La irresponsabilidad como criterio

Por Luis Hierro López

La forma en que el gobierno ha encarado el tema de los cincuentones es expresiva de un comportamiento irresponsable que mucho daño le hace al país.

Cuando la crisis en el oficialismo sobre el tema de la ley de cincuentones aún no está resuelta, cabe ya hacer algunas consideraciones sobre la desprolijidad y la irresponsabilidad con que se ha manejado el asunto. Es posible que al final de la historieta prevalezca la sensatez, pero el papelón ya ha sido hecho y como indicamos en nota aparte el anuncio del Presidente Vázquez aferrándose al proyecto gubernamental no hace más que agudizar el entrevero.

Veamos algunas perlitas.

1) El Poder Ejecutivo goza de la iniciativa privativa en materia de legislación jubilatoria, por lo que tiene plena independencia para actuar según su criterio. Sin embargo, el gobierno se dejó llevar primero por la demagógica propuesta de la central sindical y ahora, por los impulsos de la bancada parlamentaria. Con ello, lo que hace el Dr. Vázquez es mostrar una enorme debilidad.

2) El proyecto fue enviado sin cálculos financieros previos. Ya remitida la iniciativa al Parlamento, el BPS calculó que costaría a lo largo de los años U$S 2500 millones. Posteriormente, el ex Director de OPP Ariel Davrieux, el “disco duro del Estado”, informó, desde la oposición y sacando cuentas en su casa, que el costo real sería de U$S 4000 millones. Tras esa advertencia de Davrieux el Ministerio de Economía calculó que las erogaciones serán de por lo menos U$S 3.700 millones, acercándose a la previsión de Davrieux. El cúmulo de irresponsabilidad es enorme, si tenemos en cuenta además que el proyecto fue firmado por el ministro de Economía, Cr. Astori, quien ahora se opone al mismo pero que debió haberlo parado antes de ser enviado y nunca debió firmarlo.

3) Hay soluciones distintas, como las que propuso el diputado Conrado Rodríguez –postergando al momento del retiro la resolución– o procurando que los cincuentones se retiren a los 65 años, opciones ambas que aliviarían enormemente el problema del financiamiento y que significarían igualmente una reparación de los derechos. Pero el Poder Ejecutivo se negó en forma contumaz a siquiera estudiar otras alternativas.

4) Llevado por el impulso del ministro Murro, todo el gobierno aparece fogoneando un proyecto que en definitiva procura desestabilizar el sistema de las Afaps, que ha tenido expreso respaldo popular y que ha significado un indudable avance para la sanidad del sistema como para las futuras jubilaciones. Pero, ya se sabe, el Frente Amplio acata las decisiones populares cuando le conviene. Violentaron el mandato popular con la ley de caducidad –ratificada en dos instancias por el cuerpo electoral– interpretándola a su antojo y cambiando su sentido. Con las Afaps quieren hacer lo mismo, dando cuenta de los sentimientos antidemocráticos y anti republicanos que prevalecen en el oficialismo.

5) La hipoteca que se le puede estar endosando al país y a las futuras generaciones es incalculable. La respuesta del presidente Vázquez a la prensa, sosteniendo que esto sería un problema para dentro de cinco o seis años, para “los próximos gobiernos”, intentando quitarle entidad al asunto, no hace más que agravar la consideración y el respeto que la opinión pública le debe el Primer Mandatario, que ha actuado más pareciéndose a su antecesor, el señor Mujica, que a sí mismo, ese gobernante que pretendió ser racional y previsible y que termina envuelto en la demagogia y la irresponsabilidad.



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