Edición Nº 704 - viernes 16 de febrero de 2018        

Un maquillaje más

La remoción de los directores políticos de Asse no asegura que se termine con la larga trama de acomodos y corrupción que ha caracterizado la gestión de ese organismo.

La historia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en los últimos años ha sido lamentable: clientelismo, despilfarro y maniobras de todo tipo que están siendo investigadas por el Parlamento y seguramente terminarán en la Justicia.

La situación de la presidente del servicio, doctora Susana Muñiz, era insostenible desde hace meses, al punto que ella misma había adelantado su renuncia a fines del año pasado. La concesión de servicios a empresas de médicos que a su vez son funcionarios públicos, las designaciones “a dedo”, las aventuras del director del Hospital de Rivera —que contrató funcionarios a granel sin ningún respaldo legal ni presupuestal, usó ilícitamente servicios brasileños e hizo del Hospital una especie de feudo ajeno a todas las normativas— y los excesos de otros directores de hospitales, como una jerarca que cobraba por cirugías nunca realizadas, son algunos de los desarreglos que han caracterizado la gestión; desarreglos que la Dra. Muñiz intentó justificar descaradamente en sus presentaciones ante el Parlamento. En vez de comprometer cambios drásticos para impedir los abusos y las ilicitudes, la Dra. Muñiz mostró una actitud desafiante y, en varias ocasiones, justificó las irregularidades y dio su apoyo explícito a los directores luego cesados. El maltrato a los enfermos psiquiátricos en la Colona Etchepare así como el suministro de medicación inadecuada a los niños pacientes de un centro hospitalario, son otras perlitas aún impunes.

Fiel a su estilo confrontativo, la doctora Muñiz indicó, tras conocer su cese, que “no ha sido posible cumplir con todos los objetivos, en parte por dificultades propias sumadas a una campaña de la derecha descarnada y desleal, destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud”. El pretexto es insostenible, ya que de ser cierto estaría demostrando que el gobierno, que tiene mayorías parlamentarias y pleno uso —y abuso — de sus facultades, más la complicidad de los sindicatos, ha fracasado totalmente en sus expectativas.

Quiere decir que el presidente Dr. Vázquez no dispuso la remoción de los directores políticos sólo por la situación creada en torno al vicepresidente de la institución, Mauricio Ardus, quien había contratado a la novia de su hijo —lo que provocó inmediatas reacciones periodísticas y políticas— sino que aprovechó esa circunstancia para limpiar la cara de un sector público cuyos desastres y polémicas ponían en jaque al propio gobierno.

El presidente actuó en forma astuta, aunque no sabemos si sus medidas tendrán el alcance y la profundidad que deben tener para terminar con la corrupción, ya que, cauteloso como siempre para cuidar los difíciles equilibrios internos de la coalición de gobierno, el Dr. Vázquez eligió para sustituir a la doctora Muñiz, del Partido Comunista, a otro dirigente que responde a ese mismo sector político, el Dr. Marcos Carámbula, con lo que puede presumirse inicialmente que ASSE seguirá siendo, lamentablemente, el “coto de caza” del Partido Comunista para designar a sus partidarios y para dejar que sigan haciendo sus negocios a costa del Estado.

La señal que da el presidente Vázquez al designar a Carámbula es, además, contradictoria con el reclamo de la opinión pública de terminar con las designaciones de familiares y amigotes de los jerarcas, ya que los antecedentes del ex Intendente de Canelones son, precisamente en esa materia, los peores imaginables. Durante su gestión al frente de la comuna canaria acomodó a varios integrantes de su parentela, entre ellos a su hermano, a su hijo, a su nuera y a su esposa.

Por lo tanto, no es seguro que el Frente Amplio pueda desarrollar en lo que queda de este mandato una gestión transparente y eficiente. Los antecedentes son muy malos, si a los desastres de la doctora Muñiz agregamos el recuerdo de un Ministro, el doctor Venegas —también comunista, ¡vaya casualidad!— que tuvo que renunciar por no ser ciudadano, o sumamos la mención de Alfredo Silva, ex director de Asse que terminó procesado al comprobársele reiteradas maniobras delictivas e irregularidades adminstrativas en beneficio propio de sus amigotes del sindicato.

Todo esto nos hace pensar que no habrá grandes cambios en la conducción de Asse, que en definitiva es un apéndice de todo un gobierno que en su conjunto viene arrastrando una pesada sospecha de ilícitos y de corrupción. La designación de familiares de los jerarcas —mala en sí misma— es un asunto menor frente a las andanzas del ex vicepresidente Sendic; las licitaciones manejadas, la promoción de empresas de amigos para que hagan negocios acá o con otros gobiernos o el desfonde de empresas públicas como Ancap.

Cuando termine la investigación parlamentaria podremos medir con precisión el alcance de la pésima gestión de Asse. Deseamos que ese panorama de abusos y negociados no se siga repitiendo, pero la larga y lastimosa lista de antecedentes nos indica que, lamentablemente, no hay motivos para el optimismo.


45 años

Por Julio María Sanguinetti

Parece mentira pero han pasado ya 45 años de aquellos trágicos días de febrero de 1973, en que se desbordó el poder militar y subordinó al gobierno civil. Fue el comienzo del golpe de Estado que culminó el 27 de junio, cuando se cerró el Parlamento. Es un caso extraño de golpe desarrollado en cuatro meses, como en cámara lenta.

Decimos que parece mentira porque esos acontecimientos siguen en el debate y mantienen una indiscutible actualidad. Lo que es tan evidente como la falsedad que sobre esos hechos sigue instalada en la versión frentista, que saltea su apoyo al golpe militar. La entonces CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y el propio Frente Amplio como coalición, siguen recordando el episodio con un impudor (para no hacer una calificación más dura) que realmente asombra. Hablan de una dictadura a la que estaban dispuestos a afiliarse no bien le ofrecieran algunas promesas, que ellos ya veían configuradas en los propios Comunicados 4 y 7, la proclama del régimen.

Apenas se registra que en el medio militar hubo una resistencia institucional, en la Armada, conducida por el Vicealmirante Zorrilla, oficial de honor, de convicción batllista, que sería luego Senador y Embajador en representación de nuestro Partido.

Al final de cuentas, si el Frente Amplio no pudo subirse al carro ganador fue porque la tendencia militar que predominó le bajó de su pretensión.

Lo peor es que en los programas liceales, y aun escolares, se difunde la falsedad sistemáticamente y, como es natural, han tenido un relativo éxito en borrar su expreso apoyo al golpe. Últimamente, libros con evidencias abrumadoras como los pronunciamientos textuales (en periódicos, Parlamento y discursos) de los líderes frentistas a favor de la acción militar, vienen haciendo una lenta recuperación de la verdad. Pero es lenta y difícil frente a un aparato que tiene en el Estado una herramienta poderosa.

A cuenta de mayor cantidad, y con un pedido de paciencia para largas lecturas, recordemos algunos pronunciamientos de líderes frentistas en aquellos dramáticos días en que había que definirse a favor o en contra de la Constitución y ellos soslayaron ese dilema de hierro para intentar sumarse a los comandos sublevados, en nombre de una presunta oposición entre “pueblo y oligarquía”.

El 9 de febrero, la CNT emite una proclama brindando “apoyo crítico” a la sublevación militar. “Para el logro de estos objetivos no hay fronteras entre los orientales honestos: civiles y militares, sacerdotes y laicos, obreros y estudiantes, profesionales, jubilados...” (“El Popular”, 10 de febrero de 1973).

El mismo día, el Comité Central de Partido Comunista emite una declaración en que dice que los rechazos al marxismo y al comunismo de la proclama militar “no invalidan en lo más mínimo la apreciación positiva de esos documentos programáticos, y, más generalmente, de la postura que adoptan las Fuerzas Armadas. Sin duda, los hechos ocurridos en estos días han asestado un duro golpe a la política pachequista y el país atraviesa un momento que, mirado en la perspectiva histórica, tiene un signo positivo.” (...) “Por sobre la divisoria real y profunda de la sociedad uruguaya, el enfrentamiento irreconciliable entre la oligarquía y el pueblo, sigue plenamente vigente. Y es, en definitiva, en el pueblo, en la unión de los orientales civiles y militares, donde reside la supremacía de la victoria en la lucha”.

El General Seregni, en acto público en la Avenida 8 de octubre, en la misma noche del 9 de febrero en plena sublevación, reclama la renuncia del Presidente: “...es un imprescindible gesto patriótico, idóneo, necesario para insinuar un camino que conduzca a la reunión de todos los orientales honestos. La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo. Y solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”.

Copado Montevideo por los tanques del Ejército, cercada la Ciudad Vieja por la Armada, el sábado 10, la CNT parlamenta con los militares. Gerardo Cuesta, en el local de ADEOM, informa de esa situación y dice que “reconocimos que hay aspectos positivos dentro de los 19 puntos planteados”. “En tanto la oligarquía usó a las Fuerzas Armadas como elemento de represión, las Fuerzas Armadas hicieron su experiencia, calando hasta el hueso en los problemas del país. Y esa experiencia va teniendo expresiones. No olvidar que en abril, cuando Bordaberry quiso utilizar el poder militar contra los trabajadores del transporte en huelga, las Fuerzas Armadas respondieron que esa era responsabilidad del Poder Ejecutivo. Debemos incidir en el proceso de forma tal que empujemos hacia nuestros objetos estratégicos...” (“Ahora”, 16 de febrero de 1973).

El “New York Times” publica un artículo en que no ve competencia para gobernar en los militares y añade: “El programa de reconstrucción nacional de diecinueve puntos emitidos por los jefes militares, parece inspirado en la torpe gestión de la Junta peruana y delata un enfoque simplista de temas complejos”. El diario comunista uruguayo (“El Popular”, 19 de febrero de 1973) le responde violentamente bajo el título “Insolencia yanqui”: “Los imperialistas norteamericanos que insultan a la Junta Peruana porque ha recuperado para la nación peruana importantes riquezas que estaban en manos extranjeras y tomado medidas que hieren a la oligarquía de dicho país, se expresan con disgusto y desdén por los objetivos expuestos por las Fuerzas Armadas en los comunicados 4 y 7, porque más allá de sus limitaciones, plantean la preservación de la soberanía y la libertad de decisión...”. “Una reacción patriótica tiene que sacudir a todos los orientales honestos. Los militares uruguayos, sin duda, rechazan los conceptos del New York Times, pero todo el país es el que debe repudiar la insolencia yanqui”.

El diario “Ahora” (14 de febrero de 1973), vocero del Partido Demócrata Cristiano, saluda la insurrección militar: “No nos sorprende que la activa y dramática participación de las FF.AA. en el breve lapso del último año, las haya conducido a un convencimiento que amplios sectores de la opinión pública tienen desde hace luenga data. Que una institución de honda tradición nacional, donde existen hombres dotados de alta capacitación técnica, hayan advenido al entendimiento de que los problemas de seguridad y la erradicación de las variadas formas de la subversión no se agota en la mera acción represivo-militar, de que se hayan aplicado a hurgar en la etiología del fenómeno y que más allá de esta indagatoria, hayan afrontado la compleja tarea de aportar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones, es altamente positivo”.

Pasado los sofocones de la crisis, el diario comunista (“El Popular”, 15 de febrero de 1973) dice: “Sorpresa le ha causado a El País que la prensa frenteamplista entendiera positivo el documento programático de los militares. Desazón, se la admitimos como plenamente lógica; sorpresa no. Porque en el pueblo y en sus organizaciones legítimas, siempre ha habido total coherencia en la defensa de las necesarias transformaciones. (...) ¿Que hay en el programa omisiones o insuficiencias? Cierto, y así lo hemos dicho con total franqueza. Pero las propias FF.AA. han afirmado que los estudios que realizaban no estaban aún terminados; y nada es estático cuando hay en particular, como en el Uruguay, la necesidad, la conciencia y la necesidad”.

Por su parte, el líder demócrata cristiano Juan Pablo Terra (“Ahora”, 16 de febrero de 1973) escribe sobre “la respuesta militar”: “No tenemos por qué, cualquiera hayan sido las críticas que hemos hecho, y mantenemos, a actuaciones de las Fuerzas Armadas en períodos recientes, y por mayor que sea la convicción en nuestros propios objetivos y en nuestro propio camino, negar que sea esta, también, la respuesta de conciencias uruguayas angustiadas por el destino de este país a la deriva. Si hemos estado dispuestos siempre a encontrar salidas a partir de la destrucción pachequista, si hemos dicho que hay que pensar hacia el futuro, debemos tratar de entender simplemente lo que esto significa”. Días antes (el 11 de febrero), Terra había escrito: “Desde luego que vemos con interés cualquier propuesta que ponga sobre la mesa de discusión, algunos grandes temas de las transformaciones que el país necesita, expulsados durante años por la morbosa temática del pachequismo”. “Todos tienen un lugar en el esfuerzo de reconstruir el país: partidos políticos, movimiento sindical, Fuerzas Armadas”, agregó.

En el Club Platense, reunido el Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Terra proclama la “auspiciosa ruptura de la alianza trágica entre la ultra derecha y las FF.AA.”, reconociendo que los comunicados militares “por primera vez ponen sobre el tapete el problema de las estructuras del país y sus problema reales”. Sostiene que “el Partido no pretende volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido” (“Ahora”, 17 de febrero de 1973). Nada menos.

En la misma edición del órgano demócrata cristiano, se publica una evaluación de los hechos realizada por el General Seregni en un discurso: “Acerca de los recientes sucesos se dice que es un conflicto entre el poder político y el poder militar. Sin duda que es así. Pero no debemos contentarnos con tal comprobación, sino comprender mejor su índole especifica, determinar sus contenidos. Es necesario percibir cuál es la índole de los que detentan el poder político y cuál es la índole de la evolución de las Fuerzas Armadas. (...) la oposición poder político-poder militar debe ser juzgada y entendida a la luz de su intersección con la oposición política fundamental: la de la oligarquía y el pueblo”.

El entonces senador comunista Jaime Pérez hace un detallado informe de todos los episodios al “activo” de su Partido. Comenta los comunicados militares: “Hay en ellos un reflejo del clamor popular por transformaciones. Y por cierto que esto no cayó como maná del cielo. Por obra de una lucha de años del movimiento obrero, del Frente Amplio, de nuestro Partido, hay conceptos básicos que se han transformado en patrimonio de las más amplias masas. (...) Los documentos de las Fuerzas Armadas abren una brecha clara entre sectores de la oligarquía y las Fuerzas Armadas: esto es positivo y es inédito. No era ésta la situación de los años 68 en adelante ni la que imperaba luego del 14 de abril: 1) Antes las Fuerzas Armadas eran utilizadas para militarizar a los trabajadores, llevar presos a los que denunciaban los ilícitos, afirmar el poder de la oligarquía. 2) Ahora, los que están en el banquillo de los acusados son los partidos tradicionales, el reeleccionismo, la 15, los blancos baratos. Aparece descolocado Wilson Ferreira, que ahora sale a atacar al Frente Amplio”.

Podríamos seguir. Por ejemplo con los comentarios de Vivián Trías, el líder y teórico socialista que era entonces —como acaba de saberse— el jefe regional del espionaje checoslovaco. Algo triste realmente, muy triste. Espía extranjero de una policía secreta de un Estado totalitario... Pues bien, en un delirante análisis, completamente alejado de la realidad y exhibiendo su entusiasmo pueril por el cuartelazo, Trías explicaba: “Las fuerzas armadas no quedan al amparo del torbellino. Al aproximarse las fases del desenlace, cuando las contradicciones se agudizan, aquellas, depositarias, precisamente, de las más avanzadas técnicas de la violencia, son presionadas, solicitadas, acuciadas por las clases en pugna. (...) La experiencia histórica del siglo XX es categórica al respecto. Las más importantes revoluciones sociales han resultado victoriosas, entre otros factores, porque, por lo menos, una parte fundamental del ejército del régimen caduco se pasó a sus trincheras. (...) Hoy es más verdadera que nunca la afirmación de marxista alemán W. Liebknecht: «La revolución no se hace contra el ejército, ni sin el ejército, sino con el ejército»” (“El Oriental”, 24 de febrero de 1973).

Podríamos seguir, como ya dijimos, con innumerables citas más. Con éstas —por el momento— es más que suficiente y reflejan sin atisbo de duda el prácticamente unánime respaldo frenteamplista (con la honrosa excepción del Dr. Carlos Quijano, director de “Marcha”) al golpe, pretendiendo integrarse a un régimen cívico militar, por fuera de la Constitución, que entendían les sería afín.


Entre el cielo y el barrio

El Papa Francisco es populista y diluye las esperanzas de los que esperaban reformas éticas, sostuvo el Dr. Julio María Sanguinetti en una columna publicada por El País de Madrid que acá reproducimos.

La palabra de un Papa siempre es parte relevante del debate internacional. Robustece su eco no solo la dimensión de la Iglesia católica sino la circunstancia de que las demás corrientes religiosas, cristianas, judías o aun musulmanas, no tienen un vocero único y formal.

Juan Pablo II, con su incuestionable carisma, fue el centro de una vigorosa corriente, claramente definida. Conservadora en los temas de familia y bioética, liberal en el enfrentamiento de las democracias a las caducas estructuras del comunismo europeo, fue influyente y protagónica.

El papa Francisco, en cambio, navega en medio de extrañas contradicciones: a cada rato desciende de la universalidad de su posición a minúsculos combates políticos de un inexplicable provincianismo argentino, al tiempo que no oculta la raíz populista-peronista que el historiador italiano Loris Zanatta reveló no bien fue ungido.

Estos días avaló de un modo desconcertante a la señora Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Mayo y ferviente kirchnerista, que ha degradado una noble causa con su radicalismo y la corrupción de la entidad que dirige. Esa buena señora celebró el atentado contra las Torres Gemelas, en tiempos en que llamaba fascista al entonces cardenal Bergoglio. Cuando éste llegó a Papa la recibió ostentosamente, para que en la puerta vaticana despotricara con violencia contra el presidente Macri, el compatriota electo por su pueblo, al que por entonces había recibido con una frialdad tan notoria que asombró al mundo. El hecho es que ahora, en el mismo instante en que la señora de Bonafini se resistía a acatar un mandato judicial, pudo ella leer una carta de Su Santidad en que le decía: “No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y de quienes la arroja”. La destinataria pudo regodearse comentando en la televisión: “Casi no me compara con nadie...”.

En estos días no ha cosechado muchos aplausos en un Chile que no entendió su actitud ante las situaciones de pedofilia. También es incomprensible que no atendiera un reiterado pedido del presidente electo Sebastián Piñera para un encuentro personal. Hasta sus colegas jesuitas no fueron complacientes con él.

En Perú, país más católico, le fue mejor. Allí trató muy bien al presidente peruano Kuczynski, tan liberal o más que Piñera y en muy malos días por su indulto a Fujimori. Allí, en cambio, fue ideológicamente bien claro: “Se estaba buscando un camino hacia la Patria Grande y de golpe cruzamos hacia un capitalismo liberal inhumano que hace daño a la gente”. En una palabra, con Cristina Kirchner, Correa, Dilma, Evo y Maduro, íbamos hacia la Patria Grande bolivariana que hoy solo sustenta el venezolano… En cambio, habla de un “liberalismo inhumano” que ¿quién sostiene hoy? ¿Acaso el gradualista Macri, que trabajosamente va enderezando a la Argentina con el cuestionamiento de muchos economistas liberales? ¿El traidor Lenín Moreno que ha impedido la monarquía de Correa? ¿Piñera, que ya fue presidente y no desmontó la obra social de los gobiernos de la Concertación?

Su populismo ha sido reiteradamente expresado, cuando se indignaba porque “todo entra dentro del juego de la competitividad”, como si fuera posible superar la pobreza en una economía incomunicada. O abjurando del “mercado libre, la globalización, el crecimiento económico o el consumo”. Por cierto, se ha negado reiteradamente a entender el valor social y democrático del desarrollo de las “clases medias” y hoy por hoy diluye las esperanzas de un mundo, creyente o no, que esperaba reformas éticas que superaran la condenación anacrónica de los divorciados o del uso de anticonceptivos, que ayudan a que la maternidad sea algo querido y no una fatalidad a la que resignarse.

No siendo católico, no incurro en el atrevimiento de mirar al Papa desde esa perspectiva religiosa. Como ciudadano, en cambio, desearía que ayudara a defender la libertad individual, los sistemas democráticos y una economía moderna que —regulada por reparadoras leyes sociales— genere riqueza para poder distribuir. Es desde ese ángulo que lamento que los Gobiernos, aun socialdemócratas, no encuentren esa voz de apoyo para luchar contra la pobreza mediante un real desarrollo, basado en la productividad, bien lejos de la demagogia que condena a los pobres, como ocurre en la doliente Venezuela de hoy.


José Mujica me ganó por abandono

Con ese título, el escritor Miguel Ángel Campodónico publicó en el portal Ecos una columna de opinión en la que declara su desconcierto y decepción ante las volteretas de José Mujica respecto a su candidatura. Campodónico fue autor del bestseller “Mujica”, una biografía que si bien no concedió nada tuvo un entorno admirativo. Transcribimos acá esa nota.

Creo que soy una persona que pertenece a la categoría de los uruguayos medios, sé leer, sé escribir, tengo una aceptable comprensión lectora y observo con atención la realidad de mi país. Por esa razón me siento un ciudadano normal capaz de desentrañar incluso las declaraciones más confusas de los actores políticos En general ha sido así, pero en el caso de José Mujica confieso que la imagen que yo me había formado de mí mismo se ha derrumbado. Con él llegué al límite de mis posibilidades, como no puedo desenredar su madeja verbal tiro la toalla.

En abril de 1999 -dentro de poco hará nada menos que 19 años- publiqué la primera edición de su biografía con el simple título “Mujica”. Se difundió de tal modo que hasta hoy lleva 25 ediciones en el Uruguay y ha sido publicada en Corea del Sur, en México, en Barcelona y en el País Vasco. En ese largo lapso nada de lo que ahí escribí fue desmentido.

Cuando le pregunté si seguiría en la actividad política ya que en 1995 había sido la gran novedad de convertirse en el primer diputado tupamaro me contestó: “Si vuelvo al Palacio Legislativo voy a hacerlo con alguien atrás con el afán de que los que vienen atrás de uno sean quienes se queden con la bandera. Si vuelvo lo hago para eso, para amplificar a alguien. A mi edad es lo único que tiene sentido… Siento que puedo ser mucho más útil en otra cosa, hay mucha gente que podría trabajar mejor que yo en esto, que está mejor dotada culturalmente...”. Después de escucharlo me dije que estaría muy poco tiempo más en la política, actividad que una vez apagado el grabador me aseguró que sentía que no era para él.

Como es sabido no solamente siguió (y sigue) en el Parlamento sino que fue ministro, senador y presidente de la República. En enero pasado –insisto, 19 años después- volvió a tocar el tema siempre presente de su posible candidatura a la presidencia. Fue entonces cuando dijo que tenía que venir otra generación porque él era de un mundo que se iba, aunque lo más desquiciante me resultó que declarara lo siguiente: “Si me sigo quedando estoy trabajando contra la renovación porque siendo un árbol viejo estoy haciendo sombra a los arbolitos nuevos que van a venir. Y si no vienen que se jodan”.

Dejemos de lado ese lamentable final impropio de alguien que ha recibido varios doctorados honoris causa, nos hemos acostumbrado a que se exprese con palabras mucho más groseras.

Lo que importa ahora es lo esencial. De lo que dijo yo deduje, esto es, en 2018, que desde 1999 hasta la fecha nadie “se quedó con la bandera” ni creció ni un solo “arbolito nuevo”, metáforas distintas que no han podido ocultar la realidad de que a José Mujica le encantó continuar en el primer plano de la política. ¿No era que tantos años atrás lo único que tenía sentido a su edad era pasarle la bandera a otro? Sin embargo, hoy con muchos más años de edad vuelve a plantear lo mismo sin banderas pero con arbolitos. Estoy de tal modo enredado en su madeja verbal que estoy sofocado, por eso tiré la toalla. Como si fuera poco además agregó que “tiene que venir otra generación porque soy de un mundo que se va”.

Su verbo es tan enmarañado y vanidoso que sostuvo también hace poco que si presentara su candidatura estaba seguro de que ganaría ya que la “gente humilde, la de la calle” lo presionaba para que lo hiciera, de donde vuelvo a deducir que ganas no le faltan. Claro que para enredarme más todavía con sus hilachas verbales sostuvo que sabía que “hay gente, no mucha, pero muy importante para la economía de este país, que me odia” y que no quería que su candidatura contribuyera a la confrontación.

En ese contexto no me doy cuenta de si pensaba abandonar la política para dejarle la bandera a otro, porque esperaba que creciera un arbolito, porque se consideraba de un mundo que se iba o porque hay quienes lo odian. Se trata de un punto fundamental dado que más allá de los arbolitos, de las banderas, de los odios y de los mundos acabados lo único claro es que hace más de veinte años que se zambulló en la política. Entró al Parlamento en 1995 y sigue tan campante.

Y hoy al parecer –con Mujica nada es claro- en este febrero de 2018 logró desprenderse por fin de las banderas, de los arbolitos, de los odios y de los mundos perimidos lo único que conserva intacta es la mirada en el sillón presidencial. Según el semanario Búsqueda habría sostenido que si se presentara es probable que muriera durante su mandato, de modo que quienes lo promueven le habrían planteado que fuera él mismo quien eligiera a su compañero de fórmula. ¿Y qué habría contestado? Nada de descartar su candidatura, al contrario, que si el FA habilitara eso, ahí cambiaría la cosa y estaría dispuesto a analizarlo. Veinte años de añejas declaraciones confusas y engañosas han quedado atrás. ¿Qué otra cosa podría hacer yo que tirar la toalla y abandonar la posibilidad de entender sus palabras emitidas con el tono sagrado que espera un amén colectivo?


Con Balcedo, fracasaron todos los controles

Las autoridades de Uruguay quedaron en ridículo al saberse que el sindicalista argentino –acusado de lavado y tráfico de armas– ingresó 382 veces al país en los últimos años. ¿Qué hicieron los jerarcas de Aduanas, del Ministerio de Interior y de la Secretaría Antilavado mientras tanto?

El diario Clarín realizó una minuciosa investigación sobre los traslados que el “sindicalista” Marcelo Balcedo realizó entre Argentina y Uruguay en los últimos años. En total entró y salió de Uruguay 382 veces en 10 años. Balcedo utilizó 215 veces el aeropuerto Carlos Curbelo de Punta del Este; y en 122 veces el puerto de Colonia. En 25 ocasiones recurrió al aeropuerto de Carrasco y en 17 al puerto de Montevideo. Además, cruzó a Argentina dos veces a través del puente San Martín de Fray Bentos y una salió a través del Chuy hacia Brasil.

Este formidable despliegue no llamó la atención a las autoridades uruguayas, ni a las de Aduana ni a las del Ministerio de Interior, que recién se despertaron cuando la Justicia argentina reclamó la detención del sospechoso.

Mientras tanto, Balcedo compró bienes inmuebles por cifras muy importantes y llevaba un nivel de vida lujurioso. Su propiedad en Cerro del Burro, en Playa Verde, le salió más de 300.000 dólares. En los años siguientes, en forma directa o través de sociedades anónimas, amplió ese predio con 12 padrones por valores de entre U$S 20 mil y U$S 1,6 millones. Por refacciones y ampliaciones le pagó a un arquitecto U$S 2.899.985.

Utilizaba automóviles de alta gama, muy valiosos, al punto que una Ferrari en su poder cuesta U$S 435.000.

El Fiscal de Maldonado Rodrigo Morosoli calculó que sin contar los millones hallados en su casa y en cofres fort, los egresos de Balcedo y su mujer entre 2008 y 2017 fueron de U$S 14.800.000. Y la pareja no registró actividad remunerada.

Quiere decir que los controles fallaron estrepitosamente. ¿O no fallaron pero hubo complicidades?


El cuento de “la derecha”

Por Luis Hierro López

Otra vez jerarcas del gobierno acuden al pretexto de explicar sus omisiones o delitos por la acción de “la derecha”

Así como lo hizo del ex vicepresidente Sendic, la cesada presidente de Asse doctora Susana Muñiz acusó a “la derecha” por impedirle desarrollar su gestión.

Sendic fue más allá y tejió una trama internacional, que desde Atlanta, Estados Unidos, vendría preparando una embestida contra los gobernantes “populares”, como Lula. Es precisamente a partir de la situación del líder brasileño que desde el país vecino y repitiéndose disciplinadamente por todo el Continente, surgió esta cómoda interpretación de que la acción de la Justicia o el control de la oposición en el parlamento son maniobras desestabilizadoras de “la derecha”, integrada por todos aquellos partidos, ciudadanos y periodistas que osen pensar con su cabeza y criticar a los gobiernos “progresistas”. Y el uso de las comillas está absolutamente justificado, ya que no es progresista robar o dejar que otros roben desde el poder.

La situación es casi risueña, aunque en realidad todo debería generar una tristeza infinita al advertir que jerarcas del gobierno utilizan argumentos tan burdos y falaces con la intención de desviar o confundir la atención de la opinión pública.

En estos casos, en el de Sendic y en el de Muñiz, se hace evidente que las faltas cometidas por esos ex jerarcas fueron tan groseras que ambos terminaron renunciando o siendo cesados no por acción del Parlamento o de ese monstruo de siete cabezas que es la derecha, sino por resolución del propio presidente de la República.

La acusación tiene, además, la característica de que puede convertirse en una verdadera trampa, porque en definitiva si “la derecha” es tan fuerte como para voltear al vicepresidente Sendic o para trabar la gestión de la doctora Muñiz, quiere decir que tiene un poder más grande que el que maneja el propio Frente Amplio, que tiene mayoría parlamentaria y la complicidad de los sindicatos, acumulando una posición nunca antes sustentada por los gobiernos uruguayos en la historia. Si lo que dicen Sendic y Muñiz fuera cierto, el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Mujica y Astori y todo lo que significan y representan, valen muy poco y son prácticamente inservibles…

En términos históricos, el Frente Amplio y particularmente sus partidos comunista y socialista, siempre inventaron enemigos, como la Central de Inteligencia de Estados Unidos, el imperialismo, las grandes empresas y el capital, los patrones. Pero eso fue en tiempos de oposición, con lo que la invención de fantasmas y de confabulaciones podía seducir a más de un iluso. Pero tras trece años de gobierno y con tantas volteretas encima – de la revolución al casamiento con Upm – es ridículo que los involucrados crean que van a maquillar sus deshonras y delitos sacudiendo fantasmas.


Más prebendas

Como si la nefasta experiencia del FONDES —y sus “precuelas”— no hubiera alcanzado, el gobierno se propone dar otro paso en pos de beneficiar a “empresas compañeras” y subsidiar la ineficiencia.

Días pasados, el matutino “El Observador” informó que el gobierno estudia enviar al Parlamento un proyecto de ley para que el 30% de las compras del Estado se adjudique a cooperativas. Y por si esto no fuera suficiente, se incluye que haya un sobreprecio de hasta un 20% por encima de las ofertas de otros posibles proveedores.

Como el lector advertirá fácilmente, si esas ideas terminaran consagrándose en ley, se estaría ante una norma doblemente mala: además de injusta, porque discrimina entre empresas, promotora de ineficiencia, porque ya no importará esforzarse en la calidad del bien o servicio a vender porque se contará con un cliente cautivo y al que se le puede cobrar más caro que la competencia.

En suma, a costa de los contribuyentes —justo en tiempos en que el gasto del Estado debe cuidarse más que nunca a raíz del monumental déficit— se pretende beneficiar a “empresas compañeras”, creadas y a crearse, perjudicando de paso la calidad del gasto. Eso supone destruir riqueza porque subsidiando empresas ineficientes, se afecta la productividad global de la economía.

Una perla más en el collar de disparates gubernamentales que, esté Mujica o esté Vázquez, terminan siendo todos parecidos porque la raíz se encuentra en el Frente Amplio cuyo arsenal de herramientas políticas se reduce a uno solo: gastar más plata de los contribuyentes, pero especialmente en los amigos. Así fue en el FONDES, así fue en ANCAP, así ha sido en ASSE y así será con este proyecto si finalmente se convierte en ley.


Comenzó el autobombo

Antes que el abordaje serio de los graves problemas estructurales que afectan a la Educación, el autobombo que los disimule parece ser la nueva estrategia oficialista en la materia.

La Consejera del Codicen Maestra Elisabeth Ivaldi brindó a “El País” del sábado pasado un amplio reportaje sobre la educación inicial, batiéndose el parche a todo trapo y sin reserva alguna, al punto de afirmar que la “percepción” de ese sector está “muy por encima de los otros niveles” de la educación. Esto último puede ser cierto, pero lo que importa es que da la impresión que comienza la prioridad educativa que anunció el Dr. Vázquez para este año, consistente en salir a hacer el autobombo. No serán nuevos programas ni realizaciones sino intentar demostrar la maravilla que ya tenemos.

Lo que dice sobre la educación de 3 años no está mal. Lo malo es lo que oculta. Porque no dice que la atención de la primera infancia fue una preocupación relevante de los gobiernos democráticos anteriores, como que en 1988 se crearon los centros CAIF, indudable éxito que ahora parece que fueran realizaciones inéditas de la administración frentista.

A ello se agrega la formidable expansión de los programas de educación inicial producida en la segunda presidencia del Dr. Sanguinetti, con el Codicen presidido por Germán Rama. En ese período se alcanzó la universalización de la educación de 5 años y se alcanzó, en la de 4 años, un 93% en Montevideo y un 67% en el interior, superando la meta propuesta por entonces. Para cumplirla se incorporaron 300 aulas y se concretó la construcción de 200 más, de modo que, cuando llegó el Frente Amplio al poder, se habían añadido unas 1000.

Si hoy se puede hablar de la educación inicial de 3 años es porque antes se construyó ese sólido edificio institucional al que hacemos somera referencia.

Otra dimensión que se esconde es la de la calidad de esa educación. No hay evaluaciones pero el primer año de primaria es crítico, en deserciones y en extraedad, lo que merecería por lo menos una palabra de preocupación sobre el nivel en que llegan esos niños.

Nos imaginamos que vendrá luego otro reportaje sobre los Bachilleratos Tecnológicos de UTU, exitosa creación de la reforma de 1995, que se intentará mostrar como logro de la administración presente. Y luego entraremos en el pantano de los fracasos, en los malos resultados del rendimiento escolar, en el desastre de un sistema que nunca tuvo más dinero y nunca cosechó menos. Nos ponemos en alerta para esperar ese intento que vendrá (porque no tiene más remedio el Codicen luego de la promesa del Presidente) y que ya nos estamos imaginando. Con la camiseta puesta, los jerarcas de la educación, exorbitando su función no salen a informar sino a publicitar.

Comenzaron el año y el “tachín-tachín” de la charanga oficialista...


La fractura sigue estando ahí

Por Ope Pasquet

El relato del Frente Amplio desconoce lo ocurrido en febrero de 1973

Al cumplirse otro aniversario del golpe de estado de febrero de 1973, configurado cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a reconocer la autoridad del general Antonio Francese, ministro de Defensa designado por el presidente Juan María Bordaberry, y forzaron su renuncia, reaparecieron en las redes sociales las evocaciones de los hechos de aquellos días y las polémicas consiguientes.

Para el Frente Amplio y el PIT-CNT, la crónica de aquel “febrero amargo” resulta difícil de digerir; no se la puede integrar a ese relato de la historia reciente repleto de falsedades que la izquierda se empeña en instalar y del cual ella emerge, impoluta y heroica, como permanente defensora de la democracia y sus instituciones.

Los hechos, “los tozudos hechos”, no lo permiten. En aquel febrero del 73, ante la irrupción militar, la izquierda política y sindical no salió a denunciarla y enfrentarla, sino que trató de acompañarla, apostando a ser parte de un movimiento que creía orientado a establecer en el país un régimen “progresista”, “antiimperialista” y “antioligárquico”, similar al que el general Velasco Alvarado había impuesto poco tiempo antes en el Perú. “La cuestión no es entre civiles y militares sino entre oligarquía o pueblo”, decía el Partido Comunista, mientras subrayaba, complacido, sus coincidencias con los Comunicados 4 y 7 de los militares. Los demás sectores del Frente compartían, en lo sustancial, las conclusiones de ese análisis y la consiguiente valoración política de la situación. La excepción, se sabe, fue la del Dr. Carlos Quijano, director de Marcha, quien se negó a aceptar el trueque de la institucionalidad democrática por la promesa del golpismo progresista. Es posible que el general Seregni tampoco haya creído en el “peruanismo” de aquellos militares que hasta hacía poco tiempo habían servido a sus órdenes y que él conocía bien; pero Seregni presidía una coalición cuyos miembros componentes pensaban otra cosa, por lo que el discurso que pronunció en el acto del 9 de febrero en 8 de Octubre y Comercio, como presidente del Frente Amplio, respondió a la estrategia de conciliación con los golpistas propiciada por aquéllos.

La CNT, por su parte, no movilizó a nadie para resistir el golpe. Lejos de ello, su dirigencia fue a reunirse con los militares. A la central sindical no le preocupaba la defensa del orden democrático; lo que buscaba era un atajo hacia un gobierno afín con sus ideas, y le pareció que los tanques de la Región 1 que habían salido a la calle eran los vehículos más apropiados para abrir el camino hacia allí.

Todo lo anterior es bien conocido y no es mi intención volver en esta ocasión sobre la crónica de aquellos días. Tampoco me propongo contestarles aquí a quienes, irritados cuando se les recuerda este capítulo de la historia del Frente y no pudiendo negar los hechos de febrero, responden atacando a Juan María Bordaberry y a todos los dirigentes colorados y blancos que de algún modo tuvieron algo que ver con los sucesos de junio de 1973 y lo que vino después. Yo no niego la responsabilidad política de mi partido por la conducta de algunos de sus hombres en aquellos momentos; la he reconocido públicamente y fui insultado y criticado por ello. Pero señalo que por encima de las claudicaciones individuales, que las hubo, el Partido Colorado se pronunció como tal en febrero de 1973 a través de su Convención Nacional, que reclamó “el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes a gobernantes y gobernados…”; y en términos concordantes se expidió el Comité Ejecutivo Nacional colorado, tras la disolución del Parlamento en junio del mismo año.

A lo que quiero referirme, y no sólo para la mejor comprensión de la “historia reciente” sino también para la mejor comprensión política del presente, es a las razones por las cuales la izquierda apoyó, con distintos grados de entusiasmo según partidos, grupos y personas, el golpe de febrero del 73.

Seguramente hubo errores de apreciación de la orientación ideológica de los jefes militares de la época, así como de la relación de fuerzas entre ellos. Algunos habrán pensado que Gregorio Álvarez era “peruanista”; quizás creyeron también que, en una hipotética pugna entre nacionalistas fascistoides de un lado, y “peruanistas” del otro, triunfarían estos últimos. Se equivocaron, evidentemente. La información de la que disponían era insuficiente, o falsa, o fue mal interpretada. Pero esto no es lo más importante.

Lo importante es que, en febrero de 1973, el Frente Amplio pensaba que valía la pena aceptar y apoyar la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, de manera flagrantemente violatoria de la Constitución, si eso hacía posible torcer el rumbo trazado por lo que consideraba que era el gobierno de la oligarquía -pese a que había sido elegido por la ciudadanía en 1971- y conducir al Uruguay hacia transformaciones “progresistas”, “antiimperialistas”, “populares”, etc. No importaban la Constitución, ni el Parlamento, ni la “democracia burguesa”, ni ninguna de sus instituciones; no importaban tampoco las acusaciones de torturas a los detenidos en la “lucha antisubversiva” que ya pesaban sobre las Fuerzas Armadas. Lo que importaba era la lucha por el poder. Para esa lucha se procuraba formar una amplia alianza política y social en la cual eran obviamente bienvenidas las Fuerzas Armadas, cuyo personal provenía principalmente de los sectores populares y cuya oficialidad parecía dispuesta a patear el tablero institucional.

Desde la perspectiva indicada, de claro sesgo marxista, la democracia y las libertades y garantías que hacen parte esencial de ella tenían sólo un valor instrumental: valían como herramienta útil para alcanzar otros fines (o, si se prefiere, como un campo de operaciones más conveniente que otros para el desarrollo de la estrategia revolucionaria). Si aparecía otro instrumento más potente que las instituciones democráticas para avanzar más rápidamente hacia la consecución de esos fines -como un golpe militar, por ejemplo- no había ninguna objeción de principio para su empleo. Por eso apostaron al golpe, sin remordimientos.

El apoyo del Frente Amplio al golpe de febrero no fue el producto del error cometido por algunos dirigentes, actuando a título personal, sino una decisión colectiva fundada en profundas convicciones ideológicas. Este es el meollo del asunto. Al apoyar el golpe de febrero los comunistas no estaban traicionando sus ideas, sino que estaban siendo consecuentes con ellas, aplicándolas a la acción política a partir de una lectura equivocada de la realidad nacional y, específicamente, de la situación militar. Y detrás del Partido Comunista, de sus convicciones y de sus errores, en febrero se alineó el Frente Amplio todo.

Se comprende perfectamente, entonces, que la izquierda no haya estigmatizado a quienes tan mal la guiaron en aquel febrero amargo. No sólo no los estigmatizó, sino que tampoco los relegó discretamente al olvido. Todos los dirigentes de entonces, ya fallecidos, son objeto de periódicas conmemoraciones y homenajes, dentro y fuera del Parlamento. Se reconoce, sí, que la interpretación de la irrupción militar de febrero y la posición adoptada frente a ella fue “un error”, pero nada más que eso; y errar es humano…Lo que no se reconoce es que la disposición a aceptar un golpe de fuerza -sea militar o de otro origen- para imponer un gobierno ideológicamente afín, “peruanista”, “progresista”, “chavista” o lo que fuere, es incompatible con la democracia representativa e implica una radical deslealtad a sus instituciones. Pero se reconozca o no, la incompatibilidad existe y genera hasta hoy una tensión ideológica siempre latente y ocasionalmente manifiesta, tanto entre el Frente Amplio y los partidos de oposición, como en el seno del propio Frente Amplio.

La democracia uruguaya es de las más completas y sólidas del mundo y así se la reconoce; es la tarjeta de presentación del país en el plano internacional y los uruguayos estamos orgullosos de que así sea. Pero por debajo de nuestra institucionalidad prestigiosa hay una antigua fractura ideológica que separa a quienes creemos que no existe otra fuente de legitimidad política que el sufragio libre, entendido como culminación de un proceso democrático cabal (con pluralismo político, libertad de prensa, etc.), de quienes creen que hay también otras fuentes de legitimidad y que apoyar el ejercicio de la acción política en una o en otras, con la consiguiente posibilidad de conflicto entre ellas, depende de las circunstancias.

La fractura quedó expuesta a la luz del día en febrero del 73 y era tan profunda como la distancia que separaba los discursos del senador batllista Amílcar Vasconcellos denunciando el golpe, de los editoriales de El Popular (el diario del Partido Comunista) apoyándolo (“oligarquía o pueblo”).

En el Uruguay de hoy la fractura está disimulada por el hecho de que la fuerza política que ejerce el gobierno con legitimidad democrática, es la misma que tiene en su seno a los partidos y sectores cuya ideología habilita el recurso a las legitimidades alternativas, según las circunstancias.

Ocasionalmente, empero, la fractura vuelve a aparecer. Así sucedió cuando el presidente Mujica acuñó el lema de su presidencia diciendo aquello de que “lo político está por encima de lo jurídico”, en radical negación del Estado de Derecho; lo mismo pasa cuando la mayoría oficialista en el Parlamento vota leyes a sabiendas de que son inconstitucionales, o cuando el gobierno se da el lujo de incumplir fallos judiciales durante años, o cuando se permite la ocupación de los lugares de trabajo por los trabajadores, etc.

En ningún tema queda tan clara la diferencia entre partidarios de la democracia y meros usuarios de ella, como en la cuestión de Venezuela. El régimen presidido por Nicolás Maduro ha ido destruyendo violenta y sistemáticamente las bases de la democracia, viola sin pudor los derechos humanos de los opositores -empezando por el derecho a la vida- y somete al pueblo a la escasez, al hambre, y a la muerte de los enfermos por falta de medicamentos en los hospitales. Los venezolanos huyen por millones y se dispersan por el mundo. En el Frente Amplio, sin embargo, predominan los sectores que apoyan a Maduro. Sólo se entiende ese apoyo desde la lógica de febrero del 73: “oligarquía o pueblo”, a como dé lugar y según su propia definición de uno y otro campo. No han cambiado.

Pasaron 45 años desde aquel febrero. El mundo es otro; el Uruguay es otro. Es inimaginable hoy, entre nosotros, que alguien sueñe siquiera con tomar el poder por la violencia, venga ella de los cuarteles, de la guerrilla o de donde fuere.

El actual consenso en punto a que la única vía admisible de acceso al gobierno es la electoral no le quita importancia, empero, a la fractura ideológica señalada. Porque es posible que en las elecciones de 2019 triunfe alguno de los partidos que hoy están en la oposición, y que logre formar una coalición mayoritaria en el Parlamento. Si así sucediere, reaparecerá el conflicto entre quienes crean que por haber ganado las elecciones tienen derecho a gobernar, y quienes llamen a la “resistencia” y opongan todas las trabas posibles al ejercicio de las atribuciones del gobierno, pretendiendo legitimar su proceder con la invocación de su autoasignada condición de auténticos representantes de los intereses populares, a pesar del resultado electoral.

No es difícil imaginar otras situaciones políticas potencialmente conflictivas. Si el Frente Amplio vuelve a ganar en el 2019, pero sin mayoría parlamentaria propia y con los consiguientes problemas de gobernabilidad, habrá quienes digan que “el gobierno popular” no puede realizar su programa a causa del bloqueo de “la derecha”. Veremos al Palacio Legislativo frecuentemente rodeado por manifestaciones sindicales y estudiantiles y habrá momentos de tensión institucional.

No nos hagamos trampas al solitario, pues. La fractura ideológica que se manifestó en febrero de 1973 sigue existiendo en el Uruguay. Con ella, y con los problemas y peligros que ella trae consigo, hemos de seguir conviviendo.


El boleto de Montevideo es de los más caros de América Latina

El boleto pagado en efectivo a 36 pesos es, pese a los subsidios que recibe, el segundo más caro de América Latina, tras el precio del transporte público en Brasil y muy por encima de las tarifas en Chile, Colombia, México y Argentina

Según el semanario Búsqueda el precio del boleto montevideano cuando se le paga al contado es uno de los más altos de América Latina, pese a los enormes subsidios que recibe. Sólo es más alto el boleto en Brasil, pero Montevideo tiene precios más altos que Chile, Costa Rica, Colombia, Perú, México, Argentina, Bolivia y Ecuador.

La comparación que hizo el semanario no tiene en cuenta el precio rebajado de la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano, pero en cambio señala que “desde los $ 24 que valía el boleto cuando asumió el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a los $ 36 que vale hoy en día hay un aumento del 50%, cuando durante la campaña electoral en 2015 por el máximo cargo del palacio municipal capitalino, Martínez declaró que “con algunas medidas, el boleto va a bajar”.

También se informa que los precios de las ciudades europeas y norteamericanas están por arriba de la tarifa montevideana.

La nota de Búsqueda también informa sobre el subsidio que beneficia a los montevideanos. “En Uruguay la discusión sobre el subsidio al boleto se reavivó la semana pasada en el Parlamento ya que en la sesión del miércoles 7, en la cual se aprobaron las medidas paliativas para ayudar a ciertos sectores agropecuarios, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que “el productor se cansó de pagar el gasoil más caro para pagar la fiesta de Ancap, de pagar el subsidio del transporte de Montevideo”.

“En los últimos 10 años llevan transferidos al Fideicomiso (de Transporte Colectivo) US$ 900 millones”, aseguró.

En referencia al mismo fideicomiso, que fue puesto en marcha en 2006, el Partido Nacional hizo públicas el 29 de enero un conjunto de medidas para bajar los costos de producción, de las cuales la primera apuntaba a la modificación de ese fideicomiso. El documento dice que “aunque el objetivo de promover y abaratar el transporte público resulta totalmente compartible, no parece adecuado que la financiación la hagan los consumidores de gasoil, que básicamente es el sector productivo”.

En la actualidad, por cada litro de gasoil consumido se destinan $ 3,70 al fideicomiso, que la intendencia utiliza para subsidiar principalmente el precio de boletos de estudiantes y jubilados, pero también del público en general.”


Competitividad y eufemismos dilatorios

Por Tomás Laguna

La movida de los primeros días del año, la amplia adhesión lograda a lo largo y ancho del país a la Asamblea de Durazno del 23 de enero, y finalmente la constitución del movimiento “Un solo Uruguay” lograron su definitiva respuesta desde el Gobierno, la convocatoria a una “Mesa de Trabajo”.

El término utilizado, “Mesa de Trabajo”, no es más que un eufemismo para lo que en términos corrientes suele llamarse una “Comisión”. Entre los varios significados que le da la Real Academia corresponde aquel que dice “Conjunto de personas encargadas por una corporación o autoridad para entender en algún asunto”. Solo que el término está en si desgastado por la ineficacia y frustración que estas instancias tienen en la necesaria búsqueda de una solución a un determinado problema. En buen criollo, crear comisiones ante una circunstancia difícil de resolver es el mejor ejemplo de inoperancia.

En el caso que nos ocupa, el eufemismo (“Mesa de Trabajo”) cumple con su función. Expresa en términos 'políticamente correctos' algo socialmente aceptado, que está bien visto por la ciudadanía: ante un conflicto crear una mesa de diálogo. Pero si la tal Mesa de Trabajo la llamamos por lo que es, una “comisión” (conjunto de personas encargadas de entender en un asunto específico) entonces la credibilidad del instrumento se pierde totalmente.

Hay antecedentes no muy lejanos en esta estrategia de patear la pelota a la tribuna cuando no hay capacidad de respuesta en la cancha. Cuando aún se disfrutaban las mieles del agro negocio de exportación, otoño del 2012, las gremiales del transporte de carga solicitaron al MTOP que no otorgara nuevos permisos de fletes. Justificándose en los altos costos pretendían lisa y llanamente regular el mercado evitando la reducción en las tarifas como consecuencia de una mayor oferta de medios de transporte. ¿Qué hizo el gobierno? Se integró la Mesa Sectorial del Transporte con transportistas, gremiales rurales, importadores de camiones y técnicos del MGAP, MEF, y MTOP. En abril de aquel año los Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía instituyeron con grandilocuencia la tal “Mesa” con el cometido de que en 6 sesiones se lograra “identificar los problemas y sugerir soluciones para el sector, articular las políticas del transporte y tomar medidas necesarias para el mejor desarrollo del mismo” (sic). La agenda incluía la renovación de flota, la eficiencia energética y finalmente transporte y logística de la producción. Se realizaron las 6 reuniones y también otras en grupos reducidos. El resultado de aquella mesa, sus decisiones, sus consecuencias aún las estamos esperando. El mismo problema persiste hoy, agravado porque la carga transportada vale mucho menos que hace 6 años y los problemas del costo del transporte se incrementaron en lugar de solucionarse (recordar el virulento conflicto con los transportistas hace un año atrás al momento de iniciarse la cosecha de arroz).

Cuando aquellas sesiones de la Mesa Sectorial del Transporte decíamos desde estas páginas que hubiera sido más efectivo y concreto que el señor Ministro de Transporte junto a su par de Economía elaboraran un portafolio de políticas que hicieran competitivo el transporte de los productos del país, y recién entonces convocar a los sectores involucrados como medio de validación de las medidas sugeridas. Pero se invirtieron los roles y se pretendió que los actores de la economía sugirieran al gobierno lo que había que hacer.

La “Mesa de Trabajo” que se constituye este próximo lunes no es muy diferente a aquel frustrante ejercicio del año 2012. Con la diferencia de que lo que está en cuestión es extremadamente más complejo que la viabilidad del transporte carretero de carga. Se trata de la viabilidad de la producción nacional. El movimiento de auto – convocados, en una estratégica comunión con las gremiales rurales, llevará a esta comisión sus postulados, los que consideran innegociables. Hay reclamos puntuales (tarifas públicas) pero otros que afectan a la política económica de gobierno, caso de la exigencia de una ley de regulación fiscal o bien revertir el llamado atraso cambiario (causa y efecto de un mismo problema). Desde el otro lado de la Mesa el equipo económico, no exento de arrogancia, les rezará un rosario de argumentos por el cual no es posible atender ninguna de estas exigencias. Como contrapartida es muy seguro que el Poder Ejecutivo sugiera ir a la discusión de medidas puntuales por rubros y estamentos productivos, procurando de ese modo diluir la magnitud de los planteos con soluciones parciales, a la vez de intentar dividir al oponente según los intereses particulares de cada uno. Si, como lo han manifestado los líderes de #Un Solo Uruguay, no se aceptará otra discusión que no sean sus postulados globales, acá se terminaría la vida útil de la “Mesa de Trabajo”. Se reciben apuestas de cuantas sesiones durará…

La “Mesa de Trabajo” tiene otro vicio de forma en sí misma. Los actores de la economía, los ciudadanos, pueden reclamarle al gobierno por mejores condiciones para ser competitivos, pero no el cómo hacerlo. La responsabilidad de encontrar las soluciones, esto es de gobernar, es del Gobierno. Porque gobernar es un delicado arte dónde se prioriza el bien general sobre el particular, afectando intereses al hacerlo. El Gobierno sabe de sobra cuales son los problemas de la producción nacional (en todos sus rubros, no solo el agro), sabe también cuáles son los ajustes para solucionarlos, no necesita para ello de Mesas de Trabajo. Nada lograrán de estas salvo ruido político que luego la izquierda sabe de sobra como usar aviesamente para su eterna estrategia de confrontación social.

Tal cual las cosas, no pasará mucho tiempo antes que los tractores y cuanto implemento de trabajo haya estén de nuevo al costado de las rutas nacionales. Porque lo que está en juego es el modelo país, y para modificarlo faltan 2 años...


Los pretextos de Bonomi

El hábil declarante que es el Ministro de Interior no convence con sus estadísticas e invenciones ni siquiera a frenteamplistas

Rafael Paternain, senador suplente del Frente Amplio, no es un legislador más dentro de la bancada oficialista. Es sociólogo y en tal virtud fue director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio de Interior, cargo al que renunció, en una actitud honorable, cuando el ministro Bonomi quiso cambiar por su cuenta los criterios de medición del delito.

Por ese antecedente, los frenteamplistas y especialmente el ministro Bonomi deben prestar atención a las opiniones de Paternain, ya que ha demostrado independencia de criterio y de conducta.

Ahora ha dicho que las últimas explicaciones –pretextos, más bien– del secretario de Estado respecto al alza del delito son equivocadas e injustificadas. Hace pocos días y ante la evidencia de un auge delictivo importante –ese que los montevideanos sentimos todas las noches sin necesidad de recurrir a estadísticas– el Ministro explicó que la liberación de presos por la Suprema Corte de Justicia y el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal eran las causales del incremento de las rapiñas, asesinatos y asaltos.
Lo de la liberación de presos fue desmentido de inmediato, ya que la Suprema Corte de Justicia documento que ninguna de las personas a quienes se les había otorgado la libertad anticipada había cometido nuevos delitos. Y lo del Código fue respondido por varios expertos, que sostuvieron que es imposible sacar una conclusión a apenas dos meses de vigencia de la nueva legislación.

A esas opiniones se suma el punto de vista de Paternain, quien sostuvo que tampoco se pueden sacar conclusiones tan rápidamente. “Cuando se analizan las tendencias de las denuncias es bastante temerario atribuirlo a un solo factor. Hay que poder demostrar que eso es así. Lo que puede pasar es una especie de sincronía, una correspondencia temporal, lo que no quiere decir que haya una coincidencia causal”, dijo.

Agregó el experto que “da la sensación de que en el último cuatrimestre los hurtos, y en particular las rapiñas, recuperaron las tendencias que tenían con anterioridad a la aplicación del Programa de Alta Dedicación Operativa [Pado]”. El 11 de abril de 2016 comenzó la implementación del Pado por las jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, San José y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana y a ese sistema de patrullaje se le atribuye el éxito de la disminución de las rapiñas que estuvo, entre 2016 y 2017, en el entorno del 7% de las denuncias.

Pero, según Paternain, “puede haber un efecto de saturación o una especie de meseta y de declive en los efectos positivos del Pado como estrategia de gestión policial”.

Es decir que no sólo se confirma que han subido las rapiñas y los asaltos sino que, de acuerdo a la afirmación de Paternain y dada la saturación del Pado, esa tendencia al incremento va a sostenerse en los meses próximos.

¿Qué nuevo pretexto tendrá a mano el Ministro Bonomi para entonces?


Silencio cómplice

Por Julio Aguiar Carrasco

La situación de Venezuela es insostenible y hay una reiterada violación de los derechos humanos y cívicos, pero el gobierno y el Frente Amplio mantienen un ominoso silencio.

El debate hace rato que ya no tiene sentido. Venezuela es un narco régimen, es decir, una dictadura corrupta, respaldada por los mandos de una institución militar latente, que vive asociada al narcotráfico internacional.

El atropello institucional no deja dudas. Maduro borró de la faz de la tierra al mismísimo Parlamento y a la Suprema Corte de Justicia dando, escalonadamente, un verdadero golpe de Estado, disfrazando todo con una áurea democrática.

Este dictadorzuelo tiene las manos manchadas de sangre y las celdas llenas con presos políticos sin proceso.

El propio Noam Chomsky, profesor emérito del MIT en los Estados Unidos, referente de las izquierdas latinoamericanas, acaba de decir “que el gobierno de Maduro es un desastre. La corrupción y el robo han sido extremo…tuvieron una bonanza temporal y siguieron un modelo dañino. Para colmo la corrupción ha sido enorme”.

La Corte Penal Internacional investigaría a Maduro por la represión del año pasado, en donde murieron 150 personas.


La CIDH rechaza las elecciones convocadas a dedo para abril de este año, por falta de garantías.

Para peor, en el 2017, la inflación superó los 2.000%. Para el 2018 se esperan cifras impresionantes.

El dólar se disparó y el descenso del PBI en el 2016 fue del 18%, mucho mayor que la producida en la Argentina en el 2002.

La Reservas han bajado a niveles alarmantes, 10.4 millones de dólares, una cifra que no se recuerda desde 1995.

Proscripciones, carestía, falta de medicamentos y atención médica, crisis política, pretorianos que andan por las calles con impunidad para matar, censura a los medios, mentiras, agravios, etc.

El dictador venezolano parecería ser un hombre muy limitado. Sus horrores y carencias terminan creando ahora un verdadero drama humanitario, que se extiende a toda América.

Miles de personas emigran. 30.000 venezolanos han salido de su país hacia el Brasil, a Roraima, un Estado fronterizo muy pobre, por lo que la situación es caótica. Se esperan muchos miles más en los próximos días.

La emigración hacia Colombia es terrible. Se calculan que 600 mil venezolanos han pasado la frontera, lo que ha llevado al presidente Santos a tomar algunas medidas, dado que Colombia no está capacitada para recibir a tanta gente y su situación económica no es buena.

¿Qué dice Maduro de este drama que él mismo creó? Nada. Es más, esta migración le viene bien porque distrae la atención de todos los problemas que tiene y además toda esta gente ciertamente no lo iba a votar.

¿Cómo alguien puede creer que en este ambiente se pueden desarrollar elecciones libres en abril, con las garantías necesarias, en una fecha puesta a dedo por Maduro?

Estos populismos de izquierda han fracasado en nuestro Continente porque, sintiéndose ser el Estado mismo, pretenden quedarse en el poder más allá de lo razonable: enceguecidos y censurables desde lo ético a lo pragmático.

¿Porque entonces el Frente Amplio sigue defendiendo al régimen venezolano? La izquierda latinoamericana no tiene discurso, lo perdió: inclusive, algunas máximas han quedado de lado, como “el que se corrompe no es de izquierda”.

El Frente Amplio desnuda sus contradicciones cada vez que hay que discutir temas como el de Venezuela. En su intimidad, el Canciller Sr. Nin Novoa piensa mucho más parecido a los otros partidos que a Mujica, pero las condiciones de creación y vigencia del Frente Amplio le impiden discrepar más allá de un límite.

Con su silencio, el gobierno uruguayo es también responsable por lo que pasa en Venezuela. Los que defienden la actual dictadura no lo hacen por temas ideológicos, sino simplemente para que los populismos no pierdan más terreno. Es un tema de intereses políticos, de poder estratégico, Cuba mediante, con lo cual los Derechos Humanos quedan relegados a segundo plano. ¡Lo impone el relato!

El Uruguay tiene una historia libertaria y republicana que debe defender. ¿Dónde está la famosa solidaridad continental? Para el Frente Amplio, con el dictador Maduro. ¡Está todo dicho!


¿Queremos turistas?

Por Jorge Ciasullo

El título refiere a la pregunta que nos hacemos cuando vemos que, tanto desde los ministerios involucrados como desde el sector privado, sea por inacción (seguridad; estado de las rutas; precios de los combustibles; largas filas en los pasos fronterizos) opor acción (precios abusivos) parecería que queremos que vengan sí, pero hacemos lo posible para que no vuelvan.

Los datos preliminares relacionados con la temporada turística son realmente auspiciosos, en forma sostenida, nuestro país ha venido creciendo en turismo receptivo, registrándose el pasado año la afluencia de 4 millones 200 mil turistas.

El origen de ellos es principalmente Argentina y Brasil. De Argentina en el año 2017 ingresaron 2.700.000 turistas, mientras que de Brasil fueron 504.000. Luego se suman otras nacionalidades, principalmente de la región (Chile- Paraguay-México) y también de cruceros, que se estima llegarán, en esta temporada, casi200, con miles de pasajeros cada uno de ellos.

Concretamente, en enero ingresaron 614.766 turistas -8% más que en el mismo mes de 2017- pero gastaron un 12,1% menos. Mientras que 168.000 uruguayos se trasladaron al exterior, incrementando su gasto de 700 dólares por persona en enero de 2017 a 1000 dólares por persona en el mismo mes del año que transcurre.

Ante este panorama exitoso,tanto el Ministerio de Turismo, como el sector privado se atribuyen el resultado. Así, desde el ministerio de Turismo se auto proclaman responsables por la extraordinaria promoción internacional realizada y por los incentivos fiscales, todo muy difícil de comprobar.

En todo caso, creemos que Uruguay se ha visto favorecido por un regalo de la naturaleza, tanto en el litoral como en el este, por lo que debemos cuidar los servicios que ofrecemos y promocionamos, no siempre acordes con la realidad, fundamentalmente en cuanto a los precios por los servicios que se ofrecen. Debe tenerse en cuenta que, internet mediante, el probable turista puede informarse de los precios relativos y comparar, siendo particularmente sensible a evolución de los mismos.

En cuanto al Estado, la seguridad ha sido siempre un atractivo para decidir vacacionar en Uruguay, fundamentalmente para argentinos y brasileños. La reciente advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre recomendaciones a sus ciudadanos que estén programando viajar al Uruguay, puede hacer mucho daño, no ya solamentea ciudadanos de aquél país, sino a visitantes procedentes de Europa y Asia.

Con respecto a argentinos y brasileños, han manifestado su disconformidad con los precios de hospedaje y restaurantes y con la falta de cajeros automáticos o, si los hay, sin reposición adecuada de efectivo.

Por último y no menos importante,cabe mencionar como dato negativo las largas filas en los peajes al finalizar feriados coincidentes con nuestros vecinos. Algo intolerable justamente por lo previsible. La prensa de estos días informa que se formaron filas de 8 kilómetros y de 4 horas mínimo de espera al sol, ensu mayoría familias con niños en el puente General San Martín .Si bien ese “retorno” era competencia de controladores argentinos, no parece tan difícil que las autoridades respectivas coordinen un trabajo conjunto para evitar esa molestia. Obviamente nos olvidamos del “libre tránsito de personas y mercaderías” propuesto ilusoriamente por los tratados y acuerdos del Mercosur.

Lo mismo ocurrió en el peaje Garzón en la Ruta 9, que cuenta desde que se instaló con tres sendas que a todas luces no dan abasto. En este pasado feriado, la fila la de vehículos alcanzó 4 Km. de largo. Nadie recuerda, al parecer , que hay una disposición que establece que cuando la fila supere los 500 metros debe liberarse la pasada de vehículos. Claro, se pierde recaudación.

En definitiva,creemos que será sumamente satisfactorio el resultado turístico de esta temporada, pero creemos que hay que cuidar y mejoraren estos y otros aspectos para que vuelvan, algo que parece no percibirse.


La langosta estatal carnavalesca

Por Jorge Bentos

La voracidad fiscal es insaciable.

La langosta es un insecto al que desde la antigüedad es considerada, entre otras cosas, una plaga debido a que devora todos los plantíos, incluyendo los alimentos provenientes del trabajo de la tierra. La foto que acompaña esta nota es la que puede ser presentada en este tiempo de carnaval como la propia imagen de nuestro actual gobierno.

Aun en carnaval se demuestra que esta “langosta”, a la que ya estamos mal acostumbrados a tolerar, no tiene fin en su apetito y en su falta de real trabajo para conseguir el fruto de la comida: solo destruye, aun la propia industrial del agro, con tal de saciar parcialmente su euforia de “sacar al pueblo para dar de comer a su inoperancia”.

Pero no solo hablemos del agro y del pésimo momento que atraviesa, momento histórico éste en que es acompañada por la gran ciudadanía. Podemos hablar de mil cosas de esta especie de plaga que hemos creado con una inocencia pura al votar por los que nos “bobiernan”: si “bobiernan” y no gobiernan.

Y es así que aun las malas acciones como es legalizar la venta de cannabis les falla no pudiendo siquiera malabastecer a las pocas bocas legales de venta. Eso sí, la droga se consigue en un mercado negro al que le es imposible combatir. Ni esa le sale. Por eso esta nota pequeña pero más que clara, es para sumarse a ese “nunca más” y “no va más” que gritan ahogadamente los ciudadanos pensantes, aquellos que “la tienen clara” y entre los que humildemente me sumo.

Este Uruguay, bajo una plaga de langosta que no permite producir, que lo que se produce se lo engulle y que, en definitiva, a quien intenta producir se lo combate con una batería de impuestos y la mala gestión estatal, incluyendo caminos no aptos para poder trasladar la mercadería agraria. Basta dar una vuelta por el país en este carnaval para ver el real estado de nuestras rutas.

La langosta es un término carnavalesco para decirle a este gobierno que deje de ahogar a quienes producen.

Quizás la “langosta” debería ser combatida ya desde la base popular.


La política en tiempos de “bots” y de “trolls”

La comunicación política enfrenta los desafíos de las redes sociales y de una actitud prescindente de los ciudadanos. El experto Mario Riorda, de la Universidad Austral de Buenos Aires, publicó un análisis que es interesante reproducir.

Seguramente habrá decenas de grandes temas que modelarán la agenda política en el 2018. Y como la comunicación es el modo en que la política se hace pública, seguramente todos tendrán algún tipo de impacto. Sin embargo, elegí siete que, creo, son parte de tendencias que empiezan a cristalizarse cada vez con más fuerza y que en este año veremos en el centro de la escena a diario.

1. Comunicación tribal

Los rasgos identitarios de personas y grupos se superponen incluso a normas democráticas. La palabra cohesión suena difícil como definición identitaria del ser nacional. ¿Qué es ser argentino, mexicano, chileno o español? Fácil es serlo pero difícil afirmarlo en valores. Al igual que en muchos lugares de América Latina (lo voy preguntando en el documental “En el Nombre del Pueblo” a lo largo de 10 países) la pertenencia se define más por cuestiones deportivas, musicales o culinarias, que por una descripción social en base a valores. Existe la idea de nación sin saber qué nación.

Y este desconcierto refleja una fragmentación inusitada. La ciencia política anglosajona define a esto como tribalismo. Un síntoma dado en la idea de que la lealtad a las pasiones es más fuerte que la lealtad a las normas comunes.

Creen en la democracia, pero sus intereses se meten en el medio... Creen en la idea de una nación, pero sus intereses se meten en el medio...

Esto produce algo así como una erosión de normas del consenso democrático. Justifican la violencia por la defensa de la identidad. Justifican secesiones por identidades, o también por no sentirse identificado frente a lo otro.

Y encima aparece el miedo. Miedo a los temas clásicos de la agenda pública: al desempleo, a la inseguridad, a la inflación, al pasado, al futuro. El compromiso de clase es puesto en duda, aún en regiones con mayor desarrollo económico y social: dos tercios de los ciudadanos en EEUU y Europa afirman que sus hijos estarán peor que lo que ellos están.

Y miedo también a que exista una supremacía de normas morales opuestas al modo de pensar de cada uno. En este contexto, la pretensión de gobiernos que satisfagan a mayorías es bien difícil de concretarse. Timur Kuran afirma que en los ciudadanos es menor el riesgo de pérdida de confianza en el gobierno que el de la pérdida de confianza en el otro. Se gestan comunidades intolerantes. Mundos identitarios aislados sin conexión unos de otros salvo para diferenciarse

2. Las visiones pesimistas predominan

En la comunicación social de base, desde la ciudadanía, el pesimismo gana. Rabia, rebeldía, dolor, angustia me respondía un entrevistado en una favela brasilera ante la pregunta del sentimiento para con la política. Pero curiosamente ese pensamiento me lo transmitió una joven de alta condición socioeconómica en Leblón en Río de Janeiro. Hay transversalidad del descontento.

Por ejemplo, durante siete años desde 2002 al 2009 la aprobación de gobierno en promedio aumentó de 36% a 60% para los 18 presidentes latinoamericanos. A partir de 2010, comienza a bajar. En 2013, baja por cuarto año consecutivo alcanzando 49%. En el año 2009 había 12 gobiernos con más del 50% y ocho de ellos tenían aprobación más del 60%. Eso ha quedado reducido a la mitad en 2013 según datos del Informe Latinobarómetro. Hoy, es una excepción que un mandatario en toda América Latina tenga diferencial positivo, es decir, más imagen positiva que negativa.

El sentimiento mayor sin duda alguna es impotencia, muchas veces expresada como desafección, lo que implica el deterioro de los niveles de confianza ciudadana que representa situaciones de desapego, de rechazo violento (se habla de violencia moral pero no se descarta la violencia física) para con el sistema político y sus líderes. Mucho apoyo a un gobierno es por el rechazo mayor que genera el anterior.

3. Nuevo teatro de operaciones para viejos oponentes

La tensión entre la ética y la efectividad se da en un contexto de actuación novedoso: el triángulo formado por los ataques o la acción desvirtuadora de bots (usuarios que tienen cuentas paralelas) y trolls ( usuarios que agravian desde el anonimato) en uno de sus vértices; por la necesidad (?) de la defensa ante esos ataques o acciones desvirtuadoras por parte de la política, en especial de los gobiernos en el otro; y el dilema ético de actuar con las mismas herramientas que el atacante como tercer componente.

El 64% de los votantes norteamericanos manifestó plena confusión con las fake news en redes durante la última campaña, según describe el Pew Research Center. Es decir, información básica para decidir.

El 32% del tráfico de Twitter en Brexit fueron bots, preferentemente desde 10 cuentas. Según Marco Bastos y Dan Mercea, de 794,949 solo 30.122 estaban en el Reino Unido.

Las cascadas de contenidos de usuarios activos frente a bots llegan a la generación de debates digitales entre 1,5 a 2 horas más tarde. Es decir, cuando el encuadre del contenido ya está dado.

¿Qué hace un gobierno frente a eso? ¿Qué hace un actor particular o partido en temas de pública incumbencia? También vale al revés: ¿qué hace un opositor cuándo es un gobierno el que realiza esto?, o ¿qué hace un ciudadano?...

4. Las crisis agobian cada vez más

Se habla de "crisis" cuando los responsables políticos experimentan una amenaza seria para las estructuras básicas o los valores y las normas fundamentales de un sistema que, bajo presión del tiempo y en circunstancias muy inciertas, hace necesario que se adopten decisiones vitales afirma Arjen Boin junto a colegas especializados. La gestión comunicacional de una crisis impone el desafío de operar con paradigmas disruptivamente nuevos y bajo presión. Lo cual es muy diferente a operar con las reglas de juego conocidas y con tiempos habituales. Cuando los responsables políticos responden bien a una crisis, el daño es limitado; cuando fallan, el impacto de la crisis aumenta.

Una crisis es siempre una crisis comunicacional. Y para colmo, para la política en general y los gobiernos en particular, su altísimo nivel de exposición y, por ser, en última instancia, articuladores finales de todos los conflictos sociales e individuales, son un tipo de organización “crisis–propensa”. Si bien desde el sector privado gran parte de la recomendación de gestión de crisis esté asociada con la prevención, esto es mucho más difícil de lograr en instituciones con un rango de riesgo de 360 grados.

En una crisis se espera que los líderes reduzcan la incertidumbre y proporcionen una narración autorizada acerca de qué está pasando, por qué está sucediendo y qué es necesario hacer. Como afirma Luciano Elizalde, es una situación que implica la pérdida de poder relativo de aquellos que se encuentran implicados. Alguien está perdiendo legitimidad. Y lo hace sorprendido y en corto tiempo. Y no sólo ello, la multimedialidad, en particular el acontecer digital complica de maneras inimaginadas la gestión de las crisis. En el caso del submarino Ara San Juan, el vocero de la Armada debía negar en cada reporte rumores generados en las redes.

No sólo rumores. La unidad de comando en crisis es algo difícil de lograr, y con redes mucho más. Los organismos gubernamentales hacen todo lo posible por no mentir abiertamente, pero por lo general se creen con derecho a decir cosas engañosas, especialmente cuando intentan tranquilizar a la población durante una crisis. ¿Quién tuvo un papel destacado en la comunicación? El vocero, Enrique Balbi. En segundo término la Armada. La política no ranquea dentro de quienes comunicaron bien en la crisis, nos aporta Gustavo Córdoba & Asociados en una encuesta nacional a fines de 2017.

5. También hay algún periodismo postverdadero

Gran parte de la agenda diaria de la política está conformada por rituales. El poder de los medios de comunicación no ha hecho caer en desuso a ninguno de los rituales más tradicionales del repertorio republicano. Ni los ritos de consenso, ni los ritos de enfrentamientos, pero los ha transformado profundamente en sus prácticas pregona Marc Abeles.

En una abundancia de medios sin igual, hay más canales, más opciones, menos dependencia de un único centro y de agendas de medios complejos (multimedios). La proporción de cambio (la respuesta ciudadana en función de la oferta política, incluyendo a la periodística) estaba en función del contenido recibido. Hoy ha desaparecido esa proporcionalidad.

También hay un gran cambio en el régimen discursivo que orienta la comunicación política hacia la popularización, y el periodismo, con más competencia que nunca, también intenta ser popular. A cualquier precio. Lenguajes que rompen el límite entre lo político y lo no político. La política desde el periodismo es visibilizada atractiva en cuanto genere escándalos.

¿Qué es el interés público? Muchas veces el periodismo suele proponerse como actor responsable para aportar a sus respuestas, no sin batallar frente a los atajos del facilismo y la generalización política. El periodismo de ideas (partidario, ideológico) según define Silvio Waisbord, tapa recurrentemente al periodismo profesional (sustentado en la idea de la equidistancia neutralidad y bien público).

Y en comunicación política, mal que a la democracia le pese, lo verosímil suele tener el mismo efecto que lo verdadero. El riesgo de ello es enorme, porque algo puede parecer verdad y no ser necesariamente verdadero. Aun así, el efecto persuasivo será el mismo. Curiosamente, mientras más audaz es la ficción, más capaz parece de captar la atención y de desarrollar su propio impulso intelectual.

6. Si cruzás, no hay perdón

Hay conciencia. O mejor dicho nuevas conciencias sociales sobre temas de larga data. Sin duda alguna todo lo relacionado a las cuestiones del equilibrio de género ocupan el centro de la escena. La tesis de Chimamanda Ngozi Adichie “Todos deberíamos ser feministas” parece cobrar más fuerza cada día. Ya no sólo el machismo, sino lo que se conoce como micromachismo (machismo al fin pero disfrazado de cotidianeidad) empieza a tomar estado público como una conciencia social que pareciera no tener vuelta atrás.

La política (o todo lo público en verdad) está atento a no caer en viejos estereotipos. Sexismo, clasismo y varios "ismos" son hoy objeto de polémica, de debates y también de humillaciones públicas. Se estigmatiza al que estigmatiza. Hay actos de justicia pública con quien no entiende que los tiempos han cambiado. En algunos temas hay cercanías con la unanimidad, en otros pura disputa. Pero no hay perdón para el que cruza los límites que la nueva agenda pública recomienda no cruzar...

7. Industria #compol multitodo

Hay responsables de estudios (encuestas y grupos de enfoques) que sacian la “sondomanía” –manía por los sondeos– que la política y los medios tienen. Hay politólogos que analizan los sistemas electorales; redactores y entrenadores de discursos; responsables de la creatividad y el diseño; actores que entrenan a políticos; directores que dirigen spots; psicólogos que interpretan comportamientos. Hay quienes diseñan estrategias de relaciones con la prensa o de publicidad alternativa; quienes planifican los nuevos desembarcos políticos en el novedoso mundo digital que implica nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevos lenguajes, nuevos mecanismos de pautado, segmentación infinita a través precisamente la microsegmentación. Programadores de apps y analistas de big data y una larga lista de etcéteras.

La industria de la comunicación política se agranda y además exige trabajo a tiempo real ante la capacidad ilimitada de circulación de contenidos y la no centralidad de territorios (todos hablan de cualquier tema y en cualquier lugar, sin límites ni fronteras). La #compol no para de crecer.

Y más profesionalización también aumenta el nivel de las presiones, la calidad de la exposición pública de la política y obviamente sus costos. Abundancia, celeridad, riqueza de contenidos, respuestas instantáneas y mensajes redundantes son conceptos que representan una constante entre tanto vértigo.


El lobby de las armas puede más

Pese a las miles de muertes en colegios y espacios públicos, Estados Unidos no puede limitar el uso de las armas de fuego, según interpreta el profesor Eric Baum de la Universidad de Suffolk, en esta nota que nos interesa divulgar

El pasado 1 de octubre desde la planta 32 de su hotel en Las Vegas, un hombre con armas automáticas perpetró una matanza de 58 personas en el espacio de 10 minutos. Fue el peor asesinato en masa en la historia de EE UU, pero puesto que todos los años hay tantos incidentes similares, a nadie nos ha cogido por sorpresa. Estamos acostumbrados a ver las noticias casi semanales de tiroteos en colegios –17 víctimas más en un colegio de Florida ayer– restaurantes u oficinas de trabajo.

Lo que pasan inadvertidas son las tragedias cotidianas en que un niño dispara contra su hermano con la escopeta de su padre, o el repentino suicidio de un vecino con un arma de fuego. De los aproximadamente 32.000 muertos por disparos anuales en EE UU, más de 20.000 son suicidios. 32.000 muertos en total. La cifra proporcional en España sería 4.500 muertos por año, o casi cuatro veces el número de fallecidos en accidentes de tráfico en 2016.

¿Dónde está la indignación? ¿Por qué sigue permitida la posesión de millones de armas, incluidas las armas automáticas? ¿Por qué casi todos los esfuerzos de controlar las ventas de armas están destinados a fracasar en EE UU?

La indignación sí existe, y se expresa en la prensa y la televisión después de cada asesinato en masa. Pero lo que sostiene la situación actual es la férrea convicción de millones de ciudadanos sobre la necesidad de guardar armas en sus casas. La opinión pública sobre el derecho constitucional de tener armas de fuego está en este caso muy dividida, con el resultado de que no existe ningún consenso político que aporte un cambio importante en las leyes. El giro radical que tomó Australia aprobando nuevas leyes para confiscar las armas de la población después de una matanza en masa en 1996, parece ser inconcebible en EE UU. Incluso las más modestas iniciativas para abordar la amenaza del uso de armas automáticas no han llegado a nada, ni en el Congreso en Washington ni en la gran mayoría de los estados. De eso podemos dar las gracias también a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Financiada por sus cuatro millones de miembros, la NRA gastó en las elecciones de 2016 54 millones de dólares (47 millones de euros), un 99% en apoyo de candidatos del Partido Republicano. La organización desembolsó más de siete millones en anuncios de televisión en contra de Hillary Clinton. El resto fueron para apoyar las campañas de congresistas republicanos en el Congreso, destinándose gran parte del dinero a las elecciones más reñidas con candidatos del Partido Demócrata.

En EE UU, todos los representantes se presentan individualmente a sus votantes distrito por distrito (435 representantes en la Cámara Baja) o estado por estado (100 en el Senado). Los candidatos cuentan con el apoyo de sus respectivos partidos, pero están obligados también a recaudar fondos de corporaciones, lobbies, e individuos para financiar campañas sofisticadas que incluyen publicidad televisiva, identificación de simpatizantes, etc. Normalmente, los congresistas siguen la línea marcada por el partido, pero hay muchas excepciones. El senador o representante siempre piensa tanto en los votantes “de casa” como en los grupos que financian sus campañas que son clave para mantenerse en el escaño. La lealtad hacia su partido, entonces, ocupa la segunda fila. Algo muy diferente de lo que ocurre en Europa.

A la hora de votar, el votante en España coge la papeleta con la lista de diputados de su partido preferido. El sistema electoral español, con sus partidos políticos jerárquicos y las papeletas en las urnas con listas de diputados, no deja hueco para que grupos como la NRA entren en el juego. ¿Cómo gastarían todo el dinero? ¿Con quiénes hablarían antes y después de unas elecciones?

En EE UU, el votante elige a su candidato preferido para cada escaño o puesto político, así, un Republicano para presidente, un Demócrata para el Senado, un Republicano para representante en la Cámara Baja, etc. Un resultado bastante común es que el presidente elegido no controle el Congreso, donde una o las dos cámaras tienen una mayoría del otro partido.

En este ambiente electoral la NRA se moviliza muy eficazmente y elige los candidatos que más necesitan su ayuda. Un caso de las elecciones de 2016 sería la recompensa a la lealtad del senador republicano de Carolina del Norte, Richard Burr, a quien la NRA le apoyó con casi seis millones de euros. Burr ganó las elecciones por un estrecho margen de menos del seis por ciento. No existe mejor aliado que la NRA y a la vez hay pocos que se atrevan a convertir innecesariamente a la NRA en enemigo.

La gran influencia del lobby proarmas está presente también en los 50 estados, donde casi todos han aprobado leyes que le permiten a cualquier ciudadano llevar un arma de fuego o guardarla en su coche. Hasta algunos representantes demócratas en muchos estados apoyan estas leyes por miedo a ofender a la NRA. Esto se llama supervivencia política. Pues bien, el lado “bueno” es que hay menos enfrentamientos entre conductores si uno piensa que el otro lleva una pistola en la guantera. Y por cierto, si usted está pensando en viajar a EE UU este verano, tenga en cuenta la siguiente expresión: “Freeze!” Si alguna vez la oye no se mueva, alguien le está apuntando con un arma, y si se mueve le puedan disparar. Por este motivo hay varias muertes por arma de fuego en EE UU cada año.

El futuro de limitar el derecho de tener y llevar armas de fuego no es nada prometedor para los que buscan un gran giro hacia un Estados Unidos más seguro. Cambiar la Constitución es prácticamente imposible, dado el requisito de la aprobación de 38 de los 50 estados, muchos con millones de entusiastas que luchan por mantener sus armas a toda costa. Por otro lado, el Tribunal Supremo también parece incapaz de interpretar la Constitución de una manera que permitiera más limitaciones sobre la venta de armas de fuego. Desafortunadamente ambas circunstancias no permiten esperar más que un largo estancamiento.


El asesinato como forma de vida

La violencia mexicana es una constancia histórica y los dirigentes políticos no se escapan a ella: 19 candidatos municipales fueron asesinados en los últimos tiempos. Una nota internacional resume ese sangriento proceso.

El viernes 9 de febrero, a dos días del final de la precampaña en el país, el líder estatal de un partido minoritario en el Estado de México, Vicente Onofre, fue baleado y resultó herido. Al día siguiente, el precandidato a una alcaldía en el estado de Puebla, Francisco Lenin Portal Sánchez, fue atacado a balazos también cuando iba a bordo de su vehículo. Portal Sánchez salió ileso. Pero otros no corrieron la misma suerte.

Una semana antes de estos ataques fue asesinado Francisco Rojas San Román, precandidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, un municipio del Estado de México. Y antes de él murió baleado en Oaxaca el ex líder municipal Teodoro Ortiz Barragán. Tan solo en enero fueron asesinados Jorge Montes González, líder municipal y regidor de Celaya; Santiago Cháidez Jiménez, exalcalde de un municipio en Durango; Juan Manuel Hernández Martínez, regidor del estado de Tamaulipas; Víctor Molina Dorantes, exalcalde de Veracruz, y Miguel Ángel Licona, antiguo presidente municipal de Hidalgo.

En total, desde que el periodo electoral empezó oficialmente a nivel federal el 8 de septiembre hasta el final de la precampaña el 11 de febrero —periodo durante el cual se registran los aspirantes y se definen los candidatos al interior de cada partido— fueron asesinados por lo menos diecinueve políticos locales entre alcaldes (electos o en funciones), exalcaldes o precandidatos a presidente municipal. En comparación con esta cifra, algunos conteos indican que durante todo 2016 fueron víctimas de homicidio nueve presidentes municipales y alcaldes electos o antiguos.

El número es representativo de la violencia que se vive en todo el país, dado que México acaba de cerrar su año más mortífero desde que hay registro. Sin embargo, un estudio reciente encontró que es doce veces más probable que un político local sea asesinado que alguien de la población civil.

“Vemos una descomposición social en el país debido a esta escalada de violencia”, dijo Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, en Estado de México, y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, una de las organizaciones que reúne a representantes a nivel local y que lleva un conteo de violencia contra líderes municipales. “Y esto genera un ambiente muy raro y muy tenso en un año electoral”, añadió Vargas del Villar, quien atribuyó buena parte de la violencia a “mafias” que quieren enviar un mensaje de miedo a los candidatos o a los dirigentes en funciones para afianzar su control sobre territorios disputados.

De cara a las elecciones del 1 de julio, en las que en total se renovarán 3416 cargos de elección popular —la mayor cantidad de puestos que se han votado en una sola jornada en la historia del país, y la mitad de los cuales son a nivel local o municipal—, la irrupción de la violencia en la política implica un costo elevadísimo para la democracia.

“Nuestra construcción de la democracia fue a nivel local, de abajo para arriba, con el municipio”, indicó Sandra Ley, politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) —una universidad de la capital mexicana— especializada en violencia electoral y sus consecuencias. Ahora, en vez de una construcción democrática, el nivel municipal se ha vuelto también “la primera entrada de grupos de delincuencia organizada que están peleando para tener acceso o empezar a tener acceso e influencia en la composición de puestos clave en seguridad, de presupuesto, de finanzas”.

La experta explicó que los ataques contra autoridades municipales en México, que tienden a aumentar durante periodos de elecciones locales, posiblemente se han agudizado este año —y seguirán haciéndolo— porque también coinciden con las elecciones federales, “y esa concurrencia hace que veamos más operación del crimen organizado”.

Ley recalca que no todos los asesinatos o intentos de homicidio de regidores son por parte de grupos criminales, también pueden deberse a, por ejemplo, disputas políticas o a temas personales. Aun así, determinados estudios ya han encontrado que el hecho de que esos grupos criminales estén logrando deshacerse de candidatos o políticos cuando consideran que no les permitirán controlar ese territorio —o que respaldarán a otro grupo criminal en caso de llegar al poder—, lleva a que muchas personas que buscarían competir en elecciones decidan no hacerlo.
“Una mayor violencia hace menos competitivas las elecciones en los municipios”, sostiene un análisis del politólogo Aldo Ponce, también del CIDE. Y ello “potencialmente podría facilitar el surgimiento de autoritarismos a nivel local”.

Lo que termina ocurriendo en esos casos es que aquellos que sí compiten o se postulan lo hacen ya partiendo de que harán política a favor de intereses como el de grupos de delincuencia organizada, y no a favor de la gente. Así lo señala la profesora Ley en uno de sus análisis, realizado en coautoría con Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Duke: estos políticos, por miedo o conveniencia, pueden terminar por “ceder el poder hasta que es difícil distinguir entre el gobierno local y el crimen organizado”.

El efecto de la violencia electoral es todavía más grave para la democracia mexicana, porque excede a los candidatos que disputan un espacio de poder. Si los ciudadanos ven que ni siquiera los políticos y funcionarios se salvan de una situación de violencia, pueden decidir no participar; al fin y al cabo, si el crimen organizado ya determinó el resultado electoral matando, secuestrando o ejerciendo amenazas contra los candidatos —o bien cooptándolos—, se reduce el incentivo para acudir a las urnas.

Más aún, ¿cuál es el incentivo para esos ciudadanos de participar no solo con su voto, sino ayudando a contar las boletas como funcionarios de casilla o a revisar que no haya irregularidades durante la jornada electoral como observadores? En el mismo sentido, cuando alguien resulta electo, esos ciudadanos también ven poca cabida para exigir una rendición de cuentas.

“Es un gran costo participar tan públicamente en un proceso que es tan relevante para el crimen organizado” si los mexicanos no se sienten protegidos al hacerlo, recalcó Ley.

“Y ese eslabón ciudadano, que fue fundamental para la transición democrática del país, lo perdemos poco a poco y se reduce con ello aún más el espacio que hay entre el crimen organizado y el Estado”.

Integrantes del Instituto Nacional Electoral, dependencia que monitorea los comicios a nivel federal, se han limitado a decir que ese órgano no es de seguridad pública: que solo les compete propiciar “reuniones con las instituciones que llevan el tema de seguridad” para fomentar que haya posibles medidas de protección. Por su parte, expertos y políticos han exigido que el tema no quede de lado durante la campaña ni después de que esta termine.

“Hemos estado pidiendo ya desde hace tiempo un protocolo de seguridad para los alcaldes”, recalcó Vargas del Villar, el dirigente de una de las asociaciones de líderes locales y municipales.

De hecho, el Congreso de México solicitó desde julio de 2016 a los órganos de seguridad nacional que adoptaran medidas de protección para los alcaldes, aunque no se han retomado propuestas legislativas afines. Vargas del Villar asegura que se ha buscado establecer estos mecanismos con la administración federal, pero que aún no se ha concretado, en parte porque cambió el titular del ministerio que debería gestionarlo, la Secretaría de Gobernación. (El exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong dejó el puesto a principios de enero para hacer campaña para el senado).

La solicitud del congreso de 2016 fue hecha a partir de una propuesta de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, quien destacó en entrevista que debe haber mejores canales de comunicación entre los niveles municipal, estatal y federal para combatir la “ingobernabilidad” y asegurar “la necesaria prevención que debe haber para evitar asesinatos o amenazas de todo tipo por parte de estas mafias”.

“Es grave que en el país haya una especie de ambiente de zozobra”, añadió la senadora en una entrevista telefónica, e indicó que hace falta empezar a discutir y adoptar medidas que, entre otras acciones, promuevan la coordinación a varios niveles para la investigación de este tipo de delitos, la profesionalización de quienes realicen esas investigaciones y un mejor combate al control que ya tiene la delincuencia organizada sobre rubros gubernamentales.

“Seguramente son soluciones que nos van a llevar varios años, pero hay que empezarlo ya”, sostuvo la senadora. Aunque quizá sea más fácil decirlo que hacerlo.

Desde la solicitud de 2016 no ha habido propuestas legislativas específicas relacionadas con este problema, incluso con la reciente aprobación de una Ley de Seguridad Interior que presuntamente buscar mejorar el combate a nivel local de la delincuencia organizada. Y parece poco probable que surja una iniciativa afín de aquí a las elecciones: los cargos de De la Peña y los demás 627 integrantes del congreso son algunos de los más de tres mil puestos que serán renovados en las urnas el 1 de julio de este año.


Netanyahu acusado, pero no hundido

El primer ministro israelí sigue a flote con el apoyo de su coalición, pese a las acusaciones de corrupción que le realiza la Policía. Un análisis de El País de Madrid expone la gravedad de la situación

Como decía el maestro de periodistas Miguel Ángel Bastenier, a Benjamín Netanyahu lo único que le interesa es el poder. Entonces ocupaba por primera vez el cargo de jefe de Gobierno, en un convulso periodo tras el asesinato de Isaac Rabin que se prolongó de 1996 a 1999. Suele achacar a la prensa y a la Administración, que considera infestadas de izquierdistas, el fracaso de su primer proyecto político conservador.

Tuvo que esperar una década antes de regresar a la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén, que no ha abandonado hasta ahora después de tres victorias electorales consecutivas. Su ambición no oculta es superar los 13 años de mandato que David Ben Gurion, padre fundador del Estado de Israel, acumuló en el cargo. Un objetivo que puede consumar al concluir la vigente legislatura, a finales del año que viene, si la justicia no lo impide. Pero Netanyahu acaba de sufrir el mayor revés para sus expectativas de permanencia en el poder con la recomendación policial de que sea imputado por fraude y cohecho en dos investigaciones.

El informe hecho público el martes por la brigada anticorrupción es una carga de profundidad para el prestigio moral del mandatario, aunque no acarrea consecuencias penales. Solo el fiscal general, Avichai Mandelblit, puede acusarle formalmente. Este jurista militar fue secretario del Gobierno de 2013 hasta 2016, cuando el primer ministro le puso al frente del ministerio público.

Los indicios recopilados durante más de un año de pesquisas e interrogatorios están documentados en dos investigaciones. La del caso 1.000 sostiene que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de chequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.

También ha sido recomendada su imputación por el llamado caso 2.000, que sondeó las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales para favorecer la circulación de rotativo.

La Bolsa de Tel Aviv cerró ayer con ligeros avances. Los mercados celebran que la coalición de Gobierno de seis partidos (conservadores, ultraortodoxos, nacionalista) no se vaya a desmoronar. El ministro de Educación, Naftali Bennett, y el de Hacienda, Moshe Kahlon, garantizaron que sus respectivos partidos seguirán apuntalando al jefe del Gobierno.

Netanyahu lo sigue negando todo. En su primer acto público tras la recomendación policial garantizó la estabilidad del Gabinete y tachó el informe enviado a la fiscalía de “documento lleno de agujeros como un queso suizo”. El primer ministro tiene previsto seguir con su agenda. Este fin de semana acudirá a la conferencia de seguridad anual de Múnich. “Su reacción está siendo correcta. La ley solo le obliga a dimitir si es encausado”, alega el analista político de Haaretz Yossi Verter, “pero aunque no sea el fin, es el principio del fin”.

Si le alcanza el torpedo de las comisiones por la compra de submarinos alemanes en su línea de flotación política puede verse en serio peligro de zozobrar. Agentes anticorrupción detuvieron en noviembre a Isaac Molcho —asesor y emisario especial de Netanyahu desde 1996—, para interrogarle sobre el llamado caso 3.000, la compra de submarinos alemanes para la Armada sobre la que pesan sospechas de amaño en la adjudicación y tráfico de comisiones ilegales.

Los agentes indagaron también si estaba al corriente de que el letrado David Shimron, su cuñado y socio de bufete, tenía como cliente al representante de los astilleros ThyssenKrupp en Israel, Mickey Ganor. Este intermediario ha declarado que Shimron —primo y abogado personal de Netanyahu—, medió para que se adjudicara el contrato de los sumergibles a la naviera alemana por más de 1.000 millones de dólares, y recibió una gran comisión.


Maduro cada vez más solo

La mayor parte de los países de América quiere excluir a Venezuela de las próximas conferencias conjuntas, según un análisis de la prensa internacional. Mientras tanto, Uruguay no se entera.

El Gobierno venezolano está cada vez más solo en la región. Es la primera consecuencia de la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril, una decisión unilateral del chavismo adoptada la semana pasada sin el respaldo de la oposición. El calendario y las reglas del juego de esos comicios obtuvieron este martes el sonoro rechazo de los 14 países que integran el Grupo de Lima, entre los figuran las mayores potencias de América Latina. Los cancilleres reunidos en la capital de Perú analizaron el escenario que se abrió tras el fracaso de la mesa de diálogo de República Dominicana. La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, anunció que la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “ya no será bienvenida” en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima del 13 al 14 de abril.

Los venezolanos están llamados a votar apenas ocho días después en unos comicios sin garantías. En este contexto, la declaración conjunta del grupo insta al sucesor de Hugo Chávez a presentar un nuevo calendario electoral, lo que coincide con una de las exigencias de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los países de esta alianza –formada por México, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Paraguay, Costa Rica y Panamá, entre otros- debatieron y apoyaron la decisión de revocar la invitación de Maduro a ese cónclave.

El argumento, explicó Aljovín, lo ofrece un texto aprobado en 2001 en Quebec durante la tercera edición de la cumbre: “Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en cualquier estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en la Cumbre de las Américas”. Con esta premisa, y considerado que en Venezuela el consenso constitucional saltó por los aires el pasado mes de julio con la elección de una Asamblea Nacional sin voces críticas con el chavismo que funciona como brazo ejecutor del régimen, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió “reconsiderar la participación” en la cita de las autoridades de ese país.

El Grupo de Lima, que toma nota de la investigación abierta por la Corte Penal Internacional de La Haya y del último demoledor informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la calidad de la democracia en Venezuela, incide en su rechazo a estos comicios. El diseño de la convocatoria, consideran los países miembros, “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.

La declaración suscrita por los cancilleres recalca, además, “que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno”, en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Horas antes del inicio de la quinta reunión, un grupo de venezolanos representantes de los partidos y movimientos de oposición entregó una carta a los cancilleres, en los que solicita cuatro medidas. Una de ellas es “poner en marcha un plan de emergencia de apertura de un canal humanitario, para proveer la ayuda humanitaria en comida y medicinas para el pueblo de Venezuela”. Algunos de los firmantes fueron Paulina Facchín, en representación de la Unidad; Juan Daniel Tapia de Primero Justicia, y miembros de Acción Democrática, Voluntad Popular y Operación Libertad. La medida fue aceptada y comentada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.

“Es una situación que nos llena de tristeza porque [los venezolanos] llegan en las peores condiciones, con necesidad de medicamentos, de atención en salud, y de comida. [El Gobierno de] Venezuela tiene que pensar en su gente. Estamos listos para apoyar y colaborar para que tengamos un canal humanitario”, expresó Holguín en el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana. Colombia sufre desde hace semanas una crisis migratoria debido al éxodo masivo de venezolanos que ingresas al país andino a través de más de 2.000 kilómetros de frontera terrestre.

“Estamos satisfechos de que han recogido uno de nuestros planteamientos, pero además porque Perú declara persona no bienvenida a Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. Lo veníamos solicitando, porque era una sentencia moral que los ciudadanos podamos hacer frente al dictador Maduro: los crímenes de lesa humanidad deben ser sentenciados a través de tribunales competentes, pero los ciudadanos podemos establecer sentencias morales contra quienes tienen las manos manchadas de sangre”, dijo Paulina Facchín después de escuchar la declaración de los cancilleres.


Frases Célebres 704

"Hay que cortar con la pavada". Palabras del Dr. Tabaré Vázquez según El Observador (15/02/2018)

“Lo más factible es que sea candidata a diputada por el departamento si es que sigo en esta basura de los políticos”. Adriana Peña, intendenta de Lavalleja. Las cosas en su sitio, radio Sarandí (08/02/18).

“Estas no son formas de hacer política y no son formas de gestionar. Si tiene vergüenza tendría que renunciar. ASSE está siempre en la picota. Hay comisiones investigadoras, denuncias penales y acusaciones cruzadas”. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, refiriéndose a la contratación que realizo del vicepresidente de ASSE Mauricio Ardus a la novia del hijo como secretaria. Inicio de Jornada, radio Carve (14/02/18).

“Vázquez removió de ASSE a Susana Muñiz, Mauricio Ardus y Jorge Rodríguez Rienzi”. Título de artículo publicado en el sitio de El País, referido a la dedición del primer mandatario surgida a partir del escándalo que se generó luego que Ardus, vicepresidente del organismo, contrató a su nuera (14/02/18).

“Decisión de Vázquez (remover a tres directores políticos de ASSE) es para evitar costos políticos mayores cuando avance la investigadora. Este hecho es éticamente muy grave pero muy pequeño en relación con lo que se va constatando en la investigadora”. Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular. Uruguay Verano, radio Uruguay (15/02/18).

“Creo que es lo que corresponde. Es una respuesta institucional adecuada. (Mauricio Ardus) No está involucrado hace tiempo al partido (sector político) y su nombre no fue sugerido por los socialistas para su nominación en ASSE”. Mónica Xavier, senadora socialista. Sitio web de El Observador (14/01/18).

“El proyecto político está por encima de las personas (...) De verdad no sabía lo que había hecho el compañero”. Susana Muñiz, ex presidenta de ASSE, luego de ser cesada en su cargo tras la polémica por la contratación como secretaria de la nuera del vicepresidente del organismo, Mauricio Ardus. Montevideo Portal (14/02/18).

“Lo que vamos a hacer es un pedido de informes al respecto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Quizás y probablemente no se encuentren en el decreto 30 del año 2003, pero creemos que es una falta ética. El Parlamento, en su Asamblea General, es el que designa sus cargos. Creo que es grave en caso de confirmarse. Por eso vamos a hacer el pedido de informes para confirmar la información”. Sebastián Sabini, diputado oficialista. Telemundo, canal 12 (14/02/18).

“Los casos que salieron a la luz se registra una clara violación al decreto, que suponen una falta administrativa. La junta se reúne la semana que viene específicamente para analizar las contrataciones de familiares, el objetivo es enviar un mensaje a la ciudadanía ya que el órgano autónomo no tiene potestad para sancionar en ningún asunto”. Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta Anticorrupción. Subrayado, canal 10 (14/02/18).

“Tengo familiares desocupados que no ingresan a la Intendencia”. Agustín Bascou, intendente de Soriano. Portal Agesor (10/02/18).

“¿Qué quiere decir gasto cero, no, pero impacto fiscal cero, sí? Quiere decir que va a haber aumento de gasto, muy moderado desde ya lo adelanto, pero el impacto fiscal tiene que ser igual a cero. Esto quiere decir no aumentar el déficit. Ese gasto mayor que vamos a hacer tiene que estar financiado”. Danilo Astori, ministro de Economía, refiriéndose a la Rendición de Cuentas que debe acordar el gobierno para este período. Fácil Desviarse, radio Del Sol 99.5 FM (09/02/18).

“Somos los únicos en la región que no tenemos el sistema”. Mario Layera, director Nacional de Policía, sobre el entintado de billetes. La Mañana, radio El Espectador (14/02/18).

“Estamos rayando lo loco”. Irupé Buzzetti, directora de Primaria, sobre el fallo judicial que habilitó un recurso de amparo y obligó al colegio Santa María a promover a quinto año a una alumna que había repetido el curso. Inicio de Jornada, radio Carve (12/02/18).

“El accionar del juez es un disparate jurídico inconmensurable. Con los elementos que están a la vista, es insólito que (un magistrado) corrija si un alumno tiene que repetir; está actuando en una competencia que claramente no es suya”. José Korzeniak, constitucionalista. El País (14/02/18).

“Se siente en el deber de recordar (...) todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura (...) La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley (...) Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay, enfrentando la ´reacción corporativa´ ante el caso de anulación de la repetición de una escolar.

“Que en el siglo XXI se le quite la vida a una mujer por romper una relación, es algo que nos interpela a todos”. Jorge Díaz, fiscal de Corte, refiriéndose al reciente caso de femicidio que ocurrió en la ciudad de Fraile Muerto, Cerro Largo. La República (13/02/18).

“Barnaby Joyce (vice primer ministro de Australia) es culpable de haber causado sufrimiento y una humillación extrema a su esposa y sus cuatro hijas (…) cometió un error de apreciación inconveniente manteniendo una relación con una joven que trabajaba en su oficina”. Malcolm Turnbull, primer ministro australiano que decretó la prohibición de las relaciones sexuales entre ministros y colaboradores en respuesta al escándalo provocado por la relación extramatrimonial de su adjunto con una ex asistente a la que dejó embarazada. Portal Montevideo (15/02/18).

“Entre el Pueblo de Colombia y Venezuela sólo hay un destino, ser hermanos, vivir en Paz, compartir el futuro. Nadie podrá romper este juramento sagrado de nuestro Libertador Simón Bolívar”. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, refiriéndose a la reunión que le pedirá a su par de Colombia para fortalecer la seguridad fronteriza. Su cuenta de tuiter.

“Suramérica tiene la obligación de defender a Venezuela ante una hipotética intervención militar, supuestamente por parte de Estados Unidos a través de Colombia. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un pueblo hermano”. Evo Morales, presidente de Bolivia. Caminando Junto al Pueblo, programa de radio del primer mandatario en radio Kawsachun Coca 99.7 FM de Cochabamba (Bolivia).

“Si tenemos pruebas contundentes de que se utilizan las armas químicas prohibidas por los tratados (...) atacaremos el lugar donde se utilizan o estén localizadas. Esa línea roja será respetada”. Emmanuel Macron, presidente de Francia, sobre que Francia atacaría a Siria si hubiera pruebas del uso de armas químicas contra civiles en el país. Agencia Reuters (15/02/18).


Justicia y corrupción

Por LA LIBRERIA

“El libro negro de la justicia”, de Tato Young. Editorial Planeta, noviembre de 2017.

Tato Young (Buenos Aires, 1972), es un periodista que se ha especializado en investigación y ha publicado varios libros sobre corrupción, espionaje y política, obteniendo particular éxito editorial, así como varios premios.

En este libro relata su experiencia como “pinche en el Palacio de Justicia, donde por poco más de un año inició su vida laboral, y también donde presenció cómo se generan favores, porque, como dice, “los favores no se piden, se generan”, intercambio de influencias que se termina resolviendo en el ámbito de “los doce”.

Los Doce son los jueces nacionales que, formalmente, tienen competencia en lo criminal y correccional, pero de los casi mil jueces nacionales, son los únicos que pueden indagar, investigar y por supuesto procesar y decretar la prisión de los máximos dirigentes políticos del país.

Su investigación se centra en María R. Servini de Cubría, “porque es la más antigua de las juezas federales; es la más temida; porque ama el poder; porque no es ladrona como muchos otros; orque no es honesta como muy pocos”

Y María centra su poder en que es quien autoriza la inscripción de los partidos políticos, de los candidatos a cualquier cargo electivo y sabe cómo torcer la normativa para un lado o para otro: “genera favores”.

El autor desnuda la corrupción a todo nivel judicial, comenzando con la designación de los jueces para causas sensibles para el poder de turno. Para evitar que fueran a “dedo” se creó un sistema informático que aleatoriamente y teóricamente, designa al juez que tendrá la causa.

Claro que puede haber jueces de vacaciones, enfermos, o que por estar involucrados, no puedan participar en el “sorteo” de la computadora. Por lo menos cinco funcionarios disponen de la clave secreta para alterar el sorteo, con lo cual se vuelve al sistema “a dedo”.

Ello explica por qué algunas causas resonantes como la venta de armas a países en conflicto, el ingreso de efedrina y su exportación tan ilegal como su ingreso, asesinatos vinculados al narcotráfico con ramificaciones al más alto nivel del gobierno, etc. recayeron en jueces amigos. Por eso el juez designado- amigo del poder- se “para” sobre la causa, que mediante distintas chicanas, pericias, indagatorias, duerme hasta que prescribe por el simple paso del tiempo.

El libro ofrece detalles muy expresivos sobre la peripecia de algunos jueces federales –entre ellos María Servini– a la vista de todos e impunemente, compran increíbles mansiones, coleccionan autos de lujo o realizan viajes exóticos a todo lujo.

Correo de los Viernes.
Publicación Oficial de la Secretaría de Prensa del Foro Batllista.