Por Julio María Sanguinetti

El mundo está incendiado, nos están llegando las chispas, pero nuestros debates uruguayos parecen estar lejos de todo.

Como en un cenáculo jurídico, nos hemos pasado varios meses discutiendo lo obvio: que el presidente de ASSE adolecía de unas incompatibilidades como las que han experimentado muchos jerarcas a lo largo de los años. La Constitución es bien clara y solo un empecinamiento gubernamental mantuvo ese tema en el tapete, como si nos estuviéramos jugando la vida. Lo que se hizo al final debió reconocerse el primer día.

Al mismo tiempo, transcurre otro debate jurídico, este de real envergadura: la construcción de las lanchas patrulleras oceánicas, imprescindibles para el ejercicio de nuestra soberanía en el mar territorial, donde es notorio que pesca quien quiere, en perjuicio de intereses principalísimos del país.

Se arrancó, en tono dramático, con una acusación de estafa y fraude al astillero español contratado para construir las dos embarcaciones. Resultaba algo totalmente apresurado, cuando había dos oficiales uruguayos que hacía dos meses venían monitoreando la construcción, que efectivamente se venía cumpliendo en el astillero Cardama. No estábamos delante de un estafador que nos había embaucado y no estaba haciendo los buques ni invirtiendo nada o cosa parecida. Se trataba del cumplimiento más fiel o menos fiel de un contrato: asunto de abogados y técnicos navales.

La piedra del escándalo fue que la garantía ofrecida efectivamente no existía. Por supuesto, es un contrato accesorio, que funcionaría si no se cumpliera el principal. Se hizo de lo accesorio algo principal y ahí andamos de juzgado en juzgado, en una extrañísima situación, porque las lanchas se siguen construyendo, el contrato continúa vigente y el propio Presidente dice que por el momento no hay anulación, pese a que ese fue el anuncio inicial. Es más, en este mismo período de gobierno se hicieron pagos importantes, reconociéndose por lo tanto que el contrato se estaba ejecutando.

Lo importante aquí son las patrulleras oceánicas. No podemos seguir como estamos, regalando nuestro mar. La más elemental sensatez —y creemos en la sensatez del Presidente— es buscar un arreglo. El galimatías jurídico solo nos llevará a una formidable frustración del objetivo principal. Si el tema es una garantía, se trataría de lograr que aparezca alguna y no dudamos de que, involucrado como ya está hasta el propio gobierno de Galicia, que es muy importante, de algún modo se encontrará. El otro camino será perder 30 millones de dólares, frustrar esfuerzos, quedarse con barcos a medio construir y el problema real sin resolver. Lo dice la experiencia.

Entretanto, estamos delante de enormes desafíos. Uno que va creciendo es el de la inseguridad, ya no en términos de ciudadanía sino de integridad del Estado. No es que la estadística nos dé números peores, sino que el Estado mismo está en cuestión. El asalto a la casa de la Fiscal de Corte y las amenazas al Instituto Nacional de Rehabilitación son expresiones de soberbia delictiva que le plantean directamente un desafío al Estado. Sus servidores están en riesgo de vida, como en cualquiera de los países que veíamos lejos hasta ahora.

No dudamos de que la policía esté cumpliendo su tarea. Pero esto va más allá. Es todo el Estado. Son los tres poderes. Y el tema se complica cada día porque la dimensión social es muy profunda. Tenemos que pensar que ya hay mucha gente que por poco dinero es contratada para servir al narcotráfico y sus aledaños. Los desocupados tecnológicos, que crecen día a día, son las víctimas de su desesperación.

Soluciones mágicas no hay. La única prevención real es el trabajo, la estabilidad familiar y la educación. Lo urgente es la represión y ella debe organizarse, sin temores ni tibiezas. Lo que requiere es el compromiso colectivo, la comprensión de los medios de comunicación y el compromiso de fiscales y jueces. La policía, sola contra el mundo y sometida al escrutinio permanente de ser juzgada por cualquier traspié, difícilmente alcanzará. No estamos proponiendo salirnos de la ley, pero sí aplicarla con el criterio que la emergencia nos impone a todos.

No estamos seguros de que el país tenga conciencia de lo que tenemos delante.

Un Uruguay en los titulares es un Uruguay sin la inversión generadora de empleo. Así de claro. Los países grandes tienen más capacidad de resistencia, nosotros no. Si hoy tenemos el PBI per cápita mayor de la región es porque la estabilidad política y la seguridad jurídica nos han dado un crédito mayor al que nuestra escala estaría sugiriendo a los inversores. Donde esto se ponga en cuestión, el futuro se empieza a cerrar.

Como se ve, hay asuntos pasajeros, cuestiones importantes, pero también verdaderos dilemas existenciales.

Nuevas designaciones discrecionales profundizan la sensación de que la ANP vuelve a ser terreno fértil para la arquitectura partidaria.

En la Administración Nacional de Puertos (ANP) vuelve el tema de las designaciones apelando a criterios políticos antes que técnicos. Recientemente el directorio decidió cesar a siete jerarcas del Área de Dragado para crear cargos “de confianza política” que han generado un fuerte cuestionamiento. Según informa El País, el gerente del Área de Dragado, Edison Peña, fue reemplazado por quien era jefe del Departamento Flota y Dragado Manuel Ferrer, un ingeniero naval vinculado al Partido Comunista del Uruguay (PCU) y estrechamente ligado al ministro de Trabajo, Juan Castillo.

La polémica no es nueva: en octubre, el directorio de la ANP aprobó una resolución para “reorganizar las funciones” en el área de dragado, cesando a gerentes y subgerentes y reasignando otros a distintas dependencias con compensaciones salariales.

Según el director del Partido Nacional, Jorge Gandini, estos cambios “parecen responder a criterios políticos antes que técnicos”.

Entre los ascensos realizados, destaca el de Ferrer, que pasa a ser gerente con una compensación del 60 % pr “permanencia a la orden” como parte de su nueva remuneración Además, Fabián Peña quedó como subgerente, también con compensación del 60 % por “estar a la orden”.

El cambio fue interpretado por algunos como parte de una estrategia para consolidar el control partidario dentro del organismo: la ANP suele ser un espacio estratégico para intereses políticos, y estos nombramientos reavivan la mirada crítica sobre posibles clientelismos.

El paso de jerarcas profesionales a cargos de confianza no solo es simbólico: tiene consecuencias prácticas. Al desplazar a quienes tenían experiencia técnica en dragado —una función clave para el mantenimiento portuario y la operativa— existe el riesgo de afectar la eficiencia operativa y la continuidad institucional. Las reasignaciones, además, implican reajustes salariales y compensaciones, lo que presiona el presupuesto de la ANP.

Para quienes denuncian estos cambios, lo más grave es que no hay señales claras de una convocatoria mediante concurso para los nuevos cargos: lo que se ve es una consolidación de posiciones políticas, no un fortalecimiento técnico del organismo. En sus palabras, consolidar interinatos de esta forma “afecta la transparencia y la meritocracia”, decía Gandini en relación al reciente movimiento.

Si un organismo clave para el comercio y la logística portuaria se convierte cada vez más en un botín político, se corren riesgos que van más allá del corto plazo: la calidad del servicio, la planificación a largo plazo y la profesionalización están en juego.

En suma: los recientes ceses y nombramientos en la ANP no solo reflejan un patrón de designaciones “a dedo”, sino también un reordenamiento político interno, con consecuencias que podrían debilitar la eficiencia operativa y poner en jaque la meritocracia en un organismo estratégico.

Cuando la basura inunda las calles y los olores se convierten en rutina, Bergara y ADEOM se acusan mutuamente, pero el verdadero responsable es un sistema de gobernanza desarticulado que el Frente Amplio dejó crecer en la Intendencia.

La recolección de basura en Montevideo se ha convertido en un ajedrez de acusaciones cruzadas entre el intendente Mario Bergara y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM). Cada parte lanza la culpa a la otra, pero lo que emerge con claridad es que el desastre es fruto de un desorden estructural que arrastra la Intendencia, herencia del Frente Amplio.

Bergara no se guarda nada. Afirmó que ADEOM dice “mentiras” y atribuye la caída del servicio a las medidas sindicales: según él, “en octubre se dio una situación de conflicto con Adeom que sin duda alteró esa situación”. El intendente detalló que, tras un inicio prometedor con recolección de hasta 4.400 contenedores por día, esa cifra se redujo un 25 % en octubre, hasta unos 3.300, debido a “dos días de paro general”, “paros de una hora” y “44 asambleas con paro” en distintos puntos. Según él, el recorte de horas extras y del sexto día no alcanzó para el área de residuos: “la reducción (…) fue cero (…) de parte de las medidas de la IMM no hubo ni una hora extra menos ni un sexto día menos en la recolección de residuos”.

Por su parte, ADEOM no se queda atrás. La secretaria general del gremio, Silvia Tejera, acusó al intendente de recortes que están directamente “afectando en los servicios” y señaló que “en la limpieza es donde más se nota”. El sindicato asegura que la reducción de horas extra y del sexto día no fue una cuestión de voluntad política, sino una necesidad presupuestaria, y que la falta de personal y la reorganización ordenada desde la Intendencia están detrás del atraso.

Además, trabajadores denunciaron que los camiones que recogen basura no salen si están en mal estado. Eso, según ellos, es parte de la mala administración de la IMM, que prioriza ajustes al presupuesto por encima de mantener en buen estado los vehículos necesarios para la recolección.

Los datos, irónicamente, confirman la crisis. Según cifras oficiales citadas por El País, el porcentaje de contenedores con acumulación de desechos aumentó dramáticamente: al 3 de noviembre, el 26,7 % de los casi 11.700 contenedores tenía más de cuatro días sin vaciarse. Con esos registros, es difícil sostener que el problema es solo una cuestión de paros o medidas sindicales: hay también disparos estructurales en la capacidad de la Intendencia para responder.

La disminución del 25 % en la recolección, reconocida por el propio Bergara, es una señal clara de que no basta con declarar mala fe: el servicio está cediendo terreno de forma sistémica.

En la disputa verbal entre Bergara y ADEOM, el gran perdedor es Montevideo. Mientras se tiran las culpas, la mugre se acumula y la ciudadanía paga el costo. Que ambos actores compartan responsabilidad es innegable, pero la administración pública capitalina carga con una parte mucho más pesada: si no había recortes, como afirma Bergara, ¿por qué se desmorona la recolección? Y si los paros son legítimos, como dice ADEOM, ¿por qué no hay un plan estructural que garantice el servicio aun en momentos de conflicto?

Este es el resultado de un desorden institucional: bajo el mandato del Frente Amplio, el sistema municipal de recolección no fue modernizado ni fortalecido con estabilidad financiera. Los ajustes, los paros y la mala administración son síntomas de una Intendencia que nunca logró institucionalizar un modelo eficiente, ni profesionalizar su estructura, ni equipar adecuadamente su flota.

La basura no es solo un problema de limpieza: es un espejo del desgobierno frenteamplista [https://www.correodelosviernes.com.uy/La-crisis-fiscal-de-Montevideo-es-real-y-lleva-la-firma-del-Frente-Amplio-2025-11-21.asp]. Tanto Bergara como ADEOM se acusan por la crisis, pero lo cierto es que la Intendencia está fracturada. En lugar de trabajar unidos para mejorar el servicio —como prometió el intendente al asumir—, se ha instalado una guerra de acusaciones que deja a Montevideo más sucia, más desorganizada y más herida. Es hora de que la ciudad exija responsabilidad a ambos lados: no basta con que se culpen mutuamente, deben dar soluciones reales.

El cierre de UKG expone la vulnerabilidad del mercado laboral especializado y abre una interrogante acerca de las estrategias de retención empresarial.

En 2022 y 2023 Uruguay celebró la llegada de una multinacional tecnológica con ambición regional: Ultimate Kronos Group (UKG), empresa líder en software de gestión de capital humano, anunció la instalación en Montevideo de un “centro de excelencia” y un hub para Sudamérica. Las autoridades públicas —desde Uruguay XXI hasta ministros vinculados a la promoción de inversiones— destacaron la elección del país por su “talento, seguridad jurídica y marco institucional”. Esa promesa de crecimiento y atracción de capacidades técnicas quedó hoy profundamente trastocada: días atrás, UKG comunicó el cierre gradual de sus operaciones en Uruguay y el despido de alrededor de 300 personas, la mayoría perfiles altamente calificados en ingeniería y tecnología.

Breve cronología: abrir rápido, consolidar… y cerrar

• 2022–mayo 2023: llegada y apertura formal de oficinas; la compañía presentó Uruguay como su hub tecnológico para Sudamérica y celebró eventos con autoridades.

• 2023–2024: crecimiento local del equipo y actividades en LATU (incluso obras y reinauguraciones de oficinas), reclutamiento de ingenieros y staff de producto/soporte.

• Noviembre 2025: anuncio interno (según trabajadores) por video de la decisión de “cerrar gradualmente” las operaciones en Uruguay; el proceso se extendería hasta agosto de 2026 y ya comenzaron las notificaciones de desvinculación los trabajadores. La compañía ofreció explicaciones limitadas y que no hubo una larga interacción previa con el gobierno (al menos no públicamente).

Impacto local: talento, ecosistema y costo reputacional

El cierre afectará a alrededor de 300 profesionales —muchos con formación en ingeniería, desarrollo de software y gestión— en un mercado laboral que valora ese capital humano. Más allá del impacto individual (búsqueda de recolocación, indemnizaciones, redes profesionales), hay efectos agregados: pérdida de ancla para proveedores locales, menor dinamismo en el ecosistema tecnológico y una señal negativa para otras empresas que valoran estabilidad y previsibilidad a la hora de decidir expansión regional. Varios empleadores locales ya comenzaron a publicar búsquedas para absorber talento que quedará disponible.

En definitiva, la marcha atrás de UKG es una mala noticia para el ecosistema tecnológico uruguayo: una empresa que, en cuestión de años, construyó un centro relevante decidió cerrar y dejar en la calle a centenares de profesionales. La evidencia pública sugiere que la explicación puede combinar factores corporativos (relocalizaciones y reestructuraciones globales que la propia industria ha vivido en 2024–2025) con evaluaciones internas sobre eficiencia del hub. Sin embargo, falta una explicación pública clara por parte de UKG que permita descartar o confirmar una pérdida de confianza en Uruguay por motivos regulatorios o de clima de negocios. Mientras tanto, la prioridad inmediata es mitigar el impacto laboral y entender si este caso es un episodio aislado o un indicador de riesgos mayores para la atracción y retención de inversión extranjera en el país.

Un error en la fórmula de adjudicación obligó a anular el llamado, dejó al INC sin siembra estival y retrasó el plan de tambos para 16 familias.

La anulación de la licitación para el uso agrícola de mil hectáreas en la estancia María Dolores expuso un garrafal error administrativo en el Instituto Nacional de Colonización (INC) y abrió un frente de cuestionamientos políticos, institucionales y productivos en torno a uno de los proyectos más emblemáticos del organismo.

El episodio se originó cuando, tras publicarse el llamado para explotar esas tierras antes de la instalación de los tambos previstos en el plan maestro de la zona, se detectó que la fórmula diseñada para evaluar las ofertas no premiaba al mejor postor, sino al que pagara menos. El propio presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, debió reconocerlo ante la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto al afirmar: “Hubo un error en el pliego cuando se hizo el llamado. Hacer de nuevo el pliego llevaba todo un trámite burocrático —ya lo habíamos hecho fuera de fecha— por los tiempos agronómicos para la siembra de las 1.000 hectáreas”. Ese reconocimiento implicó la inmediata caída del llamado y la admisión de que ya no había margen para la siembra estival, pieza clave del cronograma técnico original.

La situación había sido advertida en la comisión por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien puso de manifiesto la gravedad del equívoco. En su intervención señaló que el INC había “diseñado una fórmula que lleva a que el que ofrece menos plata gane” y que ese desajuste tenía un impacto económico directo que podía sentirse durante toda la extensión del contrato previsto. Su crítica quedó sintetizada en una declaración extensa que ahora se convirtió en referencia obligada: “Es un error gravísimo porque lo que tiene el INC es una posibilidad de manejo que se hace en función a los pagos que se dan de los predios que tiene. Entonces, hay que dárselas al que más le va a pagar al instituto, no al que menos. Y en esa ponderación comete un error muy grande (…) Tan grande que, en la cortita, debemos estar hablando de un agujero que va por todas partes, porque se multiplica por la duración del contrato que sería como de USD 1:000.000”. Luego agregó otra frase que apuntó directamente a la conducción del organismo: “A la gente que comete estos errores les estamos dando el manejo de USD 50.000.000 en el primer año y muchos millones más en los otros años”.

El presidente del INC confirmó ante los legisladores que el error administrativo era imposible de corregir sin recomenzar todo el procedimiento, lo que significaba perder inevitablemente la ventana de siembra de verano. Explicó que esas mil hectáreas estaban destinadas primero a un ciclo agrícola y luego a la implantación de pasturas para alimentar los tambos proyectados, y que la anulación obligaba a reordenar todo el esquema temporal: “Por eso se hace el cultivo de verano, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros decidimos con los técnicos es que íbamos a hacer una licitación para el cultivo de invierno, que es esta que tiene ahora, y después iba a haber una para un cultivo de verano, que podría ser soja o maíz”.

La pérdida de la siembra estival no es un detalle técnico sino un golpe relevante para la planificación agronómica del predio, porque compromete la secuencia productiva que debía preceder a la instalación de dieciséis tambos para colonos, uno de los proclamados objetivos centrales del proyecto María Dolores. Pese a que Rodríguez mencionó la intención de relanzar un nuevo llamado para los cultivos de invierno, no se informó aún cómo se reestructurará el cronograma para adjudicar las unidades lecheras ni si las demoras afectarán la radicación efectiva de las familias que estaban previstas para esta etapa.

El resultado inmediato es un retroceso tangible: el error en el pliego obligó a tirar por la borda un llamado ya publicado, dejó al INC sin posibilidad de producir en el ciclo agrícola más valioso del año y generó incertidumbre sobre los avances del programa lechero. El episodio, que incluyó la admisión pública del organismo y las críticas severas desde el sistema político, no solo exhibió una falla técnica elemental; también instaló dudas sobre la solvencia con la que se está gestionando uno de los proyectos rurales más relevantes del Estado en los últimos años.

Por Luis Hierro López

La alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos tiene inmediata influencia en el Mercosur, que se enfrenta a una nueva trama de incertidumbre y de convulsión. A Uruguay se le estrecha el escenario comercial, pero aún quedan rendijas que debe aprovechar.

Milei y Trump no preparan un Tratado de Libre Comercio clásico, negociado por técnicos y transado durante un largo tiempo, sino que se trata de una conclusión política al “estilo Trump” y también al “estilo Milei”, en la que prevalecen más las decisiones estratégicas que las cuestiones comerciales.

Aunque aún no se conoce en detalle lo acordado, se hace evidente que el Mercosur atravesará una de sus pruebas más difíciles, si no la definitiva, porque el presidente Milei pateó el tablero, desafía abiertamente la posición de Lula y amenaza con ni siquiera hacer presencia protocolar en la cumbre de diciembre. Mientras Brasil espera que Europa se ordene y firme el TLC con el Mercosur a fin de año, Argentina se lanza por su cuenta y logra el acceso privilegiado a uno de los mercados más dinámicos del mundo.

Lo que ocurre hoy con el Mercosur le da razón a Uruguay, que venía exigiendo la flexibilización para permitir negociaciones por fuera del bloque. Si eso se hubiera hecho ordenadamente, no estaríamos hoy al borde de la ruptura violenta. Pero cuando Uruguay inició conversaciones con China durante el gobierno de Lacalle, el propio Lula, en persona, bloqueó las negociaciones y exigió que las mismas se hicieran de bloque a bloque, perjudicándonos. Esas actitudes no son nuevas en la relación de los “hermanos mayores” con nuestro país.

Lo de Argentina puede ser bueno para Uruguay, con algunas incógnitas. Siempre es bueno que Argentina crezca y se estabilice, pero en el punto concreto de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, nuestro país puede sufrir una merma de sus colocaciones de carne y de algunos otros rubros. Tampoco ha sido buena hasta ahora la relación entre los gobiernos como para que Uruguay aspire a colgarse de alguna manera al tren argentino. Milei ha tenido gestos de buena voluntad, pero la cancillería uruguaya había impuesto, hasta ahora, una especie de distanciamiento ideológico, mostrando con exuberancia su preferencia por el Brasil de Lula. Ahora se ha reaccionado con una visita del canciller Lubetkin a su par argentino. Mejor tarde que nunca, pero da la impresión de que la primera y más urgente tarea de la cancillería uruguaya era aceitar desde el principio de su gestión la vinculación con Argentina y Brasil, equilibradamente. Eso no ocurrió y ahora se intenta corregir ese rumbo, pero con un retraso de meses y con la sinceridad y la buena fe un poco deterioradas.

Por otro lado, no es factible que Uruguay mejore su posición con Estados Unidos. Ese tren —para reiterar las expresiones manejadas entonces por el presidente Vázquez— ya empezamos a perderlo cuando el excanciller Gargano impuso, en 2006, el cepo ideológico a las negociaciones, sujetando la iniciativa del presidente, quien fue desautorizado en los hechos. Hasta el enemigo acérrimo de Estados Unidos, Vietnam, tenía ya un TLC con Estados Unidos, pero aquí creímos ser más “valientes” y más “soberanos” al negarnos a cualquier apertura. Un grave error histórico de la coalición de izquierdas. Hoy sería muy difícil iniciar conversaciones sobre esos temas, porque es evidente que Trump impone condiciones políticas de adhesión y de compromiso que angostan totalmente las posibilidades comerciales. Uruguay tiene una fuerte vinculación con China —que hoy no puede desmontar— y eso impediría que nuestro país obtenga preferencias como las que viene logrando Argentina.

Nos queda el Tratado con Europa. ¿Nos queda? Lo sabremos a fin de año y, tras dos décadas de negociaciones, da la impresión de que el acuerdo está cerca, aunque alcanzaría con que unos cientos de tractores franceses copen las carreteras para que los compromisos y las buenas intenciones se pulvericen.

Aun cuando el Mercosur y Europa ratifiquen el Tratado, Uruguay debería seguir bregando por ingresar al Transpacífico, el Acuerdo Amplio y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), integrado por economías de enorme impulso. El gobierno de Lacalle solicitó formalmente el ingreso a ese bloque en diciembre de 2022 y encargó al vicecanciller Nicolás Albertoni que desarrollara personalmente las negociaciones, y hay constancias de los avances obtenidos hasta el cambio de gobierno. Japón habría interpuesto en ese momento algunos reparos por entender que no convendría que Uruguay actuara solo, sin el paraguas del Mercosur, pero ese requisito puede quedar muy desdibujado ante la realidad, tras el posicionamiento de Argentina.

Incomprensiblemente, el gobierno del Frente Amplio puso paños fríos al ingreso de Uruguay al CPTPP, cuando el camino ya estaba abierto. No se fundamentó claramente el desinterés. Es posible que la reciente gira de la subsecretaria Valeria Csukasi —una técnica de valor— por los países del sudeste asiático haya reavivado esa perspectiva, pero el acceso al Transpacífico requiere decisión política y perseverancia. No se trata de cerrar las puertas, como hizo el excanciller Gargano, sino de golpearlas con fuerza y con paciencia hasta que se abran las rendijas. Queremos creer que la Cancillería está más empeñada en estos aspectos comerciales y en impulsar los verdaderos intereses del país que en dedicarse a los eventos propagandísticos, como intentar traer a trabajadores palestinos para realizar tareas agrícolas o establecer como prioridad el polémico homenaje a Ho Chi Minh.

Por Santiago Torres

El Frente Amplio reduce un escenario político complejo a una disputa moral infantilizada.

La segunda vuelta presidencial en Chile desató el habitual ejercicio de exuberancia hiperbólica en el Frente Amplio, cuya declaración oficial sobre las elecciones en Chile interpreta el balotaje del 14 de diciembre como un enfrentamiento entre “la ultraderecha de corte autoritario que rememora la dictadura pinochetista” y “las ideas de progreso, igualdad y democracia”. El dramatismo del planteo surge de la distorsión histórica de presentar a José Antonio Kast como si hubiera sido ministro del Interior del dictador Augusto Pinochet, y a Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista de Chile (¡nada menos!), como una suerte de socialdemócrata angelical.

Los procesos traumáticos tienden a generar relatos igualmente traumáticos, y Chile arrastra todavía las cicatrices del derrumbe de la Unidad Popular, el golpe de 1973 y la dictadura posterior. En ese ciclo, prácticamente ningún actor político, social o institucional quedó con un prontuario democrático inmaculado. Ni la derecha, ni la izquierda, ni siquiera el centro pueden reivindicar un expediente lineal. Es una historia compleja, atravesada por decisiones erráticas, radicalizaciones cruzadas y un clima de polarización que recuerda mucho a la España de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Precisamente por eso resulta llamativo que, cincuenta años después, se reproduzcan etiquetas tan toscas, como si Chile estuviera condenado a repetir siempre el mismo guion sin matices. Por cierto no lo hizo España, donde actores carentes de toda credencial democrática parieron una democracia liberal ejemplar. Y no lo hizo Chile tampoco.

La declaración del Frente Amplio uruguayo incurre en esa simplificación. Presenta a Kast como un renacido pinochetista y a Jara como el vehículo exclusivo de la democracia, cuando el propio ecosistema político chileno se mueve en coordenadas mucho más complejas.

Es conocido que Kast reivindica el ordenamiento económico del Chile post-1973 y mantiene posiciones conservadoras en cuestiones sociales, pero eso no lo vuelve automáticamente un heredero institucional de la dictadura ni un actor que busque restaurar un régimen autoritario. Tampoco Jara es la encarnación incontestable del “progreso” democrático; se trata de una dirigente del Partido Comunista de Chile, fuerza que en su historia reciente, por no hablar de su pasado estalinista, ha convivido con una visión instrumental de la democracia y que todavía debate internamente su relación con los modelos políticos de Cuba o Nicaragua. Convertirla en símbolo inocente de la institucionalidad democrática sólo es posible a costa de ignorar su trayectoria real.

La exageración conceptual se vuelve todavía más evidente cuando se contrasta el panfleto partidario con las palabras del presidente Yamandú Orsi, quien ensayó una valoración mucho más sobria y rigurosa. Consultado sobre la primera vuelta, afirmó que “en Chile hay una tendencia que marca que hay un movimiento pendular entre la izquierda y la derecha, o centroizquierda y centroderecha, que sigue activo”. No habló de “ultraderechas”, ni de fantasmas pinochetistas, ni de cruzadas épicas por la democracia. Simplemente reconoció un dato objetivo: la política chilena se ordena, desde hace décadas, en un péndulo institucional que alterna administraciones moderadas de uno u otro campo, incluso cuando los candidatos provengan de fuerzas más nítidas ideológicamente. Ese diagnóstico no sólo es preciso, sino que evita el reduccionismo que tanto daño ha hecho a la comprensión de los procesos políticos.

El comunicado del FA incurre en una frivolidad similar a la que lleva a etiquetar como “ultraderechistas” —incluso por parte de muchos periodistas— a Javier Milei, Donald Trump o Giorgia Meloni, categoría que estas figuras no admiten y que, además, empobrecen el análisis político. No porque sus gobiernos no sean disruptivos ni controversiales, sino porque el concepto de “ultraderecha” ha terminado convertido en una bolsa sin rigor donde cabe cualquier actor que incomode a la izquierda. En vez de describir fenómenos reales, la etiqueta funciona como un espantapájaros retórico destinado a blindar identidades políticas internas. El caso chileno parece haberse convertido para los sectores frenteamplistas uruguayos en otro capítulo de esa batalla simbólica.

El balotaje del 14 de diciembre será un episodio importante en la política chilena, pero está lejos de representar esa batalla apocalíptica entre democracia y autoritarismo que imagina el Frente Amplio. Chile no está ante un retorno del pinochetismo ni ante una cruzada igualitaria sin sombras. Se trata de una competencia entre proyectos democráticos legítimos, con diferencias ideológicas claras, trayectorias controvertidas y liderazgos que generan adhesiones y rechazos, como ocurre en cualquier democracia madura. Convertir esa realidad en una caricatura impide ver lo que realmente está en juego: un país que intenta resolver sus tensiones internas sin quedar atrapado en la nostalgia traumática de su propio pasado.

El desafío debería ser analizar estos procesos con serenidad, sin repetir eslóganes heredados ni forzar interpretaciones que sólo alimentan la polarización. La historia chilena enseña que los excesos retóricos siempre terminan costando caro. Lo paradójico es que, medio siglo después, todavía haya quienes prefieran la comodidad de la épica antes que la exigencia de la comprensión. Pero viniendo de quienes viene, no sorprende aunque resulta triste y patético.

Por Elena Grauert

La medida de una sociedad se revela en cómo cuida a quienes no pueden alzar la voz.

La seguridad se ha convertido en uno de los grandes temas del siglo XXI. En América Latina, donde el crimen organizado opera con capacidad financiera, logística y militar sin precedentes, la disputa por el control territorial ya es una cuestión estructural. Uruguay, aunque aún lejos de los escenarios más extremos, no está inmune. Fingir que sí lo está sería una irresponsabilidad estratégica.

Es por ello que bregamos por un llamado a responsabilidad del poder político; es un tema que no se puede dejar pasar y debería haber un gran consenso nacional en cuanto a la forma de luchar contra ese flagelo.

Basta mirar lo que sucedió en Brasil, donde según algunos analistas casi el 60% del territorio en Río de Janeiro está bajo el poder de las bandas del narcotráfico.

El control territorial no significa ausencia total del Estado, sino algo más corrosivo: suplantación parcial de autoridad, capacidad de imponer reglas propias, extorsionar, cobrar “peajes” y operar con impunidad. Hay una clara lucha entre las bandas de narcotraficantes y la institucionalidad. La enorme capacidad económica y el uso de la fuerza llevan a que tengan una enorme capacidad de corromper a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad y la justicia.

En ese marco, no debemos olvidar el ataque a la fiscal Mónica Ferrero o lo sucedido en el INR; ambos son muestras de la clara intención de amedrentar e imponer la ley de la fuerza y la violencia.

Lamentablemente, nuestro Puerto de Montevideo hoy es mencionado junto a Asunción y Rosario como uno de los puertos de salida de cocaína hacia Europa, lo que significa que es un lugar de fácil tránsito debido a la logística portuaria y los controles insuficientes.

Desde el año 2022, la tasa de homicidios se estabilizó en torno a 11 cada 100.000 habitantes. Lo que marca claramente que hay una violencia sostenida y que no decrece. La baja de hurtos, rapiñas y abigeato registrada entre 2019 y 2024 no logró modificar el núcleo duro del problema: los homicidios vinculados al narcomenudeo y a los ajustes de cuentas.

Las cárceles son centros desde los cuales manda el crimen organizado, y los grupos criminales apuntan a líderes barriales, comisiones vecinales y referentes comunitarios para controlar territorio y legitimidad social. Según una entrevista a Pablo Zeballos en el diario El Observador del 20 de octubre de 2025, titulada El crimen organizado va por los líderes barriales, se estaría viviendo en la “cuarta ola” de crimen organizado: el poder de los narcotraficantes se internacionaliza; no solo se ocupan del tráfico de drogas, sino además de otros tipos de actividades delictivas. Son bandas que toman los barrios por el poder de las armas y someten a su gente, muchos exconvictos que dentro de la cárcel se organizan y mandan afuera. Así cuentan que nacieron el PCC, Comando Vermelho y el Tren de Aragua.

El cierre de bocas o el combate al narcomenudeo y al ingreso de droga a cárceles —que aumentó la cantidad de mujeres presas— no logró derribar la barrera de bajar la criminalidad relacionada con las bandas criminales.

Es como si existieran dos países, con códigos diversos y con una tensión permanente: un país institucional, democrático, que aún conserva fortaleza estatal, y otro donde mandan actores armados con códigos propios, economías paralelas y una legalidad basada en el miedo. La ley del narcotráfico es matar o morir: las reglas son la antinorma, no hay contratos, hay coerción; no hay normas, hay dominio; no hay justicia, hay represalia.

Esta sórdida lucha que enfrentan los Estados muchas veces lleva a justificar gobiernos como el de Bukele. Ese tipo de enamoramientos frente a gobiernos autoritarios genera mucha violencia, Estados policíacos o militarizados que se transforman rápidamente en Estados de facto, donde se termina justificando todo. Lo que importa es el fin, el leviatán que atropella los derechos de las personas y, en nombre del fin, comete los atropellos más grandes, haciendo decaer las democracias republicanas.

También, como contracara, las democracias “naif”, de espaldas al problema y donde las personas no encuentran ni policía ni justicia que los ampare, terminan generando Estados fácilmente corrompibles por falta de garantías y respaldo a la seguridad. Esto genera un campo fértil para el crecimiento de bandas delictivas.

También lo han sido aquellos Estados populistas o dictaduras que transan con el narcotráfico para tener divisas rápidamente y cuya economía se basa en facilitar insumos y bases de operaciones para la delincuencia.

Las democracias que entregan derechos por seguridad terminan debilitadas, dependientes de liderazgos personalistas y expuestas a abusos irreversibles. La historia latinoamericana es clara en esto. Estas historias se repiten en forma constante, con fines y motivos diferentes, pero impera la pérdida de derechos. La fiesta del chivo, de Vargas Llosa, lo novela perfectamente.

Es imprescindible, en estos momentos, contar con una institucionalidad fuerte y poderosa, con políticas de Estado a largo plazo que no dejen avanzar el narcotráfico, con sociedades empoderadas; lo que significa que tengan educación y valores que las amparen. Son las sociedades las que deben estar fuertes para no caer. No basta solamente el Estado como actor: importa, y mucho, la sociedad civil que penetre y genere valores en defensa de la legalidad.

Es evidente que las penas deben ser duras contra dichas bandas; se debe contar con cárceles más garantistas, que interfieran en la generación y fortalecimiento de las bandas, tratando de inhibir las comunicaciones entre ellas y proteger a los más débiles de ser víctimas de extorsión.

Es fundamental tener control en todos los barrios con mucha seguridad policial, clubes deportivos, escuelas, liceos y policlínicas.

Se debe continuar la lucha cerrando las bocas, pero además aplicando mucha inteligencia policial, investigando el curso del dinero para reducir incentivos del narcomenudeo y protegiendo a los jóvenes de entornos violentos.

Las personas deben sentirse respaldadas, alejándolas de círculos de violencia, para que no sea negocio entrar en ese mundo por los riesgos y por la forma en que siempre termina: con muerte o con pérdida de derechos, quedando a la orden del matón de turno.

El no consumo y el cuidado de la salud mental son dos factores importantes para salvar vidas. Y eso solo se logra con mucha educación y control del barrio.

• Tecnología aplicada: scanners, análisis de riesgo, cooperación internacional, datos cruzados y trazabilidad.
• Reforma penal y protección institucional: castigos agravados a quienes ataquen a policías, fiscales o jueces.

Por Tomás Laguna

En tanto progresa en su concreción el acuerdo comercial bilateral entre el gobierno de Trump y la Argentina de Milei, resulta llamativa y preocupante la falta de reacción y definiciones contundentes de parte de nuestro gobierno, atendiendo los perjuicios que este significa para nuestra economía.

Desde estas mismas páginas advertimos sobre los perjuicios para la economía uruguaya de concretarse la dádiva comercial del presidente Trump a su colega Milei. Si así fuera, y todo apunta a que así será, los intereses agroexportadores de nuestro país en uno de sus principales rubros de exportación se verán afectados al perder condiciones de equidad en el acceso a nuestro principal mercado para la carne bovina. Creemos haber sido de los primeros en advertirlo en la edición del viernes 24 de octubre.

Desde entonces se sucedieron comentarios, declaraciones ambiguas, respuestas evasivas seguramente ante el temor de quedar mal parados. El canciller subestimó el tema cuando fue inquirido por la prensa, seguramente más preocupado en la estatua de Ho Chi Minh y la posibilidad de un acuerdo comercial con Vietnam. Posteriormente escuchamos al ministro de Economía responder que se está en diálogo con las autoridades argentinas en el seguimiento del acuerdo. Error, ¿no será con las autoridades del gobierno de Trump con quien se hace necesario entablar diálogo? ¿O es que este interlocutor conlleva históricos prejuicios ideológicos para nuestro gobierno?

Llamó poderosamente la atención el silencio desde las gremiales del agro, en particular las ganaderas. Tal vez exista cierto fatalismo ante lo que muchos consideraron hechos irreversibles imposibles de torcer. Pero mucho más preocupante ha sido el refugio y falta de convicción de las propias autoridades de gobierno al momento de exigírseles una posición y definición de estrategias en tan complejo tema.

Es claro que el diferendo comercial al que se ve expuesto nuestro país exige recurrir a la más fina e inteligente estrategia diplomática. Por cierto que no estamos en los tiempos en que la OMC cobijaba los derechos comerciales de todos sus países miembros enmarcados en las reglas de juego del multilateralismo. Una cosa es el derecho internacional amparando a todas las economías concurrentes de los mercados mundiales, otra la prepotencia patotera que, a nadie escapa, es la nueva medida de fuerza para los acuerdos comerciales. Decíamos en nuestra columna del 24 de octubre que “resulta un tanto ingenuo, una real pérdida de tiempo, pretender doblegar la decisión del presidente norteamericano a través de un organismo multilateral que él mismo se encargó de dinamitar durante su primera presidencia”. Agregábamos entonces que nuestro país no puede quedar de brazos cruzados; en todo caso, son otros los mecanismos necesarios hoy. Como nunca, debemos recurrir al más fino arte en la práctica de la negociación diplomática en defensa de los legítimos intereses de nuestro país.

Hay opinantes calificados que se han manifestado en forma proactiva entendiendo que estamos ante una oportunidad para lograr beneficios similares, siendo que los Estados Unidos, más allá de sus acuerdos comerciales por afinidades ideológicas, necesita como nunca abastecerse de carne vacuna ante la reducción de su stock y problemas crecientes en la eficiencia de sus sistemas productivos.

Otros, también por la positiva, entienden que, de prosperar el acuerdo Trump–Milei, quedarán en entredicho las rigideces del Mercosur, obligando a su flexibilización.

Ambas apreciaciones alientan expectativas para que se luzca lo mejor de nuestra diplomacia atendiendo nuestros intereses más genuinos en materia de comercio exterior.

No pretende este espacio profundizar en el análisis de estas complejas circunstancias a las que se enfrenta nuestro país. Lo que sí preocupa es la pasividad y falta de reacción desde el gobierno, que por momentos parece sobrepasado por la dimensión del problema.

En atención a estos temas fue que recientemente concurrió a la Comisión de Ganadería de Diputados, convocado por el diputado colorado Carlos Rydström, el presidente de INAC, Cr. Gastón Scayola. De su intervención surgió, en forma preocupante, que no existe un plan de gobierno en atención al tema, reconociendo Scayola no haber recibido ningún lineamiento del MGAP ni de Cancillería. Preocupante y grave reconocimiento del jerarca de INAC.

Por cierto, el gobierno sigue mostrándose muy firme y agresivo en el cuestionamiento y denuncia del contrato para la construcción de las lanchas patrulleras. Faltaba más. Pero en este más que complejo diferendo en comercio exterior, con consecuencias infinitamente más graves y extensivas en el tiempo, no atina a dar respuesta, acaso superado por la dimensión de los actores involucrados.

Ya no es solo asunto de proteger nuestros intereses en materia de comercio exterior, mucho más que eso. De por medio hay un tema de dignidad y respeto que debe hacer valer nuestra República. No queremos perder 5 a 1 también en esta cancha...

Por Susana Toricez

El derecho al reclamo no debería implicar negarle el plato de comida a un niño.

Desde el año 1985, ya con la vuelta de la democracia, comenzaron los reclamos sindicales del PIT-CNT y también los paros.

Los días de paro y viviendo en el interior, pude ver de cerca y no sin tristeza a muchos niños que llegaban a la escuela y encontraban las puertas cerradas.

Ese día no concurrían las maestras; por lo tanto, no había comedor. Para muchos de ellos la comida de la escuela era la única del día, pero a pesar de eso, ese día en la escuela no comían. Me llamaba la atención cómo a nadie le importaba. Muchos recorrían kilómetros a pie, a caballo o en bicicleta para llegar al local escolar donde pasaban más de medio día. Aun así, esperaban que alguien abriera la escuela. Pero para los promotores de esos movimientos sindicales, poco importaba si los niños no comían.

Con el tiempo se implementó otra forma de gestión, y no quedaron niños sin almuerzo.

Pero, ¡oh tristeza!

Actualmente, y con el tema de que muchos paros por agresión a docentes son resueltos por Ademu-PIT-CNT a horas muy tarde del día y no hay tiempo de hacer las coordinaciones necesarias, nuevamente no ha habido comida en las escuelas donde los docentes no concurren por el paro.

En Montevideo también quedan niños sin comer por priorizar intereses del sindicato. Nuevamente los niños son rehenes de los reclamos de los adultos.

Pienso: ¿y los derechos humanos de esos niños? ¿Quién ve por ellos? ¿Para nadie son prioridad?
La pregunta sin respuesta me golpea otra vez: ¿vale la pena priorizar un reclamo, por válido que sea, dejando así sea a un solo niño sin comer? Alguien con un poco de sentido común y responsabilidad debería, al menos, hacerse esa misma pregunta.

Pero es precisamente al mismísimo PIT-CNT, al mismo que no le preocupa que haya niños que queden sin comer, el que, invocando la pobreza infantil, pretende gravar a quienes ellos llaman “ricos”.

Y, a propósito, hago este razonamiento:

Un padre que siempre estuvo en pie a las 6 de la mañana sale a trabajar. Llueva o truene, sale.

Una madre que, luego de dejar encaminada la casa y mandar los hijos a la escuela, también sale a trabajar. Llueva o truene, sale.

No existen gripes, ni dolores de cabeza, nada. Es dar el ejemplo, primero y principal.

En ese hogar humilde, pero trabajador, un hijo logra obtener un título universitario. Ese mismo joven, que a base de esfuerzo logra primero un título, accede luego a un coche y también más adelante a una casa. Trabaja 12 horas, con guardias de 24 horas día por medio, y es únicamente en base a su esfuerzo personal que hoy forma a sus hijos sin sobresaltos económicos. Viajan, salen de vacaciones y logran vivir bien.

Ahora resulta que si ese esforzado ciudadano logra llegar a más riqueza, siempre por su esfuerzo, para el PIT-CNT ese hombre es millonario, está en deuda con la sociedad y debe pagar, como si hubiera cometido un delito. Y sin más ni más, la central de “trabajadores” propone un plan para gravar con mayores impuestos a esos que, para ellos, son una élite. Una propuesta absolutamente injusta, que sanciona a quienes tuvieron el coraje de desafiar al destino y se pusieron a trabajar fuerte.

A esos que son millonarios en fuerza de voluntad, en fortaleza de espíritu, en perseverancia, alejados absolutamente de la queja improductiva y sistemática. Quitarle al rico para darle al pobre. Principios filosóficos de una izquierda obsoleta, que ha fracasado en el mundo entero. Y todavía se llenan la boca hablando de justicia y que lo recaudado va a ir para asistir a la pobreza infantil. Seguramente hay niños con necesidades, esos mismos que utilizan como rehenes para promocionar sus proclamas obsoletas, dejándolos sin comer.

Pero también es cierto que, de esos propulsores de la iniciativa, que son los dirigentes del PIT-CNT, ninguno arranca para las 8 horas para tratar de vivir mejor. Porque la realidad es que a ningún integrante de la central de trabajadores, es decir, a ningún dirigente gremial, le importan realmente los niños de nuestro país.

Eso está más que comprobado. Lo vemos a diario. ¿Y saben por qué? Porque ellos viven mejor que nadie. Siendo socios vitalicios del club “Esfuerzo Cero”, ganan lo que quieran, y más también.

Le guste a quien le guste, esa es la auténtica realidad. ¡Y que alguien me desmienta!

Por Juan Carlos Nogueira

El lenguaje es el primer territorio que pierde una sociedad que deja de pensar.

Vivimos en una época en la que el valor de pensar libremente se ha vuelto un acto de riesgo. Lo que antes era virtud —la capacidad de disentir, de poner en duda lo establecido, de hablar respetuosamente aunque incomode— hoy parece una amenaza para el orden del consenso. El espíritu crítico, antaño motor de las revoluciones intelectuales, se ve desplazado por una forma nueva de servidumbre: la de la corrección, la de la opinión aceptable, la del pensamiento domesticado: la de lo “políticamente correcto”.

La masa, acostumbrada a la comodidad de repetir lo que otros dicen, ha dejado de pensar. Muchos han renunciado al esfuerzo de pensar por sí mismos. Sus pensamientos son las opiniones de otros, sus vidas una imitación, sus pasiones se reducen a perfiles en redes sociales y fútbol.

El hombre contemporáneo ya no busca la verdad, sino la aprobación. Ama el poder —aunque sea el mínimo poder de pertenecer a una tribu ideológica— más que la lucidez. Así, el debate público se degrada en un ritual de obediencias, donde la razón cede ante la sensibilidad y la verdad ante el sentimentalismo. No se busca comprender, sino aplaudir; no se dialoga, se repite. Y quien se atreve a decir lo que no se quiere oír queda marcado con el estigma de lo ofensivo, retrógrado o peligroso.

La tolerancia, que alguna vez fue virtud democrática, se ha convertido en su parodia: una tolerancia tan absoluta que termina por prohibir el pensamiento disidente. Hoy la inteligencia camina de puntas de pie, cuidando no herir las susceptibilidades del rebaño. Aquella frase apócrifa atribuida a Dostoievski, “Llegará un día en que la tolerancia alcanzará tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”, se hizo realidad.

El miedo a ofender ha reemplazado al deseo de comprender. Pero la libertad, si ha de tener sentido, consiste precisamente en poder decir aquello que incomoda. Allí donde el disenso se vuelve delito moral, comienza la tiranía de la mayoría.

En toda sociedad que teme a las ideas, el lenguaje es el primer campo de batalla. Cuando las palabras se adulteran para encubrir lo que no se quiere nombrar, el pensamiento se corrompe. Y de esa corrupción del lenguaje nace, inevitablemente, la corrupción del juicio. El revisionismo moral y las fórmulas burocráticas que reemplazan el pensamiento por eufemismos no liberan, anestesian. Y una sociedad que se habitúa a hablar con miedo termina pensando con miedo.

La historia reciente de Uruguay ofrece un ejemplo de esta deriva. La izquierda erigió un relato sesgado y cerrado, un catecismo de la memoria que no admite matices ni disidencias. Se predica una verdad oficial —la única permitida— sobre el pasado, mientras todo cuestionamiento es tachado de negacionismo o de insensibilidad moral. El poder de la mayoría, advertía un pensador lúcido del siglo XIX[1], no se limita a hacer leyes: domina también las almas y las ideas. En nombre de la tolerancia, se imponen el pensamiento único y un credo político que es incluso enseñado en las aulas.

En esta atmósfera, la corrección política funciona como una nueva forma de censura, más sutil y más eficaz que las de antaño. No prohíbe ideas quemar libros, sino descalificar personas y tergiversar la historia.

El miedo al juicio público —o, peor aún, al linchamiento digital— ha domesticado el alma de los intelectuales. Muchos prefieren callar antes que arriesgar la etiqueta de “intolerante”. Pero el silencio del inteligente es el triunfo del mediocre.

El conformismo se disfraza de compasión. El miedo a juzgar se disfraza de respeto. La comodidad de no pensar se disfraza de empatía. Cada concesión al consenso —cada renuncia a decir lo que pensamos por no incomodar— nos roba un fragmento de libertad. Así se pierde la independencia del espíritu: no en un estallido, sino en una sucesión de pequeños silencios, de palabras tragadas, de gestos de sumisión disfrazados de cortesía.

Esta lógica del consenso también ha extendido su dominio sobre los nuevos dogmas culturales, como la llamada ideología de género. Lo que comenzó como un movimiento legítimo por la igualdad se ha transformado, en manos de sus burócratas morales, en un aparato doctrinario que dicta qué puede decirse, cómo puede pensarse y quién tiene derecho a opinar. Las categorías biológicas se vuelven opiniones, y las opiniones, delitos. El lenguaje deja de ser herramienta de pensamiento y se convierte en campo de vigilancia. No se busca comprender la complejidad de lo humano, sino imponer una moral de etiquetas.

Un tercer ejemplo del abuso de tolerancia es la declaración política del Directorio de la JUTEP que convalidó la conducta del Presidente de ASSE, pese a que la asesoría letrada informó que violó la Constitución. ¿Hasta dónde se puede continuar siendo indolentemente tolerante? Creo que hay que decir basta.

Algunos podrían tildar mis ideas de “intolerantes” y rechazarlas sin mayor análisis. Pero antes de que alguien invoque la paradoja de la tolerancia de Popper[2] para acusarme de atentar contra la tolerancia, conviene recordar que el propio Popper aclara que no se deben prohibir las ideas —ni siquiera aquellas que alguien pueda juzgar como intolerantes— mientras puedan contrastarse con la razón y el debate público.

Toda sociedad que sofoca la diversidad de opiniones termina perdiendo la verdad. No hay libertad de palabra sin libertad de pensamiento, y no hay pensamiento libre sin el valor de disentir. Cuando la educación enseña dogmas, deja de enseñar a pensar. El estudiante moderno ha sido convencido de que no existen verdades, solo opiniones, y a esa confusión la llaman “tolerancia”. El resultado no es una sociedad más justa, sino más dócil: una comunidad que confunde la bondad con el silencio, la justicia con la obediencia y la libertad con el derecho a repetir consignas.

La libertad de expresión no consiste en garantizar la comodidad del oyente, sino en preservar la dignidad del hablante. El precio de decir la verdad es la posibilidad de herir sentimientos; pero el precio de no decirla es mucho mayor: la degradación del alma pública.

Cuando el miedo a ofender se impone sobre el deseo de pensar, la sociedad renuncia a su condición humana. Y cuanto más se aleja una comunidad de la verdad, más odiará a quienes la pronuncian.

Pensar libremente, en este tiempo de conformismo disfrazado de bondad, es un acto de resistencia. Defender el derecho a decir lo impensable es la última frontera de la dignidad intelectual. En una era que idolatra la sensibilidad y desprecia la razón, el coraje no consiste en gritar, sino en sostener lo verdadero cuando todos callan. Porque una sociedad que teme al pensamiento está más cerca de la servidumbre que de la justicia.

La nueva tiranía no lleva uniforme ni cadenas: sonríe, aplaude, promueve la inclusión y pide respeto. Pero debajo de su máscara amable se esconde el mismo impulso de siempre: el de domesticar al hombre libre. Frente a ella, solo queda la rebeldía del pensamiento. Pensar hoy es el acto más intolerante de todos; y expresarlo es una herejía.

“No es mediante la fuerza física, sino mediante el dominio de las ideas, que se prepara el camino del totalitarismo”.[3]

[1] Alexis de Tocqueville. La Democracia en América.

[2] Popper, K. R. (1945). The Open Society and Its Enemies (Vol. 1). London: Routledge.

[3] Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom.

Por Eduardo Zalovich

Una historia de exilios paralelos que aún condiciona la geopolítica del Medio Oriente.

A comienzos del siglo XX, Palestina era parte del Imperio Otomano. Una provincia atrasada y pobre. El nombre fue impuesto por Roma tras derrotar la rebelión macabea del 135 d. C. Convivían musulmanes, cristianos y judíos. Tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Imperio Otomano se derrumbó y Gran Bretaña obtuvo el control de la zona por mandato de la Sociedad de Naciones. En 1917, Londres aprobó la Declaración Balfour, respaldando la idea de un “hogar nacional judío”, aunque su cumplimiento fue dudoso. Cuando el antisemitismo alcanzó niveles insoportables —pogromos en Rusia, discriminación en Europa—, tomó fuerza la ideología sionista. Nacido a fines del siglo XIX, promovió la inmigración a Palestina soñando con crear un estado judío en la bíblica tierra de Israel. Vale destacar la transparencia del objetivo sionista, en estos tiempos cuando muchos ignorantes lo usan como insulto.

Los hebreos eran minoría, pero su vínculo con la tierra era milenario, como también el de los cristianos. Los judíos comenzaron a llegar en oleadas. Compraban tierras, a menudo a precios altos a terratenientes árabes, las trabajaban y hacían progresar. De esa época surgen los famosos kibutz, aldeas agrícolas que hicieron florecer zonas desérticas. Los árabes locales vieron aquel desarrollo con recelo. Su líder, el Gran Muftí Haj Amin al-Husseini, un aliado de Hitler, llamó a la rebelión. Entre 1920 y 1939, hubo masacres, ataques a comunidades hebreas y fuertes represalias. El sueño sionista seguía en pie, pero su precio sería muy alto.

Entre 1939 y 1945 Europa cayó en la más profunda noche. Una guerra como nunca hubo, con más de 60 millones de muertos. La ridícula teoría racial nazi consideraba judío a cualquiera que tuviera un abuelo de ese origen, y así fueron asesinados incluso religiosos cristianos. Un caso famoso fue la hermana Edith Stein, alemana convertida al catolicismo y beatificada por el papa Juan Pablo II. Muy distinta fue la actitud silenciosa de Pío XII, que no denunció nada hasta la victoria aliada.

La tragedia del Holocausto cambió todo: la idea de un Estado hebreo pasó de ser un sueño político a una necesidad vital. Al mismo tiempo, la causa árabe quedó marginada en un mundo centrado en reparar la catástrofe europea, que causó millones de desplazados y cambios de fronteras nacionales.

El error palestino

En 1947, Londres aceptó que la violencia era incontrolable, y la ONU decidió dividir Palestina en dos estados: uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos aceptaron el plan; los árabes lo rechazaron. La superficie total del territorio sumaba apenas 27.000 km², similar a la superficie sumada de Maldonado, Artigas, Paysandú y Colonia. Tanto Washington como Moscú la apoyaron, y Uruguay gobernado por Luis Batlle fue uno de sus principales defensores, con una destacada acción del diplomático Rodríguez Fabregat. También los blancos y el PS de entonces apoyaron la resolución.

En 1948 Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Horas después, cinco ejércitos árabes invadieron el país. La guerra fue cruel. Contra todo pronóstico, terminó con la victoria judía.

Casi 700.000 palestinos huyeron, hecho que llaman Nakba (“catástrofe”). Israel, por su parte, tras rechazar la invasión, aumentó el territorio previsto por la ONU. Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania, y las regiones destinadas al estado árabe pasaron a manos de Egipto (Gaza) y Jordania (margen occidental del río Jordán). En paralelo, otro drama ocurrió en sentido inverso: unos 850.000 judíos fueron expulsados de países árabes, siendo absorbidos por Israel. Así, dos pueblos quedaron marcados: los palestinos como refugiados en naciones musulmanas —que se negaron a integrarlos— y los judíos como ciudadanos israelíes.

Los palestinos fueron registrados por la ONU en una agencia especial, la UNRWA, creada en 1949. Sus descendientes, unos cinco millones, mantienen el estatus de refugiados, viviendo al principio en campamentos que ahora son barrios normales. El drama de ambos pueblos se refleja en su identidad nacional. Para los palestinos, la experiencia del exilio define su nación. Su relato histórico omite el hecho de que si hubieran aceptado la propuesta de 1947 tendrían su estado, al igual que Israel. Para los israelíes, su historia milenaria, las persecuciones y la necesidad de refugio legitiman su soberanía.

A lo largo de los años, diversos intentos de paz (Oslo 1993, Camp David 2000, Annapolis 2007) han fracasado.

En El Cairo, Trípoli, Bagdad o Damasco llevaban siglos viviendo, hablando árabe, componiendo música, escribiendo. Pero tras 1948, sus vecinos se volvieron enemigos. Sus tiendas fueron saqueadas, sus sinagogas incendiadas y sus casas confiscadas. La mayoría escapó a Israel, donde el joven Estado, pobre y rodeado de enemigos, los recibió. Vivieron en tiendas, en barracas, en condiciones duras, pero estaban libres. Y juntos —judíos europeos y orientales, sobrevivientes y recién llegados— reconstruyeron un país de la nada.

Dos pueblos, enfoques opuestos

La diferencia entre ambos éxodos es abismal. Los refugiados palestinos fueron mantenidos en campamentos por sus hermanos árabes. Los países que los acogieron —excepto Jordania— les negaron la ciudadanía, esperando que su miseria sirviera como arma política contra Israel. La UNRWA, una agencia especial de la ONU, se encargó de ellos, pero en lugar de integrarlos, perpetuó el concepto de "refugiado heredado", algo único en el mundo: los hijos, nietos y bisnietos de quienes huyeron en 1948 siguen siendo considerados refugiados.

En cambio, los refugiados judíos de países árabes fueron absorbidos por Israel. No hubo una agencia internacional, ni campamentos permanentes, ni subsidios eternos. Hubo trabajo y una voluntad inquebrantable. En una generación, esos inmigrantes eran maestros, médicos, periodistas, militares, políticos.

Hoy, casi ocho décadas después, las heridas siguen abiertas. Los palestinos reclaman el “derecho al retorno” a las aldeas de 1948, algo que Israel no puede aceptar sin renunciar a su identidad judía. Mientras tanto, Israel se ha convertido en una democracia vibrante, donde conviven judíos de cien orígenes distintos y también ciudadanos árabes y cristianos con plenos derechos. El mundo árabe, lentamente, ha comenzado a reconocer la realidad. Los Acuerdos de Abraham entre Israel y varios países árabes mostraron que la reconciliación es posible cuando se supera el odio y se mira hacia el futuro.

Tanto el pueblo judío como el palestino conocen el dolor del exilio. Ambos perdieron hogares, ambos soñaron con regresar. Pero mientras unos se reconstruyeron con esfuerzo, otros fueron condenados —por sus propios líderes— a vivir del pasado. La elección es de enfoque: el sufrimiento puede ser una cárcel o un motor. Israel eligió que fuera un motor. De las cenizas del Holocausto nació un país que floreció: agrícola, tecnológico, fuerte y democrático. Los judíos del mundo, al mirar hacia Israel, ven no sólo un Estado, sino una respuesta a su historia: nunca más serán refugiados por no tener quien los reciba. Millones de gentiles apoyan esta visión.

Israel no nació del despojo, sino del retorno. El día que los pueblos árabes reconozcan este hecho, se alcanzará la paz. Y habrá que seguir buscando la fórmula en que los palestinos se gobiernen a sí mismos, logrando a su vez fronteras seguras para Israel. Quizás la actual tregua, tras dos años de guerra, permita hallar la solución.

Por Alvaro Valverde Urrutia

El acuerdo entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Milei y Trump, ha generado un fuerte movimiento en la agenda comercial del Mercosur y en sus relaciones con la Unión Europea. Mientras el bloque observa cómo esta apertura podría afectar el comercio y la integración interna, cada país miembro evalúa los efectos positivos y negativos de este nuevo escenario, entre expectativas de crecimiento y cautela ante posibles tensiones.

El acuerdo bilateral Milei–Trump marca un giro hacia la liberalización del comercio, con la eliminación o reducción de barreras para determinados productos y la apertura de mercados que antes eran más limitados para Argentina. Desde la perspectiva argentina, el arreglo promete un incremento en las exportaciones industriales y agropecuarias, además de atraer inversiones estadounidenses. Sin embargo, esta apertura parcial plantea interrogantes sobre su alcance real: no se trata de un acuerdo de libre comercio, sino de un acuerdo sectorial que prioriza ciertos rubros estratégicos, dejando fuera industrias y productos que podrían quedar expuestos a la competencia externa sin protección.

La implementación de este acuerdo también genera tensiones internas en el Mercosur, ya que países como Brasil, Paraguay y Uruguay deben analizar cómo equilibrar sus intereses frente a un miembro que decide avanzar unilateralmente en una política comercial más agresiva. Esta misma apertura plantea desafíos importantes para los socios regionales.

Uruguay, por ejemplo, adopta una postura cautelosa. Aunque un mayor flujo comercial argentino hacia Estados Unidos podría generar oportunidades de cooperación y complementariedad, también existe el riesgo de que productos argentinos compitan directamente con los uruguayos en mercados estratégicos. La necesidad de equilibrar los beneficios potenciales con la protección de su propia industria y de sus agroexportaciones mantiene al gobierno uruguayo en alerta, evaluando estrategias de coordinación dentro del bloque.

Paraguay enfrenta un escenario similar: un incremento de importaciones estadounidenses a través de Argentina podría afectar la demanda de productos paraguayos en mercados regionales, obligando a realizar ajustes internos en sus políticas de comercio exterior.

Brasil, aunque mantiene un vínculo institucional con Argentina, observa con atención que este tipo de acuerdos bilaterales puede debilitar la cohesión —prácticamente nula en el plano político— del Mercosur y ejercer presión sobre su estrategia de negociación externa.

Al mismo tiempo, el acuerdo Milei–Trump tiene repercusiones indirectas sobre las negociaciones con la Unión Europea. La expectativa de un acuerdo Mercosur–UE se ve condicionada por la dinámica que genera un miembro del bloque que busca avanzar con terceros países. Si bien la UE observa con interés la apertura de nuevos mercados, persisten dudas sobre la protección de sectores sensibles, especialmente la agricultura europea, que teme la entrada de productos del Mercosur sin cumplir los mismos estándares sanitarios y ambientales.

La implementación del acuerdo argentino–estadounidense podría servir como antecedente de flexibilización y modernización del Mercosur, impulsando a la región a acelerar negociaciones. Pero también genera fricciones internas sobre la estrategia del bloque frente a socios externos.

Entre los aspectos positivos, la apertura comercial puede generar mayor inversión y empleo en sectores estratégicos de Argentina y, a nivel regional, incentivar la competitividad y la diversificación de mercados. Entre los riesgos, sobresalen la fragmentación del Mercosur, la presión sobre productores locales de otros países del bloque y la necesidad de negociar cláusulas de salvaguardia que protejan intereses comunes.

En este escenario, la clave para Uruguay, Paraguay y Brasil será mantener un equilibrio entre aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo Milei–Trump y proteger sus economías frente a efectos secundarios indeseados. La coordinación intra-Mercosur y la negociación paralela con la UE se vuelven esenciales para que los beneficios se amplíen a toda la región y no se concentren en un solo país.

Los ecuatorianos bloquearon el proyecto reformista del presidente y la misión de la OEA, a cargo de Nicolás Albertoni, nuestro exvicecanciller, certificó una jornada pacífica y sin irregularidades.

El pasado domingo los ecuatorianos dijeron no a las cuatro consultas que impulsaba el presidente Daniel Noboa, rechazando de manera clara la propuesta de abrir un proceso constituyente y las tres reformas puntuales que buscaban modificar la Carta Magna —entre ellas permitir bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público a partidos y reducir el número de asambleístas— con márgenes relevantes que, según los conteos oficiales y la prensa, superaron la mayoría simple en cada pregunta. Estos resultados fueron interpretados por analistas como un retroceso directo al proyecto político del mandatario.

Qué se votó, en concreto

La votación incluyó una pregunta que habilitaba una eventual Asamblea Constituyente (la más trascendente para el Ejecutivo) y otras tres reformas puntuales. Con la mayor parte del escrutinio, el “no” se impuso con porcentajes altos: el rechazo a la Constituyente llegó a alrededor del 61% en los conteos tempranos; la propuesta sobre bases militares fue desechada por cerca del 60% y las otras consultas también registraron márgenes de rechazo significativos. El resultado fue tajante y homogéneo en varias regiones urbanas y en amplios sectores rurales.

Implicancias políticas e institucionales para el gobierno de Noboa

Políticamente, el referéndum marca un freno al empuje reformista del presidente. Aunque Noboa mantiene índices de imagen pública todavía relevantes en ciertos segmentos, perder en las urnas una consulta que había liderado desde el Ejecutivo revela límites de credibilidad y problemas de comunicación de su proyecto: convocar a una constituyente sin ofrecer un relato claro sobre su alcance y garantías resultó, para muchos electores, una señal de riesgo institucional. Analistas citados por la prensa interpretan que la derrota complica la hoja de ruta del gobierno —reduce su margen para cambios estructurales, obliga a negociar con mayor cautela y potencia a actores de oposición e indígenas que supieron articular el rechazo.

En lo inmediato, el gobierno deberá decidir si lleva adelante reformas parciales por la vía legislativa, si intenta reeditar alguna propuesta con otra fórmula o si opta por un cambio de estrategia centrado en gestión concreta (seguridad, empleo, servicios) para recuperar confianza. El golpe electoral también puede alimentar tensiones internas en la compleja coalición que respalda a Noboa, y abre espacio para que la oposición capitalice el resultado en la arena legislativa y territorial.

La jornada electoral y la observación internacional: la OEA y Nicolás Albertoni

La Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de observación encabezada por el uruguayo Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay, designado por el secretario general del organismo para liderar la misión. La OEA calificó la jornada como pacífica y sin incidentes que comprometeran el normal desarrollo del proceso, y sus observadores recorrieron centros de votación para constatar funcionamiento y condiciones de seguridad. Albertoni y su equipo verificaron apertura de mesas, orden logístico y ausencia de incidentes graves durante la votación.

Hay dos razones que hacen reseñable la presencia de Albertoni: primero, su designación refleja la confianza de la Secretaría General de la OEA en un perfil técnico y experimentado para una misión en un país con tensiones internas y recientes episodios de violencia política; segundo, su gestión pública en terreno —visitas a centros de votación, encuentros con actores locales y declaraciones sobre la normalidad del proceso— aportó una señal internacional de certidumbre que contribuyó a la percepción de transparencia de la jornada. En contextos de alta polarización, la evaluación de observadores internacionales suele pesar en la legitimidad post-electoral y en la lectura externa sobre si un resultado puede o no ser impugnado en términos de orden democrático

Límites al atajo de la “consulta”

El resultado del domingo puede leerse como una advertencia cívica: los electores aceptan cambios, pero quieren claridad sobre contenido y garantías. Convocar atajos institucionales (una constituyente sin propósito detallado) en un clima de inseguridad y polarización fue percibido como arriesgado. Para Noboa, la derrota obliga a reajustar prioridades: gobernar desde la gestión, recuperar narrativa de legitimidad y negociar reformas dentro del Parlamento y las mayorías reales del país. Para la comunidad internacional y observadores como la OEA —con Albertoni a la cabeza—, la misión confirmó que, pese a la tensión y el despliegue de fuerzas de seguridad, el proceso se desarrolló dentro de parámetros que permiten aceptar los resultados como expresión válida de la voluntad ciudadana.

El duelo Jara–Kast cierra un ciclo de moderación y abre otro de polarización extrema, mientras el Congreso anticipa un mandato marcado por la negociación permanente.

La primera vuelta presidencial en Chile es más que un simple preludio: es el umbral de una encrucijada histórica, donde la fractura política, el descontento estructural y los discursos extremos confluyen para definir no solo quién preside, sino cómo gobernará el país en los próximos años.

Un choque ideológico sin medias tintas

Que el 14 de diciembre enfrenten a Jeannette Jara, representante de la izquierda (incluso integrante del Partido Comunista), y a José Antonio Kast, referente de la derecha conservadora, no es casual. Este duelo simboliza el auge de dos polos ideológicos que han ganado terreno por igual: la esperanza de redistribución social por un lado y la demanda de orden, seguridad y restricciones migratorias por el otro.

En un contexto en el que casi el 70 % de los votos de la primera vuelta fueron para liderazgos de derecha (Kast, Kaiser, Matthei), Kast parte con ventaja numérica para transformar su discurso en mayoría real. Pero el reto no es solo ganar: será traducir ese respaldo en una gobernabilidad coherente ante un Congreso fragmentado.

El papel decisivo de Franco Parisi y el voto anti-sistema

Parisi fue una de las sorpresas más llamativas: quedó tercero con casi un 19 % de los votos y además logró representación parlamentaria importante. Su electorado —mucho más volátil, sin lealtades firmes a ningún bloque clásico— podría ser clave para definir el resultado de la segunda vuelta.

Aquí radica una oportunidad crítica para Jara: si logra seducir a una parte de esos votantes con promesas pragmáticas, no solo puede acortar la brecha, sino construir una narrativa de cambio responsable. Pero también está la opción de que Kast capte gran parte de ese voto protestatario con su discurso antiélite y de orden, consolidando su base.

Gobernabilidad en un Congreso dividido

Los resultados parlamentarios también marcan un giro importante: la derecha ha ganado terreno, pero no de forma homogénea, lo que implica que un futuro gobierno —sea de Jara o Kast— no podrá imponer reformas sin pacto.

• Si gana Kast, su agenda promete ser amigable con el mercado (seguridad, inmigración, austeridad), pero no necesariamente autoritaria de forma monolítica. Analistas financieros ya ven optimismo en los mercados: su triunfo podría impulsar reformas pro-inversión, aunque deberá negociar incluso con sectores moderados de su propio bloque.
• Si gana Jara, su desafío será mayúsculo: reconstruir alianzas legislativas para avanzar con reformas sociales sin alienar al centro. En un Congreso plural, una política de “gobierno de coalición amplia” no será opcional, sino imprescindible.

• Riesgo de radicalización: Si Kast adopta una postura excesivamente dura (inmigración, mano dura, recortes), podría polarizar aún más el país, lo que a su vez pondría en tensión la estabilidad institucional.
• Oportunidad de recomposición social si demuestra pragmatismo: Si Jara gana, tiene la oportunidad histórica de articular un proyecto progresista que combine justicia social con pragmatismo legislativo. Podría proponer reformas en salario mínimo, salud, vivienda, pero también pactos para fortalecer la seguridad democrática, aventar los fantasmas de la Unidad Popular.

• Jara debe mostrar que no es solo una figura de izquierda radical, sino una líder capaz de gobernar para todos. Necesita tender puentes al centro e incorporar propuestas de Parisi u otros candidatos que resuenen con los votantes desencantados.
• Kast, por su parte, debe cuidar su discurso: consolidar a sus aliados (Kaiser, Matthei), pero sin alienar a quienes temen un giro muy duro. Su ventaja numérica es clara, pero su mandato no será viable si no logra un mínimo de consenso.

Nuevas pesquisas buscan determinar si adinerados europeos y estadounidenses participaron en cacerías humanas en pleno conflicto bosnio.

Durante el asedio de Sarajevo, entre 1992 y 1996, habría tenido lugar una de las prácticas más atroces y deshumanizantes de la guerra moderna: los llamados “safaris humanos”. Según múltiples denuncias y testimonios recogidos en los últimos años, civiles bosnios —incluidos niños— fueron convertidos en blancos deliberados para francotiradores extranjeros que pagaban sumas elevadas de dinero para participar en una macabra experiencia de caza humana. Lo que durante décadas parecía un rumor imposible comenzó a adquirir forma concreta cuando periodistas, exoficiales y víctimas aportaron documentos, relatos y material audiovisual que apuntan a la existencia de un sistema organizado, en el que antiguos soldados serbios habrían guiado a individuos adinerados hacia posiciones estratégicas para disparar contra habitantes indefensos de la ciudad asediada.

El origen de la investigación actual está vinculado al periodista italiano Ezio Gavazzeni, quien presentó una denuncia formal ante la fiscalía de Milán tras reunir testimonios, informes y archivos relacionados con estos supuestos viajes de tiro. De acuerdo con su exposición, ciudadanos europeos y estadounidenses habrían pagado hasta 90.000 dólares para participar en jornadas en las colinas que rodeaban Sarajevo. Las rutas descritas en los testimonios mencionan desplazamientos desde el puerto de Trieste hacia Belgrado, y posteriormente el traslado hacia líneas de tiro donde los visitantes podían disparar sobre civiles como parte de una experiencia presentada, con espantosa frialdad, como “única”. El documental esloveno Sarajevo Safari (2022) ya había apuntado elementos similares y despertado una primera oleada de indignación, al recoger declaraciones de supervivientes y excombatientes que relataban cómo algunos disparos no parecían responder al fuego cruzado de la guerra, sino a ejecuciones deliberadas realizadas desde posiciones donde frecuentaban francotiradores extranjeros.

Entre los testimonios más contundentes figura el del exoficial de inteligencia bosnio Edin Subaši?, quien afirmó que muchos de los interrogatorios a prisioneros serbios revelaban la participación de “visitantes” trasladados específicamente para disparar a civiles. Subaši? sostuvo que los organizadores permitían elegir el tipo de blanco y que la revelación más impactante había sido descubrir que cada víctima tenía un precio asignado: niños, mujeres embarazadas, ancianos o simples transeúntes eran clasificados y valorados como si se tratara de piezas de caza. Sus declaraciones fueron respaldadas por otros excombatientes y por antiguos funcionarios civiles de Sarajevo, que recordaban patrones de disparos especialmente crueles y precisos, incompatibles con la dinámica caótica de los combates.

La justicia italiana abrió una investigación formal tras la denuncia de Gavazzeni, dirigida por el fiscal Alessandro Gobbis, quien evalúa si estos hechos podrían constituir crímenes de guerra imprescriptibles. Se analiza la potencial implicación de ciudadanos italianos y de otras nacionalidades, entre ellos franceses, británicos, suizos y estadounidenses. Las pesquisas incluyen la reconstrucción de rutas de viaje, el análisis de empresas de transporte aéreo de la época y la verificación de identidades de antiguos mercenarios que pudieron actuar como intermediarios. En paralelo, la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina también recibió denuncias después de la difusión del documental de 2022, aunque su investigación ha avanzado con mayor lentitud, entre críticas por falta de recursos y por la complejidad de rastrear hechos ocurridos más de treinta años atrás.

Mientras tanto, algunas voces, especialmente de excombatientes serbios, niegan la existencia de estos safaris y sostienen que se trata de exageraciones o falsificaciones. Sin embargo, la coincidencia creciente de testimonios independientes, el material reunido por Gavazzeni y el renovado interés judicial han fortalecido la hipótesis de que estas cacerías humanas pudieron efectivamente ocurrir. Para los supervivientes del asedio —el más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 11.000 civiles muertos—, la posibilidad de que parte de esas muertes respondiera no solo al horror general de la guerra sino a un espectáculo pagado por extranjeros añade una dimensión todavía más siniestra al conflicto.

Si las investigaciones logran confirmar estas prácticas, estaríamos ante una de las formas más extremas de degradación moral de la que se tenga registro: la reducción absoluta de personas indefensas a simples objetivos, evaluados por precio y cazados por diversión. La guerra, convertida en entretenimiento; la muerte, transformada en trofeo. Recordar y denunciar estos hechos no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una obligación ética. Las víctimas de Sarajevo merecen verdad, justicia y la certeza de que estos crímenes, que comprobarse, no quedarán sumergidos en el olvido ni en la incredulidad.

La escalada entre China, Japón y Taiwán combina presión económica, advertencias militares y una diplomacia cada vez más tensa, en una disputa que redefine el tablero del Asia-Pacífico.

La escalada diplomática que desde hace días sacude el este de Asia arrancó con una frase y se amplificó en efectos económicos y políticos que ahora amenazan convertir una crisis puntual en un conflicto regional de múltiples dimensiones. Todo ocurrió después de que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtiera que “un ataque chino contra Taiwán que pusiera en riesgo la supervivencia de Japón podría activar una respuesta militar”. Esa formulación, percibida en Beijing como una línea roja, desató una reacción dura: advertencias diplomáticas, amenazas de “contramedidas severas y resolutas” y la decisión de las autoridades chinas de prepararse para bloquear importaciones de productos del mar procedentes de Japón.

La respuesta china tuvo dos vertientes complementarias: la retórica y la coerción económica. En Beijing la portavoz Mao Ning lo expresó con claridad política y simbólica: “Incluso si los productos marinos japoneses entran a China, no encuentran mercado en las circunstancias actuales”, frase que funcionó como anticipo de medidas comerciales y como instrumento de presión sobre Tokio. Al mismo tiempo, Beijing pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, lo que provocó cancelaciones masivas y un impacto económico inmediato en turismo y comercio.

Frente a ese pulso, Taiwán y Japón buscaron instrumentos simbólicos y concretos para mostrar solidaridad. El presidente taiwanés Lai Ching-te publicó en sus redes una imagen y un mensaje tan directo como diplomático: “El almuerzo de hoy es sushi y sopa de miso”, en una foto en la que consumía pescado japonés, un gesto público de respaldo a Tokio frente al boicot chino. Más aún, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, declaró en el Parlamento que el uso por parte de China de “la coerción económica y la intimidación militar para acosar a otras naciones es ya muy frecuente” y pidió acciones de apoyo a Japón, alentando a los taiwaneses a comprar productos nipones como muestra de solidaridad.

Las consecuencias prácticas ya son palpables. Además del anuncio de restricciones sobre mariscos —un sector que antes dependía en buena medida del mercado chino— se registraron cancelaciones de vuelos, aplazamiento de eventos culturales y caídas en la bolsa: el índice Nikkei sufrió retrocesos y el turismo japonés observa con preocupación la pérdida de millones de reservas que antes llegaban desde China. Analistas subrayan que la disputa, aunque centrada en Taiwán, se ha transformado en una herramienta de presión económica de amplio alcance.

¿Por qué las declaraciones japonesas generaron tal reacción? Las respuestas combinan historia, geografía y seguridad: Taiwán está a poco más de 100 kilómetros de Japón en su punto más cercano, y Tokio considera que un conflicto en la isla tendría impactos directos sobre su seguridad nacional. Por su parte, Beijing insiste en la política de “Una sola China” y percibe cualquier gesto de cercanía oficial entre Tokio y Taipéi como un desafío a su soberanía. Esa fricción hace que cualquier incidente retórico pueda rebotar con efectos difíciles de contener.

La crisis revela, además, la multiplicidad de herramientas que Beijing está dispuesta a emplear: desde sanciones comerciales y boicots culturales hasta advertencias diplomáticas y maniobras de presión en foros internacionales. Para Japón y Taiwán, la respuesta ha incluido tanto gestos simbólicos —como la “diplomacia del sushi” de Lai— como medidas prácticas de coordinación política. Observadores internacionales advierten que, si la confrontación se mantiene, las repercusiones se extenderán a las cadenas de suministro (sobre todo pesqueras), al turismo y a la confianza regional, elevando el riesgo de errores de cálculo militares.

¿Qué caminos tiene la crisis? A corto plazo, la vía diplomática parece la más probable: interlocuciones ministeriales, llamados a la calma y la búsqueda de canales para limitar el daño económico. Pero el riesgo acumulado es que la disputa, si no se contiene, actúe como catalizador de mayor alineamiento entre Taiwán y Japón y, al mismo tiempo, refuerce la narrativa de Beijing sobre amenazas externas, lo que podría legitimar contramedidas más amplias. Analistas señalan que el escenario también contiene una dimensión interna para cada país: en Japón la primera ministra debe calibrar firmeza y prudencia; en China la gestión del nacionalismo y las sanciones tiene costes internos; y en Taiwán la exhibición de respaldo material y simbólico busca reforzar la posición democrática de la isla sin provocar una escalada militar.

En suma, lo ocurrido en pocos días es un recordatorio de que la política exterior del este asiático se mueve en un terreno estrecho: una frase pública, una foto con sushi o una orden administrativa pueden irradiar efectos geopolíticos y económicos que trascienden a los gobiernos y golpean a empresas y ciudadanos. La tensión entre China, Japón y Taiwán es hoy un conflicto estratégico en gestación: mezcla de intereses de seguridad, sensibilidad soberanista y armas económicas que, si no se administran con prudencia, pueden derivar en un choque de gran envergadura. La prioridad de la diplomacia, en este momento, es bajar la temperatura antes de que los daños sean irreversibles.