Ya no hay pretextos
Por Luis Hierro López
El crecimiento dramático de los delitos y la renuncia del Estado a ejercer la autoridad marcan la caída definitiva del modelo oficialista en materia de seguridad pública.
Los últimos días han sido trágicos en materia policial. Asesinatos en cadena, asonadas delictivas en avenidas céntricas sin ninguna represalia ni control; venganzas sangrientas entre bandas y otra vez el desalojo de familias por parte de los narcotraficantes en las zonas “liberadas”, sin respuesta de las autoridades, dan cuenta de un retroceso grave de la convivencia social.
Estamos ante un Estado ausente y omiso. Con un presupuesto extraordinario de U$S 900 millones por año, con 30.000 funcionarios a su disposición –y otros 25.000 guardias privados– el Ministerio de Interior muestra sin embargo una inercia cómplice y peligrosa que no puede ser disimulada por los pretextos del ministro Bonomi y el subsecretario Vázquez, que han ensayado todo tipo de excusas, culpando inclusive a las víctimas, y mostrándose siempre incapaces de asumir su propia responsabilidad.
Las supuestas explicaciones de las actuales autoridades se suman a las interpretaciones que el Frente Amplio puso en marcha desde 2005 para acá, asociando al principio la delincuencia con la pobreza, lo que no impidió que Bonomi pegara el salto últimamente e intentara explicar el auge delictivo por el crecimiento del consumo. Todo ese relato contradictorio y fabulado intentó postergar la responsabilidad del Frente Amplio en el manejo del Estado: ejercer la autoridad, reprimir el delito y encarcelar a los delincuentes, que es lo que las autoridades deben hacer en vez de dedicarse a la sociología barata –y políticamente sesgada– y a la psicología de boliche.
Los resultados son por lo tanto muy negativos. Según ha informado el Fiscal Dr. Zubía sólo se aclaran un 5% de las rapiñas cometidas y apenas se resuelven un 10% de los delitos en total. En su última edición, el semanario Búsqueda afirma que hay casi 200 pedidos de capturas por asesinato y cincuenta por violación que no han arrojado resultados. Aunque el Ministro Bonomi ha maquillado groseramente las cifras, es un hecho que hay un crecimiento intenso de rapiñas y robos.
Se hace evidente que el país viene perdiendo la lucha contra el narcotráfico y todo indica que el Ministerio cede terreno. La evidencia de que en algunos barrios mandan los delincuentes y que la Policía y la Justicia no actúan, esquivando sus responsabilidades, es un dato desgraciado pero irrefutable.
La Policía está desorientada, sin motivación ni amparo. Se ha perdido la concepción del mando y de la disciplina, la formación de los oficiales es francamente deficitaria y lamentablemente cunde la sospecha sobre la politización de ascensos y promociones. En ese marco de pérdida de valores y liderazgos, es posible que el narcotráfico esté horadando la base policial a través de la corrupción.
En medio de todo este proceso degradante, las personas se sienten desamparadas y con temor. Cunden ante ello las reacciones extremistas, reclamando la pena de muerte o la acción de los militares. Las redes sociales han recogido estos días centenares de expresiones sustentadas en sentimientos primarios de venganza y de odio hacia las personas marginales y los delincuentes. No es por esa vía exaltada que se solucionarán los problemas, que exigen políticas públicas responsables y eficientes.
No se trata tampoco de reclamar inútilmente la renuncia de Bonomi, porque puede venir otro líder frenteamplista con ideas similares o peores. El tema es más de fondo: hay que cambiar el modelo de seguridad que ha fracasado rotundamente. El gobierno tiene poco tiempo para entender eso y, si no lo entiende, “nos veremos en las urnas”.
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