A esta altura, hay que reconocerle al gobierno y a la izquierda en general su pericia para el doble discurso: en público se proclaman los paladines de los trabajadores y la justicia social, pero en los hechos eligen mirar para otro lado mientras un puñado de sindicalistas fanatizados y violentos dinamita la fuente de sustento de miles de familias. Si el conflicto pesquero que lleva más de un mes paralizando la flota y dejando sin ingresos a más de 2.000 trabajadores —la mayoría mujeres jefas de hogar— hubiera estallado durante un gobierno de coalición, no quedarían micrófonos ni primeras planas disponibles para las críticas. Pero ahora, con el Frente Amplio sentado en todas las sillas del poder, reina un silencio escandaloso.

Este episodio retrata de cuerpo entero las prioridades del oficialismo. Mientras los barcos permanecen amarrados y las plantas procesadoras se apagan una tras otra, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dedica a oficiar de mediador tibio en un conflicto cuyo origen es tan evidente como indignante: el SUNTMA, un sindicato cuyo prontuario de prepotencia es bien conocido, decidió ignorar el convenio colectivo firmado hasta 2027 y bloquear la operativa de toda la industria pesquera con la excusa de exigir un tripulante adicional por embarcación. Se trata de un reclamo que no solo contradice los acuerdos vigentes, sino que implica costos operativos que muchas empresas no pueden absorber, sobre todo en una actividad ya golpeada por las inclemencias del mercado y la competencia internacional.

Pero el aspecto más grave no es económico, sino ético e institucional. No hay manera de maquillar el hecho de que un grupo reducido de dirigentes sindicales se ha erigido en patrón del puerto, arrogándose la potestad de decidir quién trabaja y quién no, quién cobra su jornal y quién se queda sin nada que llevar a su casa. Como bien dijo un trabajador en una de las manifestaciones espontáneas que se han sucedido en los últimos días: “Ellos son los que hoy deciden quién come y quién no”. ¿Puede haber un síntoma más claro de la podredumbre que se instaló en este conflicto?

Es la primera vez en la historia reciente de Uruguay que un grupo significativo de trabajadores no sindicalizados sale públicamente a repudiar una huelga que no los representa y que solo persigue fines de facción. Las imágenes de decenas de mujeres reclamando en la calle por el derecho elemental a trabajar —mientras los jerarcas del PIT-CNT repiten sus consignas vetustas— deberían sacudir la conciencia de cualquier demócrata auténtico. Pero no. Aquí parece que los derechos de los trabajadores importan únicamente cuando sirven de excusa para embestir contra gobiernos que no piensan como ellos.

El presidente Orsi, tan locuaz para pronunciar peroratas sobre la empatía social, no ha dicho una palabra con sustancia sobre este conflicto. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que se presenta como “puente” con los actores productivos, ha preferido el silencio mientras las pérdidas económicas superan los 15 millones de dólares. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, cuya biografía política entera se escribió al calor de la ortodoxia sindical, no ha logrado —o no ha querido— asumir su rol de garante de la legalidad y hacer cumplir el convenio firmado. Y mientras tanto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se pasea por foros internacionales para “consolidar la confianza inversora”. ¿Qué confianza puede inspirar un país donde una industria entera puede ser secuestrada durante semanas por una patota que desconoce acuerdos?

Por supuesto, la retórica oficial intenta disimular la magnitud del problema. La directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, declaró hace unos días que “no se da por agotada la gestión” y que “se involucra más actores en la negociación”. Todo mientras los barcos siguen inmóviles, los contratos comerciales se incumplen y los puestos de trabajo corren riesgo de extinción. Los ministros actúan como si el tiempo no contara, como si la desesperación de miles de hogares fuera un asunto administrativo que puede resolverse con otra mesa de diálogo, otro café tibio y otro comunicado que no dice nada.

Y mientras los que deberían hacerse cargo especulan y se encogen de hombros, la violencia y la impunidad siguen siendo parte del trasfondo. Para comprender la batalla campal sucedida en la Plaza Independencia ayer, con sindicalistas golpeando a la policía, basta recordar que en 2023 se conocieron videos grabados dentro de la propia sede del SUNTMA que mostraban a sindicalistas recurriendo a agresiones físicas y amenazas con cuchillos. En una de esas grabaciones, un militante gritaba y manoteaba un arma blanca mientras otros intentaban contenerlo; en otra, se ve a un hombre encerrando a otro en un cuarto para propinarle una golpiza. Aunque esos episodios ocurrieron antes del conflicto actual, sirven como retrato del tipo de prácticas que se han naturalizado en esa organización. La respuesta del sindicato, en su momento, fue tan patética como previsible: “Son hechos personales que nada tienen que ver con nuestra militancia”. Una coartada tan burda que no resiste un minuto de reflexión. Si un sindicato es incapaz de asegurar la convivencia pacífica dentro de su casa, ¿cómo pretende que se le reconozca autoridad moral para extorsionar a un sector entero de la economía?

Todo este episodio expone algo que muchos prefieren callar: la complicidad activa de buena parte de la izquierda con métodos sindicales que bordean el matonaje. Un gobierno serio, comprometido con el respeto a la ley, se plantaría con claridad. Ordenaría liberar la flota y sentarse a discutir en condiciones normales. Condenaría sin ambigüedad las prácticas extorsivas. Aplicaría las normas con la misma dureza con que se exigen los impuestos o se persigue al evasor. Aquí no: el Frente Amplio parece más preocupado por no incomodar a su base sindical que por defender la seguridad jurídica y la dignidad del trabajo.

No hay que confundirse: el problema no es que los trabajadores reclamen mejoras. El problema es que la dirigencia sindical se sienta legitimada para violar convenios, chantajear empresas, forzar paralizaciones y pisotear la voluntad de la mayoría de sus propios afiliados. Y peor todavía: que un gobierno elegido para representar a todos los uruguayos tolere o, en el mejor de los casos, consienta con su silencio esta barbaridad.

Es hora de que los responsables políticos salgan de su letargo. De que alguien en la Torre Ejecutiva se atreva a decir que la legalidad no es optativa. De que el ministro de Trabajo deje de mirar para el costado. De que se defienda la libertad de trabajar con el mismo fervor que se defiende la libertad sindical. Porque hoy la única libertad que parece importar es la de unos pocos cabecillas que decidieron que su voluntad está por encima de los acuerdos, de la ley y de los derechos de miles de compatriotas.

Por Julio María Sanguinetti

No es bueno que los Jefes de Estado se introduzcan, de un modo u otro, en la vida política de otros Estados. Más allá de las normas sobre el respeto a la soberanía o de la preservación de lo que se ha definido como la “jurisdicción doméstica”, la más elemental práctica de convivencia pacífica impone esa prescindencia. Cuando se traspasa ese límite, se entra en una vía de facto en que solo rige la ley del más fuerte.

Nuestro país ha sido particularmente cuidadoso en la defensa de ese modo de actuar, porque su propia historia le ha llevado a sentirlo así. Especialmente cuando los vaivenes de la política de los vecinos, especialmente Argentina en la época de Perón, pretendió invadir nuestras libertades para perseguir a sus opositores. Invocamos siempre el principio de no intervención en los asuntos propios del otro Estado, pero –insistimos– más allá de ese controvertido debate jurídico, están las prácticas de comportamiento, los hábitos de relacionamiento con las instituciones de otros Estados con los que tenemos relaciones diplomáticas y como consecuencia natural un compromiso de respeto a su independencia e identidad.

En estas horas se realiza una visita del Presidente de Brasil a la ex Presidenta de Argentina, hoy presa por disposición judicial en virtud de un largo proceso concluido en una sentencia definitiva. No es una simple visita personal por la sencilla razón de que la investidura presidencial conlleva la representación del Estado. El presidente de Brasil está en Argentina en ejercicio de sus funciones, en la reunión de mandatarios del Mercosur, donde acaba de recibir –además– su Presidencia. No es un amigo de visita. De modo que esa reunión tiene un contenido político muy fuerte al suponer un abuso, arbitrariedad o persecución en esa prisión. Es una especie de desafío a la justicia argentina, de desconocimiento a su autoridad e independencia. Presupone que la mandataria condenada por actos de corrupción merece el homenaje absolutorio de la visita de un Presidente en ejercicio.

Lo mismo había ocurrido en su momento cuando el Presidente argentino Alberto Fernández visitó al Presidente Lula en su prisión. El acto es igual, aunque la repercusión política haya sido diametralmente diferente, por las circunstancias distintas del caso, que le han dado en Buenos Aires una resonante presencia mediática.

Naturalmente, no es Argentina quien podría en ese momento agraviarse cuando su Presidente ha visitado cuatro veces España sin siquiera saludar a su gobierno e intervenir públicamente en actos políticos de naturaleza opositora. Hasta se pronunciaron palabras agraviantes para el propio Presidente de España y su esposa, en los discursos pronunciados por el Jefe de Estado visitante.

Todo esto ocurre cuando el Mercosur gestiona un importante tratado con la Unión Europea. Por un lado, se exhibe la distancia política que separa a los Estados miembros del Mercosur, debilitando así su credibilidad para el cumplimiento de sus compromisos. Por el otro, uno de nosotros, en el caso de Argentina, agravia a un gobierno de la organización con la que queremos acordar.

Todo esto no es casual. Cuando nuestra elección de 2019, el presidente argentino participó de un acto político del Frente Amplio y el Presidente Bolsonaro decía que ojalá ganara en Uruguay el Dr. Lacalle Pou. A nuestro juicio, un disparate tras otro. Si hay asunto privativamente doméstico, es una elección. Introducirse en ese proceso es un acto de “intervención”. Este concepto nunca se ha definido con precisión, pero está claro que no es solo una agresión militar violatoria de la soberanía territorial sino la preservación del ejercicio natural de la institucionalidad democrática de una República.

En un plano más amplio, los actos y dichos del Presidente de los EE.UU. violan todo principio y práctica de convivencia pacífica, configurando así ese clima en que todo vale. Y no es ni debería ser así.

Nuestro Uruguay no posee fuerzas militares comparables a sus vecinos y ni hablar de potencias mundiales. Por su propia razón de ser, ha de cuidar escrupulosamente su conducta, para no arriesgarse a entrar en ese territorio de informalidad donde solo tenemos para perder.

Mientras Uruguay atraviesa uno de los inviernos más crudos en años, con siete personas muertas en situación de calle, hospitales colapsados por infecciones respiratorias y un sistema de refugios desbordado, la mayor institución de salud del país ni siquiera puede sesionar. Sí, en el peor momento, ASSE quedó paralizada por falta de quórum. Es difícil encontrar un ejemplo más claro del desorden, la imprevisión y la falta de profesionalismo con que el Frente Amplio ha iniciado su gobierno.

Hace cuatro meses se llenaron la boca prometiendo cambios profundos y una “gestión responsable” de la salud pública. Cuatro meses después, no pueden sentar a cinco personas en una mesa de directorio para tomar decisiones básicas. No se trata de un problema administrativo menor. Es una emergencia de gestión. ASSE es responsable de la atención de casi un millón y medio de uruguayos, de garantizar las camas de internación que hoy escasean, de coordinar con el Sinae y de responder a la crisis sanitaria que la ola polar desató. Y mientras todo esto ocurre, el directorio está vacante…

La licencia del presidente de ASSE puede estar prevista desde hace meses, pero el hecho de que no se haya resuelto la designación de los representantes sociales que completan el directorio es, por donde se mire, un acto de negligencia política. Durante la campaña, se cansaron de decir que llegarían preparados. Que tenían los equipos listos. Que sabían qué hacer. Hoy, con las emergencias desbordadas y miles de personas necesitando atención, ni siquiera pueden cumplir con lo mínimo: asegurar que su principal prestador funcione.

Y mientras los pacientes esperan horas en los pasillos, mientras la gente muere a la intemperie, mientras los trabajadores reclaman respuestas, el relato oficial se limita a excusas sobre la transición. No hay plan. No hay orden. No hay liderazgo. Este episodio no es anecdótico. Es un símbolo del caos que se instaló en el Estado desde el 1º de marzo.

Si no son capaces de garantizar que ASSE opere con la mínima institucionalidad requerida por ley, ¿qué garantías tenemos de que podrán enfrentar los desafíos más complejos que vienen? Si cuatro meses después de asumir no logran sentar cinco directores en una mesa, ¿cómo pueden sostener que este gobierno tiene rumbo?

Mientras tanto, los que ayer se decían los campeones de la sensibilidad social hoy ofrecen un espectáculo de imprevisión vergonzosa. No es retórica. Es una constatación: este Frente Amplio improvisa mientras la salud pública tambalea.

Es asombroso el descaro con el que el Frente Amplio y Yamandú Orsi se arrogan la potestad de dar lecciones sobre el “clima de campaña permanente”. Resulta casi ofensivo escuchar al presidente de la República advertir que “el país no soporta que estemos siempre en campaña” a raíz de un comentario de Lacalle Pou —un simple pedido a su partido de pensar en el largo plazo—, cuando todo el país recuerda perfectamente quiénes pasaron cinco años con un megáfono en la mano, acusando al gobierno anterior de todo lo imaginable.

Porque conviene refrescar la memoria: la izquierda uruguaya no tuvo empacho en ir a referéndum en contra de la LUC mientras se gestionaba una pandemia, ni en organizar un plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social con un aparato partidario y sindical movilizado a todo vapor. Tampoco les tembló el pulso para inventar la narrativa del “homicidio del Estado” cada vez que fallecía una persona en situación de calle, ni para empapelar el país con carteles de “bajen la nafta”, “bajen los alimentos”, “bajen la luz”. Eso sí era campaña permanente. ¿Se acuerdan de las “muertes evitables” en pandemia? Eso sí era vivir con la mira electoral todo el tiempo, aún cuando la sociedad estaba enfocada en salvar vidas y sostener la economía.

Hoy que son gobierno, se horrorizan ante la más mínima referencia electoral ajena. Y mientras Orsi simula su repentino amor por la “tranquilidad institucional”, su bancada, sus intendentes y sus operadores mediáticos siguen en campaña todos los días, culpando al pasado de cada problema que no saben o no quieren resolver. Resulta difícil de digerir que quienes se especializaron en la agitación constante pretendan ahora imponer silencio ajeno en nombre de la “previsibilidad”.

¿De verdad piensan que la gente no tiene memoria? ¿Qué no recuerda la crispación permanente que instalaron en cada debate público? ¿Qué no se da cuenta de que detrás de su súbita defensa de la calma democrática solo hay un intento torpe de blindarse de la crítica? Si querían predicar con el ejemplo, habrían empezado por no convertir cada diferencia política en un escándalo moral. Pero claro: es más cómodo acusar a los otros de enrarecer el clima cuando uno ya está sentado en la silla presidencial.

El Frente Amplio fue campeón del conflicto político permanente. Hoy se rasgan las vestiduras porque alguien osa pensar en 2029. Hipocresía, pura y dura. Y el país, que sí tiene madurez democrática, sabrá reconocer quiénes se pasan el día que todo está bien mientras hacen lo que tanto criticaron.

Porque el problema no es el comentario de un expresidente. El problema es el doble estándar de quienes creen que criticar es legítimo si lo hacen ellos, pero inadmisible si lo hace el adversario. Y eso —con todas las letras— es cinismo.

No se puede negar que el Frente Amplio tiene una virtud: su prodigiosa capacidad para contradecirse a sí mismo en tiempo real. Mientras el PIT-CNT y el ala más ortodoxa del socialismo se ilusionan con instaurar un impuesto especial al “1% más rico”, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, hace lo único sensato: pedir evidencia. “No conozco la evidencia que citan”, declaró con la paciencia de quien tiene que lidiar con la barra brava económica de su propia coalición.

El problema no es que existan diferencias internas —eso sucede en cualquier democracia—, sino el nivel de fantasía con que algunos pretenden diseñar la política fiscal. Porque este nuevo “impuesto a los millonarios” es apenas otro capítulo del realismo mágico de la izquierda vernácula: el mundo imaginario donde todos los males sociales se curan con más impuestos, el Estado siempre recauda sin perder eficiencia y los capitales no se fugan ante la primera señal de tributos confiscatorios.

Oddone, con prudencia técnica, recordó lo evidente: la desigualdad no se corrige con tributos arbitrarios, sino con políticas de gasto eficientes, inversión en educación y generación de empleo genuino. Pero claro, eso requiere trabajo serio, paciencia y un poco menos de retórica encendida. Más fácil es poner la zanahoria del “impuesto a los ricos” para que la tribuna aplauda y se sienta revolucionaria, aunque sea un delirio fiscal imposible de implementar con éxito.

El episodio pinta de cuerpo entero el desorden conceptual que reina en este oficialismo. Mientras algunos hacen cuentas reales, otros siguen militando consignas de los años setenta. Mientras Oddone insiste en mantener la presión fiscal estable, otros sueñan con convertir al sistema tributario en un arma de revancha ideológica. La pregunta es si en algún momento se pondrán de acuerdo. Porque mientras tanto, Uruguay sigue necesitando certezas, no relatos épicos de dudosa eficacia.

Entre tanto, es hasta divertido ver cómo el ministro se ve obligado a explicar que no todo lo que suena progresista es sensato. Pero no se hagan ilusiones: la coherencia económica siempre termina siendo la primera víctima de esta coalición tan variopinta; ya conocemos la película. Y si algo nos enseñó la historia es que el populismo tributario suele salir caro...

Llevan ya cuatro meses en el poder y todavía no se sabe bien qué están haciendo con la seguridad pública. Lo único claro es que el ministro Negro se ha dedicado a opinar mucho y a hacer poco. Entre conferencias, viajes al exterior, diagnósticos y frases solemnes sobre la injusticia social, los delitos siguen creciendo mientras el ministerio parece confundido entre la denuncia social y la gestión real.

A esta altura, cualquiera se pregunta si el Frente Amplio se tomó en serio su promesa de “devolver tranquilidad a los uruguayos”. Porque mientras el ministro da lecciones sobre el “pensamiento punitivo mágico” y se muestra más cómodo en el rol de crítico del sistema que en el de responsable de aplicarlo, la criminalidad no se toma vacaciones.

Hace apenas unos días, volvió a hablar de que las cárceles están llenas de pobres, como si eso fuera un descubrimiento personal, y no un problema estructural que precisamente está allí para que lo gestione. La respuesta de la oposición no tardó: si su propuesta es no meter presos a los que deberían estar presos, y encima anunciar planes de desarme voluntario como si los delincuentes fueran a hacer fila para entregar las pistolas, entonces estamos ante un experimento ideológico, no ante un plan de seguridad.

Mientras tanto, los homicidios, los robos violentos y las fugas carcelarias siguen a la orden del día. Y la sensación de impunidad crece. Porque no alcanza con decir que el sistema penal es desigual. La tarea del ministro no es filosofar sino ejecutar políticas que protejan a los ciudadanos, algo que por ahora no se ve.

El discurso del ministro Negro suena a excusa anticipada. Como si preparara el terreno para explicar por qué no va a hacer nada distinto a lo que intentó (sin éxito) durante quince años seguido su partido. Pero hay una diferencia entre reconocer las carencias del sistema y utilizar esas carencias como pretexto para no tomar decisiones.

Hoy, mientras la calle se llena de violencia y las cárceles siguen desbordadas, el Ministerio del Interior se distrae con diagnósticos, presentaciones de power point y declaraciones grandilocuentes. El tiempo pasa y la inseguridad no espera. Y a medida que crece la percepción de que al gobierno no le importa —o no sabe— enfrentar a la delincuencia, también crece el escepticismo de la gente.

Tal vez sea hora de que el ministro deje de actuar como comentarista y empiece a hacer su trabajo. Porque la paciencia ciudadana no es infinita. Y la inseguridad, como todos sabemos, no se combate con discursos.

Que el Instituto de Colonización compre tierras para pequeños productores no es objetable en sí mismo. Pero cuando el relato épico desplaza la mínima seriedad administrativa, se convierte en un espectáculo grotesco. La compra de la Estancia María Dolores en Florida, anunciada en medio del velorio de Mujica —como si fuera una ofrenda partidaria— es apenas el comienzo de un sainete donde la forma importa tanto como el fondo.

Con un ministro como Fratti, que no disimula su afán de tribunero, cualquier decisión se convierte en un eslogan. “No será ocupada por oligarcas ni terratenientes”, proclamó, mientras olvida que su propio presidente de Colonización tuvo que renunciar por violar la Constitución, pues era colono mientras ocupaba el cargo. Y si esa contradicción monumental no bastara, todo el proceso se hizo con apuro, falta de transparencia y observaciones del Tribunal de Cuentas que encendieron luces rojas.

La cuestión no es si Colonización debe o no adquirir tierras —es su cometido legal—. La cuestión es si, con recursos escasos, un gobierno responsable actúa con este nivel de amateurismo y oportunismo político. El mensaje que transmite es claro: se gasta primero, se revisa después y se comunica como si fuera una epopeya revolucionaria.

Mientras tanto, quedan preguntas básicas sin respuesta: ¿por qué anunciar una compra millonaria en un acto partidario? ¿Por qué ignorar procedimientos elementales? ¿Por qué colocar a dedo autoridades que ni siquiera respetan la Constitución? En definitiva, ¿por qué el Frente Amplio no puede hacer algo bien sin convertirlo en un show ideológico?

Al final, todo este episodio retrata la falta de profesionalismo con que algunos pretenden administrar el Estado. Porque no importa cuántos discursos de deuda histórica se reciten: si los mismos que claman justicia social no pueden garantizar la mínima transparencia ni elegir autoridades que cumplan la ley, cualquier buena intención se convierte en otra postal de su propia ineptitud.

Con esas palabras, el ex Presidente Julio María Sanguinetti tituló su habitual espacio en La Nación. Compartimos a continuación sus reflexiones.

Con más de un siglo de vida, Edgard Morin publicó un pequeño ensayo sobre la guerra de Rusia y Ucrania que comienza con el relato de las ciudades alemanas que vio destruidas cuando, luego de la resistencia, se había incorporado al Primer Ejército que comandaba el general Lattre de Tasigny. Narra lo que vio en Pforzheim, destruida por los aliados tres meses antes de la capitulación de una Alemania que ya estaba vencida. Fue un bombardeo de 377 aviones de la célebre R.A.F., heroína para quien, como nosotros, oía las noticias con la asombrada sensibilidad de un niño. Barrieron el 83% de los edificios y murieron 17.000 civiles. Confiesa que recién ahora después de la invasión a Ucrania, adquirió real conciencia de lo que fueron esos innecesarios bombardeos, como el de Dresde, el 13 y el 14 de febrero del mismo 1945, con Alemania absolutamente derrotada, en el que 1300 aviones británicos y americanos, arrojaron 2420 toneladas de bombas incendiarias y mataron a 25.000 personas.

Los horrores del nazismo en aquel momento desdibujaban, para él, judío y resistente, lo que hoy ve como el riesgo de una guerra que, como es lo usual, lleva a una radicalización de horrorosas consecuencias para todos. Alude luego a las cosas inesperadas, capaces de provocar un conflicto o bien decidirlo. Recuerda de 1914 el sorpresivo asesinato del archiduque de Austria, en Sarajevo, que desencadena aquella carnicería que se pensó duraría seis meses y se prolongó por cuatro horrorosos años. ¿Quién podía esperar, después de la también sorpresiva crisis de 1929, que las circunstancias llevarían al poder, en Alemania, a un pequeño partido extremista, del que ningún politólogo había previsto la victoria? Reflexiona que en 1941 parecía ser duradera la dominación de Alemania sobre Europa y previsible la derrota de Rusia, pero sorprendentemente la exitosa contraofensiva del general Zhúkov y el inesperado ataque japonés a Pearl Harbor cambiaron completamente el balance militar al entrar Estados Unidos abiertamente en el conflicto.

Hoy, en días en que parece escampar la tormenta de Medio Oriente, se ve claro cómo lo imprevisto puede cambiar drásticamente la situación. El mundo entero sabía que la horrorosa masacre del 7 de octubre de 2023 la había desencadenado Hamas cuando Irán advirtió que el Pacto de Abraham le estaba dando a Israel el reconocimiento de países como Marruecos o los Emiratos Árabes Unidos y se anunciaba la inminencia de un diálogo con la gran potencia sunita, la Arabia Saudita, su mayor enemigo. Lo que no esperábamos es que efectivamente termináramos en un conflicto con Estados Unidos bombardeando directamente al Irán en los puntos neurálgicos de su estructura de armamento nuclear. Las contradictorias declaraciones del presidente Trump hacían prever muchas cosas pero no esa ofensiva. Sin embargo, ocurrió y así cambió el panorama. A esta altura no sabemos el margen exacto de destrucción del plan iraní, pero está claro que Estados Unidos, en el tema nuclear, ya no va a mirar más para otro lado, como venía ocurriendo.

No podemos dejar de subrayar que los bombardeos norteamericanos han sido exclusivamente a instalaciones militares. No así los misiles iraníes, dirigidos a las ciudades de Israel. Quienes se preocupan por la presunta violación de la norma internacional por Estados Unidos deberían comenzar por asumir que aquellos fueron “actos” de guerra contra un país que ya los había instalado como objetivo. Y que los ataques iraníes se encuadran estrictamente en la definición de “crimen” porque van específicamente dirigidos a una población civil a la que se quiere aterrorizar y desmoralizar.

También Putin habrá tomado nota de que ya no es el único que genera temor en sus vecinos. Trump ha ido más allá de lo que pensaba la generalidad. Y hoy ya nadie puede descartar que su apoyo a Ucrania alcance otro escalón, más decisivo, recomponiendo así ese gran espacio occidental que había resquebrajado por su desmesura en el planteo comercial. El Trump de la bizarra gorrita de visera ya no es solo el poderoso animador de los dibujos humorísticos. Se le han visto los colmillos.

El foco israelí cambia ahora de nuevo hacia Gaza. Y ahí vienen a cuento las imágenes de Edgar Morin al fin de la guerra. Hamas está golpeada duramente en su estructura. Sus patrocinadores, Irán y el ubicuo Qatar, están en repliegue. Es el momento de un Israel magnánimo, que pueda pasar a otra etapa y comience a reconciliarse con la opinión mundial. Su imagen ha sufrido daño y alimentado ese estúpido, ignorante y prejuicioso antisemitismo que ha brotado en las universidades de Occidente y en círculos de esa izquierda frívola que vive el feminismo solo como emoción y olvida el principio al apoyar a los más reaccionarios patriarcalistas.

Es un valor reconocido que la fuerza de seguridad israelí es en términos de eficacia la mejor que se conoce. No es solo el ejército operando. Es el “escudo de hierro”. Es su legendario Mossad. La imprevisión en el ataque desde Gaza era la primera vez que ponía una nota de duda. La precisión de sus ataques a Irán, la acción de inteligencia desplegada, han vuelto a demostrar que aun con varios frentes abiertos Israel sigue siendo el de siempre.

Estamos en una tregua pero no en la paz. Se precisa que se pacifiquen los espíritus, ganar tiempo para que Israel pueda seguir avanzando en la estrategia que se paralizó el 7 de octubre. Salir de las anécdotas para torcer el curso de la historia y retomar el rumbo que no se puede perder: un Israel con las fronteras seguras que no ha podido disfrutar en 77 años; un pueblo palestino que, liberado de la dictadura terrorista, alcance lo que nunca tuvo, un espacio territorial propio donde vivir en paz.

Es notorio que el primer ministro israelí ya no comparte esa visión y que, empujado por sus socios religiosos, pretende recolonizar Cisjordania y guarda para Gaza planes poco confesados. Debería entender que los gobiernos norteamericanos están sometidos al escrutinio de una opinión pública que últimamente ha ido peligrosamente cambiando. Y que los que en el mundo entero hemos hecho de la existencia de Israel una causa histórica nos identificamos con el espíritu superior que animó a quienes lo fundaron. Preservar esos valores esenciales de libertad y tolerancia sigue siendo su destino.

Por Laura Méndez

En términos democráticos, ser nombrado por un presidente de la República para acompañarlo en su gestión es una responsabilidad que excede cualquier agenda personal o partidaria. Es un honor, un acto de confianza, un compromiso con el bien común y un pacto ético con la ciudadanía.

Apenas iniciado el nuevo gobierno, varios jerarcas designados por el presidente de la República, Yamandú Orsi, renunciaron a sus cargos públicos. ¿Qué dice este hecho sobre el compromiso con la función pública? ¿Acaso es fugaz y dura cien días o menos?

Aunque con motivaciones diversas, las renuncias registradas en distintas áreas del gobierno de Orsi en tan solo los primeros meses no deben ser vistas como sucesos aislados. Van desde conflictos internos hasta decisiones personales o ambiciones políticas. Este patrón resulta inquietante, ya que interpela tanto a quienes gobiernan como a quienes observan con expectativa.

Las dos primeras renuncias “obligadas” fueron errores graves. La ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, fue cuestionada por no declarar ni regularizar obras en su vivienda personal, lo que generó una incompatibilidad ética con el cargo. En su alejamiento de la Secretaría de Estado, Cairo dijo públicamente: “No estamos en esta lucha por los cargos… los lugares son circunstanciales, pero las causas no”. Este planteamiento no resiste una mirada crítica, ya que su conducta personal contradice los valores del cargo que ocupaba, perdiendo no solo autoridad política, sino también legitimidad ética.

Ni qué decir de Alejandra Koch, vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien presentó su renuncia tras una decisión en la primera sesión del directorio que permitió ascensos y aumentos polémicos para su esposo, su chofer y funcionarios afines.

Más adelante, Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización, renunció exactamente a los 100 días de gobierno por una “posible” incompatibilidad constitucional: era colono. Es decir, se presidía a sí mismo.

Ahora bien, acto seguido, hubo dos renuncias de jerarcas designados por el gobierno de Orsi debido a diferencias en el manejo interno de un Ministerio o en los directorios.

En primer término, la subdirectora general de Secretaría del Ministerio de Ambiente, Virginia Cros, presentó su renuncia alegando diferencias con el ministro Edgardo Ortuño.

Uno de los episodios más insólitos fue el de Jaime Saavedra, quien desistió de asumir la presidencia del Inisa el mismo día en que debía ocupar el cargo, por desacuerdos con el vicepresidente del organismo, Eugenio Acosta. La renuncia de Saavedra fue rechazada; se lo convenció de quedarse luego del diálogo mantenido con el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez.

A este cuadro de renuncias se suman la del viceministro de Ambiente, Leonardo Herou, y la de la senadora frenteamplista del sector la Amplia, Silvia Nane; ambos iniciarán una nueva etapa en la Intendencia de Montevideo junto a Mario Bergara.

Herou fue director de Gestión Ambiental en la Intendencia de Canelones durante la gestión de Orsi. Tal es la confianza que el presidente depositó en él que planteó su voluntad de retenerlo en el Ejecutivo con esta frase: “Leonardo viene colaborando con ideas para una propuesta en Montevideo desde hace tiempo… Yo lo quiero en el Ministerio de Ambiente, pero repito, son personas libres, que hagan lo que crean mejor”.

En cuanto a la senadora Nane, asumirá como directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente en la Intendencia de Montevideo.

Si bien en ambos casos no hubo choques institucionales, sino decisiones políticas consensuadas, los cargos se interrumpieron antes del cierre de los cuatro meses de gestión, generando cuestionamientos sentidos sobre la permanencia. Esa movilidad vertical sigue generando preguntas sobre la consigna de “servir al país” y la consistencia del compromiso ante la ciudadanía.

Para finalizar, hubo un cambio de nombres en la vicepresidencia de OSE que resultó ser una transición planificada. Así que, supuestamente, no se trata de una cencerrada inesperada. Hugo Trías asumió provisoriamente en marzo para que el puesto no quedara vacante y renunció; fue sustituido por el exintendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, cuya venia fue votada por el Senado en estos primeros días de julio.

Más aún, cada renuncia implica más que un cambio de nombre: retrasa decisiones, paraliza programas y fractura liderazgos internos. Y más aún, envía una señal de inestabilidad a una ciudadanía que observa con creciente desconfianza a la clase política. El desafío para Orsi será ahora consolidar un liderazgo más disciplinado sin romper con la horizontalidad que lo caracteriza. Eso exige no solo carisma, sino estructura. Porque el compromiso no se mide solo en la designación, sino en la permanencia.

Por Susana Toricez

Montevideo, tu casa. Montevideo de todos. Uruguay Natural. País turístico. Tacita de plata. Pura letra y méritos falsos. O en todo caso títulos que no merecemos.

Un día de invierno como hoy y con 5 grados de temperatura, es poco probable que pasee mucha gente por la rambla. Por eso les cuento algunas cosas que suceden en verano y que no tienen una explicación lógica, para quien aspira ser un país turístico.

Mediodía. 35 grados de temperatura y con sensación térmica muchísimo más alta. Los turistas en general y en particular los que descienden de los cruceros, desean conocer la rambla de Montevideo. Emprenden la caminata y preguntan por la denominación de algunas calles, porque la cartelería de las esquinas les resulta confusa:

¿Todas las calles se llaman “Doña Coca”? Es una de las tantas preguntas que he recibido, a lo que respondo:

No, no. Lo que se distingue y se destaca con letras mayores es publicidad de una marca de productos porcinos y embutidos. Lo que está debajo y en letra más pequeña sí, es el nombre de la calle.

¡Inexplicable! Lamentable y triste realidad que no logra explicar la razón por la que una publicidad se destaca tanto, minimizando el verdadero objetivo, que es el nombre de la vía de tránsito.

¡Pobre gente! ¡Y ni hablemos de un baño! Claro, ahora entiendo. Lo de Uruguay Natural es porque los turistas que deciden caminar por la costanera deben usar la naturaleza para sus necesidades fisiológicas.

¿Es tan difícil instalar puestos de información donde, además, el turista pueda abastecerse de lo más necesario como es una botella de agua? Este es el país turístico que se promociona.

¿Por qué la Intendencia no toma la iniciativa de imitar los famosos chiringuitos de España, los beach bars de Norteamérica o los food trucks de otras partes del mundo? Sería una buena señal, porque además esa medida beneficiaría también a los montevideanos que tienen como paseo preferido precisamente la rambla.

Pero no, no se les cae una idea que devuelva aunque sea en parte todos los impuestos que se pagan. Muchos turistas me han consultado para qué lado es mejor comenzar a caminar para conocer la rambla y tomar algo fresco.

No supe responder si para el lado del puerto o para el lado del Parque Rodó. Porque para ninguna de esas direcciones hay algo donde saciar su hambre o su sed. Repito: nada.

Salvo que se alejaran de la rambla y caminaran hacia adentro algunas cuadras, podrían encontrar algo. Eso sí, sin garantías de que esté abierto y de que el baño no sea solo para clientes.

En el primer trimestre de este año, y sin atenderlos como merecen, llegaron a nuestro país más de un millón y medio de visitantes.

¿No sería hora de comenzar a pensar en ellos y así merecernos la tan aludida expresión de Uruguay, país generoso?

Por Daniel Torena

El general Manuel Belgrano, ilustre patriota, humanista y hombre de vasta cultura, propuso al Congreso de los Diputados de las Provincias Unidas, en su sesión del 6 de julio de 1816, que junto con la declaración de independencia de las “Provincias Unidas en Sud América” se estableciera una monarquía temperada o constitucional.

A diferencia de los gobernantes de Buenos Aires y de la mayoría porteña, que deseaban un príncipe europeo como rey del Río de la Plata, Belgrano propuso que fuera un descendiente de la nobleza incaica.

La narrativa incaica se refleja, por ejemplo, en la letra del Himno Nacional y en símbolos como el “Sol Incaico”, presente en la moneda, el escudo nacional y la bandera creada por Belgrano.

El general pensaba que podría elegirse al medio hermano del Inca Túpac Amaru, quien había sido cruelmente ajusticiado a fines del siglo XVIII. Consideraba, tal vez, a su hermano sobreviviente, Juan Bautista Túpac Amaru, ya que casi toda la familia había sido eliminada.

En 1816, Juan Bautista cumplía una injusta condena de prisión en Ceuta, únicamente por ser hermano de Túpac Amaru, líder de la última gran rebelión indígena que reclamó sus derechos e intentó convivir en paz con españoles y criollos, hasta que fue violentamente reprimido.

En 1820, la revolución liberal en España impuso una amnistía que alcanzó a Juan Bautista, quien llevaba cuarenta años de encierro. Tras su liberación, ya enfermo y de edad avanzada, viajó a Buenos Aires. Para entonces, Belgrano había muerto en la miseria y el ostracismo.

Juan Bautista falleció en Buenos Aires en 1827, siendo sepultado en el Cementerio de la Recoleta.

Los planes de Belgrano, según documentos de la época, contaron con el respaldo de los generales San Martín y Güemes. Sin embargo, fracasaron debido a la oposición de Buenos Aires, que se negaba a perder sus privilegios portuarios y el control económico y político de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Por esa razón, el general Carlos María de Alvear, “Gran Maestre de la Logia Lautaro” y figura de enorme poder económico y político en Buenos Aires, mantuvo hasta 1820 su proyecto de instaurar un príncipe europeo de la Casa de Borbón. Se había avanzado incluso en un acuerdo con el Reino de Francia para establecer un rey constitucional, bajo el entendido de que el patriciado porteño conservaría el control del gobierno, las fuerzas armadas y la economía.

Este sector porteño fue siempre absolutamente hostil al general José Artigas y a su ideario republicano, federal y democrático para el Río de la Plata.

Esta pregunta responde una interesante nota de la BBC que compartimos a continuación.

A finales del año pasado, en la ciudad medieval rusa de Kostroma, un adolescente recibió un disparo en la cara con una pistola de bengalas cuando regresaba a casa desde la proyección de una película sobre un activista de izquierdas.

El ataque fue presuntamente perpetrado por un miembro de un grupo neonazi local autodenominado Made With Hate (hecho con odio).

Este acto violento y políticamente cargado simbolizó una tendencia creciente en toda Rusia.

A pesar de la reiterada justificación del Kremlin de su invasión a gran escala de Ucrania como una batalla contra el "nazismo", se ha producido un fuerte aumento de la violencia neonazi dentro de la propia Rusia.

Según el Centro Sova, una organización con sede en Moscú que vigila los delitos motivados por el odio, los ataques de extrema derecha en Rusia aumentaron más del doble en 2023 en comparación con el año anterior.

Esto se produce tras un descenso en los diez años anteriores. Muchos de los perpetradores tenían menos de 16 años.

Esta nueva oleada de extremismo se remonta a la década de 1990 y principios de la de 2000, aunque todavía no ha alcanzado la brutalidad asesina de aquel periodo caótico en el que se producían cientos de atentados al año tras el colapso de la Unión Soviética.

Entonces la violencia se alimentaba de la difusión de literatura extremista clandestina.

Ahora es a través de plataformas de medios sociales como Telegram y TikTok, donde muchos jóvenes rusos encuentran y amplifican la ideología de extrema derecha en espacios digitales, a menudo fuera del alcance de las fuerzas de seguridad locales.

Grafitis en forma de esvásticas

En Kostroma, ciudad de unos 264.000 habitantes situada a orillas del río Volga, en el oeste de Rusia, un grupo de adolescentes comenzó a comunicarse a través de un canal del servicio de mensajería Telegram a principios de 2024.

Inicialmente, el chat se centraba en organizar viajes a partidos de fútbol o encuentros casuales.

Pero pronto el grupo comenzó a pintar grafitis con esvásticas y otros símbolos de extrema derecha por toda la ciudad, según un antiguo miembro, Anton, que tenía 17 años en ese momento y habló con la BBC con la condición de que no se utilizara su nombre real.

Los adolescentes llamaban a su banda Made with Hate.

En el verano boreal del año pasado, habían pasado a la violencia física.

"Se reunían y todos daban una paliza a alguien", explica Anton, que cuenta a la BBC que abandonó el grupo en octubre del año pasado, tras darse cuenta de que sus opiniones no coincidían con las de otros miembros.

"Iban por ahí, buscando drogadictos y alcohólicos, y los asaltaban. Siempre estaban a la caza de personas de movimientos de izquierda", añadió.

Los ataques se filmaban a menudo y se publicaban en canales de Telegram, cuyo número de miembros crecía rápidamente. Estos procedían no solo de Kostroma, sino también de otras ciudades rusas y en algunos casos -según Anton- incluso de Ucrania y Polonia.

El ataque

La persona agredida a la salida de la proyección de una película era Yaroslav (no es su nombre real), un joven de 17 años que se trasladó de Moscú a Kostroma para estudiar joyería.

En noviembre de 2024, él y un amigo fueron a ver un documental sobre el antifascista asesinado Ivan Khutorskoy, actividad organizada para conmemorar 15 años de su muerte a manos de neonazis.

Cuando Yaroslav se fue, se le acercaron nueve personas que lo interrogaron sobre sus visiones políticas, de acuerdo a Antifa.ru, un canal de Telegram del movimiento antifascista en Rusia.

Sacaron una pistola de bengalas y Yaroslav recibió un disparo en la cara.

Los atacantes se dispersaron, pero los médicos de un hospital cercano no pudieron salvarle el ojo. Yaroslav se vio obligado a abandonar sus estudios y volver a vivir con sus padres cerca de Moscú. No quiso hablar con la BBC.

Dos días después del incidente, el presunto agresor, también de 17 años, fue detenido y ahora se enfrenta a más de una década en prisión acusado de vandalismo y de causar lesiones corporales graves con el uso de un arma.

Según Anton, el adolescente era miembro del grupo Made with Hate, al que se había afiliado pocas semanas antes de su detención.

Otro adolescente también fue detenido posteriormente en relación con el ataque. Anton dijo que el sospechoso era una figura destacada de la banda neonazi.

Ambos sospechosos permanecen en prisión preventiva.

Brutalidad nostálgica

Los nuevos grupos neonazis que surgen en Rusia, según Vera Alperovitch, investigadora del Centro Sova, intentan revivir "las tradiciones y todos los tipos de violencia desarrollados en la década de 2000".

La forma de los atentados perpetrados recuerda a la de las bandas neonazis de hace décadas. Por ejemplo, los miembros de la banda organizan reuniones con quienes creen que son homosexuales, así como con quienes han etiquetado como "pedófilos" y "drogadictos", además de con los sin techo, para agredirlos.

También llevan a cabo "vagones blancos", término con el que se conoce a los ataques coordinados contra pasajeros de trenes.

Esto es más sobre una necesidad de captar la atención que sobre ideología, dice Alperovitch. "La sed de notoriedad juega ahora un papel más importante que nunca".

En los círculos de la ultraderecha de los años 2000, explica, el movimiento estaba dirigido por una ideología neonazi. "Estas eran personas inteligentes que leían literatura neonazi y publicaban sus propias revistas", afirma Alperovitch.

La violencia que conllevó supuso un serio problema en Rusia, con cientos de delitos de odio por motivos raciales cada año.

A principios de la década de 2010, el movimiento fue efectivamente desmantelado, con la ayuda de las fuerzas del orden. Muchas de sus figuras clave fueron condenadas a largas penas de prisión.

Ahora la actividad de los cabezas rapadas nazis en Rusia vuelve a aumentar, pero esta subcultura aún está en pañales y todavía no se ha formalizado política e ideológicamente, afirma Alperovitch.

"No se trata de combatientes ideológicos como antes. Putin, la guerra, Estados Unidos... todo es demasiado complicado para ellos", le dijo Alperovitch a la BBC.

"(Sólo existe la idea de que) hay migrantes, debemos golpearlos y hacer un video".

La retórica xenófoba de los funcionarios rusos y los medios de comunicación estatales está en el corazón del reciente aumento de los ataques, así como "el sesgo militarista general de la sociedad rusa", indicó.

"De vez en cuando nos enteramos por chats y canales de la ultraderecha de que se ha abierto una causa penal contra tal o cual activista, o incluso contra un grupo de activistas, y que han sido detenidos", afirma Alperovich.

"Pero las fuerzas del orden no lo anuncian en los medios de comunicación, aparentemente tratando de no llamar la atención sobre el hecho de que hay neonazis en Rusia. Las autoridades rusas, por su parte, nos dicen que sólo existen en Ucrania".

Falta de pertenencia

El aumento de la violencia extremista no es sólo un fenómeno ruso.

Paul Jackson, profesor de la Universidad de Northampton, en Reino Unido, afirmó que plataformas poco moderadas como Telegram han dado a la extrema derecha mundial una "dinámica nueva y potente".

"Los jóvenes sienten a veces una falta de sentido en la sociedad y encuentran respuestas a sus frustraciones en contenidos extremistas. A menudo, en el caso de los hombres jóvenes, los temas de la hipermasculinidad apuntalan estos sentimientos", advirtió el profesor Jackson.

Graham Macklin, investigador de la Universidad de Oslo, precisa que la edad media de los agresores está disminuyendo.

De vuelta a Kostroma, el movimiento neonazi sigue creciendo a pesar de las causas penales en curso.

"Hace un año había 15 personas en el movimiento de derechas, incluyéndome a mí, y ahora probablemente haya entre 40 y 50 personas, la mayoría adolescentes", dijo Anton.

Yegor, un activista antifascista de Kostroma que no quiso dar su apellido, dijo que se había puesto "de moda y cool" unirse a esas bandas de extrema derecha.

"Quieren encajar, crearse una imagen de tipos duros".

En abril, Anton se alistó para luchar por Rusia en la invasión a gran escala de Ucrania, aunque cuando habló con la BBC sus razones para hacerlo parecían poco claras.

"Básicamente, sólo porque mi padre era soldado", le contó a la BBC, explicando que su difunto padre había servido anteriormente en la inquieta región meridional de Chechenia, que desde hace tiempo es escenario de un conflicto separatista.

"No me alisté para defender las ideas de nadie", afirmó. "Si me matan, me matan".

Unas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo se enfrenta a una ofensiva de los gobiernos de México y EE. UU. Y a una lucha al interior. A propósito, compartimos una completa nota publicada por el Times.

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más grandes y temidas del mundo. El cártel envía enormes cantidades de fentanilo a Estados Unidos y resiste con violencia los esfuerzos por desmantelarlo.

Pero su supervivencia está amenazada al tener dos gobiernos que toman medidas enérgicas en su contra y una guerra interna que está haciendo estragos.

Tras meses de pérdidas financieras y humanas grandes, el cártel se enfrenta a un momento de profunda agitación, que según los analistas podría señalar el fin de la organización en su forma actual.

¿Qué es el Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa es responsable en gran medida de la producción masiva de fentanilo y otras drogas ilícitas que han tenido un efecto devastador en Estados Unidos.

Durante años, el cártel operó bajo un modelo “paraguas”: una red cohesionada de células delictivas y afiliados, a través de decenas de países, que se coordinaban para traficar con drogas y lavar miles de millones de dólares. El fentanilo, las metanfetaminas y la cocaína representan la mayor parte de las ganancias del cártel. Pero el grupo también se dedica a la trata de personas, el secuestro de migrantes, la tala ilegal de árboles y el robo de combustible.

Sus miembros ejercen el poder mediante la violencia y la intimidación, y corrompen a funcionarios, extorsionan a ciudadanos y asesinan a cualquiera que consideren una amenaza para sus negocios, incluidos periodistas.

El cártel fue fundado y dirigido por Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, e Ismael Zambada García, conocido como el Mayo.

Guzmán, que ahora cumple cadena perpetua en Estados Unidos, construyó su leyenda no solo sobre la violencia, sino también sobre su capacidad para escapar a la captura. Una vez se escabulló de una prisión en un carro de lavandería, y años después desapareció por un túnel bajo la ducha del baño en una celda de máxima seguridad.

¿Cómo empezó su guerra interna?

En un episodio dramático durante el verano pasado, uno de los hijos del Chapo secuestró a Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses.
La traición ahondó una desavenencia que ya crecía e impulsó el conflicto, lo que convirtió al estado de Sinaloa en una zona de guerra.

Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, se han dado a conocer por su extrema violencia y están dirigidos por Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Sus hermanastros, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, están encarcelados en Estados Unidos.

Tras la detención del Chapo en 2016, los Chapitos asumieron el papel de liderazgo de su padre y construyeron un exitoso imperio del fentanilo, y han amasado millones de dólares al llenar las calles estadounidenses de opiáceos.

Sus rivales, conocidos como los Mayos, son leales a Zambada, quien se forjó una reputación por su discreción y sus alianzas estratégicas.

En comparación con los Chapitos, los Mayos son considerados más disciplinados, pragmáticos y arraigados en las prácticas tradicionales del narcotráfico.

¿Quiénes son los rivales del Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa lleva mucho tiempo enzarzado en rivalidades violentas con varios grupos que buscan influencia, control territorial y rutas del narcotráfico.

Pero su competidor más grande es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fundado en 2009, es considerado tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses como una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y de rápida expansión, conocida por sus tácticas paramilitares.

Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, se ha convertido en un actor importante en el contrabando de fentanilo y también trafica con cocaína, heroína y metanfetamina. Los dos cárteles han librado guerras territoriales en todo México, y se han enfrentado en estados como Guerrero, Sonora, Michoacán y Chiapas.

¿Qué están haciendo Estados Unidos y México?

El presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles drásticos y con el despliegue de soldados estadounidenses en México a menos que tome medidas más decisivas para frenar el tráfico de fentanilo y desmantelar los cárteles.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado medidas más enérgicas en particular contra el Cártel de Sinaloa. Su gobierno ha desplegado miles de soldados en Sinaloa, ha detenido a decenas de operativos de alto nivel, ha incautado grandes cantidades de fentanilo y otras drogas y ha desmantelado decenas de laboratorios de drogas.

El gobierno de Trump también ha adoptado una serie de medidas. Ha designado al Cártel de Sinaloa y a otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, ha impuesto amplias sanciones a los líderes del cártel y ha extendido los vuelos secretos de drones de la CIA sobre México para encontrar laboratorios de fentanilo, afirman funcionarios estadounidenses.

Pero desbaratar el dominio del cártel es un reto importante, dados sus enormes recursos. La facilidad con que puede producirse el fentanilo —incluso en una cocina rudimentaria—, combinada con la insaciable demanda entre los consumidores de drogas estadounidenses, hace que la crisis sea extraordinariamente difícil de contener, afirman analistas y expertos.

¿Quién está ganando la guerra?

No existe un consenso claro entre expertos o funcionarios sobre qué facción va dominando ni hay indicios de que la lucha vaya a cesar pronto.

Pero los expertos afirman que el gobierno mexicano ha asestado golpes significativos a la facción de los Chapitos al detener a decenas de actores clave y operativos de alto rango.

La inesperada alianza de los Chapitos con el CJNG subraya lo desesperados que están, aseguran analistas. La guerra, dijo Vanda Felbab-Brown, experta en grupos armados no estatales de la Brookings Institution, tiene implicaciones globales sobre “cómo se reorganizarán los mercados criminales”.

Independientemente de qué facción sea la vencedora, añadió, es probable que la guerra signifique el fin del Cártel de Sinaloa tal como lo conocemos.

“La pregunta es si quedará algo del cártel, o de la facción del Mayo, o si será derrotado, fragmentado y destrozado por el CJNG”, dijo.

Washington se aísla y sus alianzas se fragmentan. Ucrania y Taiwán se consolidan como puntos de fractura de un orden internacional que ya no sostiene ni la estabilidad ni la disuasión, argumenta el columnista de la revista Letras Libres Eduardo Turrent. Trascribimos sus reflexiones para nuestros lectores.

La política exterior de Donald Trump fue presentada, en sus propias palabras, como una extensión natural de su supuesto genio para hacer tratos, ese “arte de la negociación” que lo elevó en el imaginario del éxito empresarial. Sin embargo, su verdadera contribución ha sido la imposición de un orden mundial puramente transaccional que desmantela el multilateralismo y debilita tanto la arquitectura internacional como las propias instituciones democráticas de Estados Unidos. Trump no solo está desmontando el andamiaje global que sostuvo el poder y la legitimidad estadounidense tras la Segunda guerra mundial y la Guerra fría; también está erosionando, desde dentro, los cimientos institucionales que han garantizado la estabilidad democrática de su país. Al sustituir la diplomacia estratégica por el beneficio inmediato y las alianzas por la imposición narcisista, olvida –o desprecia– una verdad histórica elemental: las potencias no solo caen por el asedio de sus enemigos, sino por las grietas que, silenciosas, se abren en las entrañas de sus propios imperios.

Desde su primer día en el poder, Trump se propuso redibujar las relaciones comerciales y estratégicas de Estados Unidos, convencido de que solo rompiendo con el statu quo podría restaurar el poder y la centralidad global de su país. Pero el lema “Make America Great Again” esconde una paradoja evidente: sus decisiones no han fortalecido la posición internacional de Estados Unidos, sino que han acelerado su aislamiento y debilitado su credibilidad. El reciente ataque de Israel contra Irán ilustra esta hipótesis de forma inquietante. Aunque la Casa Blanca estaba informada de los planes, no había dado luz verde definitiva; aun así, Israel decidió actuar, desafiando abiertamente la histórica disciplina estratégica que, durante décadas, había caracterizado la relación bilateral. Analistas como James M. Lindsay, del Consejo de Relaciones Exteriores, advierten que la política exterior de Trump ha vaciado de contenido las alianzas tradicionales, al punto de que los socios actúan por su cuenta, convencidos de que ya no existe una brújula clara en Washington. Ese deterioro es visible: lo que antes requería consenso, ahora se decide unilateralmente. Incluso los aliados más cercanos, conscientes de la erosión del liderazgo estadounidense, tratan con condescendencia al presidente mientras avanzan sin esperar instrucciones, ocupados en la defensa de sus propios intereses.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es otro ejemplo del deterioro estratégico provocado por la política exterior de Trump. Durante su mandato, no solo cuestionó abiertamente la utilidad de la OTAN, sino que debilitó deliberadamente los compromisos de defensa colectiva que, durante décadas, habían sostenido la estabilidad en Europa. Sus amenazas retóricas y su ambigüedad estratégica enviaron a Moscú un mensaje peligroso: la cohesión occidental estaba fracturada y la determinación de respuesta, en entredicho. El resultado fue previsible. Con una OTAN debilitada y una Casa Blanca errática, el Kremlin encontró el terreno propicio para probar los límites y redibujar el equilibrio de poder en Europa. La consecuencia no es solo la devastación de Ucrania y el retorno de la inestabilidad continental, sino también el inicio de un proceso de rearme a gran escala, incluido el de Alemania, que durante décadas había evitado asumir un papel militar protagónico. Para colmo, con Estados Unidos y buena parte del mundo distraídos en la crisis entre Israel e Irán, Putin ha redoblado sus esfuerzos en Ucrania, consciente de que, en un escenario global fragmentado y saturado de frentes simultáneos, la capacidad de Occidente para contener sus ambiciones se diluye aún más.

La fractura en el flanco oriental no termina en Ucrania. Los estados bálticos –Estonia, Letonia y Lituania– se han convertido en el siguiente eslabón vulnerable. Aunque un asalto militar directo por parte de Rusia sigue siendo improbable en el corto plazo, la amenaza es real y latente en el largo. Moscú, debilitado pero no disuadido, mantiene intacta su ambición de recuperar lo que considera “territorio histórico ruso”, y la región lo sabe. Los tres países han incrementado su gasto militar, reforzado sus fronteras y comenzado a abandonar tratados como la prohibición de minas terrestres. El riesgo no se limita a un ataque convencional: la mayor amenaza son las operaciones híbridas –provocaciones, sabotajes o incidentes fabricados– que sirvan de pretexto para una intervención, como ya ocurrió en Crimea. Una crisis en la línea ferroviaria que conecta Rusia con Kaliningrado (enclave ruso situado entre Polonia y Lituania y aislado del resto del territorio ruso) bastaría para poner a prueba la coherencia de la OTAN. Y con las alianzas debilitadas y Washington atrapado en su propio laberinto de contradicciones, el margen de disuasión se reduce peligrosamente.

En Asia, el deterioro estratégico impulsado por Trump se manifiesta con igual claridad. Durante décadas, la ambigüedad estratégica de Estados Unidos en torno a Taiwán –suficientemente clara para disuadir a China, pero lo bastante ambigua para evitar una escalada directa– había contenido las tensiones en el estrecho. Trump dinamitó ese equilibrio con gestos improvisados, declaraciones contradictorias y una política exterior marcada por la inconstancia. Aunque reforzó la venta de armamento a Taipéi y promovió iniciativas legislativas como el TAIPEI Act, su retórica errática y su credibilidad deteriorada terminaron debilitando la posición estadounidense en la región. Para Beijing, el vacío estratégico resultante se tradujo en una oportunidad: en los últimos meses, China ha incrementado su presencia militar en el estrecho y elevado su presión diplomática, percibiendo en Washington un liderazgo inconsistente y un entorno internacional fragmentado. Desde Japón hasta Australia, pasando por Corea del Sur y Filipinas, los aliados observan con escepticismo la capacidad real de Estados Unidos para contener una crisis que, lejos de disiparse, se perfila como uno de los principales puntos de fractura del orden global.

Por ahora, el conflicto entre Israel e Irán no desatará la tercera guerra mundial. Ni China ni Rusia parecen dispuestas a intervenir directamente, e Israel, con ataques quirúrgicos tan precisos como calculados, ha logrado –al menos por el momento– contener la expansión del incendio en Medio Oriente. Pero mientras el mundo desvía la mirada hacia esa región, dos frentes mucho más delicados se consolidan en los márgenes estratégicos: Ucrania y Taiwán. Allí, donde confluyen la ambición de las potencias revisionistas y el vacío de liderazgo estadounidense, se está gestando el verdadero punto de ruptura. No será una chispa lo que encienda un conflicto global, sino un deterioro lento, previsible y, sobre todo, autoinfligido: la gradual descomposición de la hegemonía que durante décadas sostuvo el orden internacional.

¿Cuánto puede durar un imperio cuyo prestigio se ha erosionado y en el que sus propios aliados ya no creen? ¿Qué sucede cuando la arquitectura internacional de seguridad que durante décadas contuvo las ambiciones comienza a resquebrajarse? ¿Y qué futuro le espera al orden global cuando la hegemonía que lo sostenía ya no inspira respeto ni certidumbre? Como advirtió la literatura distópica que Orwell encarnó: al final, no se conquista el poder, se hereda el vacío.

Desde que Barrabás fue absuelto y Cristo condenado a la cruz, la víctima goza de buena imagen: su sacrificio expía nuestros pecados, su muerte es nuestra salvación. El victimismo se ha vuelto así una poderosa arma política: el culpable se transforma en perseguido, el malvado en beato. Cristina Kirchner recita la parte, se ve que le gusta, se nota que piensa tener la sartén por el mango, expresa con contundencia el historiador Loris Zanatta en su espacio en Clarín que recomendamos leer aquí.

Que el victimismo funcione o no depende a menudo del contexto cultural. Hace años, un caballero británico decidió matar el tiempo con películas porno. Estaba muy aburrido, se gastó 67 libras. Por descuido, la cifra se sumó a la cuenta que su mujer presentó al Ministerio. Así fue como una intachable ministra de Su Majestad perdió el cargo: dimitió. Si bien modesto, el gasto de dinero público para fines privados resultó imperdonable.

Este caso es extremo, pero casos parecidos hay a montones, ahora por un breve plagio, ahora por un pequeño favoritismo. Cosas menores, nada que ver con los millones y millones del caso Kirchner. De Canadá a Alemania, de Dinamarca a Nueva Zelandia, de Suiza a los Países Bajos, es inevitable pensar en la rigidez puritana, en el despiadado moralismo calvinista.

Aunque excesivos y a veces ridículos, sin embargo, estos episodios nos hablan de la “cultura de la legalidad”. Allí donde prima la “responsabilidad” del ciudadano sobre la “culpabilidad” del pecador, el primer y más severo juez no será un tribunal, sino “la conciencia moral”, por citar un clásico. Y si no basta, el electorado se encargará.

En nuestros países, Italia o Argentina, España o Colombia, las cosas son diferentes. No siempre, sí a menudo. Hace tiempo que Nápoles está invadida por vehículos polacos, matriculados en Varsovia, para evadir al fisco y eludir el seguro, ya muy caro por los accidentes simulados con testigos a sueldo. Los hinchas del equipo local de visitantes a Bolonia taparon las chapas de sus coches para no pagar el telepeaje.

¿El principio de legalidad? Invertido: la conveniencia privada prima sobre el interés público, el “pueblo” ingenioso sobre el Estado vejatorio. ¡Cuánto romanticismo complacido sobre nuestro genio para joder al prójimo! ¡Qué orgullo nacional popular marcar goles con la mano!

¿Por qué asombrarse? Nuestro Dios es un Dios bueno y compasivo. “Lo perdona todo”, dicen. Y si Dios perdona, ¿cómo no va a perdonar la conciencia? ¿Cómo no va a perdonar el “pueblo”? De ahí que se agolpe, adorador, bajo el balcón de la “víctima”, que la reivindique con furor, que amenace desencadenar la ira de Dios. Entre nosotros, Kant habría pasado por tonto, y la “vergüenza” cede paso a la “sin vergüenza”.

Cristina Kirchner pisa huellas antiguas. Las huellas en las que hundieron sus pies Eva Perón y su marido, en los que se ha revolcado durante siglos el patrimonialismo hispano: el poder es una extensión del patrimonio personal del soberano, el rey lo usa a discreción para recompensar a los fieles y castigar a los infieles, “hacer el bien” del pueblo y combatir sus enemigos.

Dios le juzgará, no los hombres. Joder al “pueblo” en nombre del “pueblo”, convengamos, es brillante, “robar por la Corona” siempre actual. En ese orden de ideas, Cristina no robó, solo ejerció sus derechos.

¿Estereotipos? Un poco sí y un poco no, donde más y donde menos. Tomemos los estadios. Hay países donde la gente sale a comprar pochoclos en medio del partido: increíble, ¿no? Los nuestros son emocionantes, electrizantes. Demasiado, a veces: hay quienes se matan. El blanco favorito, háganle caso, es el árbitro.

Ni hablar de las redes sociales, los comentarios chorrean tribalismo: pocos creen en la universalidad de la ley, nadie en la neutralidad del juez. El árbitro siempre es cornudo y corrupto. ¿Nunca se había visto a un Presidente enriquecerse tanto en el cargo? ¿Nunca tantas pruebas en su contra? ¿Nunca tantos jueces de acuerdo? Da igual: si el partido termina mal, el Juez debe ser un vendido. La fe le gana a la evidencia, Cristina es una víctima, su pueblo la absuelve.

Sobre ese fondo, su condena pone a prueba la “cultura de la ilegalidad” que Argentina comparte con muchos países de las mismas raíces. Da tristeza ver a los intelectuales kirchneristas gritar al golpismo, denunciar el eterno complot de la eterna sinarquía. ¡Mucha obsesión, poca reflexión!

¿Cómo pueden ver progresismo en el retrógrado patrimonialismo de la cultura peronista? Presos del mito, apuestan a un nuevo 17 de octubre, versión siglo XXI. ¿Lo tendrán? ¿El victimismo sigue siendo rentable? Veremos. Capaz que algo esté cambiando.

Mérito de Milei, patean sus devotos. Culpa de Milei, los rebotan los haters. Mejor aplaquen los ardores. Un Presidente que ama definir “criminal” al Estado del que debe hacer respetar las leyes, no me lo veo al mando de la lucha por la legalidad. Un Jefe de Estado que abusa de blanqueos y corteja a los evasores fiscales no suena a modelo de ética pública.

La otra cara del victimismo, ojo, es el “expiacionismo”, tan popular en nuestros países. ¿De qué se trata? Muy simple: el castigo de uno absuelve a los demás. El Juicio a las Juntas limpió conciencias que limpias no estaban. Ojalá que el Juicio a Cristina no ilusione a nadie sobre el fin de la deshonestidad.