No fue diálogo ni fue social: fue un rodeo político para reescribir en un escritorio lo que la ciudadanía rechazó en las urnas en 2024. Sin la oposición, sin números y con propuestas que erosionan el sistema previsional, el resultado expone algo más grave que un mal documento: una peligrosa vocación por desconocer los límites democráticos cuando el veredicto no gusta.

El llamado “Diálogo Social” sobre seguridad social no fue un ejercicio de construcción colectiva. Fue, en los hechos, un intento de reabrir por la vía deliberativa lo que la ciudadanía ya laudó en las urnas. Y ese pecado de origen contamina todo el proceso: lo vuelve políticamente cuestionable, técnicamente inconsistente y económicamente riesgoso.

El gobierno presentó la instancia como un ámbito plural. Participaron el Banco de Previsión Social, organizaciones sociales, técnicos y, de forma destacada, el PIT-CNT. Pero no estuvieron los partidos de la Coalición Republicana.

No fue una omisión menor ni un problema de agenda. Los partidos de la Coalición Republicana resolvieron explícitamente no participar porque entendieron que el proceso carecía de garantías de neutralidad, que sus conclusiones estaban orientadas de antemano y que no se trataba de un verdadero ámbito de negociación sino de validación política. En otras palabras, no se negaron al diálogo: se negaron a convalidar un formato que consideraron sesgado.

Esa ausencia no solo debilita el resultado: lo condiciona. Una reforma previsional sin la participación de la oposición relevante nace sin vocación de permanencia.

Pero hay algo aún más grave. El “Diálogo Social” se desarrolló apenas meses después del plebiscito de 2024, en el que la ciudadanía rechazó modificar sustantivamente el régimen previsional en el sentido que impulsaban sectores hoy predominantes en este proceso. Insistir, por otras vías, en propuestas que fueron descartadas en las urnas no es perseverancia política: es una forma de eludir el veredicto democrático.

Se podrá argumentar que no son exactamente las mismas medidas. Es cierto en la forma, pero no en el fondo. La orientación general —debilitar el pilar de capitalización individual, expandir el rol estatal y flexibilizar condiciones de acceso— es inequívocamente la misma.

El informe final organiza sus propuestas en siete ejes. Pero más allá del orden formal, lo relevante está en el contenido concreto, donde aparecen definiciones que merecen una crítica frontal:

1. AFAP: el avance silencioso hacia el control estatal
Aunque el gobierno —a través del presidente Yamandú Orsi y el ministro Oddone— niega cualquier intención de estatización, el documento plantea que las cuentas individuales puedan ser gestionadas por un organismo público. Es difícil no ver ahí una forma indirecta de vaciar el sistema mixto. No se lo elimina: se lo captura.

2. Redefinición de las jubilaciones
Se introducen orientaciones para revisar las tasas de reemplazo, los años de aporte y los criterios de acceso. El problema no es discutirlos, sino hacerlo sin un respaldo actuarial claro. Se sugiere mejorar beneficios sin explicar cómo se financian en el largo plazo.

3. Expansión de transferencias sin contraprestaciones
El documento plantea eliminar o reducir exigencias en programas sociales, sustituyéndolas por “acompañamiento”. El concepto es políticamente atractivo, pero peligrosamente vago. Sin mecanismos claros de incentivo, se consolidan las dependencias en lugar de superarlas.

4. Ampliación del concepto de protección social
Se incorporan dimensiones como cuidados, género y desigualdades estructurales. Todo legítimo. Pero se diluye el foco del sistema previsional y se cargan sobre él funciones que deberían discutirse en otras políticas públicas.

5. Falta de cuantificación fiscal
Este es el punto más crítico: el documento evita sistemáticamente poner números. No hay estimaciones de costo, ni escenarios, ni impacto en la sostenibilidad. En un sistema que ya enfrenta tensiones demográficas, esta omisión no es técnica: es política.

El PIT-CNT celebró el documento como un avance. Era esperable: fue la estrategia definida por el PCU y sus aliados.

Pero las cámaras empresariales fueron categóricas: el documento no recoge sus aportes y carece de rigor. Más que un proceso de síntesis, lo perciben como una imposición.

En el plano técnico y financiero, las señales son aún más preocupantes. Asesores de inversión y analistas han advertido sobre el impacto potencial en la confianza. Uruguay ha sido, durante años, un país previsible en materia de reglas de juego. Introducir incertidumbre en el régimen de ahorro previsional es, directamente, erosionar uno de sus activos más valiosos. Y el potencial —y muy tangible— riesgo de terminar pagando más intereses por la deuda soberana por incremento del riesgo-país.

El gobierno ha anunciado que utilizará el informe como insumo para definir prioridades. Es decir: seleccionará qué partes avanzar y cuáles no.

Ese margen de discrecionalidad es problemático por dos razones. Primero, porque el documento carece de una jerarquización clara, lo que facilita decisiones ad hoc. Segundo, porque refuerza la percepción de que todo el proceso fue más político que técnico.

El “Diálogo Social” no fracasa por falta de buenas intenciones. Fracasa por algo más profundo: por intentar construir legitimidad en forma bastarda.

Desconoce el resultado del plebiscito de 2024. Excluye —por diseño y por decisión política de los propios actores— a la oposición relevante. Produce un documento que elude las restricciones fiscales y minimiza los riesgos económicos. Y deja al país con más dudas que certezas.

Uruguay ya discutió su sistema previsional durante décadas. Lo reformó en los años 90, lo ajustó después y lo volvió a revisar recientemente. Pretender ahora rediseñarlo sobre bases imprecisas y descociendo a la ciudadanía no es audacia reformista: es irresponsabilidad y ausencia de convicciones democráticas.

El problema no es que el gobierno quiera cambiar cosas. El problema es cómo y contra qué lo está haciendo.

Y cuando un proceso de esta magnitud se propone rodear las urnas en lugar de respetarlas, la crítica no solo es válida. Es imprescindible. Porque cuando aparezca un proyecto de ley concreto del Poder Ejecutivo —hasta entonces reinará la más absoluta incertidumbre— la oposición deberá ser categórica para impedir que se lance al país por el despeñadero.

Por Julio María Sanguinetti

Un cuestionamiento frontal al rumbo del “Diálogo Social” y a las concesiones del gobierno ante el sindicalismo, con advertencias sobre los riesgos económicos, institucionales y de credibilidad que implicarían cambios en el sistema previsional.

La propuesta del promocionado “Diálogo Social” no puede ser más penosa. En lo personal porque un régimen de seguridad social que creamos con originalidad en medio de debates entre privatistas y estatistas y que ha demostrado en 30 años su eficacia, ahora se pretende desvirtuarlo por un prejuicio ideológico. En lo político, porque la propuesta es la demostración de que el gobierno está asediado por un sindicalismo retrógrado que viene ahora por la revancha, luego de fracasar en un intento de reforma constitucional que pretendió derogar el sistema y negarle a los trabajadores el derecho a ahorrar para mejorar su jubilación.

Somos conscientes del peso que el PIT-CNT tiene en el Frente Amplio y que el mismo ha sido el gran articulador del Diálogo. También que el gobierno tendrá que hacerle concesiones, pero algunas, como la comentada, pueden ser de un peso desproporcionado. Sobre todo por lo inútil, por enredar lo que funciona, por inventarse un problema que no existe y crear otro gravísimo en el terreno de las inversiones.

El gobierno trata de salvar la cara diciendo que las AFAP no se derogan. El propio Presidente había estado en contra del plebiscito y le sería imposible ahora desdecirse. Se busca entonces una vía oblicua: las AFAP sobreviven, pero sin la administración del dinero, que pasa al control político. La máquina permanece, pero sin combustible. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares, un tercio del PBI del país. Eso es lo que hay en las cuentas de los ahorristas.

Es todo corporativista. Ya el trabajador no puede elegir, porque se rompe el vínculo con la institución. No olvidemos que la República AFAP es casi un 40% del sistema y es entonces más que un testigo de todos los aspectos a cuidar en cuanto a costos o prestaciones.

No hay ninguna razón económica para el cambio. No hay ninguna queja de gestión. Es simplemente una revancha ideológica propia de un sindicalismo que, por su concepción marxista, no da valor al voto ciudadano. Respeto el comunismo de sus dirigentes principales. Es una religión laica y quien quiere seguir creyendo en ella está en su derecho, pero cuando esa concepción perimida en el mundo se proyecta contra el interés general, no tenemos otro camino que enfrentarlo. Vivimos en una democracia liberal, que se basa en el voto ciudadano.

Si le añadimos la rebaja en la edad jubilatoria, completamos un cuadro de enorme peligrosidad. De pérdida de credibilidad del gobierno. El solo hecho de resaltar la simpática idea de reabrir la jubilación a los 60 años es una bomba en el prestigio de la conducción económica. Por más que no se lo estimule, por más que se siga hablando de la normalidad en 65 años, es una señal a contramano de la lógica. El propio Diálogo Social se convocó para afrontar las “transformaciones demográficas” del país y ponemos marcha atrás. Que actividades como la construcción o la policía pudieran tener un régimen especial de jubilaciones es razonable. Pero el solo hecho de establecer la posibilidad general de los 60 años pone una inesperada nota demagógica, cuando es imprescindible caminar en la dirección contraria. Si vivimos más años, si los vivimos con mejor salud, si las tareas hoy en general son menos fatigosas, es inaceptable el paso atrás.

Estamos aún en una etapa preparatoria. El Poder Ejecutivo tendrá que enviar sus propuestas al Parlamento en la mayoría de los asuntos planteados y habrá margen para discutir. Que se considere necesaria una reconsideración del sistema de seguridad social lo comprendemos. Hay duplicaciones, gastos excesivos en algunos lados y carencias en otros. Naturalmente, los márgenes de gasto público están muy acotados. No es tarea fácil conciliar tantas propuestas, pero es un esfuerzo plausible. Lo que lamentamos son esas definiciones prejuiciosas.

El gobierno está asediado por el PIT-CNT. Lo está el Frente Amplio desde hace muchos años. Confiamos en que la oposición ayude a liberarlo de ese cerco.

La siguiente columna el expresidente Sanguinetti fue publicada en «La Nación» de Buenos Aires el pasado sábado 25 de abril.

Hace un siglo escribió José Ortega y Gasset su España Invertebrada, intentando explicar en profundidad por qué esa dificultad de entenderse, por qué esa permanente tensión disgregadora. Dentro de varios factores, se detiene especialmente en el “particularismo”, la pasión por sentirse distinto al resto, y lo que él llama la “aristofobia”, o sea, el odio a los mejores. Hoy España es España, luego del período del españolismo a garrotazos de Franco y del nobilísimo pacto constitucional de 1978, que con Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Felipe González, lograron construir lo que aun hoy, pese a su éxito, a cada rato se amenaza.

Peor le fue a Bolívar con su sueño anfictiónico de 1826, cuando intentó una gran confederación americana, unida por nuestra lengua y tradiciones. Invitó a todos. Rivadavia, en plena guerra con el Imperio de Brasil, no estaba para congresos y los lusitanos contestaron circunspectamente pero ni se asomaron. Los intentos posteriores los conocemos y desde la Unión Panamericana de 1890, la OEA, la ALADI y el SELA, todos de algún modo han aportado pero sin lograr nunca una vertebración real. Nos ha pasado incluso en espacios tan análogos como Mercosur, firmado en 1991, pero luego de 8 años magníficos nunca más logró congeniar.

Los particularismos de que hablaba Ortega juegan, pero en nuestro caso lo peor ha sido la ideología. Con EE. UU. o contra EE. UU. Con Cuba o contra Cuba. En general, con un nivel de debate en blanco y negro, sin los necesarios matices que permiten la convivencia de lo particular con lo general.

Ahora estamos de nuevo envueltos en una confusión general. La CELAC, reunida en Bogotá el mes pasado, pretendía exhibir el intento brasileño de reflotar ese organismo que nació en 2010 como una suerte de OEA sin los EE. UU. Desde el primer día, como se advierte, con una carga ideológica: alejarse de la potencia del Norte. Por lo mismo, nunca pasó de ser un foro deliberativo e irrelevante. Ahora volvió a desnudarse. Solo tres presidentes estuvieron presentes. Lula, Petro y nuestro presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que recibió la presidencia y no podía faltar. Los otros dos terminan sus mandatos este año, por lo que este intento de resurrección es una “piuma al vento”.

La declaración fue progreso manuscrito y ni siquiera pudo hacerse una referencia unánime a Cuba, porque 12 países votaron en contra de la frase que aludía al otrora faro revolucionario y hoy tristísima expresión —como si faltara alguna todavía— del fracaso del marxismo. El atraso económico, la anomia individual, la pérdida de libertades, han llevado a la miseria a ese país que cuando cayó la dictadura de Batista seguía siendo el más próspero del área. Su PBI per cápita era 30 % mayor que el de República Dominicana, que hoy es 700 % superior. Solo tiene la suerte de que el ineficaz embargo comercial estadounidense todavía le sirve de pretexto para hablar de un “bloqueo”, cuando Cuba podía y puede comerciar libremente con todo el resto del mundo y hasta recibir ayuda de la Unión Soviética y Venezuela, que en su tiempo le permitieron sobrellevar el tristísimo fracaso.

A ese “bloqueo” se cuelgan, en un patético ejercicio de nostalgia revolucionaria, partidos y gobiernos “de izquierda” que han terminado de sucumbir a la democracia liberal y la economía capitalista, pero preservan restos de la vieja retórica. En eso está hoy Brasil, que ha fracasado estrepitosamente en ejercer el liderazgo que su poderío hace natural, que en algunos tiempos ejerció con elegancia y bien útil fue. En vez de actuar con pluralidad amplia, solo ha intentado armar un club de gobiernos de izquierda que hoy son minoría en Sudamérica y lejos están de la ejemplaridad.

Desgraciadamente, una vez más, los EE. UU., con la incontinencia tuitera de verbos, adjetivos, amenazas y propuestas del presidente Trump, les dan razón de ser a quienes viven al margen de un tiempo que nos habla de inteligencia artificial, energías alternativas y competitividad frente a actores como China que han cambiado los equilibrios universales. Amenaza a Cuba y no termina de aclarar su dramática intervención en Venezuela, secuestro presidencial incluido, en que por ahora solo ha mostrado un multimillonario negocio petrolero, un extraño romance con el “madurismo sin Maduro” y ninguna definición sobre fecha de elecciones.

Pocos días antes de la CELAC, Trump levantó otra toldería, el “Escudo de las Américas”, reuniendo a 12 países americanos en un programa de lucha contra el narcotráfico. También es un intento informal por generar un liderazgo alineando, en este caso, a todos aquellos que no revistan en el figurín “progresista”. Por supuesto, reivindica su hegemonía en cuanto a decisiones, pero el hecho es que, más allá de volar en pedazos cuatro o cinco lanchas, nada hemos visto.

Mientras tanto, en esa avalancha de mensajes sin precedentes, el presidente de EE. UU. se enfrenta a un papa que nació en EE. UU. pero que hizo toda su carrera en Perú, del que es ciudadano, trabajó años como misionero y terminó de obispo de Chiclayo cuando ascendió a cardenal y, un año más tarde, nada menos que a la Santidad. Un papa misionero en Perú, sin ningún perfil político hasta el momento en que la intemperancia de Trump proclamó que iba a exterminar una civilización y protestó. Lo agravió, lo declaró enemigo y, como suele pasar con los extremistas, fortaleció su figura. Hoy es un actor relevante.

Respuesta a “la derecha”, el presidente del gobierno de España, en su peor momento de prestigio personal, organiza un gran congreso “progresista”. Como en la CELAC, solo comparecen los presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay, pero esta vez aparece México y sobre esta base ya se intenta renacer la ilusión de un reverdecer izquierdista. En su deriva antiyanqui, Sánchez llega a proponer que Europa rompa con Israel, la única democracia de la región y la avanzada de Occidente. Todo triste, desenfocado. “Particularista” y “aristofóbico”, diría Ortega.

De España heredamos una lengua maravillosa y una cultura de valor universal. También, el “particularismo” en el que vivimos sumergidos mientras entonamos el himno de una fraternidad ilusoria. Y si los del Sur somos un caos, desde el Norte solo se arrojan, en tormentoso descontrol, rayos y centellas.

Una denuncia impulsada desde la cima del poder que hoy no avanza por una razón tan simple como grave: la propia Presidencia no entrega la información básica que exige la Fiscalía. El caso Cardama, lejos de exhibir firmeza institucional, expone improvisación, desorden y una alarmante ligereza en el uso de herramientas penales.

La causa vinculada a la empresa Cardama permanece en un limbo judicial que ya no puede explicarse por tiempos procesales ni por cautelas razonables de la Fiscalía. El estancamiento tiene un responsable concreto: la propia Presidencia de la República, que, pese a haber impulsado la denuncia, no ha cumplido con un requisito elemental para que la investigación avance: la entrega de información clara, completa y sistematizada sobre los hechos denunciados.

Según surge de las actuaciones fiscales y de las informaciones publicadas en distintos medios, la Fiscalía continúa a la espera de precisiones básicas por parte del Poder Ejecutivo. No se trata de detalles menores, sino de la estructuración misma de los presuntos ilícitos: qué conductas se atribuyen, a quiénes, en qué contexto y con qué respaldo documental. Sin ese insumo mínimo, la investigación no puede siquiera ingresar en su fase inicial de citaciones.

Este punto es clave. La Fiscalía no ha decidido archivar ni desestimar la denuncia; simplemente no puede avanzar porque quien la promovió no ha cumplido con su carga de aportar los elementos necesarios. En términos jurídicos y administrativos, esto revela una falla grave: no alcanza con denunciar, hay que sostener la denuncia con información utilizable.

El problema, entonces, deja de ser estrictamente judicial y pasa a ser político-institucional. La Presidencia actuó con premura al presentar el caso, pero esa rapidez no fue acompañada por el rigor técnico indispensable. El resultado es un expediente paralizado que expone una contradicción incómoda: el propio denunciante se convierte en el principal obstáculo para que la verdad se esclarezca.

Más aún, el episodio se da en un contexto de creciente tensión política, donde incluso se evalúan derivaciones penales en otras áreas vinculadas a decisiones de defensa y adquisiciones militares. Esa atmósfera refuerza la percepción de improvisación y de utilización poco cuidadosa de herramientas institucionales sensibles.

Lo ocurrido con Cardama deja en evidencia un problema más profundo: la ligereza con la que se manejó un asunto que requería máxima prolijidad técnica y jurídica. Cuando el Estado denuncia sin sustento operativo suficiente, no solo debilita su propia posición, sino que también erosiona la credibilidad de los mecanismos de control y persecución penal.

En definitiva, el caso no está detenido por falta de voluntad judicial, sino por falta de cumplimiento del Ejecutivo. Y esa omisión, más que un detalle administrativo, se ha convertido en el núcleo del problema. La consecuencia es evidente: una denuncia que pretendía exhibir firmeza termina revelando desorden, improvisación y una preocupante falta de responsabilidad institucional.

Las últimas proyecciones de CEPAL confirman un enfriamiento general en la región. Pero el dato más inquietante no es la desaceleración en sí, sino la ubicación de Uruguay entre los países de peor desempeño, en línea con un deterioro sostenido de sus principales indicadores económicos.

Las nuevas estimaciones de la CEPAL para 2026 consolidan una tendencia que ya no admite matices: América Latina crece poco, y además lo hace de forma desigual.

El organismo ajustó a la baja sus previsiones y proyecta un crecimiento regional moderado, afectado por un contexto internacional menos dinámico, condiciones financieras más restrictivas y una demanda externa que pierde impulso. En ese marco, el mapa regional muestra contrastes marcados:



La lectura de fondo es clara: América Latina no logra consolidar un ciclo de crecimiento robusto ni homogéneo, y continúa atrapada en una dinámica de bajo crecimiento estructural.

Uruguay: bajo crecimiento, alta consistencia del deterioro

Dentro de ese panorama, Uruguay aparece en una posición particularmente desfavorable. La CEPAL lo ubica entre los países con menor crecimiento proyectado para 2026, lo que no constituye un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia.

Más preocupante aún es que esta previsión es consistente con prácticamente todos los indicadores económicos relevantes del país:

1. Estancamiento del crecimiento
En los últimos años, Uruguay ha mostrado tasas de expansión moderadas o directamente débiles, sin lograr recuperar un ritmo sostenido de crecimiento. La economía parece haber entrado en una meseta prolongada.

2. Pérdida de dinamismo en el consumo interno
El consumo, históricamente uno de los motores de la economía uruguaya, muestra señales de fatiga. La combinación de salarios reales estancados y mayor presión sobre los hogares limita su capacidad de traccionar la actividad.

3. Inversión insuficiente
Más allá de proyectos puntuales (como grandes inversiones extranjeras en celulosa en años recientes), la inversión no logra consolidarse como un motor estructural. La incertidumbre y la falta de dinamismo afectan tanto a la inversión pública como privada.

4. Problemas de competitividad
El atraso cambiario relativo y los costos internos elevados siguen siendo un lastre para sectores exportadores clave. Esto reduce la capacidad del país para aprovechar oportunidades externas en un contexto global ya de por sí adverso.

5. Mercado laboral frágil
Si bien los indicadores de empleo no colapsan, la calidad del empleo y la creación de nuevos puestos muestran debilidades persistentes. La informalidad y el subempleo siguen siendo desafíos relevantes.

Un rezago estructural

Lo más significativo de la advertencia de la CEPAL no es la magnitud del bajo crecimiento esperado para Uruguay, sino su carácter estructural.

Mientras otros países de la región —aun con limitaciones— encuentran nichos de dinamismo (servicios, turismo, exportaciones específicas), Uruguay aparece cada vez más condicionado por:

• una estructura productiva poco diversificada,
• altos costos internos,
• y una dependencia significativa de factores externos.

• menor margen fiscal,
• mayores tensiones sociales,
• y un aumento en la presión sobre el Estado para sostener niveles de bienestar.

Ya no alcanza con mirar ingresos. El índice multidimensional revela carencias estructurales persistentes y abre un debate más exigente sobre cómo se asigna el gasto público y qué resultados produce.

La pobreza multidimensional —expresada en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)— es un indicador compuesto que identifica privaciones simultáneas en distintas áreas clave de la vida.

A diferencia de la medición tradicional por ingresos, el IPM considera dimensiones como:

• educación,
• empleo,
• vivienda,
• acceso a servicios básicos,
• protección social.

• Desacople entre ingreso y bienestar: cientos de miles de uruguayos no son pobres por ingresos, pero sí presentan privaciones estructurales.
• Persistencia concentrada: la pobreza no aparece dispersa, sino concentrada en núcleos específicos de carencias.
• Fuerte impacto en infancia y trayectorias educativas.

• Es la principal privación: explica el 18,5% del IPM.
• El 48,2% de los uruguayos vive en hogares con carencias en años de escolarización.
• Entre los pobres multidimensionales, el 93% está afectado.

• La informalidad laboral explica el 13,5% del índice.
• El 29,4% de la población vive en hogares con inserción laboral precaria.
• Entre los pobres, alcanza al 68%.

• Problemas de materialidad representan el 11,3% del IPM.
• Afectan al 16,7% de la población y al 57% de los pobres multidimensionales.

• Identificar qué privaciones explican la pobreza, no solo cuántos pobres hay.
• Detectar dónde se concentran los problemas (grupos, territorios).
• Diferenciar políticas según el tipo de carencia.

Un nuevo choque en la Jutep expone acusaciones de manipulación de expedientes, cambios reglamentarios restrictivos y un creciente control del oficialismo que, según la oposición, transforma al organismo en una herramienta política y erosiona su credibilidad institucional.

La Junta de Transparencia y Ética Pública volvió a quedar en el centro de la polémica, pero esta vez no por un caso puntual sino por algo más grave: la consolidación de un funcionamiento capturado por la lógica política del Frente Amplio. El último cruce entre oficialismo y oposición no es un episodio aislado, sino la confirmación de un proceso de degradación institucional.

Según denunció un director opositor, la conducción alineada con el oficialismo incurre en irregularidades de gravedad, manipulando expedientes sensibles y alterando criterios de funcionamiento interno. Las críticas apuntan a decisiones que no solo afectan casos concretos, sino que modifican reglas de juego básicas dentro del organismo.

El núcleo del conflicto es doble. Por un lado, la oposición acusa a la mayoría frenteamplista de administrar discrecionalmente los tiempos y la visibilidad de los expedientes, lo que impacta directamente en la transparencia. Por otro, se cuestionan cambios reglamentarios que, en los hechos, reducen el margen de acción de los directores no alineados, generando un silenciamiento de la disidencia dentro de la propia Jutep.

No es la primera vez. Ya tras el fallo contra Azucena Arbeleche, los representantes opositores habían denunciado un “uso partidizado” del organismo, señalando que la mayoría oficialista actúa con criterios políticos en lugar de jurídicos. Aquella advertencia hoy adquiere otra dimensión: lo que parecía un sesgo en decisiones puntuales empieza a leerse como un patrón sistemático.

El problema es más profundo que un simple enfrentamiento político. La Jutep fue concebida como un órgano técnico, independiente y garante de la ética pública. Sin embargo, lo que emerge de los últimos episodios es una institución que opera como extensión de la disputa partidaria, donde el oficialismo no solo define resoluciones sino también las condiciones mismas en que esas resoluciones se procesan.

El resultado es un vaciamiento silencioso. Cuando los criterios dejan de ser previsibles, cuando la información se administra con opacidad y cuando la disidencia interna es acotada por diseño, la consecuencia es inevitable: la pérdida de credibilidad.

La gravedad no radica únicamente en los casos que la Jutep investiga, sino en lo que empieza a dejar de ser: un árbitro confiable. En ese desplazamiento —de organismo técnico a herramienta política— el Frente Amplio no solo compromete a sus delegados. Compromete, sobre todo, la legitimidad de uno de los pocos instrumentos que el Estado uruguayo tiene para vigilarse a sí mismo.

La seguidilla de renuncias en el Ministerio de Salud Pública, que abarca desde jerarcas técnicos hasta órganos asesores completos, expone tensiones internas en la conducción encabezada por Cristina Lustemberg y pone a prueba el respaldo político del presidente Yamandú Orsi en un área crítica.

La sucesión de renuncias en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y organismos vinculados dejó de ser un episodio aislado para configurar un cuadro de inestabilidad política y técnica en la gestión de la salud. En menos de diez días, dimisiones en cascada golpearon a la estructura jerárquica y a los órganos asesores, abriendo interrogantes sobre el rumbo del equipo encabezado por la ministra Cristina Lustemberg.

El primer movimiento fue en la cúpula técnica del MSP. La salida de la directora general de Salud, Fernanda Nozar, seguida por la del subdirector Gilberto Ríos, evidenció tensiones internas. Fuentes políticas y sanitarias coinciden en que detrás de estas decisiones hubo diferencias con la conducción ministerial y con la estrategia sanitaria adoptada, así como las diferencias entre la ministra Lustermberg y el subsecretario Leonel Briozzo.

La simultaneidad de las dimisiones y el peso de los nombres involucrados refuerzan la lectura de que no se trata de rotaciones administrativas, sino de desacuerdos más profundos, tanto técnicos como políticos, en torno a prioridades, estilos de gestión y orientación de las políticas públicas.

A este cuadro se sumó un hecho de alto impacto simbólico: la renuncia colectiva de todos los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, un organismo asesor clave integrado por académicos y especialistas. La dimisión fue presentada y aceptada por las autoridades, sin que hasta ahora se hayan explicitado sus motivos.

El efecto acumulativo de estas salidas generó inquietud incluso dentro del oficialismo, mientras que la oposición intensificó sus críticas, señalando una conducción fragmentada y atravesada por disputas internas. La falta de anuncios inmediatos sobre reemplazos profundiza la percepción de vacío en áreas sensibles de la gestión sanitaria.

En términos institucionales, la crisis revela una doble fragilidad. Por un lado, la dificultad para sostener cohesión en equipos altamente técnicos donde las discrepancias suelen traducirse en rupturas. Por otro, la exposición política de esas tensiones en un sector particularmente sensible para la ciudadanía.

El respaldo del presidente Yamandú Orsi a la ministra busca contener el impacto, pero no disipa el problema de fondo: la estabilidad del sistema depende no solo de definiciones programáticas, sino también de la capacidad de conducción y articulación interna.

Si la seguidilla de renuncias continúa —o si no se logra recomponer rápidamente el equipo— el costo dejará de ser exclusivamente político. Pasará a ser, como ya advierten algunos actores, un problema de gobernabilidad sanitaria.

Por Santiago Torres

Las polémicas que rodean a Alejandra Casablanca y Alejandra Collette Spinetti ya no pueden leerse como episodios aislados ni como daños colaterales de la exposición pública. Entre denuncias reiteradas, antecedentes de gestión problemáticos y evidencias directas de estilos de conducción autoritarios y carentes de empatía, lo que queda al descubierto es una carencia estructural de idoneidad para liderar equipos humanos. Sostenerlas en sus cargos no sólo desatiende esa evidencia: erosiona la credibilidad de las políticas de derechos humanos.

El oficialismo ha decidido cerrar filas. Pese a la acumulación de cuestionamientos, Presidencia mantiene el respaldo tanto a Casablanca —al frente de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente— como a Spinetti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos. El argumento ha sido, en lo esencial, político: reconocer errores, relativizar su gravedad y evitar ceses que podrían interpretarse como concesiones.

Sin embargo, el problema no es político. Es de idoneidad. En rigor, la falta de ésta.

Casablanca: antecedentes que no son aislados

En el caso de Alejandra Casablanca, las controversias actuales no surgen de la nada. Las denuncias por acoso laboral y conflictos reiterados con funcionarios, no configuran episodios aislados sino un patrón que se extiende en el tiempo y atraviesa distintos ámbitos de actuación.

El punto central no es la veracidad individual de cada denuncia —que deberá dirimirse en los ámbitos correspondientes—, sino su acumulación y persistencia. Cuando los cuestionamientos se reiteran, cuando distintos actores describen dinámicas similares y cuando los problemas de gestión se vuelven sistemáticos, deja de ser plausible la hipótesis del hecho puntual. Lo que emerge es un estilo de conducción.

Y ese estilo, según lo que surge de los antecedentes, es incompatible con la construcción de equipos de trabajo funcionales.

Spinetti: lo irrelevante y lo sustantivo

En el caso de Spinetti, la discusión pública se desvió. Los audios privados —anteriores a su designación—, con expresiones agraviantes y de alto impacto mediático, concentraron la atención por su carga de morbo. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, son secundarios.

Lo relevante es otro audio: aquel en el que Spinetti se dirige a funcionarios de su propia Secretaría.

Allí no hay deslices privados ni expresiones fuera de contexto. Hay ejercicio de autoridad. Y lo que se evidencia es un estilo de conducción autoritario, agresivo y carente de una elemental empatía. La centralidad absoluta de “su” cargo, expresada sin ambages, y el desprecio implícito hacia el resto del equipo no son interpretaciones: surgen de sus propias palabras.

Ese registro no admite relativizaciones. Es, en sí mismo, un indicador de falta de idoneidad para liderar.

Liderar no es sólo saber

Existe una confusión recurrente —y funcional— que consiste en equiparar idoneidad con conocimiento técnico o trayectoria militante.

Ni una ni otra alcanzan.

La evidencia en gestión organizacional es abrumadora en este punto. Quien lidera un equipo debe reunir, como mínimo, capacidades elementales: comunicación efectiva, empatía, inteligencia emocional, capacidad de escucha, manejo de conflictos, construcción de confianza y orientación al trabajo colectivo.

Estas competencias no son accesorios “blandos”. Son condiciones estructurales. Sin ellas, cualquier organización —y más aún una dedicada a derechos humanos— se degrada en su funcionamiento cotidiano.

Un liderazgo basado en el temor, la descalificación o la autoafirmación narcisista no sólo deteriora el clima laboral. Reduce la eficacia institucional, bloquea procesos, desarticula equipos y termina afectando los resultados.

Lo evidente

A la luz de los hechos, resulta difícil sostener que Casablanca y Spinetti reúnen esas condiciones mínimas.

En Casablanca, por la reiteración de conflictos y denuncias que apuntan a una misma matriz de conducción.
En Spinetti, por la evidencia directa de su propio discurso ejerciendo autoridad.

En ambos casos, “rompe los ojos” la ausencia de habilidades básicas de liderazgo.

Ni el conocimiento técnico —en el caso de Casablanca— ni la condición de “luchadora social” —en el de Spinetti— suplen esa carencia. Son dimensiones distintas. Y confundirlas es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, funcional a sostener situaciones indefendibles.

Una decisión que compromete al Estado

La permanencia de ambas jerarcas no es neutra. No se limita a un costo reputacional ni a un desgaste político coyuntural.

Compromete el funcionamiento de dos Secretarías centrales para la política pública en derechos humanos. Y, por extensión, compromete la consecución de sus objetivos.

En organismos cuya legitimidad descansa en la confianza, la empatía y la coherencia entre discurso y práctica, el liderazgo es determinante. Cuando ese liderazgo falla, todo el andamiaje institucional se resiente.

Por eso, el problema no es si hubo “errores” ni si estos fueron suficientemente graves como para justificar una reacción política inmediata.

El problema es otro: la evidencia acumulada de que quienes hoy conducen esos organismos carecen de las competencias necesarias para hacerlo.

Y cuando la incompetencia es estructural, la única respuesta razonable es la remoción.

Por Elena Grauert

Bajo el rótulo de “Diálogo Social”, el oficialismo reabre por vía indirecta una reforma previsional ya rechazada en las urnas. Detrás del discurso técnico, asoma una disputa más profunda: el control estatal sobre los ahorros individuales y un rediseño del sistema que amenaza la propiedad, la competencia y, en última instancia, la libertad de los ciudadanos.

Se llama “Diálogo Social”, pero el 60% de los uruguayos ya dijo que no en las urnas. Detrás de la propuesta de reforma de las AFAP, no hay técnica ni equidad, sino que hay una vieja obsesión ideológica por controlar los ahorros privados de los ciudadanos. Y hay un costo real que nadie menciona: el monopolio del BSE, silenciosamente, le recorta la jubilación a cada uruguayo.

Las propuestas realizadas en el marco del llamado “cambio social”, en cuanto a las AFAP, demuestran un retroceso en el desarrollo de las políticas públicas y de la economía, respondiendo a un simple afán ideológico por destruir la propiedad privada, el derecho de los individuos a decidir sobre su vida y el destino de sus ahorros, y, en definitiva, sobre la libertad.

El único objetivo es concentrar poder en el Estado en desmedro de los ciudadanos y de la libertad.

Otra de las brillantes y trasnochadas propuestas que demuestra lo poco que le importa la educación y los estudiantes, es la de eliminar el requisito de concurrencia escolar como condición para cobrar las asignaciones familiares.

Parece que, para quienes idearon esa propuesta, es lo mismo —y más cómodo— dar limosnas —lo que de alguna forma evidencia un desprecio hacia la educación— que controlar que los estudiantes vayan a clase.

A ninguno de los integrantes que participaron de esa fachada de diálogo democrático y social —ya que en realidad se trata del mandato dogmático de un sector del Frente Amplio y del PIT-CNT—se le ocurrió que la norma que exige la concurrencia de los estudiantes al centro de estudio no es meramente burocrática o caprichosa, sino que es una forma de educar y de señalar a los padres la importancia de que sus hijos concurran a educarse. No es un mero requisito burocrático, sino la forma correcta de desarrollar una política pública que enaltece la educación como valor.

Pero, volviendo a la seguridad social, la reforma propuesta desconoce olímpicamente que, desde la reforma de 1996, el sistema opera bajo un modelo mixto de tres pilares: un pilar solidario gestionado por el Banco de Previsión Social (BPS), un pilar de capitalización individual administrado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) privadas, y un pilar no contributivo de prestaciones mínimas.

La última reforma, instrumentada mediante la ley 20.130, aprobada en 2023 bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, fundamentalmente elevó la edad general de jubilación a 65 años de forma gradual —aplicable a las generaciones nacidas a partir de 1977—, en virtud del desequilibrio estructural de largo plazo del sistema frente al envejecimiento acelerado de la población.

También se desconoce que la propuesta del Frente Amplio y el PIT-CNT fue rechazada por amplia mayoría en el plebiscito de octubre de 2024.

Sin duda, el “Diálogo Social” es la vía oblicua que encontraron algunos representantes de los sectores más antiliberales y antidemocráticos de esta sociedad para presentar nuevamente propuestas ya rechazadas por el 60% de la población.

Siempre, desde la primera reforma en 1996 hasta la fecha, el Frente Amplio y el PIT-CNT quisieron apropiarse de los ahorros que los ciudadanos tenemos en las AFAP, obviamente sin pagar compensación alguna por dicha expropiación. Exactamente igual a lo que han hecho con la devolución del FONASA.

Se propone separar las funciones de las AFAP privadas, articulando una ficción totalmente anticomercial y sin ningún sentido económico: estas retendrían la gestión de las inversiones de los fondos, pero la administración de las cuentas personales y la relación directa con el afiliado pasarían a un nuevo ente estatal, aún sin denominación oficial, que decidiría adónde se invierten los ahorros privados de la gente.

Esto, simple y llanamente, como declaró el economista Alfie, es una estatización de los ahorros de las personas.

El éxito de la reforma de 1996 radicó en separar de manera efectiva la administración y el dinero de las arcas del Estado. Los ciudadanos, por más de 30 años, hemos optado por que esos fondos los administren privados; por lo que cambiarlo manu militari es, lisa y llanamente, una expropiación. Es como si mañana me dijeran que la casa la voy a poder seguir usufructuando, pero que la propiedad y a quién se le alquila lo va a decidir el Estado.

En cuanto al límite de edad elevado a 65 años —que ya es de los más bajos del mundo respecto a la mayoría de los países desarrollados—, teniendo en cuenta que la longevidad en Uruguay es de las más altas de América Latina y que la tasa de natalidad también se encuentra entre las más bajas de la región, los indicadores señalan exactamente lo contrario a lo que se propone; de hecho, en poco tiempo quizás haya que rediscutir una nueva reforma.

La verdad es que, quizás, con el avance de la inteligencia artificial y la robotización, habrá que entrar a discutir la famosa renta básica universal, pero eso es materia de otro artículo.

Otra inexactitud: el artículo 32 de la ley 20.130 ya prevé el retiro anticipado para actividades de mayor desgaste físico. En consecuencia, presentar esta posibilidad como una innovación del denominado “Diálogo Social” para bajar la edad de retiro de 65 a 60 años en dichas actividades no solo resulta inexacto, sino directamente engañoso. En los hechos, nuevamente se desinforma sobre el estado real del sistema previsional y se atribuyen méritos a un proceso que no los tiene en este punto.

Asimismo, una medida de este tipo es similar a la adoptada durante el gobierno kirchnerista con las AFJP en Argentina: lo único que logra es desintegrar el sistema y generar pobreza. Las tres principales agencias de calificación crediticia han manifestado explícitamente el vínculo entre la solidez del sistema previsional uruguayo y su grado inversor. Por lo tanto, una medida así, a largo plazo y con el déficit fiscal actual, puede incrementar rápidamente el índice de endeudamiento, haciendo que Uruguay termine pagando tasas más elevadas.

Uno de los temas que, sin duda, generará numerosas acciones de inconstitucionalidad es la violación directa al derecho de propiedad consagrado en los artículos 7 y 32 de la Constitución. El profesor de Derecho Constitucional, Dr. Martín Risso Ferrand, sostiene que “la propuesta de transferir la gestión de cuentas personales a un ente estatal sin consentimiento del afiliado vulnera el derecho de propiedad sobre los ahorros depositados en las AFAP”. La doctrina jurídica uruguaya distingue entre:

• La expectativa de derecho en el sistema de reparto del BPS, donde el ciudadano carece de propiedad sobre un activo concreto.
• La propiedad efectiva en el sistema de AFAP: los fondos son heredables, de titularidad individual y no forman parte del patrimonio de las administradoras.

En palabras del propio Dr. Risso Ferrand: “Un traslado forzoso de la gestión de estos fondos a una agencia estatal con déficit estructural constituye un riesgo para la seguridad jurídica y una restricción desproporcionada sobre la facultad de disposición y control del titular”.

Los ciudadanos de a pie —quienes no somos invitados al Diálogo Social pero sí votamos y ya nos pronunciamos con contundencia— sabemos que la justificación de “ahorrarnos las comisiones” es falsa, porque, al existir competencia entre las empresas, estas pugnan por reducir ese costo. Además, el Estado jamás ha demostrado ser un ejemplo de eficiencia en régimen de monopolio, sino todo lo contrario.

El verdadero problema no son las comisiones: el problema es cómo lograr que los ahorros de esos ciudadanos rindan más, y hay muchas formas de hacerlo. Pero la pantomima de que nos vamos a ahorrar la comisión jamás generará mayores ahorros. Esa propuesta viola flagrantemente el derecho de propiedad: esos ahorros pertenecen al titular de la cuenta, no al Estado.

Uno de los costos más cuestionados es la prima que cobra el BSE por asumir el riesgo de longevidad —esto es, que el jubilado viva más de lo previsto—. En ese pago no hay competencia: es monopólico, y está demostrado que las tablas de mortalidad utilizadas por el BSE son conservadoras —asumen una mayor expectativa de vida y, por tanto, cobran una prima más alta—, lo que reduce directamente la renta mensual que percibe el jubilado. En consecuencia, parte del ahorro acumulado queda en manos del BSE, sin que el ciudadano ni sus herederos lo perciban jamás, como resultado de ese pago desproporcionado.

Si se redujera lo que cobra el BSE, eso sí incidiría positivamente en lo que percibe el rentista o jubilado. Sería una medida justa, transparente, pública y democrática. Se lograría haciendo justamente lo contrario a lo que se propone, y el ministro Oddone lo sabe: debería abrirse a todas las aseguradoras la licitación del pago de las rentas, a fin de poder elegir la que cobra menos, o quizás dejar que el propio ciudadano elija su aseguradora en función de la certeza o del menor costo. Pero esto, obviamente, ni siquiera se menciona.

En síntesis, el costo del monopolio del BSE en la etapa de pago es una ineficiencia estructural que reduce silenciosamente la jubilación efectiva, y su omisión en el debate de reforma es llamativa, dado que corregirla no requeriría cambiar el esquema de pilares, sino simplemente introducir competencia o regular mejor la conversión del ahorro en renta.

Por último, lo que existe aquí es una clara ilegitimidad democrática que atenta contra la seguridad jurídica: por vía oblicua se intenta aprobar la propuesta legislativa que fue rechazada en el plebiscito de octubre de 2024, recurriendo al mecanismo de reforma constitucional.

Aunque el rechazo de una reforma constitucional no impide que el Parlamento legisle sobre la misma materia por vía legal ordinaria, hacerlo constituye un claro desprecio a los pronunciamientos democráticos, vulnerando los derechos de las empresas administradoras y los de los ahorristas. Como señala el Prof. Correa Freitas, esto sin duda generará litigios contra el Estado, que muy posiblemente los pierda y deba responder por ello.

Es cierto que los plebiscitos no confieren inmutabilidad jurídica y que el Parlamento puede legislar, pero el principio rector es que no se puede legislar retroactivamente afectando los ahorros de los ciudadanos sin compensación alguna. La única reforma posible sería con efectos hacia el futuro e, igualmente, generaría responsabilidades y pérdidas para el Estado.

Lo más grave de todo esto es el ataque al derecho de propiedad sin que ello traiga, para los ciudadanos, una mejora efectiva en su renta, sino todo lo contrario. Es la lógica del “cuanto peor, mejor” que tanto defiende la izquierda, y que se hace patente cuando sus referentes defienden regímenes dictatoriales como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sin ningún reparo ante el hambre, la pobreza, la violación de derechos humanos y el analfabetismo crónico que padecen esos pueblos.

Por Tomás Laguna

La Asociación de Ingenieros Agrónomos hizo público un extenso comunicado defendiendo las políticas en materia de conservación de suelos, en particular el Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos, respondiendo a cuestionamientos realizados por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay en la pasada Rural de Melilla. Desde ya, una controversia que no debería existir.

Hacíamos referencia, en una anterior entrega, cuando defendimos las jineteadas ante el embate de los animalistas, a la irrupción de microideologías fragmentarias en el devenir del posmodernismo. Se trata del culto a ciertos paradigmas, convertidos luego en dogmas, tras los cuales sus seguidores pretenden condicionar a toda la sociedad. Son construcciones inamovibles de diverso tipo y tendencia. El ecoambientalismo en su versión fundamentalista constituye un ejemplo.

“Los ecologistas no están totalmente equivocados, y es bueno que existan. De lo que se trata es de saber si nos cuentan todos los puntos de vista, o si lo que nos dicen es exagerado y catastrofista”, nos dice Bjørn Lomborg, economista, politólogo e investigador ambientalista danés, autor del libro El ecologista escéptico. Más aún, afirma que resulta fundamental estar seguros de que las decisiones que toman los gobernantes, en el ejercicio de la democracia, no se basan en el pánico o en evidencias insuficientes, para concluir que la agricultura ecológica es ciertamente menos productiva, por lo que, para producir más alimentos en atención a la demanda creciente de la humanidad, habría que cubrir más áreas naturales. Concluye que los alimentos llamados “orgánicos” o “ecológicos” son más caros, limitando el acceso a determinados alimentos de importancia para la salud humana. Saber que existen referentes racionales, como el caso de Lomborg, que no militan en el fácil partido masificador de lo políticamente correcto, da esperanzas…

Fueron estos, los cuestionamientos de Lomborg, los que constituyeron la línea de razonamiento abordada en el discurso de inauguración de la pasada Rural de Melilla, exposición activa agropecuaria organizada por la Asociación Rural del Uruguay, por parte de su presidente, Rafael Ferber. En la oportunidad, Ferber evitó los habituales temas de reivindicación de la competitividad de la producción agropecuaria para referirse a la creciente tendencia contemporánea por la cual se enfrenta a la producción agropecuaria con el ambiente. En ese orden de ideas, el dirigente rural reivindicó la natural responsabilidad del productor rural en el cuidado de los recursos naturales, siendo que con ellos habitualmente convive y los necesita para producir y para mantenerse en la producción. Hizo mención a los dogmas impuestos desde la academia en forma sesgada y antiproductiva, cuando ha ocurrido que el desarrollo científico en la producción de alimentos ha posibilitado que una creciente humanidad pueda acceder a los alimentos a partir de precios accesibles. Un correcto y oportuno mensaje del presidente de ARU que mereció mayor trascendencia en la opinión pública.

Pero ocurrió que el final del alegato estuvo dedicado a criticar el Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos como ejemplo de aquellas regulaciones que le complican la vida al productor rural. Se trata del programa insignia en las políticas de conservación de este sustancial recurso productivo por el cual los agricultores están obligados a presentar un programa de rotaciones acorde con un manejo responsable del suelo. Esto mereció una extensa declaración de la Asociación de Ingenieros Agrónomos defendiendo este mecanismo de supervisión de chacras agrícolas. Declaración que constituye por sí un documento donde se resume la larga trayectoria recorrida en nuestro país de lo que bien puede definirse como política de Estado en la materia.

Estamos ante dos corporaciones, productores y profesionales del agro, que deberían compartir intereses y objetivos. Resulta incómodo, inoportuno que surja entre ambos grupos de interés desencuentros como el que se dio en esta oportunidad.

Es necesario que ambos grupos de interés se presenten en una comunión de ideas y objetivos en estos temas de sensibilidad social para enfrentar la irracionalidad de los fundamentalistas del ambientalismo, aquellos que Guy Sorman calificaba de “enemigos del progreso”.

Si no lo hacen, debilitan la institucionalidad que en la actualidad actúa en la preservación de los recursos naturales renovables, desde siempre bajo el paraguas institucional del MGAP. El mayor riesgo para la producción comercial y como consecuencia para el agronegocio agrícola es que mañana tome cartas en el asunto el Ministerio de Ambiente desplazando al ministerio de la producción como lo es Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya lo intentaron con el monte natural, por lo que el temor a ese riesgo no surge de la paranoia.

Por Juan Carlos Nogueira

La erosión de la confianza no irrumpe de golpe: se acumula. Desde la República romana hasta las democracias contemporáneas, la historia muestra que los sistemas políticos se debilitan cuando dejan de representar y responder a la ciudadanía. Uruguay, aún lejos del colapso, empieza a exhibir señales de desgaste que plantean una pregunta incómoda: si el sistema sabrá corregirse a tiempo o seguirá avanzando hacia una crisis de representación más profunda.

La historia política no suele repetirse de forma exacta, pero deja huellas. Cuando se observan distintos momentos de crisis institucional a lo largo del tiempo, aparece una constante: los sistemas políticos no colapsan directamente por la fuerza, sino porque antes la gente deja de creer en ellos.

En la etapa final de la República romana, la emergencia de figuras como Julio César no fue una anomalía aislada, sino el resultado de un sistema que ya no lograba ordenar sus conflictos. La concentración de riqueza, la corrupción estructural y la violencia política habían erosionado la legitimidad institucional. Cuando la ciudadanía deja de creer en las reglas, empieza a apostar por liderazgos que prometen orden.

Siglos después, la República de Weimar tampoco fue una excepción. Su desenlace fue difícilmente evitable. La combinación de crisis económica, fragmentación política y humillación nacional debilitó la fe en la democracia. En ese vacío prosperaron opciones radicales, como la liderada por Adolf Hitler.

No todas las crisis derivan en colapsos. El escándalo Watergate en Estados Unidos mostró que incluso democracias sólidas pueden sufrir rupturas de confianza profundas sin desintegrarse. Si bien el sistema resistió, dejó una desconfianza hacia la clase política que nunca logró revertirse completamente.

En América Latina, la historia reciente aporta ejemplos más cercanos. Países como Argentina o Venezuela atravesaron crisis de representación que abrieron paso a liderazgos antisistema, desde Hugo Chávez hasta fenómenos contemporáneos como Javier Milei. Aunque de signo ideológico, base social y resultado muy diferentes, el desprestigio de los partidos tradicionales y el deterioro económico hicieron posible ese tipo de liderazgos.

La crisis financiera global de 2008 alimentó una percepción extendida de captura del Estado por élites financieras, mientras que el Brexit reflejó una ruptura entre ciudadanía y establishment político. En ambos casos, el sistema dejó de jugar para la mayoría.

Vistos en conjunto, aparecen los mismos factores: sistemas percibidos como ineficaces, élites desconectadas, corrupción —real o percibida—, crisis económicas y la ruptura de normas informales básicas, como el respeto por la palabra o las reglas del juego.

El resultado suele ser parecido: la política se personaliza, crece el cinismo democrático, aparecen outsiders, crecen los extremos y la desconfianza se vuelve permanente. Aunque no siempre se produce un colapso, el deterioro institucional es constatable.

Uruguay, históricamente, ha sido una excepción relativa en la región. Y cuando se produjo un quiebre institucional, también estuvo precedido por un fuerte descreimiento en la política. Ningún país está blindado frente a estas dinámicas.

Aunque Uruguay aún conserva niveles de confianza institucional superiores a los de sus vecinos, ya hay claras señales de desgaste. Los debates sobre el cumplimiento de decisiones respaldadas en referéndums o plebiscitos, la creciente desconfianza hacia los partidos, tanto de gobierno como de oposición, y una polarización incipiente apuntan en esa dirección.

La figura presidencial también enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad, autonomía y liderazgo. En parte de la conversación pública —especialmente en redes— se ha instalado la idea de que Orsi es una figura decorativa y que el gobierno está en manos de Díaz y Sánchez. A eso se suma la percepción de que la política de gobierno discute agendas alejadas de las prioridades ciudadanas e inconsistentes con posiciones legitimadas y laudadas por consultas populares. No en vano, algunas mediciones ubican la desaprobación entre el 50% y el 60%.

Si bien aún no se ha instanciado un colapso económico severo, como sucedió en Argentina en 2001, ya hay señales que generan preocupación. Persisten dudas sobre el clima de inversión y el dinamismo empresarial, mientras el desempleo se mantiene en torno al 7%, con unos 140 mil desocupados. Aunque no hay un deterioro brusco, el mercado laboral muestra signos de estancamiento y problemas estructurales persistentes, especialmente entre los jóvenes. A esto se suma un crecimiento económico por debajo de lo esperado: en 2025 se proyectaba una expansión cercana al 2,5 %, pero el resultado fue de apenas 1,8%, y las proyecciones hacia adelante se han ido ajustando a la baja. Como si eso fuera poco, la amenaza de intervención a las AFAPs aumenta la desconfianza interna y externa.

El riesgo no es una ruptura inmediata, sino que esta erosión se acelere y, de no corregirse, abra la puerta a escenarios más complejos.

En su versión más leve, esto se traduce en apatía, voto en blanco o el surgimiento de figuras por fuera del sistema. En escenarios intermedios, aparecen discursos más confrontativos y liderazgos antisistema. En el extremo —hoy poco probable, pero no imposible—, la combinación de crisis económica y pérdida de legitimidad puede desencadenar una crisis de representación más profunda.

El punto clave no es la desconfianza en sí, sino lo que el sistema haga al respecto. La desconfianza es apenas el síntoma. Lo que definirá el desenlace es la capacidad —o incapacidad— del sistema político para adaptarse, corregirse y volver a alinearse con la ciudadanía.

Uruguay todavía está a tiempo. La pregunta es si va a reaccionar antes de que la erosión deje de ser silenciosa.

Por Angelina Rios

Uruguay enfrenta una doble fractura: la violencia que irrumpe a diario y la pobreza que se expande en silencio. El riesgo más profundo no es solo que aumenten, sino que empecemos a naturalizarlas.

Hay algo que está cambiando —y no para bien— en la forma en que vivimos la realidad cotidiana en nuestro país. Ya no es solamente el aumento de los hechos de violencia o la persistencia de la pobreza. Es, sobre todo, la velocidad con la que una tragedia reemplaza a la otra, sin darnos tiempo a procesar, a reflexionar, a reaccionar como sociedad.

Un homicidio. Otro más. A veces, dos en un mismo día. Y, entre esos números fríos, historias que deberían conmovernos profundamente, como es la de ese niño de apenas un año y medio, muerto en un contexto que remite —según trascendidos públicos— a disputas vinculadas al narcotráfico. Una vida que no llegó siquiera a empezar, atravesada por una lógica de violencia que no distingue edades, ni inocencias.

Pero lo más inquietante no es solo el hecho en sí. Es lo que viene después.

La noticia circula, impacta, se comenta unas horas… y rápidamente queda atrás. Porque enseguida aparece otra. Y otra. Y otra más. Como si estuviéramos atrapados en una sucesión interminable de episodios que nos obligan a seguir avanzando sin detenernos.

Ese ritmo tiene consecuencias. Lentamente, casi sin darnos cuenta, la violencia empieza a perder su capacidad de conmover. Se vuelve parte del paisaje. Se normaliza.

Y ahí está el verdadero quiebre.

Una sociedad que se acostumbra a la violencia es una sociedad que empieza a tolerarla. Y, cuando eso ocurre, el deterioro deja de ser solo un problema de seguridad para transformarse en un problema cultural, ético, profundamente humano.

En paralelo, hay otra escena que crece, más silenciosa pero igual de elocuente: la de la pobreza expuesta en el espacio público. Más personas durmiendo en la calle. Más rostros atravesados por el consumo problemático de drogas, por la enfermedad mental, por la soledad extrema.

Días atrás, una imagen dantesca condensaba ese drama con crudeza: una mujer joven, en situación de calle, llorando desconsoladamente con la cabeza dentro de un contenedor de basura. No era solo una escena de marginalidad. Era una escena de abandono.

Porque cuando alguien llega a ese punto, ya no estamos frente a un problema individual. Estamos frente a una falla colectiva.

La convivencia de estos dos fenómenos —la violencia que estalla y la pobreza que se instala— no es casual. Se retroalimentan. Se cruzan en territorios, en historias de vida, en ausencias del Estado y también en fracturas del tejido social que llevan años gestándose.

No hay soluciones simples ni inmediatas. Sería ingenuo plantearlo en esos términos. Pero sí hay una certeza: la de que minimizar, relativizar o acostumbrarse es, en sí mismo, parte del problema.

Uruguay supo construir durante décadas una identidad asociada a la convivencia, a ciertos equilibrios sociales, a una idea de comunidad donde lo público importaba. Hoy, esa identidad está en tensión.

La pregunta, entonces, no es solo qué está pasando.

La pregunta es cuánto estamos dispuestos a aceptar.

Y, sobre todo, cuánto tiempo más podemos mirar estas escenas —la bala que mata, la persona que duerme en la calle, el llanto que nadie escucha— sin sentir que algo esencial se nos está escapando.

Porque el riesgo más grande no es la violencia en sí misma.

Es dejar de verla como una excepción.

Por Eduardo Zalovich

La irrupción de la alianza Beyajad reconfigura el tablero político israelí y desafía por primera vez en años la hegemonía de Netanyahu. Con una propuesta amplia y pragmática, el nuevo bloque opositor emerge como alternativa viable de gobierno en un escenario históricamente fragmentado.

La política israelí vive un reordenamiento rápido, y el nuevo partido Beyajad (Juntos) de Naftali Bennett y Yair Lapid —con la probable incorporación de Gadi Eisenkot— es hoy el movimiento más relevante del tablero. No es un partido convencional, sino una alianza de poder amplia, pragmática y, sobre todo, viable frente al demasiado largo dominio de Netanyahu.

Dos días después de que anunciaran su nuevo partido, una encuesta de News 12 analizó cómo afecta al panorama político. Si las elecciones se celebraran hoy, Juntos obtendría 26 escaños, superando al Likud, que cuenta con 25. La encuesta publicada en la edición principal también sugiere que la oposición conseguiría 60 escaños, sin el apoyo de los grupos árabes. El partido Yashar del respetado militar Gadi Eisenkot está creciendo y obtiene 15 bancas. Según la encuesta, Los Demócratas (izquierda), liderados por Yair Golan, mantienen su fuerza y obtienen 10 parlamentarios. Israel Beiteinu (derecha), de Avigdor Lieberman, se fortalece hasta alcanzar 9 bancas (una más que en la encuesta anterior). En el mapa de bloques, el oficialismo suma 50 y la oposición 60 escaños. Los partidos árabes suman 10 legisladores, lo que demuestra el hecho —ya conocido— de que casi la mitad de la comunidad árabe-israelí vota partidos judíos. Entre los escenarios analizados se encuentra la posibilidad de que Gadi Eisenkot se una a Juntos. En ese caso, alcanzaría 41 diputados.

Una opción atractiva

El nuevo partido político nació con una declaración fundacional clara: superar la fragmentación del campo opositor. Bennett lo expresó con una frase cuidadosamente elegida —“el fin de la era de la división” —, mientras Lapid habló de una etapa de “reparación” nacional. Esa elección semántica no es retórica hueca: refleja la lectura compartida de que la debilidad opositora no ha sido ideológica sino estructural, incapaz de alcanzar una mayoría estable en un Parlamento unicameral de 120 miembros. El proyecto político combina dos corrientes que hasta hace poco competían: la derecha nacional de Bennett y el centrismo secular de Lapid.

La alianza apunta a un electorado amplio, harto de bloques rígidos. En términos programáticos, aunque no presentaron un acuerdo detallado, hay ejes claros: restaurar la seguridad tras el trauma del 7 de octubre, reformar el sistema de servicio militar —incorporando a los ultrarreligiosos—, y devolver la gobernabilidad. A esto se suma una promesa de alto impacto político: abrir una investigación estatal sobre los fallos que permitieron el sangriento ataque de Hamás. Un golpe directo a la posición oficial.

El núcleo ideológico del proyecto combina firmeza —Bennett rechaza nuevas concesiones territoriales— con un programa interno claro: reforma del Estado, eficiencia y alivio económico. Lapid aporta otra dimensión: el voto secular, urbano y de clase media, centrado en economía y equilibrio de poderes. Se definen como “un polo renovador, patriótico y sionista”. Vale aclarar —dada la confusión que genera el concepto— que el sionismo es la ideología que defiende el derecho judío a la independencia (no a cuáles deben ser sus fronteras). Por lo tanto, prácticamente todos los partidos israelíes —de derecha, centro o izquierda— se definen como tales.

El diseño del partido es estratégico. Naftali es el líder y candidato a premier, mientras Yair acepta ir segundo, con un papel decisivo en la cohesión del bloque. Esto responde a encuestas que muestran a Bennett con mayor capacidad de atraer votantes de derecha descontentos, mientras Lapid consolida el voto centrista. La invitación abierta a Gadi Eisenkot —hombre con gran prestigio militar y perfil de consenso— revela la ambición de ampliar aún más el apoyo, incorporando un experto en seguridad, hecho que en Israel es clave para ganar elecciones.

Eisenkot representa una incógnita. Su propio partido, Yashar (Derecho), se construyó sobre la idea de integridad y superación de la dicotomía izquierda-derecha, con un discurso de honestidad y reconstrucción social. Su eventual integración convertiría al bloque en una fuerza dominante dentro de la oposición. Si compitiera en solitario, en cambio, fragmentaría ese mismo espacio. De hecho, algunos sondeos lo sitúan como figura tan popular como Bennett en el campo opositor, lo que añade tensión al resultado.

Desafío de peso

La reacción del Likud y Netanyahu ha sido previsible. Aunque públicamente minimizan la alianza, en privado la consideran la amenaza más seria en años. El cálculo es claro: por primera vez existe un bloque opositor con potencial real de superar la barrera de los 61 escaños. Sin embargo, Netanyahu sigue siendo un competidor poderoso, con un núcleo duro sólido y una maquinaria política eficaz. Las encuestas actuales lo sitúan todavía como el candidato individual más votado, aunque lejos de la mayoría parlamentaria.

Las posibilidades de victoria del Likud dependen de tres variables críticas: su capacidad de mantener la unidad interna, la incorporación —difícil— de Eisenkot y la matemática postelectoral. Incluso con buenos resultados, la formación de gobierno requerirá alianzas con partidos menores, en un sistema siempre fragmentado.

En cuanto a los demás actores, observan con cautela. Partidos de derecha moderada —Avigdor Lieberman— ven en Bennett una opción de retorno al poder sin Bibi; sectores de centro-izquierda consideran a Lapid garante del equilibrio ideológico; y los partidos étnicos árabes siguen siendo un factor que evita comprometerse a integrar una coalición futura.

En resumen, Beyajad no representa solo un nuevo partido, sino un intento real de rediseñar el sistema político israelí desde dentro, sustituyendo la lógica de alianzas rígidas por una coalición amplia, con vocación de gobierno y consensos. Su éxito dependerá de convencer de que pueden armar una mayoría eficiente, de acción coordinada. Por primera vez en años, Netanyahu enfrenta una alianza sólida y atractiva que puede derrotarlo.

Por Susana Toricez

El miedo cotidiano y la desconfianza ya no son excepciones, sino hábitos incorporados en la vida urbana. En este testimonio, una madre reconoce cómo tuvo que enseñarle a su hijo a cuidarse en una sociedad que siente más insegura y desorientada, y plantea una crítica directa a las decisiones políticas que, a su entender, erosionaron la autoridad, la educación y la convivencia.

Hace unos días me sorprendí diciéndole a mi hijo exactamente todo lo opuesto a lo que traté de enseñarle desde niño.

Entre otras cosas, le dije que por la calle no confiara en nadie, que no le diera pena lo que veía y que, en caso de una discusión, se alejara sin más.

Me sentí tan mal que hubiera querido decirle, al final, que no me hiciera caso. Pero no. Me contuve, porque en realidad es lo que pienso.

Yo misma camino por Montevideo siempre con recelo; no confío en nadie.

¡Y eso es tan triste! Pero es la realidad que estamos viviendo en nuestro querido país.

Ir por la vereda o por la calle mirando siempre para todos lados, no entablar conversación con nadie y, en caso de un problema en el tránsito, ayudar sin discutir o, sencillamente, alejarse.

¡Qué tristeza siento al escribir esto! No soy yo.

Son mis palabras, pero no son los conceptos con los que me formé ni con los que he formado a mi hijo.

Esa dicotomía entre lo que soy y la forma de comportarme me hace sentir tan alejada de lo que fue mi Uruguay: el que supe recorrer despreocupadamente, disfrutando de otra sociedad.

Ahora piso basura, tropiezo con carpas en las veredas, veo personas con expresiones psiquiátricas en sus rostros por doquier.

Cruzo por esquinas céntricas a oscuras y respiro con tranquilidad cuando llego a un lugar donde hay seguridad y buena iluminación.

Hace tiempo que no uso ningún accesorio: ni relojes, ni cadenas ni caravanas; nada que sea apenas vistoso.

No soy yo. Tengo miedo.

¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Por qué estamos como anestesiados? ¿Cuál es la razón por la que soportamos tantas miserias humanas?

Todos tenemos una idea bastante aproximada de la causa de estos males.

Causas que, según esta visión, se consolidaron durante largos quince años y continúan desde entonces.

Es precisamente por eso que, a esta altura, estoy convencida de que los gobiernos del Frente Amplio tienen como efecto generar sociedades más pobres, con miedo y con menos educación.

Reclamando todo tipo de derechos, dejaron a los padres y a los maestros sin autoridad.

Le hicieron creer a toda una generación que cualquier corrección era violencia, que si los padres daban un correctivo podían ser denunciados.

Los docentes tampoco podían hacer nada, porque cualquier reto o intento de poner orden terminaba en problemas para ellos.

Nos hicieron creer que criar hijos libres era criarlos en el vacío.

A los niños les enseñaron que toda exigencia era abuso, y hoy vemos las consecuencias.

Aquellos futuros ciudadanos crecieron sin límites y sin rumbo.

Encima, les dejaron la droga al alcance de la mano, deterioraron la educación, soltaron a una generación entera; algunos hicieron negocios y se llenaron los bolsillos, y ahora quieren echarle toda la culpa a quienes estaban educando.

Hoy señalan a los padres, cuando fueron ellos quienes durante años debilitaron la autoridad de la familia y de la escuela.

Falló el Estado, falló el sistema, y ahora quieren que los padres arreglemos solos el desastre que ellos mismos provocaron.

Por eso, NADIE HACE NADA.

Ante este Estado omiso, debería ser una obligación denunciar cada situación degradante que nos afecte como ciudadanos.

Está en nosotros hacerlo cada vez que tengamos oportunidad.

Pero, por sobre todo, está en nosotros votar en las próximas elecciones por alguien que comparta los valores con los que nos formamos y que hoy parecen haberse perdido.

En definitiva, votar por quien le importe de verdad el ciudadano honesto y su educación, que son los pilares de nuestra sociedad.

Si Uruguay sucumbe —una vez más— a los intereses geopolíticos de Brasil y avala el regreso de Venezuela sin democracia, no estará adaptándose: estará renunciando, lisa y llanamente, a los principios que dice defender.

La discusión sobre Venezuela en el Mercosur ha entrado en una fase nueva —y más peligrosa—: ya no se trata solo de interpretar normas, sino de decidir si el bloque abandona definitivamente su propia vara democrática. Y, en ese giro, Brasil empuja. La pregunta es si Uruguay lo seguirá.

Un antecedente que nunca se resolvió

Conviene recordar el punto de partida. Venezuela ingresó al Mercosur en 2012 en condiciones institucionalmente forzadas, aprovechando la suspensión de Paraguay. Desde entonces, la relación fue errática hasta su quiebre formal: en 2016 y 2017 el bloque la suspendió por incumplimientos normativos y, sobre todo, por la ruptura del orden democrático, en aplicación de la cláusula del Protocolo de Ushuaia.

Esa decisión no fue simbólica. Fue el reconocimiento de que el régimen venezolano no cumplía —ni cumple— con los estándares mínimos exigidos para integrar el bloque.

Brasil acelera: el “momento diferente”

Ahora, Brasil decidió reabrir el caso. El vicepresidente Geraldo Alckmin sostiene que Venezuela atraviesa un “momento diferente” (?) y que su situación será reconsiderada en el Mercosur.

El planteo coincide con una dinámica más amplia: Brasil busca flexibilizar el bloque, ampliar márgenes de negociación internacional y reordenar alianzas en un contexto global incierto. En ese marco, Venezuela deja de ser un problema institucional para transformarse en una variable geopolítica.

Pero hay un dato adicional —y crucial— que subraya la gravedad del giro: el impulso no es aislado. Según reportó Clarín Brasil se suma a presiones regionales para avanzar en el reingreso venezolano, en un debate que “crece” dentro del Mercosur.

Es decir: no es una idea suelta. Es una corriente.

Uruguay: señales ambiguas, riesgo concreto

El mismo artículo de Clarín deja entrever un punto inquietante: Uruguay aparece en una posición más bien expectante, sin una oposición frontal al movimiento brasileño. Esa ambigüedad, en este contexto, no es neutralidad: es el primer paso hacia el alineamiento.

Y aquí emerge el problema de fondo.

Uruguay ha construido históricamente su política exterior sobre la defensa del derecho internacional, el multilateralismo y la democracia.

Pero hoy enfrenta una disyuntiva mucho más incómoda:
o sostiene esa tradición, o se “abrasilera”.

Es decir, o mantiene criterios propios —basados en normas y principios— o se pliega a la lógica de poder regional que impulsa Brasil, aun cuando esta implique relativizar la cláusula democrática.

Lo que no cambió en Venezuela

Porque el punto central sigue siendo el mismo, aunque se intente diluirlo:

• No hay garantías electorales plenas ni cronograma creíble.
• Persisten denuncias de presos políticos.
• La represión continúa siendo parte del funcionamiento del régimen.
• No existe una institucionalidad independiente que asegure alternancia.

Denuncias del líder húngaro Péter Magyar apuntan a que oligarcas ligados al gobierno de Viktor Orbán estarían trasladando miles de millones hacia Uruguay. Más allá de la veracidad puntual de los montos, el episodio expone fragilidades estructurales del sistema financiero internacional y plantea interrogantes incómodos para la plaza uruguaya.

El punto de partida es político, pero sus efectos pueden ser económicos y reputacionales. En medio de un proceso electoral tenso en Hungría, Péter Magyar —figura emergente de la reciente elección— denunció que empresarios cercanos al oficialismo estarían trasladando capitales al exterior, incluyendo Uruguay, con el objetivo de resguardarlos ante un eventual cambio de gobierno.

El señalamiento no es menor. Orbán ha construido durante más de una década un sistema de poder caracterizado por la concentración política y económica, donde un grupo de empresarios afines ha acumulado posiciones dominantes en sectores clave. Ese entramado ha sido cuestionado reiteradamente por organismos europeos por presuntas prácticas clientelares, falta de transparencia y uso discrecional de recursos públicos.

En ese contexto, la hipótesis de una fuga preventiva de capitales no resulta inverosímil. Lo que sí abre un frente nuevo es el destino señalado: Uruguay.

Lo que ya se había advertido (y ahora se confirma)

Las notas que CORREO ha venido publicando sobre Hungría no eran un ejercicio de política internacional distante ni un mero seguimiento de la deriva del gobierno de Viktor Orbán. Eran, en los hechos, una advertencia.

Porque lo que se describía —la consolidación de un sistema de oligarcas ligados al poder, la opacidad en el manejo de recursos y la acumulación de capital en círculos estrechos— tenía una consecuencia lógica: ese dinero iba a buscar salida.

Y esa salida, según las denuncias de Péter Magyar, incluye a Uruguay.

Dicho sin eufemismos: lo que parecía un problema húngaro también era —potencialmente— un problema uruguayo. Solo faltaba que apareciera el vínculo explícito.

¿Por qué Uruguay?

La inclusión de Uruguay en la lista de destinos no es casual ni necesariamente implica irregularidades. El país ha desarrollado, durante décadas, una reputación de estabilidad institucional, seguridad jurídica y previsibilidad macroeconómica. Es, en términos financieros, un “refugio confiable”.

Sin embargo, esa misma fortaleza puede volverse un arma de doble filo.

Uruguay ofrece:

• Un sistema financiero sólido y regulado.
• Tradición de confidencialidad bancaria (aunque hoy más acotada).
• Apertura a la inversión extranjera.
• Vehículos societarios flexibles.

• Mayor escrutinio por parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Grupo de Acción Financiera Internacional.
• Revisión de calificaciones de riesgo o de cumplimiento.
• Dificultades para corresponsalías bancarias.
• Incremento de costos de transacción.

• Estructuras societarias complejas.
• Inversiones inmobiliarias a través de vehículos opacos.
• Uso de intermediarios financieros internacionales.

• La defensa de su sistema financiero.
• La cooperación con investigaciones internacionales.
• La preservación de relaciones bilaterales.

El ambicioso plan de Gustavo Petro para negociar simultáneamente con guerrillas y bandas criminales terminó agravando la violencia en Colombia. Lejos de ser un tropiezo circunstancial, el fracaso de la “paz total” expone errores de diagnóstico que se arrastran desde hace décadas y que hoy vuelven a traducirse en más territorio perdido, más poder para los grupos armados y menos capacidad estatal.

La apuesta de Gustavo Petro por la llamada “paz total” nació con ambición refundacional: cerrar definitivamente el ciclo de violencia que durante décadas marcó a Colombia mediante negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias, grupos narcotraficantes y estructuras criminales. La idea, presentada como un giro histórico frente a políticas anteriores, buscaba integrar a todos los actores armados en procesos de diálogo, ofreciendo incentivos judiciales y políticos bajo la premisa de que la violencia tenía raíces sociales y económicas que el Estado debía reconocer.

Sin embargo, más que una innovación sólida, la “paz total” fue en gran medida una reedición ampliada —y desordenada— de estrategias previas que ya habían mostrado límites estructurales. El antecedente inmediato es el acuerdo con las FARC en 2016, que lejos de pacificar completamente el territorio derivó en la fragmentación de la guerrilla y el surgimiento de disidencias. A esto se sumó la persistencia del ELN y el crecimiento de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, que siguieron financiando la violencia.

Una estrategia sin control ni jerarquías

El diseño de la “paz total” partía de una premisa cuestionable: que todos los actores armados podían ser tratados bajo un mismo paraguas político. En la práctica, esto implicó abrir múltiples mesas de negociación sin coordinación efectiva, debilitando la capacidad del Estado para imponer condiciones. La ausencia de una jerarquización clara (¿quién negocia primero?, ¿quién obtiene beneficios?, ¿qué pasa ante incumplimientos?) generó incentivos perversos: grupos armados aprovecharon los ceses al fuego para reorganizarse, expandirse territorialmente y fortalecer sus economías ilegales.

El resultado ha sido el opuesto al prometido. Informes recientes coinciden en señalar un recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, con aumento de homicidios, desplazamientos y control territorial por parte de grupos ilegales. La fragmentación criminal no solo no se redujo, sino que se sofisticó.

La narrativa del “fracaso nacional”

Ante la evidencia, Petro ha intentado diluir responsabilidades. Su afirmación de que el fracaso de la paz “no es personal sino nacional” busca trasladar el problema a una supuesta falla estructural del país. Pero ese argumento ignora que su política profundizó errores históricos: subestimó la naturaleza económica del conflicto, sobrestimó la voluntad de negociación de actores criminales y debilitó la presión estatal en nombre del diálogo.

No se trata de un problema abstracto ni inevitable. Es el resultado de decisiones concretas: flexibilizar el uso de la fuerza sin garantías de cumplimiento por parte de los grupos armados, multiplicar interlocutores sin capacidad de control y otorgar legitimidad política a organizaciones cuya lógica principal sigue siendo el negocio ilícito.

Una continuidad ideológica con costos reales

El fracaso de la “paz total” no puede entenderse sin una mirada más amplia sobre cierta tradición de la izquierda latinoamericana, que tiende a interpretar la violencia armada como una consecuencia casi exclusiva de desigualdades sociales, minimizando su dimensión criminal y económica. Esa lectura ha llevado, una y otra vez, a procesos de negociación mal diseñados, donde el Estado cede antes de consolidar condiciones mínimas de seguridad.

En el caso colombiano, esta visión choca con una realidad persistente: buena parte de los grupos armados ya no responden a motivaciones ideológicas sino a incentivos financieros ligados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Pretender integrarlos políticamente sin desmantelar esas estructuras es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, funcional a su fortalecimiento.

¿Qué puede esperarse?

El panorama a futuro es complejo. Es probable que el gobierno de Petro intente recomponer parcialmente su estrategia, reduciendo el número de procesos abiertos y endureciendo condiciones. Sin embargo, el daño ya está hecho: los grupos armados han ganado tiempo, recursos y territorio.

Más allá del ciclo político inmediato, el desafío estructural persiste. Colombia enfrenta un dilema que arrastra desde hace décadas: cómo combinar negociación y fuerza sin caer en los extremos de la concesión indiscriminada o la represión ineficaz. La experiencia reciente sugiere que cualquier política que ignore la naturaleza híbrida —política y criminal— de estos actores está condenada al fracaso.

La “paz total” prometía cerrar una era. En cambio, confirma una constante: cuando la estrategia parte de diagnósticos equivocados, el resultado no es la paz, sino una nueva fase del mismo conflicto.

La eliminación de Ali Khamenei no ordenó el poder en Irán: lo dispersó. Con un liderazgo religioso debilitado y una Guardia Revolucionaria en ascenso, el régimen entra en una fase más opaca, impredecible y peligrosa, donde negociar —y contener una escalada— resulta cada vez más difícil.

La muerte de Ali Khamenei no abrió una etapa de claridad política en Irán. Ocurrió exactamente lo contrario. Eliminado el vértice que durante décadas ordenó —y disciplinó— al sistema, la República Islámica entró en una fase más opaca, más militarizada y potencialmente más peligrosa. La pregunta “quién manda” dejó de ser un problema analítico para convertirse en un factor de riesgo geopolítico.

Porque hoy, a diferencia del pasado reciente, no hay una autoridad indiscutida capaz de sintetizar el poder.

Un sistema pensado para resistir... no para suceder

La arquitectura del régimen iraní fue diseñada tras la revolución de 1979 para garantizar control ideológico y evitar desviaciones. Pero nunca resolvió del todo un problema clave: cómo procesar una sucesión en condiciones de crisis.

Formalmente, el sistema prevé que la Asamblea de Expertos designe al nuevo líder supremo. En los hechos, ese mecanismo quedó rápidamente condicionado por las relaciones de fuerza internas.

El nombre que emergió como continuidad fue el de Mojtaba Khamenei. Sin embargo, su ascenso —percibido como una sucesión casi dinástica— carece del consenso religioso y político que sí tenía su padre.

Y más importante aún: no controla plenamente los resortes del poder real.

El verdadero centro de gravedad: la Guardia Revolucionaria

Si hay un actor que salió fortalecido tras la muerte de Khamenei, es la Guardia Revolucionaria Islámica:

• Controla capacidades militares clave.
• Tiene influencia decisiva en inteligencia y seguridad.
• Maneja sectores estratégicos de la economía.
• Opera redes regionales (Líbano, Siria, Irak, Yemen).

• El nuevo liderazgo religioso es débil.
• El aparato militar es fuerte pero no unificado políticamente.
• El gobierno civil es irrelevante en decisiones estratégicas.

• Evita concentraciones que faciliten rupturas internas.
• Permite absorber crisis sin colapsar.
• Genera redundancias en el control político.

• Consolidación del poder militar como árbitro de facto.
• Debilitamiento del liderazgo religioso como fuente de autoridad real.
• Conflictos internos contenidos, pero persistentes.
• Negociaciones erráticas, con avances y retrocesos.

Columna del periodista y escritor argentino Osvlado Bazán en «Seúl» (4.04.2026) sobre España donde —nos dice— “hay una islamofobia que indigna a todos y un antisemitismo que no le indigna a nadie”.

El martes pasado, el 31 de marzo, ocurrió algo no habitual en España.

La Selección española de fútbol jugó en Barcelona.

Desde 2004 hasta el 2022, nunca jugaron ahí. Rompió la racha un amistoso contra Albania y, recién cuatro años después, lo que pasó el martes, un amistoso contra Egipto.

Y no, no fue en el Camp Nou, el coqueto y enorme estadio del Barcelona.

Fue en el más humilde RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, del RCD Espanyol.

¿Por qué en casi 100 años la selección española jugó sólo 20 partidos en la segunda ciudad del país y no usa su estadio más famoso?

Cuando uno pregunta por qué pasa esto, la respuesta que recibe es que en Cataluña, especialmente en entornos próximos al FC Barcelona, existe un sector importante con sentimiento independentista que genera temor a un ambiente hostil. Sí, los españoles del centro de Barcelona silban el himno español, llevan pancartas separatistas y no se identifican con la Selección nacional. Por eso las autoridades del fútbol buscan sedes donde el apoyo sea más unánime y no haya tantas polémicas.

Desde Argentina, es difícil entender que sea polémico porque acá una de las pocas cosas que nos unen a (casi) todos es la bandera. Por la razón que sea, la celeste y blanca emociona en general y son pocos los que la despreciarían, menos aún serían quienes lo hicieran en público. ¿Un argentino chiflando el himno o la bandera? No lo veo.

En España, la realidad es bien distinta, por varias razones. En principio, porque no todos los españoles quieren serlo. Escuchar a los legisladores nacionales por Cataluña que se refieren a “Cataluña” como su país es fuerte para nosotros.

Pero, además, en España muchos ven en la bandera roja y amarilla la bandera del franquismo, lo cual es un error histórico, pero andá vos a explicarle a los gallegos (uh, ahora se vienen los lectores que andá a saber cómo les llega esto a España y te dicen “burro, es que no todos los españoles somos gallegos”, pero, bueno, gallegos habrá siempre. Fin, como decía uno del que no me acuerdo el nombre ahora).

La bandera rojigualda (como también se la llama) no es la “bandera del franquismo”.

La bandera roja y amarilla fue creada en 1785 por el rey Carlos III y se convirtió en bandera nacional en 1843, casi un siglo antes de Franco. Sí, Franco la usó muchísimo (como las dictaduras argentinas), pero el dictador petiso y pelado amigo de Evita Perón le metió un águila al escudo, recordando la bandera de los Reyes Católicos. En la Constitución de 1978, se volvió al diseño básico (tres franjas rojas y una amarilla) y se sacó el águila del escudo, la rémora franquista. Sin embargo, en Cataluña, en el País Vasco y en muchos sectores de izquierda, la rojigualda todavía es vista como símbolo de centralismo y del pasado autoritario.

No pocas veces ha habido tensión vecinal porque alguien pone la bandera española en su balcón en Cataluña.

Eso en Argentina es inimaginable, ¿cómo va a ser polémico poner una bandera argentina en un balcón?

Bueno, en España, especialmente los 11 de septiembre, que es la Diada, la fiesta nacional de Cataluña, no es raro que en las marchas se quemen banderas españolas. De hecho, acaba de ocurrir ahora que los trenes de los suburbios de Barcelona fallan un día sí y el otro también. Mientras las cámaras mostraban el enojo de los vecinos, muchos aprovecharon para quemar banderas españolas. Pero como, además, el partido de dizque ultraderecha Vox la reivindica casi con bronca, el cóctel está servido. Mostrar la bandera es para muchos una provocación (tanto para quien la muestra como para quien la ve). Por eso la Selección juega en el RCDE Stadium, lejos del centro de Barcelona, en Cornellà de Llobregat con un público de clase trabajadora, mayoritariamente castellanohablante y con un perfil más españolista que el del Camp Nou.

Este martes, a los 10 minutos de comenzado el partido, desde una de las tribunas empezaron a cantar “¡Bote, bote, bote, musulmán el que no bote!” (que sería algo así como “el que no salta es musulmán”). Ya antes, cuando apareció la Selección egipcia, había sido chiflada masivamente.

Rápidamente, desde la voz del estadio se exigió que cesaran los cantos y arreciaron entonces los insultos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que casi no fueron registrados por la prensa en general.

La estrella del equipo, Lamine Yamal, que es musulmán, no dio la vuelta final a la cancha para saludar a los hinchas y escribió con razón en sus redes sociales: “yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios). Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el mundial”.

Se entiende, claro. ¿Le vas a decir “el que no salta es musulmán” a la estrella musulmana de tu equipo? ¿Querés que salte o que no salte?

La hinchada, además, mostró ¡oh, herejía! banderas españolas. Eso terminó resultando intolerable y es lo que permite a todo el progresismo español decir que fue un acto de la ultraderecha. Los Mossos d’Esquadra (la policía local) abrieron una investigación por delito de odio y el Gobierno lo remitió a la Fiscalía. Salió en pleno el progresismo español a defenestrar a los calumniadores, encabezado por su Presidente, el Pedrosánche, quien tuiteó: “El episodio de ayer en Cornellá es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La Selección de fútbol y su afición, también”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tuiteó que los cánticos “nos avergüenzan como sociedad” y advirtió que “la extrema derecha no va a dejar un espacio libre de su odio y quienes hoy callan, serán cómplices”. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España (sí, tienen ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, un señor que está acusado de usar un departamento céntrico pagado con dinero de coimas para encuentros con señoritas de catálogo, cosa que él negó, por supuesto) señaló que “son grupos ultras jaleados por la política ultra” y que “quien calla es cómplice. España con su presidente a la cabeza defiende la paz, la integración y la convivencia. Es un orgullo de país”. Óscar Puente lo vinculó con “la derecha racista y xenófoba” y lo calificó de “fascismo”. Puente es el ministro de Transporte y Movilidad sostenible (sí, tienen un ministro de Transporte y Movilidad sostenible, responsable del pésimo estado de rutas y trenes españoles, donde hace poco murieron 45 personas). La ultraizquierda que reivindica al régimen iraní, al cubano, a Maduro y a cuanto tirano de izquierda ande por ahí, siempre sospechada de ser financiada por esos mismos tiranos, en la voz de Irene Montero de Podemos lamentó que “escuchar ‘musulmán el que no bote’ en un estadio nos avergüenza, pero si cientos de personas lo corean orgullosos es porque han visto en la tele y la política a mucha gente ‘respetable’ diciéndoles que ese odio es ‘sentido común’”, y reclamó “parémoslo antes de que la islamofobia vaya a más”. El dirigente de Por Andalucía Antonio Maíllo no desaprovechó el dolor de la estrella deportiva y dijo que “la desolación de Lamine Yamal nos representa a todos”.

Mientras eso ocurría en los medios oficiales, en las redes sociales y en grupos de WhatsApp y Telegram de barrios de Cornellà, Hospitalet y otros municipios del Baix Llobregat circularon numerosos mensajes y videos en los que los hinchas expresaban un claro sentimiento de hartazgo. Muchos decían que los cánticos representaban “lo que ya no se puede decir en voz alta” en el día a día, refiriéndose a tensiones relacionadas con la inmigración, la seguridad y la convivencia en colegios y barrios con alta presencia musulmana.

Cornellà de Llobregat es un municipio obrero del Baix Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona, con unos 90.000 habitantes y más del 25% de población de origen extranjero, especialmente magrebí y pakistaní. Son ellos los que se enfrentan día a día a unas estadísticas que si alguien las dice en España, es tildado de facho y ultraderechista, tanto como si usara la bandera española. Y termina siendo cierto porque el reclamo sólo queda en manos de Vox, que son los que recuerdan, como hizo el secretario general del partido, Ignacio Garriga, que los problemas de convivencia son concretos.

Sólo del 2024 al 2025, los delitos contra la libertad sexual aumentaron en un 2,3%; los presos extranjeros en las cárceles españolas son el 33,2% del total, aunque los extranjeros en España son el 20,2% de la población general, y España es el país europeo con mayor número de detenciones de yihadistas en los últimos años. Estos, que son datos oficiales y que muestran un problema real al que se enfrentan los barrios más vulnerables, están ausentes en los discursos progresistas. Es casi una herejía decir, cuando se cuentan las noticias policiales, que los autores son extranjeros.

Las clases acomodadas, en general, aceptan más en abstracto a la inmigración. Están en contacto con una inmigración también de élite, sudamericanos y asiáticos profesionalizados. En cambio, en el nivel socioeconómico bajo, la inmigración genera más rechazo porque hay competencia directa por recursos limitados (trabajo, vivienda, atención social). Es lo que se conoce como “tolerancia elitista”: las élites la defienden desde lejos, mientras las clases populares la padecen de cerca. Los más acomodados pueden elegir a qué colegio mandar a sus hijos. Los más vulnerables no tienen esa opción. Que los partidos progresistas y de izquierda no quieran hacerse cargo del tema es lo que deja espacio a la “ultraderecha” para convertirlo en su campo de acción.

“Israel suntsitu”
Ahora bien, tanto batiburrillo con el tema de la islamofobia, tanto “acá tenemos protocolos antirracistas”, tantas condenas al más alto nivel, tanto “orgullo de país” parecen funcionar sólo cuando las víctimas son los musulmanes.

El sábado 30 de noviembre de 2025, en la Anoeta de San Sebastián jugaron el Real Sociedad y el Villarreal y un grupo de hinchas de la Real Sociedad, en la grada Aitor Zabaleta, cantó coordinadamente “Palestina askatu, Israel suntsitu”. Un cantito que simplemente quiere decir “Liberen Palestina, destruyan Israel”. LaLiga —que es la organización que gestiona el fútbol profesional español— incluyó el tema en su informe de incidentes violentos de esa jornada y lo remitió al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia. No hubo voz del estadio, no hubo policía local, no hubo pedidos a la fiscalía y, por supuesto, ninguna autoridad salió a decir que “¡qué vergüenza!” ni “paremos el antisemitismo antes de que vaya a más”.

Pero hubo un caso peor en el que directamente se pidió la muerte de un jugador de fútbol por su nacionalidad. Fue el 20 de octubre de 2023 durante el partido Osasuna–Granada en El Sadar (Pamplona).

El Granada ni siquiera convocó al jugador israelí Shon Weissman al partido por “razones de seguridad”, y así y todo el grupo ultra Indar Gorri desplegó numerosas banderas palestinas y coreó de forma masiva y repetida el cántico “Weissman muérete, Weissman muérete” desde el minuto uno del partido y nuevamente en el minuto 20. Gritaron deseando la muerte de un jugador que ni siquiera estaba presente en el estadio, sólo por ser israelí y judío.

LaLiga registró el incidente, pero el Osasuna recibió una multa de pocos euros algunos meses después. Ni cierre de grada, ni sanción deportiva real, ni condenas públicas destacadas por parte de las autoridades del fútbol o del Gobierno.

El odio dirigido hacia el jugador fue tan intenso y sostenido que destruyó su etapa en España.
Recibió amenazas concretas, generó problemas de seguridad para su club y se convirtió en un lastre. En septiembre de 2025, tras dos temporadas decepcionantes y un ambiente hostil constante, el Granada rescindió su contrato. Incluso un club alemán (Fortuna Düsseldorf) canceló su fichaje en el último momento por el rechazo de sus propios hinchas.

A diferencia de Yamal, que hizo público su sentimiento pese a que no iba dirigido especialmente a él, Weissman, de quien sí pedían por su muerte, nunca se victimizó ni hizo comentarios al respecto. Shon Weissman hoy juega en el FC Blau-Weiß Linz de la primera división de Austria, una liga de mucho menor nivel. Su valor de mercado era de casi nueve millones de euros en octubre de 2021. Hoy se ha desplomado hasta los 750.000 euros, mucho más del lógico desgaste producido por la edad. Menos mal que jugó los mejores años de su carrera en un país con protocolos antirracistas y coso, que si no, no sé, pobre pibe.

Ese fue el peor caso, pero, por supuesto, hay más casos.

Y recientes.

El cantito “Puta Israel” se repitió en Mendizorroza (Alavés), El Sadar (Osasuna), Vallecas (Rayo Vallecano), San Mamés (Athletic) y Balaídos (Celta).

El 7 de octubre de 2025, la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), organización española proisraelí que combate el antisemitismo, presentó una denuncia formal contra nueve clubes por permitir pancartas y mensajes de odio: el Athletic Club de Bilbao, el FC Barcelona de Barcelona, el Rayo Vallecano de Madrid, el CA Osasuna de Pamplona, el Sevilla FC de Sevilla, la Real Sociedad de San Sebastián, el RC Celta de Vigo, el Deportivo Alavés de Vitoria y el Club Esportiu Europa de Barcelona. Los acusaron de tolerar pancartas con mensajes como “Israel genocida”, “From the river to the sea” e “Israel suntsitu” (“Destruid Israel”) entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2025.

Las denuncias terminaron en multas simbólicas y sin consecuencias relevantes.

Nada de orgullo de país ni grupo incívico.

No molestan los cantos que piden matar a una persona o destruir un país, si la persona es judía, si el país es Israel.

Y como canta Coti, nada de esto es un error.

Es el resultado de la alianza táctica consolidada en las últimas décadas entre el islamismo político y sectores importantes de la izquierda radical y poscolonial, conocida como “islamo-izquierda” o “alianza roja-verde”. Aunque parezca difícil entender qué tienen en común la izquierda que históricamente defendía el ateísmo, el feminismo, los derechos LGTB y la laicidad, con un islamismo que rechaza frontalmente todos esos valores, no lo es tanto. Los une el espanto al enemigo común, que es mucho más fuerte. La civilización occidental, el capitalismo, el cristianismo cultural y, especialmente, el Estado de Israel son los cucos que enfrentan y, para eso, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Para la izquierda poscolonial, Israel representa el último bastión del “colonialismo occidental” en Oriente Medio, y cualquier crítica al islam o a la inmigración musulmana es automáticamente catalogada como “racismo” o “islamofobia”. Para los islamistas, la izquierda ofrece cobertura política, mediática y legal, además de un discurso victimista que les permite avanzar su agenda sin ser cuestionados. A cambio, los islamistas aportan votos masivos y una capacidad de movilización callejera que la izquierda tradicional perdió.

En España, esta alianza es especialmente visible: partidos como Podemos, Sumar, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y Bildu, junto a una parte significativa de la intelectualidad progresista y medios afines (todos los mantenidos con jugosas pautas del Estado), protegen sistemáticamente al islam de cualquier crítica seria, mientras endurecen su discurso contra Israel hasta llegar al antisemitismo abierto. De ahí que un cántico grosero contra musulmanes en un estadio provoque investigaciones policiales y condenas de ministros, mientras que gritos de “Israel suntsitu” (“Destruid Israel”) o “Puta Israel” sean tratados como simples “expresiones políticas” o “protestas legítimas”.

Esta alianza roja-verde explica por qué el progresismo español (y europeo) es capaz de condenar con furia el “racismo” contra magrebíes o pakistaníes, pero guarda un silencio cómplice —o directamente justifica— el antisemitismo más descarado en universidades, manifestaciones y estadios de fútbol.

Hay que defender los derechos de las mujeres y de los gays en España. Ya, si en Gaza o Irán los tiran por los barrancos o los cuelgan de una grúa, bueno, es otra cultura.

A la progresía no le interesa escuchar el descontento de los más vulnerables.

Los medios no se atreven a salirse de lo políticamente correcto.

La “ultraderecha” se frota las manos y ve todo ganancia.

El partido del martes salió 0 a 0.

El otro partido, el de la “minoría incívica” que dice el Pedrosánche, todavía se está jugando.

Pero todos sabemos que la cancha está inclinada.

Cuatro décadas después del accidente en la central de Chernóbil, el peor desastre nuclear de la historia sigue proyectando consecuencias políticas, tecnológicas y geopolíticas. Entre el encubrimiento soviético, las lecciones incompletas de la industria nuclear y las nuevas tensiones en Europa del Este, la tragedia de 1986 no pertenece al pasado: es una advertencia vigente.

El 26 de abril de 1986, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, un experimento fallido en el reactor número 4 de la central de Chernóbil derivó en una explosión y un incendio que liberaron una cantidad masiva de material radiactivo a la atmósfera. La combinación de errores humanos, fallas de diseño y una cultura institucional opaca dentro de la Unión Soviética produjo una catástrofe sin precedentes.

Lo que siguió fue tan determinante como el accidente mismo: el ocultamiento. Durante días, las autoridades soviéticas minimizaron el incidente, retrasaron evacuaciones y evitaron informar a la comunidad internacional. Fue recién cuando estaciones de monitoreo en Europa detectaron niveles anormales de radiación que el mundo comprendió la magnitud del desastre.

La anatomía de una catástrofe

Chernóbil no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de una cadena de decisiones erróneas en un contexto institucional donde la seguridad quedaba subordinada a la obediencia política. El reactor RBMK, de diseño soviético, tenía fallas estructurales conocidas, pero el sistema premiaba la ejecución de órdenes por sobre la prudencia técnica.

El saldo inmediato fue devastador: decenas de trabajadores y bomberos murieron en las primeras semanas, mientras que cientos de miles de personas fueron evacuadas. A largo plazo, el impacto sanitario y ambiental se extendió por generaciones, con aumentos documentados en ciertos tipos de cáncer y la creación de una zona de exclusión que sigue vigente hasta hoy.

El efecto dominó: Europa, energía y desconfianza

Chernóbil cambió para siempre la percepción global sobre la energía nuclear. Países de Europa occidental reforzaron regulaciones, mientras que otros iniciaron procesos de abandono progresivo de la energía atómica. El accidente se convirtió en símbolo de los riesgos sistémicos cuando la tecnología de alta complejidad se combina con estructuras políticas cerradas.

Décadas más tarde, el debate sigue abierto. Mientras algunos países ven en la energía nuclear una herramienta clave para la transición energética, otros recuerdan que los costos de un fallo pueden ser irreversibles.

Uruguay también miró al cielo

Aunque geográficamente distante, Uruguay no fue ajeno al impacto psicológico del desastre. La posibilidad de que la nube radiactiva alcanzara el hemisferio sur generó alarma en la opinión pública y obligó a las autoridades a monitorear la situación. La cobertura mediática de la época reflejó una mezcla de incertidumbre científica y temor social, en un contexto donde la información era escasa y fragmentaria.

El episodio dejó una huella duradera en la percepción local sobre los riesgos nucleares, consolidando una postura históricamente cautelosa frente a este tipo de energía.

Chernóbil en el siglo XXI: entre memoria y geopolítica

Lejos de quedar congelada en el tiempo, la zona de Chernóbil volvió al centro de la escena global con la invasión rusa a Ucrania. En 2022, tropas de Rusia ocuparon el área, generando alarma internacional por el riesgo de incidentes en un sitio altamente contaminado. El presidente Volodímir Zelenski denunció entonces lo que calificó como “terrorismo nuclear”.

La guerra reintrodujo un elemento inquietante: la posibilidad de que instalaciones nucleares se conviertan en objetivos o escenarios de conflicto. En ese contexto, Chernóbil dejó de ser solo un símbolo del pasado para transformarse en un riesgo latente del presente.

El llamado a la prudencia

A 40 años del accidente, voces desde distintos ámbitos —incluyendo líderes religiosos como León XIV— han insistido en limitar el uso de la energía nuclear a fines estrictamente pacíficos y bajo estándares internacionales rigurosos.

Sin embargo, el problema no es solo técnico. Chernóbil expuso algo más profundo: cuando el poder político bloquea la transparencia y distorsiona la información, incluso las tecnologías más avanzadas se vuelven peligrosas.

Una lección incompleta

Chernóbil no fue simplemente un desastre industrial. Fue el resultado de un sistema que priorizaba la apariencia de control sobre la gestión real del riesgo. Cuatro décadas después, esa lección sigue siendo incómodamente actual.

En un mundo que vuelve a debatir el rol de la energía nuclear y enfrenta tensiones geopolíticas crecientes, la pregunta no es solo qué ocurrió en 1986, sino si las condiciones que lo hicieron posible han sido realmente superadas. Porque si algo enseñó Chernóbil es que los accidentes nucleares no son solo fallas técnicas: son, ante todo, fallas del poder.