Edición Nº 771 - viernes 19 de julio de 2019        

Una nueva y alarmante omisión del Ministerio de Interior en el uso y abuso de El Guardián

Nuevamente, el sistema tecnológico de interceptación de comunicaciones, adquirido en secreto por el Ministerio de Interior, fue noticia. Desde su puesta en funcionamiento, hace tres años, El Guardián lleva 10.100 interceptaciones sin que la Suprema Corte de Justicia –principal fuente de control externo del espía informático– pudiese verificar la legalidad de las mismas. El asunto es muy grave y demuestra el desprecio del Ministro de Interior por las garantías y el Derecho.

El pasado martes 2, en el programa Todas las Voces, la periodista Viviana Ruggiero puso al descubierto al Ministerio del Interior tras asegurar que no se estaban cumpliendo las garantías acordadas con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación para la interceptación legal de comunicaciones.

Según informó Ruggiero, de acuerdo a una auditoría realizada en el área del Ministerio del Interior que se encarga de la gestión de El Guardián, el Ministerio nunca envió a sus contrapartes los reportes trimestrales que permiten verificar –mediante el cruce de información– la legalidad de las interceptaciones.

En el año 2015, luego de que el Ministerio del Interior anunció que iba a poner en funcionamiento el sistema, estalló una nueva polémica respecto a las garantías que en ese caso tendría la ciudadanía. Debido a ello, las autoridades implementaron dos acciones.

Por un lado, se instrumentó el denominado Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), un software distinto a El Guardián que permite –vía web– gestionar las escuchas: desde la Policía al Fiscal, del Fiscal al Juez y del Juez a la operadora telefónica.

Por otro lado, en el año 2016, la Justicia y el Ministerio firmaron el Protocolo de actuación para interceptaciones legales de comunicaciones. Como se dijo al principio, en dicho memorando el Ministerio se comprometía a enviar una serie de reportes trimestrales que permitiesen verificar la legalidad de las interceptaciones. Por su parte, la Justicia tenía la obligación de designar el funcionario que recibiría dichos reportes y establecer un mecanismo para solicitar a las operadoras telefónicas el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas.

Ante el anuncio de los medios de comunicación, referidos a la omisión del Ministerio, Bonomi insistió que en la actualidad “no se puede”, “es imposible”, realizar una interceptación ilegal, al tiempo que acusó a la Justicia de no haber designado al funcionario que recibiría los reportes tal y como se había acordado.

De inmediato, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado desmintiendo a Bonomi y señalando que el 8 de mayo del año 2017 se estableció que el secretario legrado Gustavo Nicastro era el “responsable de la recepción de los reportes”.

Luego de su comparecencia a la comisión de seguridad del Senado, Bonomi evitó declaraciones sobre la mentira esgrimida y volvió a insistir que, de acuerdo al mecanismo establecido por el SAIL, es imposible que se realice una interceptación de las comunicaciones dado que el que “tiene la llave”, es decir, la última palabra para la autorización, es el Juez competente.

El Ministro adelantó que antes del fin de semana la Justicia recibirá los reportes pendientes y que en caso de que las operadoras telefónicas –obligadas a comunicar a la Justicia el detalle de las interceptaciones realizadas para cotejar con las que eleva el Ministerio– se evalúa establecer la obligatoriedad mediante la presentación de un Proyecto de Ley.

En definitiva, no es la primera vez que el caso de El Guardián deja al descubierto la incompetencia y el oscurantismo de las autoridades del gobierno. Desde el principio, el manejo del asunto ha sido sumamente ambiguo y escasamente transparente. Vale recordar que El Guardián toma estado público cuando las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento buscaban generar los consensos necesarios para garantizar las actividades de inteligencia en democracia.

El gobierno debe asumir, de una vez por todas, el compromiso de establecer las garantías necesarias para el adecuado uso de las tecnologías en el combate al delito. Para cultivar confianza es necesario sembrarla, cosa que hasta el momento no han hecho las autoridades oficialistas.



El Frente Amplio y las FF. AA.

Por Julio María Sanguinetti

El Senado acaba de votar el proyecto oficialista de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Se hace sin escuchar siquiera la opinión de los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas. Tampoco se ha procurado un acuerdo ampliamente mayoritario, tal cual debe ser en materias en que, como la defensa nacional o la política exterior, se definen los elementos sustantivos de la soberanía nacional. En el lánguido final de un gobierno fracasado, se vota a tambor batiente una ley que debiera ser de Estado y apenas llega a serlo de un solo partido.

La ley se pretende justificar porque “desaparece” el concepto de seguridad nacional acuñada por la dictadura. Se ignora que en la ley de 1986 ya quedó derogado. Lo mismo ocurre con la obediencia debida, que en la ley de 2006 quedó suprimido, porque ningún subordinado está obligado a cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y la ley. Las ampulosas proclamas de que se borran los vestigios de la dictadura son simples discursos demagógicos, cuando ya la legislación avanzó claramente en estos años de democracia.

Partimos, entonces, de proclamas falsas y de un afán político de legislar a cualquier precio, con ese claro designio antimilitar que le ha caracterizado. El núcleo esencial es ese: en el Frente Amplio no hay comprensión para lo que significan las Fuerzas y en estos 14 años de manejo del Estado no ha mejorado. Apenas Eleuterio Fernández Huidobro alteró esa machacona rutina rencorosa. Pesaban en él, todavía, aquellos viejos vínculos que en algún momento le permitieron a los tupamaros y a un grupo militar pactar treguas y acuerdos más allá de las jerarquías institucionales. Pero eso fue solo Eleuterio y en ese contexto tan particular de antiguas camaraderías clandestinas. El Frente Amplio ha hecho del antimilitarismo parte de su mística. Ha instalado la mentira de que los tupamaros luchaban “contra la dictadura militar”, cuando notoriamente solo lo hicieron contra la democracia y en el momento del golpe ya no existían (en su mayoría estaban presos). Han logrado soslayar que cuando ocurre el verdadero golpe militar, el momento en que las Fuerzas Armadas subordinan al Presidente civil, en febrero de 1973, todos los sectores frentistas, con la sola excepción solitaria del Dr. Carlos Quijano, estaban prontos para subirse al carro de un gobierno “cívico militar, nacional y popular”. En ese momento la dictadura no era repudiable si los incluía.

Detrás de todas esas falacias persiste la inquina antimilitar. Se reduce drásticamente el número de coroneles de Ejército sin que ello responda a una nueva estructura orgánica, a un nuevo diseño trazado sobre la base de un organigrama de funciones. Es simplemente una arbitrariedad que intenta su justificación bajo el el titular propagandístico de “reducir el número de oficiales superiores”, como si ello hiciera una gran diferencia en el presupuesto general. Se restringe la posibilidad de satisfacer algunas necesidades básicas del personal subordinado, en alimentos o medicamentos, que asumen solo un carácter de excepcionalidad. Se le imponen deberes a la próxima legislatura, como si ello pudiera hacerse. Se establece la posibilidad de reducción de los excelentes liceos militares, que más bien debieran ampliarse. Desaparece la posibilidad de que se le extiende a la familia del militar el servicio fúnebre, aunque haya pagado por él en el pasado. Y etcétera, etcétera. Sin olvidar normas inconstitucionales como la de crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones.

En otra dimensión demagógica, se transforman los Tribunales “de Honor” en tribunales de “ética”, como si ello cambiara algo fundamental. Es un intento burdo, infantil, de dejar en el pasado el grotesco episodio de los Tribunales de Honor que actuaron en el sonado episodio Gavazzo y que luego de firmados por el Presidente de la República, se han echado atrás, hasta ajusticiando sin causa a un Ministro, luego de que una denuncia periodística dejara en evidencia la dualidad del gobierno.

Todo el contexto de la ley respira revancha. Se invoca a la dictadura y el silencio de los oficiales de aquel lejano y sombrío tiempo como si fuera un cargo moral para las generaciones actuales. No se asume lo que es la enorme tarea de las Fuerzas Armadas hoy, que siguen salvando naufragios casi sin buques o atendiendo emergencias con poquitos helicópteros o estando siempre prontos para enfrentar una inundación o cerrar la frontera nacional ante una amenaza de cualquier índole. Las mismas fuerzas a las que se supone anticuadas cuando son felicitadas por los mandos de Naciones Unidas por dificilísimas misiones de mantenimiento o imposición de la paz.

Somos pocos hoy los que podemos decir que estuvimos en contra de la absurda guerrilla antidemocrática tanto como del golpe de Estado que se dio cuando ya estaba derrotada. Somos unos cuantos más, felizmente, los que trabajamos para que el país retornara a la democracia en paz y sin revanchismo. A nadie le cedemos la derecha en este esfuerzo, que tenemos que seguir llevando adelante, desgraciadamente, cuando aún observamos la sobrevivencia de ese espíritu rencoroso para con las Fuerzas Armadas. No cejaremos en ese esfuerzo y por eso lo primero es desalojar al Frente Amplio del gobierno para constituir una real coalición democrática, votando a las fuerzas tradicionales que han demostrado históricamente esa capacidad de integración de toda la sociedad.


El Partido Colorado y Talvi

Por Luis Hierro López

El candidato colorado tiene un doble desafío. Debe afianzar la corriente de quienes lo apoyaron y, además, será necesario que cautive a los colorados de la base que no fueron a votar o lo hicieron por otros candidatos del Partido. No es una tarea sencilla.

Antes de las elecciones internas publiqué dos notas en las que narré a nuestros lectores que, por el funcionamiento que nos hemos dado en Correo de los Viernes, Sanguinetti no revisa las columnas previamente. Somos un grupo de periodistas liberales –voluntarios– que opinan con independencia de criterio. En este caso se reitera esa situación.

El partido tuvo en la interna 184.639 votos, un 17.1%, recuperándose respecto a las similares instancias de 2014, 2009 y 2004. Pero para lidiar en forma decisiva en la elección de octubre e intentar pasar a noviembre, tiene que llegar a un 20-25%, lo que naturalmente es muy difícil. Hay, con todo, tres factores que pueden contribuir.

El candidato y su compañero de fórmula.

Talvi ganó con amplitud y tiene un proyecto de país, iniciando una nueva etapa del liderazgo colorado. Eligió muy bien a su compañero de fórmula, quien – más allá de que habrá que esperar el veredicto de la Corte Electoral – fortalece y complementa la oferta. Talvi no es todavía muy conocido por el grueso de la población, por lo que tiene chances ciertas de crecimiento electoral. Su formación académica, su lenguaje y su propuesta política, empero, también podrían enfrentar dificultades para expandir su influencia en los sectores populares. Sin embargo y a su favor, es interesante observar que, siendo un economista, ha basado su prédica más en enfoques sociales que macroeconómicos.

Sanguinetti.

Recuperó al Partido con su presencia y su fortaleza y eso engrandece su larga trayectoria pública. La gente a veces se olvida de que hasta el propio Batlle y Ordóñez perdió dos elecciones claves, la dedicada a la formación de la asamblea constituyente en 1916 y, luego, a la integración del Consejo de Administración de 1925, la que ganó Herrera. Sin embargo, don Pepe nunca bajó los brazos y fue posteriormente tan influyente como antes de esas derrotas. La historia lo mide por sus gobiernos y reformas y no por sus circunstanciales traspiés electorales. Julio es de esa condición de conductores.

Desde el llano, puso vitalidad y emoción, le habló al alma de los colorados y contribuyó en forma decisiva a que el Partido se pusiera de pie. Lo estoy viendo, con emoción, a pocos días de la elección y cuando tanto él como yo sentíamos que el domingo 30 podíamos perder, visitar a un club y levantar su gorra vivando a nuestra colectividad, dando una lección política pero también de vida. Su gorra – medio leninista, futbolera o de taxista – pasó a ser un símbolo, así como siempre lo han sido sus cejas, su voz o sus discursos. En sus presidencias usaba sombreros de índole institucional, pero en esta campaña ofició de caudillo y se calzó una gorra surgida de la misión popular y de la recorrida por los barrios. Esa imagen en el club de la calle Blandengues, alzando su gorra al cielo y vivando a su partido, nos será imborrable.

El Partido Colorado.

Sale fortalecido de la contienda interna pero ahora tiene el desafío de consolidar sus votantes y para ello, nuestro candidato deberá hablarle tanto a un vecino de Pocitos como a la esposa de un soldado del cuartel del Pantanoso. Viendo los resultados, da la impresión de que Talvi votó muy bien en la costa, pero el crecimiento del Partido de acá a octubre vendrá desde otras zonas montevideanas y canarias, donde vive gente que se maneja con intuiciones populares más que por adhesión a programas.

Por su estilo, Sanguinetti le llega al corazón de mi amiga Carmen Mieres del Cerro. Talvi tiene que demostrar que puede pasar esa prueba. Así debería ser, tanto por la voluntad del candidato como por la renovada vigencia de nuestra colectividad.


Tras la muerte de un paciente en una ambulancia, Asse dice que coordinará los servicios móviles

La Institución Nacional de Derechos Humanos hizo una severa advertencia al confirmarse una omisión con un paciente que sufrió un infarto y fue trasladado sin la asistencia médica correspondiente.

Las historias desgraciadas y negativas en torno a la Administración de los Servicios de Salud del Estado son de nunca terminar. Los casos de corrupción, la conmixtión de intereses públicos y privados que han protagonizado varios de sus jerarcas, el clientelismo y la ineficiencia, caracterizan esa gestión (¿?), que siempre está en la polémica pública.

La muerte de un paciente que sufrió un infarto en Fray Bentos y no fue atendido adecuadamente demostró otra vez la ineficacia o irresponsabilidad con que se atiende el servicio de ambulancias. La ambulancia demoró siete minutos en llegar al domicilio del paciente, pero eso no fue lo peor, ya que sólo asistió un chofer, sin médico ni enfermero y tampoco contando con un equipo desfribilador. El paciente falleció en el camino al hospital.

Ante esa situación, el presidente de ASSE anunció que se van a tomar medidas para coordinar los servicios. Explicó que “nosotros hemos recibido la recomendación a partir de una situación dolorosa que mucho lamentamos. Cumpliremos con lo que la Institución de Derechos Humanos nos pide para Fray Bentos, en primer lugar la reunión con la familia naturalmente y en segundo lugar el equipamiento en las ambulancias comunes, más que nada equiparlas con cardiodesfibriladores que ayuden en circunstancias de riesgo de vida”.

En setiembre del año pasado, es decir hace casi un año, Carámbula había anunciado que se abriría una licitación, aunque reconoció que no se había reglamentado la normativa. “La normativa aún no está reglamentada y así se lo planteamos a la Institución de Derechos Humanos, en cuanto a que debemos tener un ámbito en el Ministerio de Salud no solo para el prestador público sino también para el privado”, consideró el titular de ASSE que también confirmó que “está resuelta la base para hacer el llamado a un sistema nacional de traslados especializados”.

Es francamente inadmisible que recién ahora la Administración reaccione y anuncie que se van a coordinar los servicios, algo elemental que debió hacerse desde siempre. El Frente Amplio lleva 14 años de gobiernos consecutivos, con mayorías parlamentarias y diez años de “viento de cola” de la economía internacional. Durante todos estos años hubo decenas de denuncias similares, pero recién ahora las autoridades de Asse se dan por enteradas. Es espantoso jugar así con la vida de la gente.


Para Sanguinetti, la discusión sobre Robert Silva está equivocada

El expresidente Julio Sanguinetti recordó que fue autor del artículo constitucional 201, que regula las candidaturas a legislador de los directores de Entes Autónomos, y sostuvo que en ningún caso puede interpretarse que el Dr. Robert Silva no pueda ser nominado a vicepresidente por el Partido Colorado.

"Fui redactor -junto al Dr. Héctor Luisi y algunos otros correligionarios- del proyecto colorado que fue una de las bases de la Constitución de 1967. Integré todo el proceso que redactó el proyecto de lo que luego se llamó ‘reforma naranja’. Lo hice en todas sus instancias, hasta la última, en que actuamos junto al Dr. Gervasio Posadas Belgrano, que representaba al Partido Nacional, para definir la versión final. Luego fui miembro informante del proyecto. Por lo tanto, nadie podrá controvertirme que la norma que le exige a los directores de Entes Autónomos renunciar un año antes para ser candidatos a ‘legisladores’, refería solo a diputados y senadores”, afirmó el expresidente Julio María Sanguinetti a la prensa al analizar el escrito que el Partido Colorado presentó ante la Corte Electoral.

El exmandatario recordó que la disposición que se reformaba establecía un plazo de 10 meses para renunciar y esa exigencia corría solo para candidatear a ‘Representantes’. “Se incorporó entonces a los senadores, porque en aquel tiempo era bastante habitual -y muy criticado- que esos directores se postularan al Senado, aprovechando su actuación en el ente”, agregó.

“Por eso -siguió Sanguinetti- drásticamente se les prohibió a los directores del Banco de Previsión Social ser candidatos a cualquier cargo electivo hasta pasado un mandato. Y para los demás directores de entes, se amplió la exigencia que les impedía ser candidatos a ‘representantes’, a todos los legisladores. Esta fue la letra y la intención, motivada en ese vicio político que describimos. De haberse querido extender la prohibición al vicepresidente se lo hubiera hecho expresamente, como se hizo con la prohibición de integrar la Cámara de Representantes o de postularse para la reelección”.

Sanguinetti recordó que cuando se reformó la Constitución en 1966, vigente desde el año siguiente, no había vicepresidente, porque el gobierno era colegiado y que “se estaba recreando la institución, de modo que todo fue pensado para el caso”.

“Más allá de este debate, para mí inequívoco, porque lo viví, trabajé, escribí personalmente la mayoría de los nuevos textos, insisto en que la discusión general está bastante mal planteada. La cuestión de fondo es que todo ciudadano tiene el derecho a ser elector y elegido, salvo expresa prohibición en contrario, de interpretación restrictiva, además. Esa disposición expresa no existe y nunca hubo intención de establecerla”.

Y concluyó que, en último caso, “si hay duda, predomina el derecho fundamental a ser elegido, porque no se puede proscribir a un ciudadano por una ‘duda’. Para hablarlo en días del VAR futbolístico, no se puede anular un gol porque haya duda. Tiene que estar claro y aquí -en el peor de los casos- no está claro”.


Cambia para nosotros, los uruguayos, señor Canciller

El Ministro de Relaciones Exteriores, Nin Novoa, intentó quitarle entidad a la docilidad que muestra el gobierno con el régimen de Maduro, sosteniendo que, si Uruguay lo califica de dictadura, nada cambiará para los venezolanos. Pero lo que no advierte el señor Nin Novoa es que para los uruguayos cambia mucho si juzgamos con energía los crímenes y persecuciones de un gobierno sangriento.

El canciller Rodolfo Nin Novoa habló ayer acerca de la cumbre de países del Mercosur tuvo lugar en Santa Fe, Argentina. Uruguay y Bolivia impidieron que la cumbre emitiera un documento en el que se calificaba a Venezuela como una dictadura, ante lo cual Nin Novoa declaró a Del Sol FM que “si nosotros decimos que Venezuela es una dictadura, ¿qué cambia para los venezolanos? No cambia absolutamente nada”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Ingresando en una grosera contradicción, el Canciller agregó que “la visión que se tiene de un país no incide en la realidad de ese país”, tras lo que cual, pese a la reconocida limitación, insistió con el inexistente camino del diálogo: “Hay que ayudar a salir de esta situación tan dramática que tienen los venezolanos, y no se sale con esas calificaciones y epítetos. Esa es la posición de Uruguay: se sale con diálogo”, remató.

Pero ya que en Venezuela no se puede hacer nada, como reiteradamente ha quedado demostrado, el gobierno uruguayo podría cuidar un poco la dignidad de los uruguayos, ultrajada todas las veces que nuestro gobierno mira para el costado ante los atentados a los derechos humanos que cometen Maduro y su banda.


Con los pies de barro, no de cemento

Por Elena Grauert

Nuevamente se pone de manifiesto la hemiplejia sindical, donde se defienden de ineficiencias propias con medidas regulatorias que proclaman defender la industria nacional y, por otro lado, defendiendo mega inversiones, donde no es claro cuál es la ganancia real para el país.

Se está discutiendo en la Comisión de Industria del parlamento un proyecto de ley que pretende que las compras estatales de cemento deben ser de producción nacional y al menos el 50% de esas compras deban comprarse a ANCAP.

Es importante recordar que hace más de siete años se compró el horno en Paysandú por U$S 80.000.000, que jamás se uso y cuya instalación sale más de U$S 130.000.000, lo que fue de los más graves cuestionamientos a la gestión de Sendic. Además el sector portland de ANCAP al 2017 perdía más de U$S 15.000.000.

La competidora directa de ANCAP, Cementos Artigas, es una empresa que ha demostrado ser viable, sin las pérdidas cuantiosas del ente público. Si bien la actual administración ha ido atemperando las pérdidas, éstas persisten, por lo cual la presión sindical solicitando más protección y más gasto no tiene el menor sentido, ni económico, ni jurídico.

Se ha acusado a una nueva cementera nacional, CIMSA, de los futbolistas Lugano y Godin, de importar cemento, pero lo cierto es que el peso global en este mercado es ínfimo y este año prácticamente no se registró importación, por lo que poner trabas al mismo no tiene el menor sentido. La empresa ha declarado que está desarrollando una calera en Treinta y Tres, haciendo una inversión de U$S 50.000.000 y generando empleo a su propio riesgo. Gravar la importación, cuando dicha industria está invirtiendo en la producción de la materia prima, sin tener ningún otro beneficio que cualquier industria nacional, no tiene justificación, teniendo además presente que es un emprendimiento nacional sin ningún beneficio fiscal, como sí lo tiene UPM. Estas medidas que se reclaman, por tanto, incrementa las desigualdades y desestimula a la inversión genuina.

El negocio del ente estatal ANCAP es la refinación de combustibles. La producción de cemento es de las áreas en régimen de competencia y si no es eficiente debería estudiarse su cierre. Es inaceptable ocultar esa ineficiencia mediante una norma que encarecería la obra pública nacional, por la arbitraria exigencia de obligar a las empresas que trabajan para el Estado a comprar cemento más caro, que la sociedad ya lo ha pagado con creces, tratando en forma compulsiva desequilibrar el mercado de oferta y demanda, en un juego donde pesa más el poder que la verdadera economía e interés de todos los ciudadanos.

Las actividades que desarrolla el Estado que por su naturaleza son competitivas, deben desarrollarse respetando las reglas de juego de la competencia. De lo contrario se estarían violando los principios de igualdad, imparcialidad y deber de servicio que debe cumplir la administración por mandato constitucional. No puede quedar la sociedad a la merced del “monstruo de pies de barro”, ya que a la larga se derrumba, como se vio en todas las economías de los países comunistas, que no se cayeron por las guerra sino por la economía. Y ahí vemos a la pobre Venezuela, desangrándose de una forma horrorosa, muriendo su gente, por la falta de bienes, mientras cínicos dan vuelta la cara como si ellos no tuvieran nada que ver, abusando de las prebendas de su poder.


Tamberos tomaron la Plaza Independencia

Por Tomás Laguna

Finalmente los tamberos llegaron a la Plaza Independencia y manifestaron su enojo frente a la propia sede del gobierno de la República. La desesperación hace difícil esperar a un cambio de gobierno y de orientación productiva del país.

La producción lechera supo tener su momento de esplendor, hace apenas unos 8 o 9 años atrás. Tiempos en que el margen bruto obtenido por hectárea en los tambos competía de igual a igual con los resultados de la soja, cultivo que por entonces estaba en su máximo apogeo en cuanto a resultados económicos. No obstante por aquellos años ya se denunciaba con preocupación las dificultades para el recambio generacional. En particular se denunciaba las dificultades para el acceso a la tierra (un importante número de productores lecheros producen en tierras arrendadas) y mejores condiciones para el afincamiento y desarrollo social de los jóvenes al momento de formar familia y pretender vivir en el medio rural. Y conste que eran tiempos de holgura, muy diferente a los actuales.

Tras la caída de los valores internacionales de la leche en polvo sumado a los costos crecientes para producir en este país, más conflictos sindicales desmelenados en la industria láctea, sobrevino la crisis de estas últimas. Por entonces todos se afirmaban en el mercado venezolano por los significativos mayores valores que este pagaba al importar lácteos. Claro que no previeron que el dulce pica los dientes, ese mercado claudicó para siempre arrastrando una importante empresa familiar del litoral además de dejar la deuda que hoy reclaman con razón e indignación los productores.

En todo este período CONAPROLE se consolidó en su rol histórico como columna vertebral de la lechería nacional. No obstante no escapa al drama que aqueja a todas las agro-industrias sin distinción de rubro, con el agravante de un sindicato combativo e irracional, apoyado en su accionar desde las mismas filas del partido de gobierno, quienes pretenden integrar a los trabajadores en el directorio de la empresa. CONAPROLE constituye el sueño de la empresa prototipo para el teórico modelo de “economía social” promovida desde el partido de gobierno.

Mientras esto ocurría, los productores lecheros seguían perdiendo pie año tras año. Desde el gobierno se fueron tirando salvavidas. Ante el incumplimiento venezolano se ofreció un crédito “blando” por un total de 66 millones de dólares que no significan más de 2,5 centavos de dólar por litro. A su vez se dispuso una versión diferentes a otras ya instrumentas del Fondo de financiamiento de la Actividad Lechera (FAL). Algo así como salvavidas de plomo según su efecto en el mediano plazo.

La producción se congregó en asamblea en Paraje Capurro, San José, en diciembre pasado. Fue entonces que se reclamó la inmediata aplicación de un adicional del 3% en la devolución de impuestos como ya lo tuvo la lechería en otros momentos críticos; que el gobierno asuma la responsabilidad por los 39 millones de dólares que adeuda Venezuela mandatando a CONAPROLE a iniciar las acciones judiciales del caso; la restructura del fondo de garantía conformado por una retención de $ 1,3 sobre el precio de la leche pasteurizada, de modo de que este llegue efectivamente a los productores; que se mantuviera en términos reales  el precio de la leche al consumidor evitando las transferencias históricas por este producto desde la producción al consumo. Finalmente demandaron todas aquellas medidas que permitan que los sectores productivos sean competitivos evitando el sobrecosto en tarifas públicas y carga impositiva. Se agregaba en este punto el reclamo por una inserción internacional que permitiera acceder a los principales mercados a través de acuerdos comerciales que minimicen los costos arancelarios.

Se estableció una fecha límite, mediados de enero, a partir de la cual de no tener respuestas se endurecería el reclamo con nuevas movilizaciones. El gobierno respondió destinando fondos públicos reduciendo la deuda de Venezuela en un 23%, luego compro tiempo con un paquete de medidas de menor trascendencia. Pero ese tiempo ya expiró y los tamberos nuevamente están en la calle.

Las gremiales lecheras supieron transitar el camino del reclamo y las protestas en conjunto, hasta los resientes desentendimientos con ANPL, la entidad gremial que nuclea a los remitentes a CONAPROLE (capta poco más del 70% de la remisión) y que oficia como nexo entre el directorio de esta industria y sus productores. Podría inferirse que cuando los reproches de los tamberos alcanzaron a CONAPROLE se produjo esa diferencia de criterios.

La muy bien pensada movilización de días pasados en la Plaza Independencia, con la suelta de tantos globos como tamberos abandonaron el rubro en los últimos 12 meses, mereció el apoyo de la totalidad de las gremiales lecheras. La ausencia de ANPL constituyó un flanco en la difícil lucha de la familia tambera por hacerse oír y respetar por un gobierno que, más que insensible, es inmensamente torpe y omiso en la atención de aquellos rubros socialmente más sensibles, a los que cuando era oposición dijo querer apoyar.

Es difícil pedir paciencia al productor que cada madrugada, al enfrentar el primer ordeñe del día, se cuestiona su futuro inmediato debiendo a atender sus deudas, los costos crecientes para seguir produciendo mientras debe velar por el buen pasar de su familia. Lo del acápite inicial, la desesperación hace difícil esperar a un cambio de gobierno y con él una orientación que privilegie la producción y en particular aquellos rubros más sensibles para la familia rural. Pero las medidas de emergencia de un nuevo gobierno para la reconstrucción productiva del país deberán atender esta emergencia, junto con la que viven los arroceros.


¡Dos ejemplos notables!

Por Julio Aguiar Carrasco

En estos días se cumplen aniversarios de dos notables figuras del Batllismo histórico: Luis Batlle Berres y Luis Hierro Gambardella.

Escribía don Luis Hierro Gambardella:

“Fue en ese enero de 1937 cuando conocí a Luis Batlle. Subíamos una tarde la gran escalera de la Casa del Partido, situada todavía en una casona de 18 y Médanos, que ya no existe, cuando en su rellano apareció el personaje. En plena primera madurez, pues no tenía aún 40 años, vestido con un traje gris, su rostro transmitía aquella cordial firmeza que siempre lo caracterizó. Alto, atlético, de su persona emergía un fluido de pureza y serenidad. Era, como se sabe, apuesto y un tanto arrogante. Un cierto toque de bohemia le daba más atracción a su persona”.

Con esta preciosa descripción se unían las formidables vidas políticas de Luis Batlle y Luis Hierro Gambardella.

Ya habían compartido la oposición a Terra. Los dos apoyaban el lado republicano de la Guerra Civil española.

El 9 de abril de 1949 se reunió en el Ateneo de Montevideo la Junta Interamericana de defensa de la Democracia, con sede en el Uruguay.

Concurrieron figuras como Juan Andrés Ramírez, Alfredo Palacios, Gustavo Gallinal, Emilio Frugoni, Ernesto Sanmartino, Eduardo Rodríguez Larreta, Dardo Regules, etc.

Se recibieron mensajes de Vaz Ferreira, Rómulo Bentancourt Rómulo Gallegos.

Cuando nadie lo esperaba, se hizo presente el propio Presidente de la República, don Luis Batlle, quien hizo uso de la palabra, para luego retirarse.

Don Luis definió los beneficios de las instituciones libres. Esto llevó a que Palacios y Sanmartino dijeran en una entrevista, “no es por azar que nos hemos reunido en el Uruguay. Es un oasis de democracia en medio de un mar de dictaduras”.

Ambos eran espíritus libres, republicanos, liberales. Don Luis fue a Estados Unidos en el año 1955 a defender el trabajo uruguayo.

Hierro sobrevivió a don Luis. Pertenecían a generaciones distintas. En ese tiempo nefasto que le tocó vivir a Hierro, sin dudarlo un instante, siempre estuvo del lado de la defensa de las Instituciones, ya fuese con el surgimiento de la guerrilla, ya fuese con la dictadura o ya fuese con El Cambio en Paz que le permitió al país recuperar su democracia.

Sus discursos o artículos revelaban una profunda cultura, una pluma brillante a las órdenes de la poesía o de la política.

Tengo un recuerdo personal muy vago de don Luis Batlle. Mi padre tenía una enorme admiración por él, tanto que al fallecer (15 de julio de 1964) me llevó a la Casa del partido, donde velaban los restos del gran líder. La salida del féretro hacia el Cementerio es uno de los hechos que más me han marcado: hombres y mujeres llorando, al grito de ¡Batlle!, ¡Batlle!, gente de todas las clases sociales.

Con Hierro fue distinto. Lo conocí mucho y durante bastante tiempo. Nunca ponía un obstáculo generacional, debatíamos mano a mano, yo aprendiendo siempre algo nuevo. Hoy hace 28 años de su fallecimiento, un vacío grande y difícil de llenar.

A don Luis Batlle y a Luis Hierro Gambardella los unió el amor a la libertad, a la República, a la tolerancia, a la democracia. Es poco lo que puedo decir en pocas carillas: ¡eso sí, eran hombres de otro tiempo!


Obras demoradas dificultan enormemente el tránsito

Pese a la fenomenal campaña publicitaria que se ha lanzado precisamente en este tiempo electoral, muchas de las obras viales que se registran en Montevideo están paralizadas o francamente demoradas. Entre ellas, el muy promovido túnel en Avenida Italia y Centenario ha quedado rezagado por no haberse completado a tiempo unos estudios previos –cateos– que son imprescindibles. Da la impresión de que el apuro por mostrar resultados le gana a la planificación.

Hay unas 40 refacciones de calles a lo largo de toda la ciudad, pero algunas de ellas enfrentan demoras, como la de la calle Mercedes y las que tenía adjudicadas la empresa Bersur, que entró en quiebra y dejó los trabajos en suspenso desde hace poco más de un mes. El foco, sin embargo, está puesto en la del túnel de avenida Italia y Centenario, una de las obras insignias de la administración actual y de las obras que planteó Daniel Martínez, hoy candidato a presidente, en el marco del Fondo Capital.

Las tareas de la calle Mercedes, en pleno Centro de Montevideo, llevan varios meses de atraso, según reconoció el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo (IMM), Pablo Inthamoussu. El problema se dio con la red Arteaga de saneamiento, con más de un siglo de antigüedad, que estaba en peor estado del que estaba previsto. La comuna pensaba que debería reparar dos roturas y se encontró con ocho, lo que, según explicó el jerarca, complicó el cronograma de obras.

A partir de la segunda quincena de julio comenzará la parte más compleja de la obra del túnel en avenida Italia y Centenario, que llevará unos nueve meses. Por el momento, la obra está en la etapa 0 con trabajos previos sobre los canteros y ensanchamiento de algunas calles de alrededor, como Manuel Albo. Esta obra también experimentó atrasos por complicaciones en el ensanche de esa calle.

Todas las obras interfieren con el tránsito, ya que se colocan balizas así se trate de la reparación de un poco, lo que, en cualquier ciudad del mundo más o menos organizada, se hace apenas en unas horas. Acá se demoran semanas y hasta meses. Vecinos y sectores de la prensa han preguntado porque razón no se trabaja de noche, lo que permitiría terminar más rápido y entorpecer menos la movilidad. Sin respuestas.


Una epidemia silenciosa que debemos combatir

Por Fátima Barrutta

El 17 de julio fue el Día Nacional de Prevención del Suicidio.

Tal vez no haya palabra más evitada en nuestro vocabulario: "suicidio" evoca a dolor profundo, incomprensión, depresión extrema, autocastigo supremo. Genera interrogantes indignadas o solidaridades inconfesadas. Pero esta vida que vivimos, signada por lo utilitario, el materialismo, el consumismo y la satisfacción de corto plazo, nos lleva a escamotearla, a cambiar de tema, a alejarla incluso de la agenda periodística.

Sin embargo, las cifras divulgadas en los últimos días dan cuenta de una realidad grave, verdaderamente alarmante.

En Uruguay mueren aproximadamente 700 personas al año por esta causa. Casi dos suicidios por día. La ONG Último Recurso ha informado que por cada hecho consumado, hay de diez a doce intentos de autoeliminación. O sea que estaríamos hablando de una base de veinte intentos de suicidio por día. Estos números parecen exagerados, pero no lo son. Porque todos tenemos en nuestro entorno algún caso que los confirma, historias personales de familiares, amigos o vecinos que hablan de este doloroso desapego existencial.

Hay expertos que insisten en que la política de no hablar del tema, porque al hacerlo se lo estaría promoviendo, es una completa falacia. Sí, hay que hablar del suicidio. Hay que informar. Hay que multiplicar los recursos para combatirlo, en lugar de hacer lo que realizó la Intendencia capitalina hace un tiempo, que fue cortar el aporte económico a la ONG ya mencionada, que manejaba la prevención con eficacia y seriedad.

Hay que hablar del tema en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Como pasa con el cáncer, otro motivo de angustia de nuestra sociedad, el suicidio debe dejar de ser un tabú para ser colocado a la luz pública: advirtiendo lo que implica y empezando por reconocer que no es una decisión que se toma libremente, porque parte de una depresión, o sea de una enfermedad, de un estado no consciente de la persona. Así, la decisión de suicidarse no es un acto volitivo pleno, sino que está condicionado por causas que encadenan al sujeto, privándole del ejercicio de su libertad de elección.

Es como aquella opción trágica que vivían las víctimas del atentado contra las torres gemelas en 2001: arrinconados entre las llamas, no les quedaba otra escapatoria que arrojarse por la ventana. El suicida siente lo mismo: elige la única vía de escape que encuentra ante la hostilidad o indiferencia de su entorno. Y lo que el Estado debe hacer es justamente combatir esa hostilidad y esa indiferencia: apagar esos fuegos.

Ese incendio puede tener distintas causas. Es cierto que los problemas económicos suelen tener que ver con la decisión de suicidarse, pero hay que ver que el índice actual de autoeliminaciones en Uruguay supera al del año 2002, el de la crisis, y duplica al de la media internacional. Los expertos apuntan a asociar esta tragedia a disfunciones sociales, como el bullying escolar o el mobbing laboral, formas de acoso y hostigamiento que los grupos imponen sobre el diferente, excluyéndolo en forma violenta. Entramados de cobardía y manipulación que se solazan en agredir a víctimas inocentes, para empujarlas a la depresión y el desamparo.

Nuevamente, las causas del deterioro de la convivencia no están en el desempeño económico de la sociedad sino en su decadencia cultural.

El egoísmo, la falta de valores, el descaecimiento de la tolerancia y el espíritu solidario. En suma, una extinción de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con el desapego religioso, sino con una actitud ante la vida, en la que deberían primar los valores éticos por sobre las conquistas materiales.

Otra de las falencias que llevan a elevar el índice de suicidios se da en la manera como la sociedad carga de responsabilidades a algunas personas, reclamándoles un aura de invencibilidad que no se compadece con sus posibilidades. Tal es el caso de muchos médicos, cuyas tasas de suicidios duplican las de personas que ejercen otras profesiones. Y por eso se explica también el problema de adicciones a sustancias, que es otra manera de autoflagelarse. Comprender y aceptar las propias limitaciones también es una forma de honrar la existencia.

Allí es donde la política debe operar con urgencia y precisión.

Allí es donde el Estado tiene que ser un activo defensor del derecho a la vida, promoviendo la prevención y una cultura que celebre la existencia en lugar de rechazarla.

Falta mucho por hacer en Uruguay a este respecto y debemos lamentar que haya quienes lo minimicen, poniendo como excusa que los índices de suicidio son altos, solo porque están bien medidos y registrados.

Los buenos registros no son fines en sí mismos, sino medios para concientizar a la sociedad sobre la gravedad del problema y el imprescindible, urgente diseño de una política pública de prevención.

"Si hay alguien que escucha, no hay suicidio".


Regulación del consumo abusivo de alcohol y consecuencias no previstas

Por Ruth Furtenbach

Un excesivo afán regulatorio puede perjudicar los mejores propósitos

En “La política como vocación”, Max Weber hace una distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, siendo esta última la que deberían seguir preferentemente los políticos. Según el célebre sociólogo alemán, la ética de la responsabilidad propugna que antes de llevar a cabo una acción, hay que considerar sus consecuencias previsibles. En cambio, la ética de la convicción se encuentra animada únicamente por la moral y los más elevados principios, sin importar las consecuencias.

Guiándonos por estos conceptos, vemos que exclusivamente por convicción y sin medir las consecuencias actuaron quienes votaron el proyecto de ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas, que aprobó el Senado días pasados, con el respaldo del Frente Amplio y el de la snacionalista Verónica Alonso. Consultada Alonso, quien no contó con la adhesión de sus correligionarios, dijo que el proyecto: "establece un marco regulatorio que va a ayudar aún más a un cambio cultural que necesitamos en nuestro país”, siendo necesario "evitar el consumo problemático y abusivo del alcohol". Para eso subrayó que debe establecerse determinado marco legal, aspirando a que el mismo ayude y sea “el camino" para lograr el cambio cultural buscado (Montevideo Portal, 2/7/2019).

Pero en busca de fines tan loables no consideraron el camino de la debacle de sectores muy importantes de la actividad económica del país como lo son la producción vitivinícola y la comercialización de bebidas alcohólicas, afectando particularmente el funcionamiento de los restaurantes, quienes ya fueron muy perjudicados por la ley Nº 19.360 que rige la tolerancia cero de alcohol en sangre para conductores. En pos de mitigar un problema social que indudablemente requiere ser atendido, están afectando innumerables fuentes de trabajo que constituyen el sustento de muchos hogares, así como la tradición de quienes consumen ciertas bebidas alcohólicas en forma responsable y moderada.

El expresidente del Centro de Viticultores, Aramir Silva, dijo el año pasado en la comisión de Industria de Diputados que la ley de cero alcohol “desnucó” y “mató” al aparato productivo, aduciendo que el que bebe en forma excesiva y sin responsabilidad lo va a seguir haciendo a pesar de las prohibiciones con el riesgo de “matar a alguien”, mientras que quienes actúan con responsabilidad no pueden tomar un vaso de vino, en una reunión familiar.

Tanto Fernando Imperiale (Centro de Viticultores) como Javier Carrau (Centro de Bodegueros del Uruguay) también consideran que la ley de alcohol cero ha afectado el negocio del vino y la caída del consumo. Javier Carrau, advierte que "en el mundo civilizado, los niveles aceptados son de hasta 0,5, como en el caso de Alemania, España, Italia, Francia y Portugal. Expresa que "nosotros con el 0,3 ya estábamos a la vanguardia del mundo”. (Diario El País, 25/5/2018). Según datos del CEA- Comisariado Europeo del automóvil, el Reino Unido y Malta son los países con la tasa más alta permitida: un 0,8 mg/l.

Quienes cultivan la vid y heredaron la tradición de sus ancestros europeos afirman que el vino, más que una bebida alcohólica, es un alimento. Como señala Imperiale, los estudios demuestran que “tiene muchas propiedades, por ejemplo, es antioxidante”. Estima “que siempre con un consumo responsable, es una bebida que debe ser fomentada".

Ya Dionisos, el dios griego del vino representaba no sólo el poder embriagador del vino, sino también sus influencias sociales y benéficas. Se le consideraba como el promotor de la civilización, la longevidad y la paz, al igual que venerable patrón de la agricultura y del teatro. De acuerdo con el historiador griego Tucídides “las gentes del Mediterráneo empezaron a emerger del barbarismo cuando aprendieron a cultivar el olivo y la vid”. El vino ha venido evolucionando como parte de la vida, la cultura y la alimentación europea desde tiempos inmemoriales. En la Inglaterra Isabelina, Shakespeare observaba ya que “el buen vino es una jovial criatura, si de él se hace buen uso”, en contraposición a su consumo indebido en aquel entonces.
(https://www.wineinmoderation.eu/es/content/Historia-y-Tradicin-Del-Vino.4/)

En nuestro país, Francesc Vidiella y Pascual Harriague fueron pioneros de la viticultura a fines del siglo XIX, por sus capacidades para innovar y su voluntad de liderazgo. El desarrollo de la vitivinicultura se asocia con la diversificación productiva en el agro aportando mano de obra especializada. Más recientemente, se han desarrollado espacios productivo-cultural-paisajísticos (terroir) y promoción del turismo (enoturismo). No puede desconocerse entonces la generación de una cultura que fusiona el placer de los sentidos con el conocimiento y el consumo de vinos finos, proyectándose con fuerza en la gastronomía. Consecuentemente, el tema se torna muy relevante socialmente, a nivel de la producción, el intercambio y la cultura. (Historia de la viña y del vino en Uruguay. Tomo 3. CSIC, Udelar, Biblioteca Plural, 2013).

Todo lo cual indica que, si no evaluamos bien las consecuencias de ciertas acciones, como enseñaba Weber, en un caso como este puede ser peor el remedio que la enfermedad. Basta imaginarse, además, como impactaría un nuevo elemento que atente también contra la próxima temporada turística de verano.

Acorde con esta postura fue la oposición conformada por Senadores Colorados y Blancos con excepción de Alonso, que no acompañaron el proyecto de ley por considerar que para los vitivinicultores y bodegueros principalmente, “será un golpe muy duro”, con fines recaudatorios.

El senador nacionalista Javier García dijo que “la bancada comparte el trabajo sobre personas que tienen problemas con el consumo de alcohol” pero advirtió que este proyecto de ley es peligroso porque incluye regulaciones, burocracia, cargos y crea comisiones”. (El País 3/7/2019).

Concomitantemente se manifestó el Senador colorado Pedro Bordaberry, quien expresó en el Informativo Sarandí, que al proyecto de ley de consumo abusivo de alcohol que fue aprobado por el Senado “le faltó tiempo de discusión legislativa”, y que fue votado “bajo la reprimenda del presidente Vázquez, que hace unas semanas se enojó con la bancada de su partido porque no se aprobaba”. Criticó esta norma por ser más prohibitiva que la ley de la marihuana y se opuso a la creación de un registro y permiso requeridos para el “ofrecimiento, venta o distribución de bebidas alcohólicas”, ya que se trata de un concepto muy amplio donde “deberá aclararse si se trata de un cata, una promoción, un casamiento, una iglesia...”. Cuestionable también es la creación de la Comisión Controladora, que está integrada, entre otros, por Presidencia, Junta Nacional de Drogas, Ministerio del Interior, de Defensa, de Economía, de Trabajo, de Desarrollo Social, Prefectura, DGI, Ancap y Congreso de Intendentes, debiendo en todo caso haber un solo organismo “que controle esto en serio”, según su opinión.

El proyecto de ley aprobado en el Senado y que será puesto a consideración de la cámara de Diputados, contiene 39 artículos en siete capítulos entre los que se establecen sus disposiciones generales, el registro de vendedores, limitaciones en la venta y ofrecimiento, la regulación de la publicidad y la fiscalización, infracciones y durísimas sanciones por incumplimiento.

Bordaberry destacó al igual que García, que le parece bien que se legisle en relación a la problemática del alcohol habiendo votado incluso algún artículo. Aunque destacó como negativo que el Frente Amplio aún, reconociendo que el texto debía estudiarse más, dispusiera que lo que quedaba por corregir se hiciera en la Cámara de Diputados.

Es verdaderamente lamentable, que frente a un problema tan complejo como este, el partido del gobierno haga gala una vez más de la más absoluta falta de “ética de la Responsabilidad”.


Cuando la paridad es esquiva

Por Consuelo Pérez

No alcanza con legislar para garantizar la igualdad de las mujeres

Nos visitó recientemente la jurista española Irune Aguirrezabal, experta en democracia paritaria, invitada por ONU Mujeres para participar en el VI Congreso Uruguayo de Ciencia Política, organizado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política.

Fue en ese ámbito que habló sobre la importancia de la paridad para garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de toma de decisión.
La “democracia paritaria” que, entre otros objetivos, busca la representación política equitativa entre el hombre y la mujer, data de apenas 26 años, y no se refiere a cantidades o porcentajes, sino a real posibilidad de participación y aporte, sin ser desplazados, ni uno ni otras, por cuestiones ajenas a la libre expresión de derechos.

Es que el concepto de paridad va más allá de la representación política y debe estar presente en el resto de las responsabilidades y actividades que tenemos y desarrollamos tanto mujeres como hombres: en el acceso a oportunidades, en la economía. Es que“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, reza el artículo 8 de nuestra Constitución, pero esa igualdad no es tal en lo que concierne a la inserción de la mujer en la Sociedad.

Del punto de vista de la norma jurídica, constitucional, las mujeres pueden elegir y ser elegidas sin restricción de género, pero la democracia paritaria no se refiere solo a ese aspecto, sino que el sustancial es el que tiene que ver con la forma de participar de cada ciudadano en la conformación de la voluntad del Estado a través de todos los derechos subjetivos. Eso implica derechos sociales, económicos, culturales, tecnológicos y demás. La democracia paritaria hace alusión a esta segunda concepción, a la de todos los derechos subjetivos, por lo que no se limita a la representación política.

Es precisamente en estos aspectos donde la igualdad no se contempla aún en nuestro país de la forma que debiera, y a pesar de que la formación académica en forma cuantitativa de las mujeres supera hoy en muchas áreas a la de los hombres, las remuneraciones y las posibilidades de crecimiento e inserción, siguen siendo distintas.

En lo que a participación en cargos políticos se refiere, la demanda de igualdad real que se nos presenta como sociedad generó, como sabemos, la necesidad de impulsar un trato desigual a manera de compensar esta discriminación por razones de género, cuota mediante.

Pero el problema no reside en aspectos metodológicos, reside en aspectos de formación y apreciación. Reside en ciertas limitantes culturales todavía no superadas de manera eficiente.

Las cuotas se hacen por ley, porque de lo contrario los Partidos no las respetan. Y aun así, podemos hoy ver como determinados actores, buscan la forma de “burlar” el mecanismo, incluyendo mujeres que luego renunciarán para dar cabida al tramposo. Doloroso, pero cierto y demostrativo del porqué del tratamiento desigual “en positivo”.

Compartimos con Aguirrezabal el concepto de que “hace falta un pacto de todos los partidos políticos y los agentes sociales para apostar por la representación paritaria en todos los mecanismos: en la judicatura, en la legislación y en las fórmulas presidenciales, en los próximos gobiernos”, lo que va de la mano del concepto de que el escenario ideal para nuestro país, y por el cual deberíamos luchar como sociedad, es que la discriminación positiva no sea necesaria.

Para llegar a ese ideal, se requiere de una serie de acciones y compromisos variados, cuyos efectos a largo plazo los dota de una permanencia que imposiciones legales no podrían contener.

No sólo debemos abolir las iniquidades actuales, sino promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y permanente, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como Objetivo de Desarrollo Sostenible para todos, y para las mujeres en particular.

Es sabido que algunos regímenes y organizaciones que tienen hoy unas importantes participaciones en nuestro sistema político –comunistas y extupamaros– han sido históricamente discriminatorios en forma exacerbada con las mujeres.

Como somos colorados confiamos en que, de retornarse a la senda de la libertad y el crecimiento social de la mano de los principios Batllistas, las cosas se darán naturalmente.


Diez minutos y nada más

Fue estrictamente una reunión “para la foto”, la que mantuvieron la candidata a vicepresidente del Frente Amplio, Graciela Villar, con la ex precandidata Carolina Cosse. Reunidas en un café céntrico tras avisar a la prensa, estuvieron apenas diez minutos repartiendo falsas sonrisas y luego se fueron rápidamente.

Cosse había anunciado que no conocía a la candidata propuesta por Martínez y que tuvo que “googlearla” para saber de quién se trataba, dando cuenta de que no le había gustado nada la propuesta, que naturalmente la descartaba a ella de la posible postulación.

Para dar sensación de buenas migas, Villar la invitó a tomar un café, lo que fue anunciado por ambas participantes en sus cuentas de twitter y de Facebook.

Pero se ve que no tuvieron mucho para conversar ni que congeniaron amablemente, ya que, apenas sacadas las fotografías del caso, se retiraron, apenas diez minutos después de haber llegado al bar Facal, en 18 de Julio, lugar de la cita.

Ni siquiera tuvieron paciencia para disimular un poco...


Uruguay como solución

El experto en cuestiones internacionales Nicolás Albertoni, un hombre joven y estudioso, acaba de publicar un interesante libro titulado “Uruguay como solución”, indicando las posibilidades que tiene el país en el escenario mundial. El título es exactamente contrapuesto al viejo ensayo de Methol Ferré, “El Uruguay como problema”, una visión crítica y escéptica que durante décadas funcionó como fuente incontestada de la decadencia.

Egresado en Uruguay de la Universidad Católica, Albertoni vive en Estados Unidos, donde es profesor en la Universidad de Georgetown. Tiene una visión del mundo y de las ideas más actualizadas, las que volcó hace poco en una teleconferencia que realizó Batllistas en casa del Partido Colorado.

Con motivo de la publicación de su libro, el diario El País le hizo un reportaje, cuyos puntos principales reproducimos acá.

Sobre los acuerdos comerciales, Albertoni explicó que hay dos aspectos principales: “uno pasa por un factor primero cualitativo y otro por un aspecto institucional. El cualitativo, pasa por desterrar la palabra "competir" como sinónimo de "perder". Con un acuerdo comercial habrá ganadores (por ejemplo, en el caso del acuerdo con la UE es de esperar que el agro sudamericano sea un claro ganador de este acuerdo), sectores que quedarán más expuestos a la competencia (como podría ser la industria) y sectores más vulnerables con los que el gobierno deberá trabajar de cerca para pensar con mecanismos de compensaciones para no verte afectados por los acuerdos comerciales. Pero en ninguno de los casos hay que dividir estos acuerdos en una lógica binaria de perdedores y ganadores. Esta lógica no hace más que transformar un debate sobre inserción en un juego de "cinchar la cuerda".

“Otro aspecto central es el institucional, Uruguay es de los pocos países que con una dependencia al comercio tan grande no tiene un ministerio abocado completamente a eso. Ya se ven cada vez menos en el mundo Cancillerías que el lunes están hablando de derechos humanos, y el viernes de la letra chica de un acuerdo comercial. Pero dado que hablar de nuevos ministerios hoy en Uruguay sería mala palabra, creo que sería posible caminar hacia una lógica chilena que, de hecho, hace pocas semanas la acaba de consolidar aún más como parte de la modernización de la cancillería, creando el Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales. Se mantiene el rol de Canciller y Vicecanciller (políticos) y se incluye la figura de este nuevo Viceministerio de Relaciones Económicas para dinamizar más aún la apertura comercial. Esto podría generar capital humano que siga un track más comercial y económico de las relaciones internacionales, que no implique necesariamente la carrera diplomática tradicional. Son cambios que se podrían generar sin la necesidad de más gasto para el Estado. Simplemente pasa por una reestructura de la matriz organizacional existente.”

Albertoni entiende que no hay que buscar culpables, como suele hacerse entre nosotros: “al analizar en profundidad el caso de otros países, como Nueva Zelanda, Finlandia o Corea del Sur encontré que lejos de reconocerse perfectos, los actores sociales de esos países tienden a focalizar sus críticas en soluciones y no en buscar culpables. Cuando hablaban de los problemas del país, lo hacían en primera persona del plural. En Uruguay me encontraba en otra lógica, me respondían sobre “nosotros” pero inmediatamente me hablaban de “ellos” cuando referían a otros actores. Esa lógica de “nosotros vs. ellos” no es buena. En lugar de sentarse a esperar, mientras debatimos, quien tiene razón, deberíamos ir juntos a buscar las oportunidades.”

El experto se refirió a la demora en concretar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, lamentando el tiempo perdido: “La primera impresión pasa por no dejar de lado que este acuerdo llevó un cuarto de siglo concretarse. Más allá de la alegría que se vive por estos días de que se haya concluido, es claro que estos tiempos de duración ya no van de la mano con los tiempos del mundo actual. Esto dejó entrever que, los equilibrios entre países tan diferentes como son los del Mercosur se logran, pero este equilibrio demoró un cuarto de siglo encontrarlo. Generar mecanismos transparentes e institucionalizados para generar una mayor flexibilidad negociadora dentro del Mercosur, debería ser un debate ineludible para los próximos años”.

“Otro elemento central del aprendizaje se dará cuando empiece el debate político real sobre el acuerdo. Se verá claramente cómo este tipo de aperturas increpa a los gobiernos: genera que el empresario tenga un elemento objetivo con el que medir su competitividad y ayuda a los gobiernos a focalizar la política pública. Por eso, insisto en que la inserción internacional debe verse como algo que va mucho más allá de cómo estamos acostumbrados a verlo: un país que no está en contacto económico, comercial y político permanente con el mundo no se interpela a sí mismo, y tiende a comparaciones facilistas que muchas veces no lo alientan a crecer. Por el contrario, lo terminan conformando con logros válidos, pero insuficientes”.

Albertoni explicó algunas de las claves de su libro, en el que convoca a una flexibilización de las normas del Mercosur. “Es una flexibilidad que sea transparente e institucionalizada. Visto que hoy el Mercosur está más cerca de ser una zona de libre comercio que una Unión Aduanera (dadas las altas perforaciones que existen en el arancel externo común), es lógico pensar que deberían estar más aceitados los casos en que un país pueda avanzar en acuerdos con un tercer país si el resto de los miembros aún no está dispuesto a hacerlo. Esta flexibilidad debería basarse en analizar los mecanismos arancelarios a considerar para que no se generen triangulaciones en caso de que un país cierre un acuerdo y los otros no”.

El autor de “Uruguay como solución” cree que haber abandonado las negociaciones por el Tisa por parte del gobierno uruguayo fue un grave error. Dijo al respecto que no solo fue una muy mala decisión política sino también una mala señal. “No animarse siquiera a ser parte de una negociación es simplemente incomprensible. Estamos hablando de que el 70% del comercio de servicios está negociando las nuevas normas de este tipo de comercio, y nosotros le dimos la espalda.  Si ellos lo firman algún día, dado el volumen que involucren, es de pensar que esas reglas pasen a ser la nueva norma del comercio de servicios. Será en ese momento donde nos toque acatar. Dar la espalda a los ámbitos de negociación a los que somos invitados (e incluso a los que nos deberíamos invitar yendo a tocar la puerta) que hoy se abren en el mundo, es hipotecar nuestro futuro a tomadores de reglas y no hacedores de ellas”.

“Es interesante ver que después muchos hablan de que "los imperios imponen sus reglas", pero será en ese momento cuando debamos recordar a los críticos que cuando tuvimos la oportunidad de ser parte de la mesa, le dimos la espalda. Además, fue una señal indirectamente "proteccionista" el hecho de no estar abiertos a negociar la apertura del comercio de servicios. Y un país que solo da señales de protección a su sector productivo no hace más que reducir los incentivos de innovar para crecer. En el mediano plazo, esto puede costarnos caro. ¿Acaso dudaríamos de las fortalezas del sector software uruguayo para competir con el resto del mundo? No permitirnos negociar un acuerdo que presentaría grandes oportunidades a ese sector, fue una forma de contestar "no" a esta pregunta. La agenda que hoy incluyen los acuerdos va bastante más allá del comercio. Por tanto, no ser parte de ellos es quedar atrás de una agenda que nos podría afectar al quedarnos rezagados que es mucho más amplio. De aquí que el retroceso relativo del que hablo bastante en el libro busca mostrar que quedarnos fuera de estos debates hará que "cuando nos despertemos" el mundo estará hablando un idioma que no vamos a reconocer.”

Finalmente, Albertoni sintetizó su pensamiento afirmando que la cuestión de la inserción internacional es clave para Uruguay “Falta una nueva mirada institucional dinámica y estratégica de la inserción, que debería ser el pilar central a poner sobre la mesa en un debate que busque lograr consensos en esta materia. Los grises son muy bajos en estos temas. Es casi un debate binario entre abrirnos o no abrirnos al mundo. En definitiva, la búsqueda de consensos para el desarrollo del país ya no pasa por quién lo haría mejor, sino quién se anima a hacerlo. Necesitamos un debate más proactivo, que nos lleve a una mayor eficiencia en la política pública. Un país poco dinámico en su apertura al mundo, no se interpela a sí mismo. Siendo un convencido de la importancia de este tema, siempre me encontrarán trabajando incansablemente para buscar consensos por una mayor apertura al mundo”.


Otra vez la pelota en la casa del vecino

La revelación del conductor radial Orlando Petinatti en torno a un testimonio ubicando el lugar de enterramiento de la desaparecida maestra Elena Quinteros y las sucesivas respuestas de Javier Miranda, Eduardo Pirotto y Felipe Michelini, dejan entrever el verdadero tratamiento que el oficialismo le da al tema de los detenidos desaparecidos.

En la noche del martes, en el ciclo “Todas las voces” que conduce Daniel Castro en Canal 4, se presentó el conocido conductor radial Orlando Petinatti. Allí reveló que en 2014, siendo Presidente José Mujica, luego de una entrevista en “Malos Pensamientos” a un ex integrante del MLN que formuló severas acusaciones contra los principales dirigente del mismo, recibió la llamada de una oyente. Sin revelar su nombre, el conductor señaló que la mujer le manifestó: “Admiro la valentía del señor que habló. Yo soy hija de militar. Mi padre fue quien capturó a Mujica. Mi padre ametralló al actual presidente. También sé el lugar exacto donde está la desaparecida Elena Quinteros, y sospecho ser hija de desaparecidos. También tengo miedo de hacerlo público”. Petinatti, entonces, la invitó a explayarse en los propios estudios de la radio. “La entrevisté, le pedí permiso para grabar la entrevista fuera del aire, no la saqué jamás al aire, grabé la entrevista en un CD y llamé a Javier Miranda, Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República en ese año”, reveló el conductor.

Petinatti señaló que acordó un encuentro con el Dr. Javier Miranda en el Palacio Estévez. Allí, en compañía de un amigo —que no identificó pero luego se supo que era el ex titular de DGI Eduardo Zaindensztat— porque quería contar con un testigo del encuentro, se entrevistó con Miranda y Eduardo Pirotto, de la Secretaría de Derechos Humanos y también de la Secretaría del Pasado Reciente, entregándoles el CD con el testimonio de la mujer y agregando que allí ésta revela dónde fue enterrado el cuerpo de la desaparecida maestra Elena Quinteros, militante y fundadora del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), secuestrada en 1976 por las Fuerzas Conjuntas en los jardines de la Embajada de Venezuela, provocando la ruptura de relaciones de ese país con Uruguay.

Petinatti finalizó su revelación en Canal 4 lanzando un desafío: “Yo quiero que mañana los periodistas le pregunten a Javier Miranda qué hizo con la grabación y si investigó algo”.

Al día siguiente, los periodistas de los más diversos medios recogieron el guante pero se encontraron con una sorpresa. Resultaba imposible comunicarse con el ex Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia y actual presidente del Frente Amplio. Aún más: Miranda no sólo no atendió ni una sola de las llamadas que —razonablemente— le realizó el periodismo sino que borró su cuenta de Twitter. Literalmente desapareció.

Entretanto, Petinatti amplió en “Poder Ciudadano”, de Azul FM, sus declaraciones en Canal 4. Según el popular conductor, la mujer había revelado que el cuerpo de Elena Quinteros había sido enterrado en el Batallón de Infantería Nº 13, lugar señalado muchas veces como un cementario clandestino y donde fue encontrado el cuerpo del Esc. Fernando Miranda —padre del Dr. Javier Miranda— el 2 de diciembre de 2005. Quinteros, presuntamente, habría sido trasladada al centro de detención clandestino denominado “300 Carlos” (o “Infierno Grande”), contiguo al referido cuartel, y donde usualmente eran trasladados varios detenidos por efectivos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí habría sido asesinada Quinteros.

Finalmente, poco después del mediodía, Miranda compareció ante “Informativo Carve”. “Lo que dice Petinatti ayer es efectivamente así, yo me reuní en 2014”, reconoció el presidente del Frente Amplio. Añadió que se le dio “tránsito” a la denuncia, lo que significaba entregársela a la Secretaría del Pasado Reciente, a cargo de las investigaciones sobre detenidos desaparecidos. Agregó que el de la maestra desaparecida, “es un caso más” (“no esoy desmereciendo el caso”, subrayó) y que la formulada por la mujer a través de Petinatti, “es una denuncia de tantas que he recibido en todos estos años y siempre lo tramité a través de la Secretaría de seguimiento”.

Miranda se preocupó en dejar en claro su rol de mero intermediario de mera voluntad entre denunciantes y la Secretaría del Pasado Reciente, a cargo de las investigaciones: “Yo insisto que yo no soy investigador, nunca investigué. Es habitual que las denuncias vengan a mí por mi trayectoria familiar, por ser una cara visible, por ser hijo de desaparecidos, desde luego, pero yo nunca hice investigaciones”. Inmediatamente insistió en su desvinculación del tema: “Yo recojo la denuncia y no soy yo el que investiga por razones personales, pero además por razones institucionales, y la vehiculizo por donde hay que vehiculizarla que es la Secretaría de Pasado Reciente y se la hago llegar a Eduardo Pirotto”.

Sobre las revelaciones que habría en la denuncia formulada por la oyente de “Malos Pensamientos”, Miranda señaló que era “verosímil”.

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (creado por el Presidente Vázquez el 19 de mayo de 2015 y que el propio coordinador había dado por liquidado en marzo de este año por su incapacidad de generar avances), Felipe Michelini, señaló al matutino “El País”: “Es un testimonio del año 2014 que estamos revisando otra vez. En su momento lo recibió Miranda y se lo pasó a la Secretaría del Pasado Reciente. Con mucha sensatez estamos estudiando el legajo. No todos los testimonios tienen información valiosa. En el caso Elena Quinteros se ha trabajado mucho en el Batallón 13”. Michelini no supo responder si el testimonio de la oyente había formado parte de la investigación general sobre el caso Quinteros e indicó que se estaba averiguando “qué pasó con el testimonio”.

Si Felipe Michelini hubiera escuchado al ex integrante de la Secretaría del Pasado Reciente, Eduardo Pirotto, a quien Miranda apuntó como destinatario de la grabación, seguramente se hubiera ahorrado la averiguación. No pasó nada, Michelini.

Pirotto manifestó a Daniel Castro en Radio Carve no recordar con precisión si le habían dado el CD pero, en todo caso, sí recordaba que no prestó tanta atención a la referencia del lugar de enterramiento de la maestra desaparecida porque le llamó la atención las sospechas de la denunciante de ser hija de una persona desaparecida. Se comunicó con la mujer de la grabación, entonces, y señaló que ella “desistió de continuar con el tema”.

Llama poderosamente la atención todo lo sucedido.

En primer lugar, sorprende el enigmático silencio de Miranda durante toda la mañana del miércoles, despertando sospechas —razonables— de que, incapaz de formular una respuesta clara y espontánea, que despejara dudas acerca de su accionar en 2014, Miranda —solo o asesorando— se encontraba guionando qué diría horas después.

En segundo lugar, resulta extraño que en un caso tan emblemático como el de Quinteros, incluso por las graves repercusiones internacionales que tuvo, se haya tratado un testimonio tan a la ligera.

Por un lado, Miranda subraya que se desentendió. No usó esa palabra, pero subrayó que le dio “tránsito” a otra dependencia y señaló concretamente quién fue el destinatario concreto de la denuncia. Y éste, Pirotto, afirmó nada menos que no prestó atención a la identificación del lugar de presunto enterramiento de la maestra sino a otra cuestión —las sospechas de la denunciante acerca de su posible condición de hija de una persona desaparecida—, cuestión a la que tampoco le dio seguimiento porque la mujer “desistió”.

Miranda trasladó el asunto a Pirotto y se olvidó del asunto. Y Pirotto “no prestó atención” a la revelación de la ubicación de la presunta tumba clandestina de Elena Quinteros porque a él se le antojó que era más importante otra cosa.

¿Es con ese nivel de —por ser delicados— improvisación y dilentantismo que en las más altas esferas del gobierno del Frente Amplio se aborda el tema de los detenidos desaparecidos, que el oficialismo proclama como uno de sus ejes fundamentales?

Todo este episodio no puede menos que disparar una sensación de “déjà vu” en relación a cómo manejó la Presidencia la confesión de Gavazzo respecto de la muerte y desaparición de Roberto Gomensoro.


Nuevamente el gobierno cede y le pasa la factura al país

En lugar de asumir sus responsabilidades, el gobierno cedió a la presión sindical y decidió hacerse cargo de un negocio ruinoso, que ahora estará a cargo del bolsillo del contribuyente.

Finalmente, luego de la entrevista que los responsables de la brasileña Petrobras en Uruguay con el Presidente Vázquez, éste decidió que el Estado se haga cargo de Montevideo Gas y Conecta a cambio de que la petrolera brasileña desista de las demandas entabladas contra el país.

El Ministro de Industria que se planea unificar ambas empresas para mejorar la gestión y así reducir el déficit. Sólo en el universo mágico del gobierno la unificación de dos empresas inviables puede redundar en una empresa pujante y próspera.

El sindicato, UOEGAS, naturalmente está feliz. Se salió con la suya. El gobierno no sólo retomó los empleados despedidos y levantó las sanciones sino que le cumple un sueño largamente acariciado: la estatización.

Una vez más, el gobierno actúa con debilidad porque le resulta más sencillo que tomar decisiones valientes, enfrentando a un poder sindical desbordado, que no dubita a la hora de hacerle pagar al país entero el mantenimiento artificial de empleos, que ahora además serán públicos.


Casinos: Como te digo una cosa te digo otra

Por Jorge Ciasullo

Las sucesivas declaraciones del director de casinos municipales de Montevideo, señor Hugo Gandoglia, tan contradictorias como desconcertantes, parecen revelar una desorientación con relación a lo que se proyecta para el futuro de las salas de juego municipales.

La pasada semana, en una entrevista que concedió al diario El País, el director de casinos de la Intendencia de Montevideo (IMM) se refirió a la situación, desde el punto de vista económico, de las salas de juegos, así como, en su visión, cuál debe ser su futuro. Si bien se ha revertido la situación deficitaria, en el sentido que desde al año 2016 dejaron de dar pérdidas, lo que significaba un caso único en el mundo, los beneficios actuales han venido descendiendo año tras año. Sostuvo, que los tradicionales juegos de paño (ruleta, punto y banca y Black Jack), “vienen en picada” desde hace tres décadas, porque ya no seducen a las nuevas generaciones. Agregando: “la próxima administración, del partido que sea deberá considerar el cierre de algunas salas”. En particular se refirió al Casino Parque Hotel.

Sostuvo además, que el Frente Amplio (FA), su partido, no le interesa promover el juego agregando su posición filosófica, en el sentido que tampoco a él le interesa buscar ese objetivo.
Desde ya que es respetable la posición personal del señor Gandoglia,  más allá que  cabe preguntarse: ¿si así piensa, que hace ahí?

Pocas horas después,  los funcionarios del Parque Hotel, rechazaron dichas expresiones y, sobretodo, la posibilidad de cierre.  Como medida,  resolvieron no dar asistencia a los slots privados del Parque Hotel, lo que en buen romance significa dejarlos  fuera de servicio. Si bien se sabe, es bueno recordarlo, los funcionarios de casinos así como todos los municipales  presupuestados,   son inamovibles. Situación que un jerarca municipal, tal vez para tranquilizar el ambiente, resaltó de inmediato.

Por si fuera poco, la Secretaria General de Adeom, señora Valeria Ripol, sostuvo antes diversos medios: “si los casinos no funcionan, es porque no se gestionan bien”. A su vez,  el sindicato solicitaba una audiencia con el Intendente, para reclamarle la renuncia inmediata del  señor Gandoglia.

Evidentemente, ante el cariz que tomaba el asunto, el pasado domingo 14,el director de Gestión Humana, de la IMM Eduardo Brenta,  sostuvo  al portal Montevideo COM,  que la comuna no tiene pensado cerrar el casino Parque Hotel y señaló que las declaraciones de su compañero fueron "malinterpretadas" desde Adeom. Lo que se dice, una clara desautorización y un salvavidas.

Sin embargo, el pasado 15, el señor Gandoglia fue entrevistado por el programa “Para Empezar el Día”,  de radio Oriental. En esa oportunidad, contrariando lo que había sostenido, y que consignamos anteriormente, de que el próximo gobierno debería considerar el cierre de algunas salas declaró: “Sería ilógico plantearse el cierre de una unidad de negocios que está dando resultados positivos desde el año 2012.Lo que sí está en cuestión, es la forma en la que corresponde llevar adelante la gestión de la sala del Parque Hotel”.

“Esto necesariamente obliga a llevar adelante políticas de promoción, marketing y demás, para las cuales tenemos restricciones desde el punto de vista legal. Lo que buscan desde Casinos es que  se discuta definitivamente y se adopten decisiones y una nueva forma para la gestión de los casinos”.

Surge, de la lectura del texto anterior, una contradicción llamativa del Director de Casinos Municipales, primero plantea el cierre de salas y luego sostiene que es ilógico cerrar una unidad de negocios que está dando resultados positivos y ahora sí,  propone lo que, va de suyo, es su función, “ políticas de promoción, marketing y demás” y nos olvidamos y él también,  de su tal vez compartible por muchos, de proteger a la sociedad  contra la ludopatía.

Es humano, cuando está en juego el carguito que:  como te digo una cosa te digo otra.


El sufrimiento de los inmigrantes

Por Marcela Pérez Pascual

El mundo asiste, a veces con indiferencia, al drama de los millones de inmigrantes que pierden la vida al tratar de alcanzar otras fronteras

“Vi como mi hija moría lenta y dolorosamente unos meses antes de cumplir dos años” relata Yazmin Juárez. Mujer guatemalteca que decidió, junto a su hija, Mariee, de 19 meses, pedir asilo en EEUU ya que manifestó haber estado viviendo una situación de abuso que la llevó a temer por su vida y la de su hija.

El hecho sucedió en 2018 y hace pocos días Yazmin dio testimonio de lo ocurrido en una audiencia ante la Comisión del Congreso de EEUU, llamada “Niños en Jaulas”,  que estudia el tratamiento de los niños en los centros de detención de inmigrantes en la frontera.

Yazmin relató su estancia en un centro de custodia familiar. Contó que la mantuvieron en una espacie de jaula muy fría donde debían dormir sobre el piso de concreto. A los pocos días de estar allí su hija se enfermó, por lo que solicitó que la viera un médico. Cuando finalmente la vio, días después, el doctor dictaminó que tenía una infección respiratoria, le recetó paracetamol para la fiebre y miel para la tos. La condición de Mariee continuó empeorando y Yazmin intentó que un médico la atendiera, sin éxito.

Si bien la niña recibió asistencia, la misma no fue para nada adecuada. Cuando finalmente fueron trasladadas a Nueva Jersey, donde vive la madre de Yazmin, Mariee estaba muy enferma. La llevaron al pediatra y quedó internada en la unidad de cuidados intensivos. Luego fue trasladada a otro hospital especializado en el tratamiento de niños con afecciones médicas graves. Al cabo de 6 semanas, durante las cuales la niña luchó por su vida, falleció. La madre manifestó que ni siquiera pudo sostenerla para poder consolarla y acompañarla ya que estaba conectada a diversos aparatos que intentaban salvarla.

Las políticas inmigratorias de cada país y los procesos y tiempos que ellas implican no es lo que analizaremos. Los que sí nos preocupa es que se vulneren derechos fundamentales como la asistencia sanitaria a un menor, entre otros. Derechos que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cabe citar también que la Constitución de los EEUU establece en su 9na enmienda que la enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no significa que se niegue o no reconozca otros derechos consagrados en otros textos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de NNUU establece en su artículo 2ndo que “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición...”  Y que en su artículo 25 numeral 2 se establece que  “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales.”

Por su lado en la Convención sobre Derechos del Niño de NNUU dice que “Todos los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente... del origen nacional...”.

Más adelante establece expresamente que “Los Estados Partes adoptarán las medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado... tenga la protección y asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados...”. Luego consagra el “derecho del niño al disfrute y goce al más alto nivel posible de la salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud...” debiendo los Estados Partes “asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en la atención primaria de salud.”

Dicho todo esto queda claro que en el caso en cuestión se violaron todas las normas citadas y se vulneró, entre otros, el derecho a asistencia sanitaria de una niña. Este tipo de situaciones no se pueden tolerar. Primero porque son crueles y van contra toda norma moral y ética de convivencia. Y segundo porque hay normas internacionales que establecen claramente derechos que se están violando. Lamentablemente no es el único caso de este tipo, hay al menos otros 6 niños que fallecieron en situaciones similares.

Nos reconforta y da esperanza el hecho de que el Congreso de EEUU se esté ocupando del tema y esté analizando el tratamiento que se da a los niños que permanecen en centros de detención de inmigrantes en la frontera. Confiamos en que pronto se dé una solución a esta problemática para que las personas allí detenidas, esperando saber si pueden ingresar o no al país, sean tratadas dignamente cumpliendo con los derechos básicos de todo ser humano.


La influencia de un formidable caudillo

Por Miguel Lagrotta

Luis Batlle Berres: el batllismo entre la reforma política y los conflictos sociales.

El término “luisistas” comienza aplicarse a la lista 15 a partir del año 1946 para marcar claramente las diferencias con otros sectores del batllismo. Pero en la década de 1950 se refiere al núcleo cercano al líder Luis Batlle Berres. Curiosamente y poco mencionado hubo una tercera postura dentro del batllismo, o sea entre la 14 y la 15, que era la que lideraba Martínez Trueba y algunos legisladores.

En 1946 al realizarse las elecciones culminaba un trabajoso proceso de retorno a la democracia y el retorno del batllismo al gobierno con la figura principal de don Tomás Berreta. Pero existían dos alas o sectores bien diferenciados. Por un lado la lista 14 liderada por los hijos de Don Pepe César y Lorenzo Batlle Pacheco y que tenía, además, el manejo del diario El Día. El otro sector liderado por Luis Batlle quería repotenciar el programa reformista que se había interrumpido por el golpe de Estado en 1933.

Al fallecer el Presidente Berreta en el mes de agosto de 1947 asume Luis llevando adelante un programa de industrialización que tenía por objetivo un apoyo al desarrollo social urbano atendiendo simultáneamente los intereses de los industriales, comerciantes, los sectores medios y al obrero. En 1950 triunfa nuevamente el Partido Colorado y dentro de la interna la lista 15 pero ahora con un margen mucho más reducido.

Cuando asume la presidencia Andrés Martínez Trueba se inician conversaciones con el Partido Nacional con el objetivo de reformar la Constitución. La idea era implantar el sistema colegiado integral. En un discurso de Luis Batlle en Paysandú el “luisismo” puso en claro su postura en relación a la reforma y a la vinculación con el herrerismo: critica los intereses del herrerismo y su pasado golpista y los móviles que los motivan a apoyar la reforma y pone énfasis en que la Constituyente Nacional incluya avances sociales y económicos para que la reforma sea tomada como suya por toda la sociedad.

Casi en forma simultánea al proceso constitucional comienzan los primeros síntomas de deterioro económico. Las excelentes condiciones para nuestros productos cambian radicalmente, baja la demanda y los precios de nuestros productos principales. Esto se debió a la rápida recuperación europea post segunda guerra mundial y al aumento del precio de los insumos industriales que el país necesitaba para llevar adelante una política de industrialización que era la clave del proyecto batllista.

La baja de precios de los productos del agro inicia una serie de tensiones entre ese sector y el Estado. Y lentamente se va extendiendo hacia los sectores populares. Ahora el sector obrero era grande fuerte y corporativizado inician una serie de conflictos y movilizaciones. Por ejemplo en el mes de junio de 1951 se produce una huelga muy importante en la planta industrial de ANCAP que culminó con el procesamiento de algunos trabajadores. Acá comienza la “Coordinación de los Gremios Solidarios” que realizan una gran huelga que duró entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.

Esta movilización se extendió al sector estudiantil. Así las cosas el inicio del proyecto colegiado coincide con el punto más alto de la conflictividad sindical. Huelgas en Salud Pública que llevan a aplicar por parte del CNG las medidas prontas de seguridad previstas por la Constitución y que contaron con la autorización parlamentaria.

Desde el punto de vista ideológico el luisismo se sostuvo en herencia republicana del primer batllismo estableciendo distancias con el movimiento político que se enfrentaba a la movilización sindical y estudiantil. El objetivo era llegar a lo que don Luis definía como Democracia Integral: Esto incluye reivindicar la democracia como un sistema donde priman las más absolutas libertades y que por supuesto incluye la defensa de ll libertad sindical y el camino hacia la justicia social con la continuación del proceso reformista del primer batllismo.. Cuando asume Martínez Trueba el diario Acción en su editorial sostenía que el batllismo “...se nutre de fuerzas populares y se encuentra en marcha hacia la democracia integral basada en la libertad política y en la plena seguridad social” también se llamaba al “ ...pueblo partidario a sustituir a los conservadores por orientaciones de renovación y reforma dictadas desde el club seccional a las agrupaciones de gobierno desde la base a las alturas” La postura republicana y liberal del batllismo se ve con claridad cuando en Consejo Nacional de Gobierno que prohibía la realización de una “Conferencia para la paz promovida por el Partido Comunista”.

Desde Acción se criticó esta postura el 17 de marzo de 1952 con el título: Riesgo para la democracia “El orden no se mantiene con violaciones de preceptos constitucionales. La libertad de pensar y emitir el pensamiento y reunirse para hacerlo. Son inalienables. Pertenecen a la condición humana, como un patrimonio natural. La Democracia debe existir incluso para los no democráticos... cercenar libertades en nombre de la Democracia es organizar la decadencia de la Democracia”. La realidad era que la histórica ética de la responsabilidad del batllismo hacía percibir la creciente sociedad movilizada y los pasos del batllismo eran incluirlas en el proyecto reformista y no enfrentarlas. Los grandes partidos tienden naturalmente a señalar dentro de filas tendencias más o menos definidas en materia ideológica pero siempre buscando la renovación y la reforma sostenía Don Luis. Cuando se produce la derrota en las elecciones de 1958 y de 1962 y el fallecer Batlle Berres en 1964 comenzó una larga disputa por el liderazgo de la lista 15 que implicó además debates ideológicos y cambios programáticos.

"La Democracia no es solo libertad. Los pueblos reclaman algo más. La Democracia no tiene porque suponer necesariamente una evolución lenta en su marcha y discusión prolongada para atreverse a dar un paso por el progreso y por la justicia social" Es claro que el batllismo del período, denominado Neo batllismo, fue un movimiento policlasista que buscó y consiguió en parte una alianza entre los industriales, la pequeña burguesía, las clases medias y el sector obrero. Desde el punto de vistas económico el eje fue el proceso de industrialización que logró el apoyo tanto de los sectores estatistas como de los sectores dirigistas en materia económica.

El rol del Estado para Luisito era el de contribuir con gran energía a mantener la paz social. No toleraba la lucha de clases porque la visión del batllismo era la del hombre por encima de la sociedad. Retomando su discurso de 1947 sostenía: "Cuando se amasa la riqueza entre el capitalista y el trabajador, lo que se produce es de todos y tiene que repartirse con equidad para que no exista el que lo tiene todo y el que no tiene nada, porque eso no es ni la tranquilidad ni la paz, ni la justicia; eso es la arbitrariedad y con arbitrariedad no podemos asegurar la paz social..."

Mucho se ha debatido sobre el rol de la lista 15, de su relativo apoyo al sistema colegiado en su momento o su inconveniencia de instaurarlo en 1952, pero es innegable que Luis Batlle Berres tuvo grandes coincidencias con Don Pepe: ambos fueron industrialistas,  se basaron en la política de sustitución de importaciones, el instrumento fue diferente con el sistema de cambios múltiples. Ambos vieron al mercado interno como motor de desarrollo y fuente de empleo. Y sin dudas el rol del Estado intervencionista, laico y tolerante.

"El discurso de Luis Batlle se entronca con la tradición liberal, tal como había sido reinterpretada por el batllismo de Don Pepe. Luis Batlle hizo frecuentes invocaciones a la justicia social, con un énfasis claro del papel tutelar del Estado para proteger a los más necesitados de la sociedad. También Luisito atacó a los que consideraba demasiado ricos a los que consideraba enemigos de la sociedad pero lejos de considerarse un discurso que presentase a la sociedad enfrentada en lucha de clases. Para Batlle Berres los demasiado ricos y los necesitados era casos límite de una sociedad en la cual la mayoría de la población estaba bajo el amigable paraguas del Estado batllista. Por esta razón el  neobatllismo tuvo un gran apoyo en la clase obrera, pero con un discurso no clasista presentándose como una alternativa a una postura de lucha de clases. Los trabajadores participaban en la vida política no en cuanto tales, sino en cuanto ciudadanos del Estado batllista . El hecho de que el orden social fuera libre y en armonía y sin antagonismos sociales no obedecía a un orden natural preestablecido, por el contrario al resultado directo de la estrategia anticipatoria de los gobiernos batllistas. Más claro que el primer batllismo, la visión neobatllista  fue la mediación entre los distintos sectores sociales a través de la tutela estatal".

El batllismo, y el Uruguay del optimismo lentamente fueron cambiando de perspectiva.


Facebook y su moneda Libra ponen en jaque la soberanía monetaria

La criptomoneda de la red social enciende las alarmas en los bancos centrales de todo el mundo, según un análisis de El País de Madrid que es interesante reiterar.

Hace tiempo que Facebook perdió la confianza del mundo. Hace tiempo que quiere ser un país. La empresa de Mark Zuckerberg trata de conectar dos vértices que se repelen como cargas magnéticas del mismo signo. Pero lo que la física niega lo sustituye la ambición, que es igual de inmensa que un océano sin orilla. La red social persigue convertirse en una nación rica, superpoblada, con cerca de 2.400 millones de usuarios (sumando WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger) que habiten su tierra digital. Una geografía conectada 24 horas diarias que transforme un torrente de billones de datos en riadas de dinero; una nueva superpotencia surgida de la tecnología, no de la geopolítica del hombre.

Zuckerberg despertó hace 18 meses con ese sueño. Desde entonces, en la sede central de la compañía, en Menlo Park, California, un equipo ha trabajado en secreto en recrear la identidad económica y social de un país: su divisa. El resultado es la forja de libra. Una criptomoneda que la red social planea lanzar en 2020 respaldada por 27 empresas, entre ellas Visa, Mastercard y Uber, y que puede ser un caballo de Troya geoestratégico y financiero. Si (porque esta historia se escribe en condicional) los 2.400 millones de usuarios de la plataforma utilizaran esta ciberdivisa para comprar y enviar dinero (como se hace en PayPal o WeChat) se podría convertir en la mayor entidad financiera del planeta. Si cada ahorrador occidental destinara una décima parte de sus fondos a libra, valdría dos billones de dólares. La alborada de un coloso —y su potencial desestabilizador— en el mercado de bonos. “Esta divisa son palabras mayores y hay que manejarse en terrenos de una gran cautela”, advierte Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI). “Es como si un Estado nuevo, y poderoso, emitiese una moneda que estuviera entre las 10 más importantes del mundo”. Una divisa que además guarda la capacidad de rendir la soberanía monetaria de naciones débiles.

La criptomoneda de Facebook y sus socios oculta dentro un “tic-tac” que supera los límites de la economía. Porque, hasta ahora, la forma en la que se estructura el dinero y los pagos eran función exclusiva de las instituciones democráticas no de las grandes tecnológicas. Estos días, los reguladores se preguntan si las viejas herramientas de política económica servirán para controlar a estos gigantes. Usurpadas las funciones, se inflaman las luces rojas. “Todos los bancos centrales del mundo se opondrán a libra y Mark Zuckerberg, quien tiene una riqueza neta de 73.600 millones de dólares, puede arriesgarse a hacerlo. Sin embargo, cuenta con amplias posibilidades de salir perdiendo”, reflexiona Guillermo de la Dehesa, presidente honorario del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. De momento, se extiende la cautela de la que advertía Ontiveros. El Bundesbank alerta del “retorno al Salvaje Oeste dentro del sistema monetario” y el Banco de Inglaterra se aproxima “con una mente abierta pero no con una puerta abierta”. Una desconfianza que impregna a los propios dueños. “Me preocupa que libra le haga a la industria financiera lo que Facebook le hizo a la privacidad y al debate público”, alerta Jonas Kron, vicepresidente sénior de la firma de inversión Trillium Asset Management, que tiene unas 53.000 acciones de la red social.

Otra vez la tecnología en el siglo XXI como parte del problema, no de la solución; otra vez Facebook dará explicaciones en el Congreso estadounidense. El próximo 17 de julio, a petición de la demócrata Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, probablemente, el director ejecutivo de libra, David Marcus, contará un relato que se podría leer así:

— ¿Por qué han creado libra?, quizá pregunte Waters.

— Queremos empoderar a 1.700 millones de adultos en el mundo que no tienen acceso a servicios bancarios —, responderá la empresa.

— ¿Por qué debemos de confiar en Facebook? Le recuerdo el escándalo de Cambridge Analytica.

— Hemos reforzado los controles y la criptomoneda está respaldada por medios de pago (PayPal, Visa, Mastercard) con una experiencia de décadas en seguridad digital.

Este podría ser el arranque del interrogatorio. Pero la aceptación de la divisa será una batalla y Facebook lo sabía. Hay pistas. En enero fichaba al ex viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, como responsable de Asuntos Globales y Comunicación y, según Financial Times, en septiembre se incorporará Edward Bowles, procedente del banco inglés Standard Chartered, para lidiar con los problemas regulatorios en Europa. Zuckerberg anticipaba la tormenta. Pero sobre todo la fragilidad que la tecnología ha provocado en muchas instituciones financieras. “Las grandes plataformas como Facebook, Google y Amazon lo que buscan es quitarle negocio a los bancos, al igual que Alibaba en China. Libra es la primera andanada”, prevé Kenneth Rogoff, execonomista jefe del FMI.

Volatilidad

Porque la moneda de Zuckerberg, el “Mark”, como irónicamente propone llamarla Steve Forbes, editor de Forbes Media, está bien acuñada. No es un “bitcoin”. Es lo que se denomina una stablecoin. La respalda una cesta de monedas “tradicionales” y bonos. Con esta arquitectura se evita la volatilidad de las criptodivisas. Y, al ser de código abierto, cualquiera (pensemos en Amazon) puede construir aplicaciones sobre ella. Todo con un afán: controlar los dos billones de dólares que mueven las transferencias en el planeta. Facebook quiere enviar dinero al coste de un WhatsApp. “Probablemente empezará cobrando pequeñas tarifas por las transacciones a las empresas”, aventura Joaquín Robles, analista del bróker XTB. De momento, los consumidores podrían ahorrar 25.000 millones de dólares en comisiones. A cambio, eso sí, de entregar más datos y confiar en una compañía que demasiadas veces ha sido indigna de ello. Ni Fausto accedería a arder así en el infierno. “Libra necesita convencer de que no irrumpirá en los bancos centrales del mundo, de que no está refinando aún más su captura masiva de datos, de que no es un nuevo canal para el lavado de dinero”, desgrana Kevin Werbach, profesor de la escuela de negocios Wharton y referencia en tecnología digital. Desde luego, si la plataforma persigue recuperar la confianza (esencia de los servicios bancarios, el comercio y las relaciones humanas) de la sociedad lanzando libra tendrá que justificar sus contrasentidos. “Las promesas de Facebook de dar la bienvenida a la responsabilidad y la regulación suenan huecas. Solo hay que pensar en la decisión de fijar la sede [Libra Association] de la criptomoneda en Suiza: la peor jurisdicción secreta del mundo. En términos de transparencia es igual que abrir un café vegano dentro de un matadero”, compara Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, un grupo activista experto en fiscalidad.

La desconfianza es la auténtica moneda que maneja Facebook. Dentro de sus 27 socios no hay ningún banco. ¿Por qué? La plataforma se aproximó, cuenta The New York Times, a grandes firmas de inversión incluido Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Fidelity pero rechazaron participar, en parte por los problemas regulatorios y quizá porque la aventura anda concurrida. “JP Morgan está preparando su propia moneda y 13 de los mayores bancos del mundo lanzarán sus stablecoins el próximo año. ¿Confiaremos más en Facebook que en los bancos?”, se pregunta Giles Alston, analista de la consultora británica Oxford Analytica.

El viaje de Zuckerberg atravesará densos bancos de niebla. Elusión fiscal, lavado de dinero, privacidad, preocupaciones regulatorias o la posibilidad de que —matiza Standard & Poor’s— libra sea percibida como un pseudo depósito bancario. Incluso el tiempo le vuelve la espalda. El consorcio global Swift, líder mundial de servicios seguros de mensajería financiera, recuerda Meng Liu, experto de Forrester Research, “tardó más de 40 años en construir una red de 11.000 bancos que aplicara su solución”.

Pero Facebook carece de la virtud de la paciencia. Su antiguo lema “Move fast and break things” revela su relación con la sociedad y las horas. Escarmentada, muy pocos defenderán “al actor más terriblemente irresponsable del panorama tecnológico”, califica Enrique Dans, profesor del IE. Entonces, qué quedará tras tanto estrépito de porcelana rota. Los reguladores probablemente frenarán la entrada de libra en los créditos hipotecarios, los préstamos, la compraventa de acciones. “Sin embargo, la amenaza al negocio de las transferencias ya está ahí”, puntualiza Ontiveros. Un peligro que ensaya sus fronteras. “La divisa funciona bien como medio de pago, pero no es un riesgo para el dólar. Porque detrás está el peso del contribuyente estadounidense y el mayor poder militar del mundo”, defiende Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano. Una batalla que ni Zuckerberg se atrevería a dar.


El riesgo de la precarización del trabajo

Las innovaciones tecnológicas han acentuado la precarización de los vínculos laborales y profesionales

El empleo, unos de los problemas más esquivos para la ciencia económica, tenía por fin solución. La habían encontrado en Silicon Valley y se llamaba la economía gig, o “economía del bolo”, en honor a los músicos y actores que venían practicándola desde siempre. En la meca californiana de las start-ups habían descubierto que la ubicuidad de Internet y de los teléfonos inteligentes permitía asignar encargos de forma casi automática al mejor dispuesto (Uber) o dividir trabajos complejos en pequeñas tareas a cumplir por un ejército de trabajadores online (Mechanical Turk).

Como solo pagaban las horas productivas, las empresas no necesitaban pensárselo antes de admitir a un nuevo miembro en su plataforma. Pero también para los trabajadores podía ser un avance. Al menos así lo vendían las tecnológicas: ¿por qué entrar siempre a la misma hora? ¿No es mejor decidir cuándo y cuánto se trabaja? En 2011, Sarah Kessler era una de las periodistas estadounidenses que aceptaban el relato de Silicon Valley sin cuestionar. Hasta que ese año decidió tomarse un mes en Mashable, el portal de noticias donde escribía, y se inscribió en todas las empresas gig que encontró. “Me di de alta en treinta o cuarenta aplicaciones con el objetivo de superar el salario mínimo”, explica Kessler desde Chicago durante una videoentrevista por Skype. “Ahí fue cuando entendí que era más complejo que apretar un botón y conseguir trabajo”.

Pagas por debajo del salario mínimo, ausencia de vacaciones y nada de enfermar. Hoy son cuestionamientos clásicos de esta nueva economía vinculada a los algoritmos, pero entonces nadie hablaba de ellos. Como tampoco se hablaba del estatus de proveedor otorgado a los trabajadores (para evitar la legislación laboral) ni de la mentira sobre la flexibilidad. Como saben de sobra los repartidores y conductores de la economía gig, no estar disponible cuando la empresa lo necesita es penalizado después con menos encargos.

En 2018 Kessler le dedicó al tema el libro Gigged, the end of the job and the future of work. Considerado por el Financial Times como una de las mejores obras del año en temas de Economía. El libro recorre las vidas de media docena de personas que subsisten gracias a estos nuevos empleos de la era digital con el objetivo de “ver el potencial que tiene esta forma de trabajo”. Los gigs de su particular estudio van desde el tradicional servicio de transporte hasta la limpieza de oficinas, pasando por el telemarketing o la identificación de semáforos en fotos (la tarea arquetipo de Mechanical Turk, de Amazon).

Descontento general

Ninguno de los trabajadores entrevistados por Kessler está a gusto con su situación. El único entusiasmado es Curtis, un programador que antes de pasarse a la economía gig cobraba un sueldo anual de seis cifras. Según Kessler, su satisfacción tiene que ver con que consigue todo lo bueno (“elige cuándo trabajar y los proyectos de programación que le interesan”) sin nada de lo malo (“la sensación de inestabilidad”). Pero su caso es una excepción, explica, porque tiene formación universitaria en una profesión de alta demanda y con tarifas altas para “construir su propia red de seguridad”.

La razón por la que el resto de entrevistados vive de las nuevas plataformas no es la supuesta flexibilidad sino la falta de un trabajo tradicional. El problema, como señala la propia Kessler, es que esos trabajos tradicionales están de capa caída. “Llevamos desde los setenta alejándonos del empleo tradicional de jornada completa, Uber es la versión más extrema porque ni siquiera reconoce la relación de empleador, pero esta situación la tenemos desde que existen las agencias de trabajo temporal”.

La ausencia de relación laboral no es la única innovación de Silicon Valley. Salvo en profesiones muy demandadas como la de programador, la mano de obra a disposición de las start-ups es prácticamente inagotable. O porque exigen poca cualificación (un carné de conducir, en Uber), o porque reclutan prácticamente en todo el mundo (como Mechanical Turk). En esas condiciones es muy difícil la organización sindical porque “en cada parte del mundo la gente tiene distintas prioridades”.

¿Qué hacer entonces? En 2015, el exsecretario de Empleo Seth Harris y el economista de Princeton Alan Krueger publicaron un trabajo académico con la posibilidad de una tercera categoría, la del “trabajador independiente”, para permitir a las empresas otorgar beneficios (como un seguro de enfermedad) sin que eso pudiera usarse en su contra para demostrar una relación laboral. Según Kessler, el riesgo de esa idea es aumentar la precarización general, en vez de mejorar la situación de los gig: que todos nos convirtamos en trabajadores independientes. La otra solución, reconocer el rol de empleados con todos sus derechos, es la que parece molestarle menos. El argumento de que los nuevos negocios no funcionarían si hubiera que respetar las relaciones laborales le hace reír. “Eso se ha dicho cada vez que hubo que pagar mejor a los empleados”. denuncia Kessler.

Los beneficios de Uber, según esta experta, no vuelven a la economía local, como sí hacen los de los taxistas. Los conductores de esta aplicación para el transporte de pasajeros ganan poco, pero también es cierto que la empresa ha sido una tabla de salvación para personas sin trabajo. En opinión de Kessler, se puede aprovechar el potencial gig sin sufrir sus perjuicios mediante la vieja fórmula cooperativa. La tecnología permite votar las decisiones cooperativas de forma más ágil, escribe en su libro, y el desarrollo del software para pedidos y asignación de trabajos se comparte entre varias cooperativas. “Es difícil competir con la publicidad de un gigante como Uber pero tampoco hay que destronarlo”, dice. Con dar una buena posibilidad de trabajo a los dueños de la cooperativa alcanza y sobra.

La experiencia con los seguros

El sector de los seguros ha seguido la innovación de Silicon Valley con nuevos contratos para la nueva economía basada en el desarrollo de plataformas digitales que funcionan mediante complejos algoritmos. En Reino Unido, Zego ofrece seguros que empiezan a cubrir al trabajador desde que pone en marcha la aplicación y hasta que la detiene. La aseguradora Aviva, en Toronto, ha diseñado una póliza aún más sofisticada para los conductores de Lyft (el gran rival de Uber que recientemente empezó a cotizar en Wall Street: una primera fase se activa al encender la aplicación; la segunda (de mayor cobertura) comienza en cuanto acepta un pedido; y la tercera, más completa, desde que el pasajero sube al coche y hasta que se baja.


Una tiranía en crisis

El sociólogo y escritor francés Gilles Bataillon, autor de “Nicaragua, una revolución traicionada”, sostiene en esta columna , escrita hace unos meses pero que tiene plena vigencia que al régimen de Daniel Ortega le queda poco tiempo, al haber perdido el apoyo de los empresarios y de la iglesia católica.

Después de once años de poder total, gracias al pacto con el antiguo presidente liberal Arnoldo Alemán y a sus buenas relaciones con el mundo empresarial y los sectores más conservadores de la Iglesia católica nicaragüense, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, enfrentaron este año una oposición sin precedentes. Y ya no se trató, como hace poco, de protestas aisladas –por ejemplo, las de los campesinos que protestaban desde 2013 contra las expropiaciones para construir un canal interoceánico en beneficio de un consorcio chino–. Las marchas convocadas por medios de comunicación opositores, organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y los sandinistas disidentes, los movimientos feministas y estudiantiles denunciaban, todas, la corrupción y la mano de la familia Ortega-Murillo en las diferentes instituciones del país. Desde mediados de abril, Nicaragua está inmersa en manifestaciones masivas que no se habían vivido desde la época de las movilizaciones contra Somoza, entre 1978 y 1979, cuando finalmente fue derrocado. Comparando este caso con el de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los manifestantes de ahora no solo piden el cese inmediato de la violencia y una investigación internacional sobre la represión, sino también la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Una oposición creciente

Está claro que las movilizaciones de estos últimos meses marcan una fractura inédita en la historia de los tres mandatos sucesivos de Ortega. Por decirlo de forma simple: la situación es revolucionaria. El adjetivo se justifica, en primer lugar, porque la oposición al poder se ha generalizado: jóvenes de los orígenes más diversos, clases populares urbanas, pero también clases medias y rurales, y familias enteras participaron en las marchas esgrimiendo la bandera nicaragüense. Los jóvenes que alzaron y mantuvieron las barricadas fueron protegidos y alimentados por la población local. Los sacerdotes católicos les abrieron las iglesias –de las capillas a la catedral de Managua– cuando los paramilitares del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los policías antidisturbios comenzaron a perseguirlos. A pesar de las amenazas y las brutalidades a las que se exponían, los curas no los entregaron. Ciudadanos comunes impidieron a la policía colocar francotiradores sobre los tejados de sus casas para disparar contra las barricadas; algunos pagaron con sus vidas esos actos de valentía. Los que protestaban finalmente recibieron el apoyo del sector empresarial que durante mucho tiempo se acomodó muy bien a la dictadura de Ortega.

La pareja presidencial se encuentra ahora muy aislada. Su núcleo de fieles representa menos del 10% de la población, del cual sus subordinados son la quinta parte. Es evidente que Ortega y Murillo perderían unas elecciones anticipadas, siempre y cuando no estuvieran amañadas como las de 2011 y 2016. De ahí que recurran a maniobras para ganar tiempo y al uso sistemático de la violencia y el terror. Nadie ha sido más determinante para cumplir esa tarea que la policía y los grupos de choque del FSLN –las turbas–.

Estos últimos dispararon armas de guerra contra manifestantes, al principio pacíficos, y contra amotinados que defendían sus barricadas con bengalas, cocteles molotov, morteros artesanales y algunas bombas caseras. Los disparos de la policía y de las turbas son letales, apuntan a la cabeza o el tórax, y han ocasionado más de trescientos muertos y dos mil heridos desde mediados de abril. A esto se añade la prohibición de que los hospitales públicos atiendan a los manifestantes heridos y la destitución de doctores y médicos residentes que se arriesgaron a hacerlo.

La violencia contra los manifestantes y los jóvenes de las barricadas ha estado acompañada de una represión que ha tomado diferentes rostros. Al principio fueron arrestos arbitrarios masivos y secuestros por parte de los paramilitares, además de torturas que podían llegar hasta simulacros de ejecuciones y violaciones. Detenían a individuos y, a veces, a familias enteras, a un padre, a ambos y a sus hijos, en los barrios donde la sublevación duró más, como en Monimbó. Desde mediados de junio asistimos a una represión mucho más metódica contra los opositores. Se detiene y se lleva ante los tribunales a líderes activos en las negociaciones –organizadas bajo la protección de la Iglesia católica– que duraron hasta el 18 de junio (como Irlanda Jerez, que encabeza a los comerciantes del mercado oriental de Managua, y Medardo Mairena, un líder campesino). Lo mismo sucede con activistas locales que han participado en las manifestaciones y en las barricadas. Cientos de personas están acusadas de “terrorismo” o de tentativa de “golpe de Estado”. Los miembros de comités locales del FSLN –los comités populares ciudadanos– emprenden verdaderas cacerías humanas, que van desde amenazas de muerte hasta tortura, contra gente sospechosa de participar o apoyar a los manifestantes y a los insurgentes. Ortega asume de manera abierta esas torturas delante de sus partidarios, y los anima a “seguir siendo dueños de las calles”, mientras ellos utilizan en las redes sociales el hashtag #plomo para denunciar a los opositores del régimen y llamar a otros a hacer lo mismo.

La paradoja de estos actos de violencia fue que el gobierno dio marcha atrás en los momentos cruciales en que estuvo a la defensiva. El 22 de abril Ortega retiró su reforma a la seguridad social. A mediados de mayo, apeló a la Iglesia católica para que organizara un diálogo nacional. El 12 de junio anunció al embajador de Estados Unidos que podría adelantar la fecha de las elecciones generales para poner fin a la crisis. Sin duda, hoy parece menos dispuesto a negociar, en tanto los grupos de choque del FSLN han retomado las barricadas y han acabado con la insurrección en las ciudades donde los habitantes habían proclamado la destitución del gobierno. Pero hay que destacar que los reveses, aun los momentáneos, eran antes absolutamente impensables.

Si se puede calificar la situación de revolucionaria es, en segundo lugar, porque toda la eficacia simbólica del poder de Ortega y Murillo se ha desmoronado poco a poco desde abril, cuando algunos de los grupos que lo apoyaban consideraban que era un factor de orden y estabilidad necesario para contener el caos social y la barbarie. Tanto los empresarios como los miembros de la Iglesia creen ahora que la única salida de la crisis pasa por la dimisión de la pareja presidencial. Los asesinatos de manifestantes cometidos por la policía y los grupos de choque y el haber ametrallado las iglesias y agredido a algunos sacerdotes terminaron por completar esa imagen de tiranos bárbaros que hoy tienen Ortega y Murillo. A mediados de julio, la respuesta del clero a la exigencia de Ortega de romper con “las sectas satánicas, golpistas y asesinas” preparó el escenario para una inapelable condena moral del régimen. Para la mayor parte de la población nicaragüense, la Iglesia católica no solo es la que debe conducir el diálogo nacional para organizar lo más pronto posible unas elecciones libres, sino que tiene también la última palabra para legitimar el orden sociopolítico.

Ortega perdió el respeto de la gente

Las imágenes de las distintas sesiones del diálogo nacional dejaron la misma impresión de que la autoridad y el régimen ya habían colapsado. Los participantes, sobre todo los estudiantes, mostraron pronto que habían perdido todo el respeto por el presidente. No dudaron en decirle, sin rodeos, que ya no le tenían miedo, que sus protestas solo cesarían con su salida y que, tarde o temprano, tendría que responder ante la justicia por la violencia y los crímenes de la policía y los grupos de choque. De igual modo, a nivel internacional no solo se ha impuesto poco a poco la idea de que la represión debe cesar de inmediato y de que fue completamente injusta desde el principio, sino también que la solución a la crisis pasa por unas elecciones anticipadas. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos –primero Human Rights Watch, después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por último, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU– documentaron y denunciaron los alcances y los aspectos insostenibles de la violencia contra los manifestantes. Desde mediados de julio, la postura de la OEA y de la Secretaría General de la ONU fue que cesara la represión y se organizaran elecciones anticipadas. Una figura tan prestigiosa como José Mujica, el extupamaro que acabó presidiendo Uruguay, declaró con firmeza que Ortega y Murillo “perdieron el sentido de que en la vida hay momentos en los que hay que decir ‘me voy’”. En la región los únicos que han apoyado a Ortega y Murillo son los gobiernos cubano y venezolano, dos actores políticos que están, por decir lo menos, desprestigiados.

Por último, hay que mencionar un caso que poco ha sumado al descrédito de la pareja presidencial, y al cual la vicepresidenta debe su apodo de la Chamuca, la bruja. El mote hace referencia a sus propuestas delirantes y a su omnipresencia en los medios sandinistas, pero también alude a su papel especialmente vil frente a la acusación que su hija Zoilamérica Narváez lanzó, en 1998, de que había sido violada en numerosas ocasiones por Ortega. Lejos de mostrar algún grado de compasión por ella, Murillo la presionó para que retirara la denuncia ante la CIDH con el fin de que Ortega, quien había logrado que se desestimara la denuncia en Nicaragua, no fuera perseguido por la justicia internacional.

Un nuevo tipo de tiranía

Muchos analistas internacionales han hablado del paralelismo entre Somoza y la pareja Ortega-Murillo, un parecido que los propios nicaragüenses habían ya señalado. También han subrayado la mezcla de disgusto y odio que suscita esa pareja y la determinación que tienen muchos de echarlos del poder cueste lo que cueste. Pero ¿eso significa que el paralelismo tiene fundamento? ¿Se parece la tiranía de estos a la de los Somoza?

Hay un hecho que puede alimentar esa interpretación: la voluntad de la familia Ortega-Murillo de tomar el control de los recursos del país y de convertir el aparato del Estado en su patrimonio, colocando a sus hijos y a sus parientes en puestos clave; todo un proyecto cleptocrático que tiene más de un rasgo en común con el largo reinado de los Somoza (1937-1979). Como ellos, Ortega y sus aliados se han convertido en importantes millonarios nicaragüenses y han multiplicado los sistemas de sobornos y de información privilegiada en su beneficio. En 2013 la concesión de un canal a un consorcio chino –Hong Kong Nicaragua Canal Development (hknd Group)–, en condiciones por completo desventajosas para el país, y su participación en la destrucción de áreas protegidas del bosque primario, junto con la exportación de madera tropical a Estados Unidos, Venezuela, Cuba o China, fueron emblemas de tales prácticas. De la misma manera, Ortega y su círculo cercano están en contubernio con los traficantes de cocaína que atraviesan el territorio nacional para llevar sus mercancías a México y después a Estados Unidos. Para nadie es un secreto que Rosario Murillo sueña con suceder a su marido, enfermo de lupus, y con ver a alguno de sus hijos heredar el reino. Las cosas son tan evidentes que hay una serie de chistes que comparan al último Somoza y a su hijo, apodado el Chigüín, con la pareja Ortega-Murillo y sus hijos.

Esta comparación tiene la virtud de desmitificar el personaje de Ortega; echa por tierra su pretensión de presentar su regreso al poder en 2006 como una “segunda fase” de la revolución sandinista. Se revela ahora como un tirano envejecido y codicioso, flanqueado por un personaje a la Imelda Marcos, y contra ellos se dirige un pueblo que desea una renovación democrática. Además, se ha equiparado la actual violencia con la que ejerció Somoza para reprimir brutalmente la insurrección popular de septiembre de 1978. Con ello, Ortega pierde en definitiva el prestigio que le daba la figura de guerrillero heroico y heredero de la revolución del 19 de julio de 1979.

Sin embargo, el paralelismo entre los dos dictadores no deja de ser equívoco, puesto que borra un rasgo decisivo de la experiencia política de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No son en absoluto héroes revolucionarios a los que el retorno al poder y a sus comodidades habrían corrompido de manera reciente. Al contrario, Daniel Ortega es un personaje clave en el proceso de transformación totalitaria de esa revolución, al principio pluralista y no alineada, que provocó la caída de Somoza.

A falta de un análisis más extenso, recordemos brevemente los hechos. Se sabe que la aceptación del proyecto político no alineado, negociado entre los distintos componentes de la oposición a partir de 1978, no fue para la mayoría de los cuadros sandinistas más que un engaño. Antes incluso de su llegada a Managua, la meta fue imponerse sobre el proceso revolucionario y darle un giro totalitario. El primer gesto emblemático de ese proyecto fue forzar el nombramiento de un quinto miembro en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Daniel Ortega, lo que permitió a los sandinistas tener tres de los cinco miembros que tenía ese órgano del poder ejecutivo provisional. En el mismo sentido, los dirigentes del FSLN controlaron directamente la policía, el ejército, la justicia y los poderes sociales. Esta apropiación de las instituciones y de la sociedad se combinó con la persecución y expulsión, a veces bastante brutal, de sus antiguos aliados. Así fue como, en menos de un año, los sandinistas impusieron la hegemonía de su partido y su aparato burocrático. Como han sacado a la luz excompañeros de Daniel Ortega –antes que nadie, Sergio Ramírez y Moisés Hassan Morales–,él fue desde los primeros momentos de la revolución de 1979 un aprendiz de dictador no exento de megalomanía, como también han mostrado las noticias de la época.

La imposición de este proyecto dictatorial trajo consigo numerosos privilegios para los nuevos mandos del régimen, quienes enseguida malversaron fondos en su beneficio. La sensación de que estaban armando un botín para la nueva clase dirigente se confirmó en la derrota electoral de 1990. Uno de los últimos gestos de la Asamblea Nacional, antes de traspasar el poder a los recién elegidos, fue aprobar leyes que permitían cómodas transferencias de propiedades a los sandinistas y algunos dirigentes, entre ellos, los hermanos Ortega, quienes amasaron fortunas considerables. Y Rosario Murillo se hizo de algunos de los cuadros más importantes del museo que ella misma dirigía.

Sin embargo, sí hay que establecer vínculos entre las formas dictatoriales y prevaricadoras de hoy y las de los años ochenta. La cacería de brujas de Ortega contra los medios independientes, las ONG y los movimientos feministas en 2008 se parece en muchos aspectos a la política que el FSLN implementó, hace casi cuarenta años, contra sus opositores. Los ataques contra el semanario Confidencial ocurrieron después de que este publicara una extensa investigación sobre la corrupción y los sobornos del presidente y su entorno. Las persecuciones a las ONG feministas se explican porque muchas de sus líderes apoyaron a Zoilamérica Narváez cuando denunció a su padrastro Daniel Ortega. Así, en ambas dictaduras se detecta la misma voluntad de empujar a los medios de comunicación y a la sociedad civil a un punto muerto. Los nuevos dictadores no dudan en recurrir a los más inverosímiles montajes policiacos y judiciales y a las mentiras y las intimidaciones más abyectas. Otro ejemplo elocuente es que la policía hace gala de una violencia desproporcionada. Y los grupos de choque del FSLN, los jóvenes sandinistas y los grupos de matones reciben el mismo nombre que sus pares en los ochenta: las turbas. Sus modos recuerdan los abusos contra quienes, a principios de los ochenta, intentaban protestar ante el control de la revolución por parte del FSLN. En la misma línea están algunos de los homicidios de líderes campesinos locales que se opusieron al proyecto del canal; los asesinatos de misquitos que denuncian la invasión de sus tierras por parte de colonos; algunos casos de tortura y muerte dentro las comisarías policiales, y las políticas de intimidación y hasta de homicidio de activistas de derechos humanos.

La diferencia es que entonces Nicaragua salía de una larga dictadura. La separación de poderes, la importancia de organizar elecciones libres y competitivas, la ventaja de contar con una vibrante sociedad civil y una prensa independiente e incluso la imperiosa necesidad de respetar el habeas corpus eran ideas que no tenían un arraigo tan profundo como ahora. Por el contrario, hoy Daniel Ortega tiene que deshacer un aparato jurídico democrático, sin lugar a dudas imperfecto pero valorado por sus opositores. Aunque Ortega ha puesto fin, en la práctica, a la independencia de la justicia, no ha conseguido abolir la noción de que esta es indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad.

Del mismo modo, el giro que dieron las elecciones en 2011 y en 2016 tiene más de un rasgo en común con las de 1984. Hay que precisar que entonces la oposición tomó la decisión –más que errada– de no participar y de apostar por la idea de que la resistencia armada acabaría, de una forma u otra, prevaleciendo. El FSLN multiplicó los obstáculos y las amenazas contra los valientes partidos que sí se presentaron a los comicios. Pensemos también en la presión que ejercieron los Comités de Defensa Sandinista –“los CDS, ojos y oídos de la revolución”, según el eslogan de la época– sobre los electores, en el relleno de urnas en muchos lugares alejados de los observadores internacionales e incluso en la movilización de los medios del Estado para las operaciones de propaganda del FSLN. En suma, en la comparación entre el somocismo y el orteguismo no puede faltar un análisis crítico de los momentos de totalitarismo de la revolución sandinista de los años ochenta.

Una crisis duradera

Desde mediados de junio de 2018 el terrorismo de Estado ha dado severos golpes a la oposición. Los manifestantes son ahora mucho menos numerosos que durante abril y junio. Se han desmantelado las barricadas. Cuarenta mil nicaragüenses se han marchado al exilio para escapar del terror. Los activistas se esconden dentro del país para escapar de las persecuciones de la policía y de las amenazas de linchamiento que lanzan los partidarios de la pareja presidencial. Sin embargo, el gobierno está en buena medida debilitado. En primer lugar, y contrario a la versión oficial, la situación económica es particularmente inquietante. Se acabaron las tasas anuales de crecimiento del 4%: Nicaragua está en recesión. Los antiguos aliados de Ortega lo dejaron tirado, el sector empresarial se descapitaliza y se agotó la ayuda venezolana. En segundo lugar, las presiones en su contra se multiplican de manera exitosa en el plano internacional. Ortega ha tenido que liberar a 37 de los 38 activistas de derechos humanos y líderes de la oposición detenidos en la manifestación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (unab) del domingo 14 de octubre.

Hoy la situación de Ortega recuerda a la de Somoza a principios de 1978, al día siguiente del homicidio del gran periodista de oposición Joaquín Chamorro, que fue la premisa para la revolución de 1979. Como Somoza, Ortega ha buscado el apoyo de quienes permitieron su elección en 2006 y sus reelecciones fraudulentas: los empresarios y la Iglesia. Pero su situación es, a todas luces, mucho más complicada. Somoza se enfrentaba a una oposición que estaba unida en su deseo de expulsarlo, pero dividida en torno a los mejores medios para lograrlo, y no se ponía de acuerdo sobre qué tipo de régimen convendría instalar después. Ahora no sucede nada de eso: la opinión pública, la Universidad, los empresarios y la Iglesia aspiran a un régimen democrático basado en la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos. Para esta oposición el fin de la crisis pasa por una negociación que conduzca a la organización de elecciones generales anticipadas bajo el control de observadores internacionales. Tienen un programa que merece nuestro apoyo, al menos en la medida del que le dimos a la coalición que derrocó a Somoza, si no es que más.


Conocer y aceptar la historia fortalece la democracia

Conocer y aceptar la historia tal cual es crea ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más responsables, más independientes, capaces de enfrentarse con autoridades abusivas y de defender derechos propios y ajenos, sostiene el historiador español José Álvarez Junco, en esta columna que, escrita para Europa, puede ilustrar a algunos uruguayos empecinados en tergiversar el pasado reciente.

El pasado alemán, manchado por el desencadenamiento de las dos guerras del siglo XX y por el genocidio judío, ha dado lugar a múltiples trabajos históricos y a muy sustanciales reflexiones ético-políticas sobre el papel del mal en las comunidades humanas o la alteración de la conducta personal en situaciones emocionales masivas. Sobre ello vuelve también Los amnésicos, libro de la periodista e investigadora francoalemana Géraldine Schwarz. Pero lo supera y sugiere otras muchas cosas.

Schwarz establece, para empezar, la responsabilidad de todos los alemanes en lo ocurrido: exceptuando, naturalmente, a los oponentes activos al nazismo —que bien caro lo pagaron—, la sociedad no se opuso a la escalada de medidas antisemitas de 1933-1938, como no se opuso a la matanza posterior, ni puede simular que no supo lo que estaba ocurriendo. Pero la responsabilidad se extiende igualmente a franceses, italianos, húngaros, polacos o tantos otros, que tampoco protegieron a sus judíos amenazados. Aquellas sociedades —todas desgarradas internamente, ante aquel conflicto, y todas plagadas de colaboracionistas— coincidían sin embargo en 1945 en percibirse a sí mismas como meras víctimas de los nazis.

La autora distingue, por supuesto, grados de responsabilidad, sobre todo individual. No es lo mismo pasividad que aquiescencia, delación, lucro aprovechando la situación o apoyo entusiasta. Pero reconoce la dificultad de atribuir responsabilidades colectivas, es decir, de dividir con trazos gruesos a las comunidades que viven situaciones traumáticas en grupos de verdugos y víctimas. Una dificultad que aumenta cuando se proyectan tales culpas sobre las generaciones siguientes. Porque, sobre todo en enfrentamientos ideológicos —los étnicos perviven más—, el tiempo diluye las identidades, los descendientes de los protagonistas originarios no siempre perpetúan las posiciones políticas de sus padres o abuelos e incluso se mezclan y tienen hijos comunes. Tampoco es lo mismo sufrir personalmente una dictadura, una guerra civil o un genocidio que oírselo contar a nuestros padres; y no digamos vivirlo como tercera generación, a través de nuestros abuelos. Si la memoria individual es traidora, la trasmitida puede acercarse a la pura distorsión.

A partir de 1945, la conciencia alemana frente a aquel pasado sucio evolucionó. Adenauer negaba cualquier colaboración de la población con el nazismo, a la vez que integraba sin pudor a los cuadros del NSDAP entre las élites de la nueva República Federal. En los sesenta, la rebelión universitaria y la libertad sexual facilitaron el distanciamiento y la denuncia del pasado nazi. Y en los ochenta estalló la disputa de los historiadores, o Historikerstreit: conservadores como Ernst Nolte exoneraban al país del nazismo, ocasional extravío causado por un grupo de criminales; el filósofo Jürgen Habermas y los historiadores “sociales”, en cambio, interpretaban las tragedias del siglo XX como culminación del Sonderweg, o “camino excepcional”, alemán, dominado desde Bismarck por un nacionalismo beligerante.

Con lo que finalmente se abrió el baúl de los recuerdos y las denuncias, que acabaron siendo en la Alemania occidental más completas que en cualquier otro país europeo. Alemania se convirtió en el modelo de un buen “trabajo de memoria”; lo cual permitió construir una sociedad civil y una democracia excepcionalmente sólidas. A partir de su reflexión sobre lo ocurrido, los alemanes interiorizaron unos valores y un espíritu crítico cruciales para una convivencia en libertad: al repudiar extremismos, dirigentes providenciales y discursos de odio contra otras comunidades, adquirieron mayor sentido de la responsabilidad. Síntoma, o consecuencia, de todo ello fue su generosa reacción ante la crisis de los refugiados sirios. No sólo la oficial. Cientos de ciudadanos recibieron los trenes de refugiados con pancartas multilingües de “¡Bienvenidos!” y bolsas de comida, agua, ropa, pelotas u ositos de peluche. Aquellos trenes de 2015 redimieron a Alemania, si tal cosa fuera posible, de los de 1942-1944.

Esta es la idea central del libro: que una aceptación honesta y crítica del pasado permite el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes en el presente. Cuando uno comprende que sus padres, sus abuelos, su comunidad, fueron responsables directos o indirectos de algunas barbaridades, cuando uno acepta la dificultad de atribuir con nitidez culpas colectivas, cuando uno se da cuenta de lo fácil que es convertirse en perseguidor, o consentidor de la persecución, cuando uno entiende las muchas caras de la historia y las confusas identidades que ha heredado, es probable que hoy esté más dispuesto a convivir con otras culturas, otras lenguas, otras creencias, otras posiciones políticas. En cambio, los educados en un mundo mental aislado, que sólo celebra los heroísmos y lamenta los sufrimientos de sus antepasados, que únicamente se percibe como descendiente de víctimas inocentes y nunca como heredero de vilezas, tienden a adoptar hoy posiciones de intolerancia, de simpleza ideológica, de repudio hacia el extranjero, de nostalgia fascista.

Dicho de otra manera: la multiculturalidad, la aceptación del diferente, el reconocimiento de sus derechos, a la vez que la fuerte convicción de los nuestros, se derivan de la comprensión de la complejidad de los problemas pasados; lo cual es un síntoma de personalidad sólida, y no débil, como tiende a creer el llamado sentido común, criadero de demagogias. La amnesia, en cambio, la ignorancia, la simplificación y sacralización del pasado, llevan al dogmatismo y al odio hacia los diferentes; indicio, de nuevo, de cualquier cosa menos de principios fuertes. Conocer y aceptar la historia, comprender las muchas maneras de evaluar las culpas ante los crímenes y tragedias ocurridos, ser consciente de la fragilidad de las identidades heredadas, crea ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más responsables, más independientes, más capaces de enfrentarse con autoridades abusivas, de defender los derechos y libertades propios y reconocer los ajenos.

Nuestra experiencia lo ratifica diariamente. Los Gobiernos menos europeístas y más proclives al fascismo, como Hungría o Polonia, son también los que se apoyan en una visión simplista y autocomplaciente del pasado. Italia, que tampoco hizo su “trabajo de memoria” adecuadamente, sigue confiando en hombres providenciales, como Berlusconi o Salvini, y relativizando a Mussolini. El lepenismo francés, obsesionado con los inmigrantes, sigue instalado en la amnesia parcial que borra el colaboracionismo con los nazis mientras exagera la magnitud y hazañas de la Resistencia. Los propios alemanes educados en la antigua RDA, que glorificaba a los “héroes comunistas” opuestos al nazismo y no reconocía que nadie —en especial, ningún proletario— se hubiera sentido atraído por Hitler, son hoy quienes más votos otorgan a la AfD (Alternativa para Alemania, un partido euroescéptico). Por no hablar de Israel.

El caso alemán permite pensar, pues, en otras muchas cosas: en la complejidad de la historia humana, en la necesidad que tiene una cultura democrática de evitar retroproyecciones simplificadoras y reivindicativas. El honesto reconocimiento de todo lo ocurrido, y no sólo de lo que ennoblece nuestra imagen o refuerza nuestra posición política, y la ecuanimidad —que no es equidistancia— son las claves de bóveda para una convivencia libre; y los imperativos éticos para un historiador.


La cuota de la carne bovina del Mercosur al mercado europeo

Por Alvaro Valverde Urrutia

Uruguay y Paraguay serían los dos socios más beneficiados del Mercosur con la baja de aranceles para el acceso de la carne al mercado europeo. Por ello, en la reciente visita del Canciller Nin Novoa a las autoridades paraguayas, se acordó coordinar la estrategia de distribución de la cuota de exportación de la carne bovina, que ha venido siendo un planteo de Uruguay en el seno del Mercosur previo a la firma del acuerdo.

Como es sabido, la Unión Europea (UE) otorgó un contingente arancelario de 99.000 toneladas de carne bovina para el Mercosur.

La posición de Uruguay y Paraguay es que la cuota se divida en partes iguales entre los socios, es decir, 25 % del cupo. Por su parte, Argentina y Brasil mantienen una postura diferente, ya que pretenden que la distribución se determine con parámetros, como los volúmenes de exportación, que serían más beneficiosos para ambos países. Esto, sin duda, generara rispideces entre los socios y el peso de los socios mayores se hará sentir.

Respecto, a la Cuota Hilton será desgravado a 0% de forma inmediata por la UE a la entrada en vigor del acuerdo.

En principio, la discusión sobre cómo se distribuirá la cuota de la carne bovina se realizará durante la Expo Palermo, en Buenos Aires. Convocados por el Foro Mercosur de la Carne, participarán los representantes de los productores e industrias. Como vimos Uruguay y Paraguay optan por dividir el contingente en porcentajes iguales, o sea, 25 % del conjunto para cada país.

Interesa destacar aquí, que el Mercosur tendrá dicha cuota de exportación de 99.000 ton de carne de res pesada con carcasa con un arancel de acceso de 7,5%. Esa cuota comprende 55% de carne fresca y 45% de carne congelada; así como sin definiciones de calidad del bien a exportar. Esto resulta de sumo interés para los socios del Mercosur.

Mientras, cuando se retomaron las negociaciones en el 2010 la demanda o exigencia del Mercosur era de 400.000 mil toneladas y sin carcasa lo cual no fue aceptado por la UE. En el último tiempo la oferta europea fue de 70.000 toneladas, la cual fue rechazada y luego la UE ofertó 99.000, pero el Mercosur la consideró insuficiente y reclamó 130.000.

Pero, el Mercosur en las últimas rondas negociadores no hizo prevalecer más su reclamo y se conformó con las 99.000, es decir, disminuyó las pretensiones; por consiguiente, la cuota no aumento. Parecería, poco lo que finalmente se obtuvo en el rubro carne bovina.

Cabe recordar que el Canciller Nin Novoa, previo a la última ronda de Bruselas, había sostenido que “cerremos con lo que hay, porque siempre habrá tiempo para mejorar, siempre habrá tiempo para profundizar" y que lo más complejo de la última ronda técnica será "el capítulo agrícola".

Como lo estimamos en su momento en esta página, la posición que manifestaba el canciller resultaría complicada de renegociar. Y, parecería que ahora se confirma, prueba de ello es que en ambas partes se sostiene que no se puede reabrir ni mejorar lo acordado en Bruselas, salvo la revisión jurídica del texto, pero no las concesiones, cupos, cuotas y demás.

Esto parecería ser el resultado de haber negociado con apuro por el entorno electoral y político-económico en países del Mercosur, que los europeos lo tenían presente, aunque ellos también estaban interesados en este momento en suscribirlo por diversos factores internos y externos. La prisa del Mercosur en cerrar el acuerdo no le permitió tener la necesaria voluntad negociadora obteniendo ofertas más pobres e insuficientes en algunos sectores.


Frases Célebres 771

“Él de viaje. La ex y la actual se contactaron por internet y se conocieron. Vamos a darle una mano a Daniel”. Orlando Petinatti, comunicador. Cuenta de tuiter, en alusión a un bloque de su programa radial donde le da una mano a sus oyentes para solucionar malos entendidos, en este caso le quiere dar una mano al candidato presidencial oficialista Daniel Martínez, acerca de que mientras él está de viaje por los Estados Unidos, la exprecandidata Carolina Cosse y la designada candidata a vicepresidenta por el oficialismo Graciela Villar, se reunieron y tomaron un café para conocerse.

“Listas para dejar todo en la cancha”. Carolina Cosse, exministra y excandidata oficialista tras reunirse  a tomarse un café con la candidata a vicepresidente Graciela Villar en el bar Facal. El Observador (12/07/19).

“No vi un desarrollo importante de parte de la compañera. Desde el punto de vista de las emociones la vi incapaz de transmitir una emoción y las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera”. Darío Pérez, diputado oficialista, sobre la precandidatura de Carolina Cosse. Informativos 930, radio Montecarlo (12/07/19).

“Hicimos un recorrido de las historias compartidas, y expresó su convicción de que soy portadora de la vibra frenteamplista y eso va a ser muy importante para fortalecer la presidencia de Daniel Martínez”. Graciela Villar, candidata a vice por el oficialismo, acerca del respaldo que dijo que recibió del Presidente Vázquez. Portal La Red21 (16/07/19).

“Esta mujer es una veterana combatiente”. José Mujica, expresidente de la República, luego de finalizar la reunión que mantuvo en su chacra con la candidata a vicepresidente Graciela Villar. Montevideo Portal (16/07/19).

“¿Creen los electores que si Martínez fuera electo presidente Villar tiene condiciones para sustituirlo al frente del Poder Ejecutivo? No es una pregunta arbitraria. Martínez es mortal o pasible de enfermedades invalidantes, como todos. ¿Villar tiene oficio político, cultura general y conocimientos institucionales y legales para presidir una Asamblea General en la que su partido no tendrá la mayoría? ¿Sabrá administrar la implosión que generó al Frente Amplio la decisión de Martínez? El falso título no es el único lastre. A falta de otros méritos -salvo incursiones sindicales y haber presidido dos años la Junta Departamental-, Villar se refugió en el victimismo, un recurso cobarde. Mediante una retórica demagógica y sensiblera, exaltó su condición de presunta perseguida política como su mayor mérito”. Raúl Ronzoni, periodista en su columna semanal titulada ´Las traiciones de Graciela Villar´. Semanario Búsqueda (17/06/19).

“Es una vergüenza nacional que un producto tan genuino y tan bueno como la miel uruguaya, que consideramos una de las mejores del mundo, no pueda ser vendida por un tema ajeno a los productores, ya que tiene que ver con el uso y el abuso de un agroquímico que no es controlado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”. Alfredo Aguilera, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya. El Telégrafo de Paysandú (16/07/19).

“A Conaprole lo que le reclamamos todos los productores es que aumente su eficiencia, reestructure su trabajo y traslade a los productores el máximo precio posible. Al presidente Vázquez lo que le pedimos es que asuma la responsabilidad que tiene él personalmente y el gobierno todo en el negocio con Venezuela. Ese negocio se realizó en el marco de un acuerdo entre dos países, el mismo presidente lo patrocinó y hace cuatro años tenemos 30 millones de dólares para cobrar y los únicos que estamos pagando el pato somos los productores”. Justino Zabala, vocero de productores lecheros. Subrayado, canal 10 (16/07/19).

“La seguridad no se combate con más fierro, se combate con educación y empleo”. Richard Read, dirigente sindical, sobre la campaña ´Vivir sin Miedo´. La Mesa de los Galanes, Del Sol (17/07/19).

“Hay que terminar con los relatos. Manda la realidad. La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos. Esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia”. Jorge Larrañaga, senador Blanco, defendiendo su propuesta  de la reforma ´Vivir sin Miedo´. El País (17/07/19).

“Las declaraciones tienen una parte reservada y una que la Jutep va a poder ver. Es un resumen de tus ingresos en el último año y de tu patrimonio. Valores totales, digamos. Eso sirve pero poco porque se puede detectar que Ricardo Gil hace un año tenia mil y ahora un millón. Llama la atención pero si Ricardo Gil es un corrupto no va a saltar tan fácil si no puedo entrar a rascar y ver lo que tiene. Este proyecto no me permite rascar. Acá la opción es si queremos hacer un organismos testimonial, maquillándolo, o queremos que sirva. Este Directorio quiere que sirva. Tenemos que decir que estos proyectos 'sí, pero no'. Avanzan algunas cosas, sí. En lo fundamental que es detectar el enriquecimiento ilícito, el proyecto de declaraciones juradas uruguayo no avanza casi nada. La apertura sin posibilidad de llegar a analizar el contenido, es formal”. Ricardo Gil, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), refiriéndose  a que el proyecto de ley de declaraciones juradas que aprobó recientemente el Senado  y que a su entender no avanza casi nada en la lucha contra la corrupción. No toquen Nada, Del Sol (16/07/19).

"La denuncia que hizo Orlando Petinatti se descartó porque en los hechos no aparecieron los restos de Elena Quinteros en el Batallón 13 (…) No recuerdo si Petinatti me entregó a mí o a Eduardo Pirotto -integrante de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente- el CD con los dichos de la denunciante del caso Elena Quinteros. Yo no sé lo que dice el CD, si me lo dio, cosa que no recuerdo, lo entregué donde corresponde. Yo soy un hijo de desaparecido y a mi estas cosas me afectan emocionalmente”. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, sobre la denuncia realizada por el comunicador en  Todas las voces  referente a que en 2014 recibió el testimonio de una mujer que decía saber el sitio exacto en donde habría sido enterrada la maestra y militante Elena Quinteros durante la dictadura militar. Telenoche, canal 4 (17/07/17).

“Me sorprendió que no haya escuchado el audio (…) Entiendo sus argumentos de sensibilidad, porque hay que ponerse en el lugar de cada persona, sobre todo cuando se trata del dolor. Pero si estás investido como secretario de Derechos Humanos y te traen una información yo la escucharía o la haría escuchar inmediatamente”. Orlando Petinatti, comunicador, respondiendo al presidente del Frente Amplio. Malos Pensamientos, Azul FM (17/07/19).

“La Intendencia debe considerar cerrar el Casino Parque Hotel”. Hugo Gandoglia,  gerente de casinos de la Intendencia. El País (11/07/19).

“No es posible que un casino vaya hacia adelante con una persona que piensa que hay que cerrarlo. Nos dijeron que no va a pasar nada por ahora con respecto al cierre, en este año que queda de administración, pero que la discusión se va a abrir en el próximo período”. Álvaro Soto, dirigente sindical, participante de la reunión entre representantes de  ADEOM y autoridades de la IMM. El País (18/07/19).

“La actividad comercial cayó 7% en el último año. Desde el primer trimestre del año pasado hay desaceleración (...) La caída en la actividad ocurrió en el sector comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes. Las proyecciones para este año, será de un crecimiento cero ya que se estima una variación positiva del orden del 0,3%”. Julio Cesar Lestido, presidente de la Cámara de Comercio. Subrayado, canal 10 (17/07/19).

Correo de los Viernes.
Publicación Oficial de la Secretaría de Prensa del Foro Batllista.