Los militares y la delincuencia
Por Luis Hierro López
La ola delictiva y la falta de respuesta del Ministerio de Interior lleva a mucha gente a reclamar la presencia de los militares en las calles para garantizar la seguridad, pero el Ejército no está preparado para enfrentar a los delincuentes. Es preferible mejorar la actuación policial.
Los asesinatos y asaltos provocan un justificado temor en la población, que reclama “mano dura” contra los delincuentes y el endurecimiento de las penas, promoviéndose inclusive – en las redes – la cadena perpetua y hasta la reimposición de la pena de muerte, derogada en Uruguay hace más de un siglo.
Hay también quienes reclaman el patrullaje de los militares o proponen, como hace el senador Larrañaga, que se instale una guardia nacional integrada por militares.
Esas aspiraciones pueden estar justificadas, pero en realidad no son recomendables.
La presencia de los militares como auxiliares del orden está prevista por la ley en tres casos, para custodiar el perímetro de las cárceles y para cuidar la seguridad en las playas y costas, desde hace tiempo; y últimamente, para ejercer controles policiales en las fronteras. Para que los militares realicen patrullaje en las calles habría que lograr un acuerdo legislativo que, con la actual composición de las Cámaras, se hace muy difícil –prácticamente imposible– que se concrete. Por lo tanto, pedir que los militares patrullen las calles es bregar por algo inalcanzable.
En segundo término, los militares no están preparados para reprimir delincuentes, sino para actuar en la guerra. Habría que adiestrarlos en forma específica y establecer un marco legal para su actuación. Se invoca la experiencia indudable que han recogido en las misiones de paz, indicándose que quizás podrían volcar esos conocimientos en los barrios más complicados. Esa es una posibilidad, pero ese tipo de tareas podría ser muy perjudicial para las Fuerzas Armadas al ponerlas en contacto con zonas donde prevalecen las bandas de narcotraficantes, que como se sabe tienen un alto poder corruptor.
Lo que el Estado debe hacer es mejorar la actuación de la Policía, lo que puede lograrse modificando la ley de procedimiento policial para que los funcionarios tengan mayor amplitud para usar sus armas y elementos de represión. El Ministerio ha actuado confusa y contradictoriamente al respecto, al punto que hace poco se sostuvo que va a rehabilitar el uso de las escopetas que se habían prohibido anteriormente. Que sí pero que no… y así en todos los casos, desde el uso de los chalecos anti balas a la ausencia de procedimientos para que haya actuaciones eficaces. El Ministerio tiene limitaciones ideológicas para reconocer la necesidad de reprimir el delito y no quiere que los Policías tengan un amplio amparo legal por temor a que eso se convierta en el abuso del “gatillo fácil”, pero es evidente que el auge delictivo impone la necesidad de extender el criterio legal de la legítima defensa, dándole a los Policías las garantías que requieren.
Los expertos recomiendan mejorar la cobertura de la Guardia Republicana, un servicio policial cuyos integrantes tienen una gran disciplina y un adecuado entrenamiento en el uso de las pistolas o revólveres. Si se lee con atención la crónica policial, se advertirá que cuando actúa un funcionario de la Guardia Republicana normalmente los delincuentes son abatidos por los disparos policiales, lo que no ocurre en otros casos. Los Policías de otros cuerpos de seguridad no tienen la preparación que muestran los guardias de la Republicana, ni en la práctica de tiro ni en la disposición anímica y física para enfrentar a los delincuentes.
Quiere decir que sin recurrir a medidas extremas de difícil aplicación, que no tendrían respaldo legislativo, el Ministerio de Interior puede hoy disponer algunas medidas que tendrían un efecto inmediato en la lucha contra el delito: reforzar con personal y con recursos la Guardia Republicana y darle a toda la Policía mayor amparo legal, reformando la ley de procedimiento policial en lo que refiere al uso de las armas.
Estas propuestas tendrían respaldo político y pueden instrumentarse con rapidez. ¿Qué esperan el gobierno y el Ministerio? ¿Estarán enterados de estas posibilidades o estarán esperando que sea asaltado el cajero automático número trescientos y que sean asesinados doscientos inocentes más?
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