Volvieron las odiosas categorías A, B, y C.
Por Luis Hierro López
Los lectores más jóvenes quizás no sepan o recuerden que durante la dictadura, entre 1973 y 1984, los ciudadanos uruguayos fuimos sometidos a una división casi nazista: había categoría A, quienes podían ser funcionarios públicos. Los de categoría B eran muy dudosos y los de la tercera categoría, C, ni te cuento. Algo de eso está haciendo el Frente Amplio con sus discriminaciones nacidas del viejísimo concepto de la lucha de clases.
Las dictaduras, ya se sabe, así como las guerras sucias, traen asesinatos, torturas, muertes incomprensibles, fracturas de la memoria. Todo eso está en nuestra identidad.
Pero también traen persecuciones ridículas, pero igualmente perversas, como la que emprendieron los gobernantes de la época oscura al categorizar a los ciudadanos, por decreto, en escalafones A, B y C. Resultaba ser menos trágica que la estrella amarilla con que se marcaba a los judíos durante el nazismo, pero la esencia es la misma. Los jefes de las oficinas públicas hicieron listados con los funcionarios indeseables y miles de ellos fueron cesados. Casi todos fueron restituidos en sus funciones o compensados en sus jubilaciones tras la restauración democrática de 1985
Ahora, casi cincuenta años después de aquellas odiosas categorías, el Frente Amplio, los gobiernos, y la sociedad que ellos han amparado, han inventado otras categorías, igualmente detestables. Ser vecino de un barrio, usar auto u ómnibus, ser hijo de fulano o yerno de zutano se ha elevado a la categoría de delito. O casi.
Veamos algunos ejemplos recientes. Ser yerno del coronel Gavazzo, una persona despreciable sin duda, es motivo suficiente para no conceder el ascenso a general del coronel Hugo Iglesias, promovido hace unos meses por el Poder Ejecutivo como agregado militar en la embajada de Uruguay en Rusia, uno de los destinos más cotizados de las Fuerzas Armadas. Si el gobierno considera que ser yerno de Gavazzo es descalificante, no pudo haber firmado la resolución por la que se envió al coronel Iglesias a Rusia. Quiere decir que a la discriminación se suma la incongruencia, criterios francamente inadmisibles para organizar las promociones militares.
Hace poco denuncié en esta columna la persecución que se hizo contra el policía Zuluaga a quien echaron de su cargo en la AUF por denuncias no confirmadas. El inspector Zuluaga perdió su empleo, sin que nadie haya podido demostrar que las acusaciones en su contra – “represor” – eran ciertas.
Respecto a ese clima de persecución y hostigamiento, el periodista Leonardo Haberkorn acaba de demostrar cómo se fabricaron las pruebas ante la Justicia para apresar a un coronel, quien resultó luego inocente, durante más de tres años. Por suerte la Justicia reaccionó y corrigió su grosero error inicial, pero el hecho demuestra que en primera instancia prevaleció un testimonio inventado e incomprobable.
Pero el asunto no refiere sólo al doloroso pasado que enfrentó a los uruguayos, sino que tiene que ver con el presente, en el que el Frente Amplio y la patota que lo impulsa, agregan ahora el odio de clase contra quienes viven en Carrasco o en Pocitos. Me consta que no todos los frenteamplistas adhieren a este neofascismo que se instala, pero ocurre que los neofascistas que aparecen como voceros del Frente Amplio son más, o más ruidosos, que los otros muchos ciudadanos que votan a la coalición pero que no acompañan al griterío.
Las acusaciones de la ministra María Julia Muñoz y de la precandidata Carolina Cosse contra el ciudadano Luis Lacalle Pou son de esa índole, porque intentan descalificar al contrincante con acusaciones rastreras e inaceptables. Lo que están diciendo estas dos importantes jerarcas es liberticida, dictatorial: algunas personas no tienen derecho a expresarse, o lo que expresan no importa por su origen. Ese tipo de pensamiento es lo que justificó a lo largo de la historia la persecución a los negros, a los judíos, a los homosexuales, a los pobres, discriminaciones que la civilización ha venido superando con constancia e inteligencia.
Pero es evidente que aún quedan entre nosotros, los uruguayos, algunos rastros y consecuencias de esa conducta neofascista, lamentablemente enquistada en la coalición gobernante.
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