No se necesita reformar la Constitución
Por Luis Hierro López
Para mejorar la lucha contra el delito no es imprescindible reformar la Constitución, dado que el Ministerio de Interior ya tiene las facultades necesarias.
Comprendo la angustia popular que lleva a algunos ciudadanos a firmar para reformar la Constitución e imponer medidas de represión más severas y me parece legítimo que algunos sectores políticos asuman la movilización cívica como forma de hacer sus planteos y de ganar adhesiones.
Las propuestas reformistas están planteadas en forma genérica y son en general compartibles, aunque en realidad sólo la que refiere a los allanamientos nocturnos requeriría una reforma de la Constitución. Las tres iniciativas restantes pueden resolverse por ley, si es que hay acuerdos o mayorías para ello. El impedimento de hacer allanamientos nocturnos es sin duda una traba, cuyo impacto sería mucho menor si el resto de las tareas de represión del narcotráfico se desarrollaran con eficacia.
Pero más allá de esas consideraciones previas, creo que es de utilidad precisar algunos términos de la discusión. La creación de una guardia militar o la participación gradual o parcial de los militares en los temas de seguridad debe analizarse con un sentido pragmático y sin cargas ideológicas. En una nota anterior puse reparos a una acción orgánica y general de parte del Ejército, recordando que los militares ya prestan funciones en la costa, en el perímetro de las cárceles o en las fronteras. No implica un drama extender algunos de esos cometidos, lo que puede hacerse desde el Parlamento.
También se propone reformar la Constitución para extender al máximo el tiempo de las penas carcelarias, imponiéndose la cadena perpetua o reclusión permanente revisable, como se le quiere llamar ahora. Sin llegar a esos extremos, es oportuno advertir que a los asesinos de Valentina Walter, la niña de Rivera, la Justicia los sancionó con 30 años de prisión que pueden extenderse a 45. Establecer la cadena perpetua o incluso la pena de muerte – como hay quienes lo reclaman – va en contra de toda posibilidad de rehabilitación, lo que significa una renuncia que la sociedad no debería aceptar. Es cierto que los hechos demuestran que la recuperación de los delincuentes peligrosos es muy difícil, pero, pensando en el porvenir, no deberíamos cerrar las puertas al respecto.
Como se expresa en el editorial de este número de Correo, los temas de fondo de la seguridad no se resuelven sólo con leyes y ni siquiera, reformando la Constitución, porque dependen de la actitud y firmeza que tenga el Poder Ejecutivo. Si el gobierno desea aplicar el máximo de la autoridad posible, disciplinar y motivar a la Policía y enfrentar a los narcotraficantes y a los delincuentes comunes, tiene ya a su alcance todas las atribuciones necesarias. Pero una vasta gama de explicaciones y pretextos –antes el auge del delito se debía a la pobreza y ahora al consumo...– y un prejuicio ideológico que todavía tiene parte del gobierno contra la Policía, le ha impedido al Frente Amplio entender cabalmente el proceso y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Desde 2005 para acá el Frente Amplio ha venido cambiando paulatinamente sus puntos de vista, pero el conjunto de la coalición no tiene ideas claras ni puede aplicar políticas responsables. Ha fracasado rotundamente y todo hace pensar que en el año y medio que le queda de gestión no puede haber cambios importantes.
Se justifica por lo tanto que, ante la exasperante inoperancia oficial, la gente proteste por un lado y quiera cambiar la situación por el otro. El cambio más profundo vendrá, ya se sabe, con la elección nacional, cuando se elija al nuevo gobierno, que deberá ser distinto y contrario al actual si es que la mayoría del cuerpo electoral quiere una administración que enfrente el terrible problema de la inseguridad con seriedad y eficacia.
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