El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó su proyecto de Presupuesto ante empresarios afirmando que Uruguay proyecta un crecimiento promedio anual del 2,4 % para los próximos cinco años, alineado con las expectativas del Banco Central y el FMI. También defendió la incorporación del llamado Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (“impuesto global”), y planteó cambios en el secreto bancario: permitir que la DGI lo levante sin orden judicial, siempre que haya una “presunción de evasión”. Pero detrás de estas promesas hay grietas serias: ¿cuánto de esto es realista, cuánto implica sacrificios de garantías ciudadanas, y qué tanto está detrás de una puesta en escena para atraer inversiones?

El 2,4 % anual que Oddone propone, crece apenas unas décimas sobre lo que la economía ha logrado en años recientes bajo circunstancias más adversas (sequía, shocks internacionales, inflación).

No se ha explicado con claridad qué estructuras productivas nuevas van a impulsar ese salto. ¿Dónde están esas inversiones, innovación o transformaciones sectoriales robustas que puedan sostener un mayor crecimiento en un país pequeño y abierto?

El riesgo de depender demasiado de variaciones externas (commodities, demanda internacional, clima) sigue latente. Uruguay ya mostró vulnerabilidad ante sequías, pandemia, alzas globales. El Presupuesto lo describe como “optimista”, pero no parece partir de un plan imprescindible para mitigar esos riesgos.

Si alguna de las variables macroeconómicas (tipo de cambio, inflación, precios internacionales) se desvía desfavorablemente, ese 2,4 % puede quedar muy lejos. Al no contemplarse fuertes mejoras en gasto público, aunque Oddone hable de “consolidación fiscal por ingresos”, muchas de las promesas terminarán dependiendo de expectativas más que de realidades tangibles.

En resumen: el Presupuesto parece más una declaración de intenciones que una hoja de ruta firme.

En otro orden, Oddone defiende el “Impuesto Mínimo Complementario Doméstico” afirmando que no se trata de aumentar impuestos nuevos, sino de “localizar” tributos que ya se estarían pagando en el exterior, en grupos multinacionales cuyos beneficios no tributan en Uruguay.

Eso suena razonable en principio: evitar que la política fiscal doméstica sea un subsidio indirecto para quienes eluden pagar en otras jurisdicciones. Pero la implementación tiene costos: complejidad administrativa, necesidad de recursos para fiscalizar esas operaciones multinacionales, transparencia real y participación ciudadana.

También existe el riesgo de que ese impuesto global se use como excusa para presionar a ciertos sectores o para justificar una mayor intervención estatal en la economía tributaria, reduciendo previsibilidad, lo que a su vez podría desalentar inversión, justo lo que el gobierno quiere favorecer.

Además, Oddone ha dicho que gran parte de los cambios tributarios son “localizaciones” de impuestos ya existentes, pero cuando se combinan con nuevas obligaciones, tasas o regulaciones, la carga del cumplimiento puede crecer para las empresas pequeñas, lo cual muchas veces no se menciona en los discursos optimistas.

Pero el punto que más alarma genera es la propuesta —incluida en el proyecto de Presupuesto— de permitir que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin orden judicial, cuando haya una “presunción de evasión”.

Primero, la ausencia de una intervención judicial es un quiebre significativo de un principio básico de garantías: no todo órgano administrativo debe tener acceso indiscriminado a la información financiera de los ciudadanos. Eso abre la puerta a posibles arbitrariedades, filtraciones, uso político indebido.

El argumento de que Uruguay está simplemente adaptándose a estándares de la OCDE no borra que esos estándares deben aplicarse con respeto a derechos fundamentales —equilibrio entre transparencia tributaria y privacidad ciudadana—, no con reformas apresuradas sin debate profundo.

Oddone menciona que habrá un requisito de “presunción fundada de evasión”, pero si eso no está claramente definido en la ley o queda demasiado a discrecionalidad del director de la DGI, es un estándar vago que puede servir para autorizar muchos levantamientos sin filtros efectivos.

En términos de confianza pública, esto puede hipotecar créditos futuros: evasión, corrupción y lavado son materia sensible; tocar el secreto bancario sin garantías claras puede erosionar la institucionalidad.

En suma, el Presupuesto presentado por Oddone tiene ambición declarada: quiere proyectar crecimiento, alinearse con regímenes globales, evitar sanciones, mostrar Uruguay como un actor moderno. Pero la retórica no basta. Hay múltiples señales de que muchas de sus promesas se basan en supuestos frágiles, en confiar demasiado en lo que vendrá del exterior y en asumir que no habrá choques adversos.

Especialmente, el secreto bancario es una garantía clave para los ciudadanos; su modificación debe partir de reglas claras, definiciones precisas y salvaguardas institucionales robustas. Sin eso, lo que se presenta como un avance en transparencia puede convertirse en un arma de discrecionalidad.

Uruguay necesita más que previsiones optimistas; necesita políticas fiscales y tributarias que sean creíbles, responsables, respetuosas del derecho y transparentes. Si no, lo “cosmopolita y audaz” podrá transformarse en lo arbitrario y riesgoso.

Por Julio María Sanguinetti

El dramático episodio de Soriano con un padre enloquecido que se suicida junto a sus hijos ha conmovido al país. Es natural que así sea. Diríamos que así debe ser, porque una sociedad que no se sacuda ante episodios tan trágicos estaría revelando un estado de ánimo colectivo de enfermiza insolidaridad, por decir lo menos.

Desgraciadamente, sin embargo, cada vez que la sociedad recibe esos impactos emocionales se dan dos reacciones tan explicables como peligrosas.

La primera es la cacería de “el culpable”. Bien sabemos que culpable es el que por “acción u omisión” produce un hecho sancionado por la ley. En el caso, ese padre fuera de sí, que antes incluso había intentado suicidarse, es el culpable. No hay otro culpable o cómplice. No busquemos.

Ante el hecho, sin embargo, se desplaza el razonamiento hacia una eventual responsabilidad genérica que se endilga a la sociedad toda. Ella es, como decimos, personal y no colectiva. La atribución confusa, indeterminada, es cómoda para deslindar alguna específica en la acción del Estado pero no explica nada. Se entra entonces en la indagación de si los mecanismos judiciales y administrativos eventualmente obligados hicieron lo debido. En el caso no parece que hubiera omisiones, porque aunque este hombre tuviera tobillera y todas las medidas habituales de prevención, igualmente no se habría podido evitar. Simplemente porque irrumpió violentamente, se llevó sus hijos a la fuerza y luego salió a tal velocidad que solamente un milagro eludía el desenlace.

Desgraciadamente, episodios de análoga naturaleza ocurren con cierta triste frecuencia, aunque no alcancen esa espectacularidad. Sin ir más lejos, el mes pasado, en Pocitos, una madre funcionaria policial en tratamiento psiquiátrico, intentó suicidarse y arrastrar a la muerte a sus tres hijos. La niña mayor logró salvarse ella y a otra hermanita, cuando la madre pretendía que todos se tiraran al vacío desde el balcón de su apartamento. Lo hizo con un bebé, al cual abrazó para lanzarse a la muerte. ¿Era evitable? Probablemente sí, porque la madre no estaba psicológicamente estable, pero eso pasaba por quitarle sus hijos, medida difícil siempre para la administración de justicia.

Ahí entramos, entonces, en la segunda reacción habitual: salir a legislar. No hay peor momento para hacerlo, porque presa de la emoción colectiva, la sociedad presiona psicológicamente a los legisladores para medidas extremas. ¿No oímos con frecuencia voces reclamando hasta la pena de muerte? Además, no es posible reclamarle a las leyes lo que no pueden ofrecer, porque no son el remedio milagroso para superar los problemas de familias problematizadas y miembros con salud psíquica en conflicto. Las leyes dan pautas, crean instituciones para prevenir, deslindan responsabilidades, pero no son ni pueden ser el milagro redentor de los dramas íntimos de las personas ni el servidor de emergencia que supera siempre lo imprevisto.

En el caso, la propuesta es hacia la derogación de la ley de tenencia compartida, que establece la igualdad entre padre y madre en la tutela de los hijos. Justamente, esa situacion jurídica no estaba en juego en el episodio comentado, de modo que lo que ocurrió hubiera acaecido igualmente sin ley. Derogar una normativa que fue largamente discutida y se redactó con mucho cuidado no nos parece que sea el camino. No va a impedir situaciones dramáticas como la vivida, resultado de impulsos momentáneos sorpresivos, muy difíciles de prevenir y evitar.

El tema, naturalmente, nos lleva a los problemas de la estabilidad familiar y de la salud espiritual y psicológica de las personas. ¿Puede el Estado actuar en ese territorio? Sin duda es su deber y lo hace, aunque es —y quizás lo será siempre— insuficiente, especialmente en el cuidado de los niños, que es el mayor bien a proteger. Hemos avanzado legislativa y administrativamente, pero siempre corriendo detrás de situaciones que se han ido agravando con las tendencias actuales de una sociedad en que todas las instituciones están debilitadas, asaltadas por un individualismo confuso, inorgánico, que estimulan las redes sociales.

Puede ser este un buen momento para que el Parlamento, en una comisión especial, revise esos temas, el suicidio, el abandono materno o paterno, la violencia intrafamiliar, procurando información fehaciente, estudiando con calma y asumiendo que las leyes son imprescindibles para establecer los parámetros generales pero no el remedio infalible para males que están mucho más allá de sus normas. Hay que escuchar a los actores sociales y estatales que actúan en estos difíciles temas en que la generalidad nos asoma ante el episodio detonante y estamos lejos de un día a día complejo y sacrificado. Cada hogar es un mundo, las normas son disposiciones abstractas eventualmente aplicables a situaciones muy diversas por seres humanos siempre falibles.

Al final de todas las cuentas y de todas las cuitas, pensemos en la responsabilidad personal. Como dice nuestro siempre recordado Max Weber, “cada acción individual y, en último análisis, la vida en su totalidad… no significa otra cosa que una cadena de decisiones últimas, gracias a las cuales el alma elige, como en Platón, su destino, lo que quiere decir el sentido de sus actos y de su ser”.

La Decana convierte la libertad académica en refugio para discursos de odio: el aula no es lugar para estereotipos, es espacio de formación.

La reciente defensa pública de la Decana de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) bajo el paraguas de la “libertad de cátedra” para exculpar a una docente que realizó comentarios abiertamente judeófobos es un acto de irresponsabilidad institucional inexcusable.

La libertad académica no puede ser la excusa para reproducir estereotipos discriminadores. Citar la fisonomía de intelectuales como Adorno o Horkheimer, atribuyéndoles rasgos faciales como si fueran características relevantes para sus ideas, atraviesa los límites del discurso riguroso y cae de lleno en la estigmatización racial.

La Decana carece de toda visión crítica: su defensa sugiere que, mientras no haya censura, se asume que todo vale. Pero no todo vale. El respeto, la dignidad y la condición humana están por encima de cualquier “aportación académica”.

La defensa de discursos que ridiculizan a la colectividad judía no solo es inadmisible moralmente, sino que debilita el prestigio de la institución. En lugar de una rectificación firme, la Decana opta por un silencio burocrático soterrado tras un principio que se convierte en herramienta de impunidad.

Esto despoja de ética al proceso formativo: ¿qué mensaje reciben los estudiantes si la máxima autoridad universitaria avala el prejuicio académico como “expresión libre”?

No se trata de una opinión aislada, sino de una señal de alarma institucional. ¿Qué ocurre cuando el prejuicio se naturaliza como parte de la enseñanza? Cuando la autoridad académica respalda comentarios ofensivos, el aula deja de ser un espacio plural para convertirse en un nicho de exclusión.

Esto no solo daña a quienes pertenecen a las comunidades afectadas, sino también a todos los que aspiramos a una educación fundamentada en el respeto y en el rigor intelectual.

La Universidad cumple un rol central en la formación de ciudadanos críticos. Una universidad que calla ante discursos discriminadores y culpa de “intolerancia” a quienes denuncian, es una universidad que abdica de su deber civilizatorio.

Se requiere más —mucho más que declaraciones genéricas—: investigación institucional, instancias de diálogo con las comunidades afectadas, sanciones que demuestren que las autoridades no toleran el odio. Si la Decana no actúa, el sistema de protección del principio institucional de equidad queda en entredicho.

Las autoridades académicas deben recordar que la educación construye ciudadanía. Defender la dignidad del aula significa que ni la investigación ni la crítica pueden sustentar el desprecio como excepción. El silencio o la neutralidad complaciente son muestras de complicidad.

Las gremiales advierten que la inacción estatal puede desmantelar un sector estratégico que genera divisas, empleo y arraigo en el interior.

La lechería uruguaya, uno de los pilares históricos de la producción nacional, atraviesa una coyuntura crítica. Once gremiales de tamberos remitieron una carta al presidente Yamandú Orsi en la que expresan con crudeza la situación de asfixia que vive el sector y advierten sobre las consecuencias de la inacción.

Los productores señalan que enfrentan una tormenta perfecta: costos crecientes, precios internacionales deprimidos y un marco de conflictividad laboral que amenaza con paralizar plantas estratégicas. A esto se suman factores estructurales —endeudamiento, concentración de tierras y pérdida de competitividad— que ponen en riesgo la viabilidad de miles de pequeños y medianos productores.

La misiva no se queda en diagnósticos. Reclama al gobierno un compromiso claro con políticas de alivio financiero, una mirada estratégica sobre la inserción internacional y, sobre todo, una actitud firme frente a lo que consideran abusos sindicales que agravan la incertidumbre. Los tamberos subrayan que no piden privilegios, sino condiciones mínimas para seguir produciendo alimentos, generar empleo y sostener la vida en el medio rural.

El mensaje central es inequívoco: sin medidas urgentes, el país corre el riesgo de ver desmantelado un sector que aporta divisas, arraigo territorial y prestigio internacional. Y advierten que el costo no lo pagarán solo los productores, sino toda la economía nacional.

La pelota, ahora, está en la cancha del Poder Ejecutivo. La carta de las gremiales es más que un llamado de auxilio: es un recordatorio de que la lechería no resiste indiferencia ni dilaciones.

La economía uruguaya acumula trece meses de crecimiento, pero los indicadores adelantados revelan un estancamiento preocupante y la ausencia de nuevos motores productivos.

En agosto, Uruguay acumuló trece meses de actividad en alza, según el Índice Líder de CERES, con una variación mensual de apenas 0,1 %. Aunque el número mantiene la tendencia positiva, las sombras del segundo semestre ya se filtran con claridad.

Ese 0,1 % es la confirmación de una desaceleración en el ritmo económico: el ILC sigue creciendo, pero con cada vez menos impulso. Para CERES, "no se observan nuevos motores de crecimiento" que sostengan esta tendencia más allá de los primeros seis meses del año.

El Índice de Difusión, que mide cuántas de las variables que componen el ILC están al alza, alcanzó un 71 % en agosto. Aunque a simple vista parece robusto, es una caída importante respecto a registros en meses anteriores, indicando que el crecimiento ya no es transversal, sino más concentrado en sectores aislados.

Hasta ahora, la economía ha sido impulsada por sectores puntales: turismo, reapertura de la refinería de Ancap y especialmente las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, este modelo tiene fecha de vencimiento si no se incorporan nuevos sectores o políticas activas que diversifiquen la base de crecimiento.

Los bancos y el Ministerio de Economía proyectan un crecimiento del PIB cercano al 2,5 %. Pero estas estimaciones descansan en supuestos que hoy lucen frágiles, si el dinamismo no se reanuda. La ausencia de nuevos motores económicos y el enfriamiento evidenciado en los indicadores anticipados amenazan con derribarlas.

En suma, la economía uruguaya sigue creciendo, pero cada vez más despacio. Los datos recientes del ILC muestran una expansión sostenida, pero sin expansión real. La dependencia en sectores maduros, la falta de nuevos impulsos y una cobertura decreciente en actividades económicas clave reflejan que, más que celebrar el crecimiento, debería encenderse una alarma por su fragilidad.

Si no se actúa, este ritmo sin brío puede convertirse en estancamiento hacia el final del año. Las luces de alerta no son proyecciones lejanas: ya están encendidas.

La adquisición de María Dolores no es sólo costosa: es un test de legalidad, transparencia y ética pública; la denuncia penal era imperativa ante los indicios de fraude.

La compra de la Estancia “María Dolores” por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), por U$S 32,5 millones y luego observada negativamente por el Tribunal de Cuentas (TCR), se ha convertido en un escándalo inevitable que obliga a preguntarse no solo si fue una operación correcta, sino si no estamos ante un uso político desmedido de los recursos públicos. La denuncia penal presentada por los partidos Colorado, Nacional e Identidad Soberana apunta a varios delitos —abuso de funciones, falsificación ideológica, fraude y conjunción del interés público y privado— que, de confirmarse, demuestran una corrupción institucional grave. Es no solo legítimo, sino necesario respaldar esa denuncia, que está más que justificada por los siguientes argumentos:

1. Vicios de procedimiento: La denuncia identifica que se dictó la resolución de compra sin el informe técnico obligatorio, establecido por el artículo 28 de la Ley 11.029. Ese documento, que debía ser requisito previo, habría sido agregado después, con fecha antedatada al 28 de abril de 2025. Eso ya implica irregularidad en el proceso.
2. Abuso de funciones y perjuicio económico: Se acusa que la adquisición se hizo utilizando facultades no justificadas, con medios públicos destinados a fines que no se correspondían con los objetivos de la administración, y con perjuicio directo al Estado. Además, al momento de aprobarse la compra, el departamento de Liquidación del INC supuestamente no tenía presupuesto suficiente, lo que sugiere un incumplimiento de las normas financieras vigentes.
3. Falsificación ideológica y manipulación documental: El informe técnico originalmente requerido tenía reparos sustantivos —terrenos inundables, restricciones ambientales, falta de experiencia en manejo de sistemas de riego y exclusión de tierras no colonizables— que no fueron considerados. Los denunciantes sostienen que la documentación fue manipulada para dar apariencia de legalidad.
4. Conjunción de interés público y privado: Dos integrantes del directorio del INC eran colonos (es decir, con intereses privados en tierras), lo que configura un conflicto de interés evidente, ya que no deberían votar decisiones relacionadas con la compra de tierras que pueden beneficiarlos.

• Ayudar a los pobres no debe implicar violar procedimientos legales, transparencia ni someter decisiones ejecutivas al arbitrio. El discurso de “ayudar al pobre” no debe servir de coartada para legitimar irregularidades.
• Presentar la adquisición como beneficio social sin demostrar fehacientemente cómo va a ser explotada la estancia, cómo generará empleo genuino o cómo se medirá ese beneficio, convierte la frase “desarrollo productivo” en un eslogan vacío.
• La justificación “es caro pero es una inversión” ignora que ser “caro” no puede ser equivalente a ser correcto. Un gasto público elevado exige aún más rigor, aún más cumplimiento de la ley, aún más transparencia, y no excusas retóricas.
• Henry lamenta que algunos vean el acto como “un delito”, pero el deber de quienes ocupan cargos públicos es asumir que sus actos serán examinados minuciosamente, porque no basta afirmar buenas intenciones cuando aparecen indicios de abuso, falsificación y fraude. Si no quieren que se lo vea como delito, lo único que tienen que hacer es someterse a la Justicia y darle todas las pruebas, no minimizar los cuestionamientos.

El episodio que protagonizó la tripulación del buque pesquero Cacique en pleno océano no puede minimizarse como un simple altercado laboral; constituye una señal alarmante de deterioro institucional en un sector vital para Uruguay.

Según denuncias formales ante la Prefectura Nacional Naval y la Administración Nacional de Puertos, una porción de la tripulación del Cacique se negó a efectuar el último lance —cuando ya faltaba poco para completar la faena y regresar—, argumentando la falta de suministro de alimentos. El capitán, ante la escalada de tensión, decidió volver al puerto con objetivo de evitar un conflicto mayor en alta mar, pese a la evidencia fotográfica de había alimentos suficientes.

Esto no fue una discusión común entre la tripulación, sino un motín en toda regla: un desafío directo al mando del capitán y una interrupción arbitraria de una operación registrada en el libro de navegación. Más allá del liderazgo cuestionado, el episodio expuso una falla sistémica de tolerancia institucional ante la violencia y el desorden durante la zafra pesquera que no nos cansamos de subrayar con preocupación.

Este suceso se enmarca en una temporada ya tensionada. Después de un paro sindical que paralizó la zafra durante 80 días, este motín suma incertidumbre a un sector golpeado por conflictos prolongados, falta de diálogo y prácticas violentas que socavan su estabilidad.

La resolución de este conflicto no puede pasar exclusivamente por medidas administrativas o judiciales (aunque también). Se necesita una estrategia multisectorial que recupere la jerarquía en el mar y garantice la seguridad en alta mar. El reclamo del director Jorge Gandini de adaptar los protocolos a normas internacionales de seguridad —como el Código PBIP— es urgente.

Por Tomás Laguna

En el marco de la histórica y tradicional Rural del Prado se realizaron conferencias que pusieron el foco en la cadena agroindustrial de la carne bovina. Una reclamó duplicar la producción; otra expuso la realidad de la industria frigorífica. Ambas merecen comentarios, siempre dentro de los límites de esta columna de opinión.

Por Laura Méndez

El trabajo infantil no es un fenómeno nuevo. A pesar de figurar entre las prioridades de los organismos de derechos humanos, millones de niños y adolescentes en el mundo siguen siendo víctimas de explotación laboral. Las guerras, las crisis económicas y la desigualdad son sus principales motores.

Uruguay no está ajeno a este flagelo. Los informes internacionales son contundentes: la erradicación del trabajo infantil requiere educación universal, protección social, ingresos dignos para las familias y marcos legales sólidos. Nuestro país ha registrado avances, pero la cifra de 40.200 niños que trabajan interpela a toda la sociedad.

Son 40.200 gurises que trabajan. Una cifra que, fría en apariencia, esconde historias que duelen: adolescentes que abandonan el liceo para ayudar a sus familias, niñas que acompañan a sus madres en tareas domésticas, niños que cuidan animales en lugar de tener un cuaderno entre las manos.

Factores como la pobreza, la desigualdad, la informalidad económica, la baja capacitación y los hogares monoparentales aumentan el riesgo de trabajo infantil. Porque el dilema no es solo económico, también es ético. Cada niño que trabaja en lugar de jugar, aprender o soñar representa una deuda del presente con el futuro.

El reciente informe ENSANNA 2024 confirma que el 6,8 % de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabaja. El trabajo infantil es más frecuente en el interior del país (7,7 %) que en Montevideo (5,2 %). Además, crece con la edad: apenas el 2 % de los niños de 5 a 8 años trabaja, pero la cifra trepa al 10,6 % entre los 15 y 17 años.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, lo resumió con crudeza: “Es un disparate que 40.200 gurises trabajen en Uruguay”.

Tiene razón. Erradicar el trabajo infantil no es una meta estadística: es un imperativo moral que atraviesa la historia uruguaya.

A comienzos del siglo XX, José Batlle y Ordóñez impulsó reformas laborales que buscaban proteger a los más vulnerables. Entre ellas, propuso la prohibición del trabajo de menores de 13 años, la reducción de la jornada y un día de descanso semanal.

Aquellas medidas, pioneras en América Latina, mostraban que el trabajo precoz ya era visto como una injusticia que limitaba el desarrollo humano.

Desde hace unos meses, el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) comenzó a elaborar el primer plan estratégico nacional contra el trabajo infantil, con apoyo de la OIT y UNICEF. El objetivo es coordinar al Estado, sindicatos, empresarios y sociedad civil en una misma dirección.

La región ofrece lecciones valiosas: el Bolsa Família en Brasil y Familias en Acción en Colombia redujeron el trabajo infantil a través de transferencias condicionadas a la escolarización. En Ecuador, el Centro del Muchacho Trabajador acompañó a niños y familias en educación, salud y vivienda.

También existen innovaciones como el Triple Sello en Bolivia y Argentina, que certifica productos libres de trabajo infantil, vinculando el consumo responsable con la protección de derechos.

Batlle y Ordóñez soñó con un Uruguay donde la infancia no fuera mano de obra barata, sino ciudadanía en formación. Más de un siglo después, seguimos lejos de cumplir ese sueño.

No hay excusa económica ni cultural que lo justifique. La infancia no admite prórrogas.

Hoy son 3.300 niños de 5 a 8 años, 21.800 de 9 a 14 y 15.000 adolescentes de 15 a 17 los que trabajan. El país no puede tolerar más esta realidad si quiere honrar su historia.
La lucha contra el trabajo infantil debe asumirse con la misma determinación que en su momento tuvo el batllismo: coraje político, justicia social y un compromiso ético innegociable.

Por Susana Toricez

La salud mental sigue fuera de la agenda pública: una omisión que condena a inocentes y deja a toda la sociedad desprotegida.

“Es tendencia”.

Dos palabras que hoy definen aquello de lo que todos hablan al mismo tiempo.

Lamentablemente, hoy la tendencia es la salud mental.

Los recientes hechos que enlutan al país nos obligan a detenernos y pensar cuán desamparados estamos en este aspecto.

Un ejemplo cercano: el hijo de una compañera de trabajo se casó con su novia de hacía dos o tres años. Fuimos a la fiesta: hermosa, los novios felices. Poco después nació una niña. Con el tiempo, la pequeña comenzó a visitar a su abuela paterna, y esta también la visitaba en su casa.

Un día, al salir de la casa de su hijo, mi compañera recibió un curioso llamado de una vecina, que le pidió entrar discretamente a su casa. Allí, tras muchas disculpas, le confesó que su nuera era muy violenta y golpeaba a la niña.

Alarmada, mi compañera le comentó la situación a su hijo, pero él no le creyó una palabra. Desde entonces, cada vez que la nieta la visitaba, intentaba observar su cuerpo. Con dolor comprobaba que tenía golpes visibles, marcas que hablaban por sí solas. La niña, sin embargo, nunca respondía a sus preguntas.

Entonces comenzó a sacar fotos, consultó a un abogado y, tiempo después, presentó una denuncia. Lo hizo contra la voluntad de su hijo y de su nuera.

La investigación reveló lo que nadie había imaginado aquella noche de boda: la joven registraba antecedentes de trastornos psiquiátricos graves, con internaciones previas y un diagnóstico de bipolaridad severa. Finalmente, un juez otorgó a mi compañera la tenencia de su nieta.

Nadie pide la historia clínica de quien va a ser su pareja. Y es ahí donde vuelvo al comienzo: estamos desamparados. Porque las enfermedades mentales están más cerca de lo que creemos, en un vecino, un familiar o incluso en uno mismo.

Sin embargo, en nuestro país la salud mental jamás ha sido prioridad para el Ministerio de Salud. Y hoy sufrimos aún más ese abandono, agravado por las adicciones que avanzan sin freno.

Una triste realidad que pagan los más inocentes y vulnerables. Porque, al final, desprotegidos estamos todos.

Por Juan Carlos Nogueira

Cuando la legalidad no se acompaña de idoneidad, la autoridad pierde legitimidad ante sus propios subordinados.

Max Weber (1) distinguía entre diversas fuentes de legitimidad de la autoridad: la legal, que se apoya en normas y reglamentos; la tradicional, fundada en la costumbre; y la racional, vinculada a la competencia técnica y al reconocimiento del saber especializado.

En el ámbito militar, estas dimensiones se entrelazan de forma particular, pues la obediencia descansa tanto en la jerarquía formal como en la percepción de idoneidad profesional.

El nombramiento del Comandante de la Armada abre un espacio de reflexión en este sentido. Desde el punto de vista estrictamente legal, la designación se sustenta en la autoridad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ha surgido debate en torno a si dicho nombramiento se ajusta plenamente al marco normativo de la Ley Orgánica de la Armada, lo cual introduce un elemento de duda respecto a su legitimidad formal.

Por otro lado, la cuestión de la legitimidad racional adquiere especial relevancia. Tradicionalmente, los oficiales del Cuerpo General reciben una formación que abarca navegación astronómica, guerra de superficie, guerra antisubmarina, guerra antiaérea, guerra electrónica, operaciones anfibias, así como materias básicas como matemáticas, electrónica y física. 

Esta preparación que comienza en la Escuela Naval y se prolonga en la carrera como oficial naval, junto con la experiencia a bordo, constituye la base de la competencia profesional reconocida en la conducción de la institución naval. La ausencia de dicha trayectoria teórica y práctica plantea serias interrogantes sobre el grado de reconocimiento que puede alcanzar un mando en la estructura jerárquica. Tal es el caso del actual Comandante formado como cuadro de Prefectura.

Así, la situación ilustra la tensión entre dos formas de legitimidad descritas por Weber: la legal, vinculada a la norma, y la racional, asociada a la competencia.

La primera puede estar formalmente garantizada; la segunda depende del juicio de quienes deben obedecer y confiar en la autoridad. La síntesis de ambas es, en última instancia, la que asegura la estabilidad de una organización tan compleja y exigente como la Armada.

(1) Weber, Max. Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. México: Fondo de Cultura Económica, 1944.

Por Gabriela y Roberto Pena Schneiter

En el día de mañana se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de don Luis Tróccoli. A través de la siguiente reseña evocativa se han intentado recobrar algunas cualidades de su personalidad así como algunos de los principios y valores de su “Batllismo en Idea y Acción”, los cuales resultan de importancia para estos tiempos en que muchos de ellos se han ido difuminando.

Rasgos distintivos

La relevancia de don Luis Tróccoli está centrada fundamentalmente en la actividad política y también en la dirigencia deportiva, en las que se destacó por trabajar con tenacidad, ardor y pasión. En el comienzo de esta reseña evocativa se repasan algunos rasgos distintivos de su figura, para lo cual se recurre a pasajes de la disertación del señor senador Carlos Cigliuti en el homenaje que realizara el Senado con motivo de su fallecimiento: “[…] personalidad de nuestro Partido, pero también del país, que tuvo una actuación muy intensa en ambas ramas del Poder Legislativo, en las que descolló por su laboriosidad, su inteligencia, su conocimiento de los problemas del país, su devoción por la causa pública y, especialmente, por su ilustración en materia económico-financiera que debatía y explicaba con verdadera predilección intelectual”. Asimismo, Cigliuti subrayaba que en la actividad parlamentaria Tróccoli “[…] se distinguió siempre por esa tarea noble, altruista y desinteresada que practicó. Tenía un modo directo de actuar en política; era infatigable en la atención de las obligaciones personales ante sus distintos compañeros y correligionarios que integraban con él algún grupo político […]”. Y, sobre su afición política, decía que tuvo “[…] un entrañable amor por su vieja divisa colorada de la que nunca abjuró, ya que la sentía como un mandato en el fondo de su corazón” (9ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 12/05/1992).

La protección del honor

Por esa actuación noble e impregnada de republicanismo tuvo muy presentes los derechos de la persona consagrados por la Constitución de la República. Dentro de estos, protegió con vigor el goce del honor, por ejemplo, cuando realizó como representante nacional las defensas de dos funcionarios públicos. En esa protección siempre amparó al hombre de bien y quiso que no quedara “[…] pesando en la Cámara una sombra injusta sobre su conducta”, porque a su juicio estos temas constituían un “[…] deber ineludible de orden social y de orden humano”. Estimaba “[…] que nada hay más importante para los hombres que su honor, que su dignidad, que su honrado vivir; y que venga por los caminos que venga la injusta negación de su honradez o aquello que macule su honor, todo se empequeñece y nada tiene importancia frente a lo que debe ser pensamiento y voluntad obsesionante de lograr una total y absoluta rehabilitación” (74ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria–, de 8 y 9/11/1948, y 19ª Sesión Ordinaria, de 03/05/1950, de la Cámara de Representantes).

En esta misma línea, también se recuerdan algunas de sus palabras cuando realizó, en calidad de senador, las defensas del presidente y la vicepresidente del Concejo Departamental de Montevideo, por un artículo de prensa: “[…] estimo, en términos generales que, para el común de los hombres, seguramente, la mayor riqueza a que pueden aspirar es a la riqueza moral y que, particularmente, para los hombres públicos este aspecto de su acervo ético es fundamental, puesto que la opinión pública debe mirar la acción política desarrollándose con una total pureza. El ejercicio de la función pública, generalmente no da riqueza; generalmente empobrece, y no tiene, el hombre que desarrolla la función pública, seguramente, otra meta más enaltecedora que tratar de lograr el respeto, la consideración y la admiración a través de la bondad, de la obra que ejecuta y a través del camino de probidad moral que recorra para su realización. Cuando se ataca sin verdad y sin razón, falsamente, la reputación de los hombres que ejercen funciones públicas y ello se hace con sentido político como instrumento político, la opinión pública tiene el derecho a la prevención y al rechazo, frente a lo que constituye, sin ninguna duda, un arma inferior de lucha política” (26ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 29/05/1956).

En definitiva, don Luis Tróccoli nunca guardó silencio para combatir la sinrazón y la arbitrariedad, por eso, y en cualquier ámbito, siempre se sintió “[…] espiritualmente muy fuerte para luchar contra la injusticia y mala intención” (5ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 07/04/1964).

Respeto partidario y libertad individual

Siguiendo con su conducta parlamentaria, siempre trabajó por la unidad del Partido Colorado para el estudio y la resolución de urgentes problemas, y así se lo expresaba a sus correligionarios: “Tenemos una común tradición de lucha y comunes emociones; tenemos un común programa de ideas, nobles y justas, y tenemos una común aspiración de propender al impulso y engrandecimiento del país” (42ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 10/08/1955).

Pero también creía, por su tolerancia, en la absoluta libertad y total independencia del político, para lo cual se trae a la memoria cuando decía: “[…] reafirmo la libertad absoluta de todos los legisladores de moverse, si bien dentro de las disciplinas que les pueda imponer su partido en materia ideológica, con la total libertad de conciencia que les imponga manejarse según su leal saber y entender frente a los problemas de interés público, es decir, decidir con sus votos de la misma manera que se reclama la libertad absoluta y legítima también, para quienes fuera del Parlamento, desde la simple condición de ciudadano hasta la más alta jerarquía pública, reclaman también la libertad de poder emitir su opinión criticando o elogiando, según su leal saber y entender” (79ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 30/11/1955).

Consideración por el actuar humano

Don Luis Tróccoli hizo uso de la palabra en el Parlamento para referirse a distinguidas personalidades, destacando siempre de ellas su conducta responsable y virtud moral, como lo ha dejado demostrado en los siguientes casos: en la renuncia del doctor Francisco Forteza de presidente del directorio del Banco de la República (39ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 24/06/1958); en la solicitud del doctor Jaime Bayley de consentimiento del Senado para recibir empleo rentado del Poder Ejecutivo en el Servicio Exterior, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución de la República (53ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 13/08/1958); en el homenaje al doctor Mateo Legnani al cumplirse 50 años en el ejercicio de su profesión (90ª Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores, de 17/12/1959), y en los fallecimientos de don Duncan Batlle Berres (93ª Sesión Extraordinaria de la Cámara de Senadores, de 23/12/1959), del ingeniero Manuel Rodríguez Correa (50ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 11/10/1961), del doctor Washington Abdala (53ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 10/09/1963) y del doctor Salvador M. Ferrer Serra (61ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 07/10/1963). También tuvo el honor y el privilegio de que la Mesa de la Cámara de Senadores lo designara para que hiciera uso de la palabra, en nombre del Senado, en los actos de sepelio de don Luis Batlle Berres y don Teófilo Collazo (50ª y 31ª Sesiones Ordinarias –Extraordinarias– de la Cámara de Senadores, de 15/07/1964 y de 22/07/1966, respectivamente).

Recapitulando sus disertaciones en todos los homenajes, siempre estuvieron presentes, entre otros, los siguientes conceptos, que también le cabrían a él, de esfuerzo, colaboración, probidad, austeridad, cultura, razón, amistad, justicia, humildad, estima, sabiduría, equidad, lealtad, reflexión, solidaridad, capacidad y optimismo; todos aplicados a cualidades de distinguidas personalidades. Personalidades, que, al decir de don Tróccoli, “sirven para que los hombres jóvenes podamos mirarles y lucirles como una expresión de la estructura moral y de la dimensión espiritual de nuestro pueblo, y de nuestra República”.

Proyectos de buena ley

En su trayectoria política, don Luis Tróccoli presentó numerosos proyectos de ley en conjunto con otros legisladores y a título personal, entre estos últimos se recuerdan tres que intentaban resolver problemas de orden social trascendentes en materia de educación física, enseñanza terciaria y vivienda.

El primero –con el espíritu de José Pedro Varela y complementando la Ley N° 3.789, de 07/07/1911– declaraba obligatoria la educación física para todos los habitantes del país hasta los 18 años de edad, y cometía a la Comisión Nacional de Educación Física la realización de convenios con las autoridades de Enseñanza Primaria y Normal, Secundaria y Preparatorios, así como con aquellas autoridades de organismos particulares similares, con la finalidad de reglamentar dicha actividad y establecer sus programas. Asimismo, dicha Comisión Nacional podía realizar convenios con todas aquellas instituciones deportivas que poseyeran predios y/o instalaciones deportivas útiles al cumplimiento de lo declarado. También el proyecto fijaba la ejecución de un plan de obras deportivas en todos los departamentos del país y creaba el Fondo de la Educación Física administrado por la Comisión Nacional de Educación Física (80ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 26/11/1963).

El segundo proyecto creaba el Fondo Ciudad Universitaria, con su correspondiente financiación, destinado a la construcción de nuevos edificios universitarios; a la ampliación, modificación o reparación de los ya existentes; a la adquisición de predios destinados al asiento de establecimientos de enseñanza, experimentación o investigación, y a la adquisición de equipos o demás elementos útiles a los servicios de enseñanza. En algunos pasajes de la exposición de motivos decía Tróccoli con veneración y autenticidad: “Esta debió haber sido –y lo es– la última ley de Luis Batlle. Suya fue la inspiración fundamental, reiterada en múltiples oportunidades a través del diálogo con autoridades universitarias […]. Este proyecto debió haber llevado su firma, lo que hubiera constituido para nosotros la compañía más honrosa a que pudiéramos aspirar, en la ejecución de un acto legislativo” (58ª Sesión Ordinaria –Extraordinaria– de la Cámara de Senadores, de 07/10/1965).

Y el tercero creaba el Instituto Nacional de la Vivienda Propia que tenía como cometido específico otorgar préstamos a los afiliados activos y pasivos de las Cajas referidas en el articulado del proyecto, con el fin de que estos construyeran su vivienda propia. En algunos pasajes de la exposición de motivos Tróccoli manifestaba: “La aspiración a la vivienda propia ha sido, y sigue siendo, una inquietud permanente en la esperanza de todo núcleo familiar. Se identifica, en buena medida, con un impulso a la seguridad y, constituye, sin lugar a dudas, uno de los temas fundamentales de la dinámica social de nuestro país. […] Y ello será logrado sin creación de impuestos, sin disminuir los ingresos de los beneficiarios, con la reducción de aportes que desahogarán a la industria y al comercio, y al propio Estado” (86ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de 15/12/1965).

Hacia la revalidación de un justo reconocimiento

Como corolario de estas resplandecientes condiciones morales, intelectuales y políticas de don Luis Tróccoli, y ya que tanto su pensamiento liberal y humanista como su oratoria de “decir lo más hablando lo menos” despertó en gran parte de la ciudadanía un verdadero sentimiento de reconocimiento a sus talentos y virtudes, y, especialmente, de afecto y gratitud, sería oportuno que la bancada de representantes colorados promoviera la concreción de la publicación dedicada a él, la cual, por iniciativa del señor representante Antonio Guerra Caraballo, fue aprobada por resolución de la Cámara de Representantes. En el informe de la Comisión Especial para entender en las ediciones que acompañaba el proyecto de la citada resolución, entre otras cosas, se expresaba: “La Comisión ha procedido también a realizar una selección de personalidades cuya obra escrita, discursos, ensayos, artículos periodísticos o actividad parlamentaria, interesa preservar del olvido y difundir, no sólo entre los señores legisladores para enriquecer los elementos de juicio de que deberán disponer para el mejor cumplimiento de sus deberes como tales, sino también y como contribución al incremento de la cultura nacional, entre las bibliotecas y lugares de estudio de nuestros jóvenes” (62ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Representantes, de 09/11/1993).

Para finalizar esta reseña evocativa se quiere expresar que hubo en don Luis Tróccoli un espíritu que ha servido y servirá de modelo. Ha enseñado “a observar aquellas leyes no escritas cuya sanción sólo reside en el sentimiento universal de lo que es justo…”, al decir del gran demócrata Pericles. Y ha trasmitido una ética que trae continuamente a la memoria al humanista Demócrito, cuando decía: “Debemos hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que han padecido injusticias… Son las buenas acciones, no las palabras, las que cuentan…”.

Post scriptum

Al haberse conmemorado el pasado 25 de agosto los cien años de la inauguración del Palacio Legislativo, y dado el cariño que don Luis Tróccoli le tenía por lo que representa democrática y culturalmente, se quiere además expresar un reconocimiento a todos los funcionarios del Poder Legislativo, en particular a los de su Comisión Administrativa, los cuales desde su creación han prestado servicios con predilección y ahínco, así como también han manteniendo viva la piedra fundamental de don José Batlle y Ordóñez. De entre ellos se desea destacar, con gratitud, a don Ángel Venturini.

La creación de una “mesa nacional” intenta disimular la magnitud de la derrota en Buenos Aires, pero la negativa a renovar el gabinete y a reconocer errores profundiza la desconfianza política y económica.

Tras la aplastante derrota de su partido en la provincia de Buenos Aires —donde Fuerza Patria venció por más de 13 puntos—, el presidente Javier Milei optó por reorganizar su estrategia político-gubernamental. No cambiará su gabinete, pero activará una “mesa política nacional” con él a la cabeza y figuras como Karina Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Martín Menem y el vocero Manuel Adorni.

Un gesto estratégico sin verdadero cambio

Aunque el oficialismo afirma que “no habrá cambios de gabinete”, la creación de esta mesa esconde la urgencia de ordenar una conducción que ya no logra canalizar el impacto del resultado adverso. La idea es redefinir la estrategia y controlar el discurso, desde la base libertaria hasta los sectores que miran a las provincias, sin reconocer que la derrota exige más que una reestructuración interna.

Los mercados reaccionan: señales de alarma económica

La contundente derrota no fue simplemente política; tuvo efectos inmediatos en la economía. Los mercados financieros cayeron con fuerza: el Merval retrocedió entre 12 % a 13 %, los bonos argentinos en dólares se desplomaron cerca del 9 %, y el peso perdió entre 4 % y 7 % frente al dólar, dependiendo del índice.

Este derrumbe no solo refleja una pérdida de confianza en la capacidad gubernamental para continuar con su agenda, sino que también deja entrever que el “no habrá cambios” es mal recibido por quienes esperan certezas y capacidad de adaptación.

¿Mesa política o maquillaje institucional?

La formación de una mesa de coordinación no es per se un acto irresponsable; pero es una respuesta mínima que no aborda los problemas visibles. Milei parece apostar por reunirse con gobernadores aliados y ajustar el relato hacia las elecciones legislativas de octubre, pero sin reconocer que su derrota exige un cambio real de rumbo.

Falta autenticidad

La maniobra de Milei —mesa política nacional sin renovación de figuras claves— representa más ritual que reforma. Es un intento de mantener ese núcleo duro sin mostrar apertura a críticas efectivas ni reconocimiento de errores. En el tablero político y económico actual, esa rigidez puede costar caro. Porque al construir una estrategia únicamente desde la Casa Rosada, sin rearmarse para dialogar con la realidad electoral y con los mercados, corre el riesgo de aislarse aún más.

Cada incursión aérea rusa en territorio aliado desnuda la estrategia de Putin: normalizar la provocación y medir la pasividad de Occidente.

En la madrugada del miércoles 10, Polonia derribó varios drones que cruzaron su espacio aéreo, supuestamente enviados por Rusia desde Bielorrusia o implicando tránsito por allí. Tras la violación aérea, Varsovia activó el artículo 4° del Tratado de la OTAN, invocando una evaluación colectiva ante amenazas contra su integridad territorial Polonia también impuso restricciones al tráfico aéreo en su flanco oriental, entre las fronteras con Bielorrusia y Ucrania, como medida de emergencia para preservar su seguridad nacional.

Este episodio va más allá de un incidente aislado: es un claro umbral en la estrategia del Kremlin bajo Vladimir Putin. No se trata solo de ataques en Ucrania; se trata de probar los límites geográficos, diplomáticos y militares de la OTAN y de Europa, con una aritmética deliberada de provocaciones que empujan hacia la escalada.

Varias claves apuntan a que esta acción rusa no es un error ni una operación sin planificación:

• Los drones cruzaron varias fronteras y penetraron lo suficiente como para activar defensas aéreas y provocar reacciones políticas inmediatas.
• Las explicaciones de Moscú —que los drones no tenían por objetivo a Polonia o que no excedían cierta distancia en su vuelo— no han convencido.
• Polonia ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que describe como una violación sin precedentes.
• Otros países de la OTAN, líderes europeos y la Unión Europea han condenado con dureza el incidente, lo que sugiere que muchos lo perciben no como una provocación menor sino como un escalón en el camino hacia una amenaza mayor.

1. Medir la respuesta militar y política: hasta ahora los aliados occidentales han respondido con condenas, sanciones y acciones defensivas, pero la pregunta es si esos gestos bastan para disuadir un Kremlin que parece dispuesto a testar la cohesión aliada.
2. Crear hechos consumados: cada violación fronteriza refuerza la narrativa rusa de que Occidente no solo observa, sino que permite. Si la OTAN tarda, vacila o no endurece sus respuestas, Putin puede interpretar eso como licencia para escaladas mayores.
3. Diversificar la agresión sin declararla abiertamente guerra: el uso de drones, que muchas veces Moscú niega oficialmente, le permite jugar en una zona gris: provocación con bajo coste político inmediato, pero alto impacto en seguridad y tensión diplomática.

• Fortalecer y acelerar la defensa aérea en sus fronteras orientales. Países como Polonia no pueden depender solo de la buena voluntad diplomática.
• Garantizar que los mecanismos de cooperación política y militar de la OTAN funcionen no solo en papel sino en hechos: inteligencia compartida, despliegue rápido de medios, sanciones efectivas y coordinación real.
• Evitar caer en la trampa de minimizar lo que Putin pretende disfrazar como “errores técnicos” o “incidentes menores”. Cada uno de estos fuegos artificiales tiene un mensaje: que Rusia puede cruzar líneas sin pagar un precio inmediato.

Entre la austeridad y el descontento, Francia se enfrenta a su mayor prueba política en años: la caída de Bayrou deja a Macron ante un tablero de incertidumbre y urgencia.

La reciente caída del primer ministro François Bayrou, tras perder una moción de confianza en la Asamblea Nacional, marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política que atraviesa Francia. La votación fue categórica: 364 legisladores dijeron “no” frente a apenas 194 a favor, cerrando un mandato que apenas duró nueve meses.

Bayrou había apostado todo a un severo plan de ajuste: recortes por €44 mil millones, eliminación de días feriados y congelamiento de beneficios sociales. El paquete, presentado como indispensable para contener una deuda pública que ya supera el 114 % del PIB, terminó por aislarlo incluso de sus aliados moderados y precipitó su derrota parlamentaria.

Con la salida de Bayrou, Emmanuel Macron debió designar a su tercer primer ministro en poco más de un año, un reflejo de la creciente dificultad del presidente para sostener mayorías estables y avanzar en sus reformas estructurales.

El pasado martes 9, Macron nombró a Sébastien Lecornu, hasta entonces ministro de Defensa, como nuevo primer ministro. A sus 39 años, Lecornu se convierte en uno de los jefes de gobierno más jóvenes de la historia contemporánea francesa.

Su designación, anunciada apenas un día después de la caída de Bayrou, buscó transmitir rapidez y control en medio de la crisis. Político de origen en la derecha tradicional, considerado un “gaullista social”, Lecornu se integró al movimiento de Macron en 2017 y desde entonces ha cultivado un perfil de discreción y fidelidad.

En Defensa, condujo el ambicioso plan de modernización militar con un presupuesto de hasta €413 mil millones hacia 2030. También acumuló experiencia en la gestión de crisis sociales, desde los “chalecos amarillos” hasta los disturbios en las Antillas francesas en 2021 y 2022. Leal a Macron y sin aspiraciones presidenciales propias, es percibido como un “soldado político” dispuesto a asegurar continuidad y orden.

El relevo en Matignon no logró calmar la calle. Miles de ciudadanos salieron a protestar bajo la consigna “Block Everything”, obligando al despliegue de 80.000 policías para contener bloqueos y cortes.

Lecornu asume en un clima de tensión máxima: la izquierda de Jean-Luc Mélenchon ya anticipó que impulsará una moción de censura si el nuevo gobierno evita someterse a un voto de confianza al regreso del Parlamento.

El presidente necesita que Lecornu logre algo que Bayrou no consiguió: negociar un presupuesto para 2026 en una Asamblea sin mayorías claras. El escenario obliga a tender puentes con sectores adversarios, desde socialistas hasta la derecha radical, y pone a prueba la capacidad de un primer ministro que deberá combinar pragmatismo con autoridad.

Los mercados reaccionaron con inquietud ante la sucesión de crisis en el gobierno. Con una deuda elevada, déficit creciente y un vacío de confianza política, las agencias de calificación alertan sobre un posible deterioro de la solvencia francesa.

Francia ingresa en una etapa decisiva. La caída de Bayrou simboliza el agotamiento de un ciclo de austeridad sin consenso, mientras que la llegada de Lecornu representa la apuesta de Macron por un perfil leal y negociador capaz de restaurar la estabilidad.

Pero el tiempo juega en contra: con la calle movilizada, un Parlamento fragmentado y apenas dos años por delante de mandato, el presidente francés afronta quizá su desafío más complejo desde que llegó al Elíseo.

Así sí

   ANEP duplica la cobertura alimentaria en educación media

La ANEP anunció un ambicioso plan para duplicar la cobertura del Programa de Alimentación en Educación Media, que pasará de 20.000 a 40.000 estudiantes beneficiados. Se construirán 56 comedores prefabricados (28 para Secundaria y 28 para UTU), con una inversión de más de 322 millones de pesos, operativos desde marzo de 2026.

  Garantizar que cada adolescente tenga acceso a este programa de alimentación no solo mejora su rendimiento, sino también construye comunidad y equidad en las aulas.


   ANEP duplicará oferta educativa con extensión del tiempo pedagógico

La meta de ANEP para 2029 es alcanzar 100.000 niños en centros de extensión del tiempo pedagógico en inicial y primaria, y llegar a 122 centros de enseñanza media en esa modalidad.

El aumento de la cobertura y las acciones estará guiado por cuatro ejes: equidad, adecuación al territorio, atención a la alimentación y participación comunitaria.

  Un horizonte educativo que amplía oportunidades y refuerza la igualdad en la formación de nuevas generaciones  contribuye a sembrar un futuro de justicia y oportunidades para todos.
 

   Crece la alerta por trabajo infantil en Uruguay

   Comercio se desacelera y encendió luces amarillas para el futuro