Los excesos no pagan
Por Julio María Sanguinetti
 El episodio del Liceo Nº 1 de Salto, en que se sumarió y separó del cargo a su Directora, con 23 años de reconocido ejercicio en esa jerarquía, ha reavivado el constante debate sobre la laicidad de la República y, del peor modo, las posiciones encontradas sobre el aborto, despenalizado por ley en 2012.
Por lo que se ha sabido, se realizó un taller sobre el tema interrupción del embarazo para los alumnos de 5º y 6º de orientación biológica. Lo abrió la directora con unas palabras de ocasión y luego habló un grupo de madres que procuran disuadir a las jóvenes de recurrir al aborto. Sobre el final de la charla —a estar a informaciones periodísticas— y cuando ya la Directora no estaba presente, apareció un grupo de activistas católicos que repartió folletos contra el aborto y unos muñequitos muy macabros que dicen representar un feto de 12 semanas de gestación.
Ante el hecho, una diputada frentista denunció la situación como violación de la laicidad y la Ministro de Educación, en ese momento en Salto, irrumpió en el debate, produciéndose de inmediato la drástica decisión del Consejo de Secundaria.
Los hechos aún no están del todo claros y por eso es muy arbitrario que a una directora de prestigio se le suspenda a medio sueldo, sin antes producir una investigación seria y responsable. Sobre todo cuando en casos análogos no se ha actuado con esa celeridad y draconiana resolución. Son varios los casos, como el muy reciente de una profesora que exhortaba a ocupar la sede del Ministerio de Economía. De modo que quienes desde el gobierno se erigen hoy en defensores de la laicidad, muy poco honor le han hecho a la causa al rodearla de una arbitrariedad y discriminación autoritarias.
Quienes militamos desde siempre en el cuidado de los límites de la laicidad republicana, no nos felicitamos de este tipo de decisiones. El cuidado de la neutralidad del espacio público y de imparcialidad en la acción del Estado debe ser ejercido con la seriedad que no poseen quienes han sido cómplices de la instalación de una historia reciente, oficial y oficialista, que condena con razón la violencia de la dictadura militar pero soslaya cínicamente la acción de la guerrilla que provocó el enfrentamiento.
A la inversa, quienes militan en contra de la ley de despenalización, han salido de nuevo con su lenguaje crudo, simplista y falso. Muy mal ha hecho ese grupo que aparentemente se aproximó al liceo al final de la charla y repartió volantes y objetos propagandísticos. Y también mal los voceros católicos que repiten su conocida posición sobre el tema con tono enconado. Lejos de producir una reflexión, simplemente dividen, exacerban y no llevan a la madurez para entender que abortar no es una obligación de nadie, que quien no desee practicarlo por sus convicciones podrá no hacerlo con toda su libertad y que lo que la ley ha hecho es simplemente quitarle la nota de criminalidad al acto de aquellas mujeres que, sintiéndose imposibilitadas de ejercer una maternidad no querida, recurren a ese procedimiento, envueltas en la angustia del caso.
Este no es un debate entre partidarios y adversarios del aborto, que siempre es una derrota, como lo es un divorcio, por ejemplo. Simplemente se trata de la salida a la tragedia de una maternidad no deseada, que será llevada en condiciones de miseria, violencia moral o abandono por las restricciones que siente en su vida la mujer involucrada. Considerarla una criminal es tan injusto como apostrofar de partidarios de las clínicas de aborto clandestino a quienes se niegan a la legalización. Se parte de un hecho social que ocurre, que no se pude ignorar y que es injusto —y hasta inmoral— que sea juzgado a través de la posición de quienes tienen un criterio que desean imponer dogmáticamente al resto.
La ley no le impone a nadie una conducta, simplemente le quita la nota de criminalidad a un hecho que, mas allá de cualquier debate teórico, ocurre y con frecuencia.
Por otra parte, considerar un crimen la interrupción de un embrión de pocas semanas, que no tiene capacidad ninguna de viabilidad autónoma, es una posición que se podrá sostener teóricamente, pero que nada tiene que ver con las leyes, para quienes la vida comienza con el nacimiento (como ocurre, por otra parte, en todo el mundo civilizado, desde Inglaterra y Francia hasta España y Uruguay).
Ha habido un exceso de las señoras que fueron al liceo a repartir propaganda. Ha habido otro exceso de unas autoridades docentes que separan a una directora sin tener la certeza de hechos aún en debate. Y de esos dos excesos ha derivado otro debate en blanco y negro, dogmático y simplista, que no ayuda a una visión liberal y humanista de la sociedad y la persona. Los espacios públicos, y los educativos en primer lugar, deben ser lugares de conocimiento y tolerancia, donde se cultiva el saber y la ética propia de las leyes de la República, nunca la ética de una religión o la ideología de un partido político. Es lo que este país practica, con éxito, desde que José Pedro Varela inspiró la escuela “laica, gratuita y obligatoria”.
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