadvertido. El cambio de rumbo del gobierno no sólo restableció la confianza de los mercados. También significó, en los hechos, reconocer un dato político que nunca debió ignorarse: apenas nueve meses atrás, la ciudadanía rechazó en las urnas una reforma constitucional que tenía como uno de sus ejes centrales la eliminación de las AFAPs y el desmantelamiento del sistema mixto de seguridad social. Podrán discutirse reformas, ajustes y mejoras. Lo que difícilmente resulte compatible con el respeto a la voluntad popular es intentar alcanzar por la vía de un “Diálogo Social” aquello que los uruguayos ya habían descartado en las urnas. La legitimidad democrática también exige escuchar los pronunciamientos del soberano cuando no coinciden con las preferencias de determinados actores políticos o sindicales.

Paradójicamente, el gobierno terminó defendiendo ante los mercados lo mismo que antes había defendido ante los ciudadanos: que la estabilidad institucional y las reglas de juego son un activo del país. La diferencia es que primero pareció olvidarlo cuando cedió a las presiones surgidas del “Diálogo Social” y sólo volvió a recordarlo cuando comprobó el costo que esa vacilación tenía para la confianza.

No deja de resultar llamativo que quienes hoy reclaman preservar la “credibilidad” del “Diálogo Social” parecieran minimizar la importancia de preservar la credibilidad internacional del Uruguay.

Porque esa credibilidad no pertenece a un gobierno ni a un partido. Tampoco al PIT-CNT, a las AFAPs o a la oposición. Es un patrimonio colectivo construido durante décadas por administraciones de distinto signo político, por equipos técnicos altamente profesionales y por una cultura institucional que ha permitido al país diferenciarse positivamente dentro de la región.

La emisión de esta semana demuestra que ese capital sigue existiendo.

Pero también demuestra otra cosa: que los mercados observan atentamente las decisiones políticas. Que las señales importan. Que la previsibilidad tiene valor económico. Y que, cuando un gobierno corrige un rumbo que amenazaba con deteriorar ese activo, la respuesta llega rápidamente.

La enseñanza trasciende esta emisión de deuda.

Uruguay puede debatir reformas, revisar instituciones y discutir modelos de desarrollo. Lo que no puede hacer es transmitir la impresión de que las reglas fundamentales cambian por presión sectorial o por mayorías circunstanciales. Esa incertidumbre siempre tiene un costo.

Esta vez, afortunadamente, el gobierno rectificó a tiempo. Y los mercados respondieron.

La lección es sencilla y conviene no olvidarla.

En materia de confianza, de credibilidad y de estabilidad institucional, la sensatez siempre paga.

Por Julio María Sanguinetti

La escalada de agravios entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el plano bilateral y expone una preocupante erosión de las normas de convivencia entre los Estados. Julio María Sanguinetti advierte que este deterioro compromete la credibilidad del Mercosur y debilita la imagen de la región en un momento clave para su inserción internacional.

Triste espectáculo ofrece hoy nuestro Mercosur. Cuando acaba de firmar un Tratado con la Unión Europea y se aboca a instrumentarlo, el Presidente argentino va a Brasil a la proclamación del candidato opositor y lanza una serie de improperios contra su colega Lula.

La sola visita del Presidente argentino a un acto opositor es algo que claramente desprecia el principio cardinal de no intervención de los Estados en los asuntos internos de los demás. Desde hace tiempo venimos escribiendo sobre el tema, porque ha pasado entre nosotros y el Presidente Trump ha caído una y otra vez en esa ingerencia inaceptable. No estamos hablando de condenar dictaduras, la venezolana o la nicaragüense, por ejemplo, sino de expresiones hostiles hacia gobiernos democráticos, que han terminado en cosas tan absurdas como que Canadá sea hoy castigado con un arancel del 50 % cuando está ligado a los EE. UU. por un tratado que se desconoce arbitrariamente.
El Presidente Javier Milei ha cometido desmanes como ir a España a un acto del opositor Vox, la derecha de la derecha, e insultar al Presidente Sánchez y a su esposa. Ahora lo hace con el Presidente de Brasil, a un nivel soez, en la ciudad de San Pablo, en el mismísimo territorio brasileño, en plena campaña electoral. Naturalmente, se han producido reacciones adversas en Brasil, tanto como en Argentina, y más que un debate se vive un cruce de agravios.

Debe reconocerse la templanza del Presidente de Brasil. Ha contestado humorísticamente y, fuera de llamar a su Embajador en Buenos Aires, hasta el momento de escribir estas líneas no ha tomado medidas de reacción que estarían más que justificadas.

En lo personal, siempre hemos tenido simpatía por el Presidente Lula da Silva, pese a las distancias con su partido, el PT. Advertimos, con todo, en este período, una actitud más intransigente de lo que fue en sus anteriores mandatos. Incluso suele expresar malhumores cuando antes se caracterizaba por lo contrario. Pero es un presidente democrático elegido tres veces limpiamente por el voto popular, incluso la última luego de haber estado preso. Nadie puede desconocer esa enorme legitimidad y, en el caso, que no se ha dejado arrastrar a replicar los insultos con otros igualmente soeces.

Tengo serias dudas de que esta intervención del Presidente argentino favorezca la candidatura de Flavio Bolsonaro. Pero ese no es el tema, sino la agresión abierta a las normas internacionales y a los mínimos códigos de decoro institucional.

La cuestión nos afecta directamente. No es solo un asunto de los protagonistas. Queda el Mercosur en entredicho. ¿Cómo pueden mirarnos desde una Europa con la que acabamos de firmar un acuerdo comercial tan relevante? ¿Cómo desde los EE. UU., donde no solo radica el titular de la Casa Blanca, sino un Congreso que nos observa y, sobre todo, un empresariado de enorme relevancia? Los propios organismos financieros internacionales, tanto como los agentes privados en el mundo de la banca, podrán entender los valores de estabilidad de nuestro país, pero naturalmente toman nota de la fragilidad de los vínculos regionales.

Nuestro clásico argumento del Uruguay como “puerta de entrada” a la región se hace ilusorio cuando se advierte que no es un acceso a un gran mercado por encima de fronteras, sino a un inestable acuerdo entre socios inamistosos.

El entredicho, en suma, es también un serio problema para nosotros. Ojalá podamos hacer algo para superarlo. Si todo queda flotando, sin resolverse, retornará acrecido.

Mañana sábado 1.º de agosto, el Museo Histórico Nacional será escenario de la presentación del libro “Linaje del Manco. Genealogía de José María Paz”, del abogado e historiador Mario de Almeida, una obra que reconstruye la historia familiar del célebre militar argentino.

El Museo Histórico Nacional invita a participar de la presentación de Linaje del Manco. Genealogía de José María Paz, el nuevo libro del Dr. Mario de Almeida, abogado, historiador y tataranieto del general José María Paz.

José María Paz (1791-1854) fue uno de los militares y estrategas más brillantes de la historia argentina. Protagonista de las guerras de la Independencia y de los enfrentamientos civiles del siglo XIX, se destacó por su capacidad táctica al frente del ejército unitario, aunque una célebre caída de caballo durante una campaña militar lo dejó prisionero de las fuerzas federales y le valió el apodo de “El Manco”, por la pérdida de movilidad de su mano derecha, con el que pasó a la historia.

Su trayectoria también mantuvo un estrecho vínculo con el Uruguay. Tras recuperar la libertad, encontró refugio en Montevideo durante el período de la Guerra Grande, integrándose al ambiente político y militar de la ciudad sitiada. Desde allí continuó participando en los acontecimientos rioplatenses, en una época en la que los destinos de Uruguay y Argentina estaban profundamente entrelazados.

La obra será presentada por el expresidente de la República Julio María Sanguinetti y por el director del Museo Histórico Nacional, Andrés Azpiroz.

La actividad se realizará el sábado 1.º de agosto, a las 11:00 horas, en la Casa de Rivera del Museo Histórico Nacional (Rincón 437), con entrada libre. La convocatoria constituye una oportunidad para conocer una investigación genealógica e histórica sobre una de las figuras militares más relevantes del Río de la Plata y dialogar con su autor.

Los episodios de violencia registrados en distintas obras de Maldonado entre militantes del SUNCA y trabajadores que decidieron no adherir a las medidas sindicales exponen una omisión cada vez más evidente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La legislación vigente obliga al Estado a garantizar tanto el derecho de huelga como el derecho de quienes optan por seguir trabajando. Cuando el gobierno renuncia a hacer cumplir esa obligación, deja de ser un árbitro para convertirse en parte del problema.

Las escenas que se han repetido en diversas obras de construcción del departamento de Maldonado no son un conflicto sindical más. Son la manifestación de un fenómeno mucho más grave: trabajadores intimidados, agresiones, amenazas y obstáculos para quienes ejercen un derecho tan legítimo como el de adherir a una huelga: el de no hacerlo.

En un Estado de Derecho, esa situación debería provocar una respuesta inmediata del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El ministerio observa, emite declaraciones de circunstancia y evita ejercer las potestades que la ley le impone. Esa pasividad no es neutral. Es una omisión que termina favoreciendo a quienes pretenden imponer sus decisiones mediante la fuerza.

La discusión ni siquiera admite interpretaciones jurídicas complejas. El marco normativo es absolutamente claro.

El artículo 392 de la Ley N.º 19.889 (la LUC), plenamente vigente, establece:

“El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.”

La norma no deja espacios para ambigüedades. No dice que el Estado “procurará” garantizar esos derechos. No dice que “intentará” hacerlo. Dice que garantiza.

Es decir, convierte esa protección en una obligación positiva de los organismos públicos competentes.

A esa disposición se suma el Decreto 281/020, que reglamenta precisamente la forma en que debe asegurarse el ejercicio simultáneo de todos esos derechos fundamentales. El decreto continúa plenamente vigente y jamás fue derogado.

Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no puede alegar ausencia de herramientas jurídicas ni vacío normativo. Las normas existen, son claras y están en vigor.

Lo que falta es voluntad para aplicarlas.

Además, se trata de una falta deliberada. El ministro Juan Castillo selañó que “la ocupación del lugar de trabajo es parte del derecho de la huelga, y es una teoría que desarrollamos”. “Teoría” que no se ha traducido en cambios normativos, por lo que el ministro Castillo se encuentra incurso en el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo.

Cada trabajador que no puede ingresar a una obra por temor a sufrir agresiones constituye un fracaso del Estado.

Cada empresa cuya actividad queda paralizada porque el acceso es impedido representa una violación de derechos que el propio Estado tiene el deber de proteger.

Cada episodio de violencia que se repite demuestra que quienes recurren a la intimidación perciben que no existirán consecuencias.

Y esa percepción nace precisamente de la inacción oficial que, como acabamos de explicar, es pasible de acción penal.

Resulta particularmente preocupante que el Ministerio parezca haber naturalizado una interpretación según la cual el derecho de huelga absorbería todos los demás derechos constitucionales. Tanto que hasta puede permitiste desconocer la ley.

El derecho de huelga es un derecho fundamental. También lo son la libertad de trabajo, la libertad individual, la propiedad y la libertad de empresa.

El orden jurídico uruguayo nunca estableció una jerarquía que habilite a unos ciudadanos a impedir por la fuerza el ejercicio de los derechos de otros.

Precisamente por eso la LUC introdujo una precisión normativa que despejó años de discusiones: el derecho de huelga debe ejercerse pacíficamente y jamás puede transformarse en un mecanismo para impedir que otros trabajen.

No se trata de una opción política. Es la ley.

Y mientras siga vigente, el Ministerio tiene la obligación de hacerla cumplir.

Cuando un organismo del Estado deja de cumplir de manera persistente una obligación que la ley le asigna expresamente, deja de hablarse de simples errores administrativos para ingresar, como ya dijimos. en el terreno de una omisión contumaz.

El Ministerio de Trabajo ha optado por mirar hacia otro lado mientras trabajadores son hostigados por ejercer un derecho protegido por la legislación nacional.

Esa omisión tiene consecuencias concretas. Alimenta la sensación de impunidad. Estimula la repetición de conductas violentas. Transmite el mensaje de que la presión física puede sustituir al debate sindical.

Y termina lesionando la credibilidad del propio Estado como garante imparcial de los derechos de todos.

El verdadero problema ya no son únicamente los grupos que recurren a la intimidación.

El problema es un Estado que ha decidido abdicar de su obligación de impedirla.

Porque cuando el gobierno deja de garantizar el derecho al trabajo de quienes no adhieren a una huelga, no está defendiendo la libertad sindical. Está consagrando la ley del más fuerte.

Y ningún Estado democrático puede permitirse semejante renuncia sin pagar un costo institucional enorme.

Hace poco más de una década, el gobierno de José Mujica aceptó recibir en Uruguay a los exprisioneros de Guantánamo y, ese mismo año, a un grupo de refugiados sirios, en decisiones rodeadas de polémica y de escasa transparencia. Tiempo después, el propio expresidente resumiría aquella negociación con una frase que quedó para la historia: “Para vender unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo”. Hoy, cuando el gobierno de Yamandú Orsi negocia con Washington la eventual recepción de cubanos deportados, el país tiene derecho a conocer exactamente qué se está acordando, bajo qué condiciones y a cambio de qué.

Las revelaciones sobre las negociaciones entre el gobierno uruguayo y la administración de Donald Trump para recibir en nuestro país a ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos abren un debate que no puede desarrollarse entre rumores, filtraciones periodísticas y versiones parciales. Si el Poder Ejecutivo está dispuesto a asumir un compromiso de esta naturaleza, tiene la obligación de informar con precisión cuáles son sus alcances, sus condiciones y sus contrapartidas.

Según la información publicada por diversos medios internacionales y nacionales, Washington negocia con Uruguay la recepción de cubanos —e incluso de deportados de otras nacionalidades— como parte de su política migratoria. La Cancillería uruguaya habría mantenido conversaciones durante varios meses con el Departamento de Estado, en una iniciativa que el gobierno justifica, entre otros argumentos, por la necesidad de incorporar trabajadores inmigrantes al mercado laboral y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

No se trata de un antecedente menor. En 2014, durante el gobierno de José Mujica, Uruguay aceptó recibir a seis detenidos de la prisión de Guantánamo como parte de un acuerdo con la administración de Barack Obama. Años después, el propio Mujica reconocería crudamente el costo político de aquella decisión al afirmar que, para vender unas toneladas de naranjas a Estados Unidos, tuvo que “bancarse” a los prisioneros de Guantánamo. Esa frase terminó sintetizando la percepción de que Uruguay había aceptado una negociación cuyos beneficios nunca quedaron suficientemente claros para la ciudadanía.

Aquel episodio, además, dejó aspectos difíciles de justificar. Entre las condiciones impuestas figuraban restricciones que impedían a esas personas abandonar Uruguay durante un período determinado, una limitación incompatible con los principios que el propio gobierno decía defender en materia de derechos humanos. La experiencia demostró que los acuerdos migratorios improvisados, negociados con escasa transparencia y sin suficiente debate público, generan más interrogantes que certezas.

Por eso resulta llamativo que, esta vez, uno de los principales reclamos provenga del propio Frente Amplio. La fuerza política anunció que solicitará información oficial al gobierno sobre el contenido de las negociaciones, reclamando conocer exactamente qué se está discutiendo con Washington. En esta oportunidad corresponde decirlo con claridad: ese pedido del Frente Amplio es totalmente razonable.

Conviene dejar algo igualmente claro. La discusión no es sobre inmigración. Uruguay ha construido buena parte de su identidad nacional gracias al aporte de sucesivas corrientes inmigratorias, y necesita seguir siendo un país abierto para quienes llegan a trabajar, producir y construir un proyecto de vida respetando nuestras leyes.

Lo que está en discusión es otra cosa muy distinta.

Cuando se habla de personas deportadas desde Estados Unidos, la primera obligación del gobierno consiste en explicar quiénes son esas personas y por qué fueron expulsadas. No todos los deportados se encuentran en la misma situación jurídica. Algunos pueden haber cometido únicamente infracciones migratorias; otros pueden tener antecedentes penales o condenas por delitos graves. Esa diferencia no es un detalle administrativo: es la diferencia entre una política migratoria responsable y una decisión potencialmente riesgosa para la seguridad pública.

La ciudadanía tiene derecho a conocer si Uruguay aceptará únicamente personas sin antecedentes criminales o si la negociación contempla otros supuestos. Tiene derecho a saber cuáles serán los procedimientos de selección, qué controles realizará el Estado uruguayo y qué garantías existen de que no se trasladarán al país problemas que corresponden a otras jurisdicciones.

También corresponde preguntar qué obtiene Uruguay a cambio. En toda negociación internacional existen contraprestaciones. Si nuestro país asume una responsabilidad adicional en materia migratoria, el Poder Ejecutivo debe explicar qué beneficios concretos recibirá el país. ¿Habrá acuerdos comerciales? ¿Facilidades de acceso al mercado estadounidense? ¿Cooperación económica? ¿Programas de inversión? ¿O simplemente se trata de un gesto político hacia Washington?

Nada de eso ha sido explicado.

En asuntos de esta sensibilidad no alcanza con pedir confianza. La confianza se construye mediante información verificable, debate parlamentario y rendición de cuentas. Mucho más cuando el tema involucra seguridad, política migratoria y compromisos internacionales.

El gobierno tiene la oportunidad de evitar que esta negociación repita los errores del episodio de Guantánamo. Para ello solo necesita hacer lo que corresponde en una democracia madura: informar con transparencia, explicar las condiciones del acuerdo y permitir que la sociedad conozca exactamente qué obligaciones asumirá Uruguay y por qué razones. Solo entonces podrá discutirse seriamente si el interés nacional está siendo adecuadamente protegido.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene razón al afirmar que fue Paraguay quien inició la Guerra de la Triple Alianza. A partir de los hechos históricos y de la cronología del conflicto, ese aspecto de la historia no admite controversias, más allá del debate sobre las causas y responsabilidades de la guerra.

Con motivo de estos turbulentos momentos en las relaciones regionales, el presidente Lula da Silva hizo referencia a los locos que desataban guerras y así aludió a cómo, un día, Paraguay invadió Brasil, tomó Corumbá y desató una guerra.

El diario El País cuestionó su declaración y afirmó que era exactamente al revés.

El colega le erró feo. Basta abrir HD para enterarse de que, en setiembre de 1864, el Mariscal López, con aplausos del Congreso, le declaró la guerra a Brasil al no haber recibido contestación a un reclamo que le había hecho por su intervención en Uruguay. Apresaron el buque Marqués de Olinda y aprehendieron al recién electo presidente de Mato Grosso, Federico Carneiro de Campos, que murió en Paraguay.

También ahí se habrían enterado de que López pidió autorización a la Argentina para atravesar su territorio e invadir Río Grande. El gobierno de Mitre, hasta entonces neutral, negó la autorización. El mariscal paraguayo le declaró la guerra a la Argentina el 18 de marzo de 1865.

Podrá opinarse lo que se quiera sobre los orígenes del conflicto, los intereses en juego, pero lo que no es discutible es que fue Paraguay quien declaró la guerra contra Brasil y Argentina. Habrá sido todo injusto, pero no hay duda de que fue así.

En Paraguay, estos días, lo han cuestionado, invocando el hecho de que Paraguay se solidarizaba con Uruguay y que eso provocó la invasión. Bien sabemos que la tal solidaridad fue un reclamo a Brasil y no pasó de ello. Como Brasil no contestó, se apoderaron del buque y, ante la protesta de Brasil, le declararon la guerra e invadieron su territorio. Y luego declararon la guerra a la Argentina por no darles el paso. En una palabra, habrán invocado la mayor razón del mundo, pero que fue Paraguay el que invadió no debería ser tema de discusión.

La investigación de “El País” sobre los grupos criminales que operan en Montevideo ofrece una radiografía inédita del avance del narcotráfico en Uruguay. El trabajo identifica clanes, alianzas y conexiones bajo la lupa policial, y expone la consolidación de un fenómeno que ya trasciende el ámbito del delito común para convertirse en uno de los mayores desafíos para la seguridad y el Estado.

El diario El País publicó una investigación de alto valor periodístico sobre la estructura del narcotráfico en Montevideo, un trabajo que merece ser destacado tanto por la profundidad de la información recopilada como por el esfuerzo de sistematizar un fenómeno cuya verdadera dimensión suele permanecer fragmentada entre crónicas policiales y operativos aislados.

La reconstrucción realizada por el medio ofrece una radiografía inédita del entramado criminal que hoy opera en la capital del país. Lejos de presentar una realidad compuesta por bandas aisladas, el trabajo muestra un escenario dinámico en el que conviven clanes familiares con décadas de actividad, organizaciones surgidas alrededor de bocas de venta de drogas, alianzas circunstanciales entre grupos rivales, estructuras cuyos líderes continúan ejerciendo influencia desde la cárcel y organizaciones que modifican su territorio de acción conforme evolucionan los conflictos o la presión policial.

La investigación identifica grupos asentados en distintas zonas de Montevideo, diferenciando aquellos cuya existencia ha quedado acreditada mediante condenas judiciales, formalizaciones y grandes operaciones antidrogas, de otros nombres que forman parte del lenguaje operativo de los investigadores policiales y que aún no cuentan con reconocimiento judicial definitivo. Esa precisión metodológica constituye uno de los principales méritos del trabajo, ya que evita presentar como hechos consolidados elementos que todavía forman parte de investigaciones en curso.

Otro aspecto particularmente relevante es que el informe recuerda un dato que, por sí solo, refleja la magnitud del problema: la última información oficial disponible hablaba de al menos 49 bandas activas en Montevideo y su área metropolitana, considerando únicamente aquellas capaces de controlar tres o más bocas de venta de drogas. Desde entonces no existe una actualización pública que permita conocer cuántas organizaciones operan actualmente, lo que evidencia la dificultad de seguir el ritmo de un fenómeno en permanente transformación.

El mapa elaborado por El País también permite comprender que el narcotráfico dejó hace tiempo de ser una sucesión de episodios delictivos para convertirse en un sistema con capacidad de adaptación, reemplazo de liderazgos, expansión territorial y generación de alianzas según las circunstancias. Esa lógica explica por qué muchas organizaciones sobreviven incluso después de importantes operativos policiales y por qué la violencia reaparece una y otra vez en determinados barrios.

Más allá del valor informativo, el trabajo constituye un aporte para entender un fenómeno que condiciona crecientemente la seguridad pública. El conocimiento detallado de las organizaciones, sus vínculos y sus áreas de influencia resulta indispensable para comprender por qué los homicidios asociados a disputas territoriales continúan ocupando un lugar central en las estadísticas criminales.

Un problema de dimensión nacional

La investigación de El País deja una conclusión inquietante: Uruguay ya no enfrenta simplemente delitos vinculados al narcotráfico, sino la consolidación de un verdadero ecosistema criminal. Allí donde antes existían delincuentes individuales o pequeñas bandas, hoy aparecen organizaciones con capacidad de administrar territorios, establecer alianzas, sustituir dirigentes encarcelados y sostener negocios ilícitos durante años.

Esa realidad obliga a abandonar definitivamente la idea de que el país constituye una excepción regional. El narcotráfico ha alcanzado un grado de desarrollo que desafía no solo a la Policía y a la Justicia, sino también a las políticas sociales, al sistema penitenciario y al conjunto del Estado. Ignorar esa transformación o minimizarla sería uno de los errores más costosos que Uruguay podría cometer.

La investigación periodística pone sobre la mesa una realidad incómoda, pero indispensable de conocer. Porque solo comprendiendo la verdadera dimensión del fenómeno será posible diseñar respuestas acordes con un desafío que ya dejó de ser exclusivamente policial para convertirse en uno de los principales problemas estructurales del país.

Las declaraciones del ministro Alfredo Fratti sobre los grandes productores rurales reavivaron el debate sobre el papel de la inversión privada en el agro. Sus palabras reflejan una concepción ideológica que desconoce el impacto económico y social de quienes impulsan buena parte de la producción y el empleo en el país.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, viajó a Salto para reunirse con los productores afectados por el temporal del 18 de julio. Lejos de transmitir respaldo en un momento difícil, terminó revelando una preocupante falta de criterio y de visión estratégica.

Su comentario dirigido a los grandes productores —“un besito en la frente y seguí para adelante”— fue mucho más que un exabrupto. Expuso una visión política propia de una izquierda anclada en categorías del siglo pasado, que continúa dividiendo a la sociedad entre ricos y pobres, como si el éxito económico fuera motivo de sospecha y no el resultado del esfuerzo, la inversión y el riesgo.

Lo que el ministro parece no comprender es que detrás de un gran establecimiento rural no hay solamente un propietario. Hay trabajadores, contratistas, transportistas, veterinarios, ingenieros agrónomos, proveedores de insumos, comercios del interior y miles de familias que dependen de que esas empresas continúen siendo rentables. Cuando un gran productor se ve afectado, las consecuencias alcanzan a toda esa cadena productiva, que no es solo el agro ni solo el interior del país.

En su visión ideologizada, Fratti parece incapaz de reconocer que esos productores concentran buena parte de la inversión privada del país. Son quienes incorporan tecnología, impulsan la productividad y sostienen una porción significativa de las exportaciones. Sin producción no hay crecimiento; y sin crecimiento, tampoco hay recursos para financiar el Estado de bienestar que la propia izquierda dice defender.

Todo esto ocurre, además, cuando el propio Ministerio de Economía enfrenta un escenario complejo que Fratti parece ignorar. Uruguay necesita atraer inversiones, no espantarlas. Sin embargo, desde Ganadería se transmite el mensaje contrario: se ridiculiza a quienes más invierten y más riesgo asumen.

Tampoco parece haberse detenido a pensar qué ocurriría si una parte de esos productores decidiera trasladar sus inversiones hacia países que ofrecen reglas más estables y una menor carga tributaria, como Paraguay. El capital, a diferencia de la tierra, sí puede emigrar. Y cuando lo hace, también emigran el empleo, la innovación, las exportaciones y la recaudación fiscal.

Antes de realizar declaraciones de ese tenor, el ministro debería reflexionar sobre las responsabilidades de su cargo y sobre los resultados de su propia gestión. Episodios como la adquisición de la estancia María Dolores, por más de 32 millones de dólares para beneficiar a un reducido número de colonos, hacen difícil sostener que el ministerio tenga claras sus prioridades.

La cuestión trasciende una frase desafortunada. Lo realmente preocupante es la concepción del país que esa frase deja entrever. Un país donde quien produce más merece menos consideración, donde el éxito económico despierta recelo y donde la ideología pesa más que los incentivos para invertir.

Uruguay necesita exactamente lo contrario: un gobierno que entienda que la riqueza primero debe generarse antes de poder distribuirse y que comprenda que el productor grande no es el adversario del pequeño. En buena parte del interior, es el motor económico que mantiene vivas regiones enteras.

Gobernar exige comprender cómo se crea la riqueza antes de decidir cómo distribuirla. Esa parece ser una lección que Fratti aún no ha aprendido.

Las palabras de un ministro nunca son casuales. Reflejan una manera de pensar y anticipan una manera de gobernar. Por eso, más preocupante que el exabrupto fue comprobar que Alfredo Fratti sigue sin comprender hasta qué punto las decisiones de su ministerio inciden sobre la economía nacional.

Por Luis Hierro López

El exvicepresidente Luis Hierro López sostiene que la lucha contra el crimen organizado exige una verdadera política de cooperación internacional, pero advierte que el gobierno uruguayo incurre en contradicciones que debilitan ese objetivo. Señala que decisiones motivadas por prejuicios ideológicos han limitado herramientas y alianzas indispensables para enfrentar un fenómeno delictivo que trasciende las fronteras nacionales.

En su reunión con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, Yamandú Orsi planteó a la mandataria la necesidad de mantener líneas de cooperación entre ambos países para luchar contra el crimen organizado transnacional, reconociendo una necesidad que siempre está en la agenda de los presidentes de la región.

En su discurso de asunción, Keiko Fujimori dedicó varios minutos a los aspectos de la inseguridad, anunciando incluso que recurrirá a las Fuerzas Armadas para que actúen en algunas regiones y circunstancias. Fue muy elocuente al respecto que, apenas terminado su discurso, la nueva presidenta haya recibido expresiones de los titulares de esas fuerzas y de la Policía, ratificando su lealtad institucional y su sumisión al Poder Ejecutivo, algo que en anteriores cambios de mando no había ocurrido.

Perú vive circunstancias muy difíciles en materia de seguridad. Bandas delictivas que trajeron prácticas de Centroamérica y de Venezuela han impuesto procedimientos de extorsión, ofreciendo seguridad a cambio de pagos extraordinarios. Pequeños empresarios del transporte y de otras áreas de servicios han sido ejecutados sanguinariamente al negarse a realizar esas contribuciones ilegales. Los asesinatos se han convertido en moneda corriente en Lima y en otras provincias, previéndose que hay altos grados de omisión o de complicidad de parte de la Policía, ante lo que Keiko hizo una advertencia específica.

Por lo tanto, ha sido oportuna la gestión del presidente Orsi, porque se hace evidente que el narcotráfico y otras formas del delito se han internacionalizado, perforando las fronteras con facilidad o a través de corruptelas que protagonizan los funcionarios públicos cómplices.

Pero para que esa cooperación internacional sea efectiva, nuestro país debería corregir algunas posiciones adoptadas últimamente, impregnadas de ideologismo o de prejuicios.

Una mención rápida de algunos hechos indica que la negativa del gobierno uruguayo a participar en estrategias de Estados Unidos para establecer mecanismos de cooperación va en contra del espíritu demostrado ahora por Orsi. El canciller, señor Lubetkin, dijo hace pocos días, ante la convocatoria del secretario de Estado, Marco Rubio, a integrar una alianza antiterrorista, que Uruguay se encuentra en las “antípodas” del pensamiento expresado por Rubio, pero no llegó a describir cuál sería el plan alternativo. Con esos radicalismos, corremos el riesgo de distanciarnos de Estados Unidos y de aislarnos de países como Perú y otros, que sensatamente aceptan la cooperación del país del norte.

Las vacilaciones del propio gobierno respecto de la participación de militares en algunas tareas complementarias para contribuir a un mejor funcionamiento policial son de índole ideológica y no tienen que ver con la necesidad de utilizar todos los recursos del Estado para amparar a las personas víctimas del delito.

Tampoco ha sido positiva la revisión de la compra de las patrulleras oceánicas, donde se advierte más una intención de atacar a Luis Lacalle Pou que de defender el verdadero interés del país. Por ahora, nos estamos quedando sin esos buques, que son imprescindibles para vigilar nuestro mar y nuestras costas.

Similar juicio puede hacerse respecto de la forma en que el oficialismo trata a la fiscal Ferrero, tratando por todos los medios de desprestigiarla y de quitarle poder. Es la fiscal más especializada en la crucial cuestión del narcotráfico —por algo atentaron contra su vida— y debería ser reconocida por su actuación, designándola fiscal titular. El Frente Amplio tiene en sus manos la responsabilidad de darle a esa investidura la jerarquía que se requiere para enfrentar el delito organizado. Sin embargo, viene haciendo lo contrario, tratando de debilitarla y someterla a sus intereses partidarios.

Ya que mencionamos a la fiscal Ferrero, conviene recordar que ella ha explicado por qué son imprescindibles los allanamientos nocturnos, ya que los narcos actúan en la noche para transportar y depositar su mercadería, aprovechando la disposición constitucional que impide a la Policía ingresar a los hogares durante la noche. Un intento de enmienda constitucional fracasó en el pasado, pero, si ahora hubiera un acuerdo político entre todos los partidos, seguramente se aprobaría, dándole a la Policía una herramienta fundamental de la que hoy carece. Otra vez, la voluntad del Frente Amplio es imprescindible para formar esa nueva mayoría, pero hasta ahora solo hay negativas.

Quiere decir que, para luchar eficaz y responsablemente contra el crimen organizado internacional, el gobierno debería llevar adelante políticas a las que viene negándose insistentemente, a veces por prejuicios ideológicos y otras veces por no tener en cuenta las experiencias de países vecinos.

Si el presidente Orsi desea realmente combatir al delito transnacional —no dudamos de su buena intención— debería primero disciplinar a los sectores frenteamplistas para asumir sin tapujos las políticas de represión que las sociedades más avanzadas ponen en práctica.

Por Santiago Torres

La sucesión de hechos ocurridos en los últimos días en distintas ciudades de Occidente difícilmente pueda despacharse como una mera coincidencia. En apenas cuatro jornadas, tres episodios de extrema violencia volvieron a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: el terrorismo y la violencia inspirados por el islamismo radical siguen representando un desafío serio para las democracias occidentales, pese a los reiterados intentos de minimizar o relativizar el problema.

La secuencia resulta elocuente:

• Viernes 24: un hombre musulmán apuñala a dos personas en Nueva York mientras grita “Allahu Akbar”.
• Sábado 25: un hombre musulmán embiste con un automóvil el desfile del Orgullo en Berlín.
• Lunes 27: un hombre musulmán apuñala a tres mujeres en París, entre ellas una embarazada, y al ser detenido expresó: “Alá me lo ordenó”.

Por Tomás Laguna

Como cada año, agosto es el mes en el que se celebra el inicio formal de la cosecha de lana, dando lugar a las esquilas en todo el país. Este año, y siempre con el liderazgo institucional del Secretariado Uruguayo de la Lana, la celebración será el viernes 7 en el local Chiflero, propiedad de la Asociación Agropecuaria de Artigas.

El país ganadero, con lo más tradicional de nuestra campaña, está próximo a celebrar el inicio de una nueva cosecha de lana. Rubro que supo ser uno de los principales productos de exportación de nuestra agropecuaria hasta que la realidad de los mercados internacionales lo afectó severamente, determinando una sustantiva reducción de la majada nacional en lo que va de los últimos 30 años.

La historia nos cuenta que, cuando ya avanzaba la segunda mitad del siglo XIX, la ganadería vacuna había alcanzado su máxima expansión posible para la época, con una dotación de una cabeza cada dos hectáreas, de acuerdo con lo posible en los sistemas productivos de entonces.

Circunstancias en las que el mercado del tasajo se saturaba por la sobreoferta ante una demanda rígida, con la consecuente reducción del precio, afectando tanto al estanciero como al saladerista. El mercado del cuero constituía una alternativa para el primero, pero también con precios en baja. A la menor rentabilidad del negocio ganadero había que sumar la destrucción del ganado provocada por los ejércitos en los sucesivos levantamientos armados.

Motivos para que aquellos ganaderos con mayor visión buscaran rubros alternativos para incorporar a la ganadería pastoril. Fue por entonces que surgió, en el mercado internacional, la demanda de fibras para la muy dinámica industria textil británica, hija pródiga de la Revolución Industrial. Si bien inicialmente fue por el algodón, posteriormente lo sería por la lana cuando la Guerra de la Secesión (1861-1865) impidió la exportación del algodón del sur de los Estados Unidos a Europa.

Fueron años en los que también tuvo su impronta el desarrollo industrial textil nacional; basta mencionar la fundación de Salvo Hnos. en 1898 y Campomar Hnos. y Cía. en 1899.

Si bien la introducción del ovino en nuestro país data de fines del siglo XVIII, con los primeros ejemplares Merino importados desde Cádiz, España, fue ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX cuando las existencias se estimaron en más de 20 millones de cabezas, para crecer hasta un máximo próximo a los 26 millones de cabezas en los inicios de la década del noventa, ya en las postrimerías del siglo XX.

El mejoramiento genético fue una constante en esta historia. Si consideramos los Registros Genealógicos de la Asociación Rural del Uruguay como la principal referencia en este más que relevante proceso, ya en 1896 se inscribieron los primeros ovinos: 7 Romney Marsh, 3 Lincoln y 10 Shropshire, todas razas de origen británico. A tal punto llegó la motivación por el desarrollo de razas adaptadas al medio que, en 1944, se abrió el libro de los RRGG para una nueva raza de creación nacional. Procurando producción y rusticidad, el Dr. José Ma. Elorza utilizó madres Lincoln en retrocruza con carneros Merino, logrando una nueva raza ¾ Merino y ¼ Lincoln, a la que llamó Merilin. La nueva raza ofrecía buenas condiciones para la producción de lana, a la vez que lograba una buena conformación carnicera. Tiempos del doble propósito, cuando ya existía la raza que fue predominante en todo el país: la Corriedale, que había abierto libros en 1925.

Pero todo esto es una interesante historia de un tiempo perimido. La lana perdió demanda ante el nuevo orden en la industria textil establecido por los sintéticos; como consecuencia, el precio se derrumbó. Otras adversidades locales colaboraron para que muchos productores abandonaran la producción ovina, en particular el abigeato y los perros salvajes.

Con el correr del nuevo siglo, la crisis lanera, lejos de detenerse, se fue profundizando, en particular para las lanas medias, propias de las razas de doble propósito. De aquellos casi 26 millones de cabezas en 1991, el stock ovino se redujo en 21 millones de cabezas hacia 2025. De una relación de 2,7 cabezas ovinas por cada vacuno, el país pasó a 0,4; menos de medio ovino por vacuno. Todo lo que afectó incluso el manejo del campo natural al perder aquel buen equilibrio de pastoreo conjunto. Esta realidad también tuvo su afectación social, desde que el productor ovino es, junto al tambero, un productor vocacional difícil de sustituir por quien no sienta la pasión por cualquiera de los rubros mencionados. En muchos casos, productores medianos y chicos con campos de baja productividad.

Pero esta zafra viene mejor aspectada, con razonables expectativas optimistas para el rubro. Los tiempos parecen pautar una suerte de revancha de la fibra natural frente a un producto de la industria petroquímica como lo es la fibra sintética. En particular, las lanas más finas, que más que un commodity son hoy un insumo de características diferenciales para la industria textil de mayor calidad. Los precios, y su evolución, ya condicionan para bien las expectativas del productor. En los últimos 2 años y medio, con incrementos de más de un 50 % en las lanas de menor micronaje, alcanzando interesantes valores de hasta US$ 11/kg, pero también con mercado posible para las lanas medias y gruesas, si bien a valores muy inferiores.

Se podría decir que estamos ante un nuevo tiempo. La producción ovina se jerarquiza hoy, pasando a ser un rubro de alta especialización en lanas finas y muy finas, con procesos de acondicionamiento y certificación que agregan valor al producto final obtenido. En la otra punta, en campos de buena productividad, la carne ovina se afirma atendiendo una demanda con precios similares a los del novillo gordo de exportación.

No sería justo terminar estas reflexiones que reivindican un promisorio futuro para la producción ovina sin mencionar el esfuerzo de productores que procuran colocar su producción natural de lana fina en los mercados más exclusivos. En particular, el reconocimiento para la Ing. Agr. Gabriela Bordabehere, que desde su establecimiento “La Soledad”, próximo a San Gregorio de Polanco, se las ingenió para llegar con su lana Merino a las mismas pasarelas de Gucci. O, más recientemente, Gabriela Hearst, la diseñadora uruguaya de reconocimiento internacional y orígenes familiares agropecuarios, quien, en acuerdo con la AUF, vistió al seleccionado uruguayo con trajes elaborados con la mejor fibra Merino.

¿Cuál será el futuro de la majada nacional? Seguramente nunca recuperará la gran dimensión de stock que tuvo antaño; a su vez, parece difícil que iguale en cabezas al ganado vacuno. Lo que sí es razonable pensar es que ya no será más un producto indiferenciado de la ganadería extensiva; por el contrario, se afirmará como rubro de alta especialización y consecuentes ingresos. Complemento indispensable en la ganadería del basalto superficial y las serranías del este. Larga vida a la producción ovina y a nuestros vocacionales y esforzados pastores.

Por Fitzgerald Cantero Piali

El autor plantea que América Latina enfrenta un problema estratégico que aún no ha logrado dimensionar: la inversión que realiza en formar profesionales altamente calificados cuyo mayor aporte económico termina beneficiando a otras regiones. A partir de esa constatación, propone comenzar a medir ese fenómeno mediante un nuevo enfoque, el Balance Estratégico de Talento (BET), como herramienta para orientar las políticas de desarrollo de largo plazo.

Cada mañana, los ministerios de Economía y los bancos centrales de América Latina reciben información sobre el tipo de cambio, las reservas internacionales, la inflación, el déficit fiscal, la deuda pública y la inversión extranjera.

Todas son variables indispensables para comprender la salud de una economía.

Sin embargo, ninguna de ellas responde una pregunta que podría ser determinante para el desarrollo de largo plazo: ¿cuánto invierte América Latina en formar el talento cuyo mayor aporte económico termina generándose fuera de la región?

Sorprendentemente, no tenemos una respuesta.

No me refiero a cuántos estudiantes ingresan a la universidad ni a cuántos profesionales se gradúan cada año. Esos datos existen y son ampliamente conocidos.

Me refiero a algo diferente: la capacidad de estimar el valor de la inversión que nuestras sociedades realizan en la formación de capital humano altamente calificado cuando el rendimiento de esa inversión se materializa, principalmente, en otras economías.

Durante décadas hemos estudiado el fenómeno conocido como brain drain o fuga de cerebros. Sabemos cuáles son sus principales causas, conocemos los principales destinos de nuestros profesionales y entendemos, en términos generales, por qué muchos de ellos deciden desarrollar sus carreras en el exterior.

Sin embargo, seguimos sin medir una dimensión esencial del fenómeno.

No sabemos cuál es la magnitud económica de la inversión en capital humano cuyo retorno termina siendo capturado, al menos parcialmente, por otros países.

Y aquello que no se mide rara vez ocupa un lugar central en las decisiones de política pública.

Cada profesional que se forma en una universidad latinoamericana representa una inversión acumulada de las familias, de las instituciones educativas y, en muchos casos, de toda la sociedad a través del financiamiento público.

Cuando ese profesional desarrolla la etapa más productiva de su carrera en otra economía, no solo se traslada una persona. También se desplaza parte del rendimiento de esa inversión.

No se trata de cuestionar la movilidad internacional, que constituye una característica natural de un mundo cada vez más integrado. Tampoco de sugerir que las personas deban permanecer donde nacieron.

La circulación del conocimiento puede generar beneficios para los países de origen, de destino y para los propios profesionales.

El verdadero desafío consiste en comprender la dimensión estratégica del fenómeno.

Mientras numerosas economías desarrolladas implementan políticas cada vez más sofisticadas para atraer talento altamente calificado, América Latina continúa observando esta dinámica, principalmente, desde una perspectiva migratoria o social.

Quizás haya llegado el momento de incorporar también una mirada económica.

Esta discusión trasciende el fenómeno migratorio. En un contexto en el que la inteligencia artificial, la transición energética, la biotecnología y la digitalización están redefiniendo las ventajas competitivas de las naciones, la capacidad de formar, atraer y retener talento comienza a ser tan estratégica como la disponibilidad de energía, infraestructura o financiamiento.

Lo que está en juego no es únicamente dónde viven los profesionales.

Lo que está en juego es dónde se genera el conocimiento, dónde se desarrollan las innovaciones y dónde se captura el mayor valor agregado.

Si aceptamos que el capital humano constituye uno de los principales motores de la productividad, la innovación y el crecimiento, resulta razonable preguntarnos por qué seguimos careciendo de una herramienta que permita estimar cuánto invertimos en su formación y dónde termina generándose el retorno de esa inversión.

Esa reflexión me ha llevado a formular una hipótesis de trabajo que comenzaré a desarrollar en las próximas semanas: el Balance Estratégico de Talento (BET).

No se trata de un índice sobre migración, ni de un juicio de valor acerca de quienes deciden construir su futuro en otra región.

Se trata de una propuesta metodológica para comenzar a medir una dimensión que hoy permanece prácticamente invisible en los indicadores tradicionales del desarrollo.

Así como los países elaboran cuentas específicas para analizar sectores estratégicos de sus economías, quizás haya llegado el momento de construir una herramienta que permita observar el comportamiento del capital humano, con la misma rigurosidad con la que analizamos el capital financiero, la inversión o el comercio internacional.
Todavía no tengo todas las respuestas.

Pero sí una convicción.

Durante décadas aprendimos a medir el capital financiero, el capital físico y los flujos comerciales.

Tal vez haya llegado el momento de medir con la misma rigurosidad el capital humano.
Porque, en la economía del conocimiento, la verdadera riqueza de las naciones ya no reside únicamente en los recursos que poseen, sino en su capacidad para desarrollar, retener y potenciar el talento de su gente.

Y aquello que no aprendamos a medir, difícilmente lograremos convertirlo en una prioridad de política pública.

Nota: En las próximas semanas compartiré un mayor desarrollo de esta propuesta conceptual y metodológica, con el objetivo de construir una primera aproximación al Balance Estratégico de Talento (BET) para América Latina y el Caribe. Quedo abierto también a que, si alguien quiere sumarse, podamos construirlo juntos.

Por Angelina Rios

La violencia armada deja una huella mucho más profunda que las cifras de homicidios. La autora advierte sobre el impacto que las balaceras tienen en niñas, niños y adolescentes, y plantea que proteger a esas víctimas invisibles también debe ser una prioridad de las políticas de seguridad.

Las balaceras no solo dejan muertos y heridos. También dejan niñas, niños y adolescentes que aprenden a convivir con el miedo, modifican su vida cotidiana y cargan con secuelas que rara vez aparecen en las estadísticas. Pensar la seguridad también implica proteger a esas víctimas invisibles.

Cada homicidio de un niño o de un adolescente conmueve al país. Durante algunos días ocupa titulares, genera indignación y abre debates sobre la seguridad. Pero, con el paso del tiempo, la noticia desaparece y la sociedad continúa su marcha. Quedan, sin embargo, familias atravesadas por el dolor y comunidades enteras marcadas para siempre.

Las cifras oficiales muestran una realidad que no admite indiferencia. En 2025 fueron asesinados 19 menores de 18 años en Uruguay. En lo que va de 2026, hasta el pasado 24 de julio, la cifra ya asciende a 10. Detrás de cada número hay una historia, un proyecto de vida interrumpido y un entorno que difícilmente vuelva a ser el mismo.



Sin embargo, los homicidios representan apenas la parte más visible del problema. La violencia armada deja además decenas de niñas, niños y adolescentes que sobreviven con heridas físicas, secuelas psicológicas o el recuerdo imborrable de haber presenciado una balacera, perdido a un familiar o visto transformado para siempre el barrio donde crecieron.

El informe 2025 de la Plataforma Infancias y Adolescencias aporta una dimensión que muchas veces queda fuera del debate público. Durante ese año fueron 66 las niñas, niños y adolescentes afectados por armas de fuego, de los cuales 49 resultaron heridos. Son cifras que recuerdan que el impacto de la violencia no se mide únicamente por la cantidad de vidas perdidas, sino también por quienes sobreviven cargando consecuencias que pueden acompañarlos durante años.

Cuando se habla de seguridad, el análisis suele concentrarse en los delitos, los procedimientos policiales o la evolución de los indicadores. Todo eso es necesario. Pero existe otra dimensión que merece la misma atención, que es la de las infancias que crecen naturalizando el sonido de los disparos, aprendiendo qué hacer durante una balacera o modificando sus rutinas por miedo.

Cada episodio de violencia deja una huella que trasciende a la víctima directa. Afecta a hermanos, compañeros de escuela, docentes, vecinos y familias enteras. También erosiona el sentido de comunidad y alimenta la percepción de que determinados territorios quedan condenados a convivir con la violencia como si fuera parte de la vida cotidiana.

La discusión sobre seguridad no puede limitarse a la cantidad de procedimientos, al número de detenidos o a la comparación anual de las estadísticas. También debería preguntarse cuántas niñas y niños crecieron este año con miedo, cuántos dejaron de jugar en la calle, cuántos cambiaron de escuela por temor o cuántos necesitarán años para superar el trauma de haber visto morir a alguien.

Proteger a la infancia no es únicamente una responsabilidad de las familias, de la escuela o de los servicios de salud. Es, también, una política de seguridad. Porque una sociedad que permite que sus niños y adolescentes convivan con la violencia cotidiana no solo pierde vidas, sino también pierde confianza, oportunidades y futuro.

Las cifras son imprescindibles para comprender la magnitud del problema. Pero nunca deberían hacernos olvidar que detrás de cada una hay un nombre, una historia y una infancia que ya no volverá a ser la misma. Tal vez esas sean, precisamente, las víctimas que no vemos.

Por Juan Carlos Nogueira

El autor analiza la política de seguridad del ministro Carlos Negro a la luz de tres sesgos estudiados por la psicología cognitiva —el efecto Einstellung, la escalada del compromiso y la falacia del costo hundido— y sostiene que la incapacidad para corregir una estrategia cuando la evidencia demuestra sus limitaciones puede convertir la firmeza en dogmatismo, con consecuencias directas sobre la eficacia de la acción pública.

Existe una frase, probablemente apócrifa, atribuida a Albert Einstein que resume un fenómeno frecuente en la gestión pública: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. La frase no describe una enfermedad mental. Describe un error recurrente en la toma de decisiones.

En política, esa conducta suele ser más común de lo que se admite. Cuando una estrategia no produce los resultados esperados, la reacción racional consiste en revisarla, corregirla o sustituirla. Sin embargo, con frecuencia ocurre precisamente lo contrario: cuanto más evidente es el fracaso, mayor es el empeño en perseverar.

Esa parece ser la situación de la política de seguridad impulsada por el ministro Carlos Negro.

No se trata únicamente de debatir si los delitos aumentan o disminuyen, ni de discutir estadísticas coyunturales. La cuestión de fondo es otra: ¿qué hace un gobierno cuando la realidad contradice sus expectativas?

La psicología cognitiva ofrece una explicación bastante convincente. Tres sesgos suelen impedir que aparezcan mejores soluciones.

Lo más peligroso de estos sesgos es que quien los padece rara vez los reconoce. Desde su propia perspectiva, no está ignorando la realidad; cree estar interpretándola correctamente.

El primero es el efecto Einstellung. Es la tendencia a quedar atrapado en un esquema mental que alguna vez funcionó y que termina impidiendo ver alternativas más eficaces. El problema no es la ausencia de inteligencia, sino el exceso de confianza en un paradigma.

En seguridad pública, ese sesgo tiene consecuencias graves. Si el diagnóstico oficial continúa interpretando el delito bajo los mismos supuestos y responde con las mismas herramientas, aun cuando los resultados no acompañen, la política deja de dialogar con la realidad. La estrategia termina defendiendo al diagnóstico, en lugar de que el diagnóstico evolucione a partir de la evidencia. Así, la política se convierte en prisionera de sí misma.

Hay un segundo sesgo igualmente conocido: la escalada del compromiso.

La administración pública invierte mucho más que dinero. También compromete prestigio, credibilidad y capital político. Cuanto mayor es esa inversión, más difícil resulta reconocer que la decisión pudo haber sido equivocada. Rectificar deja de ser un acto de responsabilidad para convertirse, erróneamente, en una confesión de debilidad.

Entonces aparece la peligrosa tentación de profundizar la misma estrategia con la esperanza de que el tiempo termine justificándola. No porque la evidencia la respalde, sino porque admitir el error tendría un costo político demasiado alto.

El cuadro se completa con un tercer sesgo: la falacia del costo hundido. Es uno de los errores de decisión más comunes. Se insiste en una política no porque sea la mejor opción disponible, sino porque ya se han invertido demasiados recursos.

La pregunta correcta nunca es cuánto tiempo o cuánto prestigio se ha invertido en una política. La única pregunta relevante es otra: si hoy hubiera que diseñar la estrategia desde cero, con la experiencia acumulada, ¿se elegiría exactamente el mismo camino?

Si la respuesta es negativa, perseverar deja de ser una demostración de firmeza para convertirse en un ejercicio de autojustificación.

Los tres sesgos terminan alimentándose entre sí. El efecto Einstellung dificulta imaginar alternativas; la escalada del compromiso vuelve políticamente costoso cambiar de rumbo; y la falacia del costo hundido termina justificando la continuidad simplemente porque ya se ha invertido demasiado.

En este punto, la política del ministro Negro parece haber dejado de estar gobernada por la evidencia para pasar a estar gobernada por sus propios sesgos.

Los gobiernos rara vez pierden poder por cometer errores. Lo pierden cuando son incapaces de corregirlos.

Rectificar no es una señal de debilidad. Rectificar es la esencia del método científico y también del buen gobierno. La obstinación, en cambio, puede confundirse durante un tiempo con la firmeza, pero tarde o temprano la realidad termina imponiendo su veredicto.

Quizá la célebre frase atribuida a Einstein no sea una definición de la locura. Pero sí encierra una advertencia para quienes ejercen el poder. Cuando una política deja de aprender de la realidad y se limita a repetir las mismas respuestas esperando resultados distintos, el problema ya no es únicamente de seguridad. Es, sobre todo, un problema de irracionalidad en la toma de decisiones.

Toda política pública exige dos virtudes: la convicción para sostener un rumbo cuando la evidencia lo justifica y la humildad para cambiarlo cuando la realidad demuestra que ha dejado de hacerlo. La primera sin la segunda degenera en dogmatismo. Y el dogmatismo, en materia de seguridad, no suele reflejarse en estadísticas, sino en las víctimas. Porque el delito no espera a que los gobiernos corrijan sus sesgos.

Por Eduardo Irigoyen

Con una defensa de la tradición laica uruguaya, el autor reflexiona sobre la próxima visita del papa León XIV y cuestiona el uso de ámbitos institucionales del Estado para actividades de carácter religioso. A partir de un análisis histórico, político y cultural, sostiene que la convivencia democrática exige preservar la neutralidad estatal frente a todas las creencias y reivindica la laicidad como una de las principales conquistas republicanas.

Dentro de unos meses, Uruguay recibirá la visita del Papa León XIV. Será un acontecimiento importante y merece ser recibido con el respeto que corresponde al jefe de Estado del Vaticano y al líder espiritual de millones de personas.

Conviene hacer una aclaración: una cosa es recibir al Papa como jefe de Estado y otra muy distinta es convertir el Palacio Legislativo —el templo secular de nuestra democracia republicana y laica— en escenario para la exposición del líder de un dogma religioso. La laicidad no es una descortesía hacia las religiones; es la garantía de que todas puedan existir sin privilegios y de que ninguna ocupe el lugar de las instituciones que pertenecen a todos.

León XIV ha demostrado un tono más dialogante que muchos de sus predecesores. Leí con atención su discurso ante las Cortes españolas: fue inteligente, conciliador y cuidadosamente construido para no incomodar a nadie. Sin embargo, los buenos modales no resuelven las diferencias de fondo.

La Iglesia católica continúa defendiendo posiciones que la sociedad uruguaya debatió y resolvió democráticamente hace décadas: el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la autonomía de las personas frente a sus propias decisiones éticas y la separación entre la moral religiosa y el derecho civil.
A ello se suman posturas que chocan con buena parte del conocimiento científico y de los cambios culturales de nuestro tiempo: el rechazo a los métodos anticonceptivos y al preservativo, incluso como herramienta de salud pública; la condena de las relaciones sexuales fuera del matrimonio; la oposición a buena parte de las técnicas de reproducción asistida y a los vientres de alquiler; la negativa a reconocer plenamente los derechos de las minorías sexuales y de las familias homoparentales.

A eso hay que agregar la exclusión de las mujeres del sacerdocio y de los principales ámbitos de decisión dentro de la Iglesia; la obligación del celibato para los sacerdotes; la prohibición de la ordenación sacerdotal de mujeres; el rechazo a determinadas investigaciones biomédicas con embriones humanos y las restricciones a diversos tratamientos de fertilidad; así como la persistencia en condenar las relaciones sexuales cuyo único fin sea el placer y no la procreación.

La Ley no se crea desde el catecismo

Pero el debate no termina allí. La institución sigue sosteniendo la existencia de milagros como hechos reales, atribuye eficacia espiritual a la oración de petición y mantiene procesos de canonización basados en presuntas intervenciones sobrenaturales. Continúa practicando exorcismos, reconoce oficialmente la acción del demonio y la posibilidad de posesiones diabólicas, promueve la veneración de reliquias y de determinados objetos considerados sagrados, acepta las apariciones marianas cuando son reconocidas por la autoridad eclesiástica y sostiene la intercesión de los santos como una realidad efectiva. Todo ello forma parte de un universo de creencias sobrenaturales que escapa a cualquier posibilidad de verificación científica.

Durante siglos resistió descubrimientos científicos que terminaron siendo aceptados como verdaderos —desde el heliocentrismo hasta aspectos de la teoría de la evolución— y, en no pocas ocasiones, sus rectificaciones llegaron tarde y sin asumir plenamente la responsabilidad por los errores cometidos. A ello puede agregarse la oposición histórica a distintas corrientes de pensamiento filosófico y científico, la inclusión durante siglos de libros en el Índice de Libros Prohibidos, la censura de autores considerados heréticos y la tendencia a presentar determinadas afirmaciones de fe como verdades objetivas sobre el mundo natural y la condición humana.

Nada de esto borra el enorme aporte que miles de católicos, religiosos y laicos han realizado y siguen realizando a través de hospitales, hogares, comedores y obras sociales. Sería injusto desconocerlo. Pero tampoco esas obras pueden servir para relativizar o minimizar los errores doctrinales, las resistencias al conocimiento científico ni las responsabilidades institucionales frente a conductas aberrantes que, durante demasiado tiempo, fueron encubiertas.

Una institución puede hacer un enorme bien social y, al mismo tiempo, ser objeto de críticas profundas por algunas de sus ideas y por decisiones adoptadas por sus máximas autoridades.

Naturalmente, toda institución religiosa tiene derecho a sostener sus creencias y a proponer una determinada ética para quienes libremente la comparten. El problema aparece cuando esas convicciones pretenden convertirse en normas para toda la sociedad o condicionar políticas públicas que deben fundarse en los derechos humanos, la evidencia científica, el pluralismo y la libertad de conciencia.

Ese ha sido, precisamente, uno de los grandes consensos construidos por el Uruguay laico desde comienzos del siglo XX.

La Iglesia tiene pleno derecho a sostener sus convicciones. La Constitución uruguaya garantiza esa libertad. Lo que rechazo es la pretensión de convertir esos dogmas en normas para toda la sociedad. En una democracia laica, las leyes deben fundarse en la razón pública, la evidencia científica, los derechos humanos y la voluntad soberana de los ciudadanos, no en una verdad revelada.

Ese es, precisamente, uno de los grandes aportes del Uruguay moderno: las leyes no se escriben a partir de un catecismo, sino del debate ciudadano, la evidencia disponible y el respeto por la libertad de conciencia de creyentes y no creyentes.

El idealista y el estafador

Hace unos días murió Jean Ziegler, político socialista, sociólogo, humanista y relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Su despedida tuvo lugar en la catedral de San Pedro de Ginebra, donde resonó, quizá por primera vez, “La Internacional”. Fue un gesto extraordinario. No porque desaparecieran las diferencias entre cristianos y socialistas suizos, sino porque ambos reconocieron algo superior: la dignidad humana.

Ese episodio mostró a una Iglesia capaz de tender puentes.

Pero existe la otra cara.

Durante años, Juan Pablo II —hoy canonizado— defendió públicamente a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Lo presentó como un ejemplo para la juventud mientras ignoraba o minimizaba denuncias que luego resultarían dramáticamente ciertas. Maciel condenaba el aborto, el ateísmo, el progresismo, el relativismo moral y la modernidad con un rigor implacable. Sin embargo, el propio Vaticano terminó reconociendo que había abusado de menores, llevado una doble vida, tenido hijos y construido durante décadas una compleja red de engaños.

El contraste entre ambos hombres resulta inevitable. Jean Ziegler dedicó su vida a denunciar el hambre y a defender el derecho de los más pobres a alimentarse. Marcial Maciel utilizó el prestigio de la religión para alimentar su bolsillo, su patrimonio y sus propios intereses. Uno convirtió la solidaridad en una causa universal; el otro transformó la autoridad moral en un instrumento de manipulación.
No fue un episodio menor. Fue uno de los mayores fracasos éticos de la Iglesia contemporánea.

Y deja una pregunta incómoda: ¿cómo puede una institución reclamar autoridad moral absoluta sobre la vida íntima de millones de personas cuando durante tanto tiempo fue incapaz de reconocer —o quiso no reconocer— los abusos cometidos por algunos de sus propios dirigentes?

Ganar espacios e imágenes

No escribo estas líneas desde el anticlericalismo ni desde el resentimiento. Conozco creyentes admirables y curas solidarios que han dedicado su vida al prójimo, al diálogo y a la defensa de los derechos humanos.

Precisamente por respeto hacia ellos, creo que la Iglesia todavía tiene pendiente un paso decisivo: abandonar la pretensión de hablar desde certezas absolutas y aceptar que también puede aprender de la democracia, de la ciencia, de la razón y del pluralismo.

Uruguay fue pionero en ese camino. No derrotó a la religión. Comprendió, simplemente, que el Estado pertenece por igual a creyentes y no creyentes.

No tengo ninguna objeción a que el Estado uruguayo reciba al papa León XIV con todos los honores que corresponden a un jefe de Estado.

Lo que me parece incompatible con nuestra tradición republicana es convertir el Palacio Legislativo en la tribuna del máximo líder de la Iglesia católica.

No hay ingenuidad en ese gesto.

Hoy las imágenes tienen un enorme valor simbólico. Una foto del Papa dirigiéndose a la Asamblea General desde el principal ámbito institucional de la República, inevitablemente será leída como algo más que un acto protocolar, pues proyectará la imagen de la máxima autoridad del catolicismo ocupando el espacio más representativo de la democracia laica uruguaya.

La disputa por el espacio público también se libra mediante símbolos. Ocurre cuando se procura instalar imágenes religiosas en plazas, parques o edificios estatales, cuando se busca mayor presencia en la enseñanza, en las políticas públicas o en los ámbitos de asesoramiento del Estado. Personalmente, no quiero privilegios para ninguna religión. Ni para la Virgen María, ni para Iemanjá, ni para ningún otro símbolo de fe.
En ciencia política existe un concepto muy útil para entender estos procesos: el soft power.

El poder no siempre se ejerce mediante leyes, dinero o coerción. También se ejerce moldeando valores, construyendo prestigio, ocupando espacios simbólicos e influyendo sobre el sentido común. Las religiones lo saben desde hace siglos. Su objetivo natural no es permanecer en el ámbito privado, sino evangelizar, crecer, ganar legitimidad social e influir sobre la cultura y las normas de convivencia. No hay nada extraño en ello: forma parte de su propia misión.

Por eso buscan presencia en la educación, administran colegios y universidades, desarrollan una intensa acción social, participan en los medios, generan opinión sobre temas éticos y, cuando pueden, procuran obtener determinados reconocimientos o beneficios, como mayores exoneraciones tributarias, convenios especiales o un lugar preferencial en las ceremonias populares. Todo eso forma parte de una estrategia legítima de expansión institucional. El problema aparece cuando el Estado deja de mantener la misma distancia frente a todas las creencias.

El engaño de la “laicidad positiva”

En Uruguay, además, se ha instalado desde hace algunos años una expresión que me parece profundamente equívoca: la llamada "laicidad positiva". El término suena amable, conciliador, pero en la práctica suele utilizarse para justificar una mayor presencia institucional de las religiones en espacios públicos que tradicionalmente pertenecían a todos por igual. No es casual que esa idea haya sido impulsada desde ámbitos confesionales y que varios dirigentes políticos —lamentablemente también algunos colorados— la hayan incorporado casi sin discutir sus implicancias.

Nuestra tradición republicana no habla de "laicidad positiva" ni de "laicidad negativa". Habla, simplemente, de laicidad. Un Estado que no combate las religiones, pero tampoco las sostiene ni las promueve; que garantiza plenamente la libertad religiosa y, al mismo tiempo, la libertad de no profesar ninguna; que no privilegia a una confesión sobre las demás ni convierte los edificios públicos en escenarios de afirmación religiosa.

Cada vez que alguien advierte sobre estos pequeños desplazamientos, suele ser descalificado como "jacobino", "anticlerical", "fanático" o "enemigo de la religión". Es una caricatura. La inmensa mayoría de quienes defendemos la laicidad no tenemos ningún problema con las religiones. Todo lo contrario: precisamente porque respetamos la libertad de conciencia de todos, creemos que ninguna fe debe ocupar un lugar privilegiado dentro del Estado.

La laicidad uruguaya no nació para combatir a las religiones. Nació para proteger la libertad de creyentes y no creyentes por igual. Esa sigue siendo, más de un siglo después, una de las mejores conquistas de nuestra República.

Falta de espiritualidad

El Estado debe ser la casa común de todos, precisamente porque no pertenece a ninguna creencia en particular.

Tampoco comparto esa explicación tan repetida de que los problemas del Uruguay obedecen a una supuesta "falta de espiritualidad". Es una frase cómoda que parece profunda, pero explica muy poco. La pobreza infantil, la violencia, el suicidio, las adicciones, el narcotráfico, la desigualdad, el deterioro educativo o la soledad no se resuelven con consignas espirituales, sino con mejores políticas públicas, educación, salud mental, oportunidades, justicia social y una ciudadanía comprometida. La espiritualidad puede ser una fuente de consuelo y de sentido para muchas personas, y merece todo mi respeto. Pero no reemplaza la evidencia, las instituciones ni la responsabilidad política.

Le deseo al papa León XIV una excelente visita. Ojalá encuentre un país respetuoso, hospitalario y abierto al diálogo. Pero también espero que descubra una de las mejores contribuciones que Uruguay hizo al pensamiento político moderno: entender que la fe pertenece a la conciencia de cada persona, mientras que la República pertenece a todos.
Esa no fue una derrota de la religión. Fue una victoria de la libertad.

Y quizá siga siendo una lección vigente, también para la propia Iglesia católica.

Por Marcela Pérez Pascual

Hay un dato que es importante sacar a la luz: la Rendición de Cuentas tiene escondida, entre sus más de 350 artículos, catorce modificaciones al Código de lo Contencioso Administrativo, ley aprobada por unanimidad en 2024. ¿Qué tienen en común esas catorce reformas? Que, sin tocar un peso del presupuesto, varias tocan algo más valioso: el derecho de cualquier ciudadano a que el Estado le responda.

El caso más elocuente es el artículo 310, que deroga sin más el llamado “urgimiento”. ¿En qué consiste? Cuando una persona presenta un recurso o una petición ante la Administración y esta no responde en el plazo legal, el urgimiento le permite insistir; si pasan treinta días más sin respuesta, recupera la posibilidad de accionar ante la Justicia. Es, ni más ni menos, el mecanismo que impide que el silencio del Estado se convierta en la última palabra. Miguel Pezzutti, docente de Derecho Administrativo de la Universidad de la República e integrante de la comisión que redactó el propio Código, no dudó en calificar la eliminación como “un claro retroceso”, y agregó que ningún dato empírico demuestra que el instituto haya funcionado mal.

Conviene ser justos: la mayoría de estos catorce artículos no nació en un despacho del Poder Ejecutivo, sino que fue propuesta por el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo para destrabar problemas operativos reales, y el Ministerio de Economía dio su visto bueno a casi todos. Pero que la iniciativa venga del organismo afectado no significa que perder una garantía deje de ser un problema. Junto al urgimiento, los artículos 308 y 309 le sacan un paso a las notificaciones: hoy, si nadie te encuentra en tu casa, tienen que volver a intentarlo una segunda vez antes de dejarle el aviso a cualquier persona que esté ahí; con el cambio, alcanza con el primer intento. Se gana velocidad administrativa; se pierde la certeza de que la persona realmente se enteró de que la están juzgando.

Hay algo, además, llamativo. El propio Tribunal planteó ante la Comisión de Presupuesto que su necesidad más urgente es contar con un Juez Letrado Suplente para cubrir licencias, maternidades y enfermedades de los cuatro jueces titulares: hoy, cuando falta uno, un mismo expediente puede pasar por tres jueces distintos. Presentó dos alternativas: crear el cargo, con una erogación anual de $4.778.641, o aprobar apenas una norma programática, sin costo alguno, que habilite crearlo más adelante. Ninguna de las dos quedó en el articulado: fue el único punto de toda la propuesta del Tribunal que el Poder Ejecutivo no dio por bueno. Se recortan garantías que no cuestan nada recortar, pero no se resuelve, ni siquiera a costo cero, la carencia que el propio organismo jurisdiccional señala como su prioridad número uno.

El Poder Judicial tampoco queda al margen. Entre los ajustes a ese organismo se autoriza a que los cargos de dirección del área de Informática, que hoy se ganan por concurso y se mantienen mientras dure la carrera del funcionario, pasen a ser designados a dedo por decisión política, y puedan removerse de la misma manera. Y, en otro extremo, más silencioso todavía, cuando la persona bajo tutela tiene ingresos bajos, del orden de unos $41.000 mensuales, la rendición de cuentas del tutor, hoy obligatoria cada tres años ante el Juez, se sustituye por una simple declaración jurada. Se apela a la menor cuantía del patrimonio en juego para bajar el estándar de control; pero el derecho del menor a que alguien verifique cómo se administran sus bienes no depende de cuánto tenga, sino de que sea menor.

Ninguno de estos cambios requiere, en rigor, del debate presupuestal para resolverse: modifican en profundidad un Código procesal recién estrenado y afectan la organización de un Poder del Estado, no la ejecución del gasto público. Por eso tiene sentido el pedido, hecho en sala por legisladores de distintos sectores, de sacar estos artículos de la Rendición de Cuentas y tratarlos aparte, en la comisión del Parlamento especializada en temas de Constitución y Códigos, donde puedan analizarse con el tiempo y la especialización que merecen, en lugar de aprobarse al paso de una ley ómnibus con fecha de vencimiento constitucional.

Una Rendición de Cuentas debería, ante todo, transparentar cómo el Estado gastó lo que le confiamos. Convertirla, además, en el vehículo para recortar garantías procesales que nada cuestan, mientras se posterga, también sin costo, lo que la propia Justicia pide para funcionar mejor, invierte el orden de prioridades. Sin urgimiento efectivo frente al silencio de la Administración, no hay ciudadano protegido: solo hay súbdito que espera. Y un país que se precia de republicano no debería tener dificultad en elegir entre esas dos palabras.

Por Matías Guillama

Mientras la política concentra su atención en la coyuntura, el autor advierte sobre la ausencia de una visión estratégica para el Uruguay de las próximas décadas. Demografía, inteligencia artificial y competitividad aparecen como desafíos que exigen acuerdos de largo plazo y una dirigencia capaz de pensar más allá del siguiente período de gobierno.

La política vive condicionada por el tiempo. Los gobiernos cuentan con cinco años para cumplir sus compromisos, los parlamentos se renuevan en cada período y las campañas electorales parecen comenzar apenas termina la anterior. Esa dinámica es natural en una democracia. Lo preocupante es cuando también condiciona la forma de pensar el país.

Mientras el debate público gira alrededor de la Rendición de Cuentas, de la próxima encuesta o de la polémica del día, hay una pregunta que casi no encuentra lugar en la agenda política: ¿qué Uruguay queremos construir dentro de quince o veinte años?

Gobernar supone atender las urgencias, pero también preparar al país para desafíos cuyos efectos trascienden cualquier período de gobierno. Y es allí donde da la impresión de que estamos llegando tarde.

Uno de esos desafíos es demográfico. En 2023, la tasa de fecundidad cayó a 1,41 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Los nacimientos alcanzaron mínimos históricos y la población mayor de 65 años continúa creciendo. No es solamente una estadística: es una transformación que condicionará el mercado laboral, el sistema previsional, la salud pública y el crecimiento económico durante las próximas décadas.

El segundo desafío es tecnológico. La inteligencia artificial ya está modificando el empleo, la educación y la producción a un ritmo difícil de imaginar hace pocos años. Uruguay ha dado pasos importantes en materia de gobierno digital, pero la discusión de fondo sigue pendiente: ¿estamos formando a nuestros jóvenes para el mundo que viene o seguimos preparándolos para uno que ya cambió?

La misma pregunta vale para la innovación, la competitividad y la inserción internacional. Son asuntos que no producen resultados inmediatos ni admiten soluciones improvisadas. Requieren continuidad, planificación y acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Sin embargo, buena parte de la discusión política continúa atrapada en la coyuntura. Pareciera que el horizonte máximo de planificación coincide con el próximo presupuesto o, en el mejor de los casos, con la siguiente elección.

Como integrante de una generación que vivirá las consecuencias de muchas de las decisiones que hoy se tomen —o de las que vuelvan a postergarse—, me cuesta aceptar que dediquemos tanto tiempo a administrar el presente y tan poco a imaginar el futuro. Las generaciones más jóvenes heredaremos mucho más que las cuentas públicas o la infraestructura del país. Heredaremos, sobre todo, la visión —o la falta de visión— de quienes tuvieron la responsabilidad de conducirlo.

Uruguay tiene fortalezas que muchos países desearían: estabilidad democrática, instituciones sólidas y seguridad jurídica. Pero la estabilidad no puede convertirse en un punto de llegada. Debe ser el punto de partida para pensar un país más competitivo, más innovador y mejor preparado para los cambios que ya están en marcha.

Dentro de quince años nadie recordará las discusiones parlamentarias de esta semana. Lo que sí importará será si esta generación de dirigentes fue capaz de mirar más allá de su propio mandato. Porque el Uruguay de 2040 no empezará a construirse dentro de quince años. Está empezando a construirse hoy.

Por Susana Toricez

Mientras España convirtió su consagración mundialista en una celebración cívica ejemplar, en Buenos Aires la euforia derivó en violencia, destrozos y desprecio por el rival. La comparación deja al descubierto dos maneras opuestas de entender el deporte, la convivencia y la vida en sociedad.

Hay imágenes que no necesitan interpretación; basta con ver la realidad.

Mirando desde afuera, desde esta acera charrúa, basta con observar cómo dos pueblos que reciben la misma alegría generan una profunda brecha cultural que separa la educación de la barbarie.

En España, la victoria mundialista se transformó en un verdadero ejemplo ciudadano.

La gente salió a las calles a compartir la euforia con una alegría sana y luminosa: familias enteras, respeto mutuo, cantos sin necesidad de insultar a nadie y una convivencia donde el festejo dejó las plazas intactas.

Se celebró el logro con la dignidad de quien entiende que la pasión no está peleada con la civilidad.

El contraste es doloroso con la vereda de enfrente, con lo ocurrido en Buenos Aires.

Lo que debía ser una fiesta popular terminó convirtiéndose en un espectáculo lamentable de agresión, destrozos y grosería.

La masa desbordada, el insulto como único lenguaje y una falta total de respeto por el espacio público y por el propio semejante.

Una actitud de mal deportista que trascendió la calle y llegó a la propia cancha, donde los jugadores argentinos llegaron a darle la espalda al equipo español mientras se disponía a recibir la copa del campeonato mundial.

No fue un festejo; fue una demostración de incultura, en la que romper y despreciar al rival parecen ser la única forma de canalizar una emoción.

Como uruguaya, ver esa violencia y esa falta de clase tan cercana me produce una profunda vergüenza ajena.

Vistas las dos realidades, no queda más que felicitar sinceramente al pueblo español: nos ha dado una lección magistral de educación, madurez y convivencia.

El regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, 26 años después de la caída del régimen de Alberto Fujimori, marca uno de los cambios políticos más trascendentes de las últimas décadas en Perú. En su discurso de asunción, la presidenta Keiko Fujimori prometió combatir la inseguridad con una política de “mano dura”, impulsar un ambicioso plan de infraestructura, reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables y recuperar la estabilidad institucional. La ceremonia contó con la presencia de numerosos mandatarios extranjeros, entre ellos el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

El Perú abrió oficialmente un nuevo capítulo de su historia política con la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de la República para el período 2026-2031. La líder de Fuerza Popular llegó finalmente al máximo cargo del Estado luego de cuatro intentos electorales y tras imponerse por un estrecho margen en el balotaje al candidato de izquierda Roberto Sánchez, convirtiéndose además en la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia del país.

Su llegada al poder supone el retorno del fujimorismo al gobierno nacional después de 26 años, desde la caída del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000, y busca cerrar un período particularmente convulsionado para la política peruana, caracterizado por la sucesión de nueve presidentes en apenas una década, crisis institucionales permanentes, enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso y una creciente desconfianza ciudadana hacia la dirigencia política.

Seguridad como prioridad absoluta

En el mensaje pronunciado ante el Congreso, Fujimori ubicó la seguridad ciudadana como el principal desafío de su administración.

Anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un papel mucho más activo en el combate contra el crimen organizado y las redes de extorsión, participando en tareas de control interno durante los estados de emergencia en coordinación con la Policía Nacional. La mandataria sostuvo que el Estado debe recuperar el control territorial frente al avance del crimen organizado y prometió una política de firmeza para devolver tranquilidad a la población.

El énfasis en la seguridad constituye uno de los ejes centrales que Fujimori ya había desarrollado durante la campaña electoral, cuando propuso fortalecer la videovigilancia, incorporar inteligencia artificial al combate contra el delito, ampliar la infraestructura penitenciaria y modernizar las fuerzas policiales.

Obras públicas y crecimiento

Otro de los grandes anuncios fue el lanzamiento de un vasto programa de infraestructura.

La presidenta comprometió la construcción y culminación de carreteras, corredores logísticos, obras ferroviarias y proyectos de transporte urbano, incluyendo nuevas líneas de metro en distintas regiones del país. El objetivo, afirmó, será acelerar el crecimiento económico, mejorar la conectividad y atraer inversiones privadas.

Sin embargo, varios analistas advirtieron que el discurso no explicó con precisión cómo serán financiados esos emprendimientos, especialmente considerando las restricciones fiscales que enfrenta el Estado peruano.

Ayudas sociales y reducción de la desigualdad

Fujimori también buscó imprimir un perfil social a su administración.

Prometió reorganizar los programas estatales de asistencia, fortalecer la ayuda alimentaria, combatir la anemia y la desnutrición infantil y ampliar diversas políticas destinadas a los sectores más vulnerables.

Asimismo, anunció un aumento del salario mínimo, una decisión que llamó la atención debido a que durante la campaña había cuestionado ese tipo de medidas por su eventual impacto sobre el empleo formal. Economistas peruanos advirtieron que el incremento podría agravar los niveles de informalidad si no viene acompañado por mayores niveles de productividad.

Un llamado a la unidad

En su primer mensaje presidencial, Fujimori procuró tender puentes en un país profundamente dividido tras la campaña electoral.

La mandataria convocó a todas las fuerzas políticas al diálogo y sostuvo que gobernará “para todos los peruanos”, procurando dejar atrás los enfrentamientos que han caracterizado buena parte de la vida política reciente. También reivindicó la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones y recuperar la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas eficaces.

Un comienzo rodeado de tensiones

La ceremonia de investidura, sin embargo, también reflejó el alto nivel de polarización que continúa atravesando al país.

Durante la sesión del Congreso, legisladores de izquierda abandonaron el recinto en señal de protesta por las muertes ocurridas durante la represión de manifestaciones en los últimos años y por su rechazo al legado político del fujimorismo. En las inmediaciones también se registraron manifestaciones de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del régimen de Alberto Fujimori.

Las controversias no terminan allí. El nuevo gabinete recibió cuestionamientos por la escasa presencia femenina y por la designación de algunas figuras cuya experiencia en las áreas asignadas fue puesta en duda por distintos sectores políticos y académicos.

El peso de un apellido

La nueva presidenta llega al poder acompañada por una trayectoria política singular.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, fue primera dama durante parte del mandato de su padre tras el divorcio de sus padres, encabezó posteriormente Fuerza Popular y perdió tres elecciones presidenciales antes de alcanzar finalmente la Presidencia en 2026.

Su figura continúa generando fuertes adhesiones y rechazos. Para sus seguidores representa la posibilidad de recuperar estabilidad, crecimiento económico y autoridad frente al avance del crimen organizado; para sus detractores, el retorno de un movimiento político asociado con los abusos a los derechos humanos y los casos de corrupción que marcaron el gobierno de Alberto Fujimori.

Presencia uruguaya

Entre los mandatarios invitados a la ceremonia estuvo el presidente uruguayo Yamandú Orsi, quien asistió a los actos oficiales en Lima y mantuvo un breve encuentro con la nueva mandataria peruana. La participación del jefe de Estado uruguayo se inscribió dentro de la nutrida presencia internacional que acompañó el cambio de gobierno, en una señal de reconocimiento institucional al inicio de la nueva administración.

Con una economía que necesita recuperar dinamismo, elevados niveles de inseguridad, una ciudadanía profundamente dividida y un Congreso que seguirá siendo un actor decisivo, el verdadero desafío de Keiko Fujimori comenzará ahora: demostrar que el regreso del fujimorismo puede ofrecer la estabilidad que Perú ha buscado durante la última década sin reabrir las heridas políticas que todavía permanecen abiertas.

El viaje de Javier Milei para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro desató la mayor crisis diplomática entre Argentina y Brasil en años. Más allá de las diferencias ideológicas, el episodio reabre el debate sobre los límites entre la política partidaria y la responsabilidad de representar los intereses permanentes del Estado.

El viaje de Javier Milei a San Pablo para participar del acto de proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial brasileño probablemente marque el punto más bajo de la relación entre Argentina y Brasil desde la recuperación democrática. No porque hayan existido diferencias ideológicas entre ambos gobiernos —eso ha ocurrido muchas veces— sino porque, por primera vez en décadas, un presidente argentino decidió intervenir de manera abierta en una campaña electoral brasileña utilizando insultos personales contra el jefe de Estado del principal socio comercial de su país.

La respuesta de Brasil fue inmediata: convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, citó al representante argentino y calificó las expresiones de Milei como una injerencia “grave e inaceptable” en asuntos internos brasileños. Ese tipo de medidas constituye uno de los gestos diplomáticos más severos antes de una ruptura formal de relaciones.

Lo ocurrido trasciende ampliamente el intercambio de agravios.

Mucho más que un discurso

Milei viajó a Brasil no en calidad de visitante oficial, sino para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Allí llamó a derrotar al “sometimiento zurdo”, calificó al gobierno de Lula como una “basura socialista”, volvió a tratar al mandatario brasileño de “ladrón” y “presidiario”, atacó al juez Alexandre de Moraes e incluso sostuvo, sin presentar pruebas, que Brasil, México y el Partido Demócrata estadounidense financiaron una campaña contra la selección argentina durante el Mundial 2026.

Cada una de esas afirmaciones habría generado controversia por separado.

Todas juntas, pronunciadas en territorio brasileño durante un acto partidario, terminaron provocando un incidente diplomático de dimensiones inéditas en los últimos años.

La diferencia entre un candidato y un presidente

Todo dirigente político tiene derecho a expresar simpatías ideológicas internacionales.

Lo que cambia radicalmente es cuando quien habla es el jefe de Estado de un país.

La política exterior funciona sobre una premisa elemental: los intereses permanentes del Estado sobreviven a los gobiernos. Los presidentes pasan; las relaciones estratégicas permanecen.
Desde Raúl Alfonsín y José Sarney, Argentina y Brasil construyeron una relación basada precisamente en esa lógica. Hubo diferencias entre Menem y Collor, entre Kirchner y Cardoso, entre Macri y Lula, entre Fernández y Bolsonaro. Pero ninguno llevó la confrontación al extremo de intervenir activamente en la campaña electoral del vecino insultando personalmente al presidente en ejercicio.

Ese precedente es el que preocupa a buena parte del cuerpo diplomático argentino.

Lula también hizo política

Los defensores de Milei recuerdan un hecho cierto.
Durante la campaña presidencial argentina de 2023, Lula manifestó públicamente su apoyo a Sergio Massa y dejó en claro que prefería evitar un triunfo libertario. Esa intervención fue criticada entonces por sectores de la oposición argentina y alimentó el deterioro de la relación entre ambos líderes.

Pero existe una diferencia importante.

Respaldar a un candidato extranjero constituye una injerencia política discutible.

Insultar al presidente en funciones del país anfitrión durante un acto electoral representa un escalón cualitativamente distinto.

Por eso incluso analistas poco cercanos a Lula consideran que esta crisis supera ampliamente los episodios anteriores.

Brasil también juega su propio partido

Sería ingenuo pensar que Brasil reaccionó únicamente por una cuestión protocolar.

Lula enfrenta una elección compleja frente precisamente a Flávio Bolsonaro. En ese contexto, un presidente extranjero apoyando públicamente a su rival y atacando a las instituciones brasileñas termina reforzando el discurso oficialista sobre la defensa de la soberanía nacional frente a interferencias externas.

La crisis, por tanto, también tiene un fuerte componente electoral interno.

Eso explica la rapidez y contundencia de la respuesta de Itamaraty.

El costo económico

Más allá del espectáculo político, existe un dato difícil de ignorar.

Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, destino fundamental de las exportaciones industriales argentinas y un actor central dentro del Mercosur. La integración productiva entre ambos países involucra especialmente a la industria automotriz, autopartista, maquinaria, energía y numerosos sectores manufactureros.

Las inversiones, los acuerdos comerciales y la coordinación regional no desaparecen porque dos presidentes se insulten.

Pero sí se vuelven mucho más difíciles de administrar cuando la confianza política se deteriora.

Por eso la diplomacia suele separar cuidadosamente las disputas ideológicas de los intereses económicos permanentes.

Una política exterior convertida en escenario

El problema de fondo quizás sea otro.

Desde su llegada al poder, Milei ha transformado buena parte de la política exterior en una extensión de sus batallas ideológicas: apoya candidatos, participa en actos partidarios, establece alianzas internacionales basadas en afinidades políticas antes que en vínculos estatales y privilegia la confrontación pública como herramienta de posicionamiento internacional.

Para sus seguidores, ello constituye una política exterior basada en principios y no en equilibrios diplomáticos.

Para sus críticos, significa subordinar el interés nacional a la construcción de una identidad política global.

Ambas interpretaciones pueden discutirse.

Lo que resulta mucho más difícil de debatir es el resultado inmediato: Argentina atraviesa hoy el mayor conflicto diplomático con Brasil en muchos años, con embajadores llamados a consultas, protestas formales y una relación bilateral seriamente deteriorada.

Cuando el espectáculo tiene consecuencias

En política interna, los discursos incendiarios suelen generar aplausos.

En política exterior, normalmente generan costos.

Los presidentes pueden tener convicciones ideológicas profundas e incluso expresar preferencias sobre procesos políticos extranjeros. Lo que raramente pueden hacer sin consecuencias es convertir una campaña electoral ajena en un escenario para la confrontación personal.

Porque cuando el espectáculo termina, los gobiernos siguen necesitando negociar comercio, inversiones, infraestructura, energía, seguridad y coordinación regional.

Y esas conversaciones no las mantienen los candidatos.

Las mantienen los Estados.

La ofensiva arancelaria de Donald Trump abrió una crisis sin precedentes con Canadá, poniendo en tensión décadas de integración económica y sembrando dudas sobre el futuro del principal bloque comercial de América del Norte.

Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y Canadá fue presentada como el ejemplo de una integración económica casi perfecta. Una de las fronteras más extensas y pacíficas del planeta, un tratado de libre comercio que evolucionó hasta convertirse en el T-MEC y cadenas industriales profundamente interconectadas parecían garantizar una convivencia sin grandes sobresaltos. Sin embargo, ese equilibrio se ha quebrado.

La nueva escalada impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que impuso aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en productos canadienses, abrió un enfrentamiento comercial de una magnitud inédita entre dos países que, paradójicamente, siguen siendo socios estratégicos indispensables.

Más que una discusión por el comercio

Aunque Washington justifica las medidas alegando que Canadá discrimina determinados productos estadounidenses —especialmente lácteos, bebidas alcohólicas y automóviles—, en Ottawa existe la convicción de que el conflicto trasciende ampliamente esos argumentos.

El gobierno canadiense sostiene que las nuevas tarifas violan el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de introducir una enorme incertidumbre para empresas que durante décadas organizaron su producción suponiendo que el mercado norteamericano funcionaría como un espacio integrado.

La preocupación es especialmente fuerte en la industria automotriz. Un mismo vehículo puede cruzar varias veces la frontera durante su proceso de fabricación, por lo que cada nuevo arancel incrementa los costos y altera cadenas logísticas extremadamente sofisticadas.

La respuesta canadiense

Lejos de aceptar las presiones, el primer ministro Mark Carney optó por un discurso de firmeza. Su gobierno anunció que intensificará las negociaciones con Washington, pero dejó claro que todas las opciones permanecen abiertas si Estados Unidos mantiene las sanciones comerciales.

Canadá ya había respondido anteriormente con restricciones a determinados productos estadounidenses y mantiene la posibilidad de nuevas represalias, mientras varias provincias exigen endurecer aún más la posición frente a Washington.

Una relación cada vez más política

El deterioro de la relación bilateral también refleja un cambio de fondo en la política exterior estadounidense.

Trump ha convertido los aranceles en una herramienta de presión diplomática, utilizándolos no solamente para corregir desequilibrios comerciales sino también para forzar cambios en políticas internas de otros países. La estrategia ya había sido aplicada contra China, México y la Unión Europea, y ahora alcanza de lleno a uno de los aliados históricos de Estados Unidos.

En Canadá crece la percepción de que la confiabilidad de Estados Unidos como socio comercial ya no puede darse por descontada. Esa incertidumbre impulsa al gobierno canadiense a acelerar la diversificación de mercados, fortaleciendo vínculos con Europa y con la región del Indo-Pacífico para reducir su dependencia del mercado estadounidense.

Consecuencias para toda Norteamérica

El conflicto también pone a prueba el propio T-MEC. Si uno de sus principales firmantes aplica unilateralmente barreras comerciales a otro de los socios, la credibilidad del acuerdo queda inevitablemente debilitada.

Los analistas advierten que la guerra comercial no solo encarecerá numerosos productos para consumidores y empresas de ambos países, sino que además podría ralentizar inversiones y afectar el crecimiento económico de toda América del Norte.

Lo que comenzó como una disputa por aranceles terminó transformándose en un debate mucho más profundo: hasta qué punto puede mantenerse una integración económica cuando uno de sus principales protagonistas utiliza el comercio como instrumento de presión política. La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, sino también la estabilidad del principal bloque comercial del continente.

La orden de captura internacional emitida por Rusia contra Pavel Durov, fundador de Telegram, trasciende el caso judicial contra un empresario tecnológico. Se trata de un nuevo capítulo en la disputa entre el Kremlin y uno de los pocos magnates rusos que se negó a subordinar sus plataformas al aparato de seguridad del Estado. Las acusaciones de “cooperación con el terrorismo” aparecen, para numerosos analistas, como parte de una estrategia destinada a justificar un mayor control sobre internet y sustituir los servicios independientes por aplicaciones bajo supervisión estatal.

Pavel Durov suele ser definido como el “Mark Zuckerberg ruso”, aunque esa comparación resulta incompleta. Mientras el fundador de Facebook construyó su imperio en estrecha relación con el ecosistema empresarial estadounidense, Durov terminó convirtiéndose en uno de los empresarios tecnológicos más incómodos para el poder político de su país.

Nacido en San Petersburgo en 1984, fundó en 2006 VKontakte (VK), la mayor red social rusa. Bajo su conducción, la plataforma creció hasta superar ampliamente a sus competidores locales y convertirse en el principal espacio digital del país.

Sin embargo, el conflicto con el Kremlin comenzó cuando los servicios de seguridad exigieron acceso a información de usuarios y la eliminación de grupos opositores, especialmente durante las protestas contra Vladimir Putin entre 2011 y 2013. Durov se negó.

La presión política y empresarial terminó desplazándolo del control de VK en 2014. Poco después abandonó Rusia y comenzó una vida itinerante que finalmente lo llevó a establecerse en Dubái. Ese mismo año lanzó Telegram, una aplicación concebida con un principio central: minimizar la capacidad de los gobiernos para acceder a las comunicaciones privadas de los usuarios.

Telegram: un problema para todos los gobiernos

Paradójicamente, Telegram ha terminado enfrentándose con gobiernos de muy distinto signo político.

La plataforma ha sido criticada por servir como vehículo para organizaciones criminales, grupos extremistas, redes de desinformación y organizaciones terroristas. Esas críticas motivaron investigaciones en distintos países, incluida Francia, donde Durov fue detenido en 2024 en el marco de una causa vinculada a la responsabilidad de la empresa sobre actividades ilícitas desarrolladas por terceros. Posteriormente recuperó la libertad mientras la investigación continuaba.

La diferencia entre esas investigaciones y el caso ruso reside en el contexto político.

Mientras las autoridades europeas han concentrado sus cuestionamientos en la moderación de contenidos ilegales, Moscú acusa directamente a Durov de colaborar con actividades terroristas vinculadas a Ucrania, una imputación que podría derivar en cadena perpetua según la legislación rusa.

La acusación del FSB

El Servicio Federal de Seguridad (FSB), heredero de la antigua KGB, sostiene que Telegram permitió el funcionamiento de canales, chats y bots utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos para reclutar ciudadanos rusos con fines de sabotaje y terrorismo.

Entre los ejemplos mencionados figura un popular bot de citas que, según el FSB, habría servido para captar jóvenes rusos destinados posteriormente a operaciones clandestinas.

Las autoridades afirman además que Telegram no eliminó esos canales pese a las solicitudes oficiales.

Hasta el momento, Rusia no ha presentado públicamente pruebas que permitan verificar de manera independiente esas acusaciones.

¿Por qué ahora?

La respuesta parece encontrarse menos en el expediente judicial que en la evolución del control político sobre internet.

Desde el inicio de la invasión a Ucrania, el Kremlin ha endurecido progresivamente la censura digital. Numerosos medios independientes fueron bloqueados, las grandes plataformas occidentales restringidas o directamente prohibidas y se multiplicaron las leyes que penalizan contenidos considerados contrarios a la narrativa oficial de la guerra.

Telegram quedó en una posición incómoda.

Aunque es utilizado masivamente por opositores, periodistas independientes y ciudadanos comunes, también es empleado por ministerios, gobernadores, militares, blogueros oficialistas e incluso por organismos estatales rusos.

Es decir, constituye uno de los pocos espacios donde todavía conviven voces oficialistas y críticas.

Para un sistema político que busca controlar cada vez más la circulación de información, esa autonomía resulta problemática.

La verdadera disputa: el control de la infraestructura digital

Diversos especialistas sostienen que el proceso contra Durov forma parte de una estrategia más amplia.

Rusia impulsa desde hace años el desarrollo de un ecosistema digital propio, completamente supervisado por el Estado.

En ese marco aparece MAX, una aplicación promovida por las autoridades rusas y vinculada al ecosistema de VK, que busca transformarse en la principal plataforma nacional de mensajería. Organizaciones europeas y de derechos humanos han advertido que este tipo de herramientas facilita la vigilancia estatal y forma parte de la consolidación del llamado “internet soberano” ruso.

Desde esta perspectiva, la persecución penal contra Durov cumple una doble función.

Por un lado, proporciona una justificación jurídica para restringir Telegram.

Por otro, incentiva la migración de millones de usuarios hacia plataformas bajo control directo o indirecto del Estado.

Un mensaje para los empresarios rusos

El caso también posee un fuerte componente simbólico.

Desde el ascenso de Vladimir Putin al poder, los grandes empresarios rusos comprendieron que podían acumular enormes fortunas siempre que no desafiaran las prioridades políticas del Kremlin.

Quienes lo hicieron —como Mijaíl Jodorkovski en el sector petrolero o, en otro plano, Durov en el tecnológico— terminaron perdiendo sus empresas o marchándose al exilio.

Durov representa una excepción singular: construyó una empresa global sin depender del Estado ruso y sin aceptar sus exigencias de vigilancia sobre los usuarios.

Esa independencia explica, en buena medida, por qué continúa siendo considerado un adversario político más que un simple empresario tecnológico.

El significado político

La orden de captura internacional probablemente tenga escasas posibilidades prácticas de traducirse en una extradición, dado que Durov reside fuera de Rusia y posee ciudadanías adicionales.

Su importancia radica en otro aspecto.

Confirma que el Kremlin ya no concibe la batalla por internet únicamente como una cuestión tecnológica, sino como un componente esencial de la seguridad nacional y del control político interno.

En una Rusia marcada por la guerra con Ucrania, la censura creciente y la expansión del aparato de vigilancia digital, el enfrentamiento con Pavel Durov simboliza una disputa más amplia: la que enfrenta la lógica de una red global, descentralizada y relativamente independiente con la aspiración de los Estados autoritarios de ejercer un control cada vez más absoluto sobre la información, las comunicaciones y, en definitiva, sobre la sociedad misma.