El informe Aristas Media 2025 confirma un deterioro sostenido de los aprendizajes, una desigualdad cada vez más profunda y graves fallas de funcionamiento del sistema educativo. Mientras se celebra que más estudiantes avanzan de grado, demasiados lo hacen sin adquirir los conocimientos indispensables.

Los resultados de Aristas Media 2025, la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), constituyen una nueva y contundente señal de alarma sobre el estado de la educación uruguaya. No estamos ante una dificultad circunstancial, sino frente a un deterioro persistente que compromete las oportunidades de nuestros jóvenes y, con ellas, el futuro del país.

La evaluación, aplicada a estudiantes de noveno grado de educación media, muestra que el 69,4% no alcanza el nivel 3 de desempeño en matemática. En lectura, esa proporción llega al 28%. Ambas cifras han empeorado sistemáticamente desde 2018, cuando eran del 63,1% y 22,5%, respectivamente.



Tampoco se cumplieron las metas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para 2025. En lectura, se esperaba que el 77% de los alumnos superara el nivel 2, pero solamente lo consiguió el 72%. En matemática, la meta era del 36% y apenas se alcanzó el 30,6%.


No son cifras para relativizar mediante explicaciones burocráticas. Casi siete de cada diez adolescentes no logran superar el segundo nivel de desempeño matemático, en una escala que contempla cinco niveles. Es un resultado sencillamente inaceptable.

La desigualdad que se reproduce

Todavía más preocupante es la dimensión social del fracaso. En los centros de contexto muy favorable, el 60,6% de los estudiantes supera el nivel 2 de matemática. En los de contexto muy desfavorable, apenas el 12,5%. Esto significa que el 87,5% de los alumnos de estos últimos permanece en los niveles inferiores.

En lectura, la distancia entre los contextos extremos alcanza los 34,6 puntos porcentuales, frente a los 27,5 registrados en 2018. Lejos de cerrarse, la brecha se amplía.


La educación pública fue históricamente uno de los grandes instrumentos de integración y movilidad social del Uruguay. Su promesa republicana consistía en ofrecer oportunidades de progreso independientemente del origen familiar. Hoy, esa promesa está seriamente comprometida.

El propio INEEd advierte que las desigualdades no responden exclusivamente a las condiciones socioeconómicas. También inciden factores institucionales y pedagógicos. Entre ellos, la estabilidad de los equipos docentes, que resulta mayor precisamente en los centros de contextos más favorecidos.

Es decir, quienes más necesitan del sistema educativo encuentran, con frecuencia, las condiciones menos propicias para aprender.

Un sistema que tampoco garantiza las clases

A las deficiencias de aprendizaje se suman fallas elementales de funcionamiento. Según los directores consultados, más del 60% de los liceos públicos comienza el año sin todos los profesores necesarios. Al finalizarlo, casi la mitad continúa padeciendo esa carencia.

Durante 2025, cerca del 12% de los estudiantes de liceos públicos permaneció un mes o más sin profesor en alguna asignatura. En formación profesional básica de UTU, esa proporción alcanzó el 14%.


El ausentismo completa el panorama: solamente el 65,7% de los estudiantes de secundaria pública asiste a más del 80% de las clases. En educación técnica, el porcentaje desciende al 53,1%.

¿Cómo exigir resultados satisfactorios cuando ni siquiera se garantiza la continuidad de la enseñanza?

Y todavía hay más. Apenas el 16,5% de los profesores de matemática considera suficiente el tiempo disponible para desarrollar el programa. Los estudiantes llegan con conocimientos básicos insuficientes, lo que obliga a retroceder sobre contenidos anteriores e impide avanzar adecuadamente.

El deterioro también alcanza la convivencia, la motivación y los hábitos de estudio. El INEEd registra un debilitamiento de los vínculos entre estudiantes y docentes, así como una creciente dificultad para mantener la atención en el aula. El 65,8% de los propios alumnos reconoce que el uso de celulares afecta muchas veces o siempre el desarrollo de las clases.

A ello se agrega el descenso del interés por la lectura y de las aspiraciones de continuar estudios universitarios. No solamente se aprende menos: también se debilitan algunas de las condiciones fundamentales para aprender.

Promover no es educar

En medio de este panorama aparece una de las confusiones más perjudiciales de la política educativa contemporánea: celebrar la disminución de la repetición y el aumento de la promoción como si constituyeran, por sí mismos, pruebas de una mejor educación.

El fenómeno no es exclusivamente uruguayo. En España y en otros países también se han impulsado políticas que buscan reducir la repetición y facilitar la progresión escolar. Algunas pueden responder a objetivos legítimos de inclusión y permanencia. El problema comienza cuando el avance administrativo del alumno deja de estar acompañado por una comprobación rigurosa de sus aprendizajes.

No se trata de defender la repetición como solución pedagógica. Repetir un año tampoco garantiza aprender. Se trata de algo mucho más elemental: no confundir la permanencia en el sistema con la adquisición efectiva de conocimientos.

Un estudiante puede aprobar, avanzar de grado y obtener finalmente un certificado sin dominar las herramientas intelectuales correspondientes. En ese caso, el sistema habrá mejorado sus estadísticas, pero no necesariamente la educación que ofrece.

De poco sirve exhibir menores tasas de repetición si, simultáneamente, las evaluaciones independientes muestran un deterioro de los desempeños. Y Aristas Media 2025 obliga precisamente a enfrentar esa contradicción.

La promoción sin aprendizajes suficientes no constituye una conquista social. Puede convertirse, por el contrario, en una forma particularmente cruel de engaño a los estudiantes y sus familias. Porque la ausencia de conocimientos termina manifestándose cuando el joven busca continuar sus estudios, conseguir empleo o desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente.

Una responsabilidad que no admite excusas

Sería incorrecto atribuir esta crisis exclusivamente al actual gobierno. El deterioro documentado por Aristas comienza en 2018 y atraviesa diferentes administraciones. Tampoco corresponde presentar estos resultados como una evaluación concluyente de la transformación educativa impulsada durante el período anterior.

Pero reconocer el carácter estructural del problema no puede convertirse en una excusa para la inacción.

Las autoridades actuales tienen la obligación de garantizar profesores, recuperar la asistencia, restablecer condiciones adecuadas de convivencia y concentrar los esfuerzos en los aprendizajes fundamentales. También deben establecer metas verificables y aceptar que las evaluaciones independientes son indispensables para conocer los resultados reales de las políticas educativas.

Uruguay no puede aspirar seriamente a una economía del conocimiento, a una mayor productividad y a una inserción internacional competitiva mientras una proporción tan elevada de sus adolescentes presenta dificultades educativas de esta magnitud.

Pero existe algo todavía más grave que el perjuicio económico. Cada estudiante que atraviesa el sistema sin adquirir las herramientas necesarias representa una oportunidad de desarrollo personal que el país está desperdiciando.

La educación uruguaya no necesita nuevos relatos triunfalistas ni estadísticas complacientes. Necesita recuperar conocimientos, exigencia, asistencia, autoridad pedagógica y calidad de enseñanza, sin resignar el indispensable objetivo de la inclusión.

Porque la verdadera inclusión no consiste en hacer avanzar a todos de grado, sino en conseguir que todos tengan oportunidades reales de aprender.

Y los resultados de Aristas Media 2025 demuestran, dolorosamente, cuánto nos estamos alejando de ese objetivo.

Por Julio María Sanguinetti

El Congreso del Frente renueva ante la opinión pública lo que se mueve en el espíritu de ese partido esquizofrénico, que ha gobernado ya 16 años largos sin sacudir las estructuras de la economía burguesa pero a la vez sigue soñando con revoluciones imposibles y utopías fracasadas, en una doble personalidad en constante contradicción.

Precisaban llegar a esa instancia con algunos “logros” del famoso programa para calmar la insatisfacción notoria que viven las “bases”. Las han calmado con la irresponsabilidad de la jubilación a los 60 años, que es el camino al desastre del sistema jubilatorio, con una mejoría en el indicador de pobreza y la unificación de las prestaciones sociales que construyó el Batllismo a lo largo de los años, desde la asignación familiar del gobierno de Amézaga en los años cuarenta. Se añade el anuncio de una gran inversión de la empresa española Solaria que tendrá instancias complejas porque requerirá, seguramente, las mismas exoneraciones y concesiones que el Frente ha cuestionado en los gobiernos de la Coalición Republicana.

En todo caso, llegaron con algo de mejor clima pero preocupados por la misma bajísima aprobación que tiene el gobierno y que no logran explicarse.

No sería difícil entender que si todas las encuestas marcan la seguridad como el tema prioritario y allí no avanzamos nada, batiendo récords de homicidios, no es posible que haya aplausos para la gestión. Añadamos que como el crecimiento es bajo y la inversión no repunta lo suficiente, no se ve por qué lado el clima cambiará, después que el país entero ha vivido la angustia de ver a su puerto (fundamentalísimo) cuatro meses en conflicto, con el comunismo feliz de tener el país paralizado.

En el caso Cardama se anotan el aparente éxito político de que, una vez más con el apoyo de los diputados de Cabildo Abierto, siguen adelante con su denuncia. Sin embargo, los hechos nos dicen que lo que escribimos en estas páginas hace un año y medio se está dando cumplidamente: estamos en juicios cruzados que se resolverán en el próximo gobierno, no sabemos qué hacer con los cascos de acero de las embarcaciones ya construidos y naturalmente seguimos mirando como pescan chinos y brasileños en nuestras aguas, porque no hay patrulleras a la vista. Algo que debió zanjarse a nivel de abogados, como lo planteó nada menos que el Dr. Gonzalo Fernández, va camino a un interminable litigio.

En el mentado Congreso hubo muchas críticas a que no lograron apañar el dinero de las AFAPS y meterlo en una cuenta del Estado. Más allá de los debates ideológicos sobre que el ahorro no puede ser privado, no advierten que por ese camino destruirían la credibilidad del país en materia de seguridad jurídica y previsibilidad económica. Los salvó el ministro Oddone, pero realmente la mayoría siguen creyendo que pueden impunemente quedarse con 28.000 millones de dólares propiedad de los trabajadores del país. No dudamos de la honestidad de su convicción y eso es lo preocupante: creen que se pueden cometer esas barbaridades sin consecuencias.

El debate de política exterior, como siempre, es el que aporta una visión acabada de su concepción sobre la democracia, las libertades y los derechos humanos. Siempre las dictaduras están en su horizonte: Cuba, Nicaragua y Venezuela son sus causas.

Del fracaso histórico del régimen marxista de Cuba nadie puede dudar. Es una catástrofe política, social y económica en toda la regla, en que la carencia de energía eléctrica a la población la simboliza estentóreamente. El cuento del “bloqueo” es increíble: con Cuba abierta al comercio con el mundo entero seguir hablando de él es casi infantil. Se abrazan ahora a las restricciones que ha impuesto el gobierno Trump para intentar la explicación de un desastre que viene de años. En todo caso, la falta de libertad no es un problema para un frentista uruguayo. Lo mismo que en Venezuela, transformada hoy en una dictadura sin dictador, que va ganando tiempo al amparo del manejo errático del gobierno de Trump que logró quedarse con el negocio petrolero y a cambio mantener la estructura tiránica. La actitud del propio Presidente norteamericano frente a la premio Nobel María Corina Machado es inexplicable y por esa vía medra el viejo régimen, que sigue aleteando en la complicidad.

No sería de extrañar nada, naturalmente, porque todas las corrientes marxistas del mundo han sido despectivas de las libertades. Sin embargo, que uruguayos que viven trayendo el recuerdo de nuestra dictadura, repudiando sus desapariciones de personas, mueve realmente a indignación.

Lo mismo cuando hablamos de Israel: se ignora que todo el conflicto nació de una cruel y despiadada agresión a Israel de Hamas, dueño del gobierno de Gaza. Desde el Holocausto, el pueblo judío no sufría algo igual. 1.200 personas asesinadas y 220 secuestrados son proporcionalmente bastante más que el daño de las Torres Gemelas, añadiéndose además connotaciones repugnantes de racismo y ataque a las mujeres. Vino la reacción de Israel para liberar a su gente y de ahí la destrucción de Gaza, que sigue sometida al régimen de Hamas. Si éste aceptara desarmarse y reconociera el derecho de Israel a vivir, la guerra terminaría en diez minutos. Todos sabemos, sin embargo, que eso no ocurrirá y que mantendrán esta situación de real penuria. La acusación de genocidio no se sostiene: nunca Israel intentó hacer desaparecer a los gazatíes, cada bombardeo fue preanunciado, en todo momento se intentó minimizar los daños y tratar de superar el fanatismo de quienes ponían sus niños de escudo para desprestigiar al Ejército que procuraba neutralizar la agresión.

Hamas es una organización terrorista. Sigue propugnando la desaparición de Israel. Aplica la ley islámica de subordinación de la mujer. Olímpicamente se ignora todo y agitan banderas palestinas como si no fueran un símbolo de oscurantismo. Que el congreso del partido de gobierno uruguayo haya caído de ese modo en esa actitud solo es explicable por un rencor escondido contra el pueblo judío que ahora aflora, por su viejo antiyanquismo y en el fondo porque no creen en la libertad. Son totalitarios en lo político y reaccionarios en la concepción de los derechos humanos. Queda claro que se resignan a vivir nuestras libertades burguesas, porque no hay más remedio, pero punto. Del mismo modo que un día tomaron las armas contra la democracia uruguaya, allá por 1963 y terminamos en lo que terminamos.

Felizmente, el gobierno intenta resistir pero como natural consecuencia, vive en la ambigüedad para sobrevivir.

En todo caso, que nadie se engañe: las bases frentistas no son demócratas y siguen alentando el sueño de llevarnos al mismo lugar en que Venezuela, Nicaragua y Cuba yacen en la miseria y el fracaso.

Una intensa agenda de actividades partidarias, debates institucionales, iniciativas parlamentarias y homenajes históricos marca la nueva edición de La Semana, el boletín informativo del Partido Colorado.

La edición de esta semana incluye: la convocatoria a la Convención Nacional del Partido Colorado para el 31 de octubre; los pronunciamientos del partido sobre la situación en Venezuela y la actuación de la JUTEP; la intervención de Andrés Ojeda en el Senado sobre la urgencia de atender la salud mental; la presentación del equipo de la Comisión Nacional de Asuntos Migratorios, con la participación de Julio María Sanguinetti; los homenajes a Jorge Batlle al cumplirse diez años de su fallecimiento; el cierre de la gira de Matías Duque por los 32 municipios de Canelones; la charla de Luis Hierro López sobre el legado y el futuro del Partido Colorado; el homenaje tributado en Flores a José Batlle y Ordóñez, a 97 años de su fallecimiento; la iniciativa de Robert Silva para declarar el 11 de diciembre como Día del Natalicio de Carlos Gardel; y los resultados de la consulta a los lectores sobre la regionalización de los gobiernos departamentales. Finalmente, en la sección La pregunta de la semana se plantea: «¿Uruguay debería permitir la jubilación a partir de los 60 años a quienes tengan 30 años de servicios computados?»

Leé la edición completa de La Semana aquí

Al cumplirse diez años del fallecimiento del expresidente Jorge Batlle, el Partido Colorado ha organizado dos actividades para honrar su memoria: una ceremonia en el Cementerio Central, mañana sábado 24, y una jornada de evocación y reflexión política el miércoles 28, en la Casa del Partido Colorado.

A diez años de su fallecimiento, la figura de Jorge Batlle sigue convocando al recuerdo, la reflexión y el reconocimiento de una trayectoria política excepcional, marcada por su defensa de la libertad, sus convicciones democráticas y su compromiso con el país.

Mañana sábado 24, a las 10 horas, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado realizará un homenaje en el Panteón de la familia Batlle, en el Cementerio Central, donde se colocará una ofrenda floral en memoria del expresidente. La ceremonia contará con palabras de nuestro columnista, el exvicepresidente de la República Luis Hierro López, quien acompañó a Jorge Batlle durante su gobierno.

Por otra parte, el miércoles 28 de octubre, a las 19 horas, el Partido Colorado y el Instituto Joaquín Suárez realizarán un segundo homenaje en la Casa del Partido Colorado, Andrés Martínez Trueba 1271, que incluirá la proyección de fragmentos del documental Jorge Batlle: entre el cielo y el infierno, dirigido por Federico Lemos.

La actividad continuará con una mesa redonda en la que participarán Luis Hierro López, Raúl Batlle, Jorge Barrera, Elianne Castro y Elena Grauert. También estará presente, como invitado especial, el director de la película, Federico Lemos.

Ambas instancias permitirán recordar las múltiples dimensiones de una personalidad singular de la historia política uruguaya: el dirigente de firmes convicciones, el incansable defensor de la democracia, el gobernante que debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de nuestra historia y, sobre todo, el hombre que nunca renunció a decir lo que pensaba.

A diez años de su desaparición física, su pensamiento, su coraje y su pasión por el Uruguay conservan una indiscutible vigencia.

Desde Correo de los Viernes invitamos a nuestros lectores a participar de estos dos merecidos homenajes a una de las figuras fundamentales del batllismo y de la vida democrática nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una declaración en la que reclama elecciones presidenciales libres y transparentes, la liberación de todos los presos políticos y el pleno restablecimiento de los derechos y libertades en Venezuela. El pronunciamiento reafirma la histórica solidaridad del coloradismo con el pueblo venezolano y su compromiso con los principios democráticos.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se pronunció este lunes sobre la situación institucional de Venezuela mediante una declaración que reivindica los principios democráticos y reclama condiciones efectivas para que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro político.

El documento, suscrito por la presidenta de turno, Elena Grauert, y el secretario general, Andrés Ojeda, comienza advirtiendo que se han superado ampliamente los plazos constitucionales para la convocatoria de elecciones presidenciales y que persisten la incertidumbre institucional y los cuestionamientos sobre la legitimidad del poder.

Ante esta situación, el Comité Ejecutivo Nacional expresa que el Partido Colorado «se suma a las voces de la comunidad internacional que reclaman la celebración de elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y verificables, con plenas garantías democráticas y respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano».

La declaración coloca así el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes en el centro de cualquier proceso de normalización institucional. No puede hablarse de una auténtica recuperación democrática mientras el ejercicio de la soberanía popular permanezca condicionado o postergado indefinidamente.

El pronunciamiento también aborda una de las consecuencias más dolorosas de la represión política. En términos inequívocos, el Comité Ejecutivo Nacional «exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, que aún superan los 300, y el pleno restablecimiento de las libertades y los derechos humanos».

Se trata de una reivindicación indispensable. La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Exige también que ningún ciudadano sea privado de su libertad por razones políticas y que los derechos individuales estén efectivamente protegidos.

Otro aspecto significativo de la declaración es su preocupación por los venezolanos que debieron abandonar su país. El Comité Ejecutivo Nacional reclama «que se garantice el retorno seguro de todos los venezolanos que deseen regresar a su país, sin persecuciones ni represalias, y el derecho a participar en la vida política y electoral sin proscripciones ni inhabilitaciones arbitrarias».

Este planteo incorpora una dimensión humana y política fundamental. La recuperación de Venezuela debe comprender también la posibilidad de que sus ciudadanos regresen a su patria y participen plenamente en su reconstrucción institucional, sin temor a represalias ni discriminaciones.

El documento concluye con una afirmación que resume el sentido del pronunciamiento: «El Partido Colorado reafirma su histórica solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de derecho».

La declaración se inscribe en la tradición democrática del coloradismo y expresa una posición coherente con su histórica defensa de las libertades públicas, el pluralismo político y el respeto a la voluntad popular.

En momentos en que Venezuela necesita recuperar instituciones legítimas y garantías efectivas para todos sus ciudadanos, el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional vuelve a colocar en primer plano una convicción esencial: no hay democracia verdadera sin elecciones libres, sin respeto a los derechos humanos y sin plena vigencia del Estado de derecho.

La celebración del Día de la Mujer Palestina en el Palacio Legislativo revela una solidaridad selectiva que encuentra víctimas dignas de homenaje cuando puede responsabilizar a Israel, pero guarda silencio ante las atrocidades cometidas contra otras mujeres. La participación de Majida al-Masri, alta dirigente de una organización involucrada en los ataques del 7 de octubre de 2023, agrava una iniciativa que compromete el prestigio de la institución democrática por excelencia de nuestro país.

El próximo lunes 26 de octubre se celebrará en el Palacio Legislativo el denominado Día de la Mujer Palestina, en una actividad promovida por la Embajada de Palestina y auspiciada por el senador frenteamplista Gustavo González. Participarán, entre otras, Mónica Xavier y Lilián Abracinskas, así como, mediante una intervención virtual, la dirigente palestina Majida al-Masri.

La iniciativa merece un doble rechazo. Primero, por la selectividad de una solidaridad política que solo parece conmoverse ante determinadas víctimas. Segundo, y con mayor razón, por la participación de una dirigente cuyo historial resulta incompatible con los valores que deberían distinguir al Parlamento de una república democrática.

Las mujeres que no merecen homenajes

¿Por qué la mujer palestina? ¿Por qué no la mujer keniana, víctima de la violencia yihadista contra comunidades cristianas? ¿Por qué no la mujer kurda, perseguida durante décadas por distintos Estados y organizaciones armadas? ¿Por qué no las mujeres asirias o yazidíes, masacradas, secuestradas y esclavizadas por los terroristas de Daesh? ¿O las mujeres uigures, sometidas a las políticas represivas de la dictadura comunista china?

¿Dónde están los homenajes parlamentarios a estas mujeres? ¿Dónde las movilizaciones multitudinarias y los pronunciamientos indignados de quienes se presentan como custodios universales de los derechos humanos?

La respuesta parece evidente: en esos escenarios no hay judíos a quienes responsabilizar.

He aquí el componente más inquietante de esta solidaridad selectiva: el germen antisemita que asoma detrás de una preocupación que se enciende cuando el adversario es Israel y se apaga cuando los victimarios son islamistas, dictaduras árabes, el régimen chino o cualquier otro poder político.

No se trata de negar el sufrimiento de las mujeres palestinas, que es real y merece consideración. Se trata de denunciar su utilización como instrumento de una militancia que no aplica los mismos principios ante tragedias semejantes.

Para esa izquierda, la mujer palestina parece importar menos como persona que como símbolo. La causa palestina se convierte en un tótem ideológico, útil para condenar a Israel y, con demasiada frecuencia, extender esa condena al pueblo judío.

Cabe preguntarse si, desaparecido mañana Israel y expulsados todos los judíos de Medio Oriente, persistiría semejante fervor solidario. Tenemos buenas razones para sospechar que buena parte de esa preocupación se desvanecería por arte de birlibirloque.

Y hay una paradoja adicional: quienes se proclaman defensores de las mujeres palestinas suelen mostrarse mucho menos dispuestos a denunciar las restricciones que padecen bajo el autoritarismo de Hamás, su represión política y la imposición de normas religiosas incompatibles con las libertades que la izquierda occidental dice defender.

La solidaridad genuina no debería depender de quién dispara ni de la religión del victimario. Cuando depende de ello, deja de ser una defensa universal de los derechos humanos para convertirse en propaganda.

Una invitada con un pasado que no puede esconderse

Si la conmemoración ya plantea estas objeciones, la participación de Majida al-Masri convierte el episodio en algo mucho más grave.

La invitada es presentada como exministra de Asuntos Sociales de Palestina, cargo que efectivamente ocupó entre 2009 y 2013. Pero esa presentación omite lo más significativo de su trayectoria.

Nacida en Haifa en 1947, inició su militancia en el Movimiento de Nacionalistas Árabes y posteriormente integró el Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización marxista-leninista responsable de secuestros de aviones y atentados terroristas. Durante aquella etapa recibió entrenamiento en campamentos de la organización en Jordania.

En 1972 se incorporó al Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), otra organización marxista revolucionaria, de la que actualmente es vicesecretaria general.

El FDLP fue responsable de atentados contra civiles israelíes, entre ellos la masacre de Ma’alot, perpetrada el 15 de mayo de 1974, cuando fueron asesinadas 25 personas, muchas de ellas escolares.

Pero no estamos hablando solamente de acontecimientos ocurridos hace medio siglo. Su brazo armado, las Brigadas de la Resistencia Nacional, participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, junto con Hamás y otras organizaciones terroristas.

No es una acusación del gobierno israelí. Lo confirmó expresamente Human Rights Watch mediante una investigación independiente basada en abundante documentación, incluidos videos difundidos por los propios atacantes.

Tampoco pueden ignorarse las declaraciones posteriores de al-Masri, quien reivindicó las consecuencias políticas de la operación denominada Diluvio de Al-Aqsa, a la que atribuyó haber devuelto la cuestión palestina al centro de la atención mundial. También defendió la resistencia y una estrategia de unidad nacional que incluya a Hamás y la Yihad Islámica.

¿Es esta la clase de personalidad extranjera a la que corresponde ofrecer una tribuna en el Parlamento uruguayo?

La increíble defensa de lo indefendible

El senador Gustavo González, promotor de la actividad, sostuvo que el FDLP no integra la lista estadounidense de organizaciones terroristas y aseguró que jamás había cometido atentados ni secuestros.

La primera afirmación es correcta respecto de su situación actual, aunque omite que la organización estuvo incluida en esa lista hasta 1999. La segunda es sencillamente falsa: los antecedentes históricos del FDLP y su participación en los ataques del 7 de octubre están documentados.

Más preocupante todavía ha sido la reacción de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien respondió al reclamo de legisladores de la Coalición Republicana afirmando que el Parlamento «es la casa de la democracia uruguaya» y que sus puertas están abiertas a «las más diversas formas de ver y entender el mundo».

Agregó que no existe un reglamento específico para el uso de las salas y que cada legislador asume la responsabilidad por las actividades que solicita.

Es una respuesta insatisfactoria.

Nadie discute las libertades de reunión y expresión. Lo que se discute es si esas libertades generan un derecho irrestricto a utilizar la sede del Poder Legislativo para difundir cualquier mensaje y prestigiar a cualquier dirigente político extranjero.

El Palacio Legislativo no es un salón de actos cualquiera. Es la sede de la representación popular, expresión máxima de nuestra democracia y símbolo de una tradición republicana construida sobre la libertad, la tolerancia y el rechazo a la violencia política.

Sus autoridades no solamente administran instalaciones. También tienen la obligación de preservar la dignidad institucional de la casa que representan.

¿Sería aceptable que un legislador invitara a un dictador extranjero a intervenir, aunque fuera virtualmente, en una actividad desarrollada en el Palacio Legislativo? ¿Bastaría invocar la libertad de expresión para justificarlo? ¿Y por qué habría de aceptarse la presencia de una alta dirigente de una organización responsable de atentados terroristas contra civiles?

La democracia no está obligada a convertir sus instituciones en tribunas para dirigentes vinculados a organizaciones que han atentado contra sus principios fundamentales.

La libertad de hablar no supone el derecho a ser recibido y prestigiado en la sede de la representación nacional.

La ausencia de un reglamento específico tampoco resuelve la cuestión. Si existe un vacío normativo que permite situaciones como esta, corresponde corregirlo, no utilizarlo como excusa para desentenderse de las consecuencias institucionales.

Una democracia que debe hacerse respetar

Los legisladores de la Coalición Republicana rechazaron la participación de al-Masri, aunque aclararon que no cuestionan la conmemoración del Día de la Mujer Palestina. Es una distinción legítima, pero insuficiente desde nuestra perspectiva.

Porque el problema empieza antes de la intervención de esa dirigente. Empieza con una selección política de las víctimas cuya falta de ecuanimidad merece ser denunciada, así como el sesgo antiisraelí que la anima.

Y se agrava extraordinariamente cuando, bajo la apariencia de una actividad dedicada a los derechos de las mujeres, se incorpora a una alta dirigente de una organización con antecedentes terroristas y participación documentada en los ataques del 7 de octubre.

Uruguay ha construido su identidad democrática sobre la defensa de las libertades, la dignidad humana y el rechazo a los totalitarismos. Son principios que no deberían admitir excepciones dictadas por afinidades ideológicas.

El Parlamento no tiene obligación de recibir a cualquiera. Tiene, en cambio, el deber de hacerse respetar.

Y abrir sus puertas indiscriminadamente no siempre es una demostración de pluralismo. A veces puede convertirse en una inadmisible concesión a la intolerancia.

La ministra de Industria mantiene intacta su confianza en la inversión anunciada por Solaria. Moody’s también aprecia sus posibilidades, aunque advierte sobre los riesgos. Los compromisos que deberá asumir UTE y los antecedentes de la empresa aconsejan moderar el entusiasmo.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, volvió a defender con entusiasmo la anunciada inversión de US$ 5.700 millones de la española Solaria. En una entrevista con la diaria Radio, destacó sus 24 años de trayectoria, su cotización bursátil y su red internacional de inversores. Sobre su capacidad financiera, afirmó: «No tenemos elementos para decir que no pueda ser real».

Se comprende el optimismo ministerial. Cardona se jugó la camiseta en la promoción de esta inversión. Pero no tener elementos para descartar su viabilidad no equivale a demostrar que los capitales necesarios estén asegurados.

Como señalamos en nuestra edición anterior, Solaria es una empresa real, con experiencia internacional. Sin embargo, su patrimonio neto rondaba los 1.088 millones de euros a mediados de 2026, frente a una inversión anunciada superior a los 5.000 millones. La diferencia no demuestra que el proyecto sea inviable, pero exige conocer quiénes aportarán el financiamiento.

Tampoco deben olvidarse algunos antecedentes. En Brasil, un emprendimiento fotovoltaico en Sete Lagoas acumuló retrasos, litigios y actuaciones administrativas sin alcanzar los resultados comprometidos.

A estas interrogantes se agrega ahora un elemento particularmente importante: según informó El Observador, UTE necesitará US$ 120 millones adicionales para adelantar inversiones vinculadas al emprendimiento, incluyendo infraestructura eléctrica y generación de respaldo. Ese refuerzo presupuestal deberá ser autorizado por la OPP.

Hay, además, una cuestión que merece explicaciones. UTE destaca que venderá electricidad a los centros de datos, pero la propia Solaria comunicó al regulador bursátil español que el acuerdo contempla un contrato por el cual UTE también le comprará la generación fotovoltaica durante un plazo de hasta 40 años.

Ambas operaciones son compatibles, pero todavía se desconocen sus condiciones económicas definitivas. Los técnicos de UTE estiman ingresos de US$ 16 millones anuales con el primer centro operativo y prevén salvaguardas para evitar compras de energía sin demanda suficiente. Son elementos favorables, aunque insuficientes para evaluar públicamente el negocio.

Más aún, las licitaciones de UTE comenzarían en enero de 2027, mientras Solaria recién tomaría su decisión final de inversión en mayo. Las adjudicaciones quedarían condicionadas a esa decisión y a los contratos definitivos.

Hay también una valoración positiva de Moody’s, que considera que el proyecto podría favorecer el crecimiento y la diversificación económica del Uruguay. Pero la calificadora advierte que los beneficios dependerán del financiamiento, las eventuales garantías públicas y las soluciones energéticas y ambientales.

Uruguay necesita inversiones y sería una excelente noticia que Solaria concretara sus anuncios. Pero ya conocimos entusiasmos semejantes con Aratirí y el puerto de aguas profundas, dos grandes proyectos que nunca se materializaron.

Cardona tiene derecho a ser optimista. El gobierno tiene la obligación de ser prudente y transparente. Especialmente cuando, además de los capitales privados prometidos, comienzan a aparecer compromisos concretos para una empresa pública.

Las cifras del propio Ministerio del Interior son demoledoras: Uruguay registró el tercer trimestre más sangriento desde que existen estadísticas comparables, los asesinatos aumentaron 13% en los primeros nueve meses del año y la violencia armada sigue avanzando. El gobierno de Yamandú Orsi ya no puede disimular con discursos y promesas una realidad que lo desmiente todos los días.

Hay cifras que no admiten maquillaje. Entre enero y setiembre de 2026, Uruguay registró 312 homicidios, frente a 275 en igual período de 2025. Son 37 vidas más, un incremento del 13%, según los datos preliminares del propio Ministerio del Interior. Y lo más alarmante es que la situación, lejos de mejorar, se está agravando.

El tercer trimestre, con 111 asesinatos, fue el más violento para ese período desde que comienza la serie estadística, en 2013. Fueron 19 homicidios más que entre julio y setiembre del año pasado, un incremento superior al 20%. En otras palabras, durante esos tres meses fue asesinada una persona cada menos de 20 horas.

No son números de la oposición ni interpretaciones interesadas. Son las estadísticas oficiales del gobierno frenteamplista.

La situación de Montevideo es particularmente dramática. En los primeros nueve meses del año se registraron 193 homicidios, contra 155 en igual período de 2025. El aumento ronda el 25%. En la jurisdicción de la seccional 18, que comprende barrios como Manga, Villa García y Punta de Rieles, los asesinatos llegaron a 34, una cifra sin precedentes para los primeros tres trimestres de un año en esa zona.

Pero hay otro dato todavía más inquietante: el 73,4% de los homicidios se cometió con armas de fuego, la mayor proporción registrada desde 2013. Y casi el 54% fue clasificado preliminarmente como consecuencia de ajustes de cuentas o conflictos entre delincuentes.

Esto último no puede servir de excusa, como tantas veces se ha pretendido. Que los criminales se maten entre ellos no convierte los homicidios en un problema menor. Por el contrario, demuestra que las organizaciones delictivas han adquirido una capacidad de violencia que desafía abiertamente el monopolio legítimo de la fuerza del Estado.

Cuando las bandas se disputan territorios a balazos, cuando las armas circulan con semejante facilidad y cuando determinados barrios se convierten en escenarios habituales de asesinatos, lo que está en cuestión es la autoridad efectiva del Estado.

Un gobierno que no consigue impedir esa escalada está incumpliendo una de sus responsabilidades más elementales: proteger la vida de las personas.

Las estadísticas que el ministro prefiere destacar

El ministro del Interior, Carlos Negro, reconoció el incremento de los homicidios, pero se apresuró a destacar que los demás delitos mantienen una tendencia descendente.

Es el recurso discursivo al que el gobierno parece aferrarse: ante las malas noticias sobre asesinatos, responder con las buenas noticias sobre hurtos y rapiñas.

Naturalmente, que disminuyan otros delitos constituye un resultado positivo. Nadie sensato lo desconoce. Pero pretender que esas reducciones compensen el aumento de los homicidios es una inadmisible distorsión de las prioridades.

No se puede presentar como satisfactoria una política de seguridad mientras crece la cantidad de uruguayos asesinados.

El propio secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, terminó reconociendo la gravedad de la situación. “Tenemos que reprimir con mucha más dureza el delito”, afirmó el pasado 16 de octubre.

La declaración es tan contundente como reveladora. ¿Recién ahora el gobierno descubre que debe actuar con mayor firmeza? ¿Cuántos homicidios son necesarios para comprender que la expansión de la violencia criminal no se revierte con declaraciones de buenas intenciones?

Incluso Diego Sanjurjo, responsable del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, reconoció que “seguramente haya más homicidios que el año pasado”. Una perspectiva particularmente grave si se recuerda que 2025 terminó con 369 asesinatos.

Un plan que todavía no demuestra resultados

En marzo, el presidente Orsi y el ministro Negro presentaron el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035, con 79 acciones, más de 130 medidas y diez reformas normativas.

Sobre el papel, una iniciativa ambiciosa. En la realidad, los indicadores de violencia letal van en la dirección contraria a la prometida.

Es evidente que la crisis de seguridad no comenzó con esta administración. Pero también es evidente que el Frente Amplio lleva más de un año y medio en el gobierno y que ya no puede seguir utilizando los problemas heredados como explicación suficiente de sus propios resultados.

Gobernar significa asumir responsabilidades, corregir políticas cuando fracasan y demostrar capacidad de reacción frente a hechos nuevos.

Uruguay necesita recuperar el control territorial allí donde el crimen organizado impone sus reglas; fortalecer la investigación criminal, perseguir el tráfico de armas, desarticular las estructuras del narcotráfico y coordinar eficazmente la actuación policial, judicial y penitenciaria.

No alcanza con anunciar planes para 2035 cuando el problema está desangrando al país en 2026. Las estrategias de largo plazo son necesarias, pero deben acompañarse de medidas inmediatas, objetivos verificables y resultados concretos.

La seguridad pública no puede quedar subordinada a los tiempos políticos del oficialismo ni convertirse en otro terreno de experimentación ideológica.

El presidente Orsi y su ministro del Interior deben comprender que no se los juzgará por la cantidad de documentos que presenten, las reuniones que convoquen o las explicaciones estadísticas que ensayen. Se los juzgará por su capacidad para reducir el delito y proteger a los ciudadanos.

312 homicidios en nueve meses constituyen un balance estremecedor. Y el trimestre más sangriento de la serie histórica es una señal de alarma que ningún gobierno responsable puede relativizar.

Ante semejante realidad, el país no necesita más complacencia, más justificaciones ni más promesas.

Necesita autoridad, decisión política y resultados.

Porque mientras el gobierno explica sus estadísticas, los uruguayos siguen poniendo los muertos.

Las acusaciones de la Justicia contra varias oficinas por sus omisiones ante denuncias de amenazas a una mujer, que luego fue asesinada por su marido, expresan el drama frecuente al que nos enfrentamos, haciendo leyes y reglamentos que luego no se aplican.

La denuncia de El País —Condena histórica al Estado por femicidio de Daiana Laguna: hubo 22 errores de la Policía, juzgado y Fiscalía— es dramática. El Estado —la policía, la justicia, la propia fiscalía, el ministerio de Salud Pública— tuvo en 2022 varias noticias circunstanciadas de que una mujer se sentía amenazada de muerte por su marido, pero ninguna de las actuaciones oficiales llegó a tiempo para impedir el atentado contra Daiana Laguna, quien, durante los 58 días previos a su muerte, reclamó infructuosamente y en diversas instancias, la protección que nunca llegó.

Tras la investigación, un juez acusa ahora al Ministerio de Interior, al propio Poder Judicial y a otras instituciones, por las 22 omisiones y tardanzas que se fueron encadenando, en una inexplicable dejadez burocrática, lo que dará lugar a reparaciones civiles y penales. El asesino, un policía a quien no se le había retirado el arma de reglamento pese a las amenazas, no pudo ser ubicado a tiempo para someterlo al uso de una tobillera electrónica. El abogado de los familiares, Dr. Pablo Lamela, sostiene que “fue tan grosero el mal accionar del Estado que sobrepasa los límites del cumplimiento de la normativa de violencia de género. Creo que es hasta un tema de irresponsabilidad del Estado en prevención de delitos en general”.

La crónica, que recomendamos leer, es suficientemente expresiva de las carencias del “progreso manuscrito”. De nada vale redactar una buena ley si ella luego no se cumple y es desconocida en los hechos por las autoridades competentes. Es necesario que haya un cambio en las conductas, en la cultura, en el comportamiento social y, eso, se sabe, no se alcanza sólo con los reglamentos, sino con largas transformaciones educativas e intelectuales. Por ello, creemos que hará bien la Justicia si impone las penas correspondientes para que estas omisiones no se sigan repitiendo.

La negociación para renovar los organismos de contralor volvió a empantanarse por la insistencia obsesiva del Frente Amplio en desplazar a Mónica Ferrero de la Fiscalía de Corte. Las declaraciones de sus principales dirigentes contradicen las señales conciliadoras del presidente Yamandú Orsi y confirman la firmeza de la oposición en defensa de la actual fiscal.

Cuando parecía próximo un acuerdo para renovar la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, el Frente Amplio volvió a colocar sobre la mesa una exigencia que blancos y colorados rechazan terminantemente: sustituir a Mónica Ferrero como fiscal de Corte. Una pretensión que amenaza con frustrar nuevamente las negociaciones.

El lunes, el presidente Yamandú Orsi había dado una señal alentadora. Consultado sobre la designación de un nuevo fiscal, afirmó: «Hoy no tenemos esa urgencia». Y, tras señalar la necesidad de cubrir las vacantes en otros organismos, agregó: «Sé que vamos a llegar a un acuerdo».

Sin embargo, el senador Daniel Caggiani, negociador oficialista en el Senado, se encargó de enfriar esas expectativas. «Queremos discutir una nueva elección de un fiscal de Corte», ratificó, y advirtió que «hasta que no haya un acuerdo general no va a haber integración» de los organismos.

La contradicción resulta particularmente llamativa porque el propio Caggiani había cuestionado, en una entrevista concedida a Radio Sarandí en marzo, la lógica del «esto o nada», calificándola de «antidemocrática» e «infantil». Ahora es precisamente esa lógica la que aplica su fuerza política: o se negocia la salida de Ferrero, o no se renueva nada.

Pero el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue todavía más lejos. Entrevistado este miércoles por Info Capital, de TV Ciudad, sostuvo que la fiscal «debería dar un paso al costado» y reivindicó que «el Frente Amplio tiene que tener opinión propia», independientemente de lo manifestado por Orsi. A su juicio, Ferrero debió haber sido sustituida hace mucho tiempo porque no reúne consenso político.

La reacción opositora no se hizo esperar. El senador nacionalista Javier García denunció una «obsesión patológica con Ferrero» y sostuvo que, con sus declaraciones, «Caggiani lo deja en offside a Orsi y lo desautoriza». Recordó, además, que el propio negociador oficialista había planteado el viernes avanzar con los demás organismos, dejando fuera a la Fiscalía.

También el senador Sergio Botana reivindicó la continuidad de la funcionaria: «Hay una fiscal de Corte; Mónica Ferrero manda», afirmó en la diaria Radio, valorando la posición expresada inicialmente por Orsi.

La oposición tiene razón en mantenerse firme. La Fiscalía no puede convertirse en moneda de cambio para distribuir cargos entre los partidos. Mucho menos cuando se pretende desplazar a una magistrada de reconocida trayectoria, que ha enfrentado directamente al crimen organizado y fue víctima de un gravísimo atentado en su propio domicilio.

El Frente Amplio tiene perfecto derecho a proponer otro nombre, pero no a condicionar el funcionamiento de las instituciones a la aceptación de su candidato. Si verdaderamente quiere renovar los organismos de contralor, tiene la posibilidad de avanzar sin imponer la sustitución de Ferrero.

Lo que no puede pretender es que la oposición entregue la independencia de la Fiscalía como precio de un acuerdo político.

Por Luis Hierro López

Al enfrentar, en su propio partido, el principio del colegiado y, a la vez, las tendencias estatistas en la economía, Jorge Batlle demostró coraje intelectual y visión histórica.

(Nota publicada en Correo de los Viernes al fallecer Jorge, en octubre de 2016. Diez años después, no hay que cambiarle una coma).

Cuando en 1913 José Batlle y Ordóñez planteó, en el marco de su prédica para democratizar el poder, sus apuntes para reformar la Constitución, quizás no sabía que una de sus ideas, el gobierno colegiado, iba a convertirse en una especie de dogma dentro de su propio partido. Junto al colegiado, don Pepe propuso en esa instancia la consagración del referéndum contra las leyes, para darle mayor participación al pueblo en las tareas legislativas y, también, la autonomía departamental, que entonces no estaba consagrada en la Carta Magna. Pero esas propuestas pasaron a ser secundarias porque el colegiado concentró todas las baterías, a favor y en contra, convirtiéndose en una referencia principal de la política uruguaya hasta que, en 1966, 53 años después, fue definitivamente derogado.

Es difícil apreciar, con ojos de hoy, el grado de sacralización que provocó esa idea. Los anticolegialistas colorados eran considerados como traidores y el tema fue de tal magnitud que Luis Batlle, pese a que fue víctima de una circunstancia histórica promovida eventualmente en su contra, en 1951, cuando se reinstaló esa forma de gobierno, les decía a sus allegados que mientras él estuviera vivo, no plantearan dejar atrás esa fórmula entonces intocable, porque él no quería participar de una campaña de ese tipo.

Así fue. Don Luis murió en 1964 y al año siguiente Jorge Batlle y Julio Sanguinetti iniciaron la prédica a favor de la reforma constitucional que se votaría en 1966, reimplantando la presidencia e incorporando una serie de fórmulas imprescindibles para fortalecer y modernizar la acción del Estado. Había que tener mucho coraje para que un Batlle planteara en el seno de su partido ese cambio histórico.

Similar o mayor actitud de independencia intelectual había que tener, además, para revisar la intervención del Estado en la economía. Era la época del proteccionismo, de los cambios múltiples, de la larga lista de fijación de precios y de las industrias promovidas. Esa no era una política exclusiva del país, sino que conformaba la orientación de la economía en todos lados, especialmente en América Latina, por lo que era muy difícil plantear una apertura de la economía. Jorge Batlle lo hizo, en forma solitaria al principio, yendo contra la corriente, convenciendo paulatinamente a sus propios compañeros partidarios, quienes veían esas ideas con recelo. En esas instancias, Jorge bregó incluso contra el “luisismo”, como se definía en la época a la acción de Luis Batlle, protagonista inevitable de las ideas estatistas de esa época.

Esa frontalidad y frescura de Jorge significó que recibiera apoyos y también, rechazos. Todavía hoy recuerdo cuando, mucho después, en 1989, le reclamábamos que no se enfrentara a la reforma constitucional que impuso nuevos criterios para actualizar las jubilaciones, que fue una oleada, por lo que no parecía conveniente oponerse. Sin embargo, Jorge fue el único candidato presidencial que no acompañó la iniciativa, sosteniendo que la medida podía ser justa, pero que era inaplicable por su costo. Entonces era inusual que un líder político preguntara por el gasto de una transformación de esa índole. Su posición pudo haber sido antipática, pero Jorge “cantaba la justa”. Para financiar el nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones hubo que hacer el ajuste fiscal más severo de la historia uruguaya, con recortes que equivalían a un 7% del PBI. En 1990, cuando muchos uruguayos vieron que sus ingresos bajaron abruptamente para sostener la norma constitucional que ellos mismos habían votado, empezaron a ver a Jorge Batlle con otra cara.

Hay muchas lecciones que nos ofrece su larga y generosa trayectoria, pero esa expresión suya de que la vida política no vale en función de los votos, sino de las ideas, es no sólo consecuente con su historia personal, sino que además contiene uno de los mejores mensajes que nos deja a los uruguayos del presente y del porvenir.

Por Santiago Torres

En octubre de 1972, el avance de los mandos militares provocó la renuncia del ministro de Defensa Augusto Legnani y la prisión de Jorge Batlle. Días antes, el ministro de Educación Julio María Sanguinetti había advertido al presidente Bordaberry que estaba perdiendo su autoridad. Tres episodios que anticiparon la insubordinación de febrero y el golpe de junio de 1973.

El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 no fue repentino. Lo precedieron sucesivas concesiones del presidente Juan María Bordaberry a sectores militares que comenzaban a comportarse como un poder autónomo. Octubre de 1972 fue un capítulo decisivo de ese proceso.

La carta que anticipó la crisis

El 16 de octubre, el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, escribió al presidente Bordaberry: «Es muy claro que hay un grupo militar que está haciendo política, y que la hace a costa de la autoridad presidencial, en proceso de disminución paulatina».

Le pedía que recuperara el respaldo ciudadano: «El pueblo quiere saber, no pierdas su confianza». Y reclamaba un gobierno pleno, no «una cojitranca autoridad compartida». Recordando la caída del presidente argentino Arturo Frondizi, advertía: «Hoy saldrás, pero la semana que viene cederás otro tramo». Su salida era política: «Sólo la apertura política de base amplia, con movilización popular, puede romper el proceso». La carta, citada en La conjura de cándidos y tartufos del periodista Jorge Leiranes, fue escrita antes de la crisis que llevaría a Sanguinetti a renunciar.

Un juez desobedecido y un ministro desplazado

En el Regimiento de Caballería N.º 6, en Piedras Blancas, cuatro médicos detenidos habían denunciado torturas con picana eléctrica y submarino. El 5 de octubre, el juez militar coronel Ormesindo Rodríguez Soto ordenó su libertad, junto con la de otros catorce detenidos, por falta de elementos para procesarlos. Los catorce salieron; los médicos, no. El jefe del regimiento, teniente coronel Omar Goldaracena, desobedeció la orden, respaldado por el general Esteban Cristi.

El ministro de Defensa, Augusto Legnani, y el comandante en jefe del Ejército, general Florencio Gravina, intentaron hacer cumplir la orden judicial. Entretanto, sectores castrenses propugnaban un papel político propio para las Fuerzas Armadas. El 19 de octubre, Legnani advirtió a la Junta de Comandantes en Jefe del peligro de que se transformaran en «un nuevo grupo de presión, en un centro de poder autónomo».

Bordaberry no respaldó eficazmente a sus autoridades. El 20 de octubre se produjeron las salidas de Legnani y Gravina: la insubordinación había prevalecido sobre quienes pretendían hacer respetar la cadena de mando.

Batlle denuncia y termina preso

El 25 de octubre, Jorge Batlle habló por radio y televisión. Denunció que oficiales del Batallón Florida habían procurado obtener en un juzgado un expediente archivado de la llamada infidencia de 1968, que lo había involucrado, y exigió explicar sus contactos con tupamaros detenidos, entre ellos Héctor Amodio Pérez. Advirtió que se buscaba «desprestigiar al sistema, desprestigiar a las instituciones».

Batlle sostuvo que esas maniobras no respondían solamente a una investigación judicial: podían formar parte de un entendimiento entre oficiales y antiguos guerrilleros para impulsar un proyecto autoritario. Años después, según una entrevista publicada en El Observador, evocaría el modelo de la dictadura militar peruana de Juan Velasco Alvarado.

El 27 de octubre fue detenido en la sede del diario Acción y enviado a prisión por la Justicia Militar, acusado de «ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas». Permaneció preso hasta el 20 de noviembre. Al día siguiente de su detención renunciaron los tres ministros de la Lista 15: Sanguinetti, Francisco Forteza y Walter Pintos Risso.

La advertencia desoída

En febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea desconocieron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa. Los comunicados 4 y 7 y el acuerdo de Boiso Lanza profundizaron la subordinación del poder civil, antes de la ruptura definitiva de junio.

Pero octubre había mostrado ya el mecanismo: una orden judicial desobedecida, un ministro sin respaldo presidencial y un dirigente político encarcelado por denunciar a militares.

Sanguinetti, Legnani y Batlle advirtieron por vías diferentes el peligro.

La democracia uruguaya no cayó sin voces de alarma: Bordaberry eligió no escucharlas.

Por Elena Grauert

La trasparencia es un componente de la libertad que fortalece la democracia, pero su defensa no justifica que se invierta la carga de la prueba ni que se excluya a los ciudadanos del derecho a ser elegidos.

Hace unas semanas, el senador Daniel Caggiani, haciendo gala de su más absoluto dirigismo conceptual y dogmatismo ideológico, presentó un proyecto de ley que exige la exclusividad parlamentaria, por el cual se prohibiría que los legisladores pudieran realizar o tener otra actividad.

En cada elección nacional se ponen nuevamente en juego las 99 bancas de la Cámara de Representantes y las 30 del Senado.

Cada cinco años se abre la cancha y entran todos a jugar y competir. La pregunta es qué tipo de Parlamento queremos: ¿está funcionando el Poder Legislativo de forma que represente realmente a la ciudadanía? ¿Debería modernizar su funcionamiento? ¿Cuál es verdaderamente la calidad legislativa?

Por otra parte, sería bueno medir cuánto inciden la falta de trasparencia, los acomodos, los ñoquis y las contrataciones en la credibilidad de los partidos. Negarlo sería una forma de hipocresía. Pero también sería un error creer que toda respuesta que se presente con la etiqueta de “transparencia” mejora automáticamente la democracia.

Las normas de transparencia son una herramienta de control, pero no pueden ser sanciones anticipadas, ni invertir la carga de la prueba, ni generar una pesada carga económica que dependa del Estado y que conlleve una mayor concentración de poder.

La propuesta de exigir exclusividad absoluta a los legisladores podría ser una forma de excluir de la política a las personas comunes, los trabajadores, los pequeños empresarios, los profesionales y, en general, a la clase media propiamente dicha. Si para legislar tengo que ser un burócrata alejado de la realidad económica y del resto de la sociedad, lo que sucede es que los representantes dejan de representar a la ciudadanía y se convierten en verdaderos burócratas, pasando a formar parte de una casta, ya que el principio de rotación libre y de representación se rompe.

Para evitar el riesgo de que los representantes cometan abusos en beneficio propio, se pretende imponer una norma que atenta contra la república, que tiene entre sus principios fundamentales el derecho a elegir y ser elegido libremente; una norma que termina consolidando el poder en “grandes señores que viven y vivirán eternamente del Estado”.

Hoy la tasa de rotación o recambio de diputados y senadores en el Parlamento es del 52%. En la Cámara de Diputados, la tasa de rotación es del 57%, aproximadamente 56 de sus 99 representantes, y en el Senado, del 33%, lo que refleja una mayor continuidad en la cámara alta.

Esto demuestra que la condición de representante es transitoria y no necesariamente constituye un medio de vida. También reafirma que la norma propuesta podría incentivar una disminución del recambio, que de por sí es sano y contribuye a que las cosas se hagan correctamente, pues la competencia electoral evita que los representantes se eternicen en el poder. Pero, además, no permitirles otros medios de vida llevaría a simulaciones, ocultando propiedades, sociedades o empleos mediante testaferros, y favorecería a quienes tienen mayor poder económico o corporativo. La propia norma generaría la opacidad que pretende combatir.

Quizás las normas que impiden ocupar los cargos durante más de un número determinado de períodos sean más democráticas que imponer trabas o prohibiciones laborales a los políticos o representantes nacionales.

¿Quién podría aceptar un cargo si durante cinco años no pudiera ejercer su profesión, mantener una actividad empresarial o percibir otra fuente de ingresos? En los hechos, podrían hacerlo con mayor facilidad quienes cuentan con ahorros, patrimonio familiar o una estructura que los sostenga. Para un abogado independiente, un médico, un pequeño empresario, un docente o un trabajador que depende de su ingreso mensual, la participación política pasaría a ser una apuesta mucho más costosa o quedaría directamente inhibida.

La norma no escrita dice que no se debe legislar para resolver un caso concreto o corregir un defecto particular; tampoco se puede prejuzgar porque hayan existido actos de corrupción. Mantener la imparcialidad y la honestidad de las personas se logra estableciendo normas claras y sanciones severas. Las incompatibilidades deben ser reguladas con claridad, pero también atendiendo a los principios generales y a la simple lógica. Un legislador no debería votar en asuntos que privilegien a un sector o empresa de los que forme parte o en los que tenga interés. Sería bueno incluso que, antes de comenzar cada legislatura, se aclararan en forma concreta a cada uno las materias o actos en los que no puede pronunciarse.

En obras como Los fundamentos de la libertad y Camino de servidumbre, Friedrich Hayek advirtió sobre los riesgos de una intervención estatal que, bajo la promesa de mayor seguridad o control, termina restringiendo la libertad individual y favoreciendo la concentración del poder.

La defensa de la libertad y de los principios republicanos más clásicos, como la presunción de inocencia, constituye la quintaesencia de la lógica y del deber ser. Cualquier norma que pretenda anticiparse a las conductas individuales o invertir ese principio corre el riesgo de lograr exactamente lo contrario de lo que busca: opacidad, concentración del poder y privilegios para unos pocos.

Por Tomás Laguna

Debemos celebrar que este mes se convocó al Gabinete Nacional de Bioseguridad para considerar nuevas aprobaciones de eventos genéticamente modificados para soja y maíz. Desde el cese del anterior gobierno no se atendía esta estratégica demanda. Aun así, los tiempos requeridos para cada aprobación son inapropiadamente extensos, cosa que debió ser considerada en la ley de competitividad, dada la preocupación por la generación de tecnología agropecuaria.

Resulta ya fuera de toda discusión que la producción agrícola moderna ha progresado a partir del conocimiento biotecnológico en aras del superior objetivo de crear o modificar productos o procesos en la producción. (Ref: Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992). Los organismos genéticamente modificados han permitido un menor uso de agroquímicos, racionalizar el uso del suelo además de otorgar características deseables para el consumo del producto obtenido. Es impensable hoy imaginar el agronegocio de la agricultura comercial sin los avances que años tras año ofrece la biotecnología. Paréntesis, seguramente para algunas concepciones ideológicas lo que esté en cuestión sea el agronegocio, en cuyo caso no merece la pena seguir la discusión...

Nuestro país despertó a los organismos genéticamente modificados, producto estrella de la biotecnología, en las postrimerías del siglo pasado, con la introducción de la soja RR (Roundup Ready) de la empresa Monsanto (octubre de 1996). El siguiente evento GM recién fue autorizado en junio de 2003, esta vez en maíz (MON 810, incorporación de un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis para resistencia al ataque de larvas de lepidópteros). Para este último medió la evaluación de riesgo de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) creada por el Poder Ejecutivo de la época mediante el decreto 249/000. La CERV, de carácter eminentemente científico, estaba presidida por un delegado de Ganadería y Agricultura (MGAP), un delegado de Medio Ambiente (MVOTMA) como vicepresidente, y delegados del Ministerio de Salud Pública (MSP), del INIA y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El mismo decreto obligaba a la difusión y participación del público mediando convocatoria a audiencia pública. La decisión final le correspondía al Poder Ejecutivo, para la cual mediaban consideraciones de orden político y económico.

Aquella segunda aprobación motivó la interpelación del por entonces ministro de Ganadería, Ing. Agr. Martín Aguirrezabala, por parte de los diputados del FA, Guarino y Agazzi. Por cierto, con estruendo político y mediático de por medio, donde la izquierda se rasgó las vestiduras en todos los ámbitos posibles negándose a los organismos genéticamente modificados en la producción nacional. En distintas oportunidades hemos escrito profusamente sobre aquellos hechos.

Desde entonces y en lo que va del siglo, gracias a los eventos genéticamente modificados, los cultivos de soja y maíz crecieron en extensión y productividad. En el primer caso multiplicando por 70 la superficie y aumentando dos veces y media la productividad. En el maíz aumentando seis veces el área y cinco veces la productividad. No obstante, los tiempos transcurridos tuvieron sus complicaciones.

En el 2005, apenas asumido el gobierno del conglomerado de izquierda, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria a la aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados, esgrimiendo el muy discutible argumento del “Uruguay Natural”. Posteriormente, en el 2008 se reestructuró el marco regulatorio mediante el decreto 353/008 que creó el Sistema Nacional de Bioseguridad (SNB), vigente hasta la fecha. Se instauró el Gabinete Nacional de Bioseguridad, agregando los ministerios de relaciones exteriores y de industria a los que ya integraban la CERV. Además de otras múltiples instancias de intervención.

Bajo este nuevo esquema, en los años 2011 y 2012 hubo una suerte de “primavera de Praga” con 17 aprobaciones. Luego, otros cuatro en 2017 mediando para tal fin la insistencia del entonces ministro de ganadería Ing. Agr. Tabaré Aguerre. A partir del cambio de gobierno, se incrementó el ritmo de aprobaciones. Durante la administración de la coalición republicana hubo 29 aprobaciones para uso comercial, de ellas 7 durante la gestión del Ing. Agr. Fernando Mattos al frente del MGAP.

Llegamos a los tiempos que corren. Asumido el nuevo gobierno de la coalición de izquierda se fue postergando la constitución del Gabinete Nacional de Bioseguridad. Finalmente volvió a sesionar en este mes. Como resultado 11 nuevos eventos genéticamente modificados estarían siendo aprobados para maíz y soja. Aún no se conoce su nómina.

La buena noticia es que hay voluntad política para que, de aquí en más, este gabinete sea convocado dos veces al año (marzo y setiembre). No obstante, ni aun así se soluciona el problema de fondo.

El tiempo requerido para que una solicitud sea aprobada en Uruguay es mínimo dos años, mediando para tal fin un sistema de aceptación (que supera el término “evaluación” …) complejo tanto en lo técnico como en lo político. También requiere larga espera la autorización para la investigación de nuevos eventos, necesario paso previo antes de la solicitud para la venta comercial. En la región, Brasil (aún bajo el gobierno del PT) procesa las aprobaciones en seis meses, Argentina entre cuatro y seis meses, en tanto que para Paraguay basta que el evento haya sido aprobado previamente en países de referencia. En lo institucional Brasil otorga la responsabilidad al Ministerio de Agricultura y Pecuaria, en Argentina a la Secretaría de Ganadería y Agricultura, dependiente de Economía. En nuestro país ya no hay quien no opine…

Otro dato sintomático, en la región existen unos 80 eventos genéticamente modificados aprobados, en nuestro país no pasan de 50. En uso unos 10 en soja y 20 en maíz.

Nuestro país es neto importador de semillas de cultivares GM, y ante la falta de predictibilidad en las aprobaciones ha ido quedando relegado en el interés de las empresas proveedoras toda vez que hacen lanzamientos de nuevos productos a nivel regional. Uruguay mantiene en uso eventos que están llegando a su caducidad técnica cuando hay nuevas propuestas para sustituirlos y con beneficios agregados. Para peor, estas variedades en uso que ingresan en el terreno de la obsolescencia pierden el interés de las empresas proveedoras para multiplicarlas con destino a un mercado pequeño.

En un tema de alta sensibilidad ideológica, y también de tontos preconceptos ignorantes, el mayor desafío está en adecuar en tiempos y forma estos procesos de análisis en beneficio de nuestra economía agroexportadora. ¿Cómo independizar de la voluntad política de turno decisiones que son técnicas? ¿Por qué no aceptar por buenos los antecedentes de aprobaciones en la región cuando los sistemas agroecológicos son similares a los nuestros?

Ya de por sí nuestra agricultura sufre los muy altos costos de producción propios de cualquier actividad que se desarrolle en nuestro país. A lo que debe agregar los crecientes riesgos climáticos que condicionan cada cosecha. Ocurre que por consideraciones políticas y de prejuicios también limitamos y condicionamos a nuestra agricultura en el acceso a biotecnología de punta.

Valga lo del título...

Por Fitzgerald Cantero Piali

El rumbo energético de un país se construye también en las leyes, los presupuestos y el control democrático. Por eso, fortalecer la deliberación legislativa es parte de la conversación sobre la transición.

Cuando se habla de transición energética, la atención suele dirigirse a las inversiones, las nuevas tecnologías, las redes y los proyectos. Son asuntos centrales. Pero las decisiones que definen el rumbo del sector también pasan por las instituciones encargadas de debatir las reglas, asignar recursos y representar a la ciudadanía.

En ese proceso, el Poder Legislativo tiene una responsabilidad particular. Según las competencias de cada país, sus integrantes participan en la elaboración y discusión de leyes, el tratamiento de presupuestos, el análisis de políticas públicas y el seguimiento de la acción del Ejecutivo. Cada una de esas tareas puede influir en las condiciones en que se planifican, financian e implementan las decisiones energéticas.

La transición, por tanto, también se decide en el Parlamento.

Las decisiones energéticas llegan al debate legislativo

La energía atraviesa dimensiones que suelen discutirse por separado: la seguridad del suministro, el costo para los hogares y las empresas, la inversión, el empleo, el desarrollo territorial, la protección ambiental y las cuentas públicas. En la práctica, las decisiones deben considerar varias de ellas a la vez.

Una modificación normativa puede cambiar los incentivos para invertir. Una decisión presupuestaria puede acelerar o limitar la ejecución de una política. El control parlamentario puede ayudar a esclarecer cómo se implementan los compromisos asumidos y qué resultados están produciendo. El debate legislativo contribuye, además, a hacer visibles los intereses y las consecuencias que rodean cada alternativa.

Esto exige una deliberación capaz de conectar los aspectos técnicos con sus efectos económicos y sociales. Para valorar una propuesta energética, conviene preguntar qué problema busca resolver, qué evidencia la respalda, quiénes asumirán sus costos, quiénes recibirán sus beneficios y qué mecanismos permitirán revisar sus resultados.

Esas preguntas no eliminan las diferencias políticas. Ayudan a que puedan expresarse sobre bases más claras y a que la ciudadanía comprenda qué está en juego.

Una agenda de decisiones, no de respuestas simples

La política energética reúne objetivos que pueden complementarse, pero que también pueden entrar en tensión. Asegurar el suministro requiere planificación y coordinación; mantener precios accesibles obliga a examinar cómo se distribuyen los costos; atraer inversión implica ofrecer reglas comprensibles y previsibles; y avanzar hacia sistemas de menores emisiones demanda considerar los tiempos, las capacidades y las circunstancias de cada país.

En ese contexto, legislar sobre energía implica trabajar con incertidumbre y tomar decisiones cuyos efectos pueden extenderse durante años. Las tecnologías evolucionan, las condiciones económicas cambian y las prioridades sociales se transforman. Las normas necesitan ofrecer orientación y estabilidad, pero también permitir que las políticas se evalúen y ajusten cuando la realidad lo requiera.

La diversidad de América Latina y el Caribe vuelve especialmente importante esta conversación. Los países parten de matrices, recursos, mercados, marcos institucionales y necesidades sociales diferentes. Las experiencias de otros lugares pueden aportar ideas y advertencias; su utilidad depende de la capacidad de analizarlas y adaptarlas a cada contexto.

Por eso, una buena discusión legislativa no consiste en trasladar automáticamente una solución de un país a otro. Consiste en examinar qué problema se intenta resolver, cuáles son las opciones disponibles y qué consecuencias tendría cada una para la realidad nacional.

El valor de formar a quienes legislan

Durante la XI Semana de la Energía de OLACDE —Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía—, celebrada en Santo Domingo, realizamos el lanzamiento del Curso para Legisladores que organizamos con IILA —Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana—. La iniciativa —una aspiración que hace tiempo queríamos concretar— pone en primer plano una necesidad concreta: que quienes intervienen en la discusión de las decisiones energéticas cuenten con más herramientas para comprender la complejidad del sector y deliberar sobre sus implicaciones. En este emprendimiento también contamos con la participación de Parlatino, Fundazione Enel, Etrela e IKI.

La formación legislativa en energía puede contribuir a construir un lenguaje compartido entre especialistas, autoridades y representantes electos. Ese lenguaje ayuda a interpretar información técnica, identificar qué preguntas faltan en una propuesta y reconocer cómo se conectan las decisiones energéticas con otras áreas de la política pública.

Su valor también está en el método de análisis que puede promover. Frente a una propuesta, importa examinar sus objetivos, los supuestos en que se basa, las alternativas que se consideraron y la forma en que se medirán sus resultados. Preguntar por la implementación es tan necesario como discutir el diseño: una decisión pública solo puede evaluarse adecuadamente si se puede observar qué se hizo, con qué recursos y con qué efectos.

La capacitación no determina qué posición debe adoptar cada legislador. La decisión corresponde al debate democrático, con sus diferencias y prioridades legítimas. La formación puede enriquecer ese debate al ampliar la comprensión de los temas, dar mayor consistencia a las preguntas y fortalecer el examen de las propuestas.

Esa distinción importa. La política energética no es exclusivamente técnica: comprende elecciones sobre prioridades, responsabilidades y distribución de costos y beneficios. Pero esas elecciones pueden ser más transparentes y mejor deliberadas cuando quienes participan disponen de información y herramientas para analizar sus consecuencias.

El curso también apunta a asesores parlamentarios, cuerpos jurídicos de los ministerios y organismos reguladores.

La calidad del debate también construye el rumbo energético

Las leyes y las políticas energéticas inciden en decisiones de largo plazo, mientras que los ciclos políticos tienen sus propios tiempos. Esa diferencia vuelve relevante la continuidad del diálogo entre instituciones y la posibilidad de que las decisiones se expliquen, se revisen y mantengan legitimidad ante la sociedad.

El Parlamento ofrece un espacio para poner esas decisiones bajo escrutinio democrático. Para cumplir esa función, necesita que el debate pueda abordar la complejidad del sector sin perder de vista a las personas y las actividades afectadas por cada medida. También necesita que las razones detrás de una decisión sean comprensibles y que sus resultados puedan discutirse públicamente.

El lanzamiento del Curso para Legisladores de OLACDE invita a pensar en esa relación entre conocimiento y deliberación. Fortalecer la comprensión legislativa de la energía no es un asunto accesorio a la transición: forma parte de las condiciones para debatir sus prioridades, sus instrumentos y sus consecuencias.

La transición energética también se juega en la calidad de las decisiones que una sociedad puede discutir y sostener en el tiempo.

¿Qué necesita un Parlamento para convertir la complejidad energética en decisiones legítimas y sostenibles, y cómo puede la formación de sus integrantes mejorar ese proceso?

Por Juan Carlos Nogueira

A propósito del proyecto de «lenguaje claro» impulsado por la senadora Blanca Rodríguez, el autor advierte sobre los riesgos de confundir la claridad con el empobrecimiento del vocabulario. Con referencias a Orwell y Gramsci, defiende la riqueza del lenguaje como instrumento indispensable para el pensamiento crítico y la libertad intelectual.

La senadora Blanca Rodríguez impulsa un proyecto de ley sobre “lenguaje claro” que propone simplificar las comunicaciones del Estado mediante “frases más cortas”, la eliminación de “las palabras técnicas e innecesarias” y el uso de expresiones más accesibles para los ciudadanos. El propósito declarado es facilitar la comprensión de los documentos públicos, una intención razonable que, sin embargo, plantea interrogantes sobre sus posibles consecuencias.

Detrás de una intención aparentemente loable pueden esconderse consecuencias indeseables. Simplificar un texto para hacerlo comprensible es una cosa; eliminar palabras y distinciones porque resultan difíciles de entender es otra. Cuando la simplificación deja de ser un recurso para hacerse entender y se convierte en reduccionismo, se abre la puerta al control de las ideas.

En 1984, George Orwell imaginó un régimen que aspiraba a controlar hasta la forma de pensar de sus ciudadanos. Para conseguirlo, había concebido la neolengua, un idioma cuyo vocabulario se reducía progresivamente y que eliminaba las palabras y los matices necesarios para expresar ideas contrarias al poder. Al limitar los recursos del lenguaje, el régimen pretendía restringir también lo que sus ciudadanos podían pensar.

¿Qué ocurre cuando una sociedad empieza a tratar la complejidad del lenguaje como un defecto que debe corregirse? ¿Qué lugar queda para la educación si, ante las dificultades de comprensión, la respuesta consiste en eliminar aquello que cuesta comprender en lugar de enseñar a comprenderlo?

Antonio Gramsci comprendió que la lucha por la hegemonía cultural también se libra en el terreno del lenguaje y de las categorías con las que interpretamos la realidad. Las palabras no son siempre intercambiables. Igualdad y equidad no significan lo mismo; tampoco legalidad y legitimidad, autoridad y autoritarismo. Cada distinción permite examinar un problema desde una perspectiva diferente y formular preguntas que, de otro modo, pasarían inadvertidas. Además de comunicar ideas, el lenguaje también contribuye a darles forma. Por eso, cuando el Estado se propone establecer criterios sobre qué palabras son necesarias y cuáles resultan prescindibles, cabe preguntarse si esa decisión se limita a mejorar la comunicación o si puede terminar condicionando las categorías con las que los ciudadanos piensan y discuten la realidad.

No hay razones para atribuir a Rodríguez una intención de manipulación ideológica. Pero una iniciativa que pretende orientar desde el Estado la forma de comunicar merece un examen cuidadoso. ¿Quién decidirá, y con qué derecho, qué palabras son innecesarias? ¿Cómo se distinguirá un tecnicismo prescindible de un concepto indispensable? ¿Qué ocurrirá cuando la precisión exija una explicación más larga o una palabra que no forma parte del vocabulario cotidiano?

Desconocer un término no demuestra que sea inútil; puede significar, sencillamente, que aún tenemos algo por aprender. El vocabulario, además de permitir comunicar lo que sabemos, condiciona lo que somos capaces de comprender.

Un médico debe explicar una enfermedad de manera que su paciente pueda entenderla, y un organismo público debería permitir que cualquiera realice un trámite sin tropezar con formulismos absurdos. Pero explicar un concepto no equivale a suprimirlo. Un ingeniero necesita términos precisos para describir las condiciones de seguridad de una estructura; un economista, para analizar los mecanismos de la inflación; un jurista, para determinar el alcance de una obligación. En cada caso, el vocabulario técnico permite expresar distinciones que se perderían con una formulación imprecisa.

La filosofía lleva el asunto más lejos. ¿Cómo discutir la libertad sin precisar qué entendemos por autonomía, coerción o responsabilidad? ¿Qué queda de la reflexión de Hume sobre la causalidad si dejamos de distinguir entre la sucesión de acontecimientos y la necesidad que atribuimos a su conexión? Las ideas complejas requieren a veces un lenguaje capaz de expresar diferencias sutiles. Podemos explicarlas con ejemplos, acercarlas a quienes no están familiarizados con ellas y buscar formas más accesibles de presentarlas. Cuando eliminamos las distinciones que les dan sentido, sin embargo, terminamos hablando de otra cosa.

La simplicidad también puede ponerse al servicio del engaño. En política y en la gestión pública abundan los eufemismos. Expresiones que suavizan o disimulan realidades incómodas, como “daños colaterales” por víctimas civiles, o “optimización de recursos humanos” por reducción de personal. Un mensaje puede ser fácil de leer y, al mismo tiempo, ocultar aquello que pretende describir.

La democracia necesita ciudadanos capaces de discutir las decisiones públicas, examinar sus fundamentos y detectar sus contradicciones. Para evaluar una política pública, hay que comprender la diferencia entre sus objetivos declarados y sus consecuencias. Las consignas pueden ser fáciles de recordar, pero rara vez bastan para analizar un problema.

Ante las dificultades de comprensión, no es lo mismo enseñar a comprender mejor que rebajar las exigencias para que todo resulte más fácil. No son caminos equivalentes. La educación debe ampliar las capacidades de las personas, darles acceso a conocimientos que todavía no dominan y proporcionarles herramientas para comprender el mundo con mayor autonomía. La propuesta de Rodríguez apunta a achicar el horizonte intelectual de la sociedad.

Si cada dificultad se resuelve eliminando la palabra o el concepto difícil de comprender, se instala un círculo vicioso: aquello que resulta poco familiar se deja de usar; lo que se deja de usar aparece cada vez menos; y lo que aparece cada vez menos se vuelve más difícil de aprender. Con la intención de evitar que alguien quede excluido, podemos terminar privándolo de la oportunidad de adquirir los instrumentos que necesita para comprender mejor el mundo.

La inclusión debería ampliar las posibilidades de cada ciudadano, no limitarse a adaptar la comunicación a lo que ya conoce. Una sociedad que aspira a elevar su nivel cultural debe ofrecer a todos los medios para comprender textos complejos, familiarizarse con nuevos conceptos y enriquecer su vocabulario. La dificultad es, muchas veces, el punto de partida del aprendizaje.

La claridad no debería confundirse con la eliminación de todo aquello que exige un esfuerzo de comprensión. Disponer de palabras precisas y de conceptos que permitan distinguir, analizar y cuestionar las ideas dominantes forma parte de nuestra libertad intelectual.

Orwell mostró hasta dónde podía llegar el poder cuando aspiraba a estrechar los límites del pensamiento. Gramsci, desde otra perspectiva, advirtió la importancia del lenguaje y de las categorías con las que una sociedad interpreta la realidad. La iniciativa de Rodríguez no está demasiado lejos de la neolengua de 1984, ni de algunas ideas de Gramsci. Por eso conviene desconfiar tanto de la sencillez convertida en virtud absoluta como de la complejidad tratada como un defecto.

Una sociedad que empobrece su lenguaje corre el riesgo de perder también matices y capacidad crítica. La educación debe preparar a las personas para comprender el mundo, incluso cuando comprenderlo exige esfuerzo. No olvidemos que la tiranía orwelliana empieza cuando se deja de ayudar a las personas a comprender mejor y se opta por hacer que tengan menos cosas que comprender.

Por Gonzalo Durañona

Entre promesas incumplidas, controversias éticas, aumentos tributarios y estadísticas presentadas como grandes conquistas, el gobierno de Yamandú Orsi parece más preocupado por construir un relato que por transformar la realidad. Frente a ese modelo, el autor reivindica la vigencia de un batllismo reformista, liberal y republicano.

Hay gobiernos que pasan a la historia por sus reformas; otros, por sus realizaciones; y algunos, por su extraordinaria capacidad para explicar por qué nada de lo prometido termina ocurriendo. El gobierno de Yamandú Orsi parece empeñado en conquistar un lugar destacado en esta última categoría. A poco más de un año y medio de asumir, apenas el 24% de los uruguayos aprueba su gestión, mientras el 57% la desaprueba, según la última encuesta de Cifra. Una verdadera hazaña para quienes llegaron prometiendo honestidad, esperanza y un país mejor. Evidentemente, los uruguayos todavía no hemos aprendido a apreciar las maravillas del progresismo gobernante.

La primera gran promesa fue la de un gobierno honesto y transparente, presentada bajo la acostumbrada superioridad moral frenteamplista. Sin embargo, Cecilia Cairo debió renunciar como ministra de Vivienda tras conocerse irregularidades tributarias e inmobiliarias; Alejandra Koch dejó la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos después de participar en una votación que favoreció el ascenso de su esposo; y Eduardo Viera abandonó la presidencia de Colonización por cuestionamientos sobre incompatibilidades. A ellos se sumaron los representantes gubernamentales en la Caja de Profesionales, quienes terminaron renunciando tras la aprobación de partidas mensuales de $131.520 para cargos que debían ser honorarios. Apenas diecinueve meses de gobierno y ya existe material suficiente para un seminario sobre ética pública. Naturalmente, dictado por el Frente Amplio.

Ni siquiera el presidente permaneció ajeno a las controversias. La adquisición de una camioneta Hyundai por US$54.000, aproximadamente US$25.000 por debajo de su precio comercial, abrió interrogantes sobre las condiciones de compra y las sucesivas explicaciones presidenciales. A este episodio se agregó el caso de Álvaro Danza en ASSE: mientras la asesoría jurídica de la Jutep advertía incompatibilidades en el desempeño simultáneo de actividades públicas y privadas, la mayoría del organismo resolvió que no existían. Danza abandonó sus empleos privados, pero conservó el cargo público. La ética frenteamplista exhibe así una propiedad verdaderamente fascinante: su extraordinaria flexibilidad cuando corresponde aplicarla a los propios.

Si los escándalos ya habían puesto en entredicho la pretendida superioridad moral del Frente Amplio, la política tributaria terminó por desnudar su más absoluto cinismo político: la palabra empeñada no sobrevivió siquiera al primer presupuesto. Durante la campaña de 2024, Orsi aseguró que no aumentaría los impuestos y que la recaudación debía crecer mediante el desarrollo económico. Una vez en el gobierno, el Presupuesto incorporó el IVA del 22% al régimen de compras en el exterior, amplió el alcance del IRPF sobre rentas y ganancias de capital del exterior e introdujo un impuesto mínimo complementario para grandes multinacionales. El gobierno no sube impuestos: realiza adecuaciones tributarias. No incrementa la presión fiscal: moderniza el sistema. Una sofisticación lingüística admirable, si no fuera porque las facturas las seguimos pagando los ciudadanos.

A esta creatividad fiscal se sumó la decisión de reducir las devoluciones del FONASA. Como consecuencia de una modificación en el cálculo del Costo Promedio Equivalente, entre 60.000 y 70.000 uruguayos dejarán de percibirlas en 2027, mientras otros recibirán importes menores. El propio Ministerio de Economía estima una reducción de entre 70 y 80 millones de dólares anuales en las devoluciones. Una verdadera genialidad: sin modificar las tasas de aportación, el Estado consigue reducir sensiblemente el dinero que devuelve a los contribuyentes. Primero prometieron no aumentar los impuestos; después encontraron la manera de recaudar más y devolver menos. La palabra electoral parece tener una fecha de vencimiento bastante precisa: el día de las elecciones.

La misma memoria selectiva caracteriza aquellas vehementes denuncias formuladas desde la oposición. Durante el gobierno de coalición, el Frente Amplio cuestionaba permanentemente el Precio de Paridad de Importación de los combustibles, acusando al gobierno de perjudicar a los consumidores. Una vez en el poder, conservaron el PPI como referencia. Pero la verdadera proeza discursiva llegó de la mano del secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, quien llegó a sostener que Uruguay tenía los combustibles más baratos de la región. En octubre de 2026, la nafta cuesta aproximadamente US$2,25 por litro en Uruguay, frente a US$1,46 en Argentina y US$1,26 en Brasil: 54% más cara que la argentina y 79% más que la brasileña. Sánchez parece haber descubierto una región desconocida por la cartografía moderna. Quizás el próximo paso sea convencernos de que cuanto más pagamos, más estamos ahorrando.

Con OSE, el contraste entre oposición y gobierno adquiere dimensiones igualmente grotescas. Durante la sequía de 2023, el Frente Amplio reclamaba rebajas tarifarias y denunciaba la calidad del agua. Ya en el poder, dispuso para enero de 2026 un aumento del 8,5%, que incluía un componente adicional del 3,7% destinado a corregir los desequilibrios financieros de la empresa. Para completar el panorama, durante el verano se detectaron concentraciones de trihalometanos superiores a los límites normativos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, debe responder ahora por una realidad bastante menos complaciente que sus antiguos discursos ambientalistas. Parece que el agua cambia de calidad política según quién gobierne. Lástima que los uruguayos debamos pagarla y consumirla independientemente del partido que administre OSE.

La seguridad constituye otra de las grandes promesas enfrentadas a resultados que el gobierno difícilmente pueda exhibir con orgullo. Orsi anunció más de 2.000 incorporaciones policiales, nuevas tecnologías y un ambicioso plan nacional, pero durante el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios, frente a 183 en igual período del año anterior. A ese deterioro se suma el desgaste político del ministro del Interior, Carlos Negro, cuya gestión recogía apenas un 21% de aprobación y un 64% de desaprobación en la encuesta de Cifra difundida en julio, la peor evaluación entre los ministros relevados. Un balance poco alentador para una administración que llegó prometiendo recuperar la seguridad de los ciudadanos.

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior destaca la disminución de las denuncias por hurtos y rapiñas, como si una reducción de los registros demostrara necesariamente una disminución de los delitos. El propio INE estableció que, durante 2025, apenas el 38,1% de los robos relevados en su encuesta de victimización terminó en una denuncia formal. ¿Cuántos ciudadanos han dejado de denunciar por considerarlo una pérdida de tiempo? ¿Cuántos perdieron la esperanza de obtener resultados? Resulta bastante más sencillo exhibir gráficas descendentes que recuperar la confianza de una población cansada de vivir entre rejas. El problema de la inseguridad no desaparece cuando desaparece la denuncia.

En materia social, la maquinaria del relato alcanza su máxima sofisticación. Presidencia anunció una reducción del 33% de la indigencia y Fernando Pereira no tardó en sumarse a las celebraciones. Las estimaciones puntuales del INE pasaron del 1,8% al 1,2%, pero la comunicación presidencial omitió los márgenes de error y cualquier análisis de significación estadística, elementos indispensables para evaluar la solidez de semejante proclamación. La pobreza estimada supuestamente descendió del 17,7% al 14,8% —si nos olvidamos de los márgenes de error—, aunque miles de uruguayos continúan enfrentando enormes dificultades económicas. Una vez más, las autoridades convirtieron los resultados de una encuesta en una victoria comunicacional, sin proporcionar toda la información necesaria para valorar su alcance. Al parecer, la incertidumbre científica deja de ser relevante cuando amenaza con arruinar una celebración oficialista.

El contraste resulta particularmente incómodo frente a la situación de calle, una de las manifestaciones más dramáticas de nuestra crisis social. La cantidad de personas atendidas en dispositivos de alojamiento pasó de 11.261 en 2024 a 13.597 en 2025. La senadora Blanca Rodríguez aportó, entretanto, una singular metodología de observación social: aseguró que desde su ventana ya no veía a las personas que antes dormían cerca de su casa. Un procedimiento práctico, aunque de dudosa utilidad para conocer la realidad nacional. Quizás el próximo informe social deba elaborarse recorriendo las ventanas de los legisladores oficialistas.

Las dificultades de la economía productiva ofrecen otro contraste con el optimismo gubernamental. CLA SIENZ anunció el cierre de sus operaciones industriales en enero de 2026, mientras cientos de extrabajadores de Yazaki continuaban sufriendo las consecuencias de un cierre anterior. A ello se suman miles de comercios que desaparecen, costos operativos elevados y empresas que luchan por conservar su viabilidad. Producir, contratar e invertir en Uruguay continúa siendo una carrera de obstáculos burocráticos y tributarios, mientras el Frente Amplio persiste en identificar el progreso con la expansión del aparato estatal. Una concepción que confunde protección social con dependencia, regulación con desarrollo y recaudación con prosperidad.

En este escenario apareció, oportunamente, el anuncio de una inversión de US$5.700 millones por parte de la española Solaria. La mayor inversión de nuestra historia, proclamó el gobierno. El pequeño detalle es que lo firmado constituye un acuerdo para desarrollar un proyecto cuya ejecución está prevista en etapas: no son US$5.700 millones ya desembolsados, ni instalaciones en funcionamiento, ni empleos efectivamente creados. Se anuncian centros de datos de hasta 500 megavatios, un régimen de zona franca, un eventual contrato energético con UTE de hasta cuarenta años y miles de puestos de trabajo futuros. ¿Cuáles son las garantías financieras y las obligaciones estatales? ¿Qué riesgos asumirá UTE? ¿Cuánto empleo nacional se generará realmente? Preguntas que merecen respuestas antes de convertir un anuncio empresarial en una conquista histórica. En el Uruguay del relato, aparentemente alcanza con firmar un acuerdo para inaugurar una inversión.

La versión departamental de esta política comunicacional tiene su escenario privilegiado en Montevideo. Mario Bergara anunció que el 91% de los vecinos consultados en zonas beneficiadas por el nuevo sistema de recolección percibía mejoras en la limpieza. Una cifra estupenda para una capital que continúa padeciendo contenedores desbordados, calles sucias, grafitis y vandalismo. Bastante menos entusiasta fue la evaluación de los montevideanos: Factum registró en agosto apenas un 29% de aprobación y un 44% de desaprobación de su gestión. Evidentemente, los resultados dependen mucho de dónde se pregunta y, sobre todo, de qué parte de Montevideo se decide mirar.

Mientras el intendente anuncia mejoras, la ciudad continúa ofreciendo un espectáculo de degradación urbana: faroles, luminarias, rejas, cableado, mobiliario público y monumentos expuestos al robo y la reventa por unos miserables vintenes; espacios públicos deteriorados, paredes vandalizadas y comercios protegidos detrás de rejas. Cada elemento arrancado representa patrimonio colectivo destruido y dinero de los contribuyentes destinado a reponerlo. Tras décadas de administraciones frenteamplistas, Montevideo parece resignada a una decadencia administrada, donde la suciedad se mide en toneladas retiradas, el vandalismo se relativiza y la inseguridad se disimula entre estadísticas.

Sin embargo, reducir el problema del Frente Amplio a esta sucesión de incumplimientos sería ignorar su dimensión más profunda: una concepción política que ha sustituido la vocación transformadora por la administración del poder y el desarrollo productivo por la expansión burocrática. Un socialismo estatista que continúa presentándose como progresista mientras reproduce estructuras ineficientes, desalienta la iniciativa privada y pretende reservarse el monopolio de la sensibilidad social. Un modelo en el que el ciudadano productivo termina convertido en financiador permanente de un aparato estatal cuya eficiencia rara vez se somete al mismo escrutinio que sus obligaciones tributarias.

Frente a este modelo, Uruguay necesita recuperar la ambición reformista que alguna vez lo convirtió en referencia de América Latina. Y esa tradición tiene nombre: batllismo. No el batllismo convertido en pieza de museo, sino uno moderno, dinámico, liberal, humanista y profundamente republicano. José Batlle y Ordóñez no impulsó sus reformas para consagrar la ineficiencia ni perpetuar la dependencia económica, sino para construir una sociedad de ciudadanos libres, educados y capaces de prosperar. Su grandeza consistió en combinar libertad con justicia social, iniciativa con protección y progreso material con dignidad humana.

El batllismo del siglo XXI debe recuperar esa vocación transformadora, colocando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro del proyecto nacional. Debe impulsar industrias competitivas, atraer inversiones, fomentar el emprendimiento, modernizar la administración pública y recuperar la seguridad de nuestros barrios. Un proyecto que comprenda que la prosperidad se construye mediante talento, trabajo, libertad económica y reglas claras, y que la verdadera justicia social consiste en ofrecer oportunidades para que cada ciudadano pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Necesitamos un Estado fuerte y eficiente, no burocrático; solidario, pero no paternalista. Un Estado que proteja sin asfixiar, que regule sin paralizar y que rinda cuentas por cada peso administrado. La República necesita recuperar el valor de la palabra empeñada, la independencia de sus organismos de contralor y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Porque la superioridad moral no se proclama: se demuestra. Y la capacidad de gobernar no se acredita mediante discursos, sino mediante realizaciones.

El batllismo debe volver a gobernar. No para sustituir un relato por otro, sino para recuperar aquella voluntad reformista que hizo del Uruguay una nación de avanzada. Para demostrar que libertad económica y justicia social pueden avanzar juntas, que el Estado puede servir al ciudadano sin someterlo y que el progreso debe medirse en realizaciones, no en discursos.

Porque el verdadero problema del gobierno de Orsi no es que comunique demasiado, sino que pretenda que la comunicación sustituya aquello que no consigue demostrar con hechos. Y mientras el Frente Amplio continúa perfeccionando su relato, Uruguay pierde un recurso mucho más valioso que cualquier presupuesto publicitario: el tiempo.

El Uruguay de José Batlle y Ordóñez no nació de un relato progresista. Nació de la voluntad política de transformar la realidad. Y esa es, precisamente, la diferencia entre proclamarse progresista y hacer posible el progreso.

Por Angelina Rios

La condena al Estado por el femicidio de Daiana Laguna vuelve a poner en discusión la eficacia de los mecanismos de protección frente a la violencia de género. Uruguay ha desarrollado instrumentos legales y tecnológicos, pero el desafío sigue siendo que la respuesta llegue a tiempo.

Hay daños que ninguna sentencia puede reparar plenamente. El asesinato de Daiana Laguna, ocurrido en agosto de 2022, es uno de ellos. Según los antecedentes del fallo difundidos por El País y otros medios de prensa, en los 58 días anteriores a su muerte había presentado cinco denuncias y solicitado expresamente la colocación de una tobillera electrónica a su agresor. Sin embargo, la protección que reclamaba no llegó.

Una sentencia de primera instancia, todavía no firme, condenó al Estado a indemnizar a su familia. El juez identificó 22 errores u omisiones en las actuaciones del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial. La trascendencia del fallo supera los más de 200.000 dólares establecidos como reparación. Plantea una responsabilidad institucional que no debería agotarse en el pago de una indemnización.

Uruguay no carece de instrumentos para enfrentar estas situaciones. Desde 2013 funciona el programa de tobilleras electrónicas destinado a proteger a víctimas de violencia doméstica y de género en situaciones de alto riesgo. La Ley 19.580, aprobada en 2017, fortaleció el marco jurídico de prevención, atención y protección. Son políticas construidas a lo largo de distintas administraciones, cuya continuidad y perfeccionamiento resultan indispensables.

Según el Ministerio del Interior, más de 22.500 víctimas han recibido protección mediante el programa de monitoreo electrónico desde su creación. En julio de 2026 había 2.534 casos activos y más de 5.000 personas monitoreadas. Son cifras significativas que reflejan el alcance de una herramienta de protección cuya importancia corresponde reconocer.

También se han incorporado nuevos recursos. La aplicación Élida 360, presentada en 2025, permite solicitar auxilio y ampliar denuncias sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia policial. Su desarrollo constituye otro avance, aunque será necesario evaluar sus resultados y su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan.

Pero la disponibilidad de herramientas no garantiza, por sí sola, una protección efectiva. Antes de colocar una tobillera o activar un mecanismo de alerta, es necesario identificar el peligro, evaluar su gravedad, adoptar las medidas correspondientes y asegurar su cumplimiento. Una falla en cualquiera de esas etapas puede comprometer la respuesta del sistema.

Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, publicado en 2024, identificó dificultades en la aplicación judicial de la Ley 19.580. Entre los expedientes examinados con información suficiente, menos de la mitad registraba una pericia técnica efectivamente realizada. La investigación también señaló problemas para mantener el contacto con las víctimas y recomendó fortalecer la coordinación institucional.

Estas observaciones adquieren particular relevancia frente a una sentencia que cuestiona precisamente la actuación de los organismos encargados de proteger a una mujer que había advertido reiteradamente sobre el peligro que enfrentaba. No significa que todos los casos presenten las mismas deficiencias, pero sí que existen aspectos del funcionamiento institucional que merecen una revisión permanente.

El propio programa de tobilleras parte del reconocimiento de que, en determinadas circunstancias, una orden de prohibición de acercamiento resulta insuficiente. Por eso, la evaluación del riesgo y el seguimiento de las medidas no pueden convertirse en simples trámites administrativos. Son decisiones de las que puede depender una vida.

La respuesta tampoco puede reducirse a señalar responsabilidades de determinada administración. El Estado tiene obligaciones que trascienden los períodos de gobierno y requieren coordinación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y los servicios de atención. Reconocer lo que se ha avanzado no impide exigir que se corrijan las deficiencias.

El Ministerio del Interior ha incluido entre sus compromisos para este año el desarrollo de una herramienta de valoración del riesgo de revictimización, destinada a los integrantes del sistema de justicia. Es una iniciativa relevante, cuya implementación y resultados deberán ser examinados. La sentencia del caso Daiana Laguna vuelve especialmente urgente esa tarea.
La reparación económica reconoce un daño que ya ocurrió. La responsabilidad pública debe proyectarse también hacia las vidas que todavía pueden protegerse.

Porque una vida no tiene precio. Y cuando una mujer denuncia que está en peligro, la respuesta del Estado no puede llegar demasiado tarde.

Por Eduardo Irigoyen García

Francia vuelve a estremecerse entre protestas sociales, violencia callejera y teorías conspirativas que convierten el descontento en odio religioso. Mientras los extremos políticos buscan sacar provecho de la crisis, Marianne contempla una República cuyas divisiones amenazan con debilitarla.

La imagino asustada, con el terror en los ojos, mientras un estudiante le coloca un chaleco amarillo y le cubre las espaldas con una bandera palestina. Justo a ella, Marianne, la madre de la República francesa, que ha visto pasar generaciones de franceses, miles de manifestaciones y multitudes que salieron a la calle con rabia, por motivos justos, por reclamos equivocados y, a veces, por ambas cosas al mismo tiempo.

El pasado 17 de octubre, Francia vivió una de esas crisis que admiten muchos diagnósticos, aunque no todos resistan el contraste con los hechos. Los sindicatos calcularon 800.000 manifestantes; el Ministerio del Interior, 550.000. Hubo 1.200 detenidos, 855 en París. Pero mientras las calles expresaban un malestar social concreto, las redes sociales se apresuraban a ofrecer explicaciones mucho más cómodas: dos conspiraciones religiosas, enfrentadas entre sí, pero coincidentes en algo esencial: sustituir los problemas reales por un enemigo fácil de señalar.

Las protestas comenzaron con estudiantes que denunciaban el deterioro de las aulas y la falta de profesores. Se sumaron trabajadores, agricultores, antiguos chalecos amarillos y ciudadanos hartos del costo de vida y de unos servicios públicos cada vez más deteriorados. La deuda pública francesa alcanzará el 119,3% del PIB en 2026, su nivel más alto desde 1978.

No hay evidencia presentada que permita atribuir las protestas a una supuesta composición étnica o religiosa particular de los manifestantes. Tampoco las grandes crisis francesas de 2005 y 2023 pueden reducirse a la inmigración: detrás hubo desigualdad, fractura territorial y conflictos con la policía.

Pero entre los hechos y su explicación se abrió un abismo.

Dos conspiraciones, una misma función

Por un lado, publicaciones en X acusaban a las “élites judías”, al Mossad o a la familia Rothschild de organizar los disturbios. Por otro, Éric Zemmour afirmaba en LCI que las imágenes mostraban «el verdadero rostro del gran reemplazo», protagonizado, según él, por una “horda de bárbaros magrebíes y africanos”.

Las versiones se contradicen, pero cumplen la misma función: borrar la complejidad de una crisis social y reemplazarla por un enemigo religioso reconocible, útil para movilizar seguidores y alimentar agendas políticas previas.

Un análisis del Centro de Investigación sobre el Antisemitismo del Combat Antisemitism Movement (CAM) examinó 18.381 publicaciones de X y revisó manualmente 4.922 grupos de texto. Identificó 1.384 publicaciones antisemitas procedentes de 816 cuentas. El 30% de las publicaciones atribuidas en el informe provenía de cuentas islamistas y el 21% de la extrema derecha o del nacionalismo blanco. Al excluir veinte posibles falsos positivos, la extrema derecha concentraba el 53% de las visualizaciones y las cuentas islamistas, el 12%.

Las proporciones cambian según el criterio utilizado, pero la conclusión no: sectores ideológicamente enfrentados pueden converger en la difusión del mismo odio.

Hay otro dato revelador. El 69% de las publicaciones estaba en inglés y concentraba el 86% de las visualizaciones. El francés representaba el 21% de los mensajes y apenas el 8% de las vistas. El negocio del odio, por lo visto, no conoce fronteras ni necesita hablar el idioma del país al que pretende incendiar.

El guion estaba escrito antes del incendio

Once días antes de los disturbios del 17 de octubre, cuando las protestas todavía eran estudiantiles, Donald Trump ya había presentado la situación francesa como consecuencia de una “migración masiva fuera de control”. Según sus declaraciones, el problema no tenía que ver con las escuelas, sino con el supuesto intento del islam de controlar Francia.

El diagnóstico estaba instalado antes de que se produjeran los disturbios que pretendía explicar. No surgió de una investigación sobre las causas de la protesta, sino de una agenda política que necesitaba convertir el malestar social en una advertencia contra la inmigración.

El patrón no es nuevo. El CAM documentó al menos cuatro episodios en doce meses en los que acontecimientos internacionales fueron reinterpretados como conspiraciones judías: Ceuta, el aniversario del 11-S, el intento de secuestro del vuelo FZ1073 y Francia.

Fuera de Europa, hace tiempo viene ocurriendo algo parecido con los incendios de la Patagonia argentina, atribuidos al fantasmal “Plan Andinia”, un libelo antijudío que circula desde hace décadas. Una teoría tan infame como El judío internacional o Los protocolos de los sabios de Sion. La consultora Ad Hoc registró más de 469.000 publicaciones que vinculaban términos asociados a Israel con los incendios y un crecimiento del 10.800% en las teorías antisemitas.

El mecanismo es sencillo: ante un hecho complejo, se ofrece un culpable conocido. No importa demasiado que la explicación sea absurda; importa que sea fácil de entender, despierte indignación y confirme los prejuicios de quien la comparte.

La prueba de la selectividad

Ese mismo fin de semana, Italia, Portugal, Bélgica y Grecia también registraron protestas por el costo de vida, la vivienda y los servicios públicos. En Milán hubo enfrentamientos con la policía; en Portugal, decenas de miles marcharon por el derecho a la vivienda; en Bruselas y Lieja, algunas manifestaciones terminaron en choques.

Sin embargo, esos episodios no recibieron el mismo tratamiento político que las protestas francesas.

¿Por qué en Francia se activó con tanta fuerza el discurso de la invasión musulmana? No necesariamente porque sus problemas sociales fueran distintos, sino porque allí resultaba políticamente rentable explotar esa interpretación. Las elecciones presidenciales estaban en el horizonte; la extrema derecha necesitaba movilizar a sus votantes y la crisis ofrecía imágenes capaces de dominar la agenda.

El “gran reemplazo” no explica los disturbios. Es una teoría política que se presenta como explicación cuando conviene y desaparece del centro de la escena cuando deja de ser útil.

El negocio concreto

El odio religioso no es una discusión abstracta de las redes. Según el balance del Ministerio del Interior francés para 2025, se registraron 2.489 actos antirreligiosos: 1.320 antisemitas y 326 antimusulmanes. Estos últimos aumentaron un 88% en un año, mientras los ataques contra personas crecieron un 151%.

El antisemitismo y la islamofobia no son lo mismo, ni tienen idénticas causas o manifestaciones. Pero ambos pueden alimentarse de un clima en el que se responsabiliza colectivamente a una comunidad por hechos que no ha cometido.

Un estudio publicado en Science en 2018 por investigadores del MIT —Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Aral— analizó unos 126.000 relatos difundidos por cerca de tres millones de usuarios de Twitter entre 2006 y 2017. Encontró que las noticias falsas tenían un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas y que estas últimas tardaban aproximadamente seis veces más en llegar a 1.500 personas.

El estudio no demuestra que toda falsedad se difunda más que cualquier noticia verdadera. Sí muestra una ventaja preocupante de los relatos novedosos y sorprendentes, capaces de despertar emociones intensas.

Una conspiración que explica una crisis en una frase, con un culpable y una dosis de indignación, compite con ventaja frente a un análisis sobre inflación, vivienda, educación y desigualdad. El algoritmo no necesita creer en el odio: le basta con premiar la interacción.

Y alguien termina cobrando por ella. En el caso de Ceuta, el análisis citado identificó publicaciones procedentes de cuentas monetizadas.

No hace falta imaginar un titiritero que coordine a todos. Basta con observar cómo coinciden los intereses de políticos, influencers y plataformas: unos ganan votos, otros visibilidad y las empresas, tráfico e ingresos. La indignación es rentable, incluso cuando quienes la explotan se odian entre sí.

Lo que Marianne mira

Mientras tanto, Marianne contempla el espectáculo. Ha visto monarquías, imperios, guerras, ocupaciones, revoluciones y gobiernos de todos los colores. Sabe que protestar es un derecho fundamental, pero no una patente de infalibilidad: ni el gobierno tiene razón por ser gobierno, ni los manifestantes la tienen automáticamente por ocupar la calle.

También sabe que una República no se defiende solamente con policías, presupuestos equilibrados y discursos sobre el orden. Necesita instituciones sólidas, educación, libertades, responsabilidad ciudadana y gobernantes capaces de escuchar el descontento antes de que se convierta en desesperación.

Pero hay algo que debería preocuparla todavía más que los autos quemados. Según el barómetro Odoxa-Backbone para Public Sénat, Marine Le Pen lideraba la intención de voto presidencial con el 37%, frente al 18% de Jean-Luc Mélenchon. En un eventual balotaje entre ambos, Le Pen se impondría con el 68%. Otro sondeo, de Ifop-Fiducial, señalaba que la dirigente de extrema derecha era la candidata que más se beneficiaba políticamente de los acontecimientos.

La paradoja es evidente: una crisis alimentada por el deterioro social puede terminar fortaleciendo a quienes ofrecen como solución una política de exclusión.

Y mientras Francia discute consigo misma, Putin espera que Europa se canse de apoyar a Ucrania y Trump parece cada vez menos dispuesto a considerar la seguridad europea como un interés compartido. Ninguno necesita inventar las divisiones del continente. Les alcanza con aprovecharlas.

Una República bajo presión

En Francia se produjo una doble operación de borrado. Los manifestantes y sus demandas de mejores salarios, educación y servicios públicos desaparecieron del relato. En su lugar aparecieron dos figuras de fantasía: el judío conspirador y el musulmán invasor. Cada una destinada a un público diferente, ambas alimentadas por un ecosistema que premia la simplificación y el enfrentamiento.

Las redes no se limitan a reflejar prejuicios existentes: también pueden amplificarlos y convertirlos en mercancía. Mientras la indignación genere más atención que el análisis y el odio religioso siga ofreciendo réditos políticos, la próxima crisis corre el riesgo de ser secuestrada por los mismos guiones.

Marianne tiene motivos para estar preocupada. No porque los franceses vuelvan a salir a la calle, sino porque algunos pretenden convencerla de que la República estará más segura cuando nadie se atreva a protestar. Y porque otros parecen creer que para cambiar el mundo basta con romper una vidriera y llevarse todo lo que se pueda.

Tampoco debería ignorar que, mientras sus compatriotas discuten cómo salvar su modelo social, hay quienes, desde Washington y Moscú, se aprovechan de sus divisiones para debilitar a Europa.

La vieja dama republicana ha sobrevivido a incendios mucho peores. Pero no puede permitirse que las llamas le hagan olvidar por qué nació la República, qué libertades conquistó Francia y qué podría perder si defenderlas empieza a parecer demasiado caro.

Entonces, con una pequeña dosis de nuestro dialecto rioplatense, que se le ha pegado de tanto mirar el mundo, Marianne suspira, se encoge de hombros y sentencia:

—¡Somos franceses, papá!

Y también europeos. Y también ciudadanos del mundo. No estaría mal recordarlo antes de que otros decidan qué Europa merece sobrevivir.

Después, mientras se sacude las cenizas y mira de reojo el último auto en llamas, agrega:

—Pero no se hagan los vivos, bande d'enculés: una cosa es protestar y otra muy distinta es prender fuego todo y pasarle la cuenta al vecino.

PD: recomiendo leer y seguir a Nacho Montes de Oca:

@nachomdeo

Visiten su sitio. No le digan que le sustraje un montón de datos para este artículo.

Espero haber cubierto bien las huellas del delito.

(Gracias Nacho).

Por Alicia Quagliata Rienzi

La hoja de ruta del acuerdo con Solaria ya tiene fecha para aprobar los permisos. Los estudios que deberían sustentarlos, todavía no.

La semana pasada el gobierno anunció la mayor inversión extranjera de la historia del país: un parque de centros de datos de la empresa española Solaria, con generación solar propia, por 5.700 millones de dólares. Lo que se firmó es un memorándum de entendimiento. En su comunicación a la Bolsa de Madrid, Solaria se presenta como desarrolladora de la zona franca, que proveerá suelo e infraestructura a grandes operadores de centros de datos, y no indica cuánto de esa cifra aportará ni quiénes serán esos operadores. El memorándum, sin embargo, ya tiene calendario.

Según se conoció esta semana, la hoja de ruta prevé que en mayo de 2027 estén aprobadas la categorización de los padrones en las intendencias de Florida y Canelones y las habilitaciones del Ministerio de Ambiente. Ese mismo mes, la empresa tomaría su decisión final de inversión. Antes, en enero de 2027, UTE deberá iniciar licitaciones y adelantar un año las obras en las subestaciones de Cardal y Chamberlain. Para el conjunto de sus inversiones en el proyecto, prevé un refuerzo presupuestal de 120 millones de dólares que tendrá que autorizar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Para un proyecto de esta escala, ordenar los pasos es razonable. Lo que llama la atención es otra cosa: la hoja de ruta que se conoce fija cuándo deberían estar aprobados los permisos y no precisa cuándo se presentarán los estudios que deben sustentarlos.

La diferencia es de fondo. Cambiar la categoría de un suelo rural exige un instrumento de ordenamiento territorial, con instancias de participación pública y el voto de la Junta Departamental. La autorización ambiental existe para medir el impacto de una obra y exigir los cambios que la hagan viable. Ambos procesos tienen sentido porque pueden terminar en un sí, en un sí con condiciones o en un no.

Quienes trabajamos con permisos lo sabemos: un calendario puede prever cuándo entra un expediente. Cuándo sale aprobado depende de lo que el expediente muestre, de las observaciones que reciba y del tiempo que lleve analizarlas.

Y lo que está en juego es mucho territorio. Son unas 700 hectáreas de terrenos de UTE para los paneles solares y suelo en Canelones para el primer centro de datos, con su propia zona franca. La categorización define qué se puede hacer en un territorio durante décadas. El contrato de energía con UTE, además, podría extenderse hasta cuarenta años.

La inversión puede ser una gran oportunidad para el país. Justamente por su tamaño, los controles tienen que poder modificarla. Las intendencias, las juntas y el Ministerio de Ambiente deberían recibir expedientes completos, no una fecha para dar el visto bueno.

Corregirlo es sencillo. Alcanza con que el memorándum se conozca completo y que la hoja de ruta fije cuándo se presentan los estudios, dejando el resultado a quienes tienen la competencia para decidirlo.

Los controles valen por su capacidad de cambiar un proyecto. Si llegan con la respuesta escrita, solo lo acompañan.

Por Susana Toricez

Un reconocimiento a quienes, desde el anonimato y sin esperar recompensa, dedican su tiempo y sus esfuerzos a aliviar el sufrimiento ajeno. Pequeños y grandes gestos de solidaridad que revelan lo mejor de la condición humana.

Hay una fuerza silenciosa que sostiene al mundo en sus momentos más oscuros, y no viene de las grandes potencias ni de las portadas de diarios.

Nace del alma de quienes entienden que el dolor ajeno no les es indiferente.

En la entrega desinteresada de tantas personas vive, sin duda, la expresión más noble y pura de nuestra humanidad.

Pensar en quien se acerca a una cama de hospital no solo como profesional, sino desde la vocación pura de acompañar, es presenciar un acto sagrado.

La enfermedad nos despoja de certezas, nos vuelve vulnerables y frágiles.

En esa soledad, un minuto de tiempo regalado, un cuento leído a un niño, un juguete entregado con una sonrisa o simplemente una mano firme que sostiene a la otra, se transforman en luz y alivio.

No curan el cuerpo, pero sanan el espíritu.

Sorprende y conmueve ver cuánta belleza y esperanza hay en lo invisible.

Son esas manos que semana tras semana tejen bufandas y mantas sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento alguno.

Solo ellas y quien recibe ese abrazo de lana conocen el valor real de ese gesto que abriga el alma.

Hay instituciones laicas y religiosas que, en el anonimato cotidiano, lavan la ropa de personas en situación de calle, devolviéndoles no solamente prendas limpias, sino ofreciéndoles también un plato caliente en una noche helada de invierno y, sobre todo, el sentimiento de volver a ser vistos y respetados.

Esos soldados y rescatistas que, aún sabiendo que sus propias casas sufren la inundación y sus familias enfrentan el peligro, caminan con el agua hasta la cintura para poner a salvo a niños y adultos desconocidos.

O esa enfermera que, cuando aparece el dolor físico, te toma la mano y te la sostiene hasta que pasa.

Muchos conocemos la Capilla de la Caridad, que funciona en el Hospital Maciel.

Pero pocos saben que allí las religiosas ayudan a personas que a veces pasan meses cuidando a un enfermo.

Esas personas no se alojan en hoteles ni en casas de familia. Muchos de ellos pasan las noches en una silla junto al enfermo.

Pero la nobleza y la vocación de servicio de esas religiosas se manifiestan cuando les proporcionan ropa que reciben como donación y hasta les permiten ducharse.

Hay que tener una templanza y una nobleza de espíritu superiores para poner el deber y el amor al prójimo por encima del dolor propio.

Todas estas acciones comparten la misma raíz: no piden nada a cambio.

No buscan que nadie se entere; tienen la necesidad interna de dar, de abrazar la fragilidad del otro y recordarle que no está solo.

A cada una de esas personas, conocidas o anónimas, religiosas o laicas, jóvenes o ancianas, las rodea una dignidad absoluta.

Son la prueba viviente de que, frente a la dureza del mundo, el amor desinteresado sigue siendo la fuerza más grande de la Tierra.

A esas personas que dan amor desinteresado, las admiro absolutamente.

La campaña presidencial brasileña entra en sus últimas horas con un resultado abierto, una sucesión de acusaciones personales y promesas de fuerte impacto electoral. Lula y Flávio Bolsonaro disputan mucho más que la Presidencia: representan proyectos políticos profundamente enfrentados en una sociedad que continúa polarizada.

Brasil elegirá este domingo a su próximo presidente en un balotaje que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La primera vuelta dejó al candidato del Partido Liberal con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% del líder del Partido de los Trabajadores. Las encuestas posteriores muestran una competencia muy ajustada: el último relevamiento de PoderData/Aya, divulgado este jueves, registra 51% para Bolsonaro y 49% para Lula, dentro del margen de error.

La polarización se ha traducido en una campaña particularmente áspera, donde las acusaciones personales, los expedientes judiciales y las promesas de último momento compiten por desplazar cualquier discusión programática.

El debate del domingo pasado, organizado por Bandeirantes, fue una buena demostración. Flávio Bolsonaro acusó a Lula de corrupción, mencionó las investigaciones sobre su hijo Fábio Luís, conocido como Lulinha, y llegó a decirle que no llevaba la billetera porque temía que se la robara. Lula respondió llamándolo «malandro carioca» y «miliciano», además de cuestionar sus relaciones con personas investigadas por delitos graves y las operaciones financieras vinculadas al entorno de su familia.

Las referencias a la lobista Roberta Luchsinger, al escándalo del Banco Master y a la financiación de una película sobre Jair Bolsonaro se sucedieron en un intercambio donde abundaron las acusaciones y escasearon las respuestas concluyentes.

Tampoco faltó la provocación escénica: Flávio caminó detrás de Lula mientras este intervenía, obligando a los moderadores a poner orden. Para el debate final, previsto para este viernes en TV Globo, ya se establecieron restricciones a esos desplazamientos.

Pero la mayor repercusión del encuentro fue el desafío de Lula a que ambos candidatos abrieran sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos, incluidos los de sus familiares. Flávio respondió con 19 condiciones adicionales y el asunto terminó este jueves con un acuerdo formal ante el Tribunal Superior Electoral. La divulgación efectiva de la documentación, sin embargo, todavía depende de los procedimientos correspondientes. Una disputa electoral convertida en un espectáculo judicial de consecuencias imprevisibles.

Las promesas de última hora

Mientras tanto, Lula ha desplegado una batería de medidas sociales de indudable atractivo electoral. El 16 de octubre se promulgó la reforma constitucional que elimina progresivamente la semana laboral de seis días de trabajo y uno de descanso, y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial.

A esa iniciativa agregó una promesa todavía más llamativa: transporte público gratuito los sábados, domingos y feriados. Este miércoles, apenas cuatro días antes de la votación, envió al Congreso una propuesta constitucional para concretarla.

La gratuidad, naturalmente, no significa ausencia de costos. El gobierno pretende financiarla destinando el 26,8% de las enmiendas presupuestales parlamentarias obligatorias, unos 12.000 millones de reales anuales. La iniciativa ya enfrenta resistencias de legisladores que no quieren desprenderse de esos recursos. Además, trasladar partidas de un destino a otro no elimina su costo ni resuelve necesariamente los problemas de financiación del transporte.

El anuncio, formulado en vísperas electorales y sin financiación parlamentaria consensuada, plantea una pregunta inevitable: ¿estamos ante una política pública suficientemente estudiada o ante una promesa concebida para conquistar votos?

La reforma laboral también originó una polémica inesperada. Lula afirmó que las mujeres que trabajan seis días por semana suelen dedicar su único día libre a limpiar la casa. El presidente argentino Javier Milei difundió un fragmento de esas declaraciones, calificándolo de «machirulo» y «ladrón». Sin embargo, Lula no estaba defendiendo que las mujeres debieran ocuparse de la limpieza, sino argumentando que la desigual distribución de las tareas domésticas justificaba ampliar el descanso semanal. La controversia ilustra hasta qué punto una frase puede adquirir otro sentido cuando se la separa de su contexto.

Dos proyectos enfrentados

Detrás de estos episodios subsisten diferencias sustanciales. Lula defiende un Estado con mayor intervención económica, inversión pública y ampliación de las políticas sociales. Flávio Bolsonaro propone austeridad fiscal, reducción del aparato estatal y una política de seguridad más severa, incluyendo el endurecimiento de penas y una ofensiva contra las organizaciones criminales.

También existen diferencias en política exterior, particularmente en la relación con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, la campaña ha dedicado buena parte de sus energías a discutir antecedentes personales, sospechas de corrupción y denuncias sobre la manipulación de las redes sociales. Incluso el Tribunal Superior Electoral se ha convertido en protagonista habitual, ante la multiplicación de recursos y reclamaciones de ambos sectores.

El viernes tendrá lugar el último debate, cuando nuestra edición ya esté publicada. El domingo hablarán las urnas, en una elección cuyo desenlace sigue abierto.

Lo que ya puede advertirse es que Brasil llegará a esa instancia con una sociedad profundamente dividida, una agenda de reformas y compromisos económicos de considerable magnitud y una discusión pública donde demasiadas veces el agravio sustituye al argumento.

Cualquiera sea el resultado, gobernar ese Brasil exigirá bastante más que ganar una campaña.

La detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, principal figura del correísmo, plantea interrogantes que no pueden despacharse con simpatías o antipatías políticas. Las sospechas de financiamiento irregular deben investigarse, pero la lucha contra la corrupción no puede servir de excusa para restringir los derechos de la oposición.

La detención, este jueves, de Luisa González, derrotada por Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, ha provocado una nueva conmoción política en Ecuador. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023, en el marco del denominado caso Laberinto, por el que fueron detenidas tres personas con el propósito de formularles cargos por lavado de activos.

Según el Ministerio Público, una red de entidades jurídicas habría canalizado aproximadamente 500.000 dólares hacia gastos de publicidad electoral sin identificar debidamente el origen de los recursos ni a sus aportantes. Paralelamente, en el caso Caja Chica, se investiga el presunto ingreso de fondos procedentes de Venezuela para financiar aquella misma campaña.

Las acusaciones son graves y corresponde investigarlas hasta sus últimas consecuencias. El financiamiento de los partidos políticos, particularmente cuando existen sospechas de recursos de procedencia ilícita o extranjera, constituye una cuestión central para la transparencia democrática. Ningún candidato, por relevante que sea su posición política, puede pretender inmunidad frente a la Justicia.

Pero tampoco una investigación equivale a una condena. Mucho menos puede suponerse la culpabilidad de una persona por su pertenencia a determinada corriente política.

El contexto, además, obliga a extremar la prudencia. El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones locales en Ecuador y el movimiento Revolución Ciudadana, fundado por Rafael Correa, se encuentra suspendido por resolución del Tribunal Contencioso Electoral. La propia González tampoco consiguió inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí.

No se trata de circunstancias menores. La acumulación de decisiones judiciales y electorales que afectan a la principal fuerza opositora exige una fundamentación especialmente rigurosa y mecanismos efectivos de revisión.

De hecho, el pasado 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la necesidad de garantizar la participación política plural e igualitaria en Ecuador, así como el pleno respeto de las garantías judiciales en las decisiones que puedan afectar la competencia electoral.

Por supuesto, Rafael Correa y sus partidarios denuncian una persecución política. Esa acusación, por sí sola, tampoco constituye una prueba. Conviene recordar que, durante la presidencia de Correa, la libertad de prensa y la independencia judicial sufrieron serios cuestionamientos de organismos internacionales. Su gobierno exhibió una preocupante inclinación a hostigar a los medios críticos y a concentrar poder.

Ese pasado no debe olvidarse. Pero tampoco puede invocarse para justificar eventuales abusos presentes. Sería una contradicción elemental condenar las prácticas del correísmo y disculpar procedimientos semejantes cuando afectan a sus dirigentes.

La responsabilidad institucional del gobierno de Noboa consiste en respetar la independencia de la Fiscalía y de los tribunales, garantizar el debido proceso y evitar cualquier apariencia de utilización de los instrumentos del Estado para obtener ventajas políticas. No existen elementos suficientes para atribuirle personalmente la decisión de detener a González, del mismo modo que tampoco corresponde descartar sin examen las denuncias sobre posibles irregularidades procesales.

En una democracia liberal, la independencia judicial no se mide únicamente por la capacidad de investigar a los adversarios del gobierno, sino también por la disposición a investigar al propio poder. Y las garantías individuales tienen precisamente su mayor importancia cuando protegen a quienes no comparten nuestras ideas.

Ecuador necesita esclarecer el origen del dinero que financió aquella campaña, determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar que las decisiones judiciales no alteren arbitrariamente la competencia electoral.

Porque la corrupción no se combate con impunidad, pero tampoco con arbitrariedad. Y porque el Estado de derecho deja de serlo cuando sus garantías dependen de quién está sentado en el banquillo de los acusados.

Teherán amenaza con prolongar la guerra contra Estados Unidos e Israel y llevar sus consecuencias al comercio y la energía mundiales. El estrecho de Ormuz, las elecciones estadounidenses, el respaldo ruso y el riesgo nuclear integran una estrategia de desgaste que también entraña enormes costos para la propia República Islámica.

La guerra iniciada el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes no ha concluido. Irán procura demostrar que, aunque no pueda imponerse militarmente a sus adversarios, sí puede sostener un conflicto prolongado y extender sus consecuencias más allá de Medio Oriente.

El 21 de setiembre, el general Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria, advirtió que, ante una nueva ofensiva, Irán cambiaría «el armamento y la geografía de la guerra». Aseguró que dispone de armas todavía no utilizadas, sin aportar pruebas de esas capacidades. La amenaza resume la apuesta de Teherán: convertir su inferioridad militar en una guerra de desgaste de alcance internacional.

Ormuz, el arma económica

El principal instrumento de presión es el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Los ataques contra buques, las amenazas a la navegación y las minas navales encarecen los seguros y alteran el abastecimiento. En octubre, el barril de Brent llegó a aproximarse a los 110 dólares.

La ofensiva alcanza también instalaciones estratégicas. Una investigación de Reuters del 15 de octubre documentó al menos 135 ataques con drones y misiles contra 84 objetivos del Golfo, entre ellos infraestructura petrolera de Emiratos Árabes Unidos, la planta gasífera de Ras Laffan, en Qatar, y oleoductos sauditas. El cálculo iraní es claro: armas relativamente baratas pueden paralizar instalaciones costosas y causar perjuicios económicos muy superiores al gasto militar que demandan.

Trump, las elecciones y Rusia

La presión tiene un destinatario político inmediato: Donald Trump, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Según The Washington Post, funcionarios iraníes consideran que el encarecimiento de los combustibles puede aumentar el costo electoral de la guerra. Trump prometió energía barata y evitar intervenciones prolongadas; el 8 de octubre descartó una nueva ofensiva antes de los comicios, aunque después volvió a amenazar con bombardeos.

Rusia aprovecha la coyuntura. El 19 de octubre, el canciller Serguéi Lavrov reafirmó en Teherán su respaldo al régimen iraní. Moscú se beneficia de los precios elevados del petróleo mientras continúa su agresión contra Ucrania. Washington, por su parte, procura contener esa colaboración y ha flexibilizado determinadas restricciones a las exportaciones energéticas rusas para moderar el precio de los combustibles. La contradicción resulta evidente: combate a Irán, pero negocia con el principal sostén diplomático de Teherán.

El riesgo nuclear y la salida diplomática

Hay una amenaza adicional. Según informó el Financial Times, sectores radicales iraníes reclaman revisar la prohibición religiosa de fabricar armas nucleares establecida por Alí Jamenei. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, todavía no la ha reafirmado. No hay pruebas concluyentes de una decisión de construir la bomba, pero el debate agrava la preocupación israelí y cuestiona uno de los objetivos centrales de la ofensiva estadounidense.

Pese a la retórica bélica, Irán mantiene abierta una negociación. Su canciller, Abbas Araqchi, ofrece reabrir Ormuz si Washington levanta el bloqueo de puertos, elimina sanciones petroleras y cesan las hostilidades regionales. Estados Unidos insiste en discutir desde el comienzo el programa nuclear y limitar sustancialmente el enriquecimiento de uranio. Cada parte exige concesiones antes de renunciar a sus instrumentos de presión.

La estrategia iraní, sin embargo, tampoco es gratuita: las sanciones, los bombardeos y el deterioro económico pesan sobre su propia población. Teherán puede infligir daños considerables, pero no dispone de recursos ilimitados.

El peligro reside en que ambos bandos crean que el otro cederá primero. Mientras tanto, el conflicto extiende sus efectos a las rutas marítimas, los mercados energéticos, las elecciones estadounidenses y la guerra de Ucrania. Esa es la lógica de una guerra prolongada: nadie necesita ganar una batalla decisiva para que el mundo entero termine pagando sus consecuencias.

Los graves disturbios en Francia e Italia han llevado a ambos gobiernos a adoptar medidas extraordinarias de seguridad. Macron restringe las manifestaciones y mantiene toques de queda parciales, mientras Meloni endurece las penas contra la violencia callejera y despliega militares en Milán. La participación juvenil, los saqueos y las convocatorias a través de las redes sociales plantean un desafío que trasciende las fronteras nacionales.

Los disturbios que sacuden Francia e Italia desde el pasado fin de semana han adquirido una dimensión que trasciende las protestas sociales que les dieron origen. Comercios saqueados, barricadas incendiadas, edificios públicos atacados y enfrentamientos con las fuerzas policiales obligaron a ambos gobiernos a adoptar medidas extraordinarias para restablecer el orden.

En Francia, Emmanuel Macron ha pasado de los toques de queda parciales a una política de restricciones de las manifestaciones que considera susceptibles de desembocar en nuevos episodios violentos. En Italia, Giorgia Meloni aprobó un decreto que establece nuevos delitos y sanciones, además de reforzar la seguridad de Milán con 500 militares.

Los acontecimientos tienen un origen parcialmente semejante: el encarecimiento de la vida, los salarios insuficientes y el deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, muestran también un fenómeno particularmente preocupante: la aparición de grupos violentos capaces de organizarse mediante las redes sociales y de actuar al margen de las estructuras políticas y sindicales tradicionales.

Italia: del saqueo al endurecimiento penal

En Milán, las manifestaciones contra el costo de vida derivaron en graves incidentes, especialmente en los alrededores de la Piazza del Duomo. Grupos de jóvenes encapuchados incendiaron barricadas, atacaron a las fuerzas policiales y saquearon establecimientos comerciales. Los disturbios también alcanzaron a Turín, Bolonia y otras ciudades.

La presencia de menores fue uno de los datos más llamativos. Durante los incidentes del domingo, 271 personas fueron conducidas a dependencias policiales, de las cuales 220 eran menores de edad. Posteriormente, las autoridades italianas elevaron a unas 330 las personas identificadas o detenidas en relación con los disturbios registrados en distintas ciudades.

Entre los menores identificados en Milán apareció incluso un niño de 11 años, presuntamente involucrado en el saqueo de un comercio.

La reacción gubernamental fue inmediata. El martes 20, Meloni aprobó un decreto de seguridad que introduce un nuevo delito de participación violenta en manifestaciones, castigado con penas de dos a cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros. Para quienes organicen grupos destinados a cometer actos violentos, incluso mediante convocatorias digitales, se establecen penas que pueden alcanzar los doce años.

El decreto también facilita determinados procedimientos contra menores infractores y establece sanciones económicas para los padres por daños ocasionados por sus hijos.

La decisión de desplegar 500 militares adicionales en Milán provocó, además, una significativa intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella. El gobierno pretendía otorgarles facultades de policía judicial, incluidas determinadas atribuciones para efectuar detenciones. Mattarella objetó esa disposición y logró que fuera retirada del decreto antes de su aprobación. No se trató, por tanto, de un veto formal, sino de una intervención preventiva del jefe del Estado. Los militares actuarán en tareas de vigilancia y apoyo, sin asumir aquellas competencias policiales.

El alcalde milanés, Giuseppe Sala, respaldó el refuerzo militar, aunque insistió en la necesidad de atender también las causas del problema juvenil.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aportó una precisión importante: hasta el momento no existen pruebas de que los adolescentes participantes hayan sido manipulados por organizaciones externas. De este modo, las especulaciones sobre una operación deliberada de desestabilización carecen todavía de respaldo comprobado.

El nuevo dispositivo tendrá su primera prueba este sábado 24, cuando están previstas nuevas manifestaciones y las autoridades temen que vuelvan a producirse enfrentamientos.

Francia: los toques de queda y las prohibiciones

En Francia, la gravedad de los acontecimientos es considerablemente mayor.

Las protestas comenzaron en setiembre con movilizaciones estudiantiles contra la falta de profesores y el deterioro de los centros educativos. Posteriormente se incorporaron reivindicaciones relacionadas con el encarecimiento de la vida, los salarios y los servicios públicos.

El sábado 17 de octubre participaron unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y 800.000 de acuerdo con los organizadores. La mayoría se manifestó pacíficamente, pero grupos violentos protagonizaron saqueos, incendios y enfrentamientos policiales en numerosas ciudades.

Entre los episodios más graves sobresale el incendio que prácticamente destruyó el Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX.

Según el balance presentado el miércoles por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, se habían registrado unas 2.500 custodias policiales, con 917 personas remitidas a la Justicia y 174 encarcelamientos.

Las autoridades establecieron toques de queda parciales en sectores de París, Lyon, Lille y otras localidades. Algunas restricciones afectan a toda la población y otras exclusivamente a menores de edad.

Pero la respuesta gubernamental no se detuvo allí.

Este jueves 22, Macron reunió a los responsables de los servicios de inteligencia y anunció una política de mayores restricciones para las próximas manifestaciones. Su orientación es impedir, cuando jurídicamente resulte posible, las convocatorias realizadas por grupos sin reconocimiento institucional, mientras las organizadas por sindicatos podrán ser autorizadas con recorridos alternativos para proteger comercios y edificios públicos.

Las autoridades ya han prohibido manifestaciones previstas para el sábado en Lyon, Marsella y otras ciudades. En Marsella, además, se anunció la suspensión del transporte público durante 24 horas y la ampliación temporal del toque de queda a los adultos en determinados sectores.

La preocupación es tal que el Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais permanecerán excepcionalmente cerrados el sábado.

Sin embargo, también apareció un límite judicial a las restricciones. Este jueves, un tribunal administrativo suspendió la prohibición de una manifestación estudiantil en París. Miles de personas pudieron concentrarse pacíficamente bajo vigilancia policial, aunque las autoridades restringieron posteriormente el desplazamiento del cortejo.

La decisión pone de manifiesto una tensión inevitable: el Estado debe combatir la violencia, pero también preservar el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

Macron atribuyó parte de los disturbios a grupos de izquierda radical que, según sostuvo, perseguían objetivos de desestabilización institucional. No obstante, la fiscal de París, Laure Beccuau, informó que ninguno de los aproximadamente 300 imputados que habían comparecido inicialmente ante magistrados reivindicó motivaciones políticas en los hechos investigados.

Esto no descarta la participación de grupos ideologizados, pero demuestra la necesidad de distinguir las responsabilidades concretas de las interpretaciones políticas.

Dos países, semejanzas y diferencias



La comparación muestra que, aunque Francia atraviesa una crisis mucho más extensa y de raíces más antiguas, Italia está experimentando modalidades de violencia urbana semejantes, especialmente por la participación juvenil y la rapidez de organización de los incidentes.

Una violencia que ya no necesita partidos

Uno de los aspectos más preocupantes es la transformación de los mecanismos de movilización.

Tradicionalmente, las grandes protestas necesitaban sindicatos, partidos u organizaciones capaces de convocar, coordinar y negociar. Las redes sociales permiten ahora reunir grupos numerosos en pocas horas, sin dirigentes reconocibles ni interlocutores que puedan asumir responsabilidades.

Esta circunstancia no convierte en violentas a las movilizaciones espontáneas. Sin embargo, facilita que grupos interesados en provocar incidentes puedan aprovechar concentraciones legítimas y desplazarse rápidamente de un lugar a otro.

Conviene distinguir tres realidades frecuentemente confundidas: el ciudadano que protesta por sus condiciones de vida, el activista radicalizado que busca la confrontación política y el delincuente que aprovecha el desorden para saquear.

Que coincidan en las calles no significa que tengan los mismos objetivos. Tampoco autoriza a responsabilizar a todos los manifestantes por los delitos de una minoría.

El malestar económico sigue presente

Italia ofrece otro ejemplo de que la conflictividad social no desaparece con el restablecimiento del orden público.

Las protestas de transportistas contra el precio del gasóleo provocaron durante esta semana graves dificultades de abastecimiento en Sicilia, Calabria y Campania. Supermercados, estaciones de combustible, hospitales e industrias sufrieron las consecuencias de los bloqueos de carreteras.

Algunas empresas suspendieron temporalmente la producción, entre ellas establecimientos alimentarios y fábricas automotrices.

Este jueves, el gobierno de Meloni aprobó nuevas ayudas fiscales para los transportistas, con recursos adicionales para los sectores agrícola y pesquero. Tras las negociaciones, comenzaron a levantarse bloqueos en Sicilia y Calabria, aunque subsisten dificultades en otras zonas.

Se trata de un conflicto diferente al de los saqueos juveniles de Milán, pero su simultaneidad demuestra que existe un malestar económico que no puede resolverse exclusivamente con medidas policiales.

También en Francia los sindicatos mantienen una convocatoria de movilización para el 5 de noviembre, después de reunirse con el primer ministro Sébastien Lecornu sin obtener respuestas satisfactorias a sus reivindicaciones.

El desafío de las democracias

Los gobiernos de Meloni y Macron, de orientaciones políticas diferentes, enfrentan problemas de seguridad parcialmente semejantes.

La violencia no puede ser tolerada bajo el pretexto del malestar social. Cada comercio saqueado representa pérdidas para sus propietarios, amenazas para sus trabajadores y perjuicios para una comunidad que tiene derecho a vivir sin miedo.

Pero tampoco puede suponerse que el endurecimiento penal, por necesario que resulte frente a los delitos, resolverá por sí solo las dificultades económicas, educativas y sociales que alimentan las protestas.

La experiencia francesa resulta especialmente aleccionadora. Desde los disturbios de 2005 hasta los chalecos amarillos de 2018 y los episodios de 2023, el país ha atravesado sucesivas crisis que pusieron de manifiesto problemas persistentes de integración, desigualdad y desconfianza hacia las instituciones.

Italia enfrenta ahora el desafío de impedir que los acontecimientos recientes se transformen en un fenómeno recurrente. Francia debe evitar que una conflictividad social de larga duración continúe derivando periódicamente en situaciones de violencia extrema.

El denominador común es inquietante: las democracias europeas están enfrentando una violencia urbana capaz de adquirir dimensiones nacionales sin necesidad de grandes organizaciones políticas y que encuentra en las redes sociales un instrumento extraordinariamente eficaz para su propagación.

La libertad de manifestación y la vigencia del Estado de derecho no son principios contrapuestos. Por el contrario, preservar ambos resulta indispensable para que el descontento pueda expresarse democráticamente sin que las calles queden a merced de quienes optan por la violencia.

Las deportaciones masivas de Donald Trump han venido acompañadas de muertes, heridos y detenciones de ciudadanos estadounidenses. Siete casos permiten apreciar la gravedad de unos operativos cuyas versiones oficiales y mecanismos de control están bajo cuestionamiento.

La ofensiva migratoria de Donald Trump desborda la discusión sobre las deportaciones. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras dependencias federales han matado o herido a personas que, en algunos casos, ni siquiera estaban sujetas a procedimientos migratorios. Según un relevamiento de ABC News del 24 de setiembre, desde el inicio del segundo mandato presidencial los agentes migratorios habían baleado a por lo menos 21 personas, de las cuales ocho murieron; tres de los fallecidos eran estadounidenses. No todos los disparos fueron efectuados por el ICE: también intervino la Patrulla Fronteriza (CBP).

Los estadounidenses muertos

Rubén Ray Martínez, de 23 años, murió el 15 de marzo de 2025 en South Padre Island, Texas, por disparos de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, división del ICE. El gobierno alegó que había atropellado intencionalmente a otro funcionario durante un incidente de tránsito. Sin embargo, los videos posteriores muestran que el automóvil avanzaba lentamente y no confirman ese atropello. Un gran jurado decidió no acusar al agente.

Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue abatida el 7 de enero de 2026 en Minneapolis por Jonathan Ross, funcionario del ICE, cuando intentaba alejarse en su automóvil de un operativo. La administración sostuvo que había querido atropellar a los agentes y llegó a calificar el episodio como terrorismo doméstico. Las grabaciones pusieron seriamente en cuestión esa versión: muestran que el vehículo intentaba esquivar al funcionario. Good no era buscada por infracciones migratorias. Su familia demandó al gobierno federal en octubre.

Alex Pretti, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos, murió el 24 de enero de 2026, también en Minneapolis. Filmaba un operativo cuando intervino para auxiliar a unas mujeres; fue rociado con un agente químico, derribado y reducido por varios funcionarios. Portaba legalmente una pistola, pero los videos no muestran que la esgrimiera. Según el análisis de las imágenes, un agente le retiró el arma antes de que dos efectivos de la Patrulla Fronteriza le dispararan. El informe preliminar oficial no sostuvo la acusación inicial de que Pretti había intentado sacar su arma.

A estos hechos se suma la muerte de Keith Porter Jr., de 43 años, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en Los Ángeles. Le disparó Brian Palacios, agente del ICE fuera de servicio. Porter habría estado disparando al aire durante los festejos de Año Nuevo; el funcionario invocó legítima defensa y la familia exige una investigación penal. No fue un operativo migratorio, distinción imprescindible para no confundir los casos.

Octubre: tres nuevas víctimas de violencia

El 8 de octubre, en Nueva York, Oscar Belgal, dominicano de 28 años, recibió un disparo en el cuello cuando estaba en un automóvil con su hijo de cinco años. El ICE afirmó que maniobró el vehículo contra sus funcionarios; sus abogados denuncian que agentes de civil se acercaron armados sin identificarse debidamente. Sobrevivió con graves secuelas y continuó bajo custodia federal. Una jueza suspendió provisionalmente su deportación.

El 10 de octubre, en Houston, Miguel Parra Hernández, trabajador mexicano de 48 años, sufrió fracturas graves en una pierna y un tobillo al ser atropellado por una camioneta del ICE. La agencia aseguró que se cruzó delante del vehículo al huir, pero las cámaras muestran que la camioneta giró hacia su trayectoria. La Fiscalía del condado estudia posibles cargos. Surgieron, además, dudas sobre la identidad del hombre supuestamente buscado: una organización aportó documentos según los cuales había muerto en 2017.

El 17 de octubre, en Long Beach, California, Ricardo González, estadounidense de 40 años, terminó con un brazo fracturado. Circulaba en bicicleta eléctrica cuando agentes en vehículos sin identificación lo interceptaron. Según sus familiares, lo derribaron, inmovilizaron y le aplicaron descargas eléctricas. Los videos lo muestran esposado y pidiendo auxilio; la policía local confirmó sus lesiones y su traslado al hospital. Hasta entonces el ICE no había explicado públicamente el motivo de la detención.

Más de 500 ciudadanos detenidos

Una investigación de ProPublica publicada el 6 de octubre documentó 506 estadounidenses detenidos por agentes migratorios desde enero de 2025: entre ellos, al menos 70 menores, más de un centenar de personas cuya ciudadanía fue cuestionada y 63 arrestadas mientras filmaban operativos. No todas las detenciones pueden calificarse automáticamente de ilegales, pero las cifras contradicen las afirmaciones de que estas situaciones no ocurren.

Aparece, además, un patrón de versiones oficiales controvertidas. Reuters identificó seis enfrentamientos en los que videos u otras pruebas contradijeron aspectos relevantes de los relatos iniciales. En Minnesota hubo disputas entre autoridades estatales y federales por el acceso a las pruebas sobre Good y Pretti. El 15 de octubre se supo, asimismo, que el gobierno rechazó una recomendación de activar automáticamente las cámaras corporales cuando los agentes desenfundan sus armas.

Trump justifica su política en la necesidad de hacer cumplir las leyes migratorias y proteger a la población; las agresiones contra funcionarios también deben investigarse. Pero la normativa federal permite la fuerza letal únicamente frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Huir, protestar o resistirse no equivale por sí solo a esa amenaza.

La contradicción es profunda: una política anunciada para proteger a los estadounidenses también ha terminado matando, hiriendo y deteniendo a estadounidenses. Y los extranjeros, cualquiera sea su situación migratoria, poseen igualmente derechos fundamentales. Cada episodio requiere una investigación independiente y responsabilidades determinadas con pruebas, no con declaraciones políticas. El Estado de Derecho se mide también por los límites que impone a quienes ejercen la fuerza en su nombre.

Nueve años después de la aventura independentista, Cataluña continúa perdiendo empresas mientras Madrid atrae nuevos domicilios sociales. El contraste refleja el costo prolongado de la incertidumbre institucional: las euforias refundacionales pasan; sus consecuencias económicas permanecen.

Las aventuras políticas suelen comenzar entre banderas y promesas de un futuro esplendoroso. Pero las facturas terminan pagándolas también quienes no participaron de ellas. El procés catalán ofrece una muestra particularmente clara.

En octubre de 2017, los dirigentes independentistas impulsaron un referéndum declarado ilegal y una declaración unilateral de independencia. Mientras prometían una nueva república, numerosas empresas comenzaron a sacar sus domicilios sociales de Cataluña. La incertidumbre alcanzaba asuntos tan decisivos como la continuidad del marco jurídico español, las relaciones con la Unión Europea y la protección de los depósitos bancarios.

Nueve años después, aquella decisión colectiva sigue teniendo consecuencias. Según el Colegio de Registradores, entre enero y setiembre de 2026 Cataluña perdió 302 sociedades netas por traslados de domicilio entre comunidades autónomas. Madrid, en cambio, ganó 505. No todas las compañías que salieron de Cataluña se instalaron en Madrid, pero la divergencia entre ambos balances resulta significativa.

Una factura que perdura

La persistencia del fenómeno se aprecia mejor en el largo plazo. Según INFORMA D&B, entre 2017 y junio de 2026 abandonaron Cataluña 10.335 sociedades; apenas 821 de las que se marcharon habían regresado, aproximadamente el 8%. No todos esos traslados obedecen al independentismo: también intervienen fusiones, reorganizaciones y decisiones comerciales. Pero la oleada inicial de 2017 respondió inequívocamente a una crisis institucional extraordinaria.

Entonces trasladaron sus sedes compañías de primer nivel, entre ellas CaixaBank, Banco Sabadell, Abertis y Colonial. Algunas comenzaron a regresar años después: Cementos Molins lo hizo en 2024 y Banco Sabadell decidió volver en 2025. La mayoría, sin embargo, no ha desandado el camino. La confianza se puede perder en días y tardar años en reconstruirse.

Por qué atrae Madrid

Madrid no se beneficia solamente de los errores catalanes. Su condición de capital española concentra bancos, instituciones, asesores, grandes empresas y conexiones de transporte. Esa acumulación genera un círculo de atracción: los centros de decisión acercan proveedores y profesionales, que a su vez atraen nuevas sociedades.

A ello se suma una política autonómica de competencia fiscal, especialmente visible en los tributos patrimoniales y sucesorios, y una imagen de previsibilidad administrativa. Cataluña conserva, por supuesto, una poderosa estructura industrial, exportadora y tecnológica. Tampoco sería correcto afirmar que Madrid gana empresas todos los años: en 2025 tuvo un saldo negativo de 65 sociedades. Pero su balance positivo de 2026 confirma que hoy reúne condiciones atractivas para numerosas compañías.

Conviene asimismo distinguir el cambio de domicilio social del traslado de una fábrica. Muchas empresas mantienen en Cataluña sus trabajadores, instalaciones y actividades. No obstante, perder sedes tampoco es indiferente: las funciones directivas y los servicios corporativos pueden terminar concentrándose allí donde se adoptan las decisiones de inversión.

El verdadero costo del entusiasmo

La llegada de Salvador Illa a la Generalitat en 2024 contribuyó a distender el conflicto y favoreció ciertos retornos. Pero la normalización política no borra automáticamente las decisiones empresariales tomadas durante la crisis. Una compañía que ha reorganizado su estructura necesita motivos económicos concretos para volver, no simples invocaciones al sentimiento territorial.

Esa es la enseñanza más importante del procés. Las instituciones, la seguridad jurídica y la previsibilidad no son obstáculos menores frente a una voluntad política apasionada: son condiciones para que una economía funcione. Se puede defender legítimamente una aspiración autonomista o independentista; lo que no puede suponerse es que una ruptura unilateral del orden constitucional carecerá de consecuencias.

Cataluña mantiene recursos extraordinarios y no tiene condenado su futuro económico. Pero sigue soportando una parte del costo de aquella euforia refundacional. Los discursos de 2017 se apagaron; muchas sedes empresariales todavía están fuera. Y la factura alcanza también a ciudadanos y trabajadores que jamás pidieron participar de aquella aventura.