Edición Nº 663 - viernes 24 de marzo de 2017        

Mentiras oficiales

El gobierno recurre a cifras engañosas y a mentiras para sostener su prédica. Hasta el propio señor Presidente manejó números francamente equivocados en materia de seguridad pública. La propaganda es un mal camino para un oficialismo que tiene que convencer y dar el ejemplo.

El Presidente Vázquez utilizó el Consejo de Ministros desarrollado en San Luis para dar su versión sobre “la realidad”, que termina siendo “su realidad”, dado que allí se manejaron datos y estadísticas que nada tienen que ver con los hechos.

Confirmando que esas puestas en escena no son ámbitos para la buena administración sino para la política partidaria y la propaganda descarada —usando indignamente incluso a los estudiantes liceales—, el Presidente contestó al titular de la Suprema Corte de Justicia, quien había manifestado su preocupación por la inseguridad; intentó quitar entidad a la estafa del Fonasa —que ya lleva 13 procesados—; dijo que está a favor de las comisiones investigadoras, pese a que el Frente Amplio las bloquea y acusó de estar mal informados a quienes critican al gobierno.

En su tono aparentemente apacible y suave, el Presidente oculta una personalidad autoritaria, soberbia e intolerante, porque no de otra forma pueden interpretarse sus respuestas.

Para fundamentar que la seguridad ha mejorado, el Presidente incurrió otra vez en el engaño de afirmar que es la primera vez que el delito baja desde 1985. Eso no es así, como lo confirman las estadísticas oficiales del propio Ministerio de Interior, lo que el señor Bonomi sabe perfectamente. Pero el Frente Amplio optó por repetir una mentira cien veces, camino en el que lamentablemente incurre el señor Presidente.

En segundo término y como correlato de esa manipulación, el Presidente afirmó que el delito viene bajando actualmente. El Ministro Bonomi ofreció cifras de los dos primeros meses del año, como si eso fuera una comprobación. Buena parte de los uruguayos desconfiamos de esas cifras oficiales, ya adulteradas en su tiempo por el mismísimo Ministro, cuando ordenó, por ejemplo, que algunos tipos de rapiñas se contabilizaran como hurtos para hacer bajar el número de los asaltos violentos ante la opinión pública. Nada asegura que estas cifras que maneja ahora Bonomi —y le hace repetir al Presidente— sean verídicas, en un país en el que sólo el 5% de los delitos queda aclarado. Hasta que las estadísticas no sean revisadas por una instancia independiente, es imposible confiar en esa propaganda.

Lo mismo puede decirse de las otras afirmaciones del Presidente: no es creíble su promesa de que defiende a las comisiones investigadoras mientras el Frente Amplio se opone a ellas; ni es confiable su intención de desviar la atención sobre la estafa de Fonasa —cuando en sí misma es escandalosa y se registra en un sector público donde ya hubo un director procesado— mientras el gobierno se ahoga en las repercusiones judiciales de las maniobras en Ancap. Ni que hablar de los negocios con Venezuela, el zafarrancho de Pluna o la incipiente investigación sobre la regasificadora. Si algo no debería hacer el señor Presidente, para no correr el riesgo de hacer el ridículo, es tratar de quitarle entidad a las denuncias sobre la corrupción gubernamental.

Mientras tanto, cualquier televidente puede comprobar que los informativos de estos días se han visto inundados por la presencia de voceros gubernamentales, como obedeciendo a una deliberada acción oficial para defender sus posturas.

Todo gobierno tiene derecho a explicar sus acciones, pero de allí a recurrir al engaño y a la mentira, hay un enorme paso. Hace pocos días, los ministros Bonomi y Murro insistieron en varios medios que había una maniobra para imponer un manto de silencio en torno al Cambio Nelson pero los canales les demostraron lo contrario, confirmando que el tema había tenido el máximo de cobertura. Los ministros cometieron un papelón, que es lo que le pasa a las personas que mienten.

El Presidente, que debería defender el prestigio de las instituciones dando un ejemplo de probidad, incurre lamentablemente en estas caídas politiqueras que nada bien le hacen a su investidura ni al país.


Inadmisible

El gobierno hizo un decreto para evitar los piquetes, pero admite que los mismos se realicen en caso de huelgas. En vez de prohibir definitivamente esas movilizaciones, las promueve.

Un decreto difícil de comprender acaba de ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Con la intención de evitar los piquetes que impidan la libre circulación de personas y medios de transporte, la norma menciona un decreto anterior –ya vigente desde 1999– y tres leyes, por lo que es claro que el país ya cuenta con legislación suficiente para impedir esos desmanes. Ocurre que el Ministerio de Interior no se ha animado hasta ahora a aplicar ni el decreto ni las leyes, en una clara omisión de sus deberes, pese a que los piquetes violentan agresivamente los derechos del resto de la población.

Pero el decreto nuevo no sólo repite la normativa ya existente, sino que agrega en su artículo 4to. que las normas no regirán en el caso del artículo 57 de la Constitución de la República, que es el que regula el derecho de huelga y la organización de los sindicatos. Como el decreto no hace ninguna precisión, se podrá dar el caso en el futuro de que un sindicato promueva un piquete ya no por estar en huelga, sino con motivo de algún procedimiento vinculado a su organización.

El decreto va así en la dirección contraria a la que se supone, ya que autoriza la realización de piquetes en vez de prohibirlos definitivamente.

Es evidente que el gobierno sigue apostando a su vinculación con la central obrera, porque lo que se dice en el decreto, en definitiva, es que si el Pit-Cnt autoriza al piquete, éste vale. Más poder para los sindicatos. “¡Todo el poder a los soviets!”.


Así funciona el gobierno de cercanía

El presidente Vázquez “toma nota” cuando carece de respuestas pero a veces ni siquiera escucha las preguntas

El Consejo de Ministros abierto, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, lleva ya unas cuantas ediciones en su haber. Gobierno de cercanía  que se ha convertido en una gran  puesta en escena, donde  si  la inquietud o reclamo  de los vecinos no está en el libreto de la obra que se va a representar en esa jornada, recibe automáticamente la respuesta  “Muy bien, tomamos nota”.

Sin lugar a dudas los vecinos de San Luis, no iban a ser la excepción. Es más, los pocos vecinos que pueden entrar al lugar en donde se representa la obra “Consejo de ministros” están amontonados y  casi siempre están lejos de los micrófonos.

Pero, hete aquí que de vez en cuando esos micrófonos son alcanzados por los ciudadanos que necesitan plantear sus problemas y que en otros ámbitos no han tenido la solución ni  la respuesta que necesitan.

Mirta de Parque del Plata  le contó al Presidente de la República y a sus secretarios de Estado que su nieto  se ha convertido en un “Ni-ni”  porque tuvo que abandonar los estudios porque no puede acceder al ómnibus. Explicó que su nieto se desplaza en silla de ruedas. Su pedido concreto  fue que en el transporte de estudiantes se tuviera en cuenta la accesibilidad.  Recordó  que cuando  concurría al liceo en Atlántida llegaron a pagar 4.500 pesos en taxi por mes y que  ese gasto la familia no lo pudo sostener.

La respuesta del Presidente no fue distinta a otras ocasiones: “Muy bien, tomamos nota. El tema del boleto estudiantil es muy importante pero ya se expresó el ministro de Transporte”.

Mirta habló de la accesibilidad en el transporte para jóvenes en sillas de ruedas y el Presidente habló del precio del boleto que, siendo estudiantil, es sin costo.

Este hecho es real, narrado por uno de los concurrentes al Consejo del gobierno de cercanía...


Martínez el rapidito

En el imaginario de muchos montevideanos —y no sólo montevideanos— el Intendente capitalino Ing. Daniel Martínez es un gran ejecutor y un hombre cercano a los ciudadanos, que si no ha podido más ha sido por la pesada herencia recibida. A ello contribuyen una actitud bonachona, un discurso que dispara palabras como con una metralleta y su rapidez para recordar que sus predecesores se equivocaron feo.

La “verdad verdadera” es muy distinta, sin embargo. En tiempos de posmodernidad, en que “la imagen lo es todo”, Martínez cabalga bien, pero el observador avezado puede detectar fácilmente que su palabrerío es sólo eso: palabrerío despojado de sustancia. Y lo peor: su pasaje por la actividad pública ha sido sistemáticamente deficiente.

Hoy todos le cargan las tintas a Sendic —y con razón— por el desastre de ANCAP. Pero es injusto que el “licenciado” se lleve él solo todas las pedradas. El que comenzó con el desastre “ancapiano” fue el mismísimo Ing. Daniel Martínez.

Fue el Ing. Martínez quien, como presidente de ANCAP, tuvo la “genial” idea de eliminar la gerencia general para concentrar en la persona del presidente del ente todo el poder de gestión en el marco de un “comité de dirección”. Restablecer ese cargo y eliminar el “comité de dirección” fue de las medidas que el nuevo directorio de ANCAP, que asumió el año pasado, entendió más necesarias y lo hizo casi de inmediato.

De paso, la supresión de la gerencia general (cargo imprescindible en cualquier empresa del porte de ANCAP) fue dispuesta por Martínez luego de un prolongado conflicto en el sector súper-gas, haciéndole pagar los platos rotos a Sergio Lattanzio, el entonces gerente general, en una medida clásica del ingeniero de marras: sacarse la responsabilidad política de encima. Que se sepa, el conflicto en el súper-gas se ha renovado apenas llegan los primeros fríos, con y sin Lattanzio.

Martínez también tuvo otra maravillosa idea en ANCAP. El entonces Ministro de Industrias, Jorge Lepra, sugirió enfáticamente al ente desprenderse de dos negocios en Argentina: la red de estaciones de servicio y la petroquímica Carboclor. Contra la sensata opinión de Lepra, el directorio liderado por Martínez insistió en conservar la ya problemática petroquímica. Y Carboclor, luego de años de pérdidas millonarias terminó pidiendo un concurso de acreedores preventivo en diciembre del año pasado.

Martínez fue también pionero en eso de incrementar los precios de los combustibles aunque el precio del petróleo bajara. Y como Ministro de Industrias, Energía y Minería siguió prohijando esa política recaudatoria, destinada a tapar los agujeros que ya empezaban a producirse en el ente petrolero.

El maravilloso ingeniero también fue responsable de bloquear el progreso por puras razones ideológicas. Cuando las empresas de cable de todo el país postularon para ofrecer a través de la red de coaxil el llamado “triple play” (trasmisión de voz, datos y televisión), Martínez se encargó de bloquearlo y fue remplazado por un estatal “Plan Cardales” que, como era previsible, nunca llegó a funcionar. Más tarde el propio Martínez confesaría en una conferencia en la sede del Partido Socialista que lo hizo para defender el monopolio de ANTEL.

Martínez fue, además, quien introdujo a Ancap en los oscuros negocios con Venezuela, procurando una explotación de petróleo en el Orinoco que nunca se concretó, porque se trata de un petróleo muy pesado, pero que lamentablemente inauguró la trama de extraños vínculos con el país caribeño. Es de esos años el extraño asunto del “valijero” Antonini Wilson.

¿Y qué decir de lo que ha sido la gestión de Martínez como Intendente?

Es cierto, claro, que recibió una pesada herencia de sus antecesores, ¿pero acaso éstos no eran su conmilitones, aunque pertenecieran a otros sectores de la coalición? ¿Acaso el PS, su propio partido político, no había participado de los sucesivos gabinetes departamentales desde 1990 en adelante?

Y lo más importante: ¿él no sabía nada? En eso reproduce siempre el mismo cinismo que aplican Vázquez y Astori respecto de la administración Mujica: ellos no tuvieron nada que ver.

Más allá de eso, que no es menor, ¿qué obra relevante se ha llevado a cabo en Montevideo desde que Martínez asumió la Intendencia en 2015? Nos endeudó a todos los montevideanos con el “Fondo Capital” a poco de andar, pero aún estamos por ver una sola obra financiada por esa deuda. Transcurrió todo 2016 y todavía no aparece nada. Ni siquiera aparecieron las auditorías que prometió en la campaña electoral, dirigidas —nada menos— a “borrar la corrupción de la Intendencia”.

Se puede decir que las únicas cosas relevantes llevadas a cabo por Martínez Intendente han sido, además de someternos al mencionado endeudamiento (para evitar enfrentarse a ADEOM), subir dos veces el boleto, contrariando otra promesa electoral. Promesa que él mismo ha calificado de “tontería”, como si hubiera sido un pecadillo menor. ¿Romper el contrato implícito entre elector y elegido es una “tontería”?

Sólo en este somero repaso de la actividad de Daniel Martínez como gobernante se advierte que estamos ante la caricatura que la gente (injustamente cuando se generaliza) de los políticos: puro “blablablá” e ineficiencia. Pero habrá más para este boletín...


La democracia en América

Por Julio María Sanguinetti

La degradación democrática de Venezuela es innegable y solidarizarnos con su pueblo es, además de un ejercicio de elemental reciprocidad por la actitud de Venezuela durante la dictadura militar uruguaya, ser coherentes con nuestra historia y con los valores que han configurado nuestra identidad nacional.

Respondiendo a una pregunta sobre la situación de Venezuela, nuestro Presidente dijo en una entrevista concedida a Deutsche Welle Español, que “hay un Poder Judicial funcionando, hay un Poder Legislativo funcionando, la mayoría del Poder Legislativo es de la oposición como todos sabemos, y hay un Poder Ejecutivo con su Presidente y un Vicepresidente recientemente nombrado”. Concluyó así que había una democracia formalmente funcionando.

Estas insólitas declaraciones merecieron, hace un mes largo, críticas y comentarios, que poco duraron en la consideración pública. Eran gravísimas y reveladoras de la prisión psicológica y política a que está sometido el Presidente. No dudamos de su convicción democrática, tampoco de su capacidad de análisis político. Ignorar los hechos notorios de un modo tan paladino, tan abierto, resulta clara y sencillamente la expresión de que el PIT-CNT y los grupos políticos que le siguen en su visión radical de la sociedad, le impiden al Presidente actuar con libertad.

Nadie ignora que el Poder Legislativo venezolano ha sido absolutamente vaciado de contenido, que el gobierno ha dicho de todos los modos que no cumpliría ninguna de sus disposiciones. Incluso ha atropellado los fueros de legisladores, quitándole sus pasaportes y deteniéndolos. El modo en que el gobierno, con artimañas y arbitrariedades de todo tipo, logró frustrar el referéndum revocatorio que lo enfrentaba al voto popular, es digno de un régimen estalinista.

El Presidente no ignora ninguno de estos hechos. Y por si alguno no tiene todavía una visión de conjunto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, no hay como leer el informe impresionante que el Secretario General de la OEA Luis Almagro acaba de presentar al Consejo. Es una detallada relación de la violación sistemática a los derechos humanos que allí se sufre, a la que se suma un descalabro económico y social sin precedentes. No hay dictadura latinoamericana que haya llegado a un nivel de desastre parecido. Las cadenas de producción están interrumpidas, las carencias son notorias y van desde medicamentos al papel higiénico. Estos días, el señor Maduro ha lanzado su embestida contra los panaderos, porque falta trigo, falta harina y falta pan a consecuencia de sus desquiciadas medidas económicas. Este informe lo hace un Secretario de OEA que fue Canciller del Frente Amplio. Ninguno puede hablar de conspiración de “la derecha”, ni del “neoliberalismo”, ni del “imperialismo”. Es un frenteamplista quien lo afirma.

El tema es grave porque vuelve a desnudar la naturaleza antidemocrática de la coalición de gobierno. Todos los días oímos a dirigentes pregonar la lucha de clases y el odio social, como en los viejos tiempos del marxismo totalitario. Quien hoy afirme que Venezuela es una democracia es porque no es demócrata. No cabe otra consideración. Pero como en el ejercicio cívico el país está tranquilo y los poderes funcionan, nadie se da por enterado, el tema se discute un par de días y simplemente queda allí, como si la convicción democrática fuera simplemente un adorno y no la sustancia de la vida republicana.

El país padeció una dictadura durante once años. En aquel tiempo duro, todos los ciudadanos tuvimos que sufrir proscripciones y persecuciones, amenazas y sanciones. La única consecuencia benéfica de tamaños atropellos fue que ciudadanos que no pertenecían a organizaciones demócratas, como los tupamaros o los marxistas-leninistas en general, aceptaron las reglas de la democracia. La solidaridad democrática internacional fue un valor invocado y requerido por todos quienes luchábamos contra la dictadura. Y por eso agradecíamos al gobierno de Carter en los EE.UU, a los históricos partidos de venezolanos que estuvieron cerca de nosotros o a los gobiernos socialistas democráticos de España y Francia.

¿Tanto nos hemos olvidado de todo eso, de nuestra historia reciente, de los principios más fundamentales, que ahora dejamos resbalar estos hechos como si nos fueran ajenos?

Es sabido que los pueblos, como dice el refrán, con frecuencia sólo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Pero no debe ser así. En el Uruguay siempre estuvimos del lado que teníamos que estar. Por eso nuestro país estuvo con la República Española, y contra Mussolini y Franco, y contra todas las dictaduras latinoamericanas. ¿Por qué enterrar, entonces, esta tradición en nombre de una Venezuela que en su tiempo “compró” la simpatía oficial con algunas dádivas financieras? Entendámonos: si hace tres o cuatro años podría haber duda, hoy nadie puede negar la degradación democrática de Venezuela, con líderes presos y el Parlamento y la Justicia sojuzgados.

Más que nunca, entonces, es necesaria la militancia en torno a estos valores que nos son fundamentales.


Con el boleto todo es un engaño.

Por Luis Hierro López

Pese a los subsidios por 90 millones de dólares al año, el boleto capitalino seguirá subiendo de precio. La Intendencia castiga a los usuarios y beneficia a las empresas, sobre todo a Cutcsa.

Todos los intendentes, de Tabaré Vázquez a Daniel Martínez, han prometido bajar el precio del boleto, pero sin embargo ese servicio esencial sigue subiendo. Y así será en los próximos años.

Los gobernantes han montado un complejo sistema según el cual el boleto montevideano recibe tres tipos de subsidios: uno de la propia Intendencia –que dice el ingeniero Martínez que no podrá mantenerse en el futuro–, otro del gobierno central dedicado a todos los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos y un tercero proveniente del fondo del gasoil, un perverso mecanismo por el cual un tractorista de Artigas o de Rocha termina pagando parte del boleto montevideano.

Aunque los datos reales han sido persistentemente ocultados por la Intendencia, técnicos del partido Colorado han informado que entre los tres subsidios la comuna capitalina recibe entre 86 y 90 millones de dólares por año, pese a lo cual no puede contener las subas que, como indicamos en nota aparte son mucho más altas que la inflación o la mejora en los salarios.

Así como hizo con la enseñanza o con la seguridad, el Frente Amplio creyó que gastando más recursos públicos la situación iba a mejorar automáticamente, pero ello no es así, ya que el transporte de pasajeros es muy caro e incómodo pese a esas formidables erogaciones. La Intendencia además no exige contrapartidas por esas contribuciones que hace en nombre del Estado, ya que los servicios deberían ser más puntuales y la atención al usuario tendría que ser mucho más amable. Todo es tan desprolijo que el gasto de uno de los subsidios, el del gobierno central, no tiene respaldo legal y es observado sistemáticamente, desde hace años, por el Tribunal de Cuentas, pero parece ser que esa enorme ilegalidad no le importa al Poder Ejecutivo.

Además, los subsidios están mal concebidos, porque no llegan a los pasajeros directamente para aliviar sus bolsillos, sino que van a las empresas, en las que la Intendencia confía ciegamente. Todo el sistema está basado en las declaraciones juradas que hacen las mismas sobre sus costos internos y los quilómetros recorridos, datos con los que las autoridades confeccionan la famosa paramétrica de la que surgen los porcentajes de aumentos. Los montevideanos no conocemos la realidad de esos números, envueltos en un sospechoso manto de misterio.

En ese escenario es indudable que Cutcsa mantiene una posición de privilegio –con más del 65% del mercado– conformando un oligopolio con amplias influencias políticas y económicas. Las enormes ganancias generadas en los últimos tiempos le han permitido a esa empresa dedicarse a inversiones en los centros comerciales y en rubros inmobiliarios, de la mano de un hábil empresario que es amigo y asesor del Presidente de la República y que, vaya casualidad, recibe la mayor parte de los subsidios que pagamos todos los uruguayos.

Mientras tanto, desde junio de 2015 el boleto subió de 24 a 33 pesos, casi un 40%. Vamos bien...


Con inflación del 13,4 %, el boleto aumentó 37,5 %

Desde que el ingeniero Martínez es intendente, la inflación acumuló una suba del 13.4%, pero el boleto subió en ese período un 37,5%, un ajuste que castiga a la población más humilde de Montevideo. El Intendente había prometido bajar ese precio.

El precio del boleto urbano ha generado pesadillas permanentes al intendente Daniel Martínez, a pesar del escaso tiempo que desempeña su cargo. En el comienzo, por ejemplo, y cuando aun era candidato, el jefe comunal sostuvo que “el precio del boleto va a bajar”; poco después aclaró que era “una frase que reconozco tonta en mí”.

Martínez dispuso una suba de $3 en el precio del boleto a partir del 1º de marzo. Por lo tanto, el valor del ticket común ha llegado a los $33, un incremento descomunal. A este paso, cuando el intendente llegue el final del mandato, el precio del boleto sobrepasará los $40. Por supuesto, nada de esto se trata de elogios. ¿Se imagina, lector, pagar el boleto con un billete de $50?

Este ha sido el cuarto incremento desde que asumió Martínez. En ese momento el valor era de $24. Por lo tanto, la suba ha sido de 37,5%. En el mismo período la inflación alcanzó 13,40%.

La anterior intendenta, Ana Olivera, recibió el precio del boleto a $17 y al cierre de su mandato el valor era de $24; es decir, un alza de 41,17% (en cinco años). Olivera fue duramente cuestionada por estos ajustes; sin embargo, Martínez está a punto de alcanzar estos niveles en la mitad de su mandato.

Un extremo en el que pocos se han detenido a meditar: el boleto céntrico fue creado bajo la intendencia de Olivera y valía $10. Se aplicó en auxilio de quienes, en plena tarea, tenía necesidad de trasladarse con urgencia por 15-20 cuadras. Hoy ese boleto cuesta $24, lo cual constituye un abuso.

Expertos estiman –los trabajadores del transporte también– que el boleto diferencial (contado $33 y tarjeta STM $31) perjudica a la población más vulnerable. Humildes usuarios dispondrán o no del dinero suficiente para recargar la tarjeta.

Ese sistema fue impuesto en noviembre pasado, dos pesos más barato pagando con tarjeta. La realidad indica que esa diferencia fue resuelta para disfrazar el aumento aplicado al precio del boleto común. Incluso Martínez señaló que se mantenía el valor, cuando la suba estaba vigente.

 Asimismo, el pago previo a través de la tarjeta determina una importante recaudación por adelantado, una especie de fondos frescos a las arcas de las empresas.

Los aumentos tarifarios se aplican en forma salvaje, pero los servicios resultan de mala calidad, con horarios distorsionados, resultan lentos, sin comodidad para el usuario.

Existe la necesidad de una reforma profunda al sistema; los cambios parecen lejanos, cuando tendrían que aplicarse de inmediato. La población desencantada de la forma en que viaja. Está cansada, en otras palabras.


Turbulencias en el futuro de la ganadería

Por Tomás Laguna

La ganadería ingresa en zona de turbulencias. A las dificultades propias de todos los sistemas productivos en cuanto a competitividad, la ganadería se enfrenta a otras que nos vienen dadas del exterior.

Incertidumbre I.- La muy mentada cuota 481, concesión libre de arancel otorgada por la Unión Europea como consecuencia de un diferendo comercial con los Estados Unidos y que la primera perdiera en la OMC (Reglamento de la Comunidad Económica Europea Nº 481/2012), fue una oportunidad muy bien aprovechada por nuestro país a raíz de un reclamo realizado por Australia reivindicando igualdad de condiciones para ingresar el mercado europeo. Reclamo al que nuestro país adhirió y nos permitió desarrollar una especialización productiva a partir de una serie de características que configuran las cualidades requeridas para consolidar cualquier cadena productiva enfocada a la exportación. Estas características son: a) un producto predeterminado y claramente definido, b) un mercado preciso y reconocido, c) procesos de producción definidos, encadenados con especialización de cada eslabón, d) precios de colocación predeterminados, previsibles, y e) acceso preferencial a los mercados de destino sin costos arancelarios. Todo lo que otorga a la cadena relaciones confiables con certezas en el negocio. Esta oportunidad hizo que se invirtiera en corrales de engorde, se generara un nuevo tipo de negocio a partir de la recría de terneros, preparándolos para ingresar a los corrales, se dinamizara la demanda de terneros para beneficio del sector criador y finalmente se desarrollara una demanda agregada hacia la producción de granos a partir de los requerimientos de los mismos corrales de engorde. Todo un suceso en sí mismo. Sin embargo esta magnífica oportunidad está sumida en la mayor incertidumbre a partir de un reclamo de los Estados Unidos por apropiarse de todos los beneficios sin otorgar participación a terceros países. Hasta setiembre no habrá una respuesta definitiva sobre el futuro de este negocio con todo lo que esto significa para quienes han apostado al mismo.

Incertidumbre II.
- El escándalo brasileño sobre la venta de carne adulterada es otra circunstancia que arroja sombras e incertidumbres al sector. Lo que puede ser una oportunidad en lo inmediato para nuestro país, a partir de la confiabilidad construida durante tanto tiempo, puede ser una complicación en el mediano largo plazo por la posible desacreditación del producto carne entre los consumidores de los países con mayor capacidad de pago. Seguramente nuestro país tiene sobrados méritos para defender su status de inocuidad alimentaria, pero los gustos del consumidor final no reparan en el origen del producto consumido sino en el propio producto. Una nueva incertidumbre.

Incertidumbre III.- El “malandraje” instalado en la sociedad de nuestros vecinos del norte tiene otras consecuencias nefastas. Por estos días se reactivó el muy manido tema de las negociaciones UE MERCOSUR. Parece ser que los europeos empezaron a mirar al MERCOSUR como una opción de nuevas alianzas comerciales ante las amenazas que se ciernen sobre el comercio internacional a partir de la agresiva megalomanía del presidente de los Estados Unidos en su obsesión por reposicionar a la economía de su país en el concierto internacional. También ha incidido en la nueva postura de la UE el BREXIT y los peligros de las corrientes neo nacionalistas de ultra derecha que amenazan al viejo continente. Se dice que la UE quiere tener firmado aunque más no sea un acuerdo marco con el MERCOSUR antes que finalice el 2017. Lo comentó el mismo Canciller uruguayo. Sin embargo, lo auspicioso de un posible acuerdo con la UE ya tiene condicionantes. La industria cárnica francesa pidió "excluir" a la carne vacuna de estas negociaciones comerciales tras el escándalo de la carne contaminada en Brasil. Dominique Langlois, presidente de Interbev, la asociación francesa interprofesional del ganado y la carne, en una carta dirigida al secretario de Estado de Comercio Exterior, planteó que "La Comisión Europea debe dejar de avanzar precipitadamente en las negociaciones" y "exigir inmediatamente la exclusión de la carne vacuna de cualquier acuerdo con Mercosur". En realidad la corrupción rampante de los brasileños dio argumentos a la industria y ganaderos franceses para volver pedir la exclusión del producto carne como ya lo habían hecho el año pasado en la última instancia de reanudación de estas interminables negociaciones. Seguramente no se aceptará este condicionamiento pero no deja de ser una piedra más en el camino para la ganadería de carne.

Mientras esto ocurre, en distintos ámbitos de la ganadería, siempre proclives a discutir el agujero del mate, se volvió a instalar un fuerte intercambio de opiniones sobre la oportunidad de la trazabilidad obligatoria. Una discusión que no deja de tener visos ideológicos, esta vez de parte de quienes la cuestionan, por aquello de la libertad a ultranza del individuo en sus decisiones empresariales. Realmente una discusión inconducente que solo un ministro muy obsesivo y con mínima capacidad de aceptar cuestionamientos es capaz de seguir y contestar. Lo cierto es que el sistema está definitivamente impuesto, es absurdo a esta altura cualquier idea de desarticularlo (porque hacerlo optativo es desarticularlo) más aún ante las circunstancias de exigencias crecientes de parte de los mercados de mayores precios. No siempre hay beneficios tangibles en exigencias del tipo de la trazabilidad. Ocurre que lo que no es objetivamente mensurable luego es difícil dimensionar. Sin embargo estos beneficios no tangibles pueden llegar a ser los sustanciales.

En este escenario de incertidumbres debemos apoyarnos en nuestras fortalezas: -Calidad a partir de la excelente genética de nuestro rodeo, -Confiabilidad del producto ofrecido (status sanitario, producción libre de hormonas y antibióticos, sistemas productivos sustentables, trazabilidad) todo lo que garantiza inocuidad alimentaria, - Imagen país natural, que se hace necesario hacer conocer más y más, -Institucionalidad que ofrece garantías a la cadena y a los mercados.

Sin embargo seguimos siendo muy frágiles en una condición sustantiva. La creciente pérdida de competitividad de nuestra economía para exportar. Y esto es también un aspecto que golpea a al agro negocio ganadero de exportación pero que a diferencia de las dificultades antes mencionadas, dependemos de nosotros mismos.


La condición femenina

Con ese título, el Dr. Julio Ma. Sanguinetti publicó en el diario El País de Montevideo una columna en la que reitera sus concepciones sobre la discriminación a la mujer y el machismo imperante en la sociedad. Reproducimos acá ese texto.

El aborto es siempre un fracaso. Toda relación sexual debería estar inspirada en el amor y producir, cuando así se lo busque, el fruto de la maternidad. Sabemos, sin embargo, que la vida es más compleja y que muchas veces el embarazo es apenas el resultado de una relación circunstancial o redunda en una maternidad no buscada ni deseada.

Enfrentar un aborto es siempre una situación angustiosa para la mujer que, por razones económicas, de prejuicio o hasta psicológicas, no puede llevar adelante su embarazo. El hecho es que esa situación se da y en el mundo entero, progresivamente, se ha aceptado la interrupción voluntaria del embarazo. Penalizarlo era someter a las mujeres, sobre todo a las más pobres, a imprevisibles riesgos. Por estas razones, entre otras, nuestra ley 19.897 despenalizó el aborto y ha disminuido las consecuencias más penosas para las protagonistas.

Desgraciadamente, una sentencia de una señora jueza de la ciudad de Mercedes acogió el recurso de amparo de un ciudadano que, declarándose padre de un niño en gestación, pidió impedir el proceso de interrupción del embarazo que la madre había gestionado conforme a la ley. Esta insólita resolución judicial reabrió el debate y, nuevamente, se volvió a discutir en blanco y negro, con un terrorismo verbal que hasta resucitó el necio agravio de considerar “abortistas enemigos de la vida” a quienes defendemos la despenalización, tan necio como el de acusarlos a ellos de ser cómplices de las clínicas clandestinas.

Judicialmente la causa se cerró porque la señora perdió el embarazo con un aborto espontáneo, pero como infeliz secuela han quedo flotando las negativas consecuencias de un debate dogmático y, también, algunas dudas jurídicas que debieran aventarse.

La jueza, evidentemente, actuó como si no hubiera ley. Ésta podrá gustar o no, pero de ahí a ignorarla, media una gran distancia. Nombrar un defensor de oficio a un embrión de menos de 12 semanas, es un disparate jurídico y moral impensable, cuando el Código Civil considera que existe una persona jurídica, o sea con capacidad de derechos y obligaciones, recién a partir del nacimiento y luego de 24 horas de viabilidad. Indiscutiblemente en un embrión hay una potencialidad de vida, pero no una persona jurídica. Cosa que incluso sostienen los moralistas cristianos protestantes, los musulmanes y hasta algunos católicos, amparados en precedentes doctrinarios que llegan hasta San Tomás. El nacimiento, para ellos, es el “umbral decisivo”.

Del mismo modo, reconocer a un presunto padre el derecho a impedir un procedimiento establecido en la ley, es ignorar que ésta reconoció ese derecho exclusivamente a la mujer. No hay ningún vacío. Quien lea la ley, sus discusiones y antecedentes, advertirá que ella solo trata de un derecho exclusivo. Lo que es lógico, además, porque si la concepción requiere de un hombre y una mujer, la gestación del embrión hasta el nacimiento se produce en el cuerpo de la mujer. Obligarla a una maternidad no deseada es un cercenamiento de su voluntad y personalidad; la imposición coactiva de un proceso físico de enorme consecuencias y riesgos; la transformación en carga de lo que solo debe nacer con deseo y alegría.

La ley establece un procedimiento muy complejo y lo hemos dicho desde su discusión, pensando -incluso- en medios sociales relativamente pequeños, que expondrían a la mujer a una enorme tensión al perderse toda privacidad. Es lo que ha pasado en este caso, especialmente desde que la jueza acogió el recurso de amparo y desató esta tormenta. “Me he sentido ultrajada”, dijo con toda razón la involuntaria protagonista de un escarnio público. Y es natural: que en los medios se discutiera sobre su vida y su destino es algo que suena a circo romano, con cristianos arrojados a los leones.

Sería muy importante que, pasado este debate, se pudieran resolver los cuestionamientos planteados, despejar toda duda y no seguir generando episodios que en lo humano son de lamentar.

No es posible ignorar, tampoco, que este debate se produce en medio de una situación de violencia doméstica contra las mujeres, que lleva hasta a sostener la creación de una figura delictiva específica, el “feminicidio”. Es comprensible la situación que genera este reclamo. Las agresiones constantes, y aun los asesinatos, de que son víctimas las mujeres por responsabilidad de sus parejas, mueven a rebeldía. En el terreno jurídico no cambiaría las cosas, porque ya es un homicidio “especialmente agravado”. El desafío va más allá y es enorme, porque supone enfrentar una cultura “machista” que viene desde el fondo de la historia, con religiones que establecieron una situación subordinada de la mujer. Aún hoy los musulmanes así lo sostienen y en nuestro propio Montevideo nos sobrecoge ver cada tanto algunas mujeres con ese velo que proclama su discriminación. Es contra todo eso que se debe luchar. Nuestro país ha avanzado mucho institucionalmente desde los lejanos tiempos en que el Batllismo sostuvo la “discriminación positiva” del divorcio por sola voluntad de la mujer. Pero este progreso institucional no tiene su correspondencia cultural plena en nuestra sociedad. En la vida diaria, desde el tránsito hasta las oficinas, está -más ostensible o más soterrado- ese machismo retrógado que no comprende que el “uno” solo existe con “el otro”, que la arrogancia física solo es cobardía y la presunta superioridad psicológica, apenas un prejuicio vanidoso.


Rumores en las redes

Jerarcas del gobierno acudirán a la Justicia ante una denuncia anónima en las redes. Es lo que debe hacerse. Otras figuras oficialistas involucradas por otras versiones —en cambio— no han tenido esa respuesta.

Las redes permiten ciertas formas del anonimato y, lamentablemente, pueden ser usadas para difamar. Todo lo bueno que tienen —acceso rápido y democrático a la información, potente difusión de ideas y argumentos— puede venirse al suelo ante el uso irresponsable de ese instrumento por quienes desean enchastrar el prestigio o la decencia de personalidades públicas, como si ello fuera necesario para combatir posiciones políticas o ideas.

Hace pocos días circuló, en ese sentido, una información según la cual el ex Presidente Mujica, su señora Lucía Topolansky, el actual Vicepresidente Sendic y el diputado Luis Fratti, ex presidente de INAC, habrían comprado una estancia de grandes dimensiones en Cerro Largo. La denuncia pareció tan extraña como inverosímil por el conjunto de los supuestos compradores, pero se difundió muy rápidamente.

Ayer se supo [www.elpais.com.uy/informacion/rumor-viralizado-whatsapp-terminara-denuncia.html] que el diputado Fratti, quien negó cualquier vinculación con el negocio, hará una denuncia penal para que la Justicia identifique al autor de la versión y lo procese si hay mérito.

Es lo que hay que hacer cuando una versión maliciosa se desparrama por las redes: acudir a la Justicia para que custodie el honor de las personas.

Pero el ejemplo de Fratti no ha sido seguido en otros casos recientes. Las redes también han dado lugar a versiones de que el hijo del Presidente Tabaré Vázquez, Javier Vázquez, investigado anteriormente por sus vinculaciones comerciales con Venezuela, sería el propietario de Geocom, una de las dos empresas que suministran los aparatos que compulsivamente deben usar los negocios según la ley de bancarización. Como informamos en nuestra última edición, esos aparatos no pueden ser comprados por los comercios sino que deben ser arrendados. Como no hay prácticamente competencia en el suministro de los mismos, los arrendamientos son muy costosos.

No sabemos si la versión es verosímil o no. Ni deseamos marcar una supuesta incompatibilidad que, jurídicamente, parecería no haberla. Solamente registramos que la versión circulante que involucra a uno de los hijos del señor Presidente no ha sido desmentida, lo cual sería altamente saludable para el sistema político uruguayo.


Sindicato presiona y Ancap mantendría las cementeras

Pese al enorme déficit que acumulan, el Directorio de Ancap mantendría en su órbita las plantas de cemento ante la presión del sindicato.

Aunque las plantas de cemento generaron en los últimos diez años pérdidas por más de 200 millones de dólares, el Directorio de Ancap no las cerraría o vendería, ante la presión ejercida por el sindicato.

Según una información del diario El País, el directorio se comprometió con el sindicato a que mantendrá sus dos plantas de fabricación de cemento operativas, pero también le advirtió el mes pasado que para cumplir ese objetivo debe reducir 50% las horas extras, abatir los servicios de vigilancia y de cuidado de los espacios verdes y limpieza, eliminar y reducir puestos de trabajo y cambiar el modelo de gestión.

Las pérdidas en el sector llegaron a US$ 207 millones en la última década y en 2016 se ubicaron en US$ 25 millones. Desde 2004, los ingresos del negocio son inferiores a los costos.

Un documento de febrero pasado que Ancap le presentó al sindicato reconoce que los salarios y contrataciones representan el 54% de los costos y la energía (electricidad y combustibles) el 22%. En este ejercicio los costos se ubicarían en US$ 75 millones y los ingresos operativos solamente llegarían a US$ 57,9 millones.

La empresa tiene el objetivo de lograr un equilibrio en sus resultados en 2018, pero admite que este año todavía tendría una pérdida de al menos US$ 12 millones y eso en caso de que logre abatir los costos y reestructurar el negocio.

Quiere decir que aunque haya ajustes, las cementeras seguirán siendo deficitarias. En vez de cerrarlas o venderlas, Ancap las mantendrá, a costa naturalmente de los usuarios de naftas, que las pagamos a los precios más altos de la región.

Como es público, la presidente del Ente, Marta Jara, reconoció que Ancap no bajó el precio de los combustibles pese a la reducción notoria del precio del barril de petróleo, porque la empresa pública necesita “hacer caja” para superar el enorme déficit dejado por la administración presidida por Raúl Sendic.

Ancap defiende al sindicato, pero ataca duramente a sus usuarios.


Alas U: velita al socialismo que dinamitó la economía

Por Jorge Ciasullo

“Los directores de Alas U no tenían capacidad para manejar una aerolínea y no permitían que el resto participara. No se tenían conocimientos de gerenciamiento y nadie había hecho cursos de manager. Se quemaba plata todos los días sin poder volar, fue todo una fantasía” (Oscar Fernández, ex integrante del Directorio de Alas U- Entrevista –Océano FM, No toquen nada- 20.03.2017)

El entrecomillado con el que iniciamos esta nota, transcribe declaraciones de Oscar Fernández, Presidente del Sindicato de Pilotos, quien como comandante, tiene más de 12.000 horas de vuelo e integró el Directorio de Alas U, al que renunció.

Tal vez ellas sean suficientes, para explicar cómo se llegó a que el Fondo para el Desarrollo (Fondes), solicitara el concurso de Alas Uruguay y le está reclamando el pago de los US$ 15 millones que el gobierno de José Mujica prestó -con garantías testimoniales- para el funcionamiento de la compañía aérea.

Como se recordará, todo comenzó con el cierre (intempestivo) de PLUNA, por temor a juicios laborales que podrían iniciar ex funcionarios radicados en Brasil, juicios que nunca se concretaron. Luego, el remate (trucho) de los aviones, con el “caballero de la derecha” como “comprador”, el procesamiento del Ministro de Economía , Fernando Lorenzo y del Presidente del Brou, Fernando Calloia. Mientras el principal responsable, el Presidente Mujica, hacía mutis por el foro, con cara de yo no fui.

Aparece entonces el sueño loco, único en el mundo, de gestionar una compañía aérea, en forma de cooperativa. Mientras se armaba la empresa, se mantuvieron a todos los funcionarios con un seguro de paro especial del 100% de sus salarios. Ello costó 9 millones de dólares.

Se nombró un directorio, de 6 miembros, 4 por los funcionarios y 2 en representación de los pilotos. Las cabezas visibles: una ex jefa del Call Center y un auxiliar de cabina. Se contrató (por la cooperativa) un Gerente General (CEO) ex funcionario de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia). Lo notable, a estar por lo aseverado por Oscar Fernández, es que las decisiones se tomaban por el Directorio y se le comunicaban al CEO, esto es al revés de cualquier empresa (empresa en serio claro). La integrante del Directorio Sabrina Acevedo, sostuvo ante todo el gabinete, a la llegada del primer avión, “no se nace empresario”. Su intento de aprendizaje costó miles de dólares por decisiones erróneas, como el mantenimiento de 70 personas como tripulación por avión- sin volar por un año y medio - la falta de comunicación con los integrantes de la Cooperativa y aún con algunos miembros del directorio, etc.

Luego, se alquilaron sucesivamente tres aviones con un costo mensual de U$S 85 mil cada uno, más costo de mantenimiento, con el agravante que estuvieron en tierra 18 meses, mientras se esperaba la habilitación por la Dinacia, que se demoró por la gestión de la cooperativa. En efecto, en lugar de contratar una empresa especializada para realizar esas gestiones, se dispuso realizarlas por la cooperativa, con desconocimiento incluso de cómo se debían llenar los distintos formularios, con específicos datos técnicos de fácil respuesta para especialistas.

Esta situación que fue reiteradamente advertida -“historia de una muerte anunciada”- en varios artículos en esta página y en todos los medios, desembocó en la solicitud de concurso y el reclamo de los U$S 15 millones, a los que deben agregarse U$S 30 millones de deudas a proveedores y U$S 9 millones por reclamos salariales.

Los representantes de Alas U, alegan en su defensa que carecen de embargos, que no tuvo cheques devueltos y que el patrimonio de la compañía está integrado por "un alto valor intangible” contenido en la vigencia de rutas.

Contablemente, el término intangible refiere a los bienes de uso o de renta que no pueden materializarse, como el valor de una marca, el conocimiento de una organización, clientes leales, etc. Parecería que se intenta contabilizar como “alto valor intangible”, las rutas o la “hangarización”. El Hangar, que la empresa alquila, no es de Alas U- sino que se le otorgó en préstamo por parte de PLUNA- Mal pueden explotarlo.

Si “valor intangible” refiere al valor de las rutas, que pertenecen al estado, no a la compañía, transcribimos:

“El 24 de noviembre de 2016, un informe de carácter "reservado" de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), señala que, en función de lo informado por distintas reparticiones, Alas Uruguay "ha dejado de reunir" los requisitos que dieron origen al otorgamiento del Certificado de Explotador Aéreo (AOC). El documento agrega que la empresa dejó de cumplir los requisitos y exigencias económicos que dieron lugar a ese permiso. Advierte que la única aeronave que poseía la empresa fue dada de baja el 22 de noviembre de 2016. Ante estas situaciones, la Dinacia resolvió suspender preventivamente la vigencia del Certificado de Explotador Aéreo (AOC) a la empresa Alas Uruguay porque no reúne las condiciones requeridas para recibir ese permiso” (El País 19/03/2017).

En definitiva Alas U fue una fantasía o fiesta, que irresponsablemente: “quemaba plata todos los días” y que ahora pagaremos todos.


Hay presos políticos, pero es democracia...

La flagrante contradicción del Frente Amplio sobre Venezuela quedó consagrada en un reportaje al senador Michelini, donde reconoce que hay presos políticos pero aun así se vive en democracia (¿?)

El senador Rafael Michelini es, dentro del Frente Amplio, uno de los críticos más duros al régimen venezolano y reconoce que hay presos políticos, pero sigue sosteniendo que en el país caribeño se vive una democracia.

La enorme contradicción –que es analizada por el Dr. Sanguinetti en su columna– es similar a la que expresó en su reciente viaje a Europa el presidente Tabaré Vázquez, al sostener que como hay “ separación de poderes” aún existe una democracia.

La extraña tipificación fue ratificada por Michelini, quien en un reciente reportaje y tras ser consultado si hay democracia con el gobierno de Maduro, respondió que “sí claro. Hay separación de poderes, hay una Asamblea Nacional, hay un gobierno elegido. Sé que hay muchas dificultades, hace poco le sacaron el pasaporte a un diputado renombrado, pero confundir esta situación con un corte del Estado de derecho o la supresión de todas las garantías individuales o el cierre del Parlamento no lo vamos a hacer”. De inmediato el senador fue interrogado sobre si hay presos políticos. También su respuesta fue “sí claro”. Todo está claro para el senador. “Sí claro... pero no hay que confundir situaciones irregulares con rompimiento del estado de derecho”.

Es decir, el más crítico de los frentistas es condescendiente y hasta servil con la dictadura venezolana, que ni siquiera defienden los izquierdistas de ese país.

Michelini se perdió la oportunidad de distinguirse en favor de una causa justa y el resto de los dirigentes frenteamplistas demuestran que su lucha por los derechos humanos y la democracia es ficticia y hemipléjica.


Intendencia: el secreto que guardan los cambios

El intendente Daniel Martínez se ha apresurado a efectuar cambios en su gabinete, a menos de dos años de asumir su cargo. ¿Se trata de un relanzamiento de su gestión o es la consecuencia de los zipizapes internos? De cualquier manera, se multiplican los problemas sin solución en la comuna.

En el fútbol ocurre con frecuencia: una racha de malos encuentros de un equipo obliga al director técnico a cambiar jugadores. Algunos trocan de funciones, otros ingresan, otros se alejan de la competencia.

Pues bien, en diferentes ámbitos, en la actividad privada o en la pública, ocurre lo mismo: las jerarquías alternan funcionarios para obtener mayores rendimientos.

Y acaba de suceder en la comuna montevideana: el intendente Daniel Martínez dispuso un reordenamiento en los lugares donde se toman las más importantes decisiones;  quizás disconforme con los resultados obtenidos en casi dos años.

Sin embargo, otras versiones señalan que, más que nada, han faltado coincidencias y han sobrado controversias y disputas internas.
Asimismo, observadores políticos sostienen que se trata de una jugada del intendente, un relanzamiento de  gabinete que lo respalde en su gestión, apuntando a cierta candidatura.

Hay designaciones que se destacan en esta etapa, como Jorge Rodríguez como “coordinador institucional”; Oscar Curutchet en Desarrollo Económico; Fernando Puntigliano y Cyro Croce para Saneamiento y Limpieza; Oscar Caputi para Agenda Metropolitana y Mariela Baute para la División Tránsito.

Es cierto que se registran cambios de jugadores en los equipos deportivos. Pero el intendente Martínez debe recordar que, a veces, las instituciones cambian de director técnico. Sobre todo, cuando se repiten las negligencias.


Ahora tenemos frontera terrestre con Argentina

La unión de las islas Martín García y Timoteo Domínguez, antes separadas, supone que Uruguay y Argentina también tengan una frontera terrestre.

La reunión de los cancilleres del Plata en Martín García dio lugar a variados comentarios de la prensa de Montevideo y de Buenos Aires, pero pocos medios – o ninguno – prestaron atención a un hecho físico que tiene un profundo significado y que cambia “el mapa”: por efecto del impulso del barro y del río, las islas Martín García, argentina y Timoteo Domínguez, uruguaya, se han juntado y conforman hoy un único territorio insular, por lo que hay allí una frontera terrestre entre Uruguay y Argentina.
Como muestra claramente la foto de Google Earth que acompaña esta nota, las islas, anteriormente separadas por centenares de metros de agua, hoy están unificadas como consecuencia del arrastre aluvional de los ríos Paraná y Uruguay, que traen sedimentos que provienen desde el propio corazón de América del Sur.

El fenómeno fue claramente expuesto en el libro del experto Dr. Edison González Lapeyre, “La isla de la Unión”, de 2013, quien hace un pormenorizado análisis de la historia de ambas islas y de los conflictos y acuerdos que Uruguay y Argentina han mantenido a lo largo de los siglos a propósito de la soberanía de Martín García.

Como se advierte en la fotografía de Google, Martín García se ubica al sur de la isla y, dividida en la imagen por una línea amarilla - imaginaria, en la realidad no hay ninguna demarcación - se ubica Timoteo Domínguez, por lo que casi la mitad norte de la isla es uruguaya. La noticia debería ser registrada por las autoridades, que nada han hecho últimamente – en un tiempo la Presidencia de la República llevó adelante un inicial plan de forestación – para ejercer allí actos de soberanía propios de los Estados. Habría que instalar estaciones científicas o técnicas vinculadas a los estudios del Río o del ambiente, a las cuestiones ictícolas u otras materias similares, para que Timoteo Domínguez sea “colonizada”. De no ser así, un día nos encontraremos con una oficina o delegación del vecino país instaladas en territorio uruguayo.


Las fallas del BCU

Aunque el presidente del Banco Central, Mario Bergara, asegure que se ha seguido un modelo de supervisión “correcto”, de los hechos y de sus propias palabras se desprende que ello no ha sido así.

A raíz de la situación suscitada en torno al Cambio “Nelson”, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, volvió a concurrir el pasado miércoles al Parlamento, esta vez para comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La semana anterior lo había hecho ante la comisión homóloga del Senado.

En la comparecencia de la semana pasada, Bergara había mencionado que existían indicios de lavado de activos en la operativa del Cambio Nelson. Incluso se ufanó de ello, señalando que si ello ocurría es porque las nuevas normas anti-lavado habían terminado con ese tipo de operaciones en el sector bancario.

Esta semana, en cambio, confrontado por la oposición en el sentido de que el BCU no había supervisado debidamente la operativa de Cambio Nelson, Bergara cambió ligera pero significativamente el libreto. Señaló que al Banco Central nunca le había llegado una denuncia contra la desaparecida casa cambiaria, aunque admitió —de nuevo— que existen “varios indicios que hacen pensar que pudiera haber un proceso de lavado de activos”.

El diputado nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) presentó en la comisión documentación que prueba de que efectivamente se había alertado al BCU sobre operaciones sospechosas y ello ocurrió en 2013 (¡hace 3 años!) por parte de un juzgado de concursos a través del expediente 281/2013. Concretamente, Penadés señaló que el juzgado, mediante un Reporte de Operación Sospechosa (BCU), había advertido a la autoridad monetaria que no se había podido determinar el origen de U$S 800.000 que una persona giró al Cambio Nelson para un pago a acreedores.

Ante la evidencia presentada, el BCU emitió un comunicado expresando que “dicho oficio no constituyó en ningún momento un Reporte de Operación Sospechosa ni una denuncia específica contra el Cambio Nelson, sino respecto al acreedor cuyo crédito se estaba verificando”.

Durante su comparecencia del miércoles, Bergara fue interrogado por el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllismo Unido – Espacio Abierto) sobre el tipo de controles que el Banco Central lleva a cabo sobre las casas de cambio. Y la respuesta del presidente de la institución fue muy significativa: para el BCU, los cambios son de menor riesgo que los bancos porque manejarían sumas de dinero menores que éstos y, en razón de ello, la institución sólo interviene si hay una denuncia concreta o se advierte inconsistencias en los balances. Bergara defendió el criterio afirmando que el “modelo de supervisión [...] tiene que concentrar sus recursos en las cosas que son más relevantes desde el punto de vista sistémico”, por lo cual es “correcto” y sigue “las mejores prácticas a nivel internacional”.

En su página de Facebook, el diputado Rodríguez expresó su sorpresa: “Esto implica que el BCU sólo actúa a denuncia de parte o si surgieren inconsistencias en sus balances que se estudian a distancia, ergo, si los cambios realizan actividad fraudulenta con operaciones no permitidas y paralelas a su contabilidad, es difícil que las puedan detectar”.

Los legisladores de la oposición no fueron los únicos que advirtieron que la supervisión del Banco Central sobre las casas de cambio y, en particular, sobre el Cambio “Nelson”, fue en todo punto insuficiente. Nada menos que el Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, expresó duras críticas al BCU. En una ponencia durante el seminario “Compliance Day: transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero”, organizado por el estudio jurídico Brum & Costa, Díaz manifestó que “si el BCU dispone de recursos para controlar cuando una estación de servicio realiza un cambio de moneda en alguna pequeña ciudad del interior y la multan por ello, debería tener los recursos para poder controlar a un cambio en el principal balneario del país que realizaba una actividad financiera ilícita”. Cuando el diputado Penadés le preguntó a Bergara qué juicio le merecían los dichos del Fiscal de Corte, el presidente del BCU no respondió.

En suma, de boca del propio Bergara, por más que afirme que el modelo de supervisión del BCU “es correcto” y sigue “las mejores prácticas internacionales”, surgen claramente las graves falencias de ese “modelo”. Tanto es así que Bergara no tuvo más remedio que reconocer que “siempre hay cosas para mejorar y aprender” y que “la regulación va detrás de los problemas, y por lo tanto creo que hay algunas cosas de este caso en particular que ameritan afianzamiento de temas regulatorios, de supervisión, e incluso alguna cuestión de índole legal”.


De cuotificaciones y otras yerbas

Por Lole Hierro

Cada tanto, en diversos ámbitos aparecen arranques de índole corporativa que promueven cuotificar la representación política.

Así, un grupo de legisladoras promovió tiempo pasado lo que se conoce como ley de cuota, argumentando que esto le otorgaría mayor incidencia a dicho género y oficiaría como trampolín para aumentar la participación femenina en política.

Cualquier tipo de cuotificación atenta contra el principio que rige la representación política democrática que ubica al ciudadano, con los derechos, deberes y garantías inherentes al principio de ciudadanía, por encima de representaciones de otra índole como pueden ser las etarias, las de género, las de raza, las religiosas, las ocupacionales, las socioeconómicas.

El pensamiento liberal sostiene la idea de que la ciudadanía emerge del contrato entre los miembros de una sociedad, a través de la cual se institucionaliza la vinculación política de los mismos con el Estado, siendo considerado cada individuo con total independencia de sus intereses, condiciones o conflictos sociales. Así, se toma distancia de la forma de pensar que legitima la representación corporativa por sobre la representación política emanada de la voluntad popular que configura un sistema político cuya base fundamental se funda en el concepto de ciudadanía.

Esta es la base filosófica que sustenta nuestra posición que, además, se nutre del convencimiento que deben ser la dedicación y el talento de las personas las que deben primar a la hora de la representación política y no la condición de hombre o mujer, de joven o viejo, de asalariado o patrón, de pobre o rico, de blanco o negro, de evangelista o católico, de etcétera o etcétera.

Nadie está en contra de las justas reivindicaciones de las mujeres. Menos los batllistas que tenemos una rica y larga tradición al respecto.

Pero es legítimo plantear el aspecto conceptual que manejamos, más cuando en el mundo de hoy hay hombres amos de casa, que crían hijos y trabajan y que, además hacen política por vocación, militando y convocando votantes con esfuerzo sin ser considerados por ningún tipo de cuota,

Pero además, en lo que refiere al Partido Colorado, la pretensión es falaz, ya que desde que existen las elecciones internas desde la reforma del sistema electoral de 1996, los grandes sectores en términos generales, han confeccionado sus listas en función de la competencia en dicha elección en base a las reglas acordadas, no existiendo en tal instancia ningún tipo de discriminación hacia la mujer.

Tan es así, que si en cualquier instancia 5 mujeres hubieran sido las más votadas, no se hubiera discutido que ocuparan los primero 5 lugares. En todo caso, si algún tipo de desigualdad existe en esa competencia es de índole económico en función de la disponibilidad de financiamiento de los candidatos o ya de orden más político.

En definitiva, cualquier intento de cuotificación, hasta el mejor intencionado u oportuno, tiene ribetes discriminatorios y puede tender a amparar alguna práctica corporativa cuando no ataca, aunque pueda disimularlo, la sustancia de la representación política democrática.

Por tanto, no es bueno que los liberales cedamos ante las presiones sociales corporativas, por más políticamente correctas que se quieran presentar.

Debemos siempre defender la representación republicana en su justa y amplia expresión.


Ancap, un Mundo Paralelo

Por Consuelo Pérez

Aunque cueste creerlo, en la Sede Central de Ancap existe un servicio de atención médica que bien podría ser catalogado como de “mutualista propia”, que emplea a casi doscientas personas, y que atiende a funcionarios, jubilados y directores del ente.

En efecto, el séptimo piso del emblemático edificio cobija unos veinte consultorios, donde cirujanos, cardiólogos, dermatólogos, fisiatras, fonoaudiólogos, ginecólogos, urólogos, oftalmólogos, psicólogos y odontólogos, atienden pacientes de lunes a viernes. Totalizan un equipo de más de cincuenta especialistas profesionales, apoyados por una farmacia que suministra medicamentos, previo paso por la correspondiente caja para pagar la orden, sensiblemente menor en costo de la que un ciudadano común paga.

Poder mantener el servicio representa un costo estimativo de US$ 6 millones  -seis millones de dólares- por año para la Gerencia de Abastecimiento del ente y tienen derecho a él los funcionarios de Ancap, que son 2.929,  así como unos 3.000 jubilados de la empresa. Y seguramente para no generar inequidades, también gozan de la insólita prestación los directores del ente.

Es así que Ancap financia este servicio como como los otros que son de su competencia, con el dinero de todos los uruguayos.

Si el amable lector se preguntase el motivo por el cual Ancap no se rige por el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), podemos mencionar que en el año 2010, con el sistema ya en plena vigencia, Ancap compró en más de US$ 1.000.000 un edificio en ruinas para trasladar la mencionada policlínica. Al día de hoy permanece en estado de abandono, generando abultados gastos para su vigilancia, y según ha trascendido,  ponerlo en condiciones implicaría un costo estimado  entre  2 y 3 millones de dólares.

Aclaramos que los funcionarios y parte de los jubilados de Ancap están comprendidos en el descuento del Fonasa en su salario o pasividad, y ese monto se destina a la Asociación Española, con la cual se ha realizado un convenio para el caso de prestaciones médicas más complejas, y el servicio de internación en sanatorio.

El próximo 30 de junio, en cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre de 2013, Ancap debería desmontar la policlínica para que sus funcionarios y jubilados se incorporen al Sistema Nacional Integrado de Salud como el resto de todos los uruguayos, exigencia en la que fracasó en el año 2013 el gobierno de Mujica, por la férrea oposición del sindicato, que sobre fines del 2015 se reunió con el directorio del ente para conocer su posición al respecto, y le advirtió que dará una dura pelea para mantener el extraño privilegio, que interpretan como un logro sindical.

La directiva de poner fin a la situación parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la fecha límite para desmontar el servicio de salud es el último día de junio aunque se aclaró por parte del representante del MEF en la Junta Nacional de la Salud, Martín Valcorba, que puede cumplirse el plazo, o puede haber una prórroga. En función del costo político, “como te digo una cosa, te digo la otra”...

Bien podríamos pensar que atento al sentimiento de desconfianza y frustración, -entre otras cosas- que ha generado en la población la gestión en Ancap en los últimos años, se daría cumplimiento a la Ley, pero ha trascendido que el Directorio de Ancap en la mayoría de sus integrantes, todos representantes de la Lista 711 de Raúl Sendic, es proclive a mantener la policlínica.

Nada le hace una mancha más al tigre, pero este ya parece una pantera.


Sanguinetti en la Expocomer en Panamá

El ex Presidente Sanguinetti visitó Panamá como el orador principal en la XXXV edición de esa feria comercial.

La Expocomer es organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) de la República de Panamá y reúne a representantes y compradores de más de 500 compañías de unos 30 países de América, África y Europa. La misma fue inaugurada el pasado martes (se desarrolla hasta mañana sábado 25) por el Presidente panameño Juan Carlos Varela y el ex Presidente uruguayo.

Sanguinetti, como se señaló, fue el orador de fondo. En la ocasión, manifestó que el comercio es sinónimo de paz, criticando la política proteccionista que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump, señalando que está “partiendo en dos” a EEUU y que la misma se sustenta en “el miedo a la globalización y a la incertidumbre que despiertan las nuevas tecnologías”, así como es “una falacia” que la inmigración cause desempleo en ese país.

“Cuando el comercio desaparece y los países se encierran detrás de barreras proteccionistas o de intereses egoístas, comienza por el contrario a desarrollarse la intolerancia, la pérdida de prosperidad y la división”, afirmó el ex mandatario uruguayo.

En relación al “Brexit”, Sanguinetti señaló: “Los viejos de Inglaterra que sueñan con un imperio que no va a volver, votaron por irse de Europa. Los jóvenes votaron por quedarse porque encontraron ahí un mundo de oportunidades para ellos”.

Sanguinetti se refirió a la corrupción, pero subrayó la responsabilidad que en ello también tiene el sector empresarial: “Detrás de un corrupto, hay un corruptor. Y ese corruptor viene del ámbito privado”, sentenció.

Asimismo, formuló una encendida defensa de los partidos políticos, a los que calificó de “imprescindibles” y sostuvo que las herramientas para combatir el populismo son la prensa libre y la Justicia independiente.

“Venezuela hoy es un ejemplo cumplido de lo que significa esa patología, esa perversión de la democracia, que en nombre del pueblo termina condenándolo y que en nombre de la Justicia, termina aboliéndola”, concluyó Sanguinetti.


El gasto social no aminora la pobreza

En Argentina el gasto social no ha logrado bajar la pobreza, según explica el periodista y economista Roberto Cachanosky en una nota publicada en el diario exterior que acá reproducimos, sin coincidir necesariamente con lo que se afirma.

Ya es un discurso común de los dirigentes políticos afirmar que no se puede quitar la ayuda social a los más humildes porque no podrían transitar el período hasta que lleguen las inversiones, se creen nuevos puestos de trabajo y esa gente pueda cobrar un sueldo. En rigor los que no podemos aguantar más es que somos los contribuyentes que venimos siendo exprimidos desde 2003 sin ninguna piedad para sostener un monto cada vez mayor de gastos sociales. El gasto social, incluyendo jubilaciones, en pesos corrientes desde 2001 hasta 2016, aumentó 42,5 veces. Como referencia, el dólar paso de $ 1 a $ 16, es decir, creció 16 veces, así que en dólares se disparó.


El gasto social en pesos constantes de 2016, utilizando el criterio de la inflación “Congreso” desde el 2007 en adelante para hacer el ajuste, o sea, en términos reales, casi se triplicó. En otras palabras, cada vez se destina más dinero en pesos constantes a pagar jubilaciones, subsidios, educación, vivienda, etc. y la gente es cada vez más pobre, los jubilados están que trinan y los piqueteros siguen extorsionando con sus cortes de calles.

A su vez, el gasto en educación, salud, vivienda, etc.,en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales. Siempre crece el gasto social en términos reales.

Finalmente si la cuenta la hacemos en dólares, vemos que el gasto social total pasó de U$S 27.543 millones en 2001 a U$S 79.325 millones en 2016, o sea que se multiplicó por 2,88 veces. Pero si tomamos desde el 2003, cuando empezó el gobierno de los Kirchner hasta el 2016 el gasto crece 6,6 veces en dólares.

Cualquiera sea la manera que uno haga la cuenta, aquí presento solo 4 opciones, vemos que el llamado gasto social, solo tomando la nación, sin incluir municipios y provincias, crece fenomenalmente.

Como último dato, el 64% del gasto público de la nación se destina a los llamados gastos sociales, es decir, jubilaciones, salud, educación, subsidios, etc.

De lo anterior se desprende que lejos estamos de ser una economía que podríamos llamar capitalista o liberal. Claramente estamos en presencia de un estado progre populista que gasta cada vez más en planes sociales y ni siquiera primero cumple con su función primordial que es defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. La seguridad es desastrosa. Pero también la calidad de vida de la gente viene en decadencia porque la contrapartida de semejante fiesta de gastos sociales es una carga tributaria que espanta la inversión, genera menos puestos de trabajo, aumenta la informalidad, la pobreza y la desocupación.

Es falso que los gastos en programas sociales mejoren la vida de la gente. Claramente la gente vive cada vez peor a pesar de incrementar brutalmente los recursos destinados a los planes sociales. Desde el punto de vista conceptual la gente vive peor porque, como decía antes, espanta las inversiones y cultiva la cultura de la dádiva. La gente no produce y prefiere ser mantenida mientras el estado saquea a los que producen.

Pero además, la política se ha transformado en una actividad muy rentable en que todos estos fondos se transformaron en fuentes de corrupción y una manera de comprar votos.

En definitiva, no vengan con el verso de que gracias a los planes sociales la gente puede vivir. La gente vive cada vez peor, se degrada como ser humano al ser un vago y se espantan las inversiones que pueden sacar a la gente de pobreza y darles la dignidad del trabajo.

La conclusión es que los gastos sociales son un negocio político y no una manera eficiente de ayudar a la gente. A la gente se la ayuda creando las condiciones para que pueda trabajar y vivir de su salario.

El estado de bienestar es un verso que inventaron los políticos para, con la plata del contribuyente, terminar haciendo su propio negocio político.


Twitter cierra miles de cuentas por apología del terrorismo

En seis meses, la red social twitter cerró casi 400 mil cuentas por haber usado expresiones de extremismo violento.
 
Según informó El País de Madrid al recoger un informe de AFP, la red social Twitter cerró 376.890 cuentas por apología del terrorismo en los últimos seis meses. Desde que comenzó a ofrecer cifras, en diciembre de 2015, ha suspendido 636.248 cuentas por extremismo violento en los tuits lanzados desde esos perfiles, lo que supone un incremento del 60%.

La empresa estadounidense ha explicado que colabora conjuntamente con Lumen, un instituto de investigación independiente, desde 2010. Este actúa como "tercera parte independiente" y la red social le proporciona, salvo petición expresa, una copia de las solicitudes de supresión de cuentas, de manera que "cada uno pueda ver qué tipo de contenido fue retirado y quién hizo la solicitud". Twitter, sin embargo, se reserva el derecho de no proporcionar cierta información a Lumen como las direcciones personales y los números de teléfono por razones de confidencialidad.

Los gobiernos han aumentado las solicitudes de información en un 7% en relación con el periodo anterior. En cuanto a las solicitudes de eliminación de cuentas, han subido un 13%, pero sobre un 37% menos de cuentas. Twitter ha afirmado que el FBI había autorizado informar sobre las solicitudes de vigilancia específicas de dos cuentas por lo que estas peticiones a Twitter se hicieron públicas.

La red social dedica en su informe un apartado a las cuentas de periodistas y de medios "reconocidos". Autoridades de todo el mundo han enviado 88 peticiones de eliminación de tuits de esas cuentas. Sin embargo, afirman no haber tomado medidas "en la mayoría de los casos", con algunas excepciones para Alemania y Turquía, país del que provinieron 88% de esas solicitudes de este tipo.


Huida y travesía europea

El verdadero papel de la idea de la tierra prometida es que la comunidad siga avanzando por el desierto y que no escuche a los que quieren retroceder, sostiene José Ignacio Torreblanca, editor de El País de Madrid de la sección Opinión. Reproducimos acá esa columna

Se cumplen 60 años del Tratado de Roma y, otra vez, una duda recorre la mente de los que se aprestan a acudir, física o mentalmente, a la celebración.

¿Son los días de aniversario los idóneos para la crítica y la reflexión acerca de lo que ha ido mal y cómo mejorar? ¿O son precisamente esos los días en los que hay que hacer un alto en el camino, respirar hondo, valorar lo recorrido y llenarnos de palabras que inspiren y conforten nuestro ánimo en la jornada que comenzará el día siguiente?

Habrán notado que la respuesta institucional siempre es la segunda. Y que la mayoría suele sumarse a ella, entusiasta o resignado, lo mismo da, porque al fin y al cabo la ceremonia es corta y el día pasará. Pero no será la primera ni última vez que mientras la Oda a la Alegría se eleva por la sala los asistentes crucen miradas de hastío ante el torrente de lugares comunes que suele inundar las celebraciones y discursos oficiales.

Los expertos lo llaman “relato” (aunque los niños, felizmente a lo suyo, prefieren el término “rollo”). Y para ser sinceros, es bastante bueno: habla de un continente que tras haber alumbrado la Ilustración se devastó a sí mismo (y al mundo) en dos ocasiones debido a un cóctel paranoide y asesino compuesto a partes iguales de nacionalismo y totalitarismo.

El relato prosigue narrando cómo al terminar la guerra los supervivientes se abrazaron y conjuraron en un hermoso “nunca más” que les llevó a crear la Europa que conocemos hoy. Pero lo mejor está por llegar. Porque la historia promete acabar con un final feliz llamado Estados Unidos de Europa en el que todos los pecados se redimirán y el nacionalismo habrá desaparecido de la faz del continente por siempre jamás.

Como en todos los relatos que constan de huida, travesía en el desierto y tierra prometida, los mayores del lugar saben que la tierra prometida o bien no existe o bien no será como se cuenta pero que conviene hablar mucho de ella. El verdadero papel de la idea de la tierra prometida es que la comunidad siga avanzando por el desierto y que no escuche a los que quieren retroceder. Paradójicamente, la idea de Europa reivindica la aspiración a la racionalidad de la Ilustración pero no deja de ser un acto de fe que hay que renovar periódicamente.


Día Mundial de la Felicidad

Por Jorge Bentos

Esa celebración mundial tuvo lugar el pasado lunes 20, pero en Uruguay no se hizo sentir. Nada realmente positivo pasó para así sentirlo cada compatriota.

El enfrentamiento social se agudiza y quedó demostrado el pasado 21, cuando se procedió a desalojar a una agrupación anarquista autodenominada “La solidaria” de una casona que hacía años ocupaba ilegalmente en la ciudad de Montevideo. Ya desde hacía semanas se podía apreciar por el ciudadano común que este desalojo de propiedad privada por viles ocupantes no iba a ser pacífico, sino que —por el contrario— la consigna pintada en paredes de visión pública, así como por la ruta interbalnearia, era “La Solidaria resiste”.

Pese a ser ampliamente difundida, y sin las medidas necesarias para evitarla, la resistencia se produjo por parte de un pequeño grupo humano de rostros cubiertos. Y el Ministerio del Interior, tarde como siempre: solo dos demorados que la Policía tuvo que “corretearlos” para detener al ómnibus al que ascendieron sin complicación alguna, luego de producir daños materiales y morales a nuestra sociedad.

Este grupo se repartió pañuelos y bufandas entre sus miembros casi de cara a la propia calle montevideana, con hombres y mujeres de rostros que denotaban juventud. La marcha fue funesta, sin heridos por suerte, pero atacaron a un local de Abitab, a la sede de policías retirados, comercios y a la sede del partido comunista. El viejo y viejísimo conflicto de anarquistas contra comunistas, pero ahora no en la vieja Unión Soviética sino en pleno centro capitalino.

Pero en forma increíble realmente, un diputado de ese sector del Frente Amplio —vía Twitter— acusó a los de “caratapadas” como integrantes de derecha. Y aquí es donde este columnista se pregunta: ¿“derecha y anarquista” en la misma mano?. Poco o nada sabe quien habló en nombre del Partido Comunista del Uruguay. Todo en la actual política es desechable de la mano izquierdista frenteamplista y la práctica lo demuestra día a día que transcurre. Pero acá, en el actual Uruguay, todo pasa y aquí no ha pasado nada. Lamentablemente nos seguimos acostumbrando a la inoperancia oficial.

A lo anterior, quien vive entre el pueblo y forma parte de él, sabe a ciencia cierta que el desgano y esa inoperancia hacen imposible que tengamos un día de felicidad. La idea del sistema internacional es buena, pero Uruguay no es el ejemplo de su ejecución o festejo.

Y si de eventual festejo nos referimos, también al triste y paupérrimo destejo del pasado viernes cuando toda nuestra flota aérea se mostró sobre Montevideo. Dieron varias vueltas en el aire, sin que se cayera ninguno de los aviones —por suerte, como comentó una señora al salir al frente de la Asociación Española. “Tenemos tanta suerte que ahora se cae uno arriba de nosotros”, agregó. Y acoto que este columnista estuvo en un todo de acuerdo con la misma. Las “vueltitas” de un exótico avión —¿presidencial?— escoltado por dos aviones de entrenamiento, seguido por tres aeronaves que se mostraban como de carga o bombardeo en la mejor de las hipótesis posibles, a los que seguían una escuadrilla compuesta por los únicos cuatro aviones de combate y posible intercepción —todos distintos—; un verdadero rejunte de piezas que vuelan por milagro gracias a mecánicos y al empeño humano de la Fuerza Aérea. Pero lo que vimos es lo que es: la Fuerza Aérea del período frenteamplista. Diez aviones, eso es todo, para vínculos, ayuda y defensa. Qué tristeza.

Si el 20 fue el Día Internacional de la Felicidad, el 17 y el 21 fueron días tristes, gracias al Frente Amplio uno y gracias a los “anarcos” el otro.


Frases Célebres 663

“Se generó una alarma tremenda y la montaña parió un ratón, como se dice vulgarmente. De 600 usuarios a 31.000 y 30.000 dólares a cinco millones, ustedes saquen las conclusiones”. Tabaré Vázquez, Presidente, a su llegada a San Luis sobre la estafa al Fondo Nacional de Salud que se calcula en 30.000 dólares según datos oficiales. Portal 180 (20/03/17).

“ASSE es el talón de Aquiles de la reforma sanitaria (...) su burocrático modelo de gestión y el apego estricto a la cuota política en cargos ejecutivos, hacen que sea un organismo lento, pesado, centralizado y sin rumbo. Es común que en ASSE aparezcan intereses políticos en detrimento de los intereses técnicos. Importa más la cuota política que estén los profesionales mejor capacitados para tomar decisiones. ASSE es un sector que funciona por fuera de la lógica del sistema actual”. Julio Trostchansky, presidente del gremio médico. Semanario Búsqueda (23/03/17)

“No, no, no, no la veo viable porque ya fue y con toda franqueza no creo que sea conveniente reeditarla, ni para adelante ni para atrás”. Jorge Larrañaga, senador Blanco, refiriéndose a que no integrará una fórmula presidencial con Lacalle Pou para las próximas elecciones nacionales. La Republica (23/03/17).

“Hubo una represión por parte de la Policía a los trabajadores”. César Bernal, dirigente del Sindicato Único de Transportistas de Carga y Ramas Afines, sobre la detención policial de un manifestante en la localidad de Conchillas que estaban en una ruta de entrada a la planta de Monte del Plata, desconociendo el decreto del presidente Vázquez que prohíbe corte de las mismas. Portal Ecos (23/03/17).

“Encapuchados 1 Policías 0”. Uno de los Grafitis en una pared de los que ocupaban la casa integrantes de La Solidaria y que fueron desalojados por la Policía.

“La metodología de agresión cobarde y patotera no tuvo, no tiene, y nunca tendrá nada que ver con la lucha popular”. Comunicado del Partido Comunista rechazando el ataque sufrido contra su local por manifestantes encapuchados.

“Tengo un sentimiento de enorme tristeza y una vergüenza ajena tremenda. Que dos compañeros se peleen descarnadamente a través de los medios de comunicación”. Tabaré Vázquez, Presidente, sobre el enfrentamiento de los diputados del Frente Amplio de Maldonado Darío Pérez y Oscar de los Santos. Subrayado, canal 10 (20/03/17).

“El presidente tendría que hacer una recopilación para atrás a ver cuántas veces yo he hablado de Darío Pérez y he tenido que salir a contestar los ataques de Darío Pérez. Hay un punto de inflexión. No es el presidente Vázquez que tiene que opinar”. Oscar De los Santos, diputado oficialista, respondiendo al primer mandatario. En Perspectiva, radio oriental (20/03/17).

“Frente a esta meseta del Frente Amplio la oposición está flotando, porque lo único que tiene que hacer es golpear y esperar”. Oscar Bottinelli, politólogo. Brecha (17/03/17).

“Es un tema lamentable y grave. En cuanto tomé conocimiento se actuó”. Carolina Cosse, ministra de Industria, sobre una funcionaria designada por ella haya ejercido como abogada sin tener el título. Montevideo Portal (23/03/17).

“Es claro que la Unión Ferroviaria en el 2017 sigue firme del lado de los obreros, realizando huelgas o paros en su defensa y hoy la voz de las clases conservadoras aparece travestida en las declaraciones de un Ministro "progresista" que criminaliza el derecho de huelga con el fin último de instigar su represión, así como se hizo en 1908, hoy es Nin Novoa la voz de los intereses del gran capital y sale en su defensa. No hay vuelta que darle al asunto, ya lo resume el viejo refrán y le calza justito al terrateniente Nin Novoa, que sintió ofendido su interés de clase dominante y mostró la hilacha: “El que nace barrigón es al ñudo que lo fajen”. Sitio web de la Unión Ferroviaria, respondiendo al Canciller por sus dichos.

“La asignación de recursos en la industria uruguaya funciona cada vez peor ya que se beneficia a sectores poco dinámicos”. Gonzalo Varela, economista del Banco Mundial. Inicio de Jornada, radio Carve (23/03/17).

“En el país vecino fallaron los controles y hay un problema de corrupción muy grande. En Uruguay nos diferenciamos por la implementación de normas claras y mecanismos de control y fiscalización seguros”. Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, reflexionando sobre el evento de adulteración de carne en Brasil por parte de una organización criminal que involucraba a los mayores productores y que enmarca unas 21 empresas. La 30 al Instante, radio Nacional (20/03/17).

“Con profundo respeto al pueblo ecuatoriano y a su proceso interno les digo: no permitan que la dictadura venezolana y sus prácticas sean un ejemplo”. Leopoldo López, dirigente opositor venezolano, tras la inadmisión de su mujer Lilian Tintori a ingresar en ese país. Expreso.ec, periódico digital de Guayaquil (17/03/17).

“No sé si estaré vivo para ser candidato en 2018, pero sé que lo que ellos quieren es evitarlo. Ellos piden a Dios para que yo no sea candidato, porque si yo fuera es para ganar”. Lula da Silva, expresidente de Brasil. O´Globo (19/03/17).

“Con el mayor respeto y afecto por el Papa Francisco y al monseñor Claudio María Celli (el enviado del Vaticano), pero ¿dónde está el Papa? Ya estamos en marzo y aquí se mueren niños y pacientes que no consiguen medicinas. Tenemos un 17% de la población que come de la basura. Hay 10 millones de venezolanos que comen dos o una vez al día (…) La iglesia es una sola. La CEV ha sido muy clara y firme pero el Vaticano parece distante. Le pido al Papa Francisco que su prioridad tiene que ser Venezuela. No digo que sea el único país que tiene problemas pero sí es el ejemplo de la inflación más alta, escasez de comida y mayor índice de criminalidad y pobreza”. Henrique Capriles, líder opositor venezolano y gobernador del estado Miranda. Clarín de Argentina (20/03/17).

“Chile se niega a ceder un espacio soberano, ¿cómo negociar con una parte terca en su posición?”. Carlos Mesa, vocero boliviano de la demanda marítima sobre el proceso jurídico que se instaló en la Corte Internacional de Justicia. El Deber de Bolivia (21/03/17).

‘‘Prefiero el dictamen de la historia y no el de las encuestas’’. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. El Tiempo de Colombia (22/03/17).


Homenaje a Martha Montaner


DEMOCRACIA URUGUAYA

Por LA LIBRERIA

“Una democracia única. Historia de los partidos políticos y las elecciones del Uruguay”, Tomo I.
Por Nelson Fernández y Hugo Machín. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, 2017.

Esta obra, de reciente aparición, de la que son autores dos destacados periodistas activos, parte de la base de la excepcionalidad de nuestra democracia, por su capacidad de diálogo y la larga permanencia de sus partidos políticos. La fotografía de cuatro ex presidentes con el actual mandatario, simboliza, en su juicio, la peculiaridad de una democracia que puede mostrar un clima de convivencia inusual. La obra tiene una clara intención informativa: rastrear la historia con sencillez, describir el sistema institucional, registrar las diversas organizaciones partidarias, con sus tendencias internas y hasta mostrar la persistencia de dos grandes familias políticas (los Batlle y los Herrera) que son también particularmente excepcionales. En los relatos históricos hay una “intención de verdad” apreciable, pero —naturalmente— también afirmaciones parciales discutibles. Por ejemplo, se dice que la controvertida ley de caducidad “es un típico ejemplo de conducción partidaria sobre lo social”, lo que no parece tener sustento cuando la ley fue ratificada popularmente. O afirmar que el Partido Colorado, ganador en 1984, era la colectividad que “ofrecía mayores garantías a los militares”, sugiriendo su apoyo, cuando —en todo caso— ello era muy negativo electoralmente y siendo, además, que quien sintió realmente que era una “garantía” fue la ciudadanía que le confió el gobierno. Fuera de algunos comentarios puntuales, en términos generales se trata de un muy buen trabajo, honesto e informativo.


El Partido Colorado y el feminismo

Por Victoria Pasquet

La lucha por la liberación de la mujer, afortunadamente, parece haberse vuelto una causa popular. Hoy por hoy, es fácil advertir una creciente concienciación acerca de la desigualdad que todavía existe, pese a importantes avances, entre hombres y mujeres, tanto en la sociedad en general como en el sistema político. Se está masificando, por fin, un fuerte compromiso con la realización de lo que Hillary Clinton llamó “el gran asunto pendiente del siglo XXI”: la igualdad de género.

Este gratificante fenómeno de compromiso social es relativamente reciente. Quizás pueda hablarse de que su auge se remonta a unos diez años atrás. En nuestro país, la “primavera feminista” se despierta durante los gobiernos frentistas, pero no como una consecuencia de ellos: su irrupción se evidencia en todas partes del mundo y obedece a una coyuntura internacional. Sin embargo, con frecuencia se incurre en el error de pensar que, en Uruguay, la defensa de los derechos de las mujeres es patrimonio exclusivo del Frente Amplio, ya que además de ostentar el poder en tiempos de agitación global en torno al tema, se caracteriza por arrogarse, permanentemente, el monopolio del progresismo y la justicia social.

Por lo tanto, se vuelve necesario hacer memoria: la causa feminista de ninguna manera le pertenece al Frente Amplio, ni comenzó a manifestarse a través del mismo; por el contrario, el Partido Colorado ha sido históricamente su más enérgico portavoz.

El historial colorado en defender los derechos de las mujeres comienza con Batlle y Ordóñez. En una época en que la idea de igualdad entre hombres y mujeres era revolucionaria, Batlle y los batllistas sintieron “el rumor de un tiempo que aún no había sido” y se convirtieron en los primeros feministas que tuvo nuestro país.

Fueron varios los avances en materia de género que llegaron al Uruguay gracias a ellos. Quizás uno de los más renombrados sea la aprobación de la ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, en 1912. Ideada por Batlle y Vaz Ferreira, en el marco de lo que este último llamaba “feminismo de compensación”, esta ley “no pretendía otra cosa que la liberación femenina dentro del matrimonio”, en palabras de su defensor en el parlamento, Domingo Arena.

También en 1912 se crea la Universidad de Mujeres. A las mujeres no se les prohibía asistir a la universidad en esa época, pero los prejuicios las mantenían alejadas. Decía Batlle, refiriéndose a éstos: “… el elemento femenino no concurre a la Universidad en la proporción debida porque, en las actuales circunstancias, existen motivos atendibles que se lo impiden. Esos motivos serán o no justificados teóricamente, pero existen, y fuerza es legislar con arreglo a lo que sucede…”.

Al mismo tiempo que llevaba sus convicciones a los hechos, Batlle las fundamentaba en el diario “El Día” firmando como “Laura” cuando escribía sobre las mujeres y su problemática. El objetivo era enfrentar a sus lectores con la idea de una mujer ilustrada, inteligente, liberada; todo lo que entonces se pensaba no solamente imposible, sino también indeseable. Así, con su provocadora doctrina de liberación, “Laura” sacudía las estanterías culturales del momento, despertando la ira de los conservadores y el entusiasmo de aquellos que, como Batlle, confiaban en el futuro más que en el pasado; aquellos que apostaban a las puertas que se abrían con el porvenir, a las cumbres más allá.

Después de los gobiernos de Batlle, se producen dos de los más grandes hitos en la historia de la liberación femenina en nuestro país, ambos bajo gobiernos colorados: el reconocimiento del derecho al sufragio en 1932 y la ley de derechos civiles de la mujer de 1946. Un antecedente insoslayable de esta última ley fue el proyecto redactado en 1921 por el entonces presidente Baltasar Brum. En 1923 se discute en la Cámara de Diputados, donde los legisladores que lo presentan citan a Julieta Raspail, una escritora francesa, en la exposición de motivos, y se declaran, sin tapujos, feministas: “¿Qué es ser feminista? Es ser consciente de nuestros deberes y querer que se nos reconozcan derechos, para cumplir mejor con nuestros deberes”.

En cuanto a representación política, es bajo gobiernos colorados que ingresan al parlamento las primeras cuatro mujeres; tres de ellas, a su vez, coloradas. En 1968 asume, por primera vez en América Latina, una ministra mujer: Alba Roballo. Y al día de hoy, la diputación colorada es la que cuenta con el mayor porcentaje de mujeres: un 41%. En la diputación del Frente Amplio, las mujeres son el 24%; en la del Partido Nacional, el 13%.

En tiempos donde la identidad partidaria es cuestionada, resulta útil volver a las raíces: preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, por qué existimos. Y bien: la liberación de la mujer es, sin duda, uno de nuestros motores.

Predominan, al día de hoy, dos posturas contrapuestas con respecto al feminismo y todo lo que implica: una de defensa radical y acrítica y una de repudio. Evidentemente, es preciso darle más visibilidad al famoso camino del medio, el camino de la racionalidad, que en el Uruguay suele estar teñido de colorado. En suma, un “tercer feminismo” imbuido de liberalismo.

Desde principios del siglo XX que nuestra colectividad aborda esta problemática sin imposiciones ni apologías del resentimiento, sin demagogia ni planteos “para la tribuna”, y sin sembrar el odio entre conciudadanos, pero no por eso sin fuerza y convicción. Con espíritu democrático y dialoguista es que fuimos construyendo al Uruguay que es vanguardista en sus bases más antiguas, con un Estado que prioriza a los más desamparados, pero liberal y tolerante, sin el autoritarismo dogmático que en estos tiempos abunda, en materia de género igual que en tantas otras.

Permitámonos los colorados, entonces, sin timidez y sin miedo, reivindicar la bandera feminista como nuestra, porque siempre lo ha sido. Tenemos mucho para decir sobre las causas populares, y por ende sobre feminismo, porque desde nuestros inicios forman parte de nuestra más profunda identidad y porque siempre las defendimos en los hechos. Y sobre todo, porque tenemos para aportarle a la discusión sobre el tema lo que en ella escasea: una visión razonable.

Correo de los Viernes.
Publicación Oficial de la Secretaría de Prensa del Foro Batllista.