Edición Nº 816 - viernes 10 de julio de 2020        

No hay razón para mantener la prohibición de los allanamientos nocturnos

La Constitución de la República mantiene una antigua norma según la cual ni la Policía ni a Justicia pueden disponer que durante la noche se allanen los hogares, pero la lucha contra el delito impone ahora una revisión de ese criterio.

El Parlamento estudia la posible aprobación de una ley constitucional -que requiere mayoría de dos tercios de integrantes de cada Cámara- para derogar el actual artículo 11° de la Constitución, que proviene de 1830, que impide los allanamientos nocturnos a los hogares. Una ley de ese tipo podría ser plebiscitada en las próximas elecciones departamentales.

Las autoridades han explicado que, amparándose en la actual disposición constitucional, bandas delictivas vinculadas al narcotráfico operan tras la caída del sol, por lo que la persecución policial se hace más compleja, ya que si los delincuentes llegan a sus casas o a las de sus cómplices con las primeras tinieblas, no pueden ser ni apresados ni encontrarse pruebas contra ellos.

Es evidente que esa norma es muy anticuada y por ello ha sido revisada en todas las reformas constitucionales que se han promovido en varios países recientemente. En la propuesta que llevó adelante un grupo de ciudadanos en la elección anterior bajo el nombre "Vivir sin miedo", se propuso esa variante entre otras, pero no se alcanzó el respaldo que exige la propia Constitución para ser reformada. Ese antecedente no inhabilita de ninguna manera que se replantee la discusión y que se procure plebiscitarla nuevamente, ya que el cuerpo electoral se negó a aprobar un conjunto de medidas y no ésta aisladamente.

Creemos que ahora y en forma separada, la habilitación de los allanamientos nocturnos contaría con gran respaldo popular.

Para que la consulta al cuerpo electoral sea posible a la brevedad, en la actual instancia parlamentaria se requiere la coincidencia de los partidos de la coalición gobernante y de algunos sectores del Frente Amplio, lo que está en duda, ya que el el senador Bonomi adelantó su oposición por los abusos que podrían cometerse. De los atropellos de los delincuentes no dijo una palabra.

Sería realmente grave que el Frente Amplio en su conjunto se sume a esa posición , dando indirectamente un mensaje de apoyo a las actividades delictivas. Los allanamientos nocturnos dispuestos por la Justicia se pueden desarrollar con todas las garantías del Estado de Derecho y no hay motivos para dudar de antemano de la actuación policial, que se viene desarrollando en los términos legales que corresponden.

Algunos barrios de Montevideo son, lamentablemente, el teatro de los cotidianos operativos criminales de las bandas y las autoridades deben tener todos los instrumentos a su alcance que sean necesarios. Los allanamientos a toda hora son en ese sentido muy necesarios y no hay contra indicaciones para su aplicación, a menos que el Frente Amplio siga inventando pretextos para poner palos en la rueda, dando cuenta de su resistencia a aceptar el veredicto ciudadano en las urnas.


La coalición hacia adelante

Por Julio María Sanguinetti

Las vicisitudes políticas de coyuntura no torcerán el rumbo definido por el Partido Colorado: firme compromiso con la coalición de gobierno que integra desde su misma concepción.

La semana pasada se produjo la renuncia del economista Ernesto Talvi al Ministerio de Relaciones Exteriores. El hecho tuvo circunstancias especialísimas que han sido , como era de esperar, copiosamente reseñadas por los medios. Los hechos están ahí y ya no es del caso dar vuelta en torno a ellos.

El periodismo especializado, los analistas, han comentado la renuncia, sin duda relevante, desde puntos de vista muy variados. En cualquier caso estamos ante circunstancias inesperadas y ello llevó a que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado analizara la situación y declarara su renovado compromiso con la coalición de gobierno, aventando cualquier especulación al respecto.

En el gabinete, la sustitución del Canciller por un diplomático de notoria filiación nacionalista, marca un cambio importante de la representación partidaria. Ello no obsta a que saludemos con alegría la designación del Embajador Francisco Bustillo, cuya reconocida trayectoria en el Ministerio, la amplitud de su criterio y su identificación con el Presidente de la República, aseguran una gestión solvente. Junto a él permanecerá nuestra correligionaria Carolina Ache como Subsecretaria. Es una figura joven, profesionalmente calificada y de destacada actuación en el Partido Colorado desde la Prosecretaría de Derechos Humanos.

Ahora se sabe que el Presidente de la República ha decidido que un colorado ocupe el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es importante -e interesante- a la luz de las presentes circunstancias. Es una materia compleja pero de relevancia creciente, tanto en sustancia como en la preocupación ciudadana.

Lo fundamental hoy es mirar hacia adelante con talante afirmativo. No otra cosa cabe. El gobierno afronta una situación gravísima y sorprendente, que ha envuelto al mundo entero en un estado de conmoción. El fenómeno de salud ha sido enfrentado con un éxito reconocido internacionalmente, al punto que los uruguayos somos los únicos latinoamericanos hoy autorizados a ingresar a Europa. Las consecuencias económicas y sociales adquieren ahora el protagonismo, con un saldo enorme producto de la paralización de actividades. Las empresas, en general, salen muy heridas y en algunos sectores el desafío es la sobrevivencia misma. Es el caso del turismo, que representa el 15% de nuestra exportación y aproximadamente el 7% del empleo.

No estamos ante una situación como la de crisis de 2002, porque esta no es regional sino universal y, a la salida, no nos encontraremos con un mercado normal sino con una caída de actividad de la que nadie se ha librado. El desafío es gigantesco y no tiene precedentes. Hay que adquirir conciencia de esa realidad y asumir, por lo tanto, que el voluntarismo y la demagogia de reclamar lo imposible solo agravarán la situación. Asoma el debate presupuestal y se escuchan ya, como es lógico, el mar de las reclamaciones. La mayoría son legítimas, pero cuando todo es prioridad, nada es prioridad... Y de eso se tratará: de no perder de vista la perspectiva amplia, del conjunto y del futuro.

Ante ese panorama, más que nunca es fundamental que la coalición de gobierno responda como lo viene haciendo hasta ahora. Con debates internos, sí, pero con efectiva unida a la hora de decidir. El Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino, como ha dicho el Presidente reiteradamente, multicolor. Los demás partidos mantenemos nuestros perfiles aunque sin intransigencias. El Partido Colorado, nuestro partido, tienen en su esencia el sentido de responsabilidad para con el Estado democrático. Y a ese mandato histórico se debe. No significa esto, sin embargo, silencio o abstención frente a los problemas y sus eventuales soluciones. Así como en la ley de urgencia nuestros legisladores plantearon modificaciones y obtuvieron cambios relevantes, en todo el espectro del gobierno estaremos presentes con espíritu de armonía pero con voz propia.

Como a lo largo de nuestra historia, siempre oteando el horizonte.


Flamante sensibilidad de la INDDHH

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) continúa jugando un papel que no la honra y pone cada vez más en duda la validez de su propia existencia.

Primero fue la declaración "exhortando" al Poder Ejecutivo a ceder la cadena oficial de radio y televisión al PIT-CNT para que esa organización difunda un mensaje en ocasión del Día de los Trabajadores, alineándose con el Frente Amplio.

Ahora, en actitud insólita, una psicóloga de la INDDHH, Mónica Giordano, se comunicó -por correo electrónico y telefónicamente- con el fiscal de flagrancia Dr. Diego Pérez para pedir garantías para el mediático Fernando Cristino, que en ese momento se encontraba internado en el Hospital Vilardebó en medio de una crisis nerviosa que lo había llevado a protagonizar diversas agresiones por las que resultó detenido y luego derivado a esa institución de salud mental.

En declaraciones luego del interrogatorio a Cristino, el fiscal Dr. Diego Pérez dejó entrever su sorpresa y molestia. Señaló que nunca antes la INDDHH había manifestado interés en un caso, aunque en la Justicia se procesen casos análogos a diario.

La sorpresa del fiscal Pérez devino preocupación institucional y el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz envió una misiva a la INDDHH expresando su inquietud, puesto que la funcionaria de la institución intentó recabar información de un indagado "desconociendo la reserva para terceros establecida en el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal", que "no fue comunicado al director general de la Fiscalía General de la Nación" y, finalmente, reclamando "las razones que motivaron la actuación".

La presidenta desconocía por completo el procedimiento -insólito y de regularidad cuestionable- que, finalmente, se supo había sido dispuesto por la Dra. Ma. Josefina Plá Regules, una de las integrantes del Consejo Directivo de la INDDHH.

La INDDHH, finalmente, emitió una declaración donde afirma que su actuación "cumplió con sus cometidos de protección y defensa de los derechos humanos definidos en el marco de la Ley de Salud Mental", agregando en forma confusa que "un manejo equivocado de las circunstancias que rodearon el caso del Sr. Cristino, tal vez originado en el impacto mediático del mismo por causas que son ajenas a la INDDHH, ha llevado a esta situación, que vulnera seriamente el derecho de toda la población de ser debidamente informada de las acciones u omisiones de los organismos públicos" (¿manejo equivocado de quién?, ¿derecho vulnerado por quién?).

Finalmente, otro integrante del Consejo Directivo de la INDDHH, el ex subsecretario del Interior Dr. Juan Faroppa, respondió al Dr. Jorge Díaz, acusándolo de haber hecho una tormenta en un vaso de agua y defendiendo la regularidad jurídica de la intervención de la institución.

Independientemente de los detalles técnico-jurídicos en debate, llama poderosamente la atención que la INDDHH haya intervenido en favor del mediático Cristino, que saltó a la fama luego de una serie de audios y videos que grabara en ostensible estado de alteración, cuestionando a la Vicepresidente Argimón, entre otras personas allegadas al gobierno.

Nunca antes, como señaló el fiscal Pérez, la INDDHH había mostrado preocupación por las garantías (¡las garantías!) de un indagado.

Nunca quedó claro el rol de esta institución, dependiente del Parlamento. En los períodos frenteamplistas no se la recuerda interviniendo en forma resonante en caso alguno, pese a que hubo motivos sobrados para ello. Su preocupación por algunos derechos humanos parece haberse excitado a partir del 1° de marzo. En concreto, la cesión de la cadena de radio y tv a la central sindical y las garantías de un imputado mediático, aunque la situación de las cárceles continúa siendo la herencia más pesada recibida por esta administración de parte de su predecesora en materia de groseras violaciones a los derechos humanos.

Si finalmente -esperemos que no- esta institución continúa jugando un papel político alineado con los intereses del Frente Amplio, será la hora de evaluar la pertinencia de su continuidad.


Dos actitudes muy distintas

Por Luis Hierro López

Asumir en su totalidad la responsabilidad de gobernar y enfrentar tanto los hechos como las consecuencias, es una sana conducta de los hombres de Estado. Hay ejemplos cercanos que enaltecen al país.

"Dolor y responsabilidad. Eso es lo que sentimos ante la muerte de una persona a la cual no se le dio contención. Lamentamos profundamente esta situación. Nos comprometidos a no dar un uruguayo por perdido y ese seguirá siendo nuestro esfuerzo y dedicación". Con ese tweet, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la muerte por hipotermia de Gustavo Castro Mercadal, un hombre de 31 años que infructuosamente intentó refugiarse en una dependencia del Mides.

Igual conducta asumió el ministro Pablo Bartol, quien ante el Parlamento reconoció que hubo en esa desgraciada circunstancia una falta de coordinación entre las oficinas de su dependencia, la Policía y la Fiscalía, tomando de inmediato una serie de medidas para impedir que dramas como ése se repitan en el futuro.

La actitud de ambos gobernantes fue lisa y llana, como debe ser. La ciudadanía requiere respuestas concretas y sinceras y los gobernantes deben brindarlas sin engaños

No es lo que ocurrió durante los quince años anteriores. En estos días se cumplió una década de un incendio de una cárcel de Rocha en el que murieron doce presos y hubo varios heridos graves. Nadie asumió la responsabilidad ni se investigaron en profundidad los hechos. También hubo un incendio en un hogar de ancianos, con cinco víctimas fatales. Un paciente de la Colonia Etchepare murió devorado por una jauría. Sin consecuencias.

Ante los reiterados fallecimientos por hipotermia en esos años, las autoridades esgrimieron todo tipo de excusas, hasta propagando la insólita explicación de que las personas tenían derecho a dormir en la calle.

El reino del pretexto tuvo sin duda a su campeón, el exministro Bonomi, dispuesto siempre a culpar a los inocentes y a exculpar a los culpables. Nunca asumió la responsabilidad del Ministerio, nunca admitió alguna omisión, nunca habló claro, nunca miró a los ojos. La culpa siempre era "del otro", de una víctima de un robo que había dejado una ventana abierta o de personas inocentes que circulaban por lugares peligrosos cuando no debían hacerlo.

En esa línea, aunque con referencia a otro tema, el Dr. Tabaré Vázquez acaba de difundir una "autocrítica" sobre el negativo resultado electoral del Frente Amplio. Es muy curiosa la interpretación manejada por el expresidente, porque no hizo referencia a los errores y horrores acontecidos -desde la deshonra de Sendic hasta la increíble fuga del capo mafioso Rocco Morábito, hay una larga lista de delitos y omisiones- sino que intentó justificar sus fracasos porque "durante cinco años y más los uruguayos escucharon una sola campana de ataque permanente al gobierno nacional".

Se acabó ese tiempo de pretextos y de esquives indignos. El nuevo gobierno vino a "hacerse cargo" y eso implica acción, responsabilidad y decencia intelectual.


A través de una negociación escondida el gobierno del Frente Amplio ofreció base antártica a Venezuela

Uruguay se comprometió a promover que Venezuela fuera "miembro consultivo" del Tratado Antártico, otorgándole a ese país la concesión de una Estación Antártica de Uruguay en el 2007, según una negociación que recién sale a luz ahora.

Tras una negociación que se mantuvo en reserva tanto a nivel diplomático como político, en el año 2007 el gobierno uruguayo se comprometió a "apalancar" que Venezuela fuera "miembro consultivo" del Tratado Antártico, otorgándole a ese país la concesión de una Estación Antártica de Uruguay.

En ese momento, el gobierno uruguayo mantenía con Hugo Chávez una estrecha vinculación, cimentada en los cuantiosos préstamos o promesas financieras que realizaba el gobierno del Caribe.

El hecho se mantuvo en estricta reserva hasta ahora, y la información surge de la respuesta del Ministerio de Defensa a un pedido de informes del diputado Álvaro Perrone sobre las misiones de la Armada Nacional llevadas a cabo durante los períodos de gobierno 2005-2010 y 2010-2015.

En un pasaje de la respuesta, a la que accedió el diario El País, se da cuenta de la negociación en torno a la base venezolana. En un documento proveniente de Venezuela y fechado el 15 de noviembre de 2007, se establece que "mediante la presente y de acuerdo a la comunicación anexa de fecha 31 de octubre del presente año remitida al vicealmirante comandante general de la Armada (venezolana) Zahim All Quintana Castro, se solicita la dotación de combustible gasoil y de aceite para una cantidad equivalente a US$ 300 mil, con el fin de apoyar la realización de una campaña hidro oceanográfica en la Antártida en el año 2008 a bordo del buque Vanguardia (ROU-26), proyecto que la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Armada realizaría en conjunto con la Armada de la República Oriental del Uruguay, con el fin de recibir en un futuro la concesión de una estación antártica perteneciente a Uruguay y apalancar en el Tratado Antártico, el cambio de estatus de miembro adherente a miembro consultivo, lo que le daría a nuestro país (Venezuela), la potestad de voz, voto y veto".

Es decir, sin que haya habido una negativa de Uruguay, Venezuela sostenía en documentos oficiales que las negociaciones se hacían "con el fin de recibir en un futuro la concesión de una estación antártica perteneciente a Uruguay". El Parlamento nunca fue informado de esa promesa de concesión de territorio y soberanía, lo que es muy grave.

La documentación también registra importantes donaciones de Venezuela, por U$S 466 mil en una oportunidad y por U$S 300 mil en otras dos oportunidades para que la Armada uruguaya realizara sus operaciones en la Antártida, aparentemente a cambio de

El exministro Bayardi - cuya militancia a favor del Foro de San Pablo era por demás reconocida - participó de las negociaciones. "Según la respuesta al pedido de informes, en conversaciones con el entonces subsecretario de Defensa, José Bayardi, se planteó la posibilidad de "apoyar ejecuciones de expediciones antárticas conjuntas que pudieran realizar aportes favorables para los intereses de ambos países y promover especialmente en el ámbito latinoamericano los fines y objetivos del Tratado, tanto a nivel proyectos científicos de investigación, como de trabajos de campo en la Antártida". Asimismo, se informa sobre otras dos visitas de autoridades del gobierno y la Armada venezolana, para "precisar aspectos de la posible campaña antártica a realizar", aunque no da detalles del acuerdo.


La polémica sobre el pasado reciente

La columna publicada la semana anterior por el exvicepresidente Luis Hierro, "Los historiadores deben pagar su deuda", a propósito de un reconocimiento del historiador Jorge Chagas de que hay que rehacer el relato sobre el pasado reciente, provocó algunas repercusiones y polémicas, que Chagas contestó en su muro de Facebook en tres notas sucesivas. Reiteramos aquí la última de esas ponencias, la que, más allá de algunas diferencias, nos parece de interés.

La última reflexión la terminé con una pregunta que ahora formulo con otras palabras: ¿por qué nos ha costado tanto como sociedad encarar objetivamente el pasado reciente y superarlo?

Contaré una anécdota personal. Una vez yo estaba dando una conferencia sobre Joaquín Lencina (a) Ansina. Uno de los asistentes -un hombre mayor de raza negra- me preguntó cuál era mi opinión sobre los poemas que se le atribuían. Yo le expliqué que, a mi juicio, eran falsos. Le detallé largamente mis argumentos que eran de orden histórico, lingüístico y literario. El hombre no quedó conforme. Con mucha vehemencia me dijo que estaba convencido que Ansina era una persona letrada. Yo creía tener un "as en la manga" en esa discusión, que se desarrolló con altura y respeto mutuo: los poemas en cuestión eran una copia de unos presuntos originales comprados por un misterioso e inhallable coleccionista brasileño. En otras palabras: los poemas de Ansina de su puño y letra no podían ser analizados por los historiadores. La prueba esencial, el objeto de estudio, no estaba. Así se lo dije y el hombre me preguntó: ¿quiere Ud. decir que porque Ansina era negro no podía saber leer y escribir?

Fue en ese momento que se me cayó la venda de los ojos. La polémica no era sobre la verdad histórica, sino que se trataba de sentimientos muy profundos que tenían que ver con la propia identidad de las personas, con sus sensibilidades más delicadas. ¿A dónde quiero llegar? Muchísimas veces lo importante es lo que queremos y/o necesitamos creer sobre la historia y no la realidad misma, por más documentada que esté.

Me explico mejor:

Durante mucho tiempo estuve convencido que Dan Mitrione había sido un sádico torturador de la CIA y si bien nunca justifiqué su asesinato, lo entendí comprensible. Después de todo los tupamaros habían matado a un ser detestable y -esto es lo esencial- en mi fuero íntimo no deseaba creer que los tupamaros hubieran sido capaces de matar, a sangre fría, a una persona indefensa y, además, inocente de las insanias que se le achacaban. Fue mi propia pasión por la investigación la que me llevó a la verdad. Mitrione no era un sádico torturador ni tampoco, agente de la CIA. Su asesinato fue para demostrar que el MLN era una organización guerrillera con cojones. Dijeron públicamente que, si Pacheco no liberaba a sus presos, ejecutarían a Mitrione. Pacheco no cedió y lo hicieron.

Las pruebas contundentes estaban (están) allí, en la prensa de la época, en los documentos (incluso del propio MLN), en los testimonios. Estaban (están) allí y solamente había (hay) que examinarlas para conocer la verdad. Pude haberme aferrado a mi creencia anterior, pero preferí beber el trago amargo y doloroso, asumir mi error y expresarlo abiertamente. Esto no implicó que dejase de pensar que el trato inhumano a los/las tupamaros/ras en presión haya sido reprobable o que me haya arrepentido de haberme manifestado a favor de la amnistía. Ellos pagaron largamente sus crímenes.

Creo que el relato oficial de la izquierda contiene una fuerte dosis emocional. El martirologio - real, no ficticio- de los años de dictadura ha colaborado con ello. Hay una épica de lucha, resistencia y heroísmo, que se basa en datos ciertos y comprobables, pero nublan la razón y el análisis objetivo. Priman sentimientos y emociones, y si algo está demostrado es que son elementos poderosísimos para conformar un relato. El relato genera mística y ella es la base de la identidad política. Dicho sea al pasar, colorados y blancos también conformaron su relato oficial y su mística.

No se trata de quienes formulan ese relato, sino de la predisposición a aceptarlo en forma acrítica por quienes lo reciben. Pero, caramba, ¿acaso Cristo no resucitó y ascendió a los cielos? Esto es polémico, lo admito, pero a mi entender ahí está el nudo de la cuestión. El problema no está tanto en el emisor sino en los/las receptores/ras.

¿Tiene solución? Sinceramente no lo sé. Acaso cuanto más se pluralice el relato histórico más cerca vamos a estar de la verdad objetiva y de superar los traumas del pasado reciente.


Cendoya no tiene credibilidad

"El pez por la boca muere", reza un viejo y sabio dicho popular. En la medida en que el exdirector de Ursec y candidato del Frente Amplio, Dr. Nicolás Cendoya, siga hablando, pierde más credibilidad. Más allá de lo que disponga la Justicia, sus explicaciones ya lo condenan como una persona irresponsable.

Saltó a la fama en pocos días y rápidamente se calzó el uniforme de víctima, ese que en la sociedad uruguaya suele dar buenos resultados: me atacan porque quieren desmantelar Antel, dijo, quizás sin poder medir la enorme desproporción de sus opiniones.

Investigado por la Justicia en dos procedimientos distintos, uno referido a su polémica gestión en la Ursec -la Unidad reguladora de los servicios de comunicaciones- y otro que tiene vinculación con la sospechosa desaparición de documentos en esa repartición pública, Nicolás Cendoya cuenta hasta ahora con un decreciente apoyo del Frente Amplio para ser director de Antel. Primero lo respaldaba la coalición opositora en su conjunto, ahora lo apoya sólo el MPP; ya que ni siquiera Mujica lo defendió a rajatabla, dado que el veterano y hábil expresidente apoyó a Cendoya hasta por ahí nomás, rehusándose a contestar -lo demás no sé, dijo "el Pepe"- cuando le preguntaron por la honestidad del candidato.

Cendoya sostuvo que no había hablado con uno de los acusados, pero los videos demuestran lo contrario. Aseguró que el actual presidente de Antel, había trabajado en la competidora Claro, lo que ha sido terminantemente desmentido por el ingeniero Gurméndez.

A su vez, el doctor Cendoya aseguró que el gobierno quiere desmantelar Antel, recordando que a él le tocó la misión de defenderla en diversos juicios que se hicieron en su contra. Vestido con el traje de supermán, como lo calificó con elocuencia Guzmán Acosta y Lara, director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), Cendoya inventó esa situación, ya que en varios de esos juicios no actuó como abogado de Antel, sino apenas como testigo.

Acosta y Lara aseguró que Cendoya ha perdido credibilidad, ya que las acusaciones demuestran que "evidentemente toda la secuencia de hechos que él ha planteado no son coherentes, dejan dudas, no son transparentes".

Además, agregó: "Yo no me reúno en un auto a oscuras de noche con personas que son indagadas en un proceso de una investigación administrativa. Y menos que después sé que voy a tener consecuencias penales. Sin lugar a dudas, no es transparente su accionar".

En la misma línea, agregó: "Él dice que es la persona más capacitada para ser director de Antel. Publica en su página web, de su estudio personal, como que ya es director de Antel. Después la baja. Son conductas que no corresponden para lo que pretendemos que sea esta nueva administración en donde la transparencia sea un elemento fundamental, la ética sea un elemento clave y, sin lugar a duda, que la ciudadanía no tenga duda de las cosas que ocurren en este gobierno".

A su vez, sostuvo que el frenteamplista "está vestido con la capa de superhéroe defensor de Antel", ya que el supuesto desmantelamiento de la empresa estatal es una "cosa totalmente contraria a lo que el gobierno pretende hacer".


La otra cara de la lucha por la seguridad: inauguran aulas para cursos a 420 presos

El Ministerio de Interior puso en marcha dos acciones clave para intensificar los cursos de aprendizaje de los reclusos, lo que se considera imprescindible para su rehabilitación.

A poco de asumir sus nuevas autoridades, el Ministerio de Interior puso en marcha la instalación de nuevas aulas para los reclusos y la posibilidad de que realicen más deporte.

Por un lado, las autoridades del Ministerio del Interior comenzaron a aplicar el Plan de Dignidad Carcelaria 2020 - 2025, que presentó el ministro Jorge Larrañaga en el Parlamento reciente. El Plan contiene 12 medidas para tratar de modificar la vida de los presos. 

Este lunes en la Unidad N.º 4 (exComcar), la cárcel más poblada del país, se presentaron 12 aulas construidas por una cuadrilla de 24 internos. Allí 420 presos podrán acceder a educación primaria, secundaria y cursos de educación no formal.

Por aparte, el Ministerio y la Secretaría Nacional del Deporte firmaron un convenio por el que las personas privadas de libertad realizarán deportes y también trabajarán en el mantenimiento de las plazas de deportes del interior de Uruguay. Para ello, recibirán cursos de albañilería, herrería, carpintería o electricidad, acción por la que tendrán un oficio al momento de dejar el sistema carcelario para procurar reinsertarse socialmente.

En ese sentido, el ministerio informó que en todas las cárceles del país estudian 3.880 personas, al tiempo que se anotaron para los cursos de primaria, secundaria y universidad 5.387 presos.

Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dijo que "si una persona no se prepara culturalmente con la enseñanza, después cuando recupere su libertad va a ser difícil la reinserción en la sociedad".

También envió un mensaje "a los internos" al señalar: "Nosotros le abrimos la puerta a ustedes, del trabajo así como de tratarlos como seres humanos, que corresponde. Acá no hay ninguna discriminación. Ustedes son uno más. Queremos tratarlos como corresponde. Ustedes solamente están privados de libertad. Les pido de corazón que aprovechen las oportunidades que le estamos dando".

Respecto a otra de las obras del Plan de Dignidad Carcelaria, como la reparación del "100% de las plazas que se encuentran destruidas", Mendoza indicó que no puede ser que haya módulos que "no tengan las condiciones mínimas", y agregó que para ir a clases el recluso "tiene que comer bien y dormir en un lugar digno de un ser humano".


El MGAP y el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por Tomás Laguna

La creación de un Ministerio de Ambiente está previsto en la Ley de Urgente Consideración, y seguramente fue uno de los enunciados que contó con mayor apoyo de todo el espectro político. El MGAP tiene hoy también competencia en temas ambientales que no se deberán desconocer.

Nos cabe la duda si era necesario elevar toda esta disciplina a la jerarquía de una Secretaría de Estado, si no era suficiente con re-jerarquizar la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) dotándola de mayores recursos, principalmente técnicos, en su ámbito actual del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, y Medio Ambiente (MVOTMA). Tenemos nuestras prevenciones por este aumento de jerarquías, y no precisamente por una actitud inconsciente o necia ante uno de los problemas más sensibles de la humanidad hoy. En definitiva, este nuevo ministerio merece explicarse ya no para responder a los fundamentalistas ideológicos del naturismo, sino porque ante las crecientes exigencias y mandatos que surgen desde los organismos internacionales y de los propios mercados, el cuidado del ambiente en su multiplicidad de aristas y áreas sensibles se convierte hoy en una disciplina dónde no solo hay que ser sino también parecer. Atendiendo esto último es comprensible la existencia del nuevo ministerio.

La mayor preocupación parte de un hecho constatado a lo largo de los últimos años, y es que invocando fundamentos ambientalistas no se condicione la producción nacional tanto en la agropecuaria como en la industria. La preocupación es real a partir de lo ocurrido durante el gobierno del conglomerado de izquierda, y podemos mencionar ejemplos.

La industria del cuero en nuestro país, de reconocimiento externo por la calidad del producto elaborado, se vio fuertemente cuestionada desde hace algunos años por la caída en la demanda mundial de cuero para tapizado de autos. Una de nuestras principales plantas, la empresa Zenda, había logrado un mercado externo para colocar la viruta del cuero. Un subproducto contaminante cuya alternativa era la destrucción como deshecho industrial con elevados costos. Se trataba de exportar un deshecho industrial a un mercado europeo dónde las exigencias ambientalistas son extremas. Los italianos tienen hoy la tecnología requerida para reciclar y transformar en utilizable con otros fines lo que acá debería ser destruido. Finalmente ocurrió que la inflexibilidad casi obtusa de DINAMA impidió su exportación cambiando un posible ingreso por un enorme costo sin opción desde que la planta de deshechos es una sola en el país. Se trata de un ejemplo conocido a nivel industrial.

En la producción agropecuaria los ejemplos son varios. La producción agrícola moderna se basa en el conocimiento biotecnológico como ciencia que opera sobre sistemas biológicos y organismos vivos, con el superior objetivo de lograr la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. En esa rama del conocimiento, los organismos genéticamente modificados han permitido ahorrar en la aplicación de agroquímicos, racionalizar el uso del suelo además de otorgar características deseables al producto obtenido, sea por uniformización de la producción o mejora en aspectos cualitativos del producto final. No existe evidencia científica que demuestre su impacto negativo, en todo caso se los habilita luego de rigurosos procesos de evaluación. Pero ocurre que la biotecnología aplicada a la agricultura carga con una culpa que la ha transformado en objetivo ideológico primero, político luego. Los organismos modificados genéticamente se transformaron en uno de los terrenos preferidos por el ambientalismo eco marxista y anti sistema en su lucha final contra las multinacionales. Así fue que en el primer gobierno del Dr. Vazquez se instituyó una moratoria para la aprobación de nuevos eventos transgénicos, con lo que al cabo de los años se generó un grave rezago tecnológico principalmente frente a nuestros competidores de la región. Finalmente, en diciembre de 2017 y por orden del Presidente de la República ante lo inminente del atraso tecnológico se convocó al Gabinete Nacional de Bioseguridad, se logró aprobar por mayoría una serie de eventos en soja y maíz que ya eran de uso en la región, con la abstención de la ministra del MVOTMA y del ministro de Salud Pública. Situación grotesca porque es de suponer que la firma de cada ministro en su área es la garantía de salvaguarda en la inocuidad del nuevo producto aprobado. Pero para ambos ministros primó lo ideológico antes que la sensatez y pragmatismo en el ejercicio del cargo.

Son apenas dos ejemplos de cómo desde el trono de una jerarquía de Estado se puede generar daños severos a la producción nacional. Pero cuidado que esto no es patrimonio de la izquierda eco-marxista. Con el voto unánime de todo el espectro político se aprobó en el año 2018 la ley de agroecología. A partir de supuestos falsos, más parecidos a proclamas de barricada o "cliché" políticos que otra cosa. A saber: exclusión de los productores familiares de los sistemas convencionales de producción, modos de producción socialmente justos, modos de producción sostenibles desde el punto de vista ambiental, preocupación por la producción libre de agroquímicos y de transgénicos, soberanía y seguridad alimentaria. Decíamos por entonces desde estas páginas que nuestro país exporta entre el 70 y el 90% de los alimentos que produce, poder seguir haciéndolo es lo que determina nuestra soberanía y seguridad alimentaria. La mala cosecha de trigo y cebada de fines del 2017 y los efectos de la sequía en sorgo, maíz y soja en el 2018 determinaron pérdidas del orden del 40 al 60% en el valor de las exportaciones. Aquello fue circunstancial, un contratiempo climático, con los sistemas de producción que promueve la ley de agroecología las perdidas serán permanentes. Alegremente, con el temor de quedar expuestos frente a lo "políticamente correcto", sin mayores consideraciones nuestros parlamentarios aprobaron una iniciativa que promueves modelos de producción contrarios a los intereses agro-exportadores del país, y como consecuencia, contrarios también a su desarrollo económico.

Podríamos mencionar otros casos como las campañas para asustar incautos en contra de la producción granjera a partir del uso de agro químicos (en forma equívoca y mal intencionada llamados "agro-tóxicos") lo que daría para otra nota, decíamos con estos antecedentes preocupa la entronización de un ambientalismo de espaldas a la producción, o mejor dicho, al agro-negocio productivo que es lo que le genera ingresos al país.

La nueva institucionalidad será un hecho a partir de la aprobación de la LUC, lo que no debe significar que el MGAP como ministerio de la producción quede relegado en sus competencias, en particular preservando los ámbitos de acción de la Dirección General de Servicios Agrícolas y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Los criterios ambientales para una producción sustentables en cumplimiento de las más rigurosas exigencias internacionales deben ser objeto de una única política pública al servicio de la producción y no para atender preconceptos ideológicos o "tendencias" frívolas de una sub cultura pseudo naturista.


Martín Zubía

A temprana edad falleció Martín Zubía, un muy querido militante colorado.

A los 31 años y vencido por un cáncer fulminante, falleció el Dr. Martín Zubía, hijo del ex Fiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía, un joven que se hizo querer en términos fraternales por quienes compartieron con él la actividad partidaria.

Jovial, alegre y de mano tendida, Martín irradiaba vitalidad y esperanza. Abrazó la causa colorada con vocación y espíritu de servicio, lo que hacía pensar que estaba destinado a desarrollar una promisoria carrera política.

La muerte de personas jóvenes y generosas golpea más y en ese sentido, no hay palabras de consuelo. En todo caso le trasmitimos al diputado Zubía y a su familia un sincero y solidario abrazo.


Y no hay dos sin tres

Por tercera vez en menos de un año, el Tribunal de Cuentas rechazó el proceso de compra de luminarias iniciado por la Intendencia de Montevideo a un costo de US$ 21,5 millones. De acuerdo al organismo de contralor, la comuna capitalina viola los principios de "buena administración" y de "igualdad de los oferentes".

Según publicó El País, la historia de las luminarias millonarias comenzó en noviembre de 2019 cuando la Intendencia de Montevideo adjudicó la compra a la empresa Prodie. Tres meses después, en febrero del presente año, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto y el Intendente Di Candia decidió revocar la licitación.

De acuerdo al fallo del Tribunal de febrero, el gasto es observado producto a que "no se trató por igual a las empresas oferentes, pues habiendo radicado la administración denuncias penales cercanas en el tiempo contra las mismas, en un caso se descarta a un oferente por carecer de confianza para contratar y en el otro se le adjudica la contratación".

Entre otras cosas, el fallo del Tribunal se basa en la propia denuncia que, cinco meses antes de la adjudicación, el propio Director de Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, había resuelto hacer ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de "delictivos" en el llamado a licitación: "certificados falsos".

No obstante, a fines de mayo de 2020, el Intendente Di Candia decidió contradecirse y volver a aceptar la oferta de Prodie. En primer lugar, desde la Intendencia se argumentó que el cambio de decisión obedece al ahorro de unos 6 millones de dólares; sin embargo, una de las empresas competidoras dijo a El País que la diferencia entre los oferentes es de 2 millones de dólares y no de 6 como argumentan en la comuna. En segundo lugar, pese a que Prodie ofrece luminarias chinas -frente a lámparas de empresas como General Electric- la Intendencia argumentó que la empresa ya había ganado licitaciones y sus lámparas habían funcionado correctamente.

En una resolución del 24 de junio de 2020, el Tribunal de Cuentas volvió a rechazar la compra. Según los detalles a los que accedió El País, el organismo argumenta que "se retrocedió" en el procedimiento de contratación, al volver la IMM a analizar las ofertas para la compra de las 70.000 luminarias.

Y agregó que, "al realizar la valoración de las propuestas, la intendencia ignoró los antecedentes de Prodie, en especial su conducta en el procedimiento frustrado, por lo cual el procedimiento de la IMM colide con el principio de buena administración establecido por la Constitución de la República".

Por ende, continúa, "no correspondía" que la Intendencia adjudicara la millonaria compra sin que previamente se resolviera la investigación penal llevada a cabo contra Prodie y, en caso de confirmarse los hechos denunciados, dicha firma "debería ser sancionada" por su "proceder arbitrario" al principio de buena fe en las contrataciones.

Finalmente, el Tribunal cuestionó a la Intendencia por no cumplir con el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera -ya que no permitió que la empresa Habilis tuviera acceso a la totalidad del expediente de compra de luminarias- y por no haberle remitido información contable relacionada con el gasto por la compra de las 70.000 luminarias.

En definitiva, como sostuvimos en una nota anterior, no sabemos si la luminaria millonaria de Di Candia brillará alguna vez, pero lo que si brilla por su ausencia es la transparencia del Frente Amplio en la utilización de los dineros públicos. Montevideo demanda un cambio, uno de verdad como el que comenzó en marzo a nivel nacional.


El falso relato de la buena administración en Montevideo

El último balance presentado por la Intendencia de Montevideo dejó en evidencia el falso relato de "buena administración" con el que el Frente Amplio pretende conservar su último bastión electoral. El déficit acumulado de la comuna es de 63,5 millones de dólares y el endeudamiento comprometido hacia adelante de 213,5 millones de dólares.

En las últimas semanas, la Intendencia de Montevideo entregó a la Junta Departamental su último Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2019. Pese al descaro frenteamplista de presentar las cifras bajo el título "inversión récord y ahorros disponibles para mitigar los impactos del Covid-19", a continuación repasamos lo que se esconde detrás de la supuesta "fortaleza financiera" del quinquenio Martínez-DiCandia.

Según los datos sistematizados por El País, a partir del Balance presentado por la Intendencia, el panorama es desolador: el déficit anual -relación de ingresos y egresos- es de US$ 10,6 millones; el déficit acumulado de US$ 63,5 millones -US$ 3 millones más que el año anterior; y el endeudamiento comprometido hacia adelante de US$ 213,5 millones -US$ 10 millones más que el ejercicio 2018.

Luego de tres balances positivos y pese a una recaudación de US$ 685 millones durante 2019 -casi dos millones de dólares por día de lunes a domingo-, la Intendencia obtuvo una relación de ingresos y egresos negativa. Como se adelantó, el déficit anual de 2019 fue de US$ 10,6 millones, cifra que supera los ahorros que se habían logrado en los tres años anteriores.

Por su parte, al endeudamiento comprometido hacia adelante, de US$ 213,5 millones, debe sumarse el famoso "Fondo Capital" que representa casi US$ 100 millones más que deberán ser abonados por las futuras administraciones. Finalmente, el déficit acumulado, que no es otra cosa que la sumatoria de saldos negativos entra lo que entra y lo que sale, volvió a aumentar, está vez en US$ 3 millones.

Cabe reafirmar que estos "números en rojo" corresponden al ejercicio 2019, es decir, no tienen en cuenta el impacto de la pandemia en curso. Por lo tanto, como bien sostuvo la candidata del cambio, Laura Raffo, es claro que son malos administrando: "Si con buena recaudación no fueron eficientes, ¿qué cabe esperar en crisis?"

Esta es la pregunta que cada montevideano debe realizarse en septiembre cuando concurra a votar. Montevideo necesita un cambio urgente.


La vergüenza del muro

Por Consuelo Pérez

En nuestro país ha cambiado el gobierno, y con él, la forma de concebir la sociedad. El mundo todo se ha transformado en pocos meses. Pero persiste en la oposición y en sus herramientas, el aferrarse a conceptos, actitudes y acciones vinculadas con regímenes fracasados, insensibles además a los actuales problemas, y desconociendo la voluntad popular.

Antes que nada, recordemos que la mayoría de los ciudadanos de este país optó sabiamente por el cambio que se produjo, y que las acciones negativas, totalitarias algunas y con ánimo siempre destructivo, provienen de la minoría, o de una parte de ella, lo que de constatarse así, sería mejor aún para la preservación de nuestra Democracia. Mencionamos este tópico para poner en su lugar las cosas, y recordar a quienes tienen entre sus fines la oprobiosa tarea, que precisamente esas actitudes fueron parte de su propio fracaso, y reafirmar que aborrecemos la metodología, en la medida de que es contraria a la sana convivencia.

Ministros que reaparecen después de desconocerse su paradero mientras era analizada su anterior gestión por sus claras violaciones al funcionamiento normal, son recibidos con aplausos en el Senado. No porque los extrañaran, ¡sino como respaldo a su forma de actuar, durante y después!

Destrucción de documentos del Estado, censura a la libertad de expresión de un ministro, politización de la desgracia, patéticos desafíos a la recién comenzada gestión, se complementan con "escraches" hacia obreros que comen asado. Y este "combo", variado y para todos los gustos, viene de varios frentes que conspiran en conjunto: pasquines, algún senador comunista, redes, a través de votantes cautivos, y hasta expresidentes, en patéticas apariciones públicas.

Por supuesto que algunas de estas deleznables prácticas, apoyadas por representantes nacionales, y apañadas por gremios sin personería jurídica (que es la garantía democrática) se emparentan con las más oscuras de los regímenes totalitarios, y del fascismo. Y lo estamos viendo y viviendo a diario.

Ya decíamos en la anterior edición, que el desmembrado Frente Amplio no quiere, y no puede, hacer oposición constructiva, como una democracia necesitaría para crecer. Ahora, además, lamentablemente debemos advertir -aunque es demasiado obvio- que el conglomerado transita, por lo antedicho, por caminos ajenos a la Democracia, que son detestables, oscuros y peligrosos.

La coincidencia del cambio de gobierno con el cambio global que el mundo deberá transitar, es un regalo que algún "ser superior" -mantengamos la laicidad- nos ha brindado. Y no es necesario, creemos, explicar el motivo.

No podemos dejar de insistir, en que lamentamos que la tarea deba realizarse entre los escombros del muro que el Frente Amplio generó en nuestra sociedad, y que por el momento -sólo por el momento- no son suficientes para rellenar la brecha, o fisura, que se empeñan en mantener abierta.

Y a propósito de muros, recordemos lo que escribió Jean François Revel en su libro "La gran mascarada": "Lo que marca el fracaso del comunismo no es la caída del Muro de Berlín, en 1989, sino su construcción, en 1961".

Por supuesto que no analizaremos la problemática de la "fuerza política" opositora, porque no corresponde, y porque tenemos cosas mucho más constructivas para hacer, pero atentos a lo antedicho, y a los grupos que cobija y mandan, el lector tiene la palabra.

Mientras tanto, para la Coalición, el desafío es enorme, como lo es la tarea.


Una dolorosa muerte que a nadie deja indiferente

Por Jorge Ciasullo

Asumiendo en conferencia de prensa responsabilidad suya y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el ministro Pablo Bartol se refirió a la muerte de una persona en situación de calle, admitiendo que hubo fallas, y comprometiéndose a buscar una mayor coordinación entre los sectores involucrados, como el Mides y la Fiscalía.

En la mencionada conferencia, el ministro se refirió a la instrumentación de un sistema que permita dar una respuesta en cualquier caso ante una solicitud como la que provocó la tragedia, cuando una personas en situación de calle requirió refugio a las 20 horas, momento en que no había cupos, pero sí los hubo a la hora 23, en la segunda "pasada de lista", cuando personas que tenían asignado el lugar no se presentaron.

Luego se sucedieron hechos conocidos, una situación de violencia, detenido el solicitante y liberado pocas horas después por orden de la fiscal interviniente.

Por esa razón, el ministro ha anunciado una solicitud de audiencia al Fiscal de Corte, con el objetivo de coordinar acciones, en caso similares, por medio de un programa que vincule a todos los intervinientes y que incluye un vehículo para el traslado del solicitante al refugio donde exista lugar o, eventualmente, asegurar que la persona no quede a la intemperie.

Como no podía ser de otra manera, desde todos los sectores del Frente Amplio, se alzaron encolerizadas voces, clamando justicia y castigo.

Lo llamativo es que esas mismas voces, no mostraron igual sensibilidad, cuando el Mides, bajó la conducción de Marina Arismendi y Ana Olivera, no pareció preocuparse mucho por quienes permanecían en situación de calle. Sus preocupaciones iban por otro camino, camino que conducía a contratar espacios que fungían como refugios, pero en él funcionaba una radio comunitaria, o refugios contratados en forma directa, sin licitación y sin mayores controles, todos a cargo de ONG compañeras.

También su preocupación pasó por el llenado de 15 direcciones- "que actuaban como reinos, cada una manejando a discreción cuantiosos fondos y donaciones".

Y tan no se preocuparon, que en la misma conferencia el ministro Bartol, reveló algunas cifras: en el año 2006-según el Mides- había 739 personas en situación de calle, 320 de ellas a la intemperie. En el año 2019, dormían en la calle 2038 personas, de ellas 1043 a la intemperie.

El ministro informó que durante los cuatro meses de gestión se crearon 500 cupos nuevos, aunque "no alcanza" · "...el déficit de cupos viene desde hace años, en la actualidad hay más de 1.000 personas que duermen en la calle"

"De 1.150 (cupos) pasamos a 1.600 y más. Casi llegamos al 50% de los cupos extras en cuatro meses. Pero todo esto es nada cuando nos enfrentamos a un caso como el de Gustavo", el joven muerto la otra noche, concluyó Bartol.

Ante este esfuerzo, que continuará, la oposición acusa como irregular la contratación como refugio, de un hotel para albergar de inmediato a la población más vulnerable-mayores de 65 años- por el hecho de que la sociedad propiedad del mismo, la integra un pariente político de una exsenadora. Lo que se omitió decir es que el costo mensual por cada persona es de $9.600 mensuales, en cambio en refugios (compañeros)se pagaba $ 37.000 mensuales, si bien con algunas comidas. Pero la diferencia más importante es que en los nuevos refugios, las personas tienen llave de su habitación y pueden entrar y salir libremente. Contrariamente a aquellos refugios que tiene horas establecidas de ingreso y salida, para bañarse y hasta para apagar la luz.

En definitiva, hay un gran esfuerzo y deberá seguir habiéndolo para contemplar a los más débiles, muchos abandonados a su suerte hace años, o ¿alguien cree que el aumento de personas- censo mediante- en situación de calle se produjo por generación espontánea a partir del 1º de marzo?

Es que la preocupación era por un lado para la tribuna, por otro por medio de cargos de confianza, altos salarios y compensaciones, hacer crecer el porcentaje obligatorio de contribución a las arcas del Frente Amplio, para su uso con fines propagandísticos.

Una vez más los números son números, en este caso, una bofetada a quienes se autodenominan como defensores de los débiles, mientras su prioridad es acomodar a los compañeros.


Recordando a Hugo Batalla

Por Marcela Pérez Pascual

Mañana sábado 11 de julio Hugo Batalla cumpliría 94 años. Abogado, político y Vicepresidente de nuestro país. Pero por sobre todo un hombre sencillo, amable, trabajador, siempre con una sonrisa y muy de su familia.

Quinto y último hijo del matrimonio entre Felipe y Herminia. Él inmigrante y ella hija de inmigrantes ambos italianos. Nació en Pueblo Victoria. Se formó en la escuela pública, a la cual amaba y defendía. Hombre sencillo y del barrio que lo vio nacer. Se casó con Hilda Flores un 25 de marzo de 1954. Tuvieron una hija, Laura Batalla, casada con Sergio Gamarra y dos nietos, Valentina y Joaquín.

Su primer cargo electivo lo obtuvo en el período 1955-1959 como presidente de la Junta Departamental. Fue legislador en varias oportunidades, la primera a partir de 1963, cuando casi ininterrumpidamente ocupó una banca hasta la ruptura institucional. En 1969 llegó a presidir la Cámara de Diputados.

Entre 1973 y 1985, período militar en nuestro país, fue abogado defensor de políticos y otras personas presas por el gobierno de facto, entre ellos Líber Seregni, demostrando su lado humano, solidario y siempre fiel a sus ideas y principios.

Luego de la restauración Democrática su sitio fue el Senado, teniendo el honor de presidir ambas cámaras.

En 1984 su figura alcanza uno de los puntos más altos a nivel político. Encabeza la Lista 99 y obtiene tres Senadores y once Diputados. Muchos lo empujan a postularse a la Presidencia. En 1989, acompañado por José Manuel Quijano se postula a la presidencia obteniendo dos Senadores y nueve Diputados. En 1990 el entonces Presidente Luis Lacalle Herrera le ofrece el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pero él opta por quedarse en el Senado.

En 1994 es electo Vicepresidente de la República en fórmula con Julio María Sanguinetti, cargo que ocupará hasta su fallecimiento el 3 de octubre de 1998.

Sin duda partió temprano. Es y siempre será una figura que hace falta y su ausencia se siente mucho en el ámbito político y personal. Fue y sigue siendo una despedida muy triste.

Tuve el honor y el privilegio de conocerlo y poder forjar una amistad con él y su familia. Cuando lo conocí tenía apenas 15 años. Me preguntaron que me parecía el Vicepresidente de mi país y mi respuesta fue: "Es como un abuelo bueno". Y así es como lo recuerdo, más allá de todos sus logros y aportes a nivel social y político, él era una persona buena, amable, cercana, cariñosa y con muy buen sentido del humor. Siempre que se estaba con él uno sonreía y reía.

Quiero resaltar, por sobre todas las cosas, que fue un hombre tolerante hacia todos y siempre buscó la coherencia tanto en sus actos como en sus palabras. Lamentablemente no todos supieron entenderlo y respetarlo.

Tal como lo dijo el Presidente Sanguinetti al definir a Hugo Batalla en su sepelio, era "un hombre al cual el corazón le impregnó la razón, el sentido de la vida, la actitud ante sus semejantes, el espíritu que lo animó cada día para salir con su clásico optimismo y su sonrisa jovial a trabajar, a servir, a ayudar. Fue su corazón una fuente ilimitada de bienes. Y no fue simplemente un sentimiento que se agotaba en sí mismo, sino el sentimiento fecundo que se hace un proyecto de vida."

Se volcó por completo cada día a dar lo mejor de sí para los demás, especialmente los jóvenes. Él decía que los jóvenes no eran el futuro sino el presente. Buscó siempre el cambio siendo un constante innovador en todos los ámbitos de su vida pero especialmente en la política, buscando poner a nuestro país a la vanguardia. Un verdadero Batllista, comprometido con las causas sociales, adelantándose a ellas, para poder ayudar a los que más lo necesitaban.

Nunca se dejó guiar por los aplausos o adulaciones. Su Norte siempre fueron sus ideales, sus valores y su familia. No siempre fue comprendido, pero él se mantuvo firme y tranquilo de saber que cumplía con su deber y su conciencia.

Su serenidad, su sonrisa, su picardía y sus chistes oportunos hacían que estar con él fuera un verdadero disfrute y privilegio. Compartiendo generosamente su conocimiento y experiencia. Nunca hizo alarde de su posición o investidura. Por el contrario, quienes lo conocimos siendo Vicepresidente debíamos pellizcarnos para recordar que quien teníamos enfrente no era un ciudadano común. Su sencillez y humanidad fueron una constante en su vida.

Recordamos a Hugo como un hombre de paz, demócrata y republicano. Un verdadero caballero de los que hoy hacen mucha falta. Una persona noble, sencilla, humana, trabajadora y abocada a los más necesitados. Siempre con una mano tendida.

Yo lo recordaré siempre como ese "Abuelo Bueno" que pude conocer en la esfera íntima. Alguien que siendo Vicepresidente me recibió en su casa un sábado al mediodía para compartir con su esposa, hija, yerno y nietos unos capelletis a la carusso. Privilegio y honor que agradeceré por siempre.


¿Estado obeso o clientela?

Durante los gobiernos del Frente Amplio los vínculos laborales con el Estado crecieron más del 30%. En 14 años, de 2005 a 2019, se presupuestaron más de 70.000 personas, un promedio aproximado de 5.000 nuevos funcionarios públicos por año.

El pasado miércoles 1° de julio, ingresó al Parlamento la última Rendición de Cuentas del gobierno frenteamplista a cargo del expresidente Vázquez. Según la información presentada por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que publicó el semanario Búsqueda, los vínculos con el Estado no pararon de crecer en las sucesivas administraciones frenteamplistas.

Al inicio del último gobierno colorado en el año 2000, Uruguay contaba con 236.098 funcionarios públicos. Al término de ese período de gobierno, había 229. 454 vínculos con el Estado, es decir, unos 6.664 funcionarios menos, lo que representa una disminución del 3%. En ese entonces, el Partido Colorado se habia comprometido a no "engordar" más el Estado y de ser posible "reducir su peso".

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno nacional, la cantidad de funcionarios públicos se disparó administración tras administración. Durante el primer gobierno del Dr. Vázquez, ingresaron 18.703 nuevos funcionarios. En la administración del Sr. Mujica, la cifra ascendió a más del doble, con 44.316 nuevos vínculos. Finalmente, el segundo mandato del Dr. Vázquez tuvo un nuevo crecimiento con 8.981 funcionarios.

De 229.454 funcionarios públicos con los que el Partido Colorado entregó el gobierno en 2005, se pasó a la sideral cifra de 301.454 funcionarios públicos con los que el Frente Amplio finaliza su último mandato. 72.000 nuevos vínculos que representan un aumento de 31,37% durante las administraciones frenteamplistas.

Por si fuese poco, es menester aclarar que a los 301.454 funcionarios es necesario sumar los 11.424 vínculos actuales que no revisten calidad de empleado público, pero que igualmente dependen de un salario del Estado.

Mientras el Frente Amplio prepara un relato para "rebatir" la "teoría de la herencia maldita", los números hablan por sí solos. Digan lo que digan, ¡hay herencia y es maldita!


Las telecomunicaciones en el interior rural son muy malas

Por Frank Zorzin

Cuando estoy trabajando en el campo, dependo de la torre retransmisora de la localidad de Colón (Ruta 8 - Lavalleja), tanto para Ruralcel como para Ancel. La comunicación es aérea y no hay obstáculos entre la torre en el horizonte y la antenita adosada al techo de mi casa. Desde que fue instalado el servicio en 2003, la comunicación es lenta.

Esto se debe a que dicha torre no tiene capacidad de conmutar los requerimientos que se le exigen y año tras año la cantidad de usuarios aumenta junto al volumen de datos mandados y recibidos.

Es de suponer que una empresa de telecomunicaciones que desea vender un buen servicio, moderniza sus equipos con asiduidad. Entiendo que son caros y hay muchas torres retransmisoras que atender a lo largo y ancho del País, pero es cada vez más tangible el desfasaje entre el costo de la tarifa y la calidad del servicio.

Si quiero trabajar online, debo tratar de hacerlo entre las 00:00 y 09:00 en donde hay menos usuarios utilizando el servicio, cosa que no tiene mucho sentido sabiendo que el trabajo de campo se hace de día. Uno va a dormir a la misma hora que las gallinas y se levanta con el trinar de los pajaritos.

Tratar de mirar una película por Internet directamente se convierte en tortura. Si bien este manco alienta la lectura en soportes de papel, no creo que eso sea la finalidad del ente.

Ni mencionar cuando llueve o hay tormenta eléctrica. Directamente no hay señal durante días y si de paso se corta la luz, emulamos la vida de campaña del siglo XIX con farolito a mantilla y velas.

Debido a esta ineficiencia de conectividad, para trabajar online, debo trasladarme a la capital, en donde sí tengo internet dedicado. Eso conlleva a que se desatienda el campo, lo que complica y aumenta costos operativos.

Los equipos regionales de técnicos de Antel que atienden los reclamos, hacen lo que pueden y doy fe de que se esmeran con mucho empeño en reparar y garantizar esa conectividad mínima, pero recién lo pueden hacer cuando despunta el día y a veces pasamos toda la noche sin conexión, con la incomodidad y riesgos que la dependencia actual de conectividad implica.

Obviamente Antel no descuenta los días sin servicio de la tarifa en la tasa básica, faltaba más. Viva la arrogancia feudal del monopolio. Reclámele a Magoya o termine hipertenso en las amansadoras pregrabadas de la "Atención al cliente" en donde las primeras 5 opciones presentadas nunca son las que uno necesita en ese momento. Además, si no hay servicio, tampoco funciona el celular, lo que implica que uno tiene que trasladarse 15 km hasta Mariscala o subirse a un cerro para recibir algún retazo de señal.

Y en esos lapsos de "conectividad cero", uno tiene la prueba irrefutable que el gasto del Antel Arena además de excesivo, fue innecesario e inoportuno. Si esos US$ 100 millones se hubieran gastado en mejorar los equipos de las torres retransmisoras rurales, la conectividad en el Uruguay sería mejor y más estable, no habría tantas interrupciones y en tiempos de pandemia o sin ella, todos se podrían comunicar desde sus casas cómodamente sin incidir si están en "donde dobla el viento" o en la Torre Ejecutiva. Además, sobraba dinero y Antel ya estaría amortizando la inversión porque más usuarios se conectarían y consumirían más datos.

A la hora de discutir el proyecto de Ley de la desmonopolización del servicio de Internet, saldrán a recordarnos que Antel es de todos, que es patrimonio de los uruguayos y más de uno se desgarrará las vestiduras implorando para que todo siga como está y se presupuesten miríadas de contratados que no evitan que siga siendo un servicio caro, lento y malo, salvo en las ciudades, en donde generalmente sólo es caro.

Da la casualidad que aquellos que se inmolarán por Antel son de las mismas filas de la ingeniera que orquestó ese despilfarro, que, en vez de honrar la austeridad y la genialidad precursora con la que Leonel Viera hiciera el Cilindro Municipal (admirado en todo el mundo), en contra de aquellos que le sugerimos que desista del emprendimiento y que ese capricho de quinceañera no está dentro de los lineamientos de servicios que debe prestar el ente, hizo oídos sordos, imponiéndose a brazo partido para hacer construir un Moloch que de genialidad no tiene nada, ni siquiera los artilugios y escusas para aumentar desvergonzadamente los costos.

Pienso en los alumnos de las escuelas rurales, que aunque puedan asistir a clases presenciales, a la hora de prender su "Ceibalita", les demora una eternidad cualquier consulta si tienen la fortuna de estar en un área con cobertura y probablemente nunca tengan la oportunidad de contribuir con su deber patriótico de amortizar el panteón de plástico de José Pedro Varela y Larrañaga, comprando una entrada para asistir a un espectáculo.

Si somos un "País Rural" y es el agro el que impulsa la economía, debe haber una conectividad garantizada digna del siglo XXI que merezca las tarifas que se imponen, y si Antel no es capaz de lograrlo con los holgados recursos que de por sí ya tiene con sus tarifas infladas, debemos mandar ese monstruo obeso urgentemente a un gimnasio, para que adelgace y aprenda que la única forma de perdurar es dentro de un mix de austeridad y eficiencia.

Comunicaciones lentas e inestables son un freno al progreso porque nos quitan competitividad y oportunidades.


Tres millones de nombres clave

Por Fátima Barrutta

"Es fácil, hasta tranquilizador, hablar del milagro uruguayo en la lucha contra el coronavirus. Pero es también un error. Que sea el único país de América con permiso para que sus ciudadanos y residentes viajen a Europa tiene una explicación con tres nombres clave: Gonzalo, Pilar y Daniel. Hay más, hubo otra gente muy importante, pero sin ellos tres la historia habría sido muy diferente".

Así comienza la nota de Infobae que el periodista argentino Sebastián Fest dedicó esta semana al caso uruguayo en la lucha contra la pandemia. Se trata de una pieza periodística que ha tenido una extraordinaria viralización en el país y de la que se pueden extraer muchas conclusiones.

Por un lado, el proceder responsable del ministro Daniel Salinas, quien inició una ronda de reuniones con los científicos uruguayos aun antes de asumir el primero de marzo, preocupado por un coronavirus que aún no había desembarcado en nuestro país y a contrapelo del director de salud del gobierno saliente, que escasos días antes había declarado muy suelto de cuerpo que el covid 19 no sería un problema para Uruguay.

La nota destaca a los biólogos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, de la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, que instruyeron al ministro sobre las amenazas y oportunidades que se vendrían encima a raíz de la pandemia, de acuerdo con los recursos científicos disponibles en nuestra tierra.

En ese sentido, el periodista se queda corto, porque si algo puede destacarse de este fenómeno, mirando hacia atrás, es que toda la comunidad científica tuvo un comportamiento ejemplar, más allá de las individualidades.

No hay duda de que nuestro "milagro uruguayo" no tuvo nada de casual: se dio porque el nuevo gobierno tomó la saludable decisión política de respaldarse en la ciencia, en lugar de hacerlo en el autoritarismo o la negligencia, como lo hicieron otros países. Y en la entrevista que el cronista de Infobae realiza al ministro Salinas, incluso cabe destacar la sobria humildad con que responde a su pedido de comentar el caso argentino: "sería un atrevimiento de mi parte dar un consejo a mis hermanos argentinos porque tienen técnicos excelentes. País de Premios Nobel de Medicina, de Química, el país de Favaloro... ¿Qué les voy a decir yo a los hermanos argentinos? Nada. Que estamos para ayudar en lo que se pueda, pero no para hacer polémica al santo botón".

Tengo, como batllista, mis naturales y obvias discrepancias con los socios de Cabildo Abierto en nuestro gobierno de coalición. Pero eso no me impide reconocer que este tipo de declaraciones reafirma nuestra convicción de trabajar todos juntos para poner en práctica una manera distinta de gestionar: sin mesianismo ni soberbia, sabiendo escuchar a quien corresponda y tomando en forma enérgica las decisiones que hacen falta. A la oposición no le queda otro espacio que apelar a los fuegos de artificio, a las acrobacias retóricas para convertir errores coyunturales en minúsculos escandaletes.

De este lado, del lado batllista, sumamos la fuerza de nuestro respaldo ciudadano a un gobierno que respeta la libertad individual y se asienta en la opinión de los expertos, al que incorporamos nuestra sensibilidad social y la vocación de justicia que van unidas a nuestra mejor historia.

Es verdad: Salinas, Moratorio y Moreno son "nombres clave" en el control de la pandemia. Pero no son los únicos.

También son nombres clave el del uruguayo que se quedó guardado más de un mes en su casa y ahora está saliendo con todas las previsiones de seguridad sanitaria, para volver a encender la máquina productiva. También el médico y la enfermera que se colocaron por vocación propia en la primera fila de lucha contra el virus, arriesgando su salud y su vida. Los maestros y maestras de todo el país, los policías, los deliveries, la gente que pone el hombro con generosidad y valentía para seguir construyendo este país entre todos y para todos.


Tercer nivel

Por Francisco Berchesi

Descentralizar para desarrollar las capacidades dirigidas a dar respuestas a las demandas ciudadanas, para aumentar la participación y fortalecer la democracia.

En la reforma constitucional de 1996 se separaron las elecciones departamentales de las nacionales, redefiniendo el comportamiento del elector y los elegibles, por motivos que explicaremos avanzado el escrito.

Luego, el 11 de marzo de 2008 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el Proyecto de Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana que dio lugar luego de diversos intercambios a la Ley N°18.567, promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de setiembre de 2009. Hoy rige a partir de ella y con modificaciones, la Ley N° 19.272 promulgada el 18 de setiembre de 2014.

Con la Ley 18.567 junto al Decreto 33.209 de la Junta Departamental de Montevideo se establece que hay una autoridad local que se denomina Municipio, configurando un tercer nivel de gobierno, en agregado al Gobierno Nacional y Departamental.

"Toda población de más de mil habitantes constituirá o integrará un Municipio y en cada uno habrá una autoridad local, ejercida por un Concejo Municipal" expresa la mencionada Ley. Esencia reflejada en un fragmento de Alberto Demicheli: "donde quiera que se establezca un límite sobre el ámbito geográfico, si se inicia allí una vida de comunidad, desarróllase de inmediato el sentimiento localista."

Ahora bien, analizaremos alguna estadística pertinente. La primera es el comportamiento del electorado previo y posterior a la reforma de 1996, que estableció la mencionada separación de elecciones.

Utilizando el Índice de Pedersen, el cual toma como valoraciones la volatilidad (porcentaje de votantes que cambiaron su voto entre ambas elecciones) y el partido ganador, vemos que en el período 1984-1994 en un 96,5% de los casos (55 de 57) el partido más votado en la elección nacional en un determinado departamento ganó asimismo la intendencia en el mismo ciclo electoral. En cambio, luego de la reforma, en el período 1999-2015, se aprecia una reducción sensible de esta tendencia, con un triunfo del mismo partido en solo un 61.8% de los casos (47 sobre 76).

La siguiente estadística que traemos a colación es la que refleja una caída del Frente Amplio en el ámbito municipal, pasando de 41 a 37 municipios entre el 2010 y el 2015, representando una caída del 9.8%.

Existe una tendencia de descenso reflejada en las elecciones municipales/nacionales pasadas (2014-2015) frente a las que las precedieron, siendo reafirmada en las elecciones nacionales del año pasado. Las tendencias nunca garantizan su continuidad, pero trabajaremos para que así sea.

"En suma, los departamentos se han convertido en realidades efectivas de nuestro vivir político y social, en hechos políticos concretos y condensados. Trátase de formaciones de locales dotadas de propia y sustantiva personalidad, vigorizada por el espíritu regionalista que los anima y por sus arraigados hábitos políticos." El Gobierno local autónomo, Alberto Demicheli


En la cumbre del Mercosur se reiteraron las diferencias

Por Alvaro Valverde Urrutia

La Cumbre de Mercosur "online" reitero las discrepancias que dividen a Brasil. Paraguay y Uruguay con Argentina, relativas a las posiciones sobre la profundización del proceso de integración, la inserción en el comercio global a través de la negociación de acuerdos de libre comercio y la rebaja del Arancel Externo Común; así como diferencias políticas-ideológicas. Esta distancia entre los socios ubica al gobierno argentino socialista en una posición aislada que se profundiza; mientras Brasil, Paraguay y Uruguay lo obligan a que finalice con las indefiniciones.

Argentina no puede seguir reticente a mantenerse "stand by en el esquema y que no se produzcan los cambios que pretenden los otros tres socios. Pareciera, que el nudo gordiano para el gobierno de los Fernández es si comienza a practicar una política comercial de apertura o si queda encerrado en su proteccionismo y en solitario, cada vez tiene menos margen para seguir intentando que todo permanezca inerte en el Mercosur.

Por ello, los tres socios expusieron sus propuestas para recomponer sus economías post pandemia orientadas a fortalecer el Mercosur, con el objeto de una mejor inserción en el comercio internacional mediante el acceso a nuevos mercados para los bienes y servicios y atraer inversiones. Mientras, Argentina continúo a la defensiva y protegiendo su sistema autárquico, si bien los otros socios reconocen que para algunos sectores industriales claves de ese país se pueden establecer excepciones en la reducción del AEC.

Brasil, Paraguay y Uruguay reiteraron y marcaron distancia con Argentina sobre su firme interés en acelerar la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio de las negociaciones en curso; así como la reducción del AEC. Lo cual significa la apertura del comercio del Mercosur hacia el comercio global.

Esa distancia con Argentina volvió a quedar de manifiesto porque el presidente Fernández no acompaño esos planteos y, sostuvo que no era el momento para abrir el Mercosur a las importaciones de terceros países, ya que eso afectaría sus planes post pandemia.

Como hemos sostenido desde un primer momento, al gobierno argentino el Covid-19 le vino como anillo al dedo, es decir, le sirvió como pretexto para mantener el impasse sobre las definiciones que le reclaman los otros socios sobre la apertura comercial, la flexibilización comercial y la baja del AEC. En consecuencia, los Fernández no tienen el mínimo interés en ninguna postura aperturista, no es un problema que surgió por la pandemia, viene desde mucho antes.

Pero, se dará un punto en el cual al gobierno de los Fernández se le hará insostenible continuar con ese "stand by" para que el Mercosur se mantenga sin cambios, sin apertura al mundo. Para Argentina la decisión fundamental será si acompaña a Brasil, Paraguay y Uruguay o queda separada.

Esta es una apuesta muy arriesgada que hace el gobierno argentino, si bien existen dudas sobre cómo se podrá encaminar el Mercosur en el escenario internacional post pandemia y, al mismo tiempo, el Mercosur no es el previo al Covid-19, en particular, por la situación macroeconómica de sus miembros, la recesión de la economía y el proteccionismo en el comercio internacional, pareciera que esos aspectos respondieran a algunas de las actuales posturas que sostiene el gobierno argentino.

Por consiguiente, esta apertura que persiguen los otros socios que es rechazada por el presidente Fernández, le estaría eludiendo como resultado de la pandemia, mayores conflictos con sus socios, aunque sea por un determinado tiempo.

El presidente Lacalle Pou que asumió para Uruguay la presidencia pro tempore (PPT) del esquema, sostuvo en la Cumbre que "El Mercosur tiene el deber de terminar lo que ha empezado y pretende que en su PPT se pueda suscribir el acuerdo con la Unión Europea y EFTA; así como acelerar las negociaciones con Corea del Sur.

También, Lacalle hizo un llamado al sinceramiento de las posiciones de los socios para impedir involucrarse en negociaciones que pueden sufrir el riesgo de quedar interrumpidas afectando la credibilidad del Mercosur.

Estas palabras de Lacalle parecieron apuntar al gobierno argentino por su postura de rechazo a la apertura comercial y rebaja arancelaria o la no conformidad con las concesiones alcanzadas en el acuerdo con la UE.

Con anterioridad Fernández expresaba que la intención es "no avanzar en acuerdos que no estemos realmente dispuestos a terminar". Mientras, el canciller Solá intentó bajar el tono a la controversia, señalando que Argentina no está "en condiciones de acelerar convenios con países que han logrado un nivel tecnológico en la industria superior".

También, Fernández refirió a "posicionamientos ideológicos en este mundo de tensión", lo que generó rispideces. En materia política-ideológica y económica Fernández marcó diferencias con su posición proteccionista, enfrentada a las posiciones liberales de los otros tres socios.

Fernández se refiere a la experiencia de integración regional para "reconstruir la unidad latinoamericana", no solo desde lo político, sino desde el necesario aprovechamiento integral de las economías. Asimismo, la referencia de nuevo a la "Patria grande" responde a la denominada década progresista del chavismo-bolivariano en la región.

Un capítulo especial merece la actitud del presidente argentino, Fernández de retirarse (salió del zoom) de la videocumbre cuando iba a comenzar la intervención de la presidente interina de Bolivia, Añez, para expresar su rechazo por entender que Bolivia es un gobierno de facto.

Esto ha sido catalogado como un desaire y desplante cuando se retiró de la sesión, luego de que finalizara la intervención del presidente Lacalle Pou. Por consiguiente, no participó más de la Cumbre; así como tampoco intercambio palabra alguna con Bolsonaro.

La cancillería negó lo que se ha denominado el "portazo virtual" de Fernández a la presidenta Añez, cuando emitió un comunicado que pretende aclarar, pero no hizo más que oscurecer.

En el mismo se señala que Fernández, no le dio un "portazo virtual" a su par de Bolivia, Añez, sino que se retiró de la cumbre después de la intervención de Lacalle Pou y no estuvo presente en las intervenciones de la presidenta Añez ni de los presidentes de Chile y Colombia. Tampoco, estuvo presente durante la participación de los representantes de la Unión Europea y del BID, ni en la clausura. No aclare,¡¡¡que oscurece!!!


Legislan en Francia para controlar expresiones de odio en las redes

Europa avanza lentamente y en medio de la polémica, para evitar que las redes sean escenarios de propagación del odio racial o la discriminación cultural o ideológica, a través de la nueva legislación francesa, que se asemeja a la ley alemana de 2017. Pero se levantan muchas voces en el sentido de que se trata de un ataque e la libertad de expresión.

El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchatque retiren el contenido reportado como "promotor del odio" en 24 horas y en una hora el reportado como "terrorista". De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado "odioso" bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye "la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad".

Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

"Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet", se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (...) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (...) remiten (...) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (...) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (...) provisiones efectivas y poderosas (...) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de 'haters' o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (...) Sin embargo (...) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (...)

Tras reconocer que el "odio" online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque "se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias", pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. "La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas", afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que "los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido". La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido 'manifiestamente ilegal'. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, le llevarán a una sobre-retirada de contenido.

Por su parte, el director editorial de Le Figaro Magazine, Guillaume Roquette, escribió:

Con el pretexto de combatir el contenido 'odioso' en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (...) el 'odio' es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, "introduce la penalización criminal de... la conciencia". Es peligroso (...) porque delega la regulación del debate público (...) en internet en multinacionales norteamericanas (...) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión.

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de "un placebo para combatir el odio" y señalado que "hiperenfocarse en el odio online" enmascara el auténtico peligro:

No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (...) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (...) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas.

"¿Qué es el odio?", se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. "¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar... tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento... No puede judicializarse, legislarse".

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas -o al Gobierno-que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.


Un gobierno destructor en manos de un mesías

Ningún mandatario de la historia moderna de México ha acumulado el poder que tiene y ejerce López Obrador. En el primer año de gobierno, las consecuencias de sus acciones no eran alentadoras; ahora, en plena pandemia, se han vuelto trágicas, sostiene el historiador mexicano Enrique Krauze en un ensayo adelantado por Letras Libres y que será parte de un próximo libro.

En el recuento de los "déspotas electos" de nuestro tiempo, hombres fuertes que anulan la división de poderes, supeditan a los jueces, acotan la libertad de expresión y buscan subvertir la democracia, la prensa internacional menciona a Vladímir Putin, Recep Tayyip Erdo?an, Narendra Modi, Nicolás Maduro, Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro, Benjamín Netanyahu, Matteo Salvini y Donald Trump pero, salvo excepciones, suele olvidar a Andrés Manuel López Obrador. La omisión es extraña. AMLO (como se le conoce) tiene los méritos suficientes para figurar en el elenco y aun destacar en él, con una característica inusual y desconcertante: se ve a sí mismo, y se comporta, como un redentor.

Nacido en 1953 en el estado de Tabasco, AMLO fue un miembro activo del PRI de 1976 a 1989, cuando se unió al PRD, el nuevo partido de izquierda, donde subió de rango hasta alcanzar su presidencia (de 1996 a 1999). En el 2000 fue electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En 2006 perdió la elección presidencial por un margen estrechísimo -243,934 votos (0.62%)- ante Felipe Calderón, y de inmediato se declaró "presidente legítimo" de México. A partir de ese momento se convirtió en un crítico implacable de la agresiva e ineficaz guerra contra las drogas de Calderón. Perdió de nuevo en 2012 ante Enrique Peña Nieto, de cuya corrupta administración no fue menos crítico. En julio de 2018, en su tercer intento, AMLO fue electo presidente con 53.19% del voto. A fines de 2019, a un año de su arribo al poder, su índice de aprobación llegó al 72%.

Estaba claro que para muchos mexicanos AMLO representaba una esperanza de rectitud y renovación. Un amplio sector del país estaba sencillamente harto del PAN y el PRI, que gobernaron de 2000 a 2018. Pero hay otra razón detrás de su popularidad: el aura religiosa que lo rodea. Hasta abril de 2020 (cuando, ya declarada la pandemia, decidió suspender sus giras de manera temporal), López Obrador había recorrido semanalmente cada municipio de México en un esfuerzo que él mismo, con sus habituales autorreferencias religiosas, ha llamado "apostólico" y que vastos sectores han sentido como tal: cercano, genuino y compasivo. Mientras Peña Nieto jugaba golf los fines de semana, AMLO ha ido por los pueblos hablando con la gente y tomándose selfies. La "buena nueva" que predica no es un mero cambio de gobierno y ni siquiera un nuevo régimen sino el advenimiento -en el sentido religioso- de una nueva era, libre de corrupción y prometedora de igualdad, prosperidad y justicia.

El paralelo con el comandante Hugo Chávez es ilustrativo, aunque hay diferencias marcadas. AMLO no pretende convertirse en una celebridad internacional y ni siquiera latinoamericana (desde que tomó posesión no ha viajado fuera del país, y probablemente nunca lo haga). Indiferente y hasta alérgico al dinero, nadie le ha conocido negocio ilícito (tampoco lícito). Austero en lo personal, ha impuesto una disciplina fiscal draconiana, aunque arbitraria, opaca y desordenada. No es particularmente nacionalista, como Chávez y la mayoría de aquellos "déspotas electos", y mucho menos racista como Trump, a quien trata con una obsequiosidad sin precedentes en la digna historia de la diplomacia mexicana. Cada vez que Trump insulta a México y a los mexicanos, AMLO guarda un discreto silencio. No solo eso: se jacta de la amistad de Trump y cedió ante sus amenazas de aumentar unilateralmente los aranceles si México no cumplía con sus políticas punitivas de inmigración.

Semejanzas perturbadoras

Pero entre Chávez y AMLO hay semejanzas perturbadoras. Chávez aparecía cada domingo en su maratónico programa Aló Presidente. AMLO aparece de lunes a viernes de 7 a 8:30 o 9 a. m. en Palacio Nacional o donde se encuentre de gira, en lo que ha llamado las "mañaneras". No son propiamente conferencias de prensa. Son misas cívicas, sermones que se difunden masivamente en televisión y en redes sociales, convirtiéndolo en la fuente principal y hasta única de información para sectores mayoritarios. Cuando rara vez acuden a esas mañaneras periodistas serios y formulan preguntas comprometedoras, el presidente los elude, los desacredita o desmiente, sosteniendo que él tiene "otros datos" (variedad mexicana de los alternative facts). Dado que en México las estaciones de radio y televisión son concesionadas por el Estado, algunas han optado por evitar la confrontación directa con López Obrador. Solo unos cuantos periódicos y revistas independientes sobreviven, además de voces críticas en sitios de internet y programas de radio y televisión. El humor político, que tuvo una gran tradición en las carpas mexicanas, se refugia ahora en las caricaturas y las redes sociales. No hay programas de sátira política por televisión. Un Stephen Colbert mexicano es impensable porque el presidente no lo toleraría.

Igual que Chávez, AMLO provoca deliberadamente la polarización y el encono. Aquel azuzaba al "pueblo bolivariano" contra los "escuálidos" y "pitiyanquis"; este divide a los mexicanos entre "el pueblo bueno" que lo vitorea en las plazas y los "conservadores" que se resisten al "cambio verdadero". López Obrador ha acuñado decenas de epítetos injuriosos para denigrar a sus "adversarios" -en particular la prensa y los críticos independientes-, cuya descalificación ejerce y promueve. Entre ellos: alcahuete, aprendiz de carterista, camaján, fifí, mafiosillo. Gabriel Zaid lo ha llamado "poeta del insulto". 

Otro factor que los une es el uso político de la historia. Chávez se sentía la reencarnación de Simón Bolívar en el siglo XXI al grado de ordenar su exhumación para rescatar su "verdadera" imagen que, gracias al Photoshop más que a la antropología forense, resultó distinta a los retratos de época y asombrosamente similar a la suya. Menos macabro hasta ahora, AMLO ha llevado la obsesión por la historia a extremos similares. La historia para él es un oráculo al que recurre con dos ópticas convergentes en su propia persona: la "teoría de los grandes hombres" y el libreto de la revolución social pacífica. Según la teoría, la historia mexicana es un elenco de héroes a quienes López Obrador busca emular y superar. Según el libreto, la historia es una promesa de redención social incumplida, desvirtuada, traicionada, que es preciso retomar en una "cuarta transformación", acaudillada por él, cuyo fin será completar la obra de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Si Chávez solía incurrir ocasionalmente en el uso de simbología cristiana, en AMLO el factor es esencial y en un país tan religioso como México ha resultado decisivo. En un ensayo publicado poco antes de las elecciones de julio de 2006 lo caractericé como "El mesías tropical".

Un nuevo Mesías

Como defensor de los pobres perseguido por los ricos, se equiparaba entonces (y lo sigue haciendo) con Jesucristo. Y la gente lo reconocía como tal. "Eres nuestro mesías", decía un cartel que portaba un anciano indígena en un remoto pueblo de Oaxaca. El adjetivo "tropical" no era mío, era suyo. En uno de sus libros sobre Tabasco, AMLO equiparaba el carácter apasionado de los políticos tabasqueños con la naturaleza del "trópico" en aquella zona del sureste, con sus selvas infranqueables y sus ríos tempestuosos.

Este mesianismo tropical se manifestó en los años treinta en el gobierno de Tomás Garrido Canabal, cuyo intento de arrasar iglesias, quemar santos y destruir toda presencia de la religión católica es el tema de la famosa novela de Graham Greene El poder y la gloria. Un similar borrón y cuenta nueva con el pasado intenta López Obrador ya no solo en Tabasco sino en México: fundar desde el poder presidencial absoluto un México sin corrupción, un México moral, un México puro. Para lograrlo, cuenta con miles de jóvenes contratados por el gobierno. Son los llamados "servidores de la nación" que recorren el país, "moralizan" a la población y levantan censos de necesidades sociales.

AMLO está genuinamente persuadido de su papel. En su vocabulario no existe la palabra ciudadano. Solo existe un ente colectivo llamado "pueblo". El 47% de los ciudadanos que asistieron a las urnas pero no votaron por él no son "pueblo"; tampoco el 36.58% del padrón que no votó. Y él solo representa al pueblo, defiende al pueblo, encarna al pueblo, es el pueblo. Busca "hacer historia" (lema de su campaña) mediante una "revolución" pacífica que recobre y acreciente la preponderancia política, económica, social, educativa e ideológica que tuvo el Estado en tiempos del PRI durante buena parte del siglo XX. Se trata, claramente, de una restauración, de una vuelta a aquel pasado, pero con elementos inéditos. Los presidentes del PRI gozaban de una concentración desmesurada del poder, pero nunca fueron dueños del partido (que era una confederación de organizaciones obreras, campesinas, burocráticas, y una máquina electoral). Su carisma personal era lo de menos, lo importante era su investidura institucional. Y tenían el límite infranqueable de un sexenio. AMLO es distinto. Es dueño de Morena, su partido. Es poderoso por sus facultades constitucionales pero también por su investidura y carisma. Es un redentor en el poder. Y los redentores no suelen obedecer límites legales, institucionales o temporales.

En mi ensayo de 2006 quise advertir los peligros de esta voluntad centrada en un caudillo purificador. De conseguir el triunfo, que en ese momento me parecía inevitable (encabezaba las encuestas), temí que AMLO revirtiera los modestos progresos de institucionalización que había logrado la democracia mexicana desde su nacimiento en 1997, cuando el PRI había fallado en obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que daba por concluidas siete décadas ininterrumpidas de control en el Congreso. Por primera vez en nuestra historia moderna contábamos con un Instituto Federal Electoral confiable y autónomo, un Congreso plural, un poder judicial independiente y plena libertad de expresión (había sido restringida hasta la década de los ochenta). Todo esto correría peligro por el acceso al poder de un caudillo fuerte, más aún si se veía a sí mismo, y era visto por la gente, como un redentor. La desilusión de las expectativas mesiánicas -pensé- sobrevendría inevitablemente, pero en el trance México podía perder años irrecuperables.

AMLO ha gobernado con una energía revolucionaria cuya fuente es aquel impulso mesiánico de salvar al país. Antes del estallido de la Covid-19 me preguntaba si México había perdido un año. Ahora temo que pierda los cinco restantes.

Consecuencias trágicas

AMLO actúa movido por lo que él llama "ideales y principios" que le parecen inobjetables porque emanan de él, de su autoproclamada superioridad moral, y lo liberan de considerar las consecuencias prácticas de sus actos, que no puede imaginar negativas y por tanto no necesita calibrar, vigilar o eventualmente corregir. Pero los efectos de sus acciones en el primer año no eran alentadores y ahora, en plena pandemia, se han vuelto trágicos.

Las paradojas del programa social siempre han sido significativas. "Por el bien de México, primero los pobres" proclamaban los anuncios espectaculares con su imagen, a principio de este siglo. Ese mensaje poderosísimo se traduce ahora en un vasto plan de apoyo económico directo a los mexicanos pobres. Se trata de una buena idea que AMLO ensayó con personas de la tercera edad en su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). El actual reparto en efectivo busca llegar a más de veinte millones de personas, pero tiene graves vicios de origen. Para comenzar, es innecesariamente focalizado. En vez de canalizar los recursos universalmente, el proceso se lleva a cabo, al menos en parte, con la intermediación de los "servidores de la nación" que califican discrecionalmente a los beneficiarios del programa, lo cual no solo se presta a arbitrariedad y corrupción, sino que ha constituido una violación de la ley electoral. Hasta hace poco, los "servidores" no se presentaban como empleados del Estado mexicano sino como representantes de Morena -el partido de López Obrador- y del propio presidente, que aparece así como el dador universal.

AMLO concibió el plan de lanzar varios "proyectos de bienestar": plantar 266 millones de árboles entre 2019 y 2020 en el sureste, crear cientos de universidades públicas, brindar millones de becas para jóvenes que no estudian ni trabajan y construir las primeras 1,300 sucursales del Banco del Bienestar, que extendería microcréditos a los pobres. Todos estos proyectos han fracasado o se han detenido a causa de la improvisación o la inviabilidad. Su financiamiento provenía de recortes arbitrarios al presupuesto y ajustes en programas vitales. Dos ejemplos: utilizó el 57.7% del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una reserva creada por las anteriores administraciones para compensar cualquier caída en los ingresos del gobierno, e hizo lo mismo con los fondos destinados para desastres como huracanes, terremotos y enfermedades catastróficas.

Incluso antes de la pandemia, esta desecación del gasto público en áreas esenciales afectaba seriamente a instituciones públicas fundamentales para los mexicanos pobres, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y dieciocho Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad (cuyo presupuesto para 2020 tuvo un recorte de 4 mil millones de pesos). Todos ellos sufrían una importante escasez de medicamentos y material hospitalario, que López Obrador achacó a la "corrupción" de la industria farmacéutica y a los médicos, pero no a sus irracionales medidas de austeridad. Aún más grave fue el caso del Seguro Popular (creado en 2003, reconocido internacionalmente) cuya desaparición, a cambio de una institución (el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, Insabi) que ha operado hasta el momento sin reglas, fue muy criticada. López Obrador ha negado que el desabasto de medicinas se deba a sus medidas, pero el hecho es que, de la noche a la mañana, 53 millones de personas se quedaron sin una cobertura de salud. 

Ahora, en medio de la Covid-19, esas decisiones revelan sus terribles consecuencias. México carece del equipo básico y medicamentos para afrontar la pandemia, y es uno de los países que ha realizado menos pruebas: solo 0.6 por cada mil habitantes, cuando la media para los países de la Ocde es de 27.7. Aunque el número de infecciones y muertes sigue subiendo día con día -al 17 de junio había alrededor de 160 mil casos confirmados y más de 19 mil decesos- el gobierno sencillamente niega la realidad. Semanas después del estallido, López Obrador seguía viajando por el país, organizando encuentros masivos e invitando a la gente a reunirse libremente, celebrar y abrazarse. (Volvió a hacerlo a mediados de junio.) Después de que The New York TimesThe Wall Street Journal y El País de Madrid denunciaran en mayo que la cifra real de personas infectadas o muertas en la Ciudad de México era al menos tres veces más elevada que las oficiales, AMLO los atacó al estilo trumpista: "periódicos famosos, pero sin ética". En una de las mañaneras, lanzó un encantamiento mágico al virus con amuletos e imágenes sagradas.

Si desde hace tiempo estaba claro que el desmantelamiento del sistema sanitario afectaría precisamente a los mexicanos que votaron por AMLO, ¿por qué no hubo protestas masivas? Si bien desde comienzos de 2020 han aumentado las muestras de inconformidad -las más visibles en redes sociales, que representan sobre todo a las clases medias urbanas-, la respuesta no es simple. Un factor clave es la omnipresencia de la propaganda estatal en la radio y en la televisión. Pero no menos decisiva es la antigua y arraigada cultura política de millones de personas que desconocen el sentido de la representación política, ignoran el significado de la rendición de cuentas y ven al presidente como el legítimo propietario del poder, más legítimo aún si trabaja sin descanso visitando todos los rincones del país, hablándoles al corazón como ningún presidente anterior lo había hecho.

Desprecio por el mercado

En la esfera económica, los "ideales y principios" de AMLO se reducen a privilegiar el papel del Estado sobre el mercado, cuyas funciones desprecia o no entiende. Pero su política es ambigua. Por un lado, con un desdén por los especialistas similar al de Trump, Johnson y Bolsonaro, ha diezmado el gasto público en ámbitos cruciales como la salud, la educación superior, la cultura y la investigación científica. Por otro, pretende fortalecer a las compañías estatales de petróleo y energía y está en camino de devolverles el carácter monopólico del que gozaron hasta no hace mucho.

Uno de sus dogmas consiste en ver al petróleo como una especie de savia existencial de México y a Pémex como la palanca central del desarrollo. El resultado ha sido la prohibición de facto de la inversión privada en la exploración, producción y distribución de petróleo y otras fuentes de energía, lo que ha puesto a la economía mexicana en riesgo. A comienzos de 2020, la inminente devaluación crediticia de Pémex hacía temer un descenso paralelo en la calificación del país. Lo primero ha ocurrido ya. Con más de 100 mil millones de dólares en deuda, todas las agencias han degradado como "bonos basura" las obligaciones de Pémex. La razón es clara. Tras haber comunicado en 2019 pérdidas netas de 18 mil 300 millones, en el primer trimestre de 2020 la pérdida alcanzó los 23 mil 600 millones de dólares. A pesar de estos datos y de una caída del 50% en los precios mundiales del petróleo, López Obrador dobló sus apuestas: se propone invertir 8 mil millones de dólares en la refinería Dos Bocas en Tabasco.

El desprecio de López Obrador a la ecología es tan acentuado y cínico como el de Trump y Bolsonaro. La construcción de una refinería, de llegarse a concluir, será un elefante blanco que para colmo privilegiará el uso de hidrocarburos en lugar de las energías renovables. Las empresas productoras de energía eólica y solar que iban a empezar la prueba final para operar en la red nacional han visto cómo se cancelaban sus permisos, mientras que la Comisión Federal de Electricidad está favoreciendo las inversiones en carbón y combustóleo sobre centrales geotérmicas o hidroeléctricas.

No menos irracional en términos económicos y criminal en lo ecológico es la construcción del Tren Maya. Contra la voluntad de los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales habitan la zona (incluidos los que forman parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y a despecho de provocar un desastre ecológico mayor (nada menos que la destrucción de las reservas de la biósfera del sureste mexicano, la venerada laguna de Bacalar, y la extinción de especies como el jaguar), el tren recorrerá como un fantasma la península de Yucatán.

Quizás el error más visible del gobierno fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una tercera parte ya estaba casi completada y se habían gastado 60 mil millones de pesos. Se le ha sustituido con una quimera: la remodelación del aeropuerto militar de Santa Lucía que las autoridades aeronáuticas mundiales y las aerolíneas nacionales y extranjeras han considerado técnicamente inviable.

AMLO prometió que la economía mexicana crecería a un ritmo anual del 4%. En 2019, por primera vez desde la crisis global de 2008, registró un crecimiento negativo del 0.1%. En 2020, el cuadro ha empeorado severamente. El peso se devaluó 26% durante el primer trimestre del año. En el mismo periodo, la economía cayó un 2.4% y, según JPMorgan, Moody's y Bank of America, se prevé que al cierre del año se desplome un 8.5%. De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi, para abril 12 millones de mexicanos dejaron de laborar y perdieron sus ingresos debido a la pandemia. Según Coneval, nueve millones de mexicanos caerán en la pobreza.

La principal razón del estancamiento económico era evidente incluso antes de la Covid-19: la inversión privada, que supone alrededor de 90% del total, se había detenido. Era y sigue siendo un problema de confianza, originado en la naturaleza iliberal de la cuarta transformación. En un año, el presidente había conseguido una inédita concentración de poderes, que no se limitaba a las restricciones a la libertad de expresión, sino que incluía también la sumisión del Congreso (donde Morena y sus aliados tienen mayoría en ambas cámaras) así como de varias legislaturas estatales, presidentes municipales y no pocos gobernadores (cuyos presupuestos dependen de fondos federales en un 80%). Entre las principales instituciones autónomas, AMLO controla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Reguladora de Energía, cuyo presidente dimitió señalando "puntos de vista y enfoques técnicos incompatibles".

El Banco de México (fundado en 1925) sigue siendo autónomo, así como el Instituto Nacional Electoral (INE, fundado en 1990 bajo el nombre de Instituto Federal Electoral, IFE), que ha operado de manera profesional desde su primer examen real en las elecciones de 1997. No obstante, la situación del INE es delicada: AMLO recortó su presupuesto, lo descalifica en las mañaneras y no es remoto que busque imponer a los consejeros incondicionales necesarios para dominarlo. Es dudoso que pudiera hacer lo mismo con el Banco de México, pero no tanto con la Suprema Corte, donde ya cuenta con un apoyo sustancial.

Todas esas acciones, además de una ley punitiva que iguala la evasión fiscal con el crimen organizado, habían tenido consecuencias en el sector empresarial antes de la crisis de la Covid-19, no solo en las grandes empresas, sino también en cientos de miles de pequeños negocios y en cerca de cinco millones de microempresas. Un sector significativo de México se ha modernizado lo suficiente como para entender que el poder presidencial absoluto representa un peligro claro y presente para la libertad, palabra que significativamente AMLO casi no menciona en sus discursos, pero cuya fragilidad es un factor clave en el clima de desconfianza.

La situación ya era grave, pero la pandemia ha ahondado la brecha entre AMLO y el sector privado. En vez de aplicar las medidas fiscales y económicas que la mayoría de los países han instrumentado para ayudar a compañías y salvar empleos, el presidente decretó: "que quiebren las que tienen que quebrar". En una mañanera reciente declaró que las medidas habituales de crecimiento económico, como el PIB, son inútiles: lo que importa es el bienestar espiritual del pueblo.

La violencia no para

En 2019 México registró 35,558 muertes violentas, un nivel de violencia no muy lejano al que se registró en el decenio que duró la Revolución mexicana. Antes de la pandemia, la inseguridad y el crimen eran las preocupaciones principales de las familias. Todavía a finales de la década de los noventa, los mexicanos sentíamos vivir en un país razonablemente pacífico hasta que un conjunto de factores (entre ellos la absorción de los cárteles colombianos por los mexicanos y el levantamiento en 2004 de la veda de armas de alto calibre en Estados Unidos) contribuyó a crear la tormenta perfecta. A diferencia de los gobiernos del PRI, que en el siglo XX tenían poder suficiente para negociar con los cárteles e imponerles condiciones (a cambio de buenas tajadas del negocio), los gobiernos de este siglo -debilitados por el efecto centrífugo del poder en toda democracia- fallaron en enfrentar la nueva circunstancia. Irresponsablemente, Vicente Fox no la consideró prioritaria. Temerariamente, Felipe Calderón encabezó la llamada "guerra contra el narco" que apresó a algunos grandes capos, pero tuvo el efecto perverso de multiplicar el número de grupos criminales, expandir su cobertura territorial, sus giros delictivos y su letalidad. (Además, el secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, Genaro García Luna, enfrenta hoy día cargos en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.) Imperdonablemente, Enrique Peña Nieto optó por la actitud del avestruz, apostándolo todo a unas reformas estructurales en materia energética, hacendaria y educativa que él mismo terminó por desprestigiar con imperdonables actos de corrupción, y que AMLO rápidamente derogó.

López Obrador ha dicho que la política de sus antecesores frente al crimen había sido equivalente a "pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero". Pero su solución ha resultado cuando menos ineficaz. Su lema "abrazos, no balazos" dicta una suerte de pacifismo unilateral frente a los grupos delictivos. Maniatadas, confundidas por la clemencia del gobierno hacia los criminales, las fuerzas del orden atraviesan por un estado de desmoralización, al tiempo que los grupos criminales, y aun los delincuentes comunes, asaltan, secuestran, extorsionan y asesinan en las calles y plazas del país, con confianza e impunidad. Mientras tanto, los muertos, sobre todo los feminicidios, se acumulan.

Casi todo crimen permanece impune. Las historias ampliamente difundidas de la captura abortada en Culiacán del hijo del Chapo Guzmán, el exjefe del cártel de Sinaloa, y el terrible asesinato de la familia LeBarón, son evidencias de que algunas regiones del país están, de facto, bajo el mandato del narcotráfico. A finales de marzo, AMLO tuvo un gesto de buena voluntad hacia Guzmán, quien mantiene una condena perpetua en una prisión estadounidense: viajó varias horas en una gira de trabajo a Badiraguato, la ciudad natal del Chapo, y estando ahí saludó públicamente a su madre. No es de sorprender que hace unas semanas los editores de Reforma dieran a conocer la llamada que un supuesto miembro del cártel de Sinaloa habría hecho al diario para amenazarlo con "volar" sus oficinas si no dejaban de difamar a López Obrador.

AMLO decretó la desintegración de la Policía Federal por considerarla corrupta. La Guardia Nacional absorbió sus funciones, pero un contingente de esta nueva corporación se ha canalizado a la vergonzosa tarea de detener y controlar a los migrantes centroamericanos en la frontera sur, y a mantenerlos en condiciones infrahumanas en la frontera norte. En un intento por aplacar a Trump, AMLO convirtió a México en un muro fronterizo. Con respecto a la migración, AMLO cambió el enfoque humanitario (que él mismo predicaba en el pasado) por una estrategia de disuasión y deportación implacable pero muy apreciada por la Casa Blanca. "Aunque vengan de Marte, los deportaremos", dijo Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, hombre que estaba a cargo del sistema federal de prisiones. Para deleite de Trump, las tropas de la Guardia Nacional chocaron con los migrantes centroamericanos y los deportaron en cantidades récord.

Además de una negociación seria y firme con Estados Unidos sobre el tráfico de armas, y la despenalización de algunas drogas, la verdadera salida a estos problemas es la construcción ardua, penosa y prolongada de un Estado de derecho. Aunque México se ha regido desde 1824 por constituciones no muy distintas a la estadounidense, casi siempre han sido letra muerta. La justicia en todos sus ramos y funciones ha dependido del poder ejecutivo. La transición a la democracia en 1997 comenzó a modificar esta condición, y era de esperarse que cualquier gobierno continuara con ese esfuerzo de institucionalización judicial en todos los ámbitos y niveles: policías, cárceles, procuradurías, jueces, magistrados y ministros. Por desgracia, AMLO ha puesto un alto a este proceso y, de maneras cruciales, lo ha revertido. El crimen, por su parte, ha continuado en aumento: en abril de 2020 se registraron 2,492 homicidios, que lo convirtieron en el tercer mes más violento en lo que va del sexenio, después de marzo de este mismo año y junio de 2019 que superaron los 2,500. Para colmo, en los tiempos de la Covid-19, AMLO pasó de "abrazos, no balazos" a la posición contraria. En sus campañas electorales proclamaba que, si de él dependiera, disolvería el ejército. Ahora aprobó un decreto sin precedentes que da al ejército control nacional de la seguridad por los casi cinco años que le quedan en el poder.

El poder corrompe

A comienzos de 2020, el 53% de las personas consideraban que la corrupción había aumentado, a pesar de lo que presume el presidente. La percepción es engañosa. Por su propia naturaleza, la corrupción no puede combatirse desde dentro del gobierno sino desde fuera, mediante instituciones de transparencia y un aparato de justicia que persiga y sancione los delitos. A ese propósito obedeció la creación en 2003 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ha provisto al ciudadano de información sobre el destino del dinero público en cualquier dependencia. El desempeño del INAI ha sido sobresaliente, y a él han recurrido los medios y las redes sociales para destapar varios actos corruptos de Peña Nieto y sus colaboradores que podrían haber pasado inadvertidos e impunes. Por desgracia, AMLO no cree en el INAI. Ha dicho que es "pura simulación". En consecuencia, ha recortado sus recursos y pronto podría estar en posición de controlarlo o incluso eliminarlo. Ahora no existe la menor transparencia en el uso del dinero público y, al mismo tiempo, la asignación discrecional de contratos a amigos del presidente es más frecuente y abierta que en los tiempos de Peña Nieto. En el cercanísimo círculo de AMLO hay varias figuras estelares del antiguo régimen priista que, bajo su amparo, cometieron ilícitos probados: fraudes electorales, fraudes a sindicatos, fraudes al erario. Pero el perdón presidencial los ha vuelto intocables. Casos que en el pasado habrían provocado renuncias inmediatas o escándalos superlativos, hoy simplemente se archivan por orden del supremo tribunal que encarna el presidente.

La integración del ejecutivo, el legislativo y el judicial en un solo poder que distorsiona la verdad pública y se apropia de la historia, ¿no constituye la más grave corrupción del mandato recibido? Eso es lo que, sin mencionar una sola vez a AMLO, sugiere Gabriel Zaid en su reciente libro El poder corrompe (2019). A su juicio, "antes de ser rapiña, irresponsabilidad, injusticia, la corrupción es una impostura". En el caso de AMLO, la impostura específica consiste en convertir su representación legal en una encarnación mística:

El poder tiende a corromper el sentido de la realidad, por eso atrofia la razón. La corrupción degrada a las personas que abusan de lo que representan, por el abuso mismo, no por los beneficios que reciben. Las degrada incluso cuando no se benefician, cuando abusan "para salvar la institución" [...] que así destruyen. Simultáneamente, la corrupción degrada a los cómplices activos o pasivos y a toda la sociedad, destruyendo los significados y los símbolos.

López Obrador, cuya bandera ha sido siempre la lucha contra la corrupción, ha abusado de su representación en los sentidos que indica Zaid, y en esa medida -igual que Trump y todos los "déspotas electos"- ha corrompido la institución presidencial, así como los significados y símbolos de la democracia.

Una apuesta a la sociedad civil

Ningún gobernante de la historia moderna de México ha acumulado el poder que tiene y ejerce López Obrador. Ninguna fuerza política puede en este momento competirle. El PRI está merecidamente liquidado, el PAN carece de liderazgo, proyecto y organización, y los restantes partidos de oposición casi no cuentan. Antes de la pandemia parecía probable que el partido de AMLO arrasaría en las elecciones de 2021 para escoger una nueva Cámara de Diputados y quince gobernadores. Ese resultado le daría una ventaja significativa en las elecciones presidenciales de 2024, en las que López Obrador podría reelegirse directamente (para lo que tendría que cambiar la Constitución, lo que no es imposible) o perpetuarse a través de un tercero -un aliado incondicional e incluso un pariente-, como hizo Putin en Rusia. En ese caso, la democracia mexicana no solo habría perdido años irrecuperables. Se habría perdido ella misma.

A mediados de 2020, cuando el 59% de los mexicanos desaprueba la gestión presidencial de la pandemia, ese escenario parece menos claro. Si los partidos de oposición -a pesar de su debilidad, desorientación y falta de liderazgo nacional- logran unir esfuerzos antes de las elecciones intermedias, Morena podría perder la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese escenario, descartada la (no imposible) opción venezolana de dominar al órgano electoral, alterar las elecciones o suspender el Congreso, la democracia mexicana respiraría en la segunda parte del mandato de AMLO.

AMLO ha terminado por cumplir las profecías que anticiparon su semejanza con Hugo Chávez. El de López Obrador ha sido un gobierno destructor, pero lo que a Chávez le tomó quince años, a AMLO le llevó quince meses. Ha destruido de manera sistemática -se diría que deliberada- la economía y el empleo, ha arrasado con instituciones públicas valiosísimas, ha dilapidado una parte sensible del patrimonio nacional, ha envenenado la atmósfera pública, ha minado el equilibrio de poderes, se ha mofado de las leyes y las libertades y, finalmente, ha abandonado a su suerte a millones de mexicanos. "Por el bien de México, primero los pobres" suena hoy como una broma cruel. Hace meses, antes de la Covid-19, pensé que el escenario apocalíptico de una crisis integral -económica y social, de seguridad y violencia- era improbable. Ese escenario, cuya gravedad no habíamos imaginado, alentaría la migración a Estados Unidos y ningún muro o ejército podría detenerla. Por desgracia, esa pesadilla, aunada a la terrible mortandad que dejará la pandemia, parece cercana.

México no se perderá. La tarea de reconstruirlo será titánica. La esperanza está en la convergencia de los partidos con la nueva, valiente, activa y alerta sociedad civil. Juntos podrían fomentar la aparición de liderazgos intachables. Juntos podrían recobrar la Cámara de Diputados en 2021. Juntos podrían ganar la elección presidencial en 2024. Juntos podrían formar un gobierno que encare los enormes problemas del país, viejos y nuevos, de forma honesta y responsable, sin expectativas mesiánicas, preservando la democracia y la libertad con las instituciones de un Estado regido por el imperio de la ley.


Irritan los privilegios de la iglesia en España

La Iglesia católica tiene ventajas fiscales, patrimoniales y educativas que resultan irritantes, sostiene el escritor David Jiménez. En una España moderna, esa institución debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

¿Sigue España siendo un país católico? La pregunta, en uno de los bastiones centenarios de la Iglesia católica, habría resultado absurda hace tan solo unos años. Y, sin embargo, la respuesta hoy es que sí y no. O, dicho de otro modo: si los españoles seguimos siendo católicos, lo disimulamos muy bien. Según un estudio del año pasado del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dos tercios de los ciudadanos declaran serlo, pero solo dos de cada diez van a misa. Las celebraciones religiosas de bautizos, comuniones y bodas se han desplomado. "Si no cambia la cosa, dentro de poco solo celebraremos funerales", admite un obispo.

Las razones del declive son diversas, pero todas llevan al mismo punto: la Iglesia y el público al que se dirige viven en siglos diferentes y aspiran a modelos de sociedad cada vez más incompatibles. El papa Francisco lo explica mejor en una de las citas que le atribuye la película Los dos papas: "Hemos pasado estos últimos años censurando a cualquiera que no estaba de acuerdo con nosotros sobre el divorcio, el control de la natalidad y la homosexualidad. Mientras nuestro planeta estaba siendo destruido y la desigualdad creció como un cáncer. [...] Todo el tiempo, el peligro real estaba dentro".

Solo una reforma que haga a la Iglesia más inclusiva, incorpore a la mujer, se distancie de la política, acompañe su discurso moral del ejemplo y abrace la tolerancia, especialmente hacia quienes no comparten sus códigos morales, evitará que su irrelevancia vaya a más. Pero nada indica que ese sea el camino escogido por los dirigentes eclesiásticos. Al contrario: persiste el propósito de entrometerse en las políticas de Estados aconfesionales, empujar conceptos retrógrados sobre la sexualidad, negar el papel de la ciencia como motor del progreso y aferrarse a privilegios de otras épocas.

La Iglesia católica española emergió de la dictadura de Francisco Franco con ventajas fiscales, patrimoniales y educativas incompatibles con una democracia liberal moderna. Una de ellas le ha permitido registrar a su nombre miles de propiedades sin titularidad, incluidos monumentos históricos como la mezquita-catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla. La avaricia, uno de los siete pecados capitales, está detrás de un plan que incluye 30.000 edificios, viviendas, catedrales, terrenos, fuentes, plazas y un sinfín de bienes desconocidos. La lista no se ha hecho pública, una opacidad que se consideraría inaceptable en cualquier otra institución

La falta de una profunda fiscalización de sus actividades ha permitido a la Iglesia desviarse de sus prioridades e invertir, por ejemplo, en medios de comunicación comerciales con alto contenido político y claramente significados en favor de partidos de derecha. El Tribunal de Cuentas ha advertido que las partidas destinadas a financiar la cadena de televisión 13TV, procedentes de contribuciones en la declaración de la renta de los españoles, vulneran la legislación europea. Pero más allá de posibles infracciones, la pregunta es si la Iglesia debe emplear sus recursos en potenciar una agenda política determinada y contribuir a la crispación en una sociedad ya de por sí tan polarizada como la española.

Los diez millones de euros anuales destinados a 13TV, cuya audiencia es de alrededor del 2 por ciento y que arrastra una deuda millonaria, superan lo destinado a Cáritas, una organización perteneciente a la Iglesia católica que está al frente de la respuesta social a la pandemia de la COVID-19, en un momento en que se han quintuplicado las necesidad de reparto de comida. Cáritas es un ejemplo de cómo la fe puede inspirar la solidaridad, la compasión y la tolerancia, virtudes donde los obispos podrían concentrar sus energías. El resultado es un aprecio transversal en la sociedad española hacia una organización que presta su ayuda con independencia de la nacionalidad, ideología, creencias u orientación sexual. Las 23.000 parroquias repartidas por España, por su parte, han cubierto muchas de las necesidades más urgentes ante un gobierno que se vio desbordado en el frente económico y sanitario.

El contraste no podía ser más evidente con un liderazgo desapegado de la calle que insiste en organizar cursos para "revertir" la homosexualidad, a pesar de ser ilegales en España; juzga la moral de las mujeres en vez de incorporarlas a los asuntos de la Iglesia, y propaga teorías conspiranoicas sobre vacunas, ninguna más surrealista que la promovida por el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza: está convencido de que Bill Gates y George Soros tratan de controlar a los humanos mediante la implantación de chips.

En el pulso dentro del catolicismo español entre conservadores y reformistas, acentuado desde la llegada del papa Francisco, los segundos tienen un largo historial de derrotas. La llegada al poder de una coalición de izquierdas ha aumentado el recelo ante la posibilidad de que el gobierno decida cambiar los acuerdos en fiscalidad, educación o inmatriculaciones de propiedades. El Ejecutivo ha incluido "la protección a la infancia" en la agenda, un recordatorio de los casos de pederastia y la necesidad de supervisar la respuesta desde las congregaciones.

La Iglesia tiene toda la legitimidad para defender sus ideas, oponerse al aborto, rechazar la eutanasia o condenar el matrimonio igualitario, siempre que no fomente el incumplimiento de las leyes con las que se legislaron esos asuntos en el parlamento. También está en su derecho de defender puritanismos que la sociedad española superó hace tiempo. Pero precisamente porque ejerce una influencia en la vida de millones de personas, y una parte de su financiación procede de los contribuyentes, debe estar sometida a las mismas normas de transparencia, responsabilidad y respeto a la tolerancia que cualquier otra organización.

 

La mejor manera de conseguirlo es renovando los acuerdos entre el Estado y la Iglesia para redefinir su papel, eliminar privilegios innecesarios y supervisar con mayores detalles sus cuentas y los proyectos en los que participa, como la educación. Esa relación se detalló en los concordatos firmados entre Madrid y la Santa Sede en 1979, inspirados en el compromiso constitucional de que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española". Ahora que ambas han cambiado, la sociedad y sus creencias, ha llegado la hora de adaptar a la Iglesia a la nueva realidad.

 


La izquierda acelerada

Los partidos progresistas hoy confunden innovación con neoliberalismo, progreso con desigualdad y se encuentran siempre a la defensiva, interpreta el periodista argentino Mariano Schuster en el análisis que deseamos compartir.

Hasta hace algunos años, la intelectualidad de izquierda parecía estar viva, pero su debate recordaba al mundo de los muertos. Parte de ella lanzaba su consigna: "el momento populista". Mientras tanto, atacaba a un buen número de intelectuales (igualmente progresistas) por haber sido "colonizados por la subjetividad neoliberal" y haber cedido a la "individualización del pensamiento". Otra porción de la intelectualidad de izquierda, en cambio, se mostraba cómoda con la realidad: una socialdemocracia de carácter excesivamente liberal pensaba una suerte de "neoliberalismo con justicia", en pos de un realismo que se imponía a sí misma como límite.

Cuando algunos de esos intelectuales socializaron su pensamiento, los costurones salieron a la luz: en su lucha contra el neoliberalismo o en su justificación, hacían dos movimientos: tiraban al hijo de la desigualdad con la bañera de la innovación, o conservaban la innovación y tiraban parcialmente las banderas de la igualdad. Para algunos (no para todos) el camino no era hacia adelante.

Era, por el contrario, o el puro presente o el sendero restitutivo. Se trataba de desechar el falso capitalismo especulativo para reemplazarlo por el capitalismo real o de justificar el capitalismo real como la única realidad posible. La comodidad del viejo mundo o la falta desafíos del presente. Populistas y socioliberales tenían algo en común: se les escapaba el futuro. A unos por extremadamente nostálgicos, a otros por extremadamente realistas.

Personajes como Gilbert Hottois o Ray Brassier ni siquiera aparecían en los debates de estos intelectuales. Pensadores como Nick Srnicek eran apenas citados como una nota al pie para referirse a la "renta básica". Teóricas como Mercedes Bunz -la principal analista del llamado "internet de las cosas"- podía ser confundida con la automotriz Mercedes Benz en el caso de ser mencionada en un texto.

Quizás uno de los pocos que gozó de prestigio fue Paul Mason, aunque más por su participación en debates políticos coyunturales que por sus análisis sobre el poscapitalismo. No se trataba de que la izquierda no pudiera (o incluso no pueda hoy) discutir buena parte de las teorías de estos nuevos pensadores. Se trataba de que sentía que no le eran propias. De izquierda, pensaban los clásicos intelectuales, son la distribución, el trabajo, la seguridad social. El capital, la innovación, la tecnología...son parte del neoliberalismo. Curioso: la izquierda quiere distribuir la riqueza, pero se pone límites para pensarla.

Un paneo del pensamiento exótico

El historiador y analista argentino Alejandro Galliano se ha propuesto retomar la senda de ese "nuevo pensamiento" que aglutina a "aceleracionistas" y "transhumanistas" frente a los "decrecionistas" (aunque no se oponga a ellos de modo absoluto e incluso reclame parte de su ideario). Su libro ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro, publicado por Siglo XXI Editores y Revista Crisis, presenta un doble objetivo: por un lado, desarrollar un mapeo de las principales tendencias teóricas de ese pensamiento que, todavía, es percibido como lateral y, por otro, abordar un paradigma de salida a la crisis presente.

El mapa de la realidad que presenta el libro de Galliano tiene, por las características propias de su análisis, diferencias con otros mapeos de la actualidad. Si bien coincide en su análisis sobre la crisis de la década de 1970 y los comienzos del thatcherismo en la década de 1980 -y también, aunque parcialmente en la ampliación de jugadores en el capitalismo de la década de 1990-, se distingue por presentar una realidad diferente desde los últimos 90 y los 2000.

Analiza la creación de las nuevas burbujas (los fondos de riesgo, las puntocom, las contemporáneas startups) combinadas con el llamado capitalismo 4.0 (al que considera una extensión del 3.0, nacido a fines de la década de 1960). Muestra un mundo que, a medida que avanza en la coexistencia entre plataformas (Facebook, Google, Spotify, Uber, Rappi, Airbnb), algoritmos, digitalización y pobreza, pierde a la izquierda utópica. Es la izquierda que describía la múltiplemente atribuida frase de Fredric Jameson: "Hoy es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo".

Ante un mundo más complejo que aquel que la izquierda había conocido y contribuido a formar, todo parece perplejidad. Lejos del Estado de bienestar, de la Guerra Fría, de los servicios sociales garantizados, de la fábrica y la familia, la izquierda encuentra un mundo que reúne Uber y trabajadores precarizados, coworking y naturaleza destruida, freelancers y trabajadores asiáticos a jornada completa (de bastante más de ocho horas).

Nace, entonces, el defensismo. Tal como plantea en su libro, "el realismo político y la necesidad de resistir fueron arrinconando a la izquierda y los movimientos populares en formas de movilización y organización esencialmente defensivas, locales e incapaces de ir más lejos que la mera reproducción de las condiciones de vida ya precarias de los grupos en lucha. Granjas cooperativas, fábricas recuperadas, comedores comunitarios, centros de estudiantes y otras formas emergentes demostraron creatividad y eficacia para detener o moderar el impacto de políticas impopulares, pero pocas veces estas estrategias lograron avanzar más allá de los grupos directamente involucrados y proyectar un futuro alternativo para el conjunto de la sociedad."

El problema de la izquierda no es solo de proyección, sino de proyecto. Una actitud defensiva se plantea, sobre todo, como respuesta a la ofensiva de su contracara. Se intentan salvaguardar "derechos adquiridos". Pero, entre atónita y perpleja, parece incapaz de modelar un nuevo contrato. En buena medida, desprecia la innovación, aun cuando haga usufructo de lo mejor de ella. Neoludditas de redes sociales, ultranostálgicos del Estado de bienestar (que ansían más el viejo Estado que el viejo y buen bienestar) y decrecionistas que pretenden distribuir riqueza: un mundo de paradojas en los que el defensismo se combina con la escasez de utopías y con el llanto por la pérdida de ellas. Según Galliano, ahí reside justamente el problema. "El error de llorar el fin de las utopías consiste en seguir buscándolas en la política, cuando ahora nacen en el mercado", asegura.

¿Neoliberalismo comunista?

Lejos de una perspectiva demonizada del mercado (quizás un aspecto en el que se distancia de una parte de la tradición marxista que se posiciona moralmente sobre él), la interpretación de ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? es que hay que ir exactamente ahí a buscar la utopía. Mientras el mundo político cabalga de distopía en distopía -algo que confirma el ascenso de los Bolsonaro, los Orbán, los Trump- la izquierda puede hacer suyo el sueño distributivo de algo que el mercado innovador produce. Una izquierda que se anime, según el autor, a acelerar estas transformaciones tecnológicas y la automatización.

El sendero por el que camina, sin embargo, es resbaloso. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa aceleración producirá un modelo de sociedad de distribución del trabajo, ampliación de la riqueza que permitirá establecer salarios sociales o rentas básicas y no un capitalismo de hipervigilancia como el que manejan diversos países de Asia, incluyendo a la China de Xi Jinping? Torcer la "aceleración" hacia la izquierda debería ser, en todo caso, un desafío político.

El "aceleracionismo de izquierdas", la "utopía realista", a la que apunta el libro de Galliano, parte de un profundo escepticismo respecto de lo humano: somos imperfectos, pero merecemos algo (más) perfecto. Ya no se trata, como en la vieja utopía marxista de matriz leninista, de un conflicto de clases último que derivará necesariamente -aunque empujado por el deseo y la voluntad- en la resolución de los principales conflictos humanos.

Se trata, por el contrario, de la combinación de la innovación utópica (y a la vez realista) del capitalismo, de la racionalidad del límite y de la apuesta por la socialización. El rumor de olas que se escucha atrás del mar bibliográfico y analítico de ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? es este: "nuestra capacidad es la de producir los medios que generen un horizonte de liberación, pero no de generarlo nosotros mismos".

Somos víctimas y victimarios de nuestra propia imperfección. "Realismo", en este ensayo, no significa solo, como en las diversas tradiciones economicistas, el reconocimiento de los límites materiales, sino la asunción de los límites mentales de nuestras aspiraciones. El reconocimiento de la materialidad es indispensable: pero la utopía puede promover otra materialidad posible.

Zona peligrosa

El ensayo de Galliano trabaja desde una zona de peligro para las izquierdas: intenta responder a un problema de carácter ético y político (el de la distribución y hasta el de la "plenitud") a través de una mirada escéptica respecto del ser humano y ligeramente benigna respecto de sus productos tecnológicos. El ser humano ya no se salva a sí mismo gracias a él, sino a pesar de él. Solo si es capaz de llevar la automatización hasta el límite, podría conseguir un futuro.

En el fondo, hay una voluntad leninista sin hombre nuevo. Un "¿Qué hacer?" pero con lo hecho. No se trata tanto de torcer la realidad y darla vuelta, sino de "usarla a nuestro favor". Es la muerte del Marx "humanista" de los Manuscritos y la vida del Marx de la innovación despiadada. Un comunismo que se produce gracias al producto del hombre, pero contra él. Un "humanismo" producido por los objetos del hombre, pero contra lo actualmente humano.

Aunque discutible desde perspectivas liberales y progresistas clásicas, ese es un punto fuerte del ensayo. Porque se lanza, en realidad, contra aquellos intelectuales que confundieron cualquier innovación con "neoliberalismo", acaso sin pensar que de lo que se trataba era -planteado esto incluso en términos marxistas clásicos- de socializar los beneficios de una innovación que, en el presente, produce desigualdades concretas, medibles e inmediatas.

El viejo fundamento del socialismo consistía, como lo expresa hoy Branko Milanovic, en "salvar al capitalismo de sí mismo". En definitiva, en ser capaces de aprovechar las innovaciones, morigerando -y si es posible desterrando- sus desigualdades. Un pensamiento de este tipo no se lleva bien con el llamado "solucionismo tecnológico" -una confianza absoluta en la técnica como motor de respuesta a la conflictividad social- pero tampoco con la confusión propia de quienes consideran que resulta imposible escindir la esfera de la innovación con la de la igualdad.

Sin embargo, el enemigo de Galliano es fundamentalmente otro: una visión que considera lejana no solo a los deseos, sino también a las posibilidades reales de un proyecto futuro: una idea de comunidad de pobres pero iguales, un proyecto de retorno a la naturaleza, una utopía más bien distópica de una "economía social" sin riqueza. Su reclamo es, justamente, el contrario: ampliar la riqueza para combinar lo mejor de la innovación con lo mejor de la resistencia a ella. Una economía social para el hedonismo y la creatividad. Si de algo sirve la proyección de la resistente "economía popular" no es, justamente, para la resistencia, sino más bien para la oferta de otra realidad posible. Pero es necesario crear riqueza.

Frente a un capitalismo especulativo que parte de la izquierda sigue denunciando como "irreal", Galliano pretende demostrar que esa especulación es, como experiencia, una realidad. Las plataformas digitales son reales. Uber es real. Softbank es real. Mercadolibre es real. La burbuja financiera es tan real como el Covid-19.

¿Por qué no es real un proyecto de izquierda para distribuir el trabajo, mientras se hacen cada vez más reales los procesos de automatización? ¿Por qué no es real un sindicalismo más atravesado por las plataformas que por los empleos manuales en declive? Aceptar la realidad despreciada como requisito para hacer la utopía de una izquierda "hacia adelante". La polémica está servida.


Frases Célebres 816

"¿Cendoya? No lo conozco, pero por la información que tengo es un hombre de lucha. Donde lo pongan da batalla y es un hueso duro de roer. Lo demás, no sé...". Jose Mujica, expresidente de la República y senador del MPP, refiriéndose a Nicolás Cendoya, el exdirector de Ursec (Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones) que es investigado por la Fiscalía General de la Nación al descubrir que tiene conexiones con un funcionario acusado de destruir documentación y que el MPP (Movimiento de Participación Popular) propuso para el directorio de Antel. El País (07/07/20).

"Cendoya se ha vestido con la capa de súper héroe defensor de Antel y no contesta las preguntas claves por lo que es investigado en la Justicia". Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales del Ministerio de Industria Nacional de Telecomunicaciones. VTV Noticias, VTV (07/07/20).

"Vamos a tener un problema con la gripe y seguramente sea grave, pero no sabemos cuándo". Juan Cristina, virólogo, acerca del hallazgo de una nueva cepa de gripe porcina, en parte similar a la que saltó de cerdos a humanos en 2009 hizo sonar las alarmas en los últimos días. A Ciencia Cierta, radio Sarandí (04/07/20).

"Al otro día de asumir, una de las primeras tareas en que nos vamos a enfocar es en mejorar la situación de la gente en situación de calle porque la Intendencia es corresponsable de ese problema. Vamos a trabajar mano a mano con el Mides (...) en estos próximos cinco años de la comuna van a ser de diálogo permanente con el gobierno nacional". Álvaro Villar, uno de los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Puntos de Vista, radio Uruguay (07/07/20).

"Me parece una vergüenza que una de las candidatas del FA diga que está esperando recibir el programa de gobierno para contar qué ideas tiene y que está pensando ideas todavía. Me parece una vergüenza que haya un candidato que critique todo lo que se ha hecho hasta ahora y no presente su programa de gobierno. Martínez no se hace cargo de su gestión de hace cinco años que ha sido ineficiente y con un déficit de 500 millones de pesos. Aumentó la recaudación y gastaron más. El Frente Amplio está cansado, vamos a mandarlo entre todos al banco de suplentes y a jugar este partido nosotros. Porque Montevideo se lo merece". Laura Raffo, candidata la Intendencia de Montevideo por la coalición. Montevideo (07/07/20).

"El Parlamento acaba de aprobar finalmente la LUC. El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos". Luis Lacalle Pou, Presidente de la República. Su cuenta de tuiter.

"Hay mucho para hacer. Es una ley popular y de oportunidades". Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, refiriéndose a de la Ley Urgente Consideración que ingresó al Poder Ejecutivo. Informe Capital, TV Ciudad (08/07/20).

"Desde la vuelta de la democracia, creció la cantidad de asentamientos. Creo que algo estamos haciendo mal como sociedad. Cuando todo el Estado se pone en una dirección, mal o bien, logra contener la situación. Diría que falta tener una visión holística del problema. Tenemos que buscar más los puntos en los que estamos de acuerdo. El déficit habitacional también nos interpela. No digo que no se haya hecho nada. Lo que digo es que por cada asentamiento que se hizo algo, crecen". Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda. Desayunos Informales, canal 12 (07/07/20).

"Hay que tener una política más diferenciada a favor del Interior y del Interior más profundo, porque si se quiere descentralizar hay que dejarse de discursos, el único camino es el que empezamos con la UTEC: crear institucionalidad y sobre todo crear trabajo. La gente que emigra del Interior, emigra en general por trabajo. Llevemos trabajo a la frontera, llevemos inversión industrial, démosle beneficios muy por encima de la instalación en el área metropolitana (...) y pongamos al Estado como socio. Si no cambiamos la pisada, si estamos con un fanatismo defendiendo por un lado al Estado y por el otro lado justipreciando al sector privado, y no nos damos cuenta de que ambos son herramientas de la civilización, ineludibles y que tenemos que compaginar, reconstruir historia (...) seguiremos una discusión de sordos, significa un hondo tajo en el país". José Mujica, expresidente de la República y senador del MPP. Reflexiones, radio M24 (06/07/20).

"Lo que es histórico es la situación de lo que estamos viviendo. Se estaban dinamizando muchos convenios de trabajo. Lo ideal -y fue una propuesta de gobierno- es generar un período puente para que todos podamos sobrepasar esta situación de la mejor manera (...) Gracias a Dios y a la política del gobierno, se viene permitiendo que tengamos buenos indicadores de la pandemia. La recuperación económica es un proceso lento, que va a llevar su tiempo". Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, tras el acuerdo del ajuste salarial entre el 2% y el 4% entre gobierno, empresarios y PIT-CNT. Punto de Encuentro, radio Universal (08/07/20).

"El ministro Mieres se comprometió a que si el producto crecía, íbamos a acompañar la misma dinámica que el crecimiento en el aumento salarial. De todas maneras, hay que estar expectante y luchando por generar mejores condiciones para los trabajadores. Hasta acá fue una etapa. No pudimos llegar a un acuerdo, lo que se firmó fue a un acta que baja la discusión pero que el Consejo de Salarios en pleno recomienda en un año puente como este, tomarlas como de recibo porque es muy difícil abrir los subgrupos en estas condiciones". Fernando Pereira, presidente del PIT CNT, en el marco del Consejo Superior Tripartito. Portal PIT CNT (07/07/20).

"Con los efectos de la pandemia en el mercado laboral, la preocupación empezó a estar en el empleo y los puestos de trabajo. Eso preocupa a las cámaras empresariales y al PIT-CNT. El PIT-CNT tiene dos grandes preocupaciones: el empleo y el salario de los trabajadores (...) No hay obligación de no despedir para las cámaras empresariales. Hay un compromiso tácito para utilizar las herramientas que eviten el despido". Federico Daverede, director Nacional de Trabajo. En Perspectiva, Radiomundo (08/07/20).

"La Unión Europea enfrenta el reto más inmenso de su historia. Saldremos de la crisis más fuerte que antes si reforzamos la cohesión y la solidaridad. Nadie saldrá de ésta solo, somos todos vulnerables. La solidaridad europea no es un gesto humanitario, es una inversión sostenible. No es solo un imperativo político, merece la pena y nos traerá beneficios". Angela Merkel, canciller alemana, defendió la cohesión entre los países de la Unión Europea para superar la crisis económica por el coronavirus. Agencia EFE (08/07/20).

"(Recibí) con naturalidad (el resultado del test), no hay que tener pavor, es la vida. Estoy en el frente de combate, yo no huyo de mis responsabilidades". Jair Bolsonaro, presidente de Brasil anunciando a la prensa que contrajo el Covid-19. Agencia Ansa (07/07/20).

"El salto en la pobreza, que pasó del 39,3%, al 64,8% entre 2014 y 2019, se debe a una contracción del Producto Interno Bruto de alrededor del 70% junto a la hiperinflación que golpea al país desde fines del 2017. El aumento de la pobreza en Venezuela no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar. Con tales indicadores de pobreza e ingresos nos salimos del contexto latinoamericano (...) Venezuela, lamentablemente, es un país que en cantidad de indicadores compara, más bien, con África. Para medir la pobreza multidimensional, que se ubicó en ese 64,8%, se tomaron en cuenta cinco elementos, desde ingresos hasta niveles educativos y acceso a los servicios públicos. Si se consideran solamente los ingresos, los hogares pobres se disparan al 96%". Pedro Luis España, sociólogo e integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bell de Venezuela, que realizó una Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 (ENCOVI). Agencia Reuters (07/07/20).

Correo de los Viernes.
Publicación Oficial de la Secretaría de Prensa del Foro Batllista.