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La investidura presidencial
Cuando la palabra presidencial se usa a la ligera, lo que se compromete no es un gobierno, sino el país.
En toda república democrática, el respeto a la investidura presidencial no es una formalidad ni una cuestión de protocolo: es una garantía de estabilidad institucional. Las discrepancias, los debates y aun los enfrentamientos políticos son parte del juego democrático, pero deben desarrollarse dentro de un marco de respeto a quien encarna, en ese momento, la voluntad popular expresada en las urnas. La figura del presidente pertenece menos al individuo que la ocupa que a la propia institucionalidad del Estado.
Ese deber de respeto alcanza, por supuesto, a los opositores del gobierno, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Pero, con más razón aún, compromete a quienes forman parte del oficialismo y, muy especialmente, a los integrantes del propio gobierno. Son ellos quienes deben cuidar la figura presidencial, preservándola de los errores, las precipitaciones o las maniobras que puedan erosionar su autoridad o exponerla innecesariamente.
La lamentable saga del affaire Cardama demuestra, con claridad meridiana, que eso no se ha entendido. La decisión de utilizar al presidente Orsi como vocero del anuncio sobre la rescisión del contrato con el astillero español fue un error político de magnitud. La forma improvisada y contradictoria con que viene manejando el tema no solo afecta la credibilidad del gobierno, sino que comprometió innecesariamente la palabra presidencial.
Nunca se debió colocar al presidente en el centro de una operación tan confusa. Porque cuando la figura del jefe de Estado se asocia a decisiones precipitadas o reversibles, quien pierde no es solo él: pierde el país entero. La palabra presidencial, por definición, debe ser la palabra definitiva. Si ahora el propio gobierno —como parece insinuarse— advierte la necesidad de retroceder, abrir una mediación o buscar una salida negociada con Cardama, ¿cómo hacerlo sin que la investidura presidencial quede debilitada? ¿No comprendieron que a un presidente no se lo puede ubicar en un callejón sin salida, o con una salida poco digna, sin que eso afecte la imagen y el prestigio del Uruguay?
Y el primero que debe entender la magnitud del peso institucional, político y simbólico de la investidura presidencial es el propio profesor Yamandú Orsi. No lo demostró cuando aceptó encabezar aquella malhadada conferencia de prensa de la semana pasada. Y no lo hizo ahora, al responder a las críticas del expresidente Lacalle Pou con una frase impropia de su cargo: “También puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido”. Un presidente no puede incurrir en semejantes exabruptos. Ese tipo de deslices verbales solo parecía tolerarse en José Mujica, aunque incluso entonces dañaron la solemnidad del cargo, el prestigio de la función presidencial y la cultura cívica del país.
El respeto a la investidura no significa acatar sin crítica, va de suyo. Significa comprender que, en democracia, la autoridad del presidente no se confunde con su persona, sino que representa la continuidad y la dignidad del Estado. Socavarla —desde la oposición, desde el oficialismo o, peor aún, desde el propio gobierno— es debilitar la república. Y una república sin respeto por sus símbolos y por sus instituciones, es una república en riesgo.
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La Argentina de Milei
Por Julio María Sanguinetti
Entre la revalidación del oficialismo y la dispersión de la oposición, Argentina encara un panorama de consolidación política y desafíos estructurales.
La elección de medio término en la Argentina ha terminado del mejor modo para la gobernabilidad. Opínese lo que se opine sobre el gobierno que preside Milei, que cayera en la ingobernabilidad era lo peor para el país. Ese fantasma estuvo presente hasta las 9 de la noche del domingo pasado, en que, ante la sorpresa de la gente y el silencio abrumado de los fracasados encuestadores de opinión, el gobierno obtuvo una notable mayoría. Remontar los 14 puntos de distancia de la elección reciente de la provincia de Buenos Aires fue realmente una hazaña y deja planteadas enormes interrogantes sobre los modos de comportamiento de la ciudadanía.
Se estima que en el resultado ha pesado la baja de la inflación, la mejoría en la seguridad ciudadana y el temor a un retorno kirchnerista, atizado desde el balcón en que la ex presidenta envía sus mensajes. Realmente la gran mayoría no acepta volver a ese tiempo cuya nefasta herencia tuvo que enfrentar el actual gobierno.
Ha salido el gobierno ampliamente revalidado, el peronismo muy rechazado y los demás partidos muy desvanecidos. El PRO de Macri salvó la ropa en los lugares donde pudo sumarse al oficialismo, pero donde no lo logró le fue mal. El radicalismo, penosamente dividido, nunca ha tenido un peor momento en su larga historia. Los gobernadores de las Provincias Unidas, que parecían ser un soplo artiguista, desgraciadamente no tuvieron un estreno prometedor. La presencia de los grupos de izquierda más radicales fue también inexpresiva. Una lástima es que no revalidó su banca Ricardo López Murphy, que lo merece por capacidad y trayectoria.
El discurso del Presidente en la noche fue lo mejor de lo que le hemos oído. No porque haya tenido una retórica extraordinaria, sino por un ánimo conciliador que no ha sido lo usual en él. Su estilo, su proclamada lucha contra “la casta”, le llevó más allá de lo razonable a descalificar mucha gente, demasiada, del mundo político, intelectual y periodístico. En el momento de la victoria apareció un Milei razonable, conciliador, y eso es muy bueno.
La cuestión principal, mirando hacia adelante, es que el programa económico del gobierno estaba en estado crítico y por eso precisó de la tabla salvadora de Trump. Podrá atribuirse el problema a la incertidumbre electoral, pero había algo más profundo, más de fondo. Es lo que tendrá que abordar ahora y esperemos que tenga éxito en la empresa de modificar los estatutos laborales y el sistema impositivo, mientras sigue limpiando la administración de excesos varios.
Una Argentina próspera es lo mejor para nosotros. A veces con simplismo se piensa que es mejor lo opuesto, porque nos regala gente valiosa y nos trae inversiones. Por el contrario, mucho más nos ofrece un país en crecimiento, que derramará sobre nosotros más turismo y seguramente más inversiones que nunca. La experiencia histórica nos lo dice.
En otro plano, es muy importante cómo se está redibujando el mapa del vecindario sudamericano. En Bolivia ganó un candidato del centro político, poniendo punto final a la etapa disolvente de Evo Morales. En Chile probablemente gane la derecha. En Ecuador ya ganó y el gobierno enfrenta con dureza a los movimientos desestabilizadores del correísmo. Perú tiene perspectivas políticas muy inciertas, pero hoy está demostrando que aun sin gobierno, con un Banco Central independiente y bien orientado, se puede administrar e incluso mejorar. Es una experiencia curiosa, porque siete Presidentes en ocho años es una locura de inestabilidad, mientras el país sigue creciendo como si no pasara nada. Al consolidarse el gobierno argentino, se tiene un panorama de política ubicado muy sobre el centro del espectro ideológico. Lo que nos lleva a Brasil, donde Lula gobierna con la moderación de siempre pero con una política exterior errática, que lo ha llevado a la complicidad con la dictadura venezolana y a enfrentamientos con los EE.?UU., que esperamos pasen. Es demasiado importante para que no ejerza su liderazgo natural, el propio de su peso específico.
En suma, por fin Argentina nos da buenas noticias. Anhelamos que sean la alborada de mejores tiempos.
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El interminable caso Danza
Cargos, sueldos y poder: la polémica en torno a Álvaro Danza desemboca en una interpelación que el gobierno pudo evitar.
El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Dr. Álvaro Danza, se encuentra de nuevo en el centro de una tormenta política y ética que, lejos de amainar, ha terminado por arrastrar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, a una interpelación parlamentaria por parte de la Coalición Republicana.
La multiplicidad de empleos del Dr. Danza, varios de ellos incompatibles constitucionalmente con su calidad de presidente de ASSE, como los que desempeña en instituciones privadas con las que hace contrata/compite, algunos con horarios incompatibles entre sí ?marcando asistencia en ambos al mismo tiempo?, a los que ahora se suma un proyecto de investigación por el que cobra un incentivo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (su séptimo empleo simultáneo), hacen la situación insostenible.
Como señaló el diputado colorado Felipe Schipani a La Diaria, “no podemos tener un presidente part-time que tome ASSE como un kiosquito más de los tantos que tiene”, agregando la ministra Lustemberg, reconocida pediatra que ha tenido sacrificar cuantiosos ingresos profesionales para dedicarse al servicio público “va a tener que defender a alguien que se ve que no quiere resignar un solo peso para presidir ASSE”.
El interpelante será el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, quien afirmó que la situación “no solo compromete a un jerarca, sino que afecta la credibilidad de la gestión pública”. En su visión, el gobierno ha optado por encubrir un caso evidente de incompatibilidades en lugar de resolverlo con una sustitución oportuna.
El núcleo del problema no radica únicamente en la acumulación de empleos, sino en la resistencia del propio Danza a renunciar a alguno de ellos y en la tozudez del gobierno en mantenerlo, incluso cuando el caso ya había erosionado la confianza en ASSE.
Este empecinamiento llevó a un punto de no retorno: la interpelación a la ministra Lustemberg, una de las ministras más competentes de este gobierno, un hecho que podría haberse evitado si se hubiera actuado con prudencia y respeto por las normas. En lugar de cortar por lo sano, el oficialismo eligió sostener a un jerarca cuestionado, abriendo un frente político innecesario en un momento de alta sensibilidad en el sistema de salud pública.
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El caso Cardama y el rumbo incierto del gobierno
La falta de claridad en las decisiones del Ejecutivo amenaza con generar pérdidas millonarias, un largo litigio y un daño mayor: la pérdida de confianza en Uruguay como país serio y previsible.
A más de una semana de la conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el secretario y el prosecretario de la Presidencia, el gobierno uruguayo continúa sin ofrecer una señal clara sobre el rumbo que seguirá tras anunciar intempestivamente la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, responsable de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional.
El anuncio, realizado con tono de firmeza, se fundamentó en la aparente invalidez de una garantía accesoria —no la de cumplimiento del contrato principal—, lo que, según el Ejecutivo, configuraba una causal suficiente para terminar el vínculo. Sin embargo, el paso de los días ha revelado una notoria falta de coherencia dentro del propio gobierno.
Tras rechazar categóricamente cualquier intento de negociación con la empresa, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó un acercamiento directo con una frase que se volvió emblema del caso: “Esto no se soluciona comiendo un asado o tomando un café”, sostuvo, subrayando que el diferendo debía resolverse “por los mecanismos formales previstos en el contrato”.
No obstante, poco después, los mismos voceros del Ejecutivo mencionaron la posibilidad de una mediación, prevista en el propio acuerdo, para luego reafirmar que el Poder Ejecutivo tiene la decisión política tomada de la rescisión.
La confusión interna se profundizó con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien sostuvo una posición muy distinta: a su entender, “si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, el contrato continúa”. En consecuencia, para Oddone, el vínculo con Cardama sigue vigente.
Estas declaraciones cruzadas reflejan una falta de coordinación y profesionalismo que ha dejado al país en una posición incómoda ante un socio extranjero y un contrato de alto impacto estratégico. Una vez más, la gestión de un asunto de Estado por parte del Poder Ejecutivo ha sido chapucera, dejando al Uruguay expuesto innecesariamente tanto en el plano jurídico como en el diplomático.
Entre las voces más críticas se encuentra la del senador Pedro Bordaberry, quien señaló que el gobierno actuó “con precipitación, sin agotar las vías jurídicas previas”, y que la rescisión apresurada podría derivar en un costoso litigio internacional. El legislador recordó que el contrato “establece mecanismos de mediación y arbitraje que deben cumplirse antes de tomar una decisión definitiva”, y advirtió que ignorarlos “compromete la posición del país” si el caso termina en tribunales.
Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti llamó a “bajar los decibeles” y evitar que el diferendo escale hacia un conflicto mayor. “No hay nada peor que un pleito”, afirmó Sanguinetti, recordando que la prudencia diplomática debe prevalecer cuando están en juego recursos públicos y la reputación internacional del país. El dos veces mandatario consideró que el episodio se ha manejado “con exceso de dramatismo” y que lo esencial es “preservar la seriedad del Estado uruguayo”.
Mientras tanto, el propio Orsi reiteró que su gobierno actuó “de buena fe” y que la administración anterior “fue engañada de manera evidente”. Sin embargo, las contradicciones entre sus ministros y voceros han diluido el mensaje político y generado dudas incluso entre los aliados del oficialismo.
El camino de la confrontación con la empresa no solo amenaza con hacer perder los más de 30 millones de dólares ya invertidos en el proyecto, sino también con dejar a la Armada sin las patrullas oceánicas largamente esperadas y abrir un litigio de años contra el Estado uruguayo que —como advirtió Bordaberry— el país podría perder. Y entre tanto, gane o pierda el Estado el litigio, barcos extranjeros pescando ilegalmente en nuestro mar territorial y el país sin las imprescindibles OPV para combatirlo.
Y más grave aún, lo que está en juego es la imagen de Uruguay como país serio y confiable, una reputación que costó décadas construir y que puede verse severamente comprometida por decisiones improvisadas.
En este contexto, urge que el gobierno clarifique el rumbo y adopte una posición unificada, tanto en el plano jurídico como político, para evitar que un error de gestión se transforme en una crisis institucional y económica de largo aliento.
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Silencio que interpela
La ausencia de Sandra Lazo en la Comisión de Defensa no disipa las dudas: las multiplica.
La decisión de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, de no concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para explicar el controvertido caso del astillero español Cardama S.A., no es una simple omisión circunstancial. Es un gesto político que, por su carga simbólica e institucional, dice más que cualquier declaración. En la nota enviada al Parlamento, Lazo comunicó que “no concurrirá por el momento”, alegando que probablemente sería objeto de una interpelación posterior. La oposición interpretó ese argumento como una maniobra dilatoria. Como dijo el diputado colorado Maximiliano Campo, “cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”.
El caso Cardama excede el terreno administrativo: involucra un contrato de unos 92 millones de dólares para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) cuya adjudicación y desarrollo fueron cuestionados por presuntas irregularidades en la garantía presentada por la empresa. Tras meses de advertencias y revisiones, el Estado uruguayo resolvió rescindir el acuerdo, abriendo un frente diplomático y jurídico con la compañía española. La responsabilidad política del episodio recae inevitablemente sobre el Ministerio de Defensa, que condujo el proceso bajo la dirección de Lazo.
La negativa de la ministra a comparecer ante los legisladores adquiere, por tanto, un significado mayor. No sólo evita el control político que la Constitución reserva al Parlamento, sino que erosiona la confianza pública en la transparencia de las decisiones de gobierno. En un régimen democrático, la rendición de cuentas no es una cortesía institucional sino una obligación republicana. La figura del ministro —y más aún la de quien encabeza una cartera sensible como Defensa— no puede quedar al margen del escrutinio parlamentario sin que ello suponga un deterioro de la legitimidad del cargo.
El silencio de Lazo abre interrogantes sobre la fortaleza del vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. En un contexto de creciente tensión política, la ausencia de explicaciones oficiales puede interpretarse como una señal de debilidad institucional o, peor aún, como un intento de eludir responsabilidades. Mientras tanto, la oposición ya prepara una interpelación formal, lo que podría escalar el conflicto a una nueva fase. Si eso ocurre, la ministra no sólo deberá enfrentar las preguntas que hoy evita, sino hacerlo bajo una presión política mucho mayor.
En definitiva, la estrategia del silencio no cierra el tema: lo amplifica. El Parlamento sigue esperando respuestas, la prensa mantiene el foco sobre el caso y la ciudadanía percibe, una vez más, que los compromisos de transparencia se diluyen cuando las explicaciones resultan incómodas. En política, callar también es hablar, y cuando el silencio proviene de quien debe rendir cuentas, se convierte en una forma de respuesta que interpela tanto como una palabra dicha.
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Los costos, tangibles e intangibles, del conflicto portuario
El levantamiento del conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato portuario trajo alivio, pero no reparación. Las pérdidas económicas son cuantiosas y el daño reputacional al puerto de Montevideo, incalculable.
Tras veinticinco días de paros intermitentes, bloqueos y una parálisis operativa que afectó el flujo comercial del país, el conflicto entre TCP —la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo— y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) llegó a su fin. Sin embargo, más allá del entendimiento alcanzado, el episodio deja tras de sí un rastro de consecuencias que trascienden lo inmediato.
Según estimaciones privadas, las pérdidas económicas rondan los US$ 70 millones, considerando tanto la mercadería detenida como los costos logísticos y contractuales asumidos por los exportadores. Pero el mayor costo no se mide en cifras: se mide en confianza. Durante casi un mes, el principal puerto del país proyectó al exterior la imagen de un enclave estratégico paralizado por disputas sindicales internas y un Estado ausente.
El puerto de Montevideo —pieza clave en la competitividad del comercio exterior uruguayo— había logrado en los últimos años consolidar una reputación de seguridad jurídica, previsibilidad y eficiencia, atributos esenciales para competir con terminales de mayor escala en la región. Esa ventaja intangible, construida a lo largo de décadas, sufrió un golpe severo. La incertidumbre generada entre los armadores y operadores logísticos internacionales tardará en disiparse.
El conflicto pudo y debió haberse evitado. La inacción del gobierno, atrapado entre sus compromisos políticos con el sindicato y su reticencia a intervenir a tiempo, permitió que la situación escalara hasta un punto crítico. Mientras el SUPRA imponía medidas que rozaron el sabotaje y TCP reclamaba garantías mínimas para operar, la administración optó por mirar hacia otro lado, confiando en que el desgaste resolvería el problema por sí solo. No fue así.
Cuando finalmente el Ministerio de Trabajo retomó un rol mediador, el daño ya estaba hecho. Los exportadores habían buscado rutas alternativas, las navieras redireccionaron escalas y los medios internacionales se hacían eco de un país que —paradójicamente— promociona su estabilidad institucional mientras su puerto más importante quedaba semiparalizado.
El desenlace, aunque en apariencia positivo, no puede ocultar la raíz del problema: un Estado que renuncia a ejercer autoridad en nombre de la conveniencia política. El gobierno prefirió preservar su relación con el movimiento sindical antes que proteger un bien público esencial. La pasividad se convirtió así en una forma de complicidad.
El puerto de Montevideo no solo perdió semanas de actividad: perdió credibilidad. Y en el comercio global, donde la confianza vale tanto como la infraestructura, ese daño puede tardar años en repararse.
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Marcha atrás
Por Luis Hierro López
El gobierno se ha dedicado a desmantelar los logros de la administración anterior en vez de poner énfasis en sus propios proyectos.
Tanto mientras ejercía la Intendencia de Canelones como siendo candidato a la presidencia, Yamandú Orsi solía referirse a la “acumulación positiva” que había permitido que nuestro país alcanzara logros muy importantes en materia institucional y social. Esa afirmación lo distinguía de sus colegas del Frente Amplio, históricamente disciplinados para no reconocer algún logro proveniente de otros partidos. Y, a la vez, lo ubicaba como un político tolerante y con mirada más amplia.
Sin embargo, los hechos vienen demostrando otra realidad. Veamos algunos ejemplos.
La negativa del gobierno a continuar con el proyecto Arazatí y su empecinamiento con la represa de Casupá tiene más el tono de una rencilla partidaria que la ejecución de una política de Estado.
Algo similar ocurre con la enseñanza, donde se retrocede tanto en la confección de los programas como en la integración de los consejos directivos, volviendo a la predominancia de los sindicatos, anulándose todos los avances que la conducción de Robert Silva había asegurado en el quinquenio anterior.
Se ha anunciado que se revisará el plan de obras de saneamiento en el interior, pero no se indica si será sustituido por uno mejor. Solo se ordenó paralizar el programa.
El listado podría alimentarse con otras menciones, pero alcanza con referir al actual entrevero de los buques patrulleros para advertir hasta dónde llega la manía “derogatoria”. El gobierno embarca al país en una aventura y, si bien en las últimas horas hubo contramarchas en torno a la decisión del presidente Orsi de rescindir el contrato con la empresa Cardama, el daño ya está hecho, rompiendo la digna tradición de cumplimiento de los contratos que caracterizaba a Uruguay. No sabemos en qué terminará esta operación, pero si el oficialismo no cambia radicalmente su postura, el país perderá los U$S 30 millones ya pagados, nos quedaremos sin los buques y es muy posible que tengamos que enfrentar un juicio millonario, con mucha chance de perderlo.
Los gobiernos deben mirar hacia adelante, que es la única forma de impulsar una gestión exitosa. Mirando hacia atrás, revisando lo hecho con ánimo de revancha, buscando culpables y acusando al golpe de balde, es la forma más segura de hacer poco o nada.
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María Dolores parece empezar a sonreír
Por Tomás Laguna
El siempre muy interesante suplemento rural del semanario Búsqueda publicó, en su edición del 23 de octubre, un reportaje a dos páginas al Ing. Agr. Alejandro Henry, actual presidente del Instituto Nacional de Colonización. En la oportunidad, el jerarca explicó en detalle el proyecto de desarrollo de la controvertida estancia “María Dolores”.
Ya dimos nuestra opinión justificando la compra de este fantástico establecimiento por parte del INC, cuestionando, en todo caso, el desatinado uso político que desde el partido de gobierno se hizo de la misma. También fuimos contundentes al explicar que el INC está en medio del fuego cruzado entre la izquierda más troglodita y la rancia derecha que nunca lo quiso. Ver ediciones 1035 y 1036 de El Correo de los Viernes (15 y 22 de mayo pasados). Decíamos entonces que en ese fuego cruzado es muy difícil encarar la debida discusión sobre el rol actual del instituto como instrumento de desarrollo socioeconómico de nuestro agro. No obstante, las recientes explicaciones sobre el proyecto “María Dolores”, realizadas por el presidente del INC en Búsqueda, son motivo de entusiasmo, lo que nos afirma en el acierto de haber defendido esta compra.
Lo primero a destacar en el proyecto “María Dolores” es la gestión compartida con varias gremiales lecheras, la Asociación Nacional de Productores de Leche a nivel nacional, pero más importante, varias gremiales regionales, como la Sociedad de Productores de Leche de Florida, de San Ramón (Canelones), de Rodríguez (ex Villa Rodríguez, San José) y la de Colonia Treinta y Tres Orientales (ruta 6, Florida). Estas gremiales presentaron en conjunto una propuesta para desarrollar un banco de forraje. Para ello, el instituto les habilitó 900 hectáreas bajo riego y 400 de secano. Al respecto, el Ing. Henry decía que se trata de alcanzar “un uso racional del suelo y una planificación forrajera sólida”; la idea es establecer “un sistema cooperativo de previsión de forraje que dará estabilidad a los tambos”.
Destaca el jerarca que uno de los activos más importantes del predio es la infraestructura de riego, con capacidad para cubrir 2.200 hectáreas. Hizo referencia al excelente estado de los equipos, más allá de que se está en etapa de su revisión y mantenimiento. Este año se regarán 500 hectáreas, explicando que “la eficiencia en el uso del agua será clave en el modelo de intensificación sustentable que queremos instalar”. Incluso se decidió ampliar la cobertura con dos nuevos equipos. Decimos desde estas líneas: el potencial multiplicador de producción y consecuente rentabilidad del riego en la lechería es el mismo efecto de colocar un turbocompresor en un motor aspirado. Si no, pregúntenle al grupo de productores regantes de Río Negro…
En el mismo reportaje se hace mención detallada a la preparación del suelo y rotaciones, licitando 1.000 hectáreas para cultivos de verano e invierno, procurando instalar una rotación agrícola obedeciendo a rigurosos criterios agronómicos que permitan el mejor uso del suelo en todo su potencial.
También se hace referencia al área destinada a campos de recría, esto es, para dar pastoreo a las categorías improductivas, en particular vaquillonas de reemplazo en los rodeos lecheros de los tamberos involucrados. Se procura de esta manera un mejor uso de la superficie de cada tambo, aprovechándola en lo posible con vacas en producción. Para eso, en el programa se destinan 700 hectáreas de campo natural en el margen del arroyo Arias y del río Santa Lucía, mediante contrato a definir con las gremiales lecheras. Contra lo que se ha dicho, se trata de campos que solo podrían anegarse bajo condiciones de lluvias muy extremas en la cuenca del Santa Lucía.
Capítulo aparte son las 120 hectáreas de olivares con riego por goteo, activo que el INC no explotará directamente. Se analiza subarrendar o bien vender este importante activo para su mejor uso y beneficio para el INC.
En referencia a la instalación de tambos para adjudicar a colonos (serían 16), explica el Ing. Henry que aún no existe una decisión. Se está en proceso de estudio, junto a técnicos de CONAPROLE, los modelos productivos y el proceso de adjudicación. Al respecto, reiteramos nuestra preocupación de que el INC sea un instrumento para superar la falta de escala de tantos tambos al límite de su sobrevivencia y no un multiplicador de minifundios. Persistir en una suerte de minifundismo asistido puede ser razón suficiente para descalificar todo el esfuerzo para transformar a “María Dolores” en un instrumento que potencie a la lechería en su amplia región de influencia.
Finalmente, una de las novedades que más entusiasma es el uso a darle al famoso casco, calificado como lujosa construcción que no se compadecería con las políticas del INC, al decir de quienes se ensañaron con esta compra. Por iniciativa del diputado Álvaro Rodríguez Hunter, del Partido Nacional (Florida), y de Carlos Enciso, intendente del mismo departamento, se ofrecieron estas instalaciones a la UTEC con el objetivo de instalar un centro tecnológico orientado a la lechería, el riego y tecnologías agrícolas de última generación. Un ejemplo de pragmatismo inteligente de ambos políticos floridenses. En paralelo, el INC procura un convenio con el INIA en el que se incluya un capítulo específico para lo que se procura sea un centro de referencia lechero. De nuestra parte, agregamos que, de concretarse esta idea, potenciará a toda la región, considerando que en la cercana San Ramón funciona una destacada escuela agraria de la UTU, donde uno de sus componentes principales es precisamente la lechería.
En definitiva, 4.400 hectáreas que prometen ser utilizadas en todo su potencial en apoyo al desarrollo productivo y social de la lechería en su región de influencia. Al decir del Ing. Henry: “María Dolores demuestra que se puede combinar inversión pública, cooperación gremial y tecnología. No se trata solo de repartir tierra, sino de generar condiciones reales para producir más y mejor, cuidando los recursos y promoviendo el arraigo”. Decimos: ¡Que así sea!
Sin duda, una propuesta que daría plena satisfacción a don Antonio Rubio y don César Mayo Gutiérrez, aquellos prohombres del partido de don José Batlle y Ordóñez, que imaginaron, proyectaron y fundaron el Instituto Nacional de Colonización, allá por 1948, cuando era inimaginable el desarrollo del agronegocio en su dimensión actual.
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De las casas cuna a los hogares 24 horas
Por Laura Méndez
Crecen bajo techo, pero sin hogar. Cumplen 18, pero no saben a dónde ir.
El nuevo informe de UNICEF, La infancia invisible: crecer en hogares 24 horas en Uruguay, vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda de cientos de niños, niñas y adolescentes que pasan su infancia y adolescencia bajo la tutela del Estado. A los 18 años, muchos de ellos deben abandonar el hogar que los vio crecer, sin redes familiares, sin trabajo y sin un lugar donde empezar una vida independiente.
El informe es un espejo más del país: muestra tanto los avances en la protección infantil como las deudas pendientes de un sistema que protege, pero no siempre acompaña.
Las llamadas casas cuna nacieron en Uruguay como una extensión de las políticas sociales del batllismo. Su propósito era ofrecer cuidados a los hijos de las mujeres que trabajaban fuera del hogar, especialmente empleadas domésticas y obreras. La lógica era clara y simple: liberar a la mujer para el trabajo sin que ello implicara abandonar a sus hijos.
Con los años, esas experiencias derivaron en un entramado más complejo de instituciones. El Consejo del Niño —y luego el INAU— asumió la tarea de atender situaciones de vulneración de derechos. Así surgieron los hogares 24 horas, espacios donde niños y adolescentes ingresan por razones judiciales o sociales, con el propósito de protegerlos. Pero el tránsito de la “asistencia” a la “protección” dejó zonas grises difíciles de resolver.
El informe de UNICEF revela que muchos niños permanecen años institucionalizados, con escasos vínculos familiares o comunitarios. A menudo, los hogares terminan siendo el único entorno estable que conocen, y cuando llega el momento de salir, el salto al mundo adulto se transforma en una caída.
Los programas de “egreso asistido” del INAU buscan acompañar esa transición, pero sus recursos son limitados. Los jóvenes enfrentan un doble desamparo: primero el de haber crecido sin familia y luego el de ser “expulsados” de la institucionalidad al cumplir 18.
Cumplir 18 años, para muchos, no significa alcanzar la mayoría de edad, sino perder la única red de apoyo que han tenido. UNICEF advierte que ese momento suele venir acompañado de ansiedad, miedo e incertidumbre.
Algunos logran sostenerse gracias a programas de inserción laboral o becas; otros terminan en condiciones precarias, sin vivienda estable ni acompañamiento psicológico.
La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (N.º 19.367) contempla la figura del egreso asistido, pero su aplicación depende de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, lo que genera profundas desigualdades entre un hogar y otro.
Uruguay supo ser pionero en políticas de infancia: lo fue cuando creó las casas cuna, cuando consolidó el INAU y cuando reconoció —a través de distintos programas— a los adolescentes como sujetos de derecho.
Pero la verdadera madurez institucional se mide por la capacidad de acompañar sin sustituir, de proteger sin encerrar y de ofrecer una salida digna a quienes crecieron bajo su amparo.
Proteger es más que brindar techo y comida: es construir un puente entre la infancia tutelada y la ciudadanía plena.
La infancia invisible no se mide solo en números: se mide en los silencios de quienes fueron cuidados sin haber sido realmente escuchados.
Uruguay necesita una política de egreso que no sea una salida al vacío, porque proteger no es guardar: es preparar a los jóvenes para iniciar un camino de compromiso y responsabilidad como ciudadanos. No basta, a los 18 años, despedirlos con un abrazo institucional que solo contribuirá a generar una incertidumbre de por vida y un futuro en pausa. Se van de esos hogares de 24 horas con una bolsa de ropa, algunos recuerdos y una pregunta que no debería doler tanto: “¿Y ahora qué?”.
Una verdadera deuda que habrá que saldar más temprano que tarde.
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El Banco País
Por Susana Toricez
Del débito automático al reclamo eterno: crónica de un absurdo uruguayo.
Paso por una farmacia y compro únicamente un artículo.
Pago con tarjeta de débito del BROU y, en el camino de regreso, me doy cuenta de que me habían cobrado mal.
Vuelvo, reclamo, se disculpan y allí mismo me hacen una devolución, por la que me entregan un voucher que decía “Devolución online”.
En lugar de $1.800, me habían cobrado $3.600, como si hubiera comprado dos.
Entendí que, ya que el pago es al instante, la devolución sería igual.
¡Pues no, señor! Dos días después, y luego de reclamar en la farmacia, envié primero un mensaje al WhatsApp del banco y luego un correo electrónico al BROU.
Automáticamente, un texto predeterminado me responde que debo concurrir a una sucursal. ¡Caramba! ¿Para solucionar un error del comercio o, en definitiva, del propio banco, yo tengo que ir a una sucursal?
Rabia, impotencia, ¡malas palabras!
¿Perder un día entero viendo la lentitud y displicencia con que te atienden?
Lo triste es que nadie se hace cargo de nada. Nadie.
Ni del dinero, ni de mis reclamos, y, obviamente, tampoco de mi enojo.
Vuelvo a llamar y, otra vez, la grabación: “Nuestros operadores están todos ocupados, aguarde en línea (hasta que se corte, les falta decir) que será atendido”.
Conclusión: cinco días después, aún sigo sin recuperar el dinero. El comercio dice que no devuelve efectivo, y el banco no me lo acredita.
¿Qué se hace, entonces? Agua y ajo.
Para el “banco uruguayo”, el “banco de todos”, el cliente no es prioridad.
Si vas a una sucursal, es para sacar número y observar a los empleados conversando entre ellos, que impunemente siguen como si no hubiera veinte personas esperando.
Encima, si te solucionan algo, hay que agradecer como si fuera un gran favor que te hacen.
Ni siquiera tienen la habilidad de rendir honor a los salarios de privilegio que tienen.
¡Pobre Uruguay!
Lo único acertado del banco es el eslogan que usan para promocionarse:
“Banco República, el banco país”.
Así estamos.
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¿Diarquía criolla?
Por Juan Carlos Nogueira
De Esparta a Montevideo: las diarquías nunca terminan bien.
Las diarquías —el gobierno ejercido por dos individuos (del griego di, “dos”, y arché, “poder”)— han sido, a lo largo de la historia, un experimento político tan atractivo como fallido.
La evidencia histórica demuestra que las rivalidades personales, los egos y las ineficiencias propias de la toma de decisiones compartidas terminan por generar conflictos que las conducen invariablemente al fracaso.
La diarquía espartana, vigente desde el siglo IX a. C. hasta el 221 a. C., culminó cuando Cleómenes eliminó a su co-rey y abolió el sistema.
Tras la muerte de Alejandro Magno, Macedonia también experimentó una diarquía entre su hijo y su medio hermano: ambos fueron asesinados por sus propios generales.
En Roma, la dualidad consular (509 a. C.–27 a. C.) acabó cediendo ante el poder unipersonal de Augusto.
Bizancio repitió el modelo en distintas etapas, con resultados igualmente desastrosos debido a luchas internas y a la inestabilidad política.
Incluso la India británica (1919–1935) vivió una forma de diarquía, compartida entre el gobernador británico y un ministro indio electo. Fue abolida por las tensiones coloniales.
El único caso que sobrevive es el del Principado de Andorra, donde desde 1278 existe una diarquía entre el presidente de Francia y el obispo de Urgel. Sin embargo, allí el poder de los copríncipes es meramente ceremonial: el gobierno efectivo lo ejerce el jefe de Gobierno andorrano.
En otras palabras, la única diarquía estable es aquella que no decide.
Fuera de este caso excepcional, todos los ejemplos históricos revelan la ineficiencia y la inestabilidad de este tipo de gobierno.
Mientras que un triunvirato puede resolver disputas mediante mayoría, una diarquía se paraliza ante dos posiciones irreconciliables. El proceso decisorio se vuelve eterno.
Pese a esa evidencia, nuestro propio Poder Ejecutivo parece hoy estar funcionando como una diarquía.
La conferencia de prensa sobre la cancelación del contrato con el astillero Cardama lo puso en evidencia.
Aunque el presidente Orsi tomó la palabra, su intervención pareció más formal que sustantiva.
El verdadero ejercicio del poder se manifestó en la dupla Díaz–Sánchez, cada uno vinculado a las dos principales corrientes del Frente Amplio.
Surgen así interrogantes inevitables:
¿Quién gobierna, entonces?
¿El presidente electo o la pareja que concentra las decisiones políticas y estratégicas?
En esa comparecencia, el presidente pareció cumplir un rol ritual, mientras sus acompañantes daban las señales del mando efectivo.
El panorama es preocupante.
No solo porque las diarquías, históricamente, están condenadas al fracaso, sino porque nuestra Constitución no prevé un Poder Ejecutivo dual.
Cabe preguntarse, por tanto, si las decisiones emanadas de un Ejecutivo que actúa como una diarquía pueden considerarse plenamente legítimas o, en el fondo, inconstitucionales.
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Lula y Trump acercan posturas: la tregua diplomática que abre la puerta a negociaciones sobre aranceles
La cumbre de Kuala Lumpur marcó un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Washington.
En el encuentro bilateral celebrado en los márgenes de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Brasil y Estados Unidos dieron señales claras de una distensión después de semanas de tensión comercial y política. El motivo central fue la reciente decisión de Washington de imponer aranceles elevados a bienes brasileños —medida que llevó la disputa hasta un punto crítico— y la voluntad de ambos gobiernos de enviar a sus equipos técnicos a negociar soluciones “inmediatas”.
La reunión entre Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump se produjo en un contexto de sanciones y represalias: Washington elevó los aranceles sobre una amplia gama de productos brasileños a raíz de decisiones políticas ligadas al juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Brasil respondió con rechazo y activó equipos para buscar alternativas. En Kuala Lumpur, Lula llevó una agenda centrada en convencer a Trump de que la medida arancelaria se basó en información equivocada y en buscar una salida negociada que no perjudique a industrias y empleos brasileños. Las delegaciones acordaron que sus equipos se reunirán “inmediatamente” para avanzar en soluciones.
Lula salió del encuentro en actitud optimista, aunque con pragmatismo: “Sé cuándo ceder y cuándo no”, declaró ante la prensa, y afirmó que Trump le había “garantizado” que habría un acuerdo en breve. Lula también dijo que había presentado a Trump un documento con datos sobre el intercambio comercial entre ambos países, destacando que Estados Unidos mantiene un superávit con Brasil y que, por ello, no habría justificación práctica para las medidas punitivas.
Trump, por su parte, definió el encuentro como “positivo” y elogió la energía del presidente brasileño —incluso lo felicitó por su cumpleaños— pero adoptó un tono cauteloso sobre compromisos específicos: afirmó que buscaría “buenos acuerdos” y que sus equipos trabajarían en la materia, sin ofrecer plazos ni garantías firmes en la conferencia inmediata. Desde la delegación estadounidense se transmitió que la negociación era plausible, pero que restaba concretar detalle técnico y legal.
Tras la reunión, funcionarios de ambos países comenzaron a coordinar reuniones técnicas para revisar aranceles y procedimientos. Lula dijo que ambas partes acordaron que los equipos se verán “inmediatamente” para avanzar en soluciones, y fuentes diplomáticas confirmaron que los intercambios por canales técnicos se habían activado casi de inmediato. En paralelo, Brasil busca que la suspensión de aranceles sea temporal mientras las conversaciones avanzan.
El encuentro mostró, además, gestos personales que alimentaron la atmósfera de distensión: Trump felicitó a Lula por su cumpleaños en público y —según el propio presidente brasileño— ambos intercambiaron números de teléfono para comunicarse directamente ante posibles problemas. Lula resumió la nueva sintonía con una frase divulgada por la prensa oficial: “Él tiene mi número y yo tengo el suyo”. El gesto, más simbólico que sustantivo, subraya un canal de comunicación directo que podría facilitar la gestión de crisis futuras.
Analistas consultados por la prensa advierten que, pese al optimismo, la historia reciente impone cautela: acuerdos políticos aparentemente rápidos pueden tropezar con detalles técnicos, presiones domésticas en Washington y sensibilidades industriales en ambos países. Además, la dimensión política del caso —con vinculaciones al proceso contra Bolsonaro en Brasil y con audiencias electorales y geopolíticas en EE. UU.— puede hacer que cualquier arreglo sea precario si no se blinda jurídicamente.
La reunión de Kuala Lumpur representa una tregua pragmática: ambos líderes parecen haber decidido priorizar la negociación técnica sobre la escalada pública. Para Lula, la conversación abre una vía de alivio para sectores productivos golpeados por los aranceles; para Trump, representa la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales bilaterales que puedan presentarse como wins políticos. Pero la distancia entre un gesto presidencial y un acuerdo durable aún es larga: dependerá de la rapidez y la ambición con que las delegaciones técnicas cierren detalle fiscal y arancelario.
En resumen, la distensión entre Lula y Trump es real y ofrece una ventana para desactivar un conflicto comercial que estaba escalando. Sin embargo, queda por ver si ese acercamiento se traduce en medidas concretas que beneficien el comercio bilateral y estabilicen una relación que en los últimos meses pareció deteriorarse con rapidez. La diplomacia —y ahora la técnica— tienen la palabra.
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¿Existen hoy los héroes de la traición?
El escritor Javier Cercas despidió en Barcelona la primera sesión del foro “World in Progress” —organizado por el Grupo Prisa, El País de Madrid y la Cadena SER— reivindicando a tres figuras claves de la política española de la transición democrática: Adolfo Suárez, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Vale la pena leer sus conceptos.
Buenas noches.
Siguiendo una tradición inaugurada el año pasado, Joseph Oughourlian me pide que diga unas palabras antes de que nos sirvan la cena, unas palabras que esta vez versarán sobre un concepto que acuñé hace tiempo en un libro titulado Anatomía de un instante: los héroes de la traición. Naturalmente, esa expresión es un oxímoron, una contradicción en términos, como “matrimonio feliz”, y Joseph, que es un hombre singular y piensa que los novelistas tenemos cosas relevantes que decir, me ha pedido que explique qué son los héroes de la traición y me ha preguntado si creo que todavía existen. Y, si existen, quiénes son. Y, si no existen, por qué no existen.
Para explicar qué son los héroes de la traición debo decir antes unas palabras sobre Anatomía de un instante, un libro que gira en torno al golpe de Estado del 23 de febrero 1981, o más bien en torno a un instante de ese golpe, a través del cual el libro narra todo el proceso de transición de la dictadura a la democracia en España, es decir, la historia de la conquista de la democracia.
Como ustedes saben, el golpe de Estado del 23 de febrero fue el último golpe militar que padecimos en España y, de algún modo, constituye el mito fundacional de la democracia española. Por esa razón, cuando tengo que hablar de él fuera de España suelo decir que es nuestro asesinato de Kennedy, el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español: en 1981, seis años después de la muerte de Franco, los españoles empezábamos a pensar que vivíamos ya en una democracia asentada, más o menos como las demás europeas, cuando de repente, en aquella tarde de febrero, se produjo una escena que nos retrotraía a nuestro pasado más oscuro, un pasado de violencia, de guerras civiles y dictaduras: mientras el Parlamento elegía al segundo presidente del Gobierno democrático, irrumpió pegando tiros en el hemiciclo un grupo de guardias civiles al mando de un oficial con un tremendo mostachón y un tricornio, igual que un personaje recién salido de un poema de García Lorca. Todos ustedes recuerdan esa escena, incluidos nuestros invitados extranjeros, porque las imágenes fueron grabadas, igual por cierto que las del asesinato de Kennedy. Y, como el asesinato de Kennedy, el golpe del 23 de febrero acabó convirtiéndose con el tiempo —esto yo solo lo comprendí después de años investigando sobre él— en una especie de gran ficción, en una fábula colectiva fabricada durante décadas a base de especulaciones noveleras, recuerdos inventados, teorías insensatas, leyendas urbanas, medias verdades y simples mentiras amañadas por los propios golpistas con el fin de eludir sus responsabilidades, por periodistas con muchas prisas y pocos escrúpulos, por políticos deseosos de construir un pasado útil para sus intereses y por la imaginación popular. Para colmo, y a diferencia del golpe de 1936 —el que desencadenó la Guerra Civil—, el golpe de 1981 fue un golpe sin documentos o casi sin documentos, de manera que sobre él puede decirse de todo con absoluta impunidad; de hecho, salvo que lo organizaron la reina de Inglaterra o Walt Disney, del golpe se ha dicho de todo, como por cierto del asesinato de Kennedy. Así que, del mismo modo que no hay un norteamericano que no tenga una teoría sobre el asesinato de Kennedy, no hay un español que no tenga una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. ¿Qué es un español? Es un tipo, o una tipa, que tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero: si ustedes se cruzan con alguien que dice ser español y no tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero, es que no es español.
Muy brevemente recordaré aquí el origen de Anatomía de un instante, porque importa a nuestro asunto. El libro surgió el día del 25º aniversario del golpe de Estado. Aquella noche yo estaba en mi casa, con un whisky en la mano, después de haberme pasado un día entero viendo, oyendo y leyendo reportajes sobre el 23 de febrero, cuando volví a ver en televisión las imágenes del golpe, o el pequeño fragmento de las imágenes del golpe que prodigan las televisiones, con el teniente coronel Tejero entrando en el hemiciclo del Parlamento y exigiendo a tiros a los presentes que se tiren al suelo. Todos los españoles hemos visto centenares, miles de veces esas imágenes, son casi una obsesión nacional (hagan zapping esta noche en la televisión, al regresar a su hotel o a su casa, y seguro que en un momento u otro las verán aparecer en la pantalla...) Pues bien, aquella noche estaba viendo por enésima vez esas imágenes cuando me fijé en una cosa que había visto muchas veces, pero la vi como la viese por vez primera. Lo que vi es que tres de los parlamentarios presentes en el hemiciclo desobedecían las órdenes de los golpistas y no se arrojaban al suelo buscando refugio bajo sus escaños, como hacían todos los demás: eran Adolfo Suárez, presidente del Gobierno saliente y arquitecto de la Transición; el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno; y Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista.
Debo decir que algunos parlamentarios presentes aquel día en el hemiciclo detestan este libro, y tal vez me detesten a mí, porque creen que yo los acuso de cobardes; nada más lejos de la realidad: lo normal fue hacer lo que ellos hicieron, es un milagro que aquel día no muriese nadie en el hemiciclo; lo normal, cuando te disparan, es tirarse al suelo; lo raro, lo extraordinario es lo que hicieron aquellos tres tipos: no arrugarse, desobedecer a los golpistas, plantarles cara. El caso es que aquella noche, delante de la televisión con un whisky en la mano, yo me hice una pregunta elemental, la pregunta que hubiera podido hacerse un niño: ¿por qué esos tres tipos hacen eso? ¿Y por qué lo hacen precisamente ellos, tres hombres que durante la mayor parte de su vida no habían creído en la democracia? Y, bueno, uno puede intuir casi en seguida por qué lo hicieron el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo —el general era un militar y no podía tolerar la insubordinación; Carrillo conocía la guerra, era el demonio para los golpistas y sabía que iba ser el primero en morir—, pero ¿por qué Adolfo Suárez, el hombre que ocupa el centro de la imagen, solo e inmóvil en su escaño de presidente en medio de un desierto de escaños vacíos, por qué había hecho aquello aquel hombre que, por lo demás, en su época de gobernante no me había inspirado la menor simpatía?
Y bien, cuatro años después, cuando terminé de escribir el libro, comprendí que aquel instante es un instante cebado de sentido, que en aquel instante —cuando tres políticos que nunca habían creído en la democracia decidieron jugarse la vida por la democracia— empezaba de verdad la democracia en España, que en aquel instante terminaban la Transición y la dictadura, que en aquel instante terminaba la Guerra Civil: contra lo que dicen los libros de historia, la guerra civil española no duró tres años, sino 43, porque —a menos que creamos a Franco y los propagandistas del franquismo— la dictadura no fue la paz, sino la guerra por otros medios. Pero no solo comprendí eso. También comprendí que aquellos tres hombres tan diferentes estaban unidos por lazos personales estrechísimos, que existía una complicidad estrechísima entre ellos, que los tres habían cargado con el peso principal del cambio de la dictadura a la democracia y que los tres podían definirse como héroes de la traición.
¿Qué es un héroe de la traición?
Estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud, y lo es; pero hay momentos en la vida de las personas, y de las colectividades, en que es más valiente, más honorable y más virtuosa la traición que la lealtad. El tránsito de la dictadura a la democracia en España fue uno de esos momentos, y los tres protagonistas de Anatomía de un instante encarnan ese tipo de personas.
El general Gutiérrez Mellado había hecho la guerra con Franco y toda su carrera en el franquismo; pero, al llegar la Transición, bajo las órdenes de Adolfo Suárez, cambió un ejército dictatorial por un ejército democrático y se convirtió en el gran traidor para sus compañeros, que lo odiaron encarnizadamente: tras el golpe de Estado, lo primero que le pidieron los jefes del ejército al ministro de Defensa, Alberto Oliart, fue que, por favor, el general Gutiérrez Mellado no apareciese por ningún acuartelamiento, porque era un personaje divisivo.
Por su parte, Santiago Carrillo fue el gran traidor de la izquierda, y para algunos lo sigue siendo: Carrillo no solo abandonó los ideales del comunismo y la dictadura del proletariado; abandonó, sobre todo, los símbolos republicanos y la ambición de la Tercera República, y aceptó la monarquía, porque entendió —con razón, por cierto— que el dilema real no era monarquía o república, sino dictadura o democracia, como demuestra el hecho de que las mejores democracias del mundo son monarquías parlamentarias; y todo esto hay gente que a Carrillo nunca se lo ha perdonado.
En cuanto a Suárez, fue por supuesto el gran traidor, el mayor traidor de todos, porque hizo posible la traición de los demás: cuando el Rey lo nombró presidente del Gobierno, en julio de 1976, quienes celebraron su nombramiento no fueron los demócratas españoles, sino los franquistas, los Guerrilleros de Cristo Rey, los viejos falangistas que siempre lo habían considerado uno de los suyos y pensaron que aquel camarada de toda la vida, aquel chico tan amable y obsequioso con ellos, tan joven, tan seductor, tan dinámico, tan kennediano, iba a asegurarles 10 o 20 o 30 años de franquismo sin Franco; pero, para sorpresa de todos, en menos de un año fulgurante el antiguo falangista de provincias disolvió las Cortes franquistas, legalizó los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y convocó las primeras elecciones libres desde la II República; dicho de otro modo: en menos de un año desmontó una dictadura de cuatro décadas y puso los cimientos de la democracia. Y, como es natural, los suyos nunca se lo perdonaron: Suárez se convirtió en el enemigo a muerte de sus antiguos compañeros franquistas, de hecho el golpe del 23 de febrero se organizó ante todo contra él, que se había transformado en el símbolo de la democracia. (Suárez era un hombre profundamente católico, y es fama que, más de una vez, hubo gente que se negó a darle la paz en misa).
Eso es un héroe de la traición: un político capaz de traicionar un pasado personal para construir un futuro colectivo, capaz de traicionar un error para construir un acierto, capaz de traicionar a los suyos para ser fiel a todos; y que, además, paga un precio altísimo por hacerlo. No hay premio para el héroe de la traición, o al menos no hay premio inmediato, tangible: a la altura de 1981, los tres protagonistas de Anatomía de un instante eran tres hombres personalmente rotos y políticamente acabados: baste recordar que, en las elecciones generales posteriores al golpe, Suárez obtuvo dos diputados —Carrillo, cuatro—; y, sí, cuando el expresidente falleció, en el año 2014, todo fueron alabanzas para él: había sido, de lejos, el presidente más vilipendiado de la democracia, pero a su muerte los medios de comunicación y algunos de sus peores enemigos parecían competir por presentarlo como una mezcla de Pericles y la Madre Teresa de Calcuta. Como dijo otro político español, en España enterramos muy bien.
Vuelvo de nuevo a la pregunta de Joseph: ¿existen hoy los héroes de la traición? ¿Hay todavía en España políticos así? Si no me engaño, la mayoría de ustedes diría que no, entre otras razones porque un héroe es una figura excepcional y solo se da en circunstancias excepcionales, como lo fueron las de la Transición. De acuerdo. Pero lo que sí puede existir, o lo que debería existir, son políticos capaces de poner el interés general por encima del particular, que al fin y al cabo es lo que hacen los héroes de la traición. Formulemos entonces de otra manera la pregunta: ¿existen hoy en España políticos capaces de poner el interés general por encima del particular? Si existen, ¿quiénes son? Y, si no existen, ¿por qué no existen?
Son tres preguntas diabólicas, pero arriesgo tres respuestas. La primera es la más fácil: desengañémonos, nunca ha habido muchos políticos capaces de poner el interés general por encima del particular, porque los políticos no son diferentes de los demás seres humanos, y hay pocos seres humanos capaces de hacer una cosa así. La segunda respuesta no es menos realista, pero sí más reconfortante: es casi seguro que algún político de ese tipo existe, aunque no sepamos quién es, porque la virtud es secreta o no es; tal vez solo sepamos quién es ese político con el tiempo, como solo con el tiempo supimos quiénes fueron los traidores heroicos de la Transición. La tercera respuesta es la más melancólica: si no me engaño, ahora mismo se dan circunstancias que no favorecen en absoluto la aparición de esa clase de políticos, y no solo en España.
Menciono solamente dos de ellas, una general y otra quizá más particular.
La primera es la propagación cancerígena del cinismo en política, en parte resultado del descrédito universal de la verdad, que acaso es uno de los rasgos fundamentales de nuestro tiempo: hoy la mentira, al menos la mentira en política, no parece penalizar a quien la dice; solo recordaré un contraste desolador: a finales de los años ochenta, Bill Clinton estuvo a punto de dimitir como presidente de los Estados Unidos, no a causa de sus escarceos sexuales con una becaria, sino por culpa de una mentira, mientras que en noviembre de 2024 Donald Trump consiguió volver a la Casa Blanca tras haberse erigido en el campeón mundial de la mentira y haberla transformado en su principal herramienta política. No hace falta haber leído a Maquiavelo ni a Max Weber para saber que la ética y la política siempre han mantenido relaciones complejas o problemáticas, siempre se han llevado mal; pero, cuando la ética se desvincula por completo de la política y la política se desentiende de la verdad y se legitiman el engaño, la mentira y las tropelías que la mentira y el engaño conllevan (se legitiman siempre y cuando incurramos en ellos nosotros o los nuestros, claro está), en ese momento empiezan a disolverse los estímulos que invitan a un político a anteponer el bien común al propio: hacer eso equivale a tomar una decisión éticamente superior, y es imposible tomarla si quien la toma no está animado por un impulso ético.
La segunda circunstancia es sobre todo española, o yo la detecto sobre todo en España (aunque no es desde luego exclusiva de nuestro país). Aquí, a mi modo de ver, el problema político esencial no son los políticos, ni siquiera el sistema político; aquí el problema esencial son los partidos políticos. El sociólogo Robert Michels escribió que, para los partidos políticos, la democracia es un producto de exportación, no de consumo interno. Así es en España: como saben mejor que nadie nuestros políticos, aquí los partidos son organizaciones verticales, a menudo patológicamente sectarias, rigurosamente cesaristas, más semejantes a veces a clubs de fans del líder que a auténticos partidos políticos, organizaciones donde se esconde o se maquilla o no se combate en serio la corrupción —un tanto por ciento elevadísimo de la cual empieza o termina en los propios partidos—, organizaciones donde no suele salir adelante el más capaz sino el más obediente, por no decir el más servil, donde muchas veces se confunde la lealtad con el vasallaje y donde todo discrepante corre el riesgo de ser considerado un desleal o un felón. Por supuesto, todo esto podría cambiarse, pero no es nada fácil, sobre todo porque quienes tienen que cambiarlo son los propios partidos, y los partidos no quieren cambiarlo; es decir: porque los partidos son la solución, pero también el problema. Sea como sea, se comprenderá que en estas condiciones resulte muy difícil que se dediquen a la política los mejores, los más capaces e idealistas, los más dispuestos a trabajar por el bien común y a ponerlo, si es necesario, por encima del bien particular.
Acabo ya.
“¿Qué es un hombre rebelde?”, se preguntó Albert Camus. “Es un hombre que dice no”. Pero no es un hombre que dice no a los otros, a sus adversarios: eso es muy fácil, eso solo es una forma inversa de gregarismo; el hombre rebelde es quien dice no a los suyos, como hicieron los tres protagonistas de Anatomía de un instante, los tres héroes de la traición. Para eso, ante todo, hace falta coraje, que es la virtud más difícil, pero también la más necesaria. No lo digo yo; lo dijo un político: Winston Churchill. Churchill escribió en efecto que el coraje es la virtud esencial, la base, el fundamento de todas las demás virtudes; llevaba razón: uno puede ser una persona bondadosa, y la bondad es sin duda una virtud extraordinaria, pero, dadas determinadas circunstancias adversas —un golpe de Estado, sin ir más lejos—, si uno carece del coraje suficiente para ejercer esa bondad, se convierte o puede llegar a convertirse en un canalla. Yo no creo que debamos pedirles a nuestros políticos que sean héroes; de hecho, yo aspiro a vivir en un país que no necesite héroes. Pero lo que sí creo es que no hay democracia de verdad sin políticos que conciban la política como un servicio público y no como una carrera profesional o como un negocio personal, que merecemos políticos capaces del mínimo coraje de decir no a los suyos, de decirles que se equivocan cuando creen que se equivocan, políticos capaces de restaurar el vínculo roto entre ética y política, en definitiva, creo que debemos aspirar a tener políticos pragmáticos, cualificados y flexibles, sí, pero también valientes, humildes, veraces e idealistas. En este tiempo de cinismo obligatorio, esa aspiración puede parecer ingenua; a mí me parece simplemente indispensable.
Muchas gracias.
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Un acuerdo de alto voltaje entre Donald Trump y Xi Jinping
El acuerdo comercial entre Trump y Xi ofrece un respiro al comercio global, aunque más como una pausa táctica que como un cambio de rumbo definitivo.
El reciente encuentro entre Trump y Xi, celebrado en Busan, Corea del Sur, culminó con el anuncio de un acuerdo bilateral que pretende relajar una de las relaciones comerciales más tensas del mundo. Los detalles han comenzado a emerger: reducción de aranceles por parte de EE.UU., suspensión de controles de exportación de minerales estratégicos por parte de China, y grandes promesas de compras agrícolas estadounidenses por parte de Beijing.
Alcances del pacto
Según fuentes citadas en medios internacionales, EE.UU. se comprometió a reducir aranceles sobre productos chinos —pasando del orden del 57 % a alrededor del 47 %—, mientras que China aceptó suspender por un año sus restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y otros insumos críticos para la industria global.
Entre los compromisos también figura que China aumentará sus compras de soja estadounidense y facilitará el flujo de minerales utilizados en la producción de imanes, sensores y componentes electrónicos —un punto clave para la industria tecnológica americana.
Por su parte, EE.UU. aceptó no imponer los aranceles de hasta 100 % que estaban siendo evaluados en Washington como medida de presión ante los controles chinos.
Lo que hay detrás: minerales, agricultura y geopolítica
El dominio de China en la cadena global de tierras raras —esenciales para automóviles eléctricos, radares militares y tecnología de alta gama— ha sido considerado por EE.UU. como una debilidad estratégica. Antes del acuerdo, China había ampliado sus restricciones a la exportación de varios de estos elementos.
El acuerdo reduce este riesgo inmediato al asegurar un flujo controlado de esos minerales, mientras que EE.UU. obtiene mayor acceso al mercado chino para sus productos agrícolas. Además, Washington ve esta negociación como parte de su estrategia para frenar la dependencia tecnológica de China, y Beijing la concibe como una forma de aliviar presión arancelaria sin ceder en áreas más sensibles como la política industrial o la tecnología militar.
Limitaciones y riesgos
Si bien el pacto ofrece avances, también presenta interrogantes importantes:
No es aún un tratado plenamente ratificado; los detalles completos están pendientes.
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La reducción arancelaria y la suspensión de restricciones están sujetas a revisiones, lo que abre margen para retrocesos.
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El acuerdo aborda síntomas estructurales (como minerales y aranceles) pero no resuelve las root causes de la rivalidad comercial: subsidios industriales, control de inversiones, protección tecnológica.
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La geopolítica sigue viva: aunque se alivian tensiones, EE.UU. y China siguen compitiendo en Asia-Pacífico, chips, inteligencia artificial y seguridad.
¿Qué significa para América Latina y el mundo?
Este pacto entre las dos potencias tiene implicancias globales:
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Podría aliviar la presión arancelaria sobre terceros países que dependen del comercio con EE.UU. y China.
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Modifica el tablero de negociación para bloques como el Mercosur o la Unión Europea, que deben lidiar con un contexto global menos polarizado solo momentáneamente.
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Para Uruguay y la región, abre espacio para diversificar mercados agrícolas y minerales, aunque también exige mayor competitividad ante el posible mayor acceso chino a productos estadounidenses.
En definitiva, el acuerdo Trump-Xi marca un respiro —y una recalibración— de la guerra comercial, pero también evidencia que la paz comercial es temporal y está sujeta al cambio de intereses estratégicos de ambas potencias. La pregunta que queda es cómo se traducirá ese marco político en realidades industriales, tecnológicas y comerciales durante los próximos años.
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Operación Contención en Río de Janeiro: un golpe letal que desencadena más preguntas que certezas
El mayor operativo policial en la historia de Brasil dejó más de un centenar de muertos y abrió un intenso debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal.
El pasado 28 de octubre de 2025, las fuerzas estaduales de Río de Janeiro ejecutaron la mayor operación policial de su historia contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) en los complejos de favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha. Con el despliegue de unos 2.500 agentes —entre policías civiles, militares y unidades especiales—, la intervención dejó un saldo oficial de al menos 119 muertos, incluidos cuatro policías, y más de 110 detenidos. Aunque algunas fuentes elevan la cifra de víctimas a más de 130.
Antecedentes: la expansión del crimen organizado y la respuesta del Estado
El Comando Vermelho, surgido en la década de los años 70 en el sistema penitenciario de Brasil, consolidó una red criminal que controla extensos territorios de Río de Janeiro y además opera en múltiples estados del país. Ante su crecimiento, el gobierno estadual lanzó la Operación Contención con el objetivo de romper esa estructura de poder criminal que, según las autoridades, había superado la capacidad institucional de control tradicional.
El operativo se desarrolló justo en un contexto político complejo: por una parte, la reputación de seguridad del estado estaba gravemente comprometida; por otra, la necesidad de mostrar resultados rápidos se volvió imperiosa. Analistas señalan que el desplazamiento del crimen, la militarización de la policía y el agotamiento de políticas pacificadoras generaron una bisagra en la estrategia estadual.
Desarrollo y tácticas de la operación
La acción incluyó allanamientos simultáneos en 26 comunidades, con vehículos blindados, helicópteros, drones y cientos de órdenes de arresto. En algunos puntos, se registraron enfrentamientos intensos y barricadas improvisadas por criminales que, incluso, emplearon drones cargados con explosivos contra las unidades policiales.
Al día siguiente del operativo, residentes trasladaron decenas de cuerpos —en algunos casos con signos de decapitación o apuñalamiento— a plazas como la de São Lucas, lo que alimentó acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. La escala del despliegue y la violencia del choque provocaron el cierre de múltiples escuelas, interrupciones en el transporte público y un clima de pánico entre la población local.
Consecuencias inmediatas y cuestionamientos
Las autoridades celebraron el operativo como un éxito estratégico, con el gobernador de Río declarando que el estado estaba “en guerra”. No obstante, organizaciones de derechos humanos y observatorios internacionales exigen una investigación profunda, denunciando que la intervención podría equivaler a una política de exterminio de sospechosos.
Desde el plano institucional, el operativo expone varias fisuras:
- La coordinación entre el gobierno estadual y el federal se mostró fallida, con declaraciones cruzadas sobre el apoyo recibido.
- La táctica policial de alto impacto deja dudas sobre su eficacia a largo plazo: el control territorial puede revertirse si no se acompañan medidas de reconstrucción social.
- La legitimidad del uso de la fuerza y el respeto a la vida quedan comprometidos cuando se registran tantos muertos en un solo día sin transparencia plena.
Una estrategia de corto plazo, con interrogantes de largo
Los resultados iniciales podrían influir positivamente en la percepción de que el Estado puede actuar con firmeza frente al crimen organizado. Sin embargo, los obstáculos estructurales persisten: las favelas siguen marginadas, las milicias y facciones retienen poder local, y la prevención sigue siendo débil.
Si bien el golpe al Comando Vermelho puede considerarse simbólico, no garantiza que la cadena de mando criminal sea rota, ni que sus redes sean desmanteladas de raíz. La historia de Brasil muestra que este tipo de operaciones tienen efecto limitado si no se articula con políticas de desarrollo urbano, educación, salud y reintegración social.
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Así si, Así no
Así sí
Nuevo Parque José Batlle y Ordóñez en Rivera
Fue inaugurado el Parque Lineal José Batlle y Ordóñez en Rivera, un nuevo espacio público que se suma al proceso de transformación urbana del departamento.
La obra, impulsada por la Intendencia Departamental de Rivera con apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), representó una inversión de US$ 1 millón. El proyecto permitió la recuperación de un área históricamente afectada por inundaciones, en torno al arroyo Cuñapirú. El nuevo parque, cuenta con canchas deportivas, miradores, caminera interna, ciclovía y más de 100 luminarias fotovoltaicas para un alumbrado 100 % sustentable. También se destacó que, en los últimos diez años, gracias a intervenciones hidráulicas, no se han registrado evacuaciones en la zona.
 Un ejemplo concreto de ciudad que se cuida, se conecta con su gente y apuesta por el entorno.
Comisión Técnico Mixta de Salto Grande
La Comisión Técnico Mixta responsable de la represa de Salto Grande dio a conocer su nuevo modelo de gestión para el quinquenio 2025-2030.
El plan se basa en tres pilares: transparencia integral, renovación de la represa y una fuerte apuesta por la responsabilidad socioambiental.
Esta responsabilidad busca integrar acciones en educación, salud, cultura, deporte, producción, mediante acuerdos con diversos ministerios y organizaciones del Estado, reforzando que la infraestructura energética también debe servir al desarrollo territorial.
 Invertir en energía es fundamental, pero invertir en transparencia, comunidad y ambiente es construir legado.
Así no
Aumento de delitos con armas entre jóvenes y alarmas departamentales
Un informe reveló que las víctimas de delitos con armas en Uruguay son mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 28 años, mientras que el grupo de 13 a 17 años presenta una tasa creciente. En particular, el departamento de Durazno registró la tasa más alta del país entre 2022 y 2024: 109,7 por cada 100.000 habitantes en delitos con armas.
Los jóvenes no solo quedan expuestos al crimen, sino que parecen convertirse en su principal objetivo una urgencia que exige políticas de prevención y actuación inmediatas.
 Cuando la violencia con armas atraviesa a nuestra juventud, la respuesta tiene que ser más rápida que el atentado.
Endeudamiento familiar en aumento: una economía que crece sin aliviar bolsillos
Más del 20 % de la población uruguaya enfrenta un nivel de endeudamiento que supera su capacidad de pago, según datos recientes del Banco Central y entidades financieras. Los créditos al consumo y la morosidad crecen, sobre todo entre los hogares de ingresos medios y bajos.
La mayor parte del endeudamiento de las familias (95%) está en moneda nacional, lo que las hace más vulnerables a variaciones del tipo de cambio o de la inflación.
Las personas de menores ingresos son las que más de endeudan para consumo básico lo que reduce su capacidad de ahorro y aumenta su exposición frente a crisis económicas.
 Cuando las familias se endeudan para sobrevivir, la economía avanza sin incluir.
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