A partir de una condena social promovida por el semanario Brecha y por organizaciones sociales un grupo de personas presentó hace un tiempo a la AUF una carta solicitando que el director de seguridad de la misma, Miguel Zuluaga, fuera cesado en su cargo, ya que había desarrollado tareas en la dirección de inteligencia policial durante la dictadura. Zuluaga nunca ocultó sus antecedentes, que obviamente figuran en su currículum.

Actuando en forma vergonzosa, la AUF cedió ante la presión y no renovó el contrato con el funcionario, quien hoy se encuentra sin trabajo. Contestando a sus acusadores, Zuluaga les realiza estos días un juicio por difamación, que se tramita en los juzgados. Es decir que el ex director de seguridad de la AUF fue lesionado en su honor y en su vínculo profesional.

Veamos: si el señor Zuluaga cometió actos de represión indebidos, fue oportunamente amnistiado, por una ley que por dos veces contó con el masivo respaldo del cuerpo electoral, en el referéndum de 1989 y en el plebiscito constitucional de 2009. Plantear una “condena social” que va en contra de la voluntad popular es frontalmente inmoral y, que esa campaña de acoso y atropello, prospere, es francamente lastimoso. Si bien la AUF es una institución privada, es un dato que el gobierno no movió un dedo ni emitió alguna opinión para evitar la tropelía.

Con ese mismo espíritu que manejó Brecha y que aceptó la AUF, ni Bonomi ni el subsecretario Jorge Vázquez tendrían hoy la idoneidad moral necesaria para ejercer los altos cargos que mantienen. Excluyamos a Mujica y a quienes han sido electos por el voto, pero con esa vara de condena moral, los funcionarios designados y que estuvieron vinculados en el pasado a las violaciones a los derechos humanos, no podrían prestar funciones. Yo no pienso de esa forma, porque creo que la enorme virtud de las amnistías es precisamente indicarle a la sociedad que no hay que juzgar a las personas por su pasado, sino por su presente. Critico mucho, y duramente, la gestión de Bonomi y de Jorge Vázquez, que me parece muy negativa para el país, pero no por lo que hicieron en 1970 sino por lo que hacen ahora. Por sus hechos del pasado siento una profunda condena histórica, pero la ley y el sentido de la amnistía me obligan a separar una cosa de la otra.

Ese no es lamentablemente el espíritu de las “organizaciones sociales” –cuya auténtica representación habría que evaluar– que promovieron el escrache contra Zuluaga, y es decepcionante que la sociedad y el Estado cedan ante la presión y la condena orquestada, ideologizada y parcial.

Terminado el proceso de la actual intervención y si es que en la AUF prevalece una mínima cuota de cordura, el señor Zuluaga debe ser repuesto en su cargo, ya que no hay contra él observaciones profesionales.